TA SAN - Sentencia 680013333011-2018-00037-01 (20-02-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada Ponente: LUISA FERNANDA FLÓREZ REYES

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Bucaramanga, veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicado

680013333011-2018-00037-01

Medio de control

REPARACIÓN DIRECTA

Demandante

MARTIN MALDONADO FONSECA Y OTROS

mariofernandomantilla@hotmail.com

Demandado

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y

CARCELARIO –INPEC

notificaciones@inpec.gov.co demandas.oriente@inpec.gov.co abogadosdemandas.oriente@inpec.gov.co

Ministerio

Público:

EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR SCHILLER Procuradora 158 Judicial ll para Asuntos Administrativos. eavillamizar@procuraduria.gov.co

Tema

Quemaduras en establecimiento carcelario

Se decide el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte demandada contra la sentencia proferida el cuatro (04) de octubre de 2021 por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial De Bucaramanga , en el proceso de la referencia, previa la siguiente reseña:

I. La demanda

1. Pretensiones

(fls. 95 a 97 del archivo 01 que reposa en OneDrive) La parte actora pretende que se declare al Instituto Nacional Penitenciario y

el proceso de la referencia, previa la siguiente reseña:

I. La demanda

1. Pretensiones

(fls. 95 a 97 del archivo 01 que reposa en OneDrive) La parte actora pretende que se declare al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC administrativa y extracontractualmente responsable, del daño antijurídico causado al señor Martín Maldonado Fonseca, con ocasión a las heridas sufridas el 16.06.2016, cuando se encontraba realizando labores en la preparación de alimentos para la población carcelaria, por la falta de elementos de seguridad2

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industrial en el desarrollo de la misma en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Bucaramanga – CPMSBUC.

Como consecuencia de lo anterior, solicita se condene a la demandada a pagar: (i) por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente y lucro cesante futuro, las sumas que se prueben en el proceso consistentes en tratamientos médicos, medicamentos, gastos o erogaciones patrimoniales que incurra o haya incurrido el demandante para quedar en una situación física y personal lo menos alterada posible, y el porcentaje de las secuelas y deformidad física y discapacidad laboral, determinada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander; (ii) por concepto de perjuicio moral, la suma equivalente a cien (100) SMLMV a favor de los señores Martin Maldonado Fonseca, Johan Felipe Maldonado Ferreira, Marina Fonseca Peña y Segundo Maldonado Ramírez; y en la suma equivalente a cincuenta (50) SMLMV, a los señores Luis Jesús Maldonado

Maldonado Ferreira, Marina Fonseca Peña y Segundo Maldonado Ramírez; y en la suma equivalente a cincuenta (50) SMLMV, a los señores Luis Jesús Maldonado Fonseca, Segundo Maldonado Fonseca, Mauricio Maldonado Fonseca, María Rosaura Cossio Fonseca, Marisol Maldonado Fonseca y Luz Analís Maldonado Fonseca; (iii) p or concepto de perjuicio fisiológico o daño a la vida de relación, la suma equivalente a cien (100) SMLMV a favor del señor Martin Maldonado Fonseca; y (iv) las costas procesales, que las sumas sean indexadas y se reconozcan intereses moratorios.

2. Hechos

(fls. 94 a 95 del archivo 01 que reposa en OneDrive) En el escrito de demanda se sostiene que el señor Martín Maldonado Fonseca hace parte de la población carcelaria al ser hallado responsable de la comisión de una conducta punible que lesion ó el bien jurídico tutelado de la seguridad pública, por hechos acaecidos el 20.02.2007.

Afirma que el señor Maldonado Fonseca ha redimido pena desarrollando labores en la preparación de alimentos para la población carcelaria.

Señala que el 16.06.2016 al encontrarse desarrollando sus labores, le cayó una olla de sopa caliente encima causándoles graves heridas, siendo hospitalizado durante 15 días.3

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Arguye que lo anterior se dio a causa de la falta de elementos de seguridad industrial en el desarrollo de la actividad realizada, como también a la de verificación de las condiciones óptimas y de seguridad para evitar este tipo de accidentes.

B. Contestación.

Arguye que lo anterior se dio a causa de la falta de elementos de seguridad industrial en el desarrollo de la actividad realizada, como también a la de verificación de las condiciones óptimas y de seguridad para evitar este tipo de accidentes.

B. Contestación.

(fls. 26 a 37 del archivo 03 que reposa en OneDrive), El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC se opuso a las pretensiones de la demanda al considerar que no es administrativa ni extracontractualmente responsable de los hechos acontecidos el 16.06.2016, toda vez, que la empresa encargada para la época de manejar el personal del “ rancho del establecimiento penitenciario de Bucaramanga” dedicado a la preparación y suministro de alimentos a los internos es la Le y Ve Alimentos MACSOL S.A.S, la cual fue contratada por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-, quien sostiene era la responsable por mandato legal de regular todo lo concerniente al personal encargado de llevar a cabo esta labor , y además debía suministrar todos los elementos de protección y seguridad industrial al personal de internos que laboran en dicha sección del establecimiento penitenciario.

Manifiesta que, el consorcio PPL - Fiduprevisora según mandato legal es entidad responsable de la prestación del servicio de salud a la población de los internos del país, motivo por el cual, afirma que no existe responsabilidad en la afectación de la salud del actor, ni por acción o por omisión por parte de la institución.

Expone que el presunto resultado acaecido es un hecho ajeno que rompe el nexo de causalidad entre la conducta de la administración y el daño ocasionado al interno; Sumado a que las presuntas lesiones sufridas por el accionante en el lugar en donde

Expone que el presunto resultado acaecido es un hecho ajeno que rompe el nexo de causalidad entre la conducta de la administración y el daño ocasionado al interno; Sumado a que las presuntas lesiones sufridas por el accionante en el lugar en donde laboraba descontando pena, no fue originado por la acción u omisión del Inpec, circunstancia que a su juicio lo exime de responsabilidad, pues ello obedeció a un caso fortuito, por cuanto fue argumentado que otro interno de manera accidenta l tropezó y causo las lesiones al interno con el elemento caliente en su cara dorsal, brazo y hombro derecho, cara dorsal 1/3 medio pierna derecha.

Propuso como excepciones las que denomino como: (i) ausencia total de responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC – por falta de legitimación en la causa por pasiva; y (ii) excepción de caso fortuito frente a las lesiones.4

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C. La sentencia recurrida

(archivo 68 que reposa en OneDrive) Es proferida el 04/10/2021 por el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, en la que resuelve:

“PRIMERO. DECLÁRESE NO PROBADA la excepción de FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA propuesta por el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC--, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

SEGUNDO. DECLÁRESE administrativa y patrimonialmente responsable al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-- por el daño antijurídico y los perjuicios causados a MARTÍN MALDONADO FONSECA y sus

SEGUNDO. DECLÁRESE administrativa y patrimonialmente responsable al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-- por el daño antijurídico y los perjuicios causados a MARTÍN MALDONADO FONSECA y sus familiares, como consecuencia de las quemaduras s ufridas el 15 de junio de 2016, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte considerativa de este proveído.

TERCERO. CONDÉNESE al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-, a pagar por concepto de daños morales las siguientes sumas:

Nombre Indemnización por daño moral

MARTIN MALDONADO FONSECA

(victima pdf 01, Fol. 7 y 13) C.C.91.326.647

10 MLMV JOHJAN FELIPE MALDONADO FERRERIRA (hijo pdf 01, fol. 7 y 15)

NUIP 1.097.105.284

10 SMLMV

MARIA MARINA FONSECA PEÑA16

(MADRE pdf 01, fol. 3 y 13) CC. 37.930.422

10 SMLMV

SEGUNDO MALDONADO RAMÍREZ

(PADRE pdf 01, fol. 3 y 13 ) CC. 2.153.271

10 SMLMV

LUIS JESUS MALDONADO FONSECA

(HNO pdf 01, fol. 5 y 9) C.C. 91.326.194

05 SMLMV

SEGUNDO MALDONADO FONSECA

(HNO pdf 01, fol. 1 y 11) C.C.13.741.524

05 SMLMV

MAURICIO MALDONADO FONSECA

(HNO pdf 01, fol. 6 y 16) C.C. 91.325.793

(HNO pdf 01, fol. 1 y 11) C.C.13.741.524

05 SMLMV

MAURICIO MALDONADO FONSECA

(HNO pdf 01, fol. 6 y 16) C.C. 91.325.793

05 SMLMV

MARIA ROSAURA COSSIO FONSECA

(HNA pdf 01, fol. 18 y 27 ) CC.37.687.802

05 SMLMV

MARISOL MALDONADO FONSECA

(HNA pdf 01, fol. 20 y 21) CC. 37.687.801

05 SMLMV

LUZ ANALIS MALDONADO FOSECA

(HNA pdf 01, fol. 23 y 29 ) C.C. 37.720.630

05 SMLMV

CUARTO. CONDÉNASE AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPECa pagar por concepto de daño a la salud al señor MARTÍN MALDONADO FONSECA, la suma de 10 SMLMV.

QUINTO. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.5

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SEXTO. No hay lugar a condenar en costas a la parte demandada, de conformidad con lo expuesta en la parte considerativa.

SÉPTIMO. La entidad condenada dará cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en el Artículos 195 del C. P.A.C. A.

OCTAVO. En firme este proveído, expídanse a costa de la parte solicitante, copia auténtica de esta providencia. La copia de la parte solicitante llevará la constancia de ejecutoria; la misma anotación se dejará en el expediente (art. 114 C.G.P.).

NOVENO. Ejecutoriada esta providencia, y previas las anotaciones a que haya

de ejecutoria; la misma anotación se dejará en el expediente (art. 114 C.G.P.).

NOVENO. Ejecutoriada esta providencia, y previas las anotaciones a que haya lugar, archívese el expediente.

DÉCIMO. INFÓRMESE a las partes e intervinientes que, en esta instancia: (i) tendrán acceso al expediente digitalizado a través del siguiente enlace: 6800133330112018-00037-00, (ii) la recepción de memoriales se hará mediante el correo electrónico ofiserjam emorialesbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co; y, (iii) si requiere información adicional podrá contactarse a través del celular 3154453227, y los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 08:00 am a 04:00 pm a través de la plataforma Microsoft Teams, ing resando mediante al enlace de ATENCIÓN VIRTUAL, y/o escaneando el siguiente código QR”

El A quo respecto al daño antijuridico alegado, consideró que se encontraba suficientemente acreditado en atención a la historia clínica y, al informe pericial, de los cuales pudo concluir que el señor Martín Maldonado Fonseca se encontraba privado de la libertad y que el 15 de junio de 2016 sobre las 09:00 am sufrió quemaduras grado II con agua hirviendo (sopa) a nivel del miembro superior derecho y pierna izquierda, causándole una incapacidad médico legal definitiva de 35 días sin secuelas médicos legales.

Frente a la imputación del daño, afirm ó que la entidad demandada es responsable independientemente de la conducta que haya asumido por el solo hecho que la persona recluida en el establecimiento carcelario pierda la vida o sufra algún tipo de

Frente a la imputación del daño, afirm ó que la entidad demandada es responsable independientemente de la conducta que haya asumido por el solo hecho que la persona recluida en el establecimiento carcelario pierda la vida o sufra algún tipo de daño, salvo que logré comprobar una causa extraña -culpa exclusiva y determinante de la víctima o de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor-.

Respecto a que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPECalega la falta de legitimación en la causa por pasiva en el presente asunto, expreso el juez de primera instancia que la accionada olvidó que en la atención de la población carcelaria todas estas entidades deben trabajar activa, coordinada y articuladamente, en cumplimiento de los principios de colaboración, articulación concurrencia y coordinación, en el desarrollo de sus competencias para la atención a la población privada de la libertad, incluida desde luego el INPEC.6

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El juzgado de primera instancia consideró que «el INPEC es responsable no solo en virtud de la especial sujeción con que se encontraba con Martín Maldonado Fonseca por su condición de privado de la libertad sino porque se encontraba ejerciendo sin los elementos de protección necesaria, y a pesar de encontrarse en custodia por esa entidad estos elementos no fueron requeridos a la USPEC o al contratista. Por lo tanto, no se trató de una situación imprevisible, ni irresistible que tuviera la virtualidad de exonerar a la administración».

Por último, indicó que el INPEC es quien tenía la custodia del interno Martín Maldonado Fonseca , e incluso mediante Acta No. 410 -006-2016 de fecha 09/03/2016 se autorizó al interno a trabajar en manipulación de alimentos y su

Por último, indicó que el INPEC es quien tenía la custodia del interno Martín Maldonado Fonseca , e incluso mediante Acta No. 410 -006-2016 de fecha 09/03/2016 se autorizó al interno a trabajar en manipulación de alimentos y su preparación, por lo que si se encuentra legitimado en la causa por pasiva y bajo el título de imputación por daño especial resulta responsable por el detrimento que en su integridad sufrió el recluso mientras se encontraba privado de su libertad desarrollando actividades de manipulación de alimentos a altas temperaturas, sin los elementos de seguridad adecuados. Agrega que, el INPEC como garante de la integridad de los internos, debió requerir a la USPEC o la emp resa Le y Ve Alimentos MACSOL S.A.S., atendiendo a sus deberes de cuidado y seguridad en relaciones de sujeción, garantizando la integridad física y vida de los internos.

D. La apelación

(archivo 75 que reposa en OneDrive) La parte demandada solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se nieguen las pretensiones , al considerar que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC no es el llamado a responder por la lesión que sufrió el señor Martín Maldonado Fonseca el día 15 de junio de 2016 mientras se encontraba recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Bucaramanga, pues si bien no se logró integrar el litis consorte necesario, durante el curso del proceso la parte demandante no logró demostrar la responsabilidad y presunta falla del servicio por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, teniendo en cuenta que a su juicio se hace

necesario, durante el curso del proceso la parte demandante no logró demostrar la responsabilidad y presunta falla del servicio por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, teniendo en cuenta que a su juicio se hace necesario demostrar la irregularidad en el actuar público, es decir, la culpabilidad de la administración. Por ello, solicita se evalué las circunstancias en que acaecieron los hechos absolviendo a la entidad demandada.7

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Así mismo, afirma que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC no cuenta con legitimación en la causa por pasiva, toda vez, que no existe nexo causal entre el demandante con la entidad accionada, puesto que con la expedición del Decreto 4150 de 2011, fue creada la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC, determinando su objeto y estructura; en cuyo artículo primero escinde al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC las funciones administrativas y de ejecución de actividades para el cumplimiento de sus objetivos, las que se asignan a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC, y a las dependencias a su cargo.

Sumado a ello, afirma que el USPEC, suscribió el contrato de suministro No. 356 de 2015, con la Unión Temporal Alimentos Macsol , cuyo objeto establecido el: “SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION, POR EL SISTEMA DE RACION, PARA LA ATENCION DE LOS INTERNOS QUE SE ENCUENTRAN A

CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC,

EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL EN LOS

CENTROS DE RECLUSION MILITAR Y/O EN LAS ESTACIONES DE POLICIA”.

CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC,

EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL EN LOS

CENTROS DE RECLUSION MILITAR Y/O EN LAS ESTACIONES DE POLICIA”.

Por lo anterior, arguye que la Unión Temporal Alimentos Macsol es quien debe realizar la entrega, socialización y capacitación en materia de elementos de protección personal y el debido mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos que transportan los alimentos con el fin de evitar algún tipo de accidente frente a las mismas personas que prestan sus servicios en dicho oficio como respecto a terceros. Así las cosas, sostiene que se logró evidenciar en el presente caso , que el resultado de la omisión a sus obligaciones por parte del contratista llevó a la lesión del señor Martín Maldonado Fonseca mientras estaba recluido en Bucaramanga , y a su vez por parte del contratante, al no realizar la adecuada supervisión al contrato, dieron lugar a las lesiones que reclama el demandante y que erróneamente fueron dirigidas hacia el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC.

E. Trámite del recurso de apelación en segunda instancia

Se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante . Posteriormente, se corrió el traslado al Ministerio Público para que emitiera concepto y a las partes para presentar los alegatos de conclusión en segunda instancia, pero ninguno concurrió.8

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II. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la Competencia.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15 3 y 156 del CPACA, l a Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación

II. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la Competencia.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15 3 y 156 del CPACA, l a Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida en primera instancia por un juez administrativo de Bucaramanga, dentro de un proceso de reparación directa.

B. El problema jurídico y su resolución

De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plant ea y resuelve el siguiente problema jurídico:

Pj: ¿Es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) responsable administrativa y extracontractualmente por los presuntos daños antijurídicos ocurridos el 15 de junio de 2016, mientras el señor Martín Maldonado Fonseca se encontraba privado de la libertad?

Tesis: SI

Fundamento jurídico: Con fundamento en los medios de convicción allegados es claro para la Sala que el interno Martin Maldonado Fonseca sufrió las lesiones que le generaron quemaduras de grado II, cara dorsal hombro, brazo derecho -pierna izquierda cuando se encontraba bajo la custodia y responsabilidad del Estado quien tenía la obligación de garantizar la seguridad de los internos.

C. Marco jurídico

1. De la Responsabilidad del Estado.

El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 establece un marco fundamental para la responsabilidad extracontractual del Estado en Colombia; así mismo, señala dos condiciones para su declaratoria: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.9

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para la responsabilidad extracontractual del Estado en Colombia; así mismo, señala dos condiciones para su declaratoria: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.9

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El daño antijuridico se trata de una afectación que, al no estar justificada por el ordenamiento jurídico, lesiona un interés protegido, ya sea patrimonial o extrapatrimonial. Este tipo de daño es contrario al principio de alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre.

Ello refuerza la idea de que el Estado tiene la obligación de responder por los daños causados por su actuar, asegurando así la protección de los derechos de los ciudadanos y el respeto al orden jurídico. La clave aquí es que el daño debe ser claro, injustificado y no amparado por ninguna norma que justifique la afectación sufrida.

Ahora bien, la imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concr eción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Una vez que se verifica la existencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, nace la obligación de indemnizar a la víctima de manera plena. Este deber de indemnización busca restaurar la situación de la persona afectada, cumpliendo así con el principio de neminem laedere, que prohíbe causar daño a otro.

Estado, nace la obligación de indemnizar a la víctima de manera plena. Este deber de indemnización busca restaurar la situación de la persona afectada, cumpliendo así con el principio de neminem laedere, que prohíbe causar daño a otro.

Así las cosas, en cuanto al régimen de responsabilidad aplicable por daños causados a personas recluidas en establecimientos carcelarios o centros de detención, el Consejo de Estado ha señalado que puede ser de carácter objetivo, teniendo en cuenta que estas personas se encuentran bajo la vigilancia, custodia y protección del Estado y que, por razón del encarcelamiento, no están en capacidad plena de repeler por si mismos las agresiones o ataques perpetrados por agentes estatales, por otros reclusos o por terceros particulares.

2. De los Derechos de quienes se encuentran cumpliendo pena de prisión.

La Ley 65 de 1993 establece una serie de obligaciones del Estado en relación con las personas privadas de la libertad, que son fundamentales para asegurar su bienestar y dignidad. Entre los principales deberes se incluyen: (i) Garantía de10

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alimentación; (ii) acceso a servicios de salud ; (iii) Prevención y tratamiento de patologías; y (iv) Unidades de atención en salud.

En efecto, el artículo 104 de dicha normativa señala que “ en cada establecimiento se organizará un servicio de sanidad para velar por la salud de los internos, examinarlos obligatoriamente a su ingreso al centro de reclusión y cuando se decrete su libertad; además, adelantará campañas de prevención e higiene, supervisará la alimentación suministrada y las condiciones de higiene laboral y ambiental. Los servicios de sanidad y salud podrán prestarse directamente a través

decrete su libertad; además, adelantará campañas de prevención e higiene, supervisará la alimentación suministrada y las condiciones de higiene laboral y ambiental. Los servicios de sanidad y salud podrán prestarse directamente a través del personal de planta o mediante contratos que se celebren con entidades públicas o privadas”.

Tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado 1 han destacado la importancia de proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. En su jurisprudencia, han subrayado que derechos como la vida, la dignidad humana, la igualdad, la integridad personal y la salud son especialment e relevantes en este contexto.

Estas instituciones han señalado que, dado el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran los internos, la administración no puede imponer limitaciones a estos derechos. Toda vez, que la protección de los derechos fundamentales en el sistema penitenciario es esencial para garantizar un trato humano y dignificado, y para fomentar la rehabilitación y reintegración de los internos a la sociedad.

En tal sentido, la Corte Constitucional ha considerado que: “ teniendo presente que la privación de la libertad obstaculiza al sujeto condenado la satisfacción de sus propias necesidades, el Estado ‘se obliga a brindarle a los internos las condiciones necesarias para su digna subsistencia, particularmente, en asuntos como la provisión de alimentos, la asignación de un lugar digno para la habitación y el goce de los servicios públicos, entre otros’. Lo anterior, ya que la condena impuesta a un sindicado no pu ede comprometer las garantías fundamentales de las cuales es acreedor en forma plena, como por ejemplo la vida, la integridad personal, la

de los servicios públicos, entre otros’. Lo anterior, ya que la condena impuesta a un sindicado no pu ede comprometer las garantías fundamentales de las cuales es acreedor en forma plena, como por ejemplo la vida, la integridad personal, la dignidad o la salud, derechos que precisamente se protegen facilitando el goce de las necesidades vitales o mínimas del recluso”.

1 Corte Constitucional. Sentencia C-328 de 2016 y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección

A. Sentencia de 13 de agosto de 2014, Rad.: 2003 -00344-01, Sentencia de 19 de noviembre de 2015, Rad.: 2001-00218-01.11

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Es por ello que la Corte Constitucional de Colombia2 estableció que el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad implica tres ámbitos de protección fundamentales: i) el deber del Estado de brindar atención integral y oportuna a las necesidades médicas del interno, ii) el deber del Estado de garantizar la integridad física del recluso al interior del establecimiento carcelario y iii) el deber del Estado de garantizar unas adecuadas condiciones de higiene, seguridad, salubridad y alimentación, al interior del establecimiento carcelario.

3. Marco normativo que regula las funciones asignadas legalmente al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) - y a la Unidad de

Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).

A efectos de recopilar el marco normativo que regula las funciones asignadas legalmente al INCEC, la Sala considera importante destacar que los establecimientos de reclusión forman parte de la estructura del Instituto Nacional Penitenciario y

A efectos de recopilar el marco normativo que regula las funciones asignadas legalmente al INCEC, la Sala considera importante destacar que los establecimientos de reclusión forman parte de la estructura del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, según lo previsto en el numeral 7.1 del artículo 7º del Decreto 4151 de 3 de noviembre de 2011 3; no obstante, visto el artículo 1º del Decreto 4150 de 3 de noviembre de 2011 4, se advierte que de dicha entidad se escindieron las funciones administrativas y de ejecución de actividades para el cumplimiento de sus objetivos, las cuales fueron asignadas a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC y a las dependencias a su cargo; así, el artículo 2º ibídem creó este organismo como una Unidad Administrativa Especial con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho.

A pesar de la decisión de las mencionadas funciones, lo cierto es que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC tiene a su cargo determinar las necesidades en materia de infraestructura, bienes y servicios para cumplir con sus objetivos y funciones, y requerir su suministro a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, en los términos del numeral 16 del artículo 2 del Decreto 4150.

2 Sentencia T-825 de 2010 3 “Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ­ INPEC y se dictan otras disposiciones”. 4 “Por el cual se crea la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC, se determina su objeto y estructura”.12

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dictan otras disposiciones”. 4 “Por el cual se crea la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC, se determina su objeto y estructura”.12

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A su turno, el artículo 4º del Decreto 4150 señala que el objeto de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC se contrae a “[…] gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura y brindar el apoyo logístico y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del Institut o Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC […]”.

En atención a las anteriores consideraciones, resulta palmario que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, actúan en forma coordinada para la satisfacción de, entre otras, las necesidades de infraestructura de los establecimientos de reclusión y la definición de los lineamientos en ese mismo ámbito; no obstante, corresponde a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC la obligación de realizar las gestiones que se requieran para que se ejecuten los proyectos de adquisición, suministro y sostenimiento de los recursos –incluyendo infraestructura-, para que se cumpla la actividad penitenciaria a plenitud.

D. Análisis de las pruebas relevantes de cara al marco normativo anterior.

1. En la Historia clínica folio 1 (fls. 1 a 3 del archivo 02 que reposa en OneDrive), en el servicio de urgencias de la E.S.E. Hospital Universitario de Santander de

1. En la Historia clínica folio 1 (fls. 1 a 3 del archivo 02 que reposa en OneDrive), en el servicio de urgencias de la E.S.E. Hospital Universitario de Santander de fecha 15.06.2016, se indicó que el motivo de la consulta se debía a que le cayó sopa caliente, en el que se realizó el siguiente análisis: “ PACIENTE ADULTO

JOVEN, SIN ANTECEDENTES CLINICOS DE IMPORTANCIA, CON HISTORIA DE APROX 3 HRS DE EVOLUCION DE QUEMADURA GRADO II SUPERFICIAL E INTERMEDIA EN APROX. 6% SCT A NIVEL DE HOMBRO,

CARA POSTERIOR DE BRAZO Y CODO DERECHO, CARA POSTE