TA SAN - Sentencia 680013333011-2016-00220-01 (11-12-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Bucaramanga, once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE

CONTROL REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTES ELKIN RODRIGO ACEVEDO VILLAMIZAR , identificado con cédula de ciudadanía No. 13.740.835

DEYSI JANETH PEDRAZA RIVERA identificada con cédula de ciudadanía No. 63.542.729 yurijose_0217@hotmail.com

DEMANDADO

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y

CARCELARIO – INPEC

notificaciones@inpec.gov.co demandas.oriente@inpec.gov.co ghumana@inpec.gov.co seguridadsocial@inpec.gov.co

MINISTERIO

PÚBLICO

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

xmora@procuraduria.gov.co; RADICADO 680013333011-2016-00220-01 TEMA

Resulta improcedente valorar una prueba que, si bien fue obtenida días antes de la etapa de alegatos, solo fue incorporada al proceso cuatro días antes de dictarse sentencia.

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 14 de noviembre de 20 17 por el

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 14 de noviembre de 20 17 por el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, que negó las pretensiones.

I. ANTECEDENTES

A. La demanda1

1. Pretensiones La parte demandante solicita que se declare al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC responsable administrativa y patrimonialmente por los perjuicios que le fueron ocasionados como consecuencia de una actuación negligente, al no haber adoptado medidas frente al acoso sufrido por el señor Acevedo Villamizar durante su actividad laboral , lo cual agravó la enfermedad mental que padece.

Como consecuencia de lo anterior, pide que se condene a la entidad demandada al pago de los siguientes conceptos: Perjuicios materiales Daño emergente $106.894.540. Perjuicios inmateriales Daño moral 135 SMLMV

1 Expediente Físico. Folios 32 a 38.RADICADO: 680013333011-2016-00220-01

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DEMANDANTE: ELKIN RODRIGO ACEVEDO VILLAMIZAR Y OTRO

DEMANDADO: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC

2. Hechos Los demandantes sostienen que el señor Elkin Rodrigo Acevedo Villamizar, con el fin de garantizar su ingreso al curso, fue sometido a los exámenes médicos reglamentarios practicados por la Empresa Promotora de Salud COMPENSAR,

2. Hechos Los demandantes sostienen que el señor Elkin Rodrigo Acevedo Villamizar, con el fin de garantizar su ingreso al curso, fue sometido a los exámenes médicos reglamentarios practicados por la Empresa Promotora de Salud COMPENSAR, mediante los cuales fue calificado como «apto», conforme consta en su hoja de vida obrante en el grupo de admisiones del centro docente.

Manifiestan que el 14 de marzo de 2015 acudió a la clínica psiquiátrica Instituto del Sistema Nervioso - Isnor por presentar síntomas de estrés depresivo . Según afirman, esta enfermedad fue causada porque sus superiores jerárquicos no respetaban las recomendaciones médicas laborales y le asignaban turnos desde las 6:30 a.m. hasta las 12:00 de la noche en condiciones que afectaban su salud. Exponen que el diagnóstico médico fue trastorno de adaptación y trastorno de ansiedad no especificado, asociados a un horario laboral excesivamente estresante, y que se le prescribió tratamiento con ALPRAZOLAM 0,25 mg y SERTRALINA 100 mg. Añaden que el psiquiatra tratante le recomendó al señor Acevedo evitar el trabajo nocturno debido a los efectos sedativos de la medicación prescrita. Relatan que el 18 de abril de 2015 el médico Juan Carlos Ramos Rodríguez , psiquiatra del Instituto Nervioso del Oriente, confirmó que el paciente participaba activamente en su autocuidado, mantenía el uso de SERTRALINA y ALPRAZOLAM, y diagnosticó depresión mayor grave sin síntomas psicóticos, trastorno de ansiedad no especificado y afectación por el horario laboral.

activamente en su autocuidado, mantenía el uso de SERTRALINA y ALPRAZOLAM, y diagnosticó depresión mayor grave sin síntomas psicóticos, trastorno de ansiedad no especificado y afectación por el horario laboral. Aseveran que el 31 de mayo de 2015 el mismo especialista ratificó el diagnóstico de depresión mayor grave y mantuvo el tratamiento farmacológico. Afirman que el 11 de julio de 2015 el médico especialista volvió a diagnosticar un episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos, con continuidad en el tratamiento. Indican que el 30 de septiembre de 2015, ante un cuadro de ansiedad, el psiquiatra aumentó la dosis de ALPRAZOLAM y reiteró la prohibición de realizar turnos nocturnos. Señalan que el 5 de enero de 2016, el médico Hernán Darío Zafra Santos diagnosticó síntomas mixtos de ansiedad y depresión secundarios a estrés laboral, y decidió aumentar las dosis de SERTRALINA y ALPRAZOLAM. Finalmente, mencionan que el 17 de febrero de 2016 el doctor Juan Carlos Ramos Rodríguez ratificó el diagnóstico de episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos. Con base en lo anterior, la parte actora concluye que el deterioro progresivo de la salud mental del señor Elkin Rodrigo estuvo directamente relacionado con el estrés laboral al que estuvo expuesto.

B. Contestación El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC2 se opone a las pretensiones. Sostiene que en el presente caso la responsabilidad recae sobre la

laboral al que estuvo expuesto.

B. Contestación El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC2 se opone a las pretensiones. Sostiene que en el presente caso la responsabilidad recae sobre la

2 Expediente físico, Folios 54 a 56.RADICADO: 680013333011-2016-00220-01

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DEMANDANTE: ELKIN RODRIGO ACEVEDO VILLAMIZAR Y OTRO

DEMANDADO: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC

Aseguradora de Riesgos Laborales POSITIVA, entidad encargada de prevenir, proteger y atender a los trabajadores frente a los efectos de las enfermedades y accidentes que puedan derivarse del ejercicio de sus funciones, también denominados accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Alega la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no le corresponde asumir responsabilidad administrativa ni patrimonial por los perjuicios reclamados. En este sentido, el INPEC s ostiene que, conforme al marco normativo del Sistema General de Riesgos Laborales, la entidad encargada de prevenir, proteger y atender a los trabajadores frente a enfermedades y accidentes derivados del trabajo es la Aseguradora de Riesgos Laborales POSITIVA. Precisa que dicho sistema tiene como finalidad la cobertura de los riesgos inherentes a la actividad laboral, entre ellos, los denominados accidentes de trabajo y enfermedades laborales, como podría ser el caso del señor ELKIN RODRIGO ACEVEDO VILLAMIZAR, si se llegare a establecer que su origen es laboral. Indica que cumple con su obligación legal de afiliar a sus empleados al Sistema de

y enfermedades laborales, como podría ser el caso del señor ELKIN RODRIGO ACEVEDO VILLAMIZAR, si se llegare a establecer que su origen es laboral. Indica que cumple con su obligación legal de afiliar a sus empleados al Sistema de Riesgos Laborales, a través de la aseguradora POSITIVA, con el propósito de garantizar su protección frente a eventualidades que comprometan su salud o su vida. Enfatiza que dicha afiliación permite que los trabajadores accedan a los beneficios asistenciales y económicos previstos en la ley, tales como: (i) el reconocimiento de la invalidez derivada de un accidente de trabajo, (ii) las prestaciones por muerte del trabajador con ocasión del servicio y (iii) la a tención y la compensación por enfermedades laborales.

C. La sentencia recurrida3

Mediante sentencia del 14 de noviembre de 2017, el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga niega las pretensiones. El a quo sostiene que, en el presente asunto, se encuentra acreditada la existencia del daño sufrido por el demandante, consistente en una enfermedad psiquiátrica diagnosticada el 14 de marzo de 2015. Indica que dicha condición quedó registrada en la historia clínica de la Clínica Psiquiátrica del Instituto del Sistema Nervioso – ISNOR, en la cual se registra un trastorno de ansiedad no especificado, asociado a un horario laboral excesivamente estresante, y se establece una restricción médica para el trabajo nocturno debido al consumo de medicación sedativa. Argumenta que, en cuanto a la imputabilidad del daño, si bien se encuentra acreditada la patología, no se demuestra que ésta sea atribuible a una falla en el

para el trabajo nocturno debido al consumo de medicación sedativa. Argumenta que, en cuanto a la imputabilidad del daño, si bien se encuentra acreditada la patología, no se demuestra que ésta sea atribuible a una falla en el servicio por parte del INPEC. Subraya que no existe prueba de que el actor haya informado a la entidad sobre el presunto acoso laboral ni de que haya iniciado trámite alguno para su atención o prevención. Afirma que existe una evidente orfandad probatoria, pues el demandante centró su actividad en demostrar la existencia de la enfermedad mental, sin acreditar cuál fue la omisión concreta o la conducta atribuible al INPEC que contribuyó a su desarrollo. Añade que no aportó documentos ni testimonios que evidencien que la entidad haya

3 Expediente físico, Folios 100 a 104.RADICADO: 680013333011-2016-00220-01

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DEMANDANTE: ELKIN RODRIGO ACEVEDO VILLAMIZAR Y OTRO

DEMANDADO: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC

desatendido recomendaciones médicas o incurrido en conductas que agravaran la condición del actor. Advierte que tampoco se acreditó que el actor hubiera acudido al Comité de Convivencia Laboral ni que hubiera solicitado la intervención de la Aseguradora de Riesgos Laborales, entidad que, por mandato legal, ampara a los servidores públicos. Considera que el actor contaba con mecanismos institucionales para la defensa de sus derechos, sin que se evidencie impedimento alguno por parte de la entidad para su ejercicio. Señala que, incluso , si el comité no existía, pudo haber

públicos. Considera que el actor contaba con mecanismos institucionales para la defensa de sus derechos, sin que se evidencie impedimento alguno por parte de la entidad para su ejercicio. Señala que, incluso , si el comité no existía, pudo haber acudido directamente a las directi vas del INPEC para poner en conocimiento los hechos que consideraba lesivos. Resalta que, aunque se acredita que el actor gozaba de buena salud al momento de su ingreso a la institución, no se demuestra que hubiera desplegado acciones para evitar el deterioro de su entorno laboral ni que hubiera informado a la entidad sobre las conductas de acoso alegadas en la demanda. Agrega que esta omisión impide al despacho establecer si el INPEC adoptó o no medidas frente a tales situaciones. Enfatiza que, a pesar de la gravedad de los hechos descritos, como la ubicación del actor en una reja desde las 6:30 a. m. hasta las 12:00 p. m., este no acudió a las instancias correspondientes para evitar que tales condiciones afectaran gravemente su salud física y mental, ni aportó pruebas que permitieran atribuir responsabilidad a la entidad por omisión o negligencia. Finalmente, frente al dictamen de calificación del origen de la enfermedad padecida por el señor Elkin Rodrigo Acevedo Villamizar, que fue allegado al proceso el 19 de septiembre de 2017 y emitido por la profesional de Medicina Laboral Regional Nororiente de la NUEVA EPS el 12 de septiembre, advierte que carece de mérito probatorio, toda vez que no fue decretado ni incorporado al proceso dentro de las oportunidades previstas en los artículos 212 y 213 del CPACA.

D. La apelación4

La parte demandante solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y,

probatorio, toda vez que no fue decretado ni incorporado al proceso dentro de las oportunidades previstas en los artículos 212 y 213 del CPACA.

D. La apelación4

La parte demandante solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se concedan las pretensiones. Sostiene que, contrario a lo afirmado por el fallador de primera instancia respecto a la falta de imputabilidad del daño al Estado, este aportó al proceso el dictamen emitido por la Junta de Calificación de la Aseguradora de Riesgos Laborales POSITIVA, en el cual se certifica que la enfermedad que padece el señor Elkin Rodrigo Acevedo Villamizar corresponde a una patología de origen profesional. Relata que el accidente ocurrió el 25 de septiembre de 2013, en el Centro Penitenciario de Bucaramanga, mientras cumplía funciones propias de su cargo como dragoneante, específicamente al apoyar un registro en el pabellón No. 6, por orden del comandante de vigilancia, momento en el cual, al intentar controlar a un interno agresivo, sufrió un golpe en el hombro izquierdo. Precisa que dicho evento fue reportado como novedad y posteriormente valorado por ortopedia el 28 de marzo de 2014, fecha desde la

4 Expediente físico. Folios 111 a 113.RADICADO: 680013333011-2016-00220-01

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DEMANDANTE: ELKIN RODRIGO ACEVEDO VILLAMIZAR Y OTRO

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cual recibió tratamiento por limitación de movilidad, con seguimiento hasta el 23 de septiembre del mismo año.

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cual recibió tratamiento por limitación de movilidad, con seguimiento hasta el 23 de septiembre del mismo año. Expone que la calificación del origen de la enfermedad se realiza con base en criterios técnicos que incluyen porcentajes de deficiencia, discapacidad y minusvalía, y que, en este caso, la ARL determinó que se trata ba de una enfermedad profesional. Advierte que, no obstante, dicho dictamen, fechado el 12 de septiembre de 2017, no fue valorado dentro del proceso, ya que fue emitido con posterioridad al cierre de la etapa probatoria regulada por los artículos 212 y 213 del Código de Procedimiento Administrati vo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA. Alega que, al no haberse tenido en cuenta dicho dictamen por razones de temporalidad procesal, se vulneraron sus derechos fundamentales a la defensa técnica y al acceso a la administración de justicia.

E. Trámite del recurso de apelación en segunda instancia En auto del 13 de febrero de 2018 se admite el recurso de apelación 5 y el 2 9 de mayo de 2019 6 se corre traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio público para rendir concepto. La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio.

El Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario – INPEC7 reitera lo expuesto en la contestación de la demanda y en los alegatos de conclusión. Manifiesta que el actor no aporta sustento probatorio que permita inferir su responsabilidad frente a la patología que alega padecer. Sostiene que no se precisa cuál habría sido su

la contestación de la demanda y en los alegatos de conclusión. Manifiesta que el actor no aporta sustento probatorio que permita inferir su responsabilidad frente a la patología que alega padecer. Sostiene que no se precisa cuál habría sido su participación en la ocurrencia de los hechos generadores del presunto daño en su salud, razón por la cual considera acertada la decisión del a quo al denegar las pretensiones. En su criterio, no existe prueba que acredite que haya incurrido en conductas lesivas o haya tolerado actuaciones irregulares por parte de los superiores jerárquicos del actor. Frente a las alegaciones sobre una presunta persecución laboral, expone que el actor no demostró haber puesto en su conocimiento tales circunstancias, conforme lo exige la Ley 1010 de 2006. Refiere que no se allegó prueba alguna de que el Comité de Convivencia Laboral haya recibido queja formal o informe del demandante sobre los hechos que ahora invoca, ni que se haya activado el procedimiento correspondiente. En cuanto a las restricciones médicas, afirma que siempre ha acatado las recomendaciones emitidas por los profesionales de la salud, sin discriminación alguna, y reitera que no existe constancia oficial de que el actor tuviera limitaciones que le impidieran cumplir con sus funciones. Describe que, incluso en caso de restricciones, los turnos asignados respetan los horarios establecidos y los derechos laborales correspondientes. Respecto al dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de fecha 1 de abril de 2015, precisa que éste se refiere a una afectación física en el hombro

5 Expediente físico. Folio 164. 6 Expediente físico. Folio 173.

de abril de 2015, precisa que éste se refiere a una afectación física en el hombro

5 Expediente físico. Folio 164. 6 Expediente físico. Folio 173. 7 Expediente físico. Folio 177 – 180.RADICADO: 680013333011-2016-00220-01

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izquierdo del actor y no a una patología de tipo mental como la que se alega en la demanda. Argumenta que, por lo tanto, no existe conexidad entre la supuesta enfermedad y las funciones propias del cargo.

II. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la competencia Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de las apelaciones interpuestas contra las sentencias proferidas por los juzgados administrativos de su distrito judicial.

B. El problema jurídico y su resolución De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plant ea y resuelve el siguiente problema jurídico: ¿Debe revocarse la sentencia de primera instancia por haberse adoptado con exclusión de un dictamen de determinación de origen, mediante el cual la parte actora pretendía acreditar que el trastorno depresivo que padece es de origen laboral?

Tesis: No.

Fundamento: Conforme al artículo 212 del CPACA, únicamente pueden admitirse pruebas con posterioridad a la etapa probatoria si se ajustan estrictamente a los supuestos previstos en dicha norma, lo cual no ocurrió en el presente caso, pues la parte demandante no solici tó formalmente la incorporación del dictamen sobre el

pruebas con posterioridad a la etapa probatoria si se ajustan estrictamente a los supuestos previstos en dicha norma, lo cual no ocurrió en el presente caso, pues la parte demandante no solici tó formalmente la incorporación del dictamen sobre el origen de su enfermedad, sino que se limitó a anexarlo mediante un escrito sin petición expresa, sin justificación legal y sin acudir a los mecanismos procesales establecidos para introducir pruebas sobrevinientes en etapas posteriores. Era deber del actor solicitar que el dictamen fuera decretado como prueba de oficio, y al no hacerlo ni garantizar que la contraparte pudiera ejercer su derecho de contradicción, se habría comprometido el derecho de defensa de esta última si el juez hubiese valorado dicha prueba. El expediente muestra que el dictamen fue aportado el 19 de septiembre de 2017, y que el 21 de ese mes se abrió la etapa de alegatos de conclusión. Sin embargo, el actor no presentó alegatos ni pidió formalmente que el documento se incorporara. Más adelant e, el 10 de noviembre de 2017, apenas cuatro días antes de la sentencia, presentó otro concepto de la ARL Positiva, nuevamente sin realizar solicitud formal para su valoración. Aunque se trataba de una prueba nueva, el actor no utilizó el mecanismo del artículo 212 del CPACA para pedir su incorporación en segunda instancia, ni justificó por qué no la presentó antes, ni demostró que se tratara de un hecho sobreviniente conforme a la jurisprudencia. Además, el artículo 281 del Código General del Proceso permite valorar hechos sobrevinientes en la sentencia, siempre que se hayan alegado oportunamente y estén debidamente probados. En este caso, el actor no cumplió con esos requisitos:

Además, el artículo 281 del Código General del Proceso permite valorar hechos sobrevinientes en la sentencia, siempre que se hayan alegado oportunamente y estén debidamente probados. En este caso, el actor no cumplió con esos requisitos: no alegó el hecho en la etapa correspondiente, no solicitó su incorporación conforme a los artículos 212 y 213 del CPACA, ni garantizó el derecho de contradicción.RADICADO: 680013333011-2016-00220-01

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Aunque el proceso busca la verdad material, esto no autoriza al juez a ignorar las garantías procesales mínimas, como el derecho de defensa y a controvertir pruebas. Cumplir con las reglas procesales no es un formalismo vacío, sino una garantía del debido proceso y del principio de igualdad entre las partes. Por tanto, no puede afirmarse que la sentencia de primera instancia haya vulnerado el derecho de defensa del actor al no valorar una prueba que no fue incorporada conforme a la ley. Por lo anterior, la Sala concluye que, al no haberse planteado ningún otro argumento en la apelación, procede confirmar la sentencia de primera instancia. Para sustentar la tesis plantea da, se analizarán los siguientes puntos: (i) las oportunidades probatorias en primera y segunda instancia , (ii) el decreto de las pruebas de oficio , (iii) la incorporación de una prueba sobreviniente , y (v) Finalmente, se abordará el caso concreto a la luz del marco jurídico aplicable y del acervo probatorio recaudado, con el fin de concluir que la parte demandante no

Finalmente, se abordará el caso concreto a la luz del marco jurídico aplicable y del acervo probatorio recaudado, con el fin de concluir que la parte demandante no solicitó, en forma debida y en ninguna de las dos instancias, el decreto del dictamen que, en calidad de prueba sobreviniente, pretendía ser incorporado al proceso.

C. Marco jurídico

1. Las oportunidades probatorias en primera y segunda instancia.

El artículo 2128 de la Ley 1437 de 2011 regula las oportunidades probatorias en la primera y segunda instancia. En su contenido, establece que, en primera instancia, dichas oportunidades corresponden a: «la demanda y su contestación; la reforma de la demanda y su respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones y su oposición; así como los incidentes y su respectiva respuesta, en este último caso, limitadas a la cuestión planteada.» Cuando se trate de apelación de sentencia, el artículo 212 faculta a las partes para solicitar pruebas dentro del término de ejecutoria del auto que admite el recurso. No obstante, dicha facultad se encuentra restringida a cinco eventos específicos , los cuales deben cumplirse de manera estricta: «(i) Cuando las partes lo soliciten de común acuerdo . En caso de que intervengan terceros distintos al simple coadyuvante o impugnante, será necesaria su anuencia. (ii) Cuando en primera instancia se hubiere negado el decreto de la prueba , o cuando, pese a haberse decretado, esta no se practicó por causas no imputables a la parte que la solicitó. En este último supuesto, la prueba solo podrá practicarse o perfeccionarse . (iii) Cuando las pruebas versen sobre hechos nuevos , es decir, ocurridos con

decretado, esta no se practicó por causas no imputables a la parte que la solicitó. En este último supuesto, la prueba solo podrá practicarse o perfeccionarse . (iii) Cuando las pruebas versen sobre hechos nuevos , es decir, ocurridos con posterioridad a la etapa probatoria de la primera instancia, y únicamente con el fin de demostrarlos o desvirtuarlos. (iv) Cuando no fue posible solicitar la prueba en primera instancia por razones de fuerza mayor, caso fortuito o por obstrucción de la parte contraria y (v) Cuando se pretenda controvertir pruebas solicitadas con base

8 ARTÍCULO 212. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este Código. En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pru ebas: la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta, en este último evento circunscrit as a la cuestión planteada. Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para probar su derecho, o podrán solicitar la designación de perito, en las oportunidades probatorias anteriormente señaladas. En segunda instancia, cuando se trate de apelación de senten cia, en el término de ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes ca sos: 1. Cuando

las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros diferentes al simple coadyuvante o impugnante se reque rirá su anuencia. 2. Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse decretado se dejaron de practicar sin culpa de l a parte que las pidió. En este último caso, solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perf eccionamiento. 3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero sol amente para demostrar o desvirtuar estos hechos. 4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y 4, las cuales deberán solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que las decreta. PARÁGRAFO. Si las pruebas pedidas en segunda instancia fueren procedentes se decretará un término para practicarlas que no podrá exceder de diez (10) días hábiles.RADICADO: 680013333011-2016-00220-01

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en los numerales 3 y 4 anteriores. Estas deberán pedirse dentro del término de ejecutoria del auto que las decrete.»

2. Las pruebas de oficio Por su parte, el artículo 2139 del CPACA, regula la práctica de pruebas de oficio. En su contenido, establece que, tanto en primera como en segunda instancia, el juez o

ejecutoria del auto que las decrete.»

2. Las pruebas de oficio Por su parte, el artículo 2139 del CPACA, regula la práctica de pruebas de oficio. En su contenido, establece que, tanto en primera como en segunda instancia, el juez o magistrado ponente puede decretar de oficio aquellas pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Estas deben decretarse y practicarse de forma conjunta con las solicitadas por las partes.

Adicionalmente, una vez oídas las alegaciones y antes de dictar sentencia, el juez o la sala, sección o subsección puede disponer la práctica de pruebas que resulten indispensables para aclarar aspectos oscuros o confusos del litigio. Para ello, debe señalar un término de hasta diez días. El artículo también autoriza a las partes, dentro del término de ejecutoria del auto que decreta las pruebas de oficio, a aportar o solicitar nuevas pruebas, por una sola vez, siempre que estas resulten indispensables para contradecir las pruebas decretadas de oficio. Dichas pruebas, según el caso, deben practicarse dentro de los diez días siguientes al auto que las decrete. De lo anterior se desprende que las pruebas de oficio son aquellas que el juez estima necesarias para esclarecer la verdad procesal, y su decreto también debe responder a criterios de necesidad, pertinencia y utilidad, sin que ello implique trasladar al despacho la carga probatoria que corresponde a las partes, conforme al artículo 16710 del Código General del Proceso. A su vez, l os artículos 169 11 y 170 12 del Código General del Proceso regulan la práctica de pruebas tanto a petición de parte como de oficio, y delimitan las

artículo 16710 del Código General del Proceso. A su vez, l os artículos 169 11 y 170 12 del Código General del Proceso regulan la práctica de pruebas tanto a petición de parte como de oficio, y delimitan las condiciones bajo las cuales pueden ser decretadas. El artículo 169 establece que las pruebas pueden ser solicitadas por las partes o decretadas de oficio, siempre que resulten útiles para verificar los hechos relacionados con las alegaciones formuladas en el proceso. No obstante, precisa que la declaración de testigos solo podrá ser decretada de oficio cuando dichos testigos hayan sido mencionados en otras pruebas o en algún acto procesal de las partes. Además, dispone que las providencias que decreten pruebas de oficio no son susceptibles de recurso, y que los gastos derivados de su

9 ARTÍCULO 213. PRUEBAS DE OFICIO . En cualquiera de las instancias el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las partes. Además, oídas las alegaciones el Juez o la Sala, sección o subsección antes de dictar sentencia también podrá disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda. Para practicarlas deberá señalar un término de h asta diez (10) días. En todo caso, dentro del término de ejecutoria del auto que decrete pruebas de oficio, las partes podrán aportar o soli citar, por una sola

vez, nuevas pruebas, siempre que fueren indispensables para contraprobar aquellas decretadas de oficio. Tales