TA SAN - Sentencia 680013333010-2024-00170-01 (26-08-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAGISTRADO PONENTE: Dr. JULIO EDISSON RAMOS SALAZAR

Bucaramanga, veintiséis (26) de agosto de dos mil veinticinco (2025).

MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE JAIGLER JOHANNY GONZÁLEZ PLATA

silviasantanderlopezquintero@gmail.com; notificacioneslopezquintero@gmail.com;

DEMANDADO NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co; ministerioeducacionballesteros@gmail.com; mendecretoincrementosalarialbp@gmail.com;

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN

notificaciones@bucaramanga.gov.co; bga.carlosaguilar@gmail.com; carlosaguilar88@hotmail.com; RADICADO 680013333010-2024-00170-01

TEMA INCREMENTO SALARIAL DOCENTE ESCALAFÓN

MINISTERIO PÙBLICO XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

xmora@procuraduria.gov.co;

Se decide el recurso de APELACIÓN interpuesto por la parte demandante y la parte demandada MINISTERIO DE EDUCACIÓN contra la sentencia proferida el 28 de marzo de 2025 por el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga.

I. LA DEMANDA.

1. PRETENSIONES.

Del escrito de la demanda se extraen las siguientes pretensiones:

“PRIMERA. Inaplicar por ilegal el Decreto Nacional 284 de 2024, que derogó el Decreto

I. LA DEMANDA.

1. PRETENSIONES.

Del escrito de la demanda se extraen las siguientes pretensiones:

“PRIMERA. Inaplicar por ilegal el Decreto Nacional 284 de 2024, que derogó el Decreto Nacional 887 del 2 de junio de 2023 , que derogó a su vez del Decreto Nacional 449 de 2022, que a si mismo derogó el Decreto Nacional 965 de 2021 y que con posterioridad derogó el Decreto Nacional 319 de 2020, y/o se declare la NULIDAD de los Decretos que lo modifiquen, adicionen, aclaren o revoquen, en relación con la asignación salarial que correspondió a la categoría 2AE teniendo de presente que los salarios tres (3) años con anterioridad a la fecha de realización de la reclamación, debieron ser superiores a lo ordenado por estas disposiciones del orden nacional, expedidas en virtud de lo establecido en la ley 4 de 1992 y en el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de 2002 e inaplicar igualmente, los demás Decretos Nacionales que sean expedidos con posterioridad a la fecha de presentación de esta demanda, que modifiquen “ …. la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media…” que corresponden a los incrementos salariales que se realicen irregularmente con posterioridad al año 2024 y hasta momento de la ejecutoria de la presente sentencia.

SEGUNDA: Que se DECLARE LA NULIDAD del acto administrativo proferido por Cristian Oswaldo Carmona Sánchez - Jefe - Oficina Asesora de Planeación y Finanzas de la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y notificado el día 27/02/2024,

Oswaldo Carmona Sánchez - Jefe - Oficina Asesora de Planeación y Finanzas de la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y notificado el día 27/02/2024, mediante oficio con radicado 2024 - EE-053569, en cuanto le negó a mi poderdante el derecho a la diferencia en el incremento salarial que fue decretado de manera indiscriminadaMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Laboral. Expediente No. 680013333010-2024-00170-01 Sentencia de segunda instancia.

2

y desigual en el año en el año 2011 para el grado en el escalafón 3AM, con ocasión que fue realizado un

incremento del 11.3%, por medio del Decreto Nacional 1027 de 2011, proferido por el MEN, mientras que el incremento efectuando a la categoría del escalafón 2AE, fue del 5.7% para su salario en el año 2011.

CUARTA: Declarar que mi mandante, perteneciente a la categoría 2AE del Escalafón Nacional Docente, tiene derecho a que la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y MUNICIPIO DE BUCARAMANGA , de acuerdo al artículo 21 del DecretoLey 1278 de 2002, el reconocimiento y pago de las diferencias salariales causadas en los últimos tres (3) años anteriores a la petición realizada, por haber operado el fenómeno de la prescripción trienal y las que se lleguen a causar en el futuro, con ocasión de la diferencia en el incremento salarial que fue decretado de manera indiscriminada y de sigual en el año en el año 2011 para el grado en el escalafón 3AM, con ocasión que fue realizado un incremento del 11.3%, por medio del Decreto Nacional 1027 de 2011, proferido por el MEN, mientras que el incremento efectuando a la categoría del escalafón 2AE, fue del 5.7% para su salario en el año 2011 y que esta diferencia salarial, tenga efectos fiscales hacia el futuro, reconociéndose tres (3) años hacia atrás contados desde el momento en que se realizó la reclamación ante las entidades convocadas .

QUINTA: Condenar a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA al reconocimiento y pago de los dineros al docente oficial,

reclamación ante las entidades convocadas .

QUINTA: Condenar a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA al reconocimiento y pago de los dineros al docente oficial, perteneciente a la categoría 2AE, de acuerdo al artículo 21 del Decreto -Ley 1278 de 2002, de las diferencias salariales causadas en los últimos tres (3) años anteriores a esta petición por haber operado el fenómeno de la prescripción trienal y las que se lleguen a causar en el futuro, con ocasión de la diferencia en el incremento salarial que fue decretado de manera indiscriminada e ilegal en el año en el año 2011 para el grado en el escalafón 3AM, con ocasión que fue realizado un incremento del 11.3%, por medio del Decreto Nacional 1027 de 2011, proferido por el MEN, mientras que el incremento efectuando a la categoría del escalafón 2AE, fue del 5.7% para su salario en el año 2011, reconociéndose tres (3) años hacia atrás contados desde el momento en que se realizó la reclamación.

SEXTA: Condenar a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA el reconocimiento y pago de la reliquidación de la prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones, bonificación pedagógica, horas extras y demás emolumentos percibidos por mi representado en los últimos tres (3) años anteriores a la reclamación por haber operado el fenómeno de la prescripción trienal y los que se llegaren a causar hacia el futuro, producto de la cancelación de las diferencias salariales que se causaron y que fueron solicitadas oportunamente a las entidades demandadas.

a la reclamación por haber operado el fenómeno de la prescripción trienal y los que se llegaren a causar hacia el futuro, producto de la cancelación de las diferencias salariales que se causaron y que fueron solicitadas oportunamente a las entidades demandadas.

SÉPTIMA: Condenar a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA , el valor de las diferencias salariales que, por concepto de cesantías anualizadas, se hayan causado en estos últimos tres (3) años anteriores a haber realizado la reclamación, a favor de mi representado y las diferencias salariales que puedan causarse en el futuro, con ocasión de lo solicitado en este medio de control.

OCTAVA: Condenar a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA el reconocimiento y pago al docente los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo aplicadas desde elMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Laboral.

Expediente No. 680013333010-2024-00170-01 Sentencia de segunda instancia.

3

momento en que debió pagarse cada mensualidad y hasta que se haga efectivo el pago de estas diferencias salariales.

NOVENA: Condenar a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA el reconocimiento y pago de los intereses moratorios a mi poderdante a partir del día siguiente de la fecha de la ejecutoria de la providencia y por el tiempo siguiente hasta que se efectúe el pago de los dineros a los que haya lugar, según el artículo 19 2 del

C.P.A.C.A.

partir del día siguiente de la fecha de la ejecutoria de la providencia y por el tiempo siguiente hasta que se efectúe el pago de los dineros a los que haya lugar, según el artículo 19 2 del

C.P.A.C.A.

DÉCIMA: Condenar a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA dar cumplimiento al fallo que se dicte dentro de este proceso en el término de 30 días contados desde la comunicación de este tal como lo dispone el artículo 192 y siguientes del Código de procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo.

ONCEAVA: Condenar a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, lo relativo a las costas de conformidad con lo estipulado en el Artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual se rige por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010.”

2. HECHOS.

El escrito de la demanda refiere que entre los años 2005 y 2007, el Gobierno Nacional expidió los Decretos 1313 de 2005, 596 de 2006 y 634 de 2007, mediante los cuales se establecieron incrementos salariales idénticos para todos los docentes oficiales que ingresaron al nuevo escalafón regulado por el Decreto Ley 1278 de

2002. Durante este periodo, los incrementos anuales fueron fijados en 5 % y 4.5 %, sin discriminación alguna entre grados o niveles, lo que reflejaba un criterio de equidad y uniformidad apl icable a todos los educadores sin importar su ubicación específica dentro de la escala.

sin discriminación alguna entre grados o niveles, lo que reflejaba un criterio de equidad y uniformidad apl icable a todos los educadores sin importar su ubicación específica dentro de la escala.

A partir de 2008, y en respuesta a la creciente especialización del cuerpo docente, se introdujeron mejoras salariales específicas para quienes, como la demandante, ostentaban títulos de especialización en el grado 2 del escalafón docente. Sin embargo, esta política experimentó una ruptura en el año 2011 con la expedición del Decreto 1027, el cual otorgó un incremento del 11.3 % a los docentes del grado 3AM, mientras que a los del grado 2AE –entre ellos la parte demandante – se les aplicó únicamente un 5.7 %. Esta diferenciación porcentual alteró significativamente la base salarial para años subsiguientes, al establecer incrementos anuales sobre montos inequitativos.

Desde el año 2012 en adelante, los decretos anuales retomaron la práctica de aplicar incrementos en igualdad de condiciones entre las categorías 2AE y 3AM. No obstante, la diferencia generada en 2011 permaneció inalterada, lo que impactó el cálculo de la asignación básica mensual, así como las prestaciones derivadas, tales como cesantías, primas, bonificaciones pedagógicas y otros conceptos remunerativos que dependían directamente de dicha base.

Ante esta situación, el docente JAIGLER JOHANNY GONZALEZ PLATA formuló reclamación administrativa el 30 de enero de 2024, tanto ante el Ministerio de Educación Nacional como ante el Municipio de Bucaramanga , solicitando el pago

Ante esta situación, el docente JAIGLER JOHANNY GONZALEZ PLATA formuló reclamación administrativa el 30 de enero de 2024, tanto ante el Ministerio de Educación Nacional como ante el Municipio de Bucaramanga , solicitando el pago de las diferencias salariales correspondientes a los tres años previos a la fecha deMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Laboral. Expediente No. 680013333010-2024-00170-01 Sentencia de segunda instancia.

4

la petición, acogiéndose al término trienal de prescripción establecido en la Ley. Esta reclamación fue resuelta de manera negativa por ambas entidades, a través de los actos administrativos 2024-EE-053569 (MEN) del 27 de febrero de 2024, y BUC2024EE004598 (Municipio de Bucaramanga) del 07 de marzo de 2024.

En cumplimiento de los requisitos previos a la acción judicial, el 04 de julio de 2024 se llevó a cabo una audiencia de conciliación prejudicial ante la Procuraduría Judicial 16 II para asuntos administrativos ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Bucaramanga . Dicha diligencia fue declarada fallida por ausencia de voluntad conciliatoria por parte de las entidades convocadas, lo que habilitó a la parte actora a acudir a la jurisdicción contencioso -administrativa mediante el presente medio de control.

Finalmente, la demanda se sustentó con un análisis cronológico y técnico de los actos administrativos que fijaron los incrementos salariales desde el año 20 08, señalando cómo el error original se proyectó de manera sucesiva y acumulativa

Finalmente, la demanda se sustentó con un análisis cronológico y técnico de los actos administrativos que fijaron los incrementos salariales desde el año 20 08, señalando cómo el error original se proyectó de manera sucesiva y acumulativa hasta el año 2024. Se incluyó, además, el desglose detallado de la diferencia salarial mensual y el cálculo de las sumas dejadas de percibir en los tres años anteriores a la petición administrativa, bajo el entendido de que dicho perjuicio persiste y afecta la estructura salarial presente de la docente.

3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN.

Constitucionales : Artículos 13 y 53.

Legales:

• Artículos 1, 3, 4 y 6 de la Ley 4 de 1992. - Artículo 46 y 49 del Decreto Ley 1278 de 2002. - Artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo.

Concepto de violación: La parte demandante sostuvo que el acto administrativo acusado fue expedido con desconocimiento de los principios de legalidad, motivación y equidad que rigen la función pública. En efecto, invocó el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en cuanto este prevé la nulidad de actos administrativos proferidos con infracción de las normas en que debían fundarse, o expedidos de forma irregular, mediante falsa motivación o desviación de poder, configurándose así los defectos sustan ciales de que adolecía la actuación de la administración.

En desarrollo de lo anterior, señaló que el Decreto 1027 de 2011 fue proferido

motivación o desviación de poder, configurándose así los defectos sustan ciales de que adolecía la actuación de la administración.

En desarrollo de lo anterior, señaló que el Decreto 1027 de 2011 fue proferido vulnerando de forma directa el derecho fundamental a la igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, al establecer un incremento diferenciado para los doc entes ubicados en los grados 2AE y 3AM del Escalafón Docente del Decreto Ley 1278 de 2002. Resaltó que dicho trato diferenciado no obedeció a factores objetivos ni fue sustentado en motivaciones válidas, configurando así una discriminación injustificada. I gualmente, se alegó la transgresión del artículo 53Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Laboral. Expediente No. 680013333010-2024-00170-01 Sentencia de segunda instancia.

5

superior, al desconocerse los principios del trabajo digno y equitativo, y al comprometerse la progresividad del derecho al salario.

Asimismo, se adujo la violación de los artículos 1, 3, 4 y 6 de la Ley 4 de 1992, por cuanto el Gobierno Nacional se encontraba obligado, al momento de fijar el régimen salarial de los docentes, a respetar criterios como la equidad, la proporcionalidad, la eficiencia administrativa y el uso racional del recurso público. En criterio de la demandante, la administración omitió realizar un estudio técnico de soporte para justificar los incrementos diferenciados, incurriendo en desviación de poder al privilegiar ciertos escalafones sin razón jurídica. Se indicó que esta omisión también

demandante, la administración omitió realizar un estudio técnico de soporte para justificar los incrementos diferenciados, incurriendo en desviación de poder al privilegiar ciertos escalafones sin razón jurídica. Se indicó que esta omisión también desconoció los fines esenciales del Estado, particularmente la realización de la justicia material.

Sumado a lo anterior, se alegó la vulneración de los artículos 46 y 49 del Decreto Ley 1278 de 2002, al no haberse respetado la escala única nacional de salarios ni los principios rectores que debían orientar la asignación salarial, como lo son el mérito, la transparencia, la igualdad y la objetividad. En este sentido, la actora afirmó que la distorsión en la base salarial de su categoría implicó una transgresión continuada en el tiempo, que afectó su estabilidad económica, toda vez que los incrementos post eriores fueron calculados sobre una base disminuida y no corregida.

En relación con la causal de falsa motivación, se indicó que el acto administrativo que negó el reconocimiento de las diferencias salariales a la actora partió de afirmaciones imprecisas e incongruentes, desconociendo la situación particular del caso y lim itándose a una respuesta genérica. Este vicio fue considerado especialmente grave, dado que la administración omitió valorar los antecedentes normativos, técnicos y fácticos que evidenciaban la desigualdad introducida desde 2008, reproduciendo así la conducta discriminatoria y persistiendo en la inobservancia de la Constitución.

También se expuso que la aplicación sucesiva de incrementos basados en una base errónea consolidó una afectación al principio de progresividad, lo que configuró un retroceso inconstitucional en la garantía de los derechos laborales, contrariando el

También se expuso que la aplicación sucesiva de incrementos basados en una base errónea consolidó una afectación al principio de progresividad, lo que configuró un retroceso inconstitucional en la garantía de los derechos laborales, contrariando el mandato del bloque de constitucionalidad. Por esta razón, se invocó además la excepción de inconstitucionalidad respecto del Decreto 284 de 2024 y de todos aquellos que perpetuaron la inequidad, destacando la obligación de los jueces de inaplicar actos administra tivos contrarios a la Constitución, conforme al artículo 4 superior y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Finalmente, se consideró que la actuación estatal analizada desatendió el principio de favorabilidad en materia laboral, consagrado en el artículo 53 de la Carta, al no aplicar el incremento más beneficioso a la categoría 2AE en igualdad de condiciones con el grado 3 AM. La omisión de corregir la disparidad ocasionó un perjuicio económico acumulado que afectó la dignidad y seguridad económica de la demandante, razón por la cual se solicitó la nulidad de los actos administrativos acusados y el restablecimiento pleno de sus derechos.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Laboral. Expediente No. 680013333010-2024-00170-01 Sentencia de segunda instancia.

6

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN En su escrito de contestación de la demanda, el Ministerio de Educación Nacional, a través de su apoderada judicial, presentó oposición integral a las pretensiones formuladas por la parte actora, solicitando expresamente que fueran desestimadas

En su escrito de contestación de la demanda, el Ministerio de Educación Nacional, a través de su apoderada judicial, presentó oposición integral a las pretensiones formuladas por la parte actora, solicitando expresamente que fueran desestimadas por carecer de sustento fáctico y jurídico. En primer lugar, alegó la inexistencia de igualdad entre los grados 2AE y 3AM del Escalafón Docente del Decreto Ley 1278 de 2002, en virtud de que estos respondían a distintos niveles de formación, experiencia y mérito profesional. Citó expresamente el artículo 19 del mencionado decreto, señalando que “la finalidad del Escalafón Docente es justamente reconocer y remunerar la labor docente de acuerdo con la preparación académica, experiencia y desempeño”, lo cual descartaba u na equiparación automática entre docentes de grados distintos. En segundo término, la parte demandada sostuvo que los incrementos salariales diferenciados establecidos en los años 2008 y 2009 obedecieron a estímulos técnicos dirigidos a reconocer el mérito y la formación avanzada de los docentes de mayor grado. Indicó que tales incrementos fueron resultado de las políticas de profesionalización docente y que tuvieron soporte normativo en el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de 2002 y en la Ley 4 de 1992, que facultan al Gobierno Nacional para fijar escalas salariales diferenciadas según los grados y niveles del escalafón. En este contexto, señaló que “las compensaciones económicas pueden asignarse de acuerdo con el grado y nivel del escalafón”, por lo que no resultaba procedente invocar un trato desigual en relación con incrementos que tenían una base técnica y legal justificada.

En este contexto, señaló que “las compensaciones económicas pueden asignarse de acuerdo con el grado y nivel del escalafón”, por lo que no resultaba procedente invocar un trato desigual en relación con incrementos que tenían una base técnica y legal justificada. Asimismo, argumentó que no se configuró ninguna vulneración a los artículos 13 y 53 de la Constitución Política, en tanto no existía homogeneidad fáctica entre los sujetos comparados. En cuanto al principio de igualdad, reiteró que este no podía aplicarse entre personas que no se encontraban en igualdad de condiciones objetivas y jurídicas, por lo cual el principio “a trabajo igual, salario igual” no era procedente. Citando la jurisprudencia constitucional, recalcó que para que dicho principio resultara aplicable debía acreditarse que los trabajadores desempeñaban las mismas funciones bajo el mismo régimen de cualificaciones, lo que no ocurría entre los docentes escalafonados en los grados 2AE y 3AM. En relación con la excepción de inconstitucionalidad respecto del Decreto 284 de 2024, el Ministerio afirmó que dicha pretensión era improcedente, toda vez que el actor no había formulado un cargo autónomo de nulidad contra dicho decreto, ni había acreditado la supuesta contradicción directa con la Constitución. Sostuvo que la excepción planteada carecía de la “carga argumentativa rigurosa” exigida por la Corte Constitucional para que dicha figura resultara procedente. Además, advirtió que en el propio escr ito de la demanda se reconocía que a partir de 2010 los incrementos fueron uniformes, lo cual generaba una contradicción interna en la pretensión de declarar inconstitucional el decreto que fijó los salarios en 2024.

que en el propio escr ito de la demanda se reconocía que a partir de 2010 los incrementos fueron uniformes, lo cual generaba una contradicción interna en la pretensión de declarar inconstitucional el decreto que fijó los salarios en 2024. La entidad también alegó la excepción de indebida escogencia del acto demandado y del medio de control, indicando que la afectación alegada por la parte actora tenía su causa jurídica en los decretos salariales expedidos en 2008 y 2009, y no en elMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Laboral. Expediente No. 680013333010-2024-00170-01 Sentencia de segunda instancia.

7

acto acusado de 2024. En consecuencia, señaló que debió haberse acudido al medio de control de nulidad simple contra esos actos derogados y no al de nulidad y restablecimiento del derecho. Apoyó esta tesis en precedentes del Consejo de Estado, destacando q ue “la derogatoria de un acto administrativo no impide su control jurisdiccional”, siempre que se cuestionen sus efectos durante su vigencia. Además de oponerse a todas las pretensiones declarativas y condenatorias, la demandada propuso diversas excepciones de fondo, entre ellas la caducidad del medio de control respecto de los actos que fijaron los salarios para los años 2021, 2022 y 2023, los cuales ya no eran susceptibles de demanda por haber transcurrido el término legal. También invocó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, alegando que la responsabilidad por los pagos salariales del personal docente corresponde al ent e territorial nominador, en este caso, el Municipio de Bucaramanga, en virtud del principio de descentralización fiscal y administrativa

por pasiva, alegando que la responsabilidad por los pagos salariales del personal docente corresponde al ent e territorial nominador, en este caso, el Municipio de Bucaramanga, en virtud del principio de descentralización fiscal y administrativa establecido en la Ley 715 de 2001. Finalmente, la entidad sostuvo que no se configuró perjuicio alguno para el demandante y que la demanda constituía un abuso del derecho, en tanto pretendía obtener, por vía judicial, un nuevo régimen salarial sin fundamento legal alguno. Señaló que dicha conducta transgredía los fines legítimos del ordenamiento jurídico e implicaba una indebida interpretación del sistema escalafonario. Recalcó que los actos administrativos impugnados conservaban su presunción de legalidad y que el Ministerio de Educación Na cional siempre había actuado conforme a derecho, solicitando que las costas procesales fueran impuestas a la parte demandante por falta de fundamentación de sus pretensiones. MUNICIPIO DE BUCARAMANGA En el escrito de contestación, el apoderado judicial del Municipio de Bucaramanga solicitó al Juzgado desestimar la totalidad de las pretensiones formuladas en la demanda presentada por el docente Jaigler Johanny González Plata. Fundamentó su oposición señalando que la entidad territorial carecía de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no le correspondía fijar el salario de los docentes oficiales, sino simplemente efectuar su pago conforme a lo establecido por el Gobierno Nacional. En consecuen cia, rechazó tanto las pretensiones declarativas como condenatorias, advirtiendo que “la Entidad que represento carece de competencia legal, constitucional y funcional respecto de la fijación de salarios por parte de la entidad territorial”.

Nacional. En consecuen cia, rechazó tanto las pretensiones declarativas como condenatorias, advirtiendo que “la Entidad que represento carece de competencia legal, constitucional y funcional respecto de la fijación de salarios por parte de la entidad territorial”. El apoderado sostuvo que los actos administrativos demandados habían sido expedidos conforme al ordenamiento jurídico vigente y con base en las directrices de la Fiduprevisora, por lo cual gozaban de presunción de legalidad. En particular, alegó que no existía vicio alguno en la respuesta de la Secretaría de Educación del Municipio, en tanto ésta se limitó a aplicar los lineamientos emanados de los decretos nacionales. Señaló que el Municipio actuó “conforme las disposiciones y atribuciones constitucionales y legales”, reiterando que no tenía competencia para modificar o inaplicar disposiciones expedidas por el Presidente de la República. Como soporte adicional, formuló diversas excepciones de fondo. Entre ellas, invocó la improcedencia de la excepción de inconstitucionalidad solicitada por la parte actora, indicando que no se acreditaron los requisitos jurisprudencialesMedio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Laboral. Expediente No. 680013333010-2024-00170-01 Sentencia de segunda instancia.

8

establecidos para su procedencia. Citó extensamente la Sentencia T-681 de 2016 de la Corte Constitucional y sentencias del Tribunal Administrativo de Santander, argumentando que “no media una contradicción evidente entre el texto de la norma aplicable y la Constitución”. De este modo, concluyó que el Decreto 284 de 2024, al que se pretendía aplicar la excepción, no vulneraba derechos fundamentales en

argumentando que “no media una contradicción evidente entre el texto de la norma aplicable y la Constitución”. De este modo, concluyó que el Decreto 284 de 2024, al que se pretendía aplicar la excepción, no vulneraba derechos fundamentales en los términos exigidos para la procedencia de tal mecanismo. Asimismo, destacó la estructura del sistema normativo que regulaba el régimen salarial del personal docente, particularmente el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de 2002, en el cual se estableció que el Gobierno Nacional era el único competente para fijar l a escala única nacional de salarios. Explicó detalladamente el alcance del proceso de descentralización del sector educativo, destacando que las competencias de los entes territoriales en materia salarial se limitaban a la administración y pago de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones. Con base en lo anterior, reiteró que el Municipio de Bucaramanga no era el sujeto pasivo adecuado frente a las reclamaciones de la actora. También formuló la excepción de indebida integración del litisconsorcio necesario, solicitando que se vinculara al proceso al Congreso de la República y a la Presidencia de la República, al ser dichas entidades las competentes para determinar el régimen salarial. Complementariamente, alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, aclarando que la demandada no tenía vínculo jurídico material con los hechos constitutivos del litigio. Señaló que “es el gobierno nacional, el que le corresponde establece r la escala única nacional de salarios”, reiterando la irresponsabilidad del Municipio en relación con el objeto de la demanda. Finalmente, propuso otras excepciones como la prescripción de derechos no reclamados oportunamente, la caducidad del medio de control respecto de los

la irresponsabilidad del Municipio en relación con el objeto de la demanda. Finalmente, propuso otras excepciones como la prescripción de derechos no reclamados oportunamente, la caducidad del medio de control respecto de los decretos de los años 2008 y 2009, y la conservación de la validez de los actos administrativos enjuiciados. En este punto, recordó que “los actos administrativos gozan de presunción de legalidad mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”. También incluyó una excepción genérica, solicitando al despacho que, en caso de evidenciar alguna otra causal de improcedencia, la declarar