TA SAN - Sentencia 680013333011-2016-00283-02 (05-06-2025)
Detalles
- Título
- TA SAN - Sentencia 680013333011-2016-00283-02 (05-06-2025)
- Autor
- Tribunal Administrativo de Santander
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2025
SIGCMA-SGC
Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander
REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ
Bucaramanga, cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 19 de julio de 2024 , proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante la cual se concedieron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, los señores Gelver Domingo Torres Castañeda, Verónica Meneses Suárez y Ana María Palacio Jordán Castañeda
1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 8 índice SAMAI, archivo 02 MEDIO DE CONTROL Nulidad y restablecimiento del derecho RADICADO 680013333011-2016-00283-02
DEMANDANTE
Gelver Domingo Torres Castañeda Verónica Meneses Suárez Ana María Palacio Jordán notificaciones@legalgroup.com.co
DEMANDADO
Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co
Verónica Meneses Suárez Ana María Palacio Jordán notificaciones@legalgroup.com.co
DEMANDADO
Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co nurrear@cendoj.ramajudicial.gov.co info@cendoj.ramajudicial.gov.co
MINISTERIO PÚBLICO
Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de segunda instancia TEMA Bonificación Judicial Decreto 383 de 2013 perteneciente al régimen de acogidosNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia
Demandante: Gelver Domingo Torres Castañeda y otros
Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial Radicado: 680013333011-2016-00283-02
Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander
formularon demanda ante la jurisdicción de lo contencioso — administrativo, en orden a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Resolución DESAJ BUR 02399 del 7 de marzo de 2016 proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bucaramanga y ii) acto ficto o presunto que configuró el silencio de la entidad demandada frente a la interposición del recurso de apelación.
En consecuencia, solicitaron:
«RIMERO. DECLÁRESE la nulidad del Acto Administrativo contenido en la
que configuró el silencio de la entidad demandada frente a la interposición del recurso de apelación.
En consecuencia, solicitaron:
«RIMERO. DECLÁRESE la nulidad del Acto Administrativo contenido en la Resolución No. 02399 del siete (7) de marzo de dos mil dieciséis (2016), proferida 290 por la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA.
SEGUNDO. DECLÁRESE la nulidad del Acto Administrativo Ficto o Presunto producto del Silencio Administrativo Negativo frente al recurso de apelación interpuesto el dieciocho (18) de abril de dos mil dieciséis (2016), contra la Resolución No. 2399 del siete (7) de marzo de dos mil dieciséis (2016), proferida
por la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DE BUCARAMANGA.
TERCERO. De conformidad con el artículo 4 de la Constitución Nacional, INAPLIQUISE por ser abiertamente contrario a la Constitución y a la Ley el aparte "...y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud..."contenido en el artículo 1 del Decreto 383 de 2013.
CUARTO. A título de reparación integral de los derechos conculcados en los términos del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, ORDENASE que para todos los efectos legales, se RECONOZCA, a favor de VERONICA MENESES SUAREZ identificada con la cédula de ciudadanía No. 63.293.957, ANA MARIA PALACIO
efectos legales, se RECONOZCA, a favor de VERONICA MENESES SUAREZ identificada con la cédula de ciudadanía No. 63.293.957, ANA MARIA PALACIO JORDAN identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.746.464, y GELVER DOMINGO TORRES CASTAÑEDA identificada con la cédula de ciudadanía No. 13.846.401, la BONIFICACION JUDICIAL dispuesta en el Decreto 383 de 2013, como factor salarial y prestacional, esto es, con incidencia salarial en las prestaciones laborales por tratarse de una parte integral de la asignación básica, sobre: a) Prima de servicios, b) Prima de Productividad, c) Prima de Vacaciones, d) Prima de Navida d, e) Bonificación por Servicios Prestados, f) Cesantías intereses a las cesantías y demás emolumentos que por constitución, la ley y el reglamento le corresponden a los funcionarios y empleados judiciales. e
QUINTO. En tal sentido, ORDENASE a la NACIÓN-RAMA JUDICIALCONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL proceda a REAJUSTAR O RELIQUIDAR, a favor de VERONICA MENESES SUAREZ identificada con la cédula de ciudadanía No. 63.293.957, ANA MARIA PALACIO JORDAN identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.746.464, y GELVER DOMINGO TORRES CASTAÑEDA identificada con la cédula de ciudadanía No. 13.846.401, desde el primero (1) de enero de dos mil trece (2013) y en adelante hasta que se siga causando, las
identificada con la cédula de ciudadanía No. 13.846.401, desde el primero (1) de enero de dos mil trece (2013) y en adelante hasta que se siga causando, las prestaciones laborales y sociales, como son: a) Prima de servicios; b) Prima de Productividad; c) Prima de Vacaciones; d) Vacaciones; e) Prima de Navidad; f) Bonificación por Servicios Prestados; g) Cesantías e intereses a las ces antías, h) Demás emolumentos que por constitución, la ley y el reglamento le corresponden a los funcionarios y empleados judiciales; con inclusión de la BONIFICACION JUDICIAL con incidencia de factor salarial y prestacional, y en la misma proporción de la asignación básica por hacer parte integral del salario.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia
Demandante: Gelver Domingo Torres Castañeda y otros
Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial Radicado: 680013333011-2016-00283-02
Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander
SEXTO. CONDENASE a la NACIÓN -RAMA JUDICIAL-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL al pago de los dineros, debidamente indexados, a favor de VERONICA MENESES SUAREZ identificada con la cédula de ciudadanía No. 63.293.957, ANA MARIA PALACIO JORDAN identificada con la cédula de
ciudadanía No. 37.746.464, y GELVER DOMINGO TORRES CASTAÑEDA
63.293.957, ANA MARIA PALACIO JORDAN identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.746.464, y GELVER DOMINGO TORRES CASTAÑEDA identificada con la cédula de ciudadanía No. 13.846.401, correspondientes a la diferencia obtenida del REAJUSTE O RELIQUIDACION DE LA S PRESTACIONES LABORALES Y SOCIALES desde el primero (1) de enero de dos mil trece (2013) y en adelante hasta que se siga causando, con inclusión de la bonificación judicial establecida en el Decreto 383 de 2013; tomando como base el índice de precios al consumidor vigente a la fecha de causación de cada prestación laboral, conforme lo dispuesto en la Ley, hasta la fecha de ejecutoria del fallo condenatorio; dando, igualmente, aplicación a la fórmula jurisprudencialmente establecida para ello por el H. Consejo de Estado, por cada una de las sumas individualmente consideradas por tratarse de sumas periódicas o de tracto sucesivo.
SÉPTIMO. CONDENASE a la NACIÓN -RAMA JUDICIAL -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL al pago de los intereses moratorios, a título de sanción, por no haberse reconocido el pago de las prestaciones salariares conforme a la Ley.
OCTAVO. ORDENESE el cumplimiento del fallo en los términos del artículo 192 y demás normas concordantes del C.P.A.C.A.
NOVENO. CONDENESE en costas a la entidad demandada en virtud del artículo 188 del C.P.A.C.A» (sic en todo el texto)
1.1.2. Fundamentos fácticos
NOVENO. CONDENESE en costas a la entidad demandada en virtud del artículo 188 del C.P.A.C.A» (sic en todo el texto)
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes, la apoderada de la parte demandante señaló los siguientes:
- Los demandantes se encuentran vinculados a la Rama Judicial y son beneficiarios de la bonificación judicial creada con los Decretos 383 y 384 de
2013.
- La entidad demandada no ha incluido la bonificación judicial como factor salarial al momento de liquidar las prestaciones sociales.
- En virtud de lo anterior, l os demandantes presentaron petición ante el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, Dirección Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, mediante la cual solicitaron el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y la consecuente reliquidación y pago de las prestaciones social es y demás emolumentos a que tienen derecho.
- El 7 de marzo de 2016, mediante Resolución DESAJ BUR 02399, la entidad demandada dio respuesta a la petición de manera negativa.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia
Demandante: Gelver Domingo Torres Castañeda y otros
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- El 18 de abril de 2016 , interpusieron recurso de apelación contra la
Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander
- El 18 de abril de 2016 , interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión, el cual no ha sido resuelto , motivo por el cual la entidad ha incurrido en silencio administrativo negativo, circunstancia que genera un acto ficto o presunto a través del cual se confirmó la decisión denegatoria.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
En el escrito de la demanda se invocaron como violados los artículos 2, 4, 13, 25, 29 y 53 de la Constitución Política; 2 de la Ley 4 de 1992 y 127 del Código Sustantivo del Trabajo.
En desarrollo del concepto de violación, el apoderado de la parte demandante expuso las siguientes razones:
- Los actos administrativos demandados resultan violatorios a las normas nacionales y más aún a los tratados internacionales, razón por la cual se debe inaplicar la expresión «constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud», contenida en el artículo 1 del Decreto 383 de 2013.
- Deben darse todos los efectos jurídicos de salario a la bonificación judicial, toda vez que esta se devenga en forma periódica y como contraprestación directa del servicio, tal y como se estableció por el Consejo de Estado frente al asunto relacionado con la prima especial creada por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, antecedente que no solo resulta pertinente y necesario, sino que deja sin
directa del servicio, tal y como se estableció por el Consejo de Estado frente al asunto relacionado con la prima especial creada por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, antecedente que no solo resulta pertinente y necesario, sino que deja sin argumentos cualquier negativa que en contrario intente erigirse.
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial2
El apoderado de la parte demandada allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: excepciones nominadas «falta de legitimación en la causa por pasiva », «la demanda no comprende a todos los litisconsortes necesarios»; «caducidad del medio de control»; «ineptitud de la demanda»; excepciones innominadas: «inexistencia del demandado»; «cobro de lo no debido al no haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone»; «falta de legitimación en la causa por pasiva», «falta de litisconsorte necesario», «prescripción» y «excepción de inconstitucionalidad ». A su turno, manifestó que se opone a las pretensiones de la demanda.
Los argumentos para solicitar la denegatoria de las pretensiones de la demanda, se sustentan de la siguiente manera:
2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 27 índice SAMAI, archivo 20Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia
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Rama Judicial del Poder Publico
Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander
- En el presente caso, la entidad ha liquidado y pagado la asignación salarial y prestacional de sus servidores, con estricta sujeción a lo previsto en los decretos expedidos por el Gobierno Nacional para cada vigencia fiscal, puesto que estos estipulan que ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido en tales normas, en concordancia con el artículo 10 de la Ley 4 de 1992.
- Si bien es cierto la entidad opera como ejecutora de los recursos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para efectos del pago de salarios y prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de esta circunscripción territorial, también lo es, que para cumplir dicha función, la Dirección Ejecutiva se encuentra atada a los Decretos salariales que anualmente expide el Gobierno Nacional.
- La Seccional de la Rama Judicial se ha limitado a dar cumplimiento a la norma que crea la Bonificación Judicial, en razón a que no tiene facultad para interpretar las leyes e inaplicarlas, puesto que son los jueces en sus respectivos fueros, quienes a través de sentencias ostentan esta competencia.
1.3. La sentencia apelada3
El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 19 de julio de 2024, resolvió:
1.3. La sentencia apelada3
El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 19 de julio de 2024, resolvió:
«PRIMERO: DECLARESE la prescripción de derechos laborales para las sumas causadas con anterioridad al 2 de marzo de 2013, por las razones expuestas.
SEGUNDO: INAPLÍQUESE por inconstitucionalidad la expresión normativa “… y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” contenido en el artículo 1° del Decreto N o. 383 de 2013, y reproducida en los Decretos No. 1269 de 2015, 246 de 2016,1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 903 de 2023, 1581 de 2023 y 0299 de 2024 por las razones expuestas.
TERCERO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos: - Resolución 02399 del 7 de marzo de 2016 proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. -Del acto administrativo ficto negativo configurado por el silencio guardado por el ente demandado frente a la interposición del recurso de apelación presentado el 18 de abril de 2016.
CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURADIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reliquidar y pagar a favor de
GELVER DOMINGO TORRES CASTAÑEDA, VERÓNICA MENESES SUAREZ
RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURADIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reliquidar y pagar a favor de GELVER DOMINGO TORRES CASTAÑEDA, VERÓNICA MENESES SUAREZ y ANA MARI A PALACIO JORDAN todas las prestaciones sociales y factores salariales reconocidos, pagados y causados desde el 2 de marzo de 2013, incluyendo en la base de liquidación como factor salarial, la bonificación judicial creada mediante Decreto 383 de 2013, has ta que dure su vinculación laboral y continúe percibiendo dicho emolumento.
3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 50 índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia
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Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario.
La suma que resulte a favor de los demandantes debe ajustarse de conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia. La actualización ordenada se hará la aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.
QUINTO: NO CONDENAR en COSTAS ni en AGENCIAS EN DERECHO.
actualización ordenada se hará la aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.
QUINTO: NO CONDENAR en COSTAS ni en AGENCIAS EN DERECHO. …]» (sic en todo el texto).
En lo correspondiente al fondo del asunto, el a quo concedió las pretensiones de la demanda con sustento en los siguientes argumentos:
- Conforme a las pruebas allegadas, los demandantes se encuentran vinculados a la Rama Judicial.
- La bonificación judicial le ha sido cancelada en forma continua, mensual y habitual, sin que esta haya sido considerada factor salarial al momento de la liquidación de las demás prestaciones sociales devengadas y reconocidas, situación que es aceptada por la entidad demandada al señalar en la respectiva contestación que el hecho de no computar los valores en la forma en que lo depreca la parte actora, obedece al estricto cumplimiento d e lo dispuesto en la norma que regula la bonificación judicial cuando ind ica que este emolumento solo constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de
Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
- De conformidad con los fundamentos normativos y jurisprudenciales expuestos la providencia, resulta claro que al reconocerse en forma mensual y constante la bonificación judicial, es factible concluir que dicho reconocimiento no obedece a la mera liberalidad del empleador, sino que consiste en una remuneración directa del servicio, circunstancia que permite considerarla entonces como elemento constitutivo de salario, máxime cuando la propia norma citada estableció que tal bonificación constituye un pago mensual y por lo tanto habitual y periódico, de manera que cumple las características de ser una
entonces como elemento constitutivo de salario, máxime cuando la propia norma citada estableció que tal bonificación constituye un pago mensual y por lo tanto habitual y periódico, de manera que cumple las características de ser una remuneración fija en dinero y establecida como contraprestación directa del servicio.
- La bonificación judicial tiene naturaleza salarial en tanto fue creada para nivelar los ingresos y reconocida como un incremento del salario de los servidores de la Rama Judicial, pero al limitarle los efectos que ella causa en la liquidación de las demás prestaciones, ello constituye una disminución final del monto reconocido, por lo tanto e torna en una desmejora en las prestaciones sociales, lo cual se vislumbra como una omisión por parte del Gobierno Nacional de cumplir con el deber contemplado en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de
1992.
- El límite advertido en la incidencia de la liquidación de las prestaciones percibidas por los servidores de la Rama Judicial, a pesar de tratarse laNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia
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bonificación otorgada de una remuneración directa percibida como contraprestación a sus servicios, constituye una restricción que va en contra de la calidad de reconocimiento económico de carácter habitual pagado con ocasión o causa de la labor encomendada, lo que constituye en sí mismo salario y tiene
contraprestación a sus servicios, constituye una restricción que va en contra de la calidad de reconocimiento económico de carácter habitual pagado con ocasión o causa de la labor encomendada, lo que constituye en sí mismo salario y tiene incidencia para reliquidar las demás prestaciones sociales.
- La bonificación judicial reviste un carácter salarial y tiene incidencia prestacional a partir de su reconocimiento y de forma sucesiva a futuro y hace parte de la asignación mensual, motivo por el cual ostenta el carácter permanente de la remuneración y genera por tanto la obligación de reliquidar las prestaciones sociales y demás factores salariales con base en la totalidad del salario devengado. De allí que en atención al precedente expuesto se determine que la misma es factor salarial y, en este sentido , la expresión «únicamente» contemplada en los artículos 1 de los Decretos 383 de 2013 y 1269 de 2015 deberá ser inaplicada, deberá ser inaplicada, porque implica una violación de principios, contenidos y valores establecidos en el artículo 1 del Convenio 095 de la OIT, el artículo 53 de la Constitución Política y el artículo 2 de la Ley 4 de 1992, al desconocer el concepto de salario en los términos señalados.
- Con la expedición del Decreto 383 de 2013, el Ejecutivo desconoció los postulados internacionales y constitucionales respecto a la aplicación de los principios de favorabilidad e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos consagrados en las normas laboral es, así como los objetivos y principios señalados en la Ley 4 de 1992, puesto que, despojó de efectos salariales a la bonificación judicial creada para servidores públicos de la Rama Judicial,
consagrados en las normas laboral es, así como los objetivos y principios señalados en la Ley 4 de 1992, puesto que, despojó de efectos salariales a la bonificación judicial creada para servidores públicos de la Rama Judicial, vinculados a partir de la expedición o acogidos al Decreto 057 de 1993.
1.4. El recurso de apelación
1.4.1. Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial4
La apoderada de la parte demandada en el recurso interpuesto solicitó revocar la decisión de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:
- La entidad no cuenta con facultades ni atribuciones en materia de fijación de salarios y prestaciones para los servidores de la Rama Judicial, puesto que su competencia recae únicamente en el Gobierno Nacional, específicamente con la expedición de los Decr etos 383 y 384 de 2013 proferidos con el objeto de establecer la bonificación judicial para esos funcionarios.
- El a quo le impuso una carga excesiva a la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que no estaba en el deber soportar y le exigió un imposible jurídico al no tener en cuenta dicha normatividad comoquiera
4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 52 índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia
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Administración Judicial Radicado: 680013333011-2016-00283-02
Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander
que es con base en sus dictados que se reconocen y pagan las remuneraciones en la entidad.
- Aunado a lo anterior, dado que la responsabilidad no le asiste a la Rama Judicial y sí al Gobierno Nacional, la prosperidad de las pretensiones involucra necesariamente la inaplicación del Decreto 383 y, en consecuencia, para el pago de emolumentos que no se encuentran contemplados en los cálculos efectuados por la Rama Judicial se deberá acudir por mandato de Ley al ejecutivo, es decir, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que proceda a la asignación de recursos adicionales a la entidad que no están amparados en las finanzas públicas, lo cual implica la alteración del Presupuesto General de la Nación.
- Frente a las excepciones de «falta de legitimación en la causa por pasiva», «la demanda no comprende a todos los litisconsortes necesarios», «caducidad del medio de control», «inexistencia del demandado» e «ineptitud de la demanda», insiste en que deben ser declaradas probadas.
1.5. Trámite de segunda instancia
Por auto del 2 de abril de 20255 se admitió el recurso de apelación interpuesto y se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado.
1.6. Alegatos de conclusión
1.6.1. Parte demandante
No presentaron.
se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado.
1.6. Alegatos de conclusión
1.6.1. Parte demandante
No presentaron.
1.6.2. Parte demandada
No se presentaron.
1.6.3. Concepto del agente del Ministerio Público:
No se presentó.
2. Consideraciones
Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación adelantada, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo del asunto, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.
2.1. Competencia
5 Expediente digital, actuación 34 índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia
Demandante: Gelver Domingo Torres Castañeda y otros
Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
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Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial, razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.
2.2. Problema jurídico
De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en
territorial, razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.
2.2. Problema jurídico
De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en el escrito de apelación, le corresponde a la Sala establecer i) si los demandantes tienen derecho a que se les reconozca la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales, y, en consecuencia, si hay lugar a declarar la nulidad del acto administrativo demandado ; y ii) si es procedente la inaplicación por inconstitucionalidad las expresiones «únicamente» y «para la base de cotización al Sist ema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud», contenidas en el artículo 1 del Decreto 383 de 2013, por medio de la cual se creó la bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial.
2.3. Marco normativo
2.3.1. De la bonificación judicial
El régimen salarial y prestacional de los empleados públicos corresponde al Gobierno Nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución Política; dicho mandato constitucional, fue materializado en el litera l a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992 6, según los parámetros previstos en el artículo 2 ídem.
A su turno, con base en dichas normas generales, objetivos y criterios, el presidente de la República de Colombia, mediante el Decreto 383 de 2013, creó la denominada bonificación judicial para los servidores de la Rama Judicial que se rigieran por lo establecido en el Decreto 53 de 1993, a partir del 1 de enero
presidente de la República de Colombia, mediante el Decreto 383 de 2013, creó la denominada bonificación judicial para los servidores de la Rama Judicial que se rigieran por lo establecido en el Decreto 53 de 1993, a partir del 1 de enero de 2013, con base en la escala de valores consagrada en el artículo 1 para cada cargo.
Los artículos 1 y 2 del Decreto 383 de 2013 son del siguiente tenor literal:
«ARTÍCULO 1. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el Decreto 874 de 2 012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
6 a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán des
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