TA SAN - Sentencia 680013333010-2023-00031-02 (27-02-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: FRANCY DEL PILAR PINILLA PEDRAZA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Bucaramanga, veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE CONTROL NULIDAD RADICADO 680013333010-2023-00031-02

LINK EXPEDIENTE https: //samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_proce sos.aspx?guid=680013333010202300031026800123

DEMANDANTE ANTONIO JOSE REYES QUINTERO

DEMANDADOS MUNICIPIO DE PIEDECUESTA -S-

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA -AMBTEMA

ÁREAS DE CESIÓN OBLIGATORIAS EN EL COMPONENTE

RURAL - SUBURBANO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA -SNOTIFICACIONES

ELECTRÓNICAS

DEMANDANTE:

reyesq54@yahoo.com.co

DEMANDADOS:

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

notijudicial@alcaldiadepiedecuesta.gov.co ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA -AMBluisbesil@hotmail.com notificaciones.judiciales@amb.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO:

nmgonzalez@procuraduria.gov.co

MAGISTRADA FRANCY DEL PILAR PINILLA PEDRAZA

luisbesil@hotmail.com notificaciones.judiciales@amb.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO:

nmgonzalez@procuraduria.gov.co

MAGISTRADA FRANCY DEL PILAR PINILLA PEDRAZA

Procede la Sala a proferir sentencia de segunda instancia dentro del presente medio de control de Nulidad, ejercido por el señor ANTONIO JOSE REYES QUINTERO en

contra del MUNICIPIO DE PIEDECUESTA -Sy del ÁREA METROPOLITANA DE

BUCARAMANGA -AMB-.

I. ANTECEDENTES

1. Fundamentos fácticosMEDIO DE CONTROL: NULIDAD RAD. 680013333010-2023-00031-02

1.1 Mediante Acuerdo Municipal No. 028 del 30 de diciembre de 2003, el Concejo Municipal de Piedecuesta –Sadoptó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio.

1.2 Mediante Acuerdo Municipal No. 007 de 2007, el Concejo Municipal adoptó la primera revisión parcial del Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT, modificando artículos que tiene que ver con las áreas de cesión tipo A y C, para los suelos rural y suburbano.

1.3 Por medio del Acuerdo Metropolitano No 013 de 2011, el Área Metropolitana de Bucaramanga, modificó el Acuerdo 008 de 2000 y adoptó la revisión del componente de Ordenamiento Físico-Territorial y a través del Acuerdo Metropolitano No 016 de 2015 modificó el parágrafo 1 del artículo 21 del Acuerdo Metropolitano No 013 de 2011, que tiene que ver con las áreas de cesión tipo C.

2. Pretensiones

2015 modificó el parágrafo 1 del artículo 21 del Acuerdo Metropolitano No 013 de 2011, que tiene que ver con las áreas de cesión tipo C.

2. Pretensiones

«PRIMERA: Se aplique la excepción de ilegalidad del artículo 19 del Decreto 3600 de 2007, modificado por el artículo 8 del Decreto 4066, de 2008, de conformidad con la sentencia del 26 de mayo de 2022, expediente 25000232400020110088102, del Consejo de Estado.

SEGUNDA: Se decrete la nulidad de la expresión “o parcelador” contenida en el Artículo 84 del Acuerdo Municipal 028 de 2003, modificado por el artículo 11 del Acuerdo Municipal 007 de 2007.

TERCERA: Se decrete la nulidad de las expresiones “o parcelador” y “y suburbano” contenida en el Artículo 85 del Acuerdo Municipal 028 de 2003, modificado por el artículo 12 del Acuerdo Municipal 007 de 2007.

CUARTA: Se decrete la nulidad de la expresión “Suelos rurales y suburbanos” contenida en el diagrama de cesiones del Artículo 86 del Acuerdo Municipal 028 de 2003, modificado por el artículo 13 del Acuerdo Municipal 007 de 2007.

QUINTA: Se decrete la nulidad de la expresión “y rurales” contenida en el parágrafo 1 del Artículo 21 del Acuerdo Metropolitano 013 de 2011, modificado por el ARTICULO PRIMERO del Acuerdo Metropolitano 016 de 2015 del Área Metropolitana de Bucaramanga».

3. Normas violadas y concepto de violación

Se señalan como normas vulneradas:

del Acuerdo Metropolitano 016 de 2015 del Área Metropolitana de Bucaramanga».

3. Normas violadas y concepto de violación

Se señalan como normas vulneradas:

• Ley 388 de 1997; artículos 14 y 37 - Numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política

Como concepto de violación se invoca que, el municipio de Piedecuesta a través del Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT adoptado con el Acuerdo Municipal 028 de 2003, impuso la cesión de cesiones gratuitas tipo A y C, para los desarrollos parcelativos que se lleven a cabo en el suelo suburbano, desconociendo que, la LeyMEDIO DE CONTROL: NULIDAD RAD. 680013333010-2023-00031-02

388 de 1997, que es la fuente para el ordenamiento territorial y la reglamentación del uso del suelo, no contempló dicha carga urbanística.

Que así mismo, el ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, en el artículo primero del Acuerdo Metropolitano 016 de 2015, modificó el parágrafo 1 del artículo 21 del Acuerdo Metropolitano para imponer el Área de cesión tipo C, a proyectos ubicados en el suelo rural, pasando por alto las disposiciones contenidas en la Ley de ordenamiento territorial.

Afirma que, de un análisis trasversal e integral de la normatividad aplicable, se tiene que, tanto el municipio de Piedecuesta como el Área Metropolitana de Bucaramanga, impusieron una carga urbanística a los desarrollos parcelativo s en predios rurales y suburbanos, no previstos en la Ley 388 de 1997.

Sostiene que, el municipio de Piedecuesta y el Área Metropolitana de Bucaramanga

predios rurales y suburbanos, no previstos en la Ley 388 de 1997.

Sostiene que, el municipio de Piedecuesta y el Área Metropolitana de Bucaramanga no tenían la competencia para establecer obligaciones urbanísticas de cesiones Tipo A en suelo rural y en suelo rural sub urbano, en tanto no existe ninguna Ley en el ordenamiento jurídico que determine la posibilidad de incluir, dichas obligaciones, en los planes de ordenamiento territorial de los municipios, ni en el artículo 20 de la Ley 1625 de 2013 que establece las funciones de las Juntas Metropolitanas.

Además, predica que el artículo 19 del Decreto 3600 de 2006 y el artículo 8 del Decreto 4066 de 2008, que lo modificó, infringen expresamente el numeral 11º del artículo 189 de la Constitución Política, dado que en uno y otro caso exceden el ámbito material del reglamento y, en lugar de reglamentar la Ley 388 para que fuera ejecutable, amplió su objeto para determinar que las Cesiones Tipo A son aplicables a suelo rurales, lo cual no había sido establecido ni permitido por la Ley 388 de 1997.

4. Contestación de la demanda

4.1 Municipio de Piedecuesta -SSe opone a las pretensiones de la demanda afirmando que, los actos administrativos demandados se encuentran ajustados a la Ley, a los Decretos y normatividad vigente.

Predica que la Ley 388 de 1997 otorgó facultades a los municipios para que en ejercicio de su autonomía, estableciera los mecanismos que promovieran el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes, que motivaron al municipio de

ejercicio de su autonomía, estableciera los mecanismos que promovieran el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes, que motivaron al municipio de Piedecuesta a incluir la exigencia de cesiones obligatorias en su Plan Básico de Ordenamiento Territorial, para el desarrollo de los equipamientos colectivos y el espacio público (Cesiones tipo A y C) requerido por las comunidades asentadas en todo el territorio Municipal tanto urbano y rural, facultad que fue confirmada por el artículo 19 del Decreto Nacional 3600 de 2006 que fue modificado por el artículo 8 del Decreto Nacional 4066 de 2008.

Invoca como excepciones de fondo las que denominó: i) legalidad del acto administrativo atacado , fundada en que el acuerdo que se acusa, se ejecutóMEDIO DE CONTROL: NULIDAD RAD. 680013333010-2023-00031-02

conforme lo establece la norma, conforme el artículo 19 del Decreto Nacional 3600 de 2006 que fue modificado por el artículo 8 del Decreto Nacional 4066 de 2008, e ii) inexistencia de vicios que invaliden la legalidad del acto administrativo , alegando que, la normatividad invocada por el actor no soporta la violación que dice se produjo con los actos acusados.

4.2 Área Metropolitana de Bucaramanga

Invoca la no configuración de infracción a normas superiores con la expedición de los actos acusados, afirmando que, el parágrafo 1 del artículo 21 del Acuerdo Metropolitano 13 de 2011, modifica do por el artículo 1º del Acuerdo Metropolitano

los actos acusados, afirmando que, el parágrafo 1 del artículo 21 del Acuerdo Metropolitano 13 de 2011, modifica do por el artículo 1º del Acuerdo Metropolitano 16 de 2015, en particular, el texto y rurales, no quebranta los artículos 14 y 37 de la Ley 388 de 1997, en la medida en que en las zonas rurales también se desarrollan actuaciones urbanísticas que requieren de licencia y también existen equipamientos colectivos que requieren de cesiones gratuitas.

Sostiene que, el artículo 37 de la Ley 388 de 1997 no circunscribe las cesiones urbanísticas a los suelos urbanos, sino que determina su procedencia frente a las actuaciones urbanísticas de que puedan ser objeto dichos suelos y a la necesidad, entre otros, de garantizar los equipamientos colectivos y el espacio público en general. Además, asegura que, la Ley 388 de 1997 no limita las actuaciones urbanísticas ni el trámite de licencia urbanística a los suelos urbanos, por el contrario, también es posible que se produzcan en suelos rurales, como expresamente lo consagra el art. 99 de la Ley 388 de 1997.

Que las cesiones gratuitas prevista en el parágrafo 1 del artículo 21 del Acuerdo 13 de 2011, modificado por el artículo 1º del Acuerdo 16 de 2015, solo tienen lugar respecto de las actuaciones urbanísticas que se adelanten en el suelo de que trata dicha norma y están destinadas a la construcción de parques metropolitanos, bienes de uso público integrantes del espacio público, lo que está expresamente permitido en el artículo 37 de la Ley 388 de 1997.

dicha norma y están destinadas a la construcción de parques metropolitanos, bienes de uso público integrantes del espacio público, lo que está expresamente permitido en el artículo 37 de la Ley 388 de 1997.

Asegura que, el artículo 14 de la Ley 388 de 1997, en efecto regula el componente rural del plan de ordenamiento territo rial, y si bien, en forma expresa no se mencionan las cesiones gratuitas, su contenido debe armonizarse con los precitados artículos 33, 34 y 37 de la Ley 388 de 1997 . Que es precisamente el artículo 37 de la Ley 388 de 1997 el que autoriza las cesiones gr atuitas, sin distinción del tipo de suelo al que aplican, lo que fue expresamente reglamentado en el Decreto 1077 de 2015.

Finalmente, predica que, el Área Metropolitana de Bucaramanga expidió el parágrafo 1 del artículo 21 del Acuerdo Metropolitano 13 de 2011, modificado por el artículo 1º del Acuerdo Metropolitano 16 de 2015, en ejercicio de sus competencias en materia de ordenamiento territorial, conforme a lo dispuesto en los artículos 20 y 22 de la Ley 1625 de 2013, en concordancia con los artículos 1 4, 36, 37 y 99 de la Ley 388 de 1997.

II. LA SENTENCIA APELADAMEDIO DE CONTROL: NULIDAD RAD. 680013333010-2023-00031-02

El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia de primera instancia, aplicó la excepción de ilegalidad del artículo 19 del Decreto 3600 de 2007, modificado por el artículo 8 del Decreto 4066 de 2008

El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia de primera instancia, aplicó la excepción de ilegalidad del artículo 19 del Decreto 3600 de 2007, modificado por el artículo 8 del Decreto 4066 de 2008 (numeral primero); declaró nulos los siguientes apartes de los actos administrativos demandados : «- La e xpresión “ o parcelador ” contenida en el Artículo 84 del Acuerdo Municipal 028 de 2003, modificado por el artículo 11 del Acuerdo Municipal 007 de 2007 proferido por el Concejo Municipal de Piedecuesta. - Las expresiones “o parcelador” y “y suburbano” contenida en el Artículo 85 del Acuerdo Municipal 028 de 2003, modificado por el artículo 12 del Acuerdo Municipal 007 de 2007 proferido por el Concejo Municipal de Piedecuesta. - La expresión “Suelos rurales y suburbanos” contenida en el diagrama de cesiones del Artículo 86 del Acuerdo Municipal 028 de 2003, modificado por el artículo 13 del Acuerdo Municipal 007 de 2007 proferido por el Concejo Municipal de Piedecuesta. - La expresión “ y rurales ” contenida en el parágrafo 1 del Artículo 21 del Acuerdo Metropolitano 013 de 2011, modificado por el artículo primero del Acuerdo Metropolitano 016 de 2015 del Área Metropolitana de Bucaramang a» (numeral segundo) y no condenó en costas (numeral tercero).

Para el efecto consideró , en relación con la excepción de ilegal idad, que no es posible que por vía reglamentaria, el Ejecutivo imponga las cesiones urbanísticas obligatorias para el componente del suelo rural, cuando el mismo está únicamente

Para el efecto consideró , en relación con la excepción de ilegal idad, que no es posible que por vía reglamentaria, el Ejecutivo imponga las cesiones urbanísticas obligatorias para el componente del suelo rural, cuando el mismo está únicamente autorizado para suelo urbano, resaltando que la misma Ley 388 de 1997 establece que sus normas son de superior jerarquía, encontrando así procedente la inaplicación del artículo 19 del Decreto 3600 de 2007, modificado por el artículo 8 del Decreto 4066 de 2008, por la excepción de ilegalidad, advirtiendo que, tales decretos reglamentarios no podían exceder el marco ya establecido en la Ley 388 de 1997, en la cual no se contemplan las cesiones obligatorias en el ámbito rural, al no hacer parte de los planes de ordenamiento.

A su turno, en relación con los vicios endilgados a los actos acusados, señaló que, no es posible que se fijen cesiones gratuitas obligatorias para suelo rural, sin que sea procedente justificar estas disposiciones en la autonomía de los entes territoriales, pues la misma tiene unos límites, que para el caso en concreto encuentran su fundamento en la misma Ley 388 de 1997.

Frente a las expresiones de «suburbano» señaló que, conforme el artículo 34 de la Ley 388 de 1997, este tipo de suelo se encuentra ubicado dentro de las áreas clasificadas como suelo rural y se le aplicará el componente rural de los planes de ordenamiento territorial sin que sea posible la aplicación de las áreas de cesión obligatorias.

Finalmente, indicó frente a la expresión «parcelador», encontró que el Decreto 1077

clasificadas como suelo rural y se le aplicará el componente rural de los planes de ordenamiento territorial sin que sea posible la aplicación de las áreas de cesión obligatorias.

Finalmente, indicó frente a la expresión «parcelador», encontró que el Decreto 1077 de 2015 define la licencia de parcelación en su Art ículo 2.2.6.1.1.5 como «la autorización previa para ejecutar en uno o varios predios localizados en suelo rural y suburbano la creación de espacios públicos y privados, y la ejecución de obras para vías públicas que permitan destinar los predios resultante s a los usosMEDIO DE CONTROL: NULIDAD RAD. 680013333010-2023-00031-02

permitidos por el Plan de Ordenamiento Territorial (…)», de tal manera que al referirse a suelos urbanos y suburbanos tampoco es posible que se le aplique las cesiones gratuitas obligatorias, encontrando que dicha expresión también debe ser declarada nula.

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

1. Municipio de Piedecuesta -SComo fundamento del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia invoca la interpretación restrictiva de la excepción de ilegalidad, sosteniendo que, la pretensión de aplicar una excepción de ilegalidad carece de fundamento, ya que no existe contradicción con el marco jurídico superior, asegurando que, la norma contenida en el artículo 19 del Decreto 3600 de 2007, modificada por el artículo 8 del D ecreto 4066 de 2008, no incurre en ninguna ilegalidad, pues desarrolla los principios y mecanismos previstos en la Ley 388 de

modificada por el artículo 8 del D ecreto 4066 de 2008, no incurre en ninguna ilegalidad, pues desarrolla los principios y mecanismos previstos en la Ley 388 de 1997 para todas las categorías de suelo, sin distinción. Alega que, una lectura restrictiva que condicione las cesiones obligatori as a suelos urbanos desvirtúa el propósito de la Ley 388 de 1997 y va en contra de su espíritu, que busca imponer cargas urbanísticas en todas las categorías de suelo para garantizar el equilibrio entre los intereses privados y el bien común.

Refiriéndose a la competencia normativa para regular cesiones en suelo rural , señala que las cesiones urbanísticas en suelo rural y suburbano son un mecanismo de obligatorio cumplimiento dentro de los POT, alineados con las determinantes de ordenamiento territorial del Gobierno Nacional, conforme lo dispone la Ley 388 de 1997, tal como se señala en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997. Que aunque la Ley 388 de 1997 regula las cesiones en suelo urbano, también otorga un margen de autonomía a los entes territoriales y al Gobierno Nacional para reglamentar aspectos que promuevan el ordenamiento territorial en suelo rural, en especial para proteger el espacio público y garantizar la infraestructura necesaria en áreas rurales, lo que estima, podría justificarse bajo el marco de las competencias atribuidas al ejecutivo para regular el uso del suelo rural de manera coherente con los principios de la Ley 388.

Considera que las expresiones anuladas por la sentencia de primera instancia se ajustan al marco normativo vigente y no vulneran principios constitucionales o legales, sosteniendo al respecto que, el principio de legalidad, que rige los actos

388.

Considera que las expresiones anuladas por la sentencia de primera instancia se ajustan al marco normativo vigente y no vulneran principios constitucionales o legales, sosteniendo al respecto que, el principio de legalidad, que rige los actos administrativos, implica que los acuerdos municipales en cuestión fueron expedidos conforme a las competencias atribuidas por la Cons titución y la Ley, que otorga a los municipios la facultad para reglamentar el uso del suelo en sus territorios, asegurando que las expresiones anuladas están relacionadas con la planificación del desarrollo territorial, competencia exclusiva de las entidades municipales.

De otra parte, refiriéndose al principio de proporcionalidad y protección del interés público, sostiene que, la excepción de ilegalidad del artículo 19 del Decreto 3600 de 2007, modificado por el artículo 8 del Decreto 4066 de 2008 afectaría negativamenteMEDIO DE CONTROL: NULIDAD RAD. 680013333010-2023-00031-02

la planeación territorial y pondría en riesgo el desarrollo de infraestructura en áreas rurales y suburbanas, asegurando que sin una normativa que regule estas cesiones, podría crearse un vacío legal que debilitaría la capacidad del Estado para gestionar adecuadamente el territorio, afectando el interés general de la comunidad en cuanto a espacios públicos, equipamientos colectivos y vías de acceso , invocando que, la cesión de espacios públicos en áreas suburbanas y rurales es vital para el desarrollo equilibrado del Municipio.

Finalmente invoca que, la sentencia del Consejo de Estado del 26 de mayo de 2022, expediente 25000232400020110088102, al no ser una sentencia de unificación, no

equilibrado del Municipio.

Finalmente invoca que, la sentencia del Consejo de Estado del 26 de mayo de 2022, expediente 25000232400020110088102, al no ser una sentencia de unificación, no tiene un carácter vinculante para otros jueces o tribunales y que, si bien constituye una interpretación de la norma en un caso específico, no tiene el mismo peso jurídico para ser considerada vinculante en casos futuros o similares, e stando los jueces facultados para estudiar cada caso concreto, y pued en llegar a una conclusión diferente basada en los hechos particulares, la interpretación de las normas aplicables y los principios que rigen el ordenamiento jurídico.

2. Área Metropolitana de Bucaramanga

Reprocha que el a-quo basó su decisión invocando como fundamento general de la misma, las consideraciones expuestas por la Sección Primera del H. Consejo de Estado mediante sentencia de 26 de mayo de 2022, en proceso promovido por Protisa S.A contra municipio de Gachancipá bajo la radicación 25000232400020110088102, echando de menos el análisis crítico que conforme a la Ley ha de efectuar el juzgador, con el fin de que las partes puedan conocer los motivos que conllevaron a adoptar la decisión ; sentencia que, además, invoca, no es u na sentencia de unificación . Alega que, si bien la sentencia realiza una descripción de las normas cuestionadas y enuncia los argumentos expuestos por las partes, no se aborda el estudio de fondo de los mismos en confrontación con las normas acusadas, lo que asegura, impide ejercer en debida forma los derechos procesales de las partes, pues se limita la posibilidad de cuestionar y controvertir a

partes, no se aborda el estudio de fondo de los mismos en confrontación con las normas acusadas, lo que asegura, impide ejercer en debida forma los derechos procesales de las partes, pues se limita la posibilidad de cuestionar y controvertir a cabalidad el fallo, al conocerse únicamente los argumentos y fundamentos expuestos en la jurisprudencia del Cons ejo de Estado que sirvió de soporte a la misma, vulnerándose con ello el debido proceso.

En relación con el fondo del asunto, predica una errada interpretación de la disposición jurídica que regula la materia , señalado que, la Ley 388 establece que los POT deben contemplar 3 componentes, uno general, uno urbano y otro rural (art. 10); y define en su artículo 12 lo que deberá contener el componente general, artículo en el que se utiliza la expresión «deberá contener», imponiendo así por voluntad del Legislador, una lista taxativa de elementos que se regularán obligatoriamente en ese componente. Que en los artículos 13 y 14 se definen los componentes urbano y rural, de los que advierte, la expresión «por lo menos» en ella contenida, significa «como mínimo», y mal haría la jurisprudencia en alterar el significado de las palabras en una disposición jurídica, contrariando la intención del Legislador, señalando que no se pretende hacer una lista cerrada de elementos a contener en el componente,MEDIO DE CONTROL: NULIDAD RAD. 680013333010-2023-00031-02

sino que se establece un mínimo de ellos dejando la puerta abierta para que otros puedan ser agregados.

Asegura que, si el elemento cesión obligatoria gratuita es agregado en esa lista mínima para el componente urbano, encuentra evidente, que puede ser agregado

sino que se establece un mínimo de ellos dejando la puerta abierta para que otros puedan ser agregados.

Asegura que, si el elemento cesión obligatoria gratuita es agregado en esa lista mínima para el componente urbano, encuentra evidente, que puede ser agregado en el componente rural por la autoridad, la cual no está obligada pero si facultada para ello, sosteniendo que encontrar una prohibición en ese sentido es desconocer la voluntad del Legislador hilando delgado y desconociendo la más básicas reglas hermeneúticas y lingüísticas, al darle un sentido contrario a la expresión «al menos», expresamente establecida en la norma.

Encuentra claro que, el hecho de que en el componente urbano del plan de ordenamiento territorial se consagre la autorización expresa para aplicar cesiones gratuitas en suelo urbano y de expansión urbana (art.13), y que en el rural, por el contrario, el Legislador lo haya omitido (art.14), no conduce a la obligada conclusión de que no es posible aplicar cesiones obligatorias en el suelo rural, siendo este un juicio que, estima, desconoce los demás postulados de la Ley en los que no se condiciona la aplicación de cesiones obligatorias a dicha categoría de suelos.

Predica la improcedencia de aplicar la excepción de ilegalidad, invocando que, los actos administrativos cuestionados fueron proferidos en ejercicio de la potestad reglamentaria que conlleva el ejercicio de una función administrativa y tiene como propósito precisar y detallar la Ley para que de esta forma pueda ejecutarse adecuadamente, teniendo por límites, la Constitución y la misma Ley. Que las disposiciones de artículo 19 del Decr eto 3600 de 2007, modificado por el artículo 8

propósito precisar y detallar la Ley para que de esta forma pueda ejecutarse adecuadamente, teniendo por límites, la Constitución y la misma Ley. Que las disposiciones de artículo 19 del Decr eto 3600 de 2007, modificado por el artículo 8 del Decreto 4066 de 2008 no exceden de manera alguna las normas constitucionales y legales que le sirven de fundamento dado que la Ley 388 de 1997, desarrolla de manera general la regulación referente a las ce siones urbanísticas obligatorias, siendo más específica en lo referente al suelo urbano que respecto del suelo rural, por lo que, en virtud de la potestad reglamentaria se habilitó al ejecutivo para que frente a preceptos generales de la ley, se pudieran p recisar los contenidos o se especificaran los diferentes supuestos y parámetros.

Sostiene que, el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política habilitó al Ejecutivo para reglamentar las disposiciones legales, en este caso, Ley 388 de 1997, con el f in de establecer las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo tal y como se procedió mediante Decreto 3600 de 2007 modificado por el artículo 8 del Decreto núm. 4066 de 2008, a partir de lo cual afirma que, los actos administrativos enjuiciados gozan de presunción de legalidad, al expedirse con fundamento en las normas en que debían fundarse y en ejercicio de las competencias legalmente establecidas.

Finalmente señala que, de la lectura concienzuda de la Ley 388 de 1997 no se encuentra tan siquiera un aparte que denote una intención del Legislador de prohibir

competencias legalmente establecidas.

Finalmente señala que, de la lectura concienzuda de la Ley 388 de 1997 no se encuentra tan siquiera un aparte que denote una intención del Legislador de prohibir o diferenciar la cesión obligatoria gratuita exclusiva y excluyentemente para el componente urbano de los POT.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD RAD. 680013333010-2023-00031-02

Así, estima que la parte demandante no logró demostrar que los actos administrativos demandados hayan sido expedidos infringiendo las normas en que debían fundarse o sin competencia, y que, en consecuencia, la presunción de legalidad que los co bija se mantiene incólume, resultando procedente revocar la sentencia de primer grado y en consecuencia denegar las pretens iones de la demanda.

IV. PRONUNCIAMIENTOS FRENTE AL RECURSO DE APELACIÓN

El término de que trata el numeral 4° del art. 247 de la Ley 1437 de 2011, venció en silencio. La señora Agente del Ministerio Público no rindió concepto de fondo.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. PROBLEMAS JURÍDICOS

Teniendo en cuenta los reproches formulados por la parte demandada, corresponde a la Sala establecer si los actos administrativos se ajustan a los parámetros establecidos en la Ley 388 de 1997 para las cesiones obligatorias para suelos rurales y rurales suburbanos, para lo cual se plantean los siguientes problemas jurídicos:

PJ 1 ¿Procede la aplicación, en el caso concreto, de la excepción de ilegalidad del

y rurales suburbanos, para lo cual se plantean los siguientes problemas jurídicos:

PJ 1 ¿Procede la aplicación, en el caso concreto, de la excepción de ilegalidad del artículo 19 del Decreto 3600 de 2007, modificado por el artículo 8 del Decreto 4066 de 2008 , por violación de norma superior (Ley 388 de 1997) , conforme fuere dispuesto por el a-quo?

PJ 2 ¿Se encuentran viciados en su legalidad, parcialmente, el artículo 84 del Acuerdo Municipal 028 de 2003, modificado por el artículo 11 del Acuerdo Municipal 007 de 2007, en su aparte «o parcelador»; el artículo 85 del Acuerdo Municipal 028 de 2003, modificado por el artículo 12 del Acuerdo Municipal 007 de 2007 en sus expresiones «o parcelador» y «y suburbano»; el artículo 86 del Acuerdo Municipal 028 de 2003, modificado por el artículo 13 del Acuerdo Municipal 007 de 2007 en su aparte «Suelos rurales y suburbanos» y el parágrafo 1 del artículo 21 del Acuerdo Metropolitano 013 de 2011, modificado por el artículo primero del Acuerdo Metropolitano 016 de 2015 del Área Metropolitana de Bucaramanga en su aparte «y rurales» , lo que acarrea s u nulidad en los términos dispuestos en primera instancia?

2. TESIS

La respuesta a los dos problemas jurídicos planteados es afirmativa, conforme pasa a considerarse.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD RAD. 680013333010-2023-00031-02

3. ESTUDIO DE LA SALA

3.1 De los actos acusados parcialmente

a considerarse.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD RAD. 680013333010-2023-00031-02

3. ESTUDIO DE LA SALA

3.1 De los actos acusados parcialmente

• Artículo 84 del Acuerdo Municipal 028 de 20031, modificado por el artículo 11 del Acuerdo Municipal 007 de 20072, en su aparte «o parcelador»

« Artículo 84. De las Cesiones. Se entiende por área de cesión, la porción de terreno que todo urbanizador o parcelador, o responsable de un desarrollo urbanístico, deberá ceder al Municipio y/o al Área Metropolitana a título gratuito»

• Artículo 85 del Acuerdo Municipal 028 de 2003, modificado por el artículo 12 del Acuerdo Municipal 007 de 2007 en sus apartes «o parcelador», «y suburbano»

«Artículo 85. Clasificación de las Cesiones

Las Cesiones se clasifican en:

1.- CESIÓN PÚBLICA: Es la cesión que será entregada al Municipio y/o al Área Metropolitana de Bucaramanga por el urbanizador o parcelador.

aCesión Tipo A: Corresponde a un porcentaj