TA SAN - Sentencia 6800133330102017-00278-01 (03-04-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Bucaramanga, tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025) Medio de Control Nulidad y restablecimiento del derecho de carácter sancionatorio Demandante Empresa pública de alcantarillado de Santander S.A E.S.P. – EMPAS S.A , identificada con NIT. 800135588-0

notificacionesjudiciales@empas.gov.co Demandada Nación – Ministerio del Trabajo – Dirección Territorial de Santander vigilanciajudicial@mintrabajo.gov.co restrepogelvezabogados@gmail.com notificacionesjudiciales@mintrabajo.gov.co Radicado del Expediente Físico 6800133330102017-00278-01 Ministerio Público Xirys María Mora Alvarado Procuradora 160 Judicial II Para Asuntos Administrativos xmora@procuraduria.gov.co

Tema NULIDAD DE SANCIÓN IMPUESTA POR

EL INCUMPLIMIENTO DE UNA

CLÁUSULA CONVENCIONAL IMPOSIBLE DE CUMPLIR POR SER CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN. Se modifica sentencia de primera instancia. Prosperidad parcial de las pretensiones de la demanda. Las cláusulas de las convenciones colectivas que condicionan el acceso a cargos públicos contravienen el artículo 13 de la Constitución, por lo que son inapl icables / Las autoridades administrativas laborales son competentes para imponer sanciones por incumplimientos de normas laborales, en el ejercicio de sus funciones de vigilancia y control.

Constitución, por lo que son inapl icables / Las autoridades administrativas laborales son competentes para imponer sanciones por incumplimientos de normas laborales, en el ejercicio de sus funciones de vigilancia y control. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto oport unamente por la parte demandante contra la sentencia proferida el 12 de abril de 2018 por el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, que negó las pretensiones de la demanda.Radicado: 680013333012-2017-00278-01

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Empresa pública de alcantarillado de Santander S.A E.S.P. – EMPAS S.A Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo – Dirección Territorial de Santander

I.ANTECEDENTES

A. La demanda1

1. Pretensiones La parte demandante solicita que se declare la nulidad de la Resolución No. 000611 del 29 de abril de 2016, por la que se le impuso una sanción de multa de $9.652.370 por el incumplimiento y violación de la Convención Colectiva No. 2013 -2015, suscrita con el sindicato de trabajadores de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander (en adelante SINTRAEMPAS), y de la Resolución No. 000156 del 14 de febrero de 2017, que resolvió el recurso de apelación.

A título de restablecimiento del derecho, solicita que se revoque la sanción impuesta por la Nación – Ministerio del Trabajo – Dirección Territorial de Santander y se le

febrero de 2017, que resolvió el recurso de apelación. A título de restablecimiento del derecho, solicita que se revoque la sanción impuesta por la Nación – Ministerio del Trabajo – Dirección Territorial de Santander y se le restituya el valor pagado. Igualmente, pretende que se condene a la demandada en costas y agencias en derecho.

2. Hechos La parte demandante manifiesta que el 29 de diciembre de 2014, el presidente del sindicato SINTRAEMPAS presentó escrito con radicado No. 011041 ante la Dirección Territorial de Santander del Ministerio de Trabajo, en el que puso de presente presuntas irregularidades de carácter laboral frente a los siguientes numerales de la convención colecti va No. 2013 -2015: (i) incumplimiento en la aplicación al artículo 5 «estabilidad» del acta extraconvencional No. 002 del 3 de abril de 2014; (ii) incumplimiento en la aplicación del artículo 6 y 7 deno minados «enganches de personal encargos y vacantes»; (iii) incumplimiento en el artículo 25 «auxilio médico asistencial complementario» modificado por el acta extraconvencional 002 del 3 de abril de 2014; (iv) incumplimiento del artículo 36 «dotación de overol y calzado de la convención colectiva de trabajo vigente»; (v) incumplimiento del artículo 44 «bonificación de retiro por pensión» modificado por el acta extraconvencional 002 del 3 de abril de 2014; (vi) incumplimiento en el artículo 50 «auxilio odontológico complementario para trabajadores».

Refiere que el 29 de febrero de 2016 la Oficina de Control y Vigilancia adscrita a la

artículo 50 «auxilio odontológico complementario para trabajadores». Refiere que el 29 de febrero de 2016 la Oficina de Control y Vigilancia adscrita a la Dirección Territorial de Santander del Ministerio del Trabajo profirió la Resolución No. 000611, por la que fue absuelta frente al incumplimiento de los artículos 5, 6, 25, 44 y 50 de la convención colectiva de trabajo, pero sancionada por el incumplimiento de los artículos 7 y 36 de dicho acuerdo , concretamente por (i) la entrega tardía de la dotación a sus trabajadores oficiales; y (ii) la omisión en la provisión de cargos mediante concurso vinculando de manera preferente a los afiliados al sindicato.

3. Normas violadas y concepto de la violación Se enlistan en la demanda como normas violadas las siguientes: artículo 29 de la Constitución Política; el artículo 2 del Decreto-Ley 2158 de 1948 y el artículo 486 del CST.

1 Expediente Físico. Folios 1 a 8.Radicado: 680013333012-2017-00278-01

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Empresa pública de alcantarillado de Santander S.A E.S.P. – EMPAS S.A Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo – Dirección Territorial de Santander

Resalta la demandante que, según el artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo, el Ministerio accionado solo puede conocer controversias cuya resolución no esté atribuida a los jueces. Apunta que por ello la demandada la absolvió de responsabilidad por los demás puntos en que se alegaba el incumplimiento de la convención, pero debió hacer lo

el Ministerio accionado solo puede conocer controversias cuya resolución no esté atribuida a los jueces. Apunta que por ello la demandada la absolvió de responsabilidad por los demás puntos en que se alegaba el incumplimiento de la convención, pero debió hacer lo mismo frente a los artículos por los que le impuso la sanción, pues ese incumplimiento solo puede ser valorado y decidido por una autoridad judicial. Refiere que dicha convención colectiva no es fuente de derechos y obligaciones, por lo que no se le puede hacer exigible. Afirma que la sentencia T-297 de 1996 señaló que el ingreso al servicio público debe regirse por el sistema de nombramiento previsto en la Constitución o la Ley, o mediante concurso público si no hay regulación específica. Sostiene que las convenciones colectivas que consagran privilegios contrarios a los principios constitucionales, como reservar vacantes para hijos de trabajadores cesantes o ascensos internos, pone la función pública al servicio de intereses particulares, vulnerando principios como la imp arcialidad, moralidad, eficacia y prevalencia del interés general. Por tanto, aclara que las convenciones colectivas no pueden regular aspectos relacionados con el ingreso a la función pública. Manifiesta que, por tal motivo, una cláusula que contenga disposiciones similares resulta ineficaz, ilícita e ilegal, porque viola la Constitución, lo que impide a cualquier autoridad administrativa disponer su cumplimiento. Señala que el artículo 7 de la convención es una cláusula de ese tipo y por ello resulta inconstitucional; razón por la cual las autoridades judiciales deben inaplicarlas. Indica que, frente al artículo 36 de la convención, la demandada debió exonerar la

convención es una cláusula de ese tipo y por ello resulta inconstitucional; razón por la cual las autoridades judiciales deben inaplicarlas. Indica que, frente al artículo 36 de la convención, la demandada debió exonerar la de la sanción porque el supuesto incumplimiento solo puede ser valorado y decidido por la autoridad judicial competente, al tenor del artículo 2 del código procesal laboral. En este sentido, asegura que s e le vulneró el debido proceso porque la sanción impuesta se sustenta en la valoración de aspectos que extralimitan las competencias de policía judicial laboral del Ministerio del Trabajo.

B. Contestación

1. La Nación – Ministerio del Trabajo2 se opone a cada una de las pretensiones .

Alega la ausencia de vicios que afecten la legalidad de sus actos administrativos. Indica que los mismos fueron expedidos en ejercicio de las facultades de policía administrativa laboral conforme al artículo 486 del CST. Señala que en la resolución impugnada no se reconoció ningún derecho a favor de los trabajadores o el sindicato ; solo se analizó el incumplimiento de la convención colectiva. Afirma que las contraprestaciones establecidas en dich o acuerdo son vinculantes para las partes que la suscribieron mientras esté vigente, por lo que su

2 Expediente físico. Folios 79 a 92.Radicado: 680013333012-2017-00278-01

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Empresa pública de alcantarillado de Santander S.A E.S.P. – EMPAS S.A Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo – Dirección Territorial de Santander

cumplimiento puede ser supervisado en ejercicio d e sus funciones, y sancionar al empleador cuando no se cumplan.

Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo – Dirección Territorial de Santander

cumplimiento puede ser supervisado en ejercicio d e sus funciones, y sancionar al empleador cuando no se cumplan. Refiere que el caso estudiado en la sentencia T-297 de 1996 es distinto y que dicha providencia carece de efectos erga omnes. Argumenta que, si la demandante pretende desestimar la legalidad de la convención colectiva, debió de demandarla por el mecanismo idóneo y no por la vía de la jurisdicción de lo contencioso administrativo con la búsqueda de la nulidad de la sanción. Pone de presente que tiene no solo la facultad legal sino el deber de atender los asuntos que le asisten por competencia, entre ellos, las quejas impuestas contra las empresas empleadoras por presuntas vulneraciones de derechos laborales, inclusive, de los acuerdos establecidos en las convenciones colectivas. Recalca finalmente que el artículo 7 de la convención colectiva fue incumplido, porque en el expediente administrativo no se allegó soporte probatorio que acreditara la realización del concurso respectivo para suplir las vacantes existentes, por lo que la sanción era procedente. Asimismo, frente a la violación del artículo 36, sostiene que se logró evidenciar que no se entregó la dotación en las condiciones pactadas. Propone las siguientes excepciones: i) no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios; ii) inexistencia de las causales invocadas; iii) inexistencia de la obligación; iv) cobro de lo no debido; e v) innominada o genérica.

C. La sentencia recurrida3

Mediante sentencia proferida el 12 de abril de 2018 el Juzgado Décimo

de la obligación; iv) cobro de lo no debido; e v) innominada o genérica.

C. La sentencia recurrida3

Mediante sentencia proferida el 12 de abril de 2018 el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga resolvió: PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas.

SEGUNDO: CONDENAR al pago de costas a la parte demandante y en favor de la parte demandada.

Como fundamento de su decisión, indicó el a quo que no existió extralimitación de la función policiva administrativa en materia laboral, por cuanto la entidad demandada ajustó su actuación a lo establecido en el artículo 486 del CST y la Ley 1610 de 2013. Menciona que, por tanto, no se logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos demandados, comoquiera que dentro de la actuación administrativa se garantizaron los derechos procesales. Asimismo, indicó que, si bien es cierto que el artículo 7 contiene una expresión inconstitucional por violación al derecho a la igualdad en el acceso a la función pública, no se probó el cumplimiento del aparte de la norma que no se encuentra afectada con la inconstitucionalidad, es decir , lo relativo a la realización del concurso para la selección del personal.

3Expediente Físico. Folios 131 a 136.Radicado: 680013333012-2017-00278-01

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D. La apelación4

Demandante: Empresa pública de alcantarillado de Santander S.A E.S.P. – EMPAS S.A Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo – Dirección Territorial de Santander

D. La apelación4

La Empresa Pública de Alcantarillado de Santander – EMPAS S.A. E.S.P. solicita que se revoque la sentencia de primera instancia, porque el Ministerio del Trabajo se extralimitó al sancionarlo por el supuesto incumplimiento de derechos convencionales, pues sus funciones son administrativas no jurisdiccionales. Refiere que la demandada parte del supuesto de que hubo un incumplimiento, por ello estudió el fondo de la controversia, que solo puede conocer la autoridad judicial al tenor del artículo 486 del CST. Señala que el juez de primera instancia viol ó el principio de inescindibilidad , pues hizo una división de los efectos de los artículos de la convención, máxime cuando dicha norma es ineficaz. Asimismo, indica que para inaplicar una norma no es necesario que previamente sea declarada inconstitucional, lo cual resulta contrario al ordenamiento jurídico y niega la excepción de constitucionalidad. Apunta que la Resolución No. 1013 del 25 de julio de 2016 desconoció las fuentes jurisprudenciales y constitucionales que se citaron en el recurso, pese a que deben hacerlo según la sentencia C-539 de 2011.

E. Trámite de segunda instancia El 28 de mayo de 2018 5 se asignó por reparto el proceso en segunda instancia al magistrado Rafael Gutiérrez Solano. Mediante auto del 1 de octubre de 2018 6 fue admitido el recurso de apelación. El 30 de enero de 2020 7 se corrió traslado a las

magistrado Rafael Gutiérrez Solano. Mediante auto del 1 de octubre de 2018 6 fue admitido el recurso de apelación. El 30 de enero de 2020 7 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión. Ni la parte demandada ni el Ministerio Público no se pronunciaron. La parte demandante8 se manifestó en los siguientes términos: Refiere que frente al artículo 7 «encargos y vacantes» la entidad seleccionó el personal conforme la hoja de vida y los criterios de experiencia, formación y no procedencia de organización sindical. Reitera que la jurisprudencia ha dejado claro que las convenciones colectivas no pueden regular los aspectos inherentes a la función pública, pues constituye una facultad otorgada a la constitución y la ley, lo que imp ide que en dichos clausulados se puedan establecer privilegios para el acceso a las vacantes. Afirma que es una cláusula inconstitucional y por ello se debe inaplicar. Enfatiza que el Ministerio extralimitó sus funciones al proferir una sanción por el supuesto incumplimiento del derecho contenido en el artículo 36 convencional, pues conforme al artículo 2 del Código Procesal y 486 del CST, la competencia para conocer de los conflictos jurídicos que se ocasionen directamente del contrato de trabajo, como el pago de la dotación, recae en la jurisdicción ordinaria laboral.

4 Expediente Físico. Folios 138 a 147. 5 Expediente Físico. Folio 153. 6 Expediente Físico. Folio 202. 7 Expediente Físico. Folio 202. 8 Expediente Físico. Folios 138 a 147.Radicado: 680013333012-2017-00278-01

5 Expediente Físico. Folio 153. 6 Expediente Físico. Folio 202. 7 Expediente Físico. Folio 202. 8 Expediente Físico. Folios 138 a 147.Radicado: 680013333012-2017-00278-01

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II.CONSIDERACIONES

A. Acerca de la Competencia Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial.

B. Los problemas jurídicos y su resolución Con base en la reseña que antecede, la Sala plantea los siguientes problemas

jurídicos:

PJ1: ¿Se d ebe inaplicar una disposición convencional que impone la realización de un concurso para la selección de vacantes de trabajadores oficiales, con preferencia para los afiliados al sindicato de la entidad, por cuya omisión se le impuso una sanción a una entidad empleadora?

Tesis: Sí.

Fundamento jurídico: De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, por vía convencional, no se puede crear un procedimiento especial para permitir el acceso al servicio público con el derecho de preferencia de los afiliados a una organización sindical , puesto que restringe de forma absoluta el derecho a la igualdad y usurpa una facultad exclusiva del legislador. Por consiguiente, el artículo 7 de la convención colectiva que sirvió de

preferencia de los afiliados a una organización sindical , puesto que restringe de forma absoluta el derecho a la igualdad y usurpa una facultad exclusiva del legislador. Por consiguiente, el artículo 7 de la convención colectiva que sirvió de fundamento para imponer la sanción demandada debe inaplicarse por inconstitucional y esta debe anularse. A nadie se le puede sancionar por incumplir una regla inconstitucional. Ahora bien, el demandado no fue sancionado por incumplir las normas que regulan los concursos de méritos, sino por haber vulnerado una convención inconstitucional que imponía una regla de preferencia a los miembros del sindicato en el acceso a los puestos de trabajo de una entidad pública. En consecuencia, no puede, en sede judicial, modificarse la conducta sancionada ni el deber patronal supuestamente incumplido para tratar de justificar la legalidad de la sanción bajo el argumento de que la entidad no probó la realización de un concurso de méritos, como erróneamente lo consideró el a quo. Este cambio de la conducta sancionada vulnera el debido proceso y el derecho de defensa del sancionado, en virtud de los cuales, no es posible que, en esta instancia, se alteren los hechos que fueron objeto de la investigación y de la sanción impuesta. PJ2: ¿El Ministerio del Trabajo e s competente para imponer una multa por el supuesto incumplimiento del empleador en la entrega de la dotación de overol y calzado a sus trabajadores oficiales , según lo preceptuado en una convención colectiva?

Tesis: Sí.Radicado: 680013333012-2017-00278-01

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

y calzado a sus trabajadores oficiales , según lo preceptuado en una convención colectiva?

Tesis: Sí.Radicado: 680013333012-2017-00278-01

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Fundamento jurídico: En virtud de lo dispuesto en el artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo, corresponde a los inspectores del trabajo ejercer funciones de vigilancia y control para garantizar el cumplimiento de las disposiciones sobre las condiciones laborales y la pr otección de los trabajadores. Sin embargo, estas facultades se ven limitadas por las competencias del juez laboral, ya que no pueden utilizarse para resolver los conflictos de fondo entre el empleador y los trabajadores, los cuales son de competencia exclusiva de la judicatura.

En el presente caso, la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo actuó dentro de su marco de competencias y con sujeción al principio de legalidad al imponer una multa a la EMPAS por el incumplimiento del artículo 36 de la convención colectiva de t rabajo, concretamente, por la entrega tardía de la dotación a sus trabajadores oficiales. Esto no implica que se haya resuelto la controversia sobre la procedencia o no de un derecho. La autoridad administrativa no impuso el derecho que el empleador, de manera voluntaria, garantizó, aunque con demora. Para sustentar las tesis de la Sala, se analizarán las normas que facultan a los inspectores de trabajo para sancionar a los patronos por el incumplimiento de las normas laborales, y se es tudiarán las limitaciones constitucionales a las normas

Para sustentar las tesis de la Sala, se analizarán las normas que facultan a los inspectores de trabajo para sancionar a los patronos por el incumplimiento de las normas laborales, y se es tudiarán las limitaciones constitucionales a las normas convencionales para imponer condiciones adicionales a las legales para el acceso a cargos públicos.

C. Marco jurídico

1. Competencia de los inspectores de trabajo como autoridad administrativa laboral De acuerdo con el artículo 4869 del Código Sustantivo del Trabajo, los funcionarios del Ministerio de Trabajo tienen la autoridad para requerir información, documentos y registros a empleadores, así como para ingresar sin previo aviso a empresas con el fin de verificar el cumplimiento de las normas laborales. Como parte de sus funciones, pueden imponer multas de 1 a 5.000 SMLMV, de acuerdo con la gravedad de la infracción y mientras esta persista. Estas sanciones se destinan al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Sin embargo, no pueden declarar derechos individuales ni resolver disputas que correspondan a los jueces, aunque pueden actuar como conciliadores en esos casos. Igualmente, pueden ejercer sus facultades frente a los miembros y trabajadores de las organizaciones sindicales.

9 Artículo 486. Atribuciones y sanciones. Los funcionarios del Ministerio de Trabajo podrán hacer comparecer a sus respectivos despachos a los empleadores, para exigirles las informaciones pertinentes a su misión, la exhibición de libros, registros, planill as y demás documentos, la obtención de copias o extractos de los mismos. Así mismo, podrán entrar sin previo aviso, y en cualquier momento mediante su identificación como tales, en toda empresa con el mismo fin y ordenar las medidas preventivas que consideren necesarias, asesorándose de peritos como lo

obtención de copias o extractos de los mismos. Así mismo, podrán entrar sin previo aviso, y en cualquier momento mediante su identificación como tales, en toda empresa con el mismo fin y ordenar las medidas preventivas que consideren necesarias, asesorándose de peritos como lo crean conveniente para impedir que se violen las disposiciones relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión y del derecho de libre asociación si ndical. Tales medidas tendrán aplicación inmediata sin perjuicio de los recursos y acciones legales consignadas en ellos. Dichos funcionarios no quedan facultados, sin embargo, para declarar derechos individu ales ni definir controversias cuya decisión esté atribuida a los jueces, aunque sí para actuar en esos casos como conciliadores. Los funcionarios del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social tendrán las mismas facultades previstas en el presente numeral respecto de trabajadores, directivos o afiliados a las organizaciones sindicales, siempre y cuando medie solicitud de parte del si ndicato y/o de las organizaciones de segundo y tercer grado a las cuales se encuentra afiliada la organización sindical.Radicado: 680013333012-2017-00278-01

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Los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 1610 de 2013 asignan las competencias generales de los inspectores del trabajo y de la seguridad social. Asimismo, definen la naturaleza de las funciones conferidas, entre ellas la de policía administrativa, la cual implica la posibilidad de imponer sanciones frente a la violación de las normas de trabajo. Dicen las normas:

naturaleza de las funciones conferidas, entre ellas la de policía administrativa, la cual implica la posibilidad de imponer sanciones frente a la violación de las normas de trabajo. Dicen las normas: Artículo 1. Competencia general. Los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social ejercerán sus funciones de inspección, vigilancia y control en todo el territorio nacional y conocerán de los asuntos individuales y colectivos en el sector privado y de derecho colectivo del trabajo del sector público. Artículo 2. Principios orientadores. Las Inspecciones del Trabajo y Seguridad Social en el desempeño de sus funciones y competencias se regirán por los principios contenidos en la Constitución Política de Colombia, los Convenios Internacionales, en especia l los de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por Colombia y demás normas sobre inspección del trabajo y del ejercicio de la función administrativa. Artículo 3. Funciones principales. Las Inspecciones del Trabajo y Seguridad Social tendrán las siguientes funciones principales: […] 2. Función Coactiva o de Policía Administrativa: Como autoridades de policía del trabajo, la facultad coercitiva se refiere a la posibilidad de requerir o sancionar a los responsables de la inobservancia o violación de una norma del trabajo, aplicando siempre el principio de proporcionalidad. A su turno, el Decreto 1128 de 1 999 en su artículo 3 establec e que es función del Ministerio del Trabajo ejercer la prevención, inspección, control y vigilancia del cumplimiento de las normas sustantivas y procedimentales en dicha materia y aplicar las sanciones pertinentes. De la misma manera, el artículo 2 10 del Código Procesal Laboral delimita las

cumplimiento de las normas sustantivas y procedimentales en dicha materia y aplicar las sanciones pertinentes. De la misma manera, el artículo 2 10 del Código Procesal Laboral delimita las competencias asignadas a los jueces de trabajo, en el marco de su jurisdicción, por lo que conocen entre otros asuntos, de los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. Con base en las anteriores normas, entre otras, la Corte Constitucional, en Sentencia T-367 de 200311, dispuso que, cuando se presenten controversias a partir de una convención colectiva de trabajo, es la Jurisdicción Ordinaria Laboral la competente para resolver dichos asuntos, en particular, si se trata de discusiones relativas a la existencia, interpretación o reconocimiento de derechos laborales.

Veamos: […] La convención colectiva de trabajo se caracteriza por ser un contrato principal, bilateral, oneroso, conmutativo, de tracto sucesivo y solemne, que vincula a un patrono o asociación de tipo patronal y a un sindicato o asociación de tipo laboral, obligando a las partes a cumplir con lo pactado. Siendo el resultado de un acuerdo celebrado entre quienes representan al patrono y a los

10 Decreto-Ley 2158 de 1948. Artículo 2. Competencia General. La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de:

1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. 11 Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2003, M.P Eduardo Montealegre Lynett. Rad. 695898.Radicado: 680013333012-2017-00278-01

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

11 Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2003, M.P Eduardo Montealegre Lynett. Rad. 695898.Radicado: 680013333012-2017-00278-01

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Empresa pública de alcantarillado de Santander S.A E.S.P. – EMPAS S.A Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo – Dirección Territorial de Santander

trabajadores, las cláusulas pactadas regirán los contratos individuales de trabajo durante un determinado lapso. El contenido de la convención colectiva generalmente está relacionado con los salarios, horarios de trabajo, primas, vacaciones, indemnizaciones y demás beneficios, siendo su texto complemento de los contratos individuales de trabajo en cuanto implique mejoramiento económico y social para los trabajadores. En este orden de ideas, los conflictos suscitados por la interpretación y aplicación del texto pactado, resultan asimilables a los derivados del contrato de trabajo. Las controversias derivadas de la interpretación y aplicación de las cláusulas de toda Convención Colectiva de Trabajo deben ser llevadas ante la jurisdicción laboral, mediante las acciones previstas en el ordenamiento respectivo, como lo señala el artículo 2º. del Código Procesal del Trabajo.

2. Las normas convencionales no pueden imponer condiciones adicionales a las legales para el acceso a los cargos públicos La H. Corte Constitucional , en sentencia T -297 de 1996 12, señaló que las disposiciones suscritas en convenciones propias del ejercicio de la autonomía de la voluntad privada no pueden cercenar el principio constitucional de igualdad del artículo 13 de la Carta Política , al crear restricciones para el ingreso al servicio

disposiciones suscritas en convenciones propias del ejercicio de la autonomía de la voluntad privada no pueden cercenar el principio constitucional de igualdad del artículo 13 de la Carta Política , al crear restricciones para el ingreso al servicio público, por lo que la adopción en convenciones colectivas de estipulaciones de esta naturaleza resulta ineficaz, ilegal e inaplicable. En palabras del alto tribunal: […] Así se trate de una estipulación que sólo rige en el ámbito de sus trabajadores oficiales, no puede una entidad pública pactar que, a la muerte de un trabajador a su servicio, la vacante que deje será llenada por uno de sus hijos. Hacerlo significaría abjurar de la forma democrática del Estado colombiano y enajenar inconsultamente la autonomía de las entidades territoriales (CP ar