TA SAN - Sentencia 680013333011-2018-00264-01 (27-03-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Bucaramanga, veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025).

MEDIO DE CONTROL REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTES - FAISULY GONZÁLEZ PINTO, C.C. No. 63.549.655 (Víctima directa)

- JHONNIER CAMILO CONTRERAS GONZÁLEZ, NUIP. 1.005.370.090 (Hijo)

- LUISA PINTO PICO, C.C. No. 37.888.797 (Madre)

- GABRIEL GONZÁLEZ RANGEL, C.C. 91.225.801

(Padre)

- ERNESTINA RANGEL DE GONZÁLEZ, C.C. No.

37.575.018 (Abuela)

- DANNY FABIAN GONZÁLEZ PINTO, C.C. No.

1.095.807.296 (Hermano)

- LAURA NAYIBE GONZÁLEZ PINTO, C.C. No.

1.095.795.872 (Hermana)

- YULIETH GABRIELA GONZÁLEZ PINTO, C.C. No.

1.098.675.524 (Hermana) freddyadriangomez@gmail.com;

DEMANDADAS - NACIÓN - RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

1.098.675.524 (Hermana) freddyadriangomez@gmail.com;

DEMANDADAS - NACIÓN - RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

- NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co; Jur.novedades@fiscalia.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

Procuradora 160 Judicial II para Asuntos Administrativos xmora@procuraduria.gov.co

RADICADO Y LINK DEL

EXPEDIENTE DIGITAL 680013333011-2018-00264-011

TEMA Inexistencia del daño antijurídico . No existió la prolongación injusta de la libertad . La libertad de la accionante fue declarada inmediatamente con la providencia que precluyó su proceso y canceló su medida de detención domiciliaria. La demora en la expedición de la boleta de la libertad no configuró ningún daño porque la demandante no cum plió con la detención que supuestamente creía vigente. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, p rocede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por Faisuly González Pinto contra la sentencia proferida el 5 de noviembre de 2019, por el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, mediante la cual se negaron las pretensiones.

1 El expediente se encuentra en físico. Por acuerdo de la sala plena del Tribunal, y debido al volumen y complejidad de los procesos remitidos al Despacho 08, estos no fueron previamente digitalizados.2

las pretensiones.

1 El expediente se encuentra en físico. Por acuerdo de la sala plena del Tribunal, y debido al volumen y complejidad de los procesos remitidos al Despacho 08, estos no fueron previamente digitalizados.2

MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA RADICADO: 680013333011-2018-00264-01

DEMANDANTES: FAISULY GONZALEZ PINTO Y OTROS DEMANDADAS: NACION – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

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I. ANTECEDENTES

A. La demanda2

1. Pretensiones Los demandantes solicitan que se declare la responsabilidad solidaria de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de la Nación – Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la señora Faisuly González Pinto, ocurrida entre el 22 de septiembre de 2011 y el 9 de junio de 2016, así como por su prolongación injustificada entre el 9 de junio y el 2 de agosto de 2016.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicita n que se condene a las entidades demandadas a pagar las siguientes sumas:

DEMANDANTE CONCEPTO SUMA A PAGAR

FAISULY GONZÁLEZ PINTO (víctima directa) Lucro cesante $ 45.595.491 Perjuicios Morales 100 SMLMV

JHONNIER CAMILO CONTRERAS GONZÁLEZ

(hijo)

FAISULY GONZÁLEZ PINTO (víctima directa) Lucro cesante $ 45.595.491 Perjuicios Morales 100 SMLMV

JHONNIER CAMILO CONTRERAS GONZÁLEZ

(hijo) Perjuicios Morales 100 SMLMV LUISA PINTO PICO (madre) Perjuicios Morales 100 SMLMV GABRIEL GONZÁLEZ RANGEL (padre) Perjuicios Morales 100 SMLMV YENNY PAOLA PINEDA ARIAS (hermana) Perjuicios Morales 50 SMLMV ERNESTINA RANGEL DE GONZÁLEZ (abuela) Perjuicios Morales 35 SMLMV DANNY FABIAN GONZÁLEZ PINTO (hermano) Perjuicios Morales 35 SMLMV LAURA NAYIBE GONZÁLEZ PINTO (hermana) Perjuicios Morales 35 SMLMV

YULIETH GABRIELA GONZÁLEZ PINTO

(hermana) Perjuicios Morales 35 SMLMV Asimismo, los demandantes pretenden que se ordene el pago actualizado de las sumas y se condene en costas a las demandadas.

2. Hechos La demandante informa que estuvo privada de la libertad desde el 21 de septiembre de 2011, fecha de su captura, hasta el 9 de junio de 2016, por los delitos de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico (art. 405 del CP) y concierto para delinquir (art. 340 ibidem). Sostiene que, entre el 9 de junio y el 2 de agosto de 2016, la privación de su libertad se prolongó de manera injustificada.

Indica que el 22 de septiembre de 2011, un día después de la captura, el Juzgado

2016, la privación de su libertad se prolongó de manera injustificada. Indica que el 22 de septiembre de 2011, un día después de la captura, el Juzgado Veinte Penal Municipal de Bucaramanga con Funciones de Control de Garantías inició la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento para 36 personas, la cual concluyó el 26 de septiembre con la imposición de detención domiciliaria en su contra. Señala que, el 2 de octubre de 2012, el Juzgado Octavo Penal de Conocimiento del Circuito de Bucaramanga confirmó dicha medida. Asegura que el 9 de junio de 2016, durante la audiencia preparatoria, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Conocimiento de Bucaramanga declaró la preclusión de la acción penal por prescripción y ordenó su libertad. Destaca que la boleta de libertad correspondiente no fue remitida a la Cárcel de Mujeres de Bucaramanga sino hasta el 2 de agosto de 2016, lo que prolongó la privación de su libertad por un mes y 23 días. Refiere que tanto la detención como la prolongación de la privación de la libertad constituyen u n daño antijurídico que debe ser reparado, pues, al no haberse demostrado su culpabilidad, se vulneró su derecho fundamental a la libertad y la medida resultó injustificada dentro del proceso penal.

2 Expediente físico, folios 12-213

MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA RADICADO: 680013333011-2018-00264-01

DEMANDANTES: FAISULY GONZALEZ PINTO Y OTROS

2 Expediente físico, folios 12-213

MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA RADICADO: 680013333011-2018-00264-01

DEMANDANTES: FAISULY GONZALEZ PINTO Y OTROS DEMANDADAS: NACION – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

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B. Contestaciones

1. La NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 3 se opone a las pretensiones. Manifiesta que los hechos señalados no cumplen con los presupuestos necesarios para establecer la responsabilidad de la administración judicial. Sostiene, en relación con la actuación de los jueces penales, que sus decisiones se emitieron conforme a la Constitución y la ley, sin que pueda atribuírsele una falla en el servicio.

Considera que se configuran las causales eximentes de responsabilidad, hecho exclusivo y determinante de un tercero y culpa exclusiva de la víctima. Enfatiza que la Fiscalía fue quien incurrió en una deficiencia investigativa y probatoria, de manera que sería esta la responsable del presunto daño. Agrega que la privación de la demandante ocurrió por su presunta participación en el delito investigado. Expone que las pesquisas y el seguimiento efectuado por la Policía Nacional permitieron recolectar elementos materiales probatorios e información, que daba cuenta de su posible participación en los hechos , es decir que, se cumplían los presupuestos para configurar la inferencia razonable.

Policía Nacional permitieron recolectar elementos materiales probatorios e información, que daba cuenta de su posible participación en los hechos , es decir que, se cumplían los presupuestos para configurar la inferencia razonable. Dice que, a pesar de que posteriormente se decretó la preclusión de la investigación, esta decisión no obedeció a la ausencia de responsabilidad de la demandante, sino a la imposibilidad de llevar a cabo las audiencias programadas por el juzgado de conocimiento debido a manio bras dilatorias y aplazamientos atribuibles a los abogados de la defensa, que llevaron a precluir la investigación por prescripción de la acción penal.

2. La NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 4 se opone a las pretensiones. Afirma que no se configuran los presupuestos esenciales de responsabilidad patrimonial en cabeza de la entidad, porque sus decisiones se fundamentaron en las normas sustantivas y procesales vigentes.

Advierte que no tiene funciones jurisdiccionales y, por tanto, no está le gitimada en la causa por pasiva para responder por la decisión judicial que se reprocha. Argumenta que las decisiones adoptadas, como la imposición de la medida de aseguramiento, fueron avaladas por el juez de control de garantías, de conformidad con los elementos probatorios presentados. Refiere que se configura la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, porque la medida consistente en la detención privativa de la libertad en obedeció a que el comportamiento de la demandante pr ovocó que se iniciara una investigación en su contra. Considera que si su responsabilidad se viera comprometida cada vez que se declara la preclusión de una investigación o se profiere una sentencia absolutoria, se estaría

en obedeció a que el comportamiento de la demandante pr ovocó que se iniciara una investigación en su contra. Considera que si su responsabilidad se viera comprometida cada vez que se declara la preclusión de una investigación o se profiere una sentencia absolutoria, se estaría desconociendo la potestad punitiv a del Estado, lo cual, consecuentemente, implicaría la denegación de justicia. Expone que no se pueden reconocer los perjuicios reclamados, porque la demandante no cumplió a cabalidad con la medida preventiva, pues está siendo investigada por el delito de fuga de presos en 4 procesos, por los hechos ocurridos los días 13 de junio de 2014, 7 de julio de 2015, 14 de agosto de 2015 y 28 de julio de 2016.

3Expediente físico, folios 101-112 4 Expediente físico, folios 41-794

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DEMANDANTES: FAISULY GONZALEZ PINTO Y OTROS DEMANDADAS: NACION – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

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C. La sentencia apelada5

En la sentencia del 5 de noviembre de 2019 el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga niega las pretensiones. Como fundamento de su decisión, el a quo señala que no hubo un daño antijurídico

En la sentencia del 5 de noviembre de 2019 el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga niega las pretensiones. Como fundamento de su decisión, el a quo señala que no hubo un daño antijurídico en la privación de la libertad de la demandante, dado que su detención se fundamentó en el cumplimiento de todos los presupuestos legales para imponer la medida de aseguramiento. Sost iene que la Fiscalía contaba con elementos materiales probatorios derivados de labores de seguimiento, allanamientos e interceptaciones, los cuales comprometían seriamente la presunta participación de la demandante en los delitos imputados. Precisa que, d e acuerdo con la formulación de cargos, su rol dentr o de la organización consistía en transportar dinero y formatos de apuestas de chance clandestino, lo que justificó la restricción de su libertad. Resalta que la prescripción de la acción penal no obedeció a la ausencia de responsabilidad de la demandante, sino a maniobras dilatorias de la defensa que impidieron la realización de audiencias en doce oportunidades. Destac a que el abogado de la demandante fue responsable de cinco de estos aplazamientos, y que en otra ocasión no se pudo realizar la diligencia p or ausencia de defensa técnica. Advierte que se configuró la causal eximente de responsabilidad consistente en el hecho exclusivo de la víctima. Afirma que la demandante se encontraba ejerciendo actividades reprochables desde la perspectiva penal y que, además, su defensa adoptó una conducta dilatoria que impidió la continuación del proceso, lo que llevó a la extinción de la acción penal. Explica que, aunque se produjo un daño, este no era antijurídico, pues la medida

adoptó una conducta dilatoria que impidió la continuación del proceso, lo que llevó a la extinción de la acción penal. Explica que, aunque se produjo un daño, este no era antijurídico, pues la medida de aseguramiento fue legítima y la presunción de inocencia nunca se desconoció. Finalmente, refiere, en cuanto al período comprendido entre el 10 de junio y el 2 de agosto de 2016, que la demandante incurrió en una omisión grave al no adelantar actuaciones para obtener su boleta de libertad, a pesar de que el Juez Quinto Penal del Circuito había ordenado la revocatoria de todas las medidas cautelares en su contra. Subraya que durante dicho lapso la demandante permaneció en detención domiciliaria y no justificó por qué no promovió la obtención de la boleta de libertad con prontitud, es decir, que tuvo un comportamiento negligente y despreocupado respecto de su situación procesal , lo cual también configura el eximente de responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima.

D. La apelación6

La demandante, solicita que se revoque la sentencia y que, en su lugar, se acceda a sus pretensiones respecto a la prolongación injusta de su libertad. Sostiene que su privación se extendió indebidamente por errores administrativos y negligencia en la expedición de la boleta de libertad tras la preclusión de la investigación. Ale ga que la demora de un mes y 23 días en su liberación es imputable exclusivamente a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.

Afirma que, luego de la preclusión de la investigación el 9 de junio de 2016, los funcionarios responsables omitieron expedir y remitir oportunamente la boleta de

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.

Afirma que, luego de la preclusión de la investigación el 9 de junio de 2016, los funcionarios responsables omitieron expedir y remitir oportunamente la boleta de libertad, lo que generó una prolongación indebida de su detención. Sostiene que la

5 Expediente físico, folios 211-218 6 Expediente físico, folios 222-2295

MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA RADICADO: 680013333011-2018-00264-01

DEMANDANTES: FAISULY GONZALEZ PINTO Y OTROS DEMANDADAS: NACION – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

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orden de revocar toda medida preventiva en su contra era clara, por lo que no se justifica que la Juez Coo rdinadora haya solicitado su aclaración en dos oportunidades. Advierte que, pese a la orden de libertad, en el sistema permanecía el registro de persona en detención domiciliaria, es decir, que, de haber sido requerida por la autoridad policial en la vía pública, habría sido detenida. Asegura que esta situación le impidió desplazarse dentro del territorio nacional y viajar al exterior. Argumenta que la prolongación injusta de su libertad no solo le generó angustia, estrés, sufrimiento emocional, incertidumbre y afectaciones económicas al permanecer detenida sin justificación legal, sino que también impactó negativamente a su familia.

E. Trámite en segunda instancia y alegaciones

generó angustia, estrés, sufrimiento emocional, incertidumbre y afectaciones económicas al permanecer detenida sin justificación legal, sino que también impactó negativamente a su familia.

E. Trámite en segunda instancia y alegaciones Mediante auto del 24 de enero de 2020 7 se admit ió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, y e l 25 de mayo de 2021 se corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindan concepto de fondo.

1. La parte demandante8 solicita que se revoque la sentencia y se acceda a sus pretensiones. R eafirma los argumentos expuestos en la demanda sobre la responsabilidad del Estado en la privación injusta de la libertad. Sostiene que la libertad debe ser absoluta y no puede estar sujeta a demoras injustificadas por parte de la administración de justicia. Argumenta que la prolongación de su libertad no solo vulneró sus derechos, sino que también impactó a su núcleo familiar.

2. La Nación – Fiscalía General de la Nación 9 pide que se confirme la sentencia. Manifiesta que solicitó la imposición de la medida de aseguramiento con base en un sólido material probatorio, que incluyó interceptaciones telefónicas, seguimientos, allanamientos y testimonios con reserva de identidad. Dice que esa solicitud fue valorada por el juez competente, quien consideró que existían razones suficientes para imponer la medida, lo que demuestra que su actuación no fue arbitraria.

Advierte que a ctuó en cumplimiento de un deber legal, conforme a la Ley 906 de 2004 y dentro de los límites de la legalidad, por lo que la imposición de la med ida

arbitraria. Advierte que a ctuó en cumplimiento de un deber legal, conforme a la Ley 906 de 2004 y dentro de los límites de la legalidad, por lo que la imposición de la med ida de aseguramiento no constituye una falla en el servicio ni genera automáticamente responsabilidad del Estado. Enfatiza que se configura el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, pues la conducta de la demandante motivó su vinculación al proceso penal, lo que rompe el nexo causal entre la actuación de la Fiscalía y el supuesto daño.

3. La Nación – Rama Judicial10 solicita que se confirme la sentencia. Explica que el juez de control de garantías decretó la medida de aseguramiento tras una valoración minuciosa del material probatorio presentado por la Fiscalía, el cual incluía interceptaciones telefónicas, vigilancia, testimonios con reserva de identidad y agentes encub iertos. Agrega que dichos elementos permitieron establecer una inferencia razonable sobre la presunta participación de la demandante en la conducta investigada.

Destaca que l a preclusión del proceso no obedeció a que la demandante fuera inocente o que el d elito no existiera, sino a la prescripción de la acción penal, derivada de las reiteradas maniobras dilatorias de la defensa que impidieron el

7 Expediente físico, folio 236 8 Expediente en Samai: Documento: 7ConstanciaSecr_OneDrive_1_21220251z(.zip) NroActua 22 zip ., índice 00022

9 Expediente en Samai: Documento: 7ConstanciaSecr_OneDrive_1_21220251z(.zip) NroActua 22 zip., índice 00022 10Expediente en Samai: Documento: 7ConstanciaSecr_OneDrive_1_21220251z(.zip) NroActua 22 zip ., índice 000226

MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA RADICADO: 680013333011-2018-00264-01

DEMANDANTES: FAISULY GONZALEZ PINTO Y OTROS DEMANDADAS: NACION – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

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avance del juicio. Sostiene que se configuró la culpa exclusiva de la víctima, porque su propia actuación y la de sus apoderados, rompe el nexo causal con el supuesto daño reclamado.

4. El Ministerio Público no rindió concepto.

II. CONSIDERACIONES

A. Competencia Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal es competente para resolver las apelaciones interpuestas contra las sentencias dictadas en primera instancia por los juzgados administrativos de su distrito judicial.

B. El problema jurídico y su resolución Con base en la reseña que antecede, la Sala plantea y resuelve el siguiente problema jurídico: ¿Se configuró el elemento del daño por la presunta prolongación de la privación de la libertad de la demandante, por la expedición de la boleta de libertad más de un mes después de que se precluyera el proceso que se

problema jurídico: ¿Se configuró el elemento del daño por la presunta prolongación de la privación de la libertad de la demandante, por la expedición de la boleta de libertad más de un mes después de que se precluyera el proceso que se adelantaba en su contra y se revocara su medida de detención domiciliaria?

Tesis: No.

Fundamento: Para que un daño sea antijurídico debe ser cierto, no puede limitarse a una mera conjetura. En materia de privación injusta de la libertad, el H. Consejo de Estado ha señalado que el daño no se configura si la medida de aseguramiento no se hace efectiva o la persona evade su cumplimiento. Adicionalmente, la Sala considera que la persona sometida a una detención en su domicilio no se encuentra privada de la libertad una vez se ha producido la orden judi cial que ordene su liberación, aunque no se libre la boleta de libertad.

En el presente caso, la medida de detención domiciliaria que pesaba sobre la demandante fue revocada expresamente en la audiencia que precluyó el proceso que se adelantaba en su cont ra, por lo que recobró su libertad inmediatamente, mas allá de que la boleta de libertad fuera expedida varias semanas después, lo que no incidió en su situación jurídica, pues se probó que la accionante no cumplió con la medida de detención que supuestamente consideraba vigente. Para sustentar la tesis de la Sala , se expondrá la meto dología para abordar el estudio de la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad . A continuación, se analizarán eventos en que el Consejo de Estado ha considerado que el daño no existe en ese tipo de casos, cuando la supuesta víctima no cumple

estudio de la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad . A continuación, se analizarán eventos en que el Consejo de Estado ha considerado que el daño no existe en ese tipo de casos, cuando la supuesta víctima no cumple la medida de detención. En tercer lugar, se explicarán las obligaciones de las entidades frente a la vigilancia de la deten ción domiciliaria y cu ándo se verifica la libertad del detenido. Por último, se mostrará c ómo en el caso concreto no se configuró un daño cierto, pues la libertad se estableció desde la orden judicial que así lo dispuso y la demandante no cumplió la supuesta medida de detención que creía vigente.

C. Marco jurídico

1. Metodología para abordar el estudio de la responsabilidad del Estado por privación de la libertad En sentencia SU -072 de 2018, la H. Corte Constitucional, siguiendo la ratio decidendi de la sentencia C -037 de 1996, sostuvo que, el artículo 90 de la Constitución Política no establece un régimen de imputación estatal exclusivo para analizar la responsabi lidad del Estado por la privación de la libertad de un7

MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA RADICADO: 680013333011-2018-00264-01

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ciudadano. Por ende, en aplicación del principio iura novit curia, es el juez, en cada

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ciudadano. Por ende, en aplicación del principio iura novit curia, es el juez, en cada caso concreto, quien determina cuál es el título de imputación más idóneo para establecer si el daño sufrido por e l ciudadano devino de una actuación irrazonable y desproporcionada que no tenía el deber de soportar.11 El tribunal constitucional reconoce que el juez administrativo, en aplicación del principio iura novit curia, puede elegir el régimen de imputación que considere más adecuado para establecer si el daño sufrido devino de una actuación inidónea, irrazonable y desproporcionada, y por este motivo, no tenía por qué soportarse12. En atención al precedente constitucional, en la actualidad el H. Consejo de Estado sostiene que en los eventos de privación de la libertad se debe estudiar, en primer lugar, si la responsabilidad del Estado se configura desde una óptica subjetiva, es decir, bajo el régimen de falla del servicio, y, de no probarse esta, se debe abo rdar el estudio del caso bajo el régimen objetivo de daño especial13. No obstante la anterior regla, en la sentencia SU072 de 2018, la Corte admite dos supuestos en los cuales el título de imputación objetiva de daño especial resulta suficiente para declarar la responsabilidad del Estado: cuando el hecho no existió o cuando la conducta era objetivamente atípica. Para la Corte, en estos dos supuestos «el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos», porque desde el inicio

suficiente para declarar la responsabilidad del Estado: cuando el hecho no existió o cuando la conducta era objetivamente atípica. Para la Corte, en estos dos supuestos «el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos», porque desde el inicio de la investigación el en te acusador y el juez deben tener claro que el hecho sí se presentó y que puede ser objetivamente típico. Explica la Corte que en estos casos «es posible predicar que la decisión de privar al investigado de su libertad resulta irrazonable y desproporcionada», de manera que el juez administrativo «puede ser laxo desde el punto de vista probatorio y valorativo»14. La falla del servicio no solo se puede predicar de la imposición de una medida de aseguramiento sin el cumplimiento de los requisitos, sino de una captura irregular. Otro evento es la prolongación de la privación de la libertad, pues es una circunstancia que no se enmarca, tal cual, dentro del título de privación injusta de la libertad como es conocido generalmente. De acuerdo con la sentencia del 30 de agosto de 2017, proferida por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, en los casos en que una persona fue condenada por la comisión de delitos y en segunda instancia se revoca la condena por uno de ellos, disminuyéndose la condena y resultando la privación de la libertad por un tiempo mayor al que finalmente fue condenado, no se está frente a una responsabilidad por pri vación injusta de la libertad (que en ese momento era visto como un título exclusivamente objetivo), sino ante un título de falla en el servicio, debido al exceso de tiempo que el actor tuvo restringido tal derecho fundamental.15

injusta de la libertad (que en ese momento era visto como un título exclusivamente objetivo), sino ante un título de falla en el servicio, debido al exceso de tiempo que el actor tuvo restringido tal derecho fundamental.15

11 Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, sentencia de tutela T -045 del 25 de febrero de 2021. M.P José Fernando Reyes Cuartas. Expediente número T-7.630.024 12 Corte Constitucional, sentencia citada SU-072 de 2018 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de abril de 2022, M .P. Fredy Ibarra Martínez, Rad. 47001233100020100055501 (5 3632). 14 En el aparte transcrito de la sentencia SU -072 de 2018, la Corte Constitucional parece estar hablando de la teoría de la falla del servicio, y más exactamente de una falla presunta, toda vez que, de una parte, reprocha el hecho de que se imponga una medida de detención preventiva sin que se tenga claro si el hecho se presentó y si es objetivamente típico, y de otra, considera que en esos casos es posibl e presumir la irrazonabilidad y desproporción, trasladando la carga probatoria para que sea la entidad demandada la que desvirtúe tal connotación. Según la Corte: «estando en ciernes la investigación, el ente acusador debe tener claro que el hecho sí se presentó y que puede ser objetivamente típico, luego, en este tipo de casos el juez administrativo puede ser laxo desde el punto de vista probatorio y valorativo, en tanto en estas circunstancias

es evidente que la Fiscalía, hoy los jueces, disponen de las herramientas necesarias para definir con certeza estos dos presu puestos y, en tal virtud, deberá ser la administración la que acredite que fueron causas ajenas e irresistibles a su gestión, las que propiciaron la imposición de la medida. Nótese que en el primer evento basta con desplegar todo el aparato investigativo para establecer si fenomenológicam ente hubo una alteración de interés jurídico penal. No puede, entonces, el juez o el fiscal imponer una medida privativa de la libertad mie ntras constata esta información, dado que esta debe estar clara desde los albores de la investigación (…) El segundo evento es una tarea que reviste una mayor sencillez en tanto depende solo de un criterio jurídico esencialmente objetivo; se trata de un cotejo entre la conducta que s e predica punible y las normas que la tipificarían; de esa manera, muy pronto debe establecer el Fiscal o el juez si la conducta encaja en alguna de las descripciones típicas contenidas en el catálogo punitivo». La Corte deriva el carácter injusto o antijurídico de la privación de la libertad del hecho de que antes de imponerse la medida de as eguramiento no se hayan adelantado todas las labores investigativas y probatorias para esclarecer los hechos, lo cual corresponde a un juicio subjetivo de falla del servicio. 15 Ver CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. SUBSE