TA SAN - Sentencia 680013333011-2019-00331-02 (07-03-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: FRANCY DEL PILAR PINILLA PEDRAZA

Bucaramanga, siete (07) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Procede la Sala a proferir sentencia de Segunda Instancia dentro del medio de control ejercido por EDWIN JULIAN MORENO VASQUEZ en contra de NACIÓN ,

RAMA JUDICIAL , CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA , DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.

I – ANTECEDENTES

1. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

1.1. En su condición de servidor de la Rama judicial, devenga mensualmente la bonificación judicial creada con el Decreto 383 de 2013.

RADICADO 680013333011-2019-00331-02

MEDIO CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE EDWIN JULIAN MORENO VASQUEZ

DEMANDADO

NACIÓN, RAMA JUDICIAL, CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

NOTIFICACIONES

ELECTRONICAS

Demandante: notificaciones@legalgroup.com.co

Demandado: dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

nurrear@cendoj.ramajudicial.gov.co Ministerio Público

NOTIFICACIONES

ELECTRONICAS

Demandante: notificaciones@legalgroup.com.co

Demandado: dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

nurrear@cendoj.ramajudicial.gov.co Ministerio Público nmgonzalez@procuraduria.gov.co LINK DEL EXPEDIENTE EXPEDIENTE DIGITAL -SAMAITEMA BONIFICACION JUDICIALNULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RAD. 680013333011-2019-00331-02

1.2. El 08 de mayo de 2018 solicitó a la entidad accionada el reconocimiento y pago de la bonificación judicial creada mediante el Decreto 383 de 2013 como factor salarial, y la consecuente reliquidación de las prestaciones sociales y demás emolumentos.

1.3. Mediante la Resolución DESAJ BUR 18 – 7080 del 18 de mayo de 2018 la entidad accionada dio respuesta desfavorable.

1.4. Contra dicha decisión se interpuso el recurso de apelación el 02 de agosto de 2018, el cual no fue resuelto por la entidad accionada.

2. Pretensiones.

Se sintetizan de la siguiente manera: 2.1. Inaplicar por inconstitucional la expresión “ constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” contenida en el artículo 1° del Decreto 383 de 203.

2.2. Declarar la nulidad de la Resolución DESAJBUR 18-7080 del 18 de mayo de 2018 proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Decreto 383 de 203.

2.2. Declarar la nulidad de la Resolución DESAJBUR 18-7080 del 18 de mayo de 2018 proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

2.3. Declarar la nulidad del acto administrativo ficto negativo configurado por el silencio guardado por el ente demandado frente a la interposición del recurso de apelación el 02 de agosto de 2018.

2.4. A título de restablecimiento del derecho se ordene al ente demandado : i) reconocer a favor de la parte demandante la bonificación judicial dispues ta en el Decreto 383 de 2013 como factor salarial y prestacional , ii) pagar las diferencias prestacionales dejadas de percibir y iii) reconocer intereses corrientes y/o moratorios sobre las sumas que resulten a su favor desde que se hizo exigible el derecho.

2.5. En lo sucesivo, se liquide la nómina del demandante con la inclusión de la bonificación judicial.

2.6. Se ajuste la condena tomando como base el índice de precios al consumidor de conformidad con el inciso final del artículo 187 del CPACA.

3. Normas violadas y concepto de violación.

Se alegan como vulneradas los arts. 2, 13, 25 y 53 de la Constitución Política de Colombia; artículo 127 del CST y artículo 2 de la Ley 4 de 1992. Como concepto de violación se aduce que la bonificación judicial constituye factor salarial en tanto es recibida de forma periódica (mensual) y como contraprestaciónNULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RAD. 680013333011-2019-00331-02

salarial en tanto es recibida de forma periódica (mensual) y como contraprestaciónNULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RAD. 680013333011-2019-00331-02

al servicio prestado, y no como algo d ado al trabajador por mera liberalidad y espontaneidad del empleador, debiendo aplicar el principio del derecho laboral de la primacía de la realidad sobre las formalidades. En consecuencia, solicita la inaplicación del Decreto 383 de 2013 por resultar contrario a los fines superiores consagrados en las normas invocadas.

4. Contestación de la demanda

La entidad accionada, se opone a las pretensiones de la demanda, manifestando que ha liquidado y pagado la asignación salarial y prestacional de sus servidores, con estricta sujeción a lo previsto en los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional para cada vigencia fiscal, pues dichos decretos, estipulan que ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido en tales normas, en concordancia con la Ley 4 de 1992 en su artículo 10º.

Si bien la entidad opera como ejecutora de los recursos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para efectos del pago de salarios y prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de esta circunscripción territorial, también lo es, que, para cumplir dicha función, la Dirección Ejecutiva se encuentra atada a los Decretos salariales que anualmente expide el Gobierno Nacional.

Finalmente, como excepciones se formularon las siguientes: inexistencia del demandado; ineptitud de la demanda; cobro de lo no debido al no haberse ordenado la citación; falta de legitimación en la causa por pasiva ; prescripción

Finalmente, como excepciones se formularon las siguientes: inexistencia del demandado; ineptitud de la demanda; cobro de lo no debido al no haberse ordenado la citación; falta de legitimación en la causa por pasiva ; prescripción trienal de los derechos reclamados; caducidad; excepción de inconstitucionalidad.

II. LA SENTENCIA APELADA

El Juzgado Administrativo Transitorio d e Bucaramanga mediante sentencia del primero (01) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) declaró probada la excepción de prescripción trienal, frente a las sumas adeudadas, causadas con anterioridad al 8 de mayo de 2015 (numeral primero) ; inaplicó por inconstitucionalidad la expresión normativa “… y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” contenida en el artículo 1° del Decreto No. 383 de 2013, y reproducida en los Decretos No. 1269 de 2015, 246 de 2016,1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021 y 471 de 2022 (numeral segundo); declaró la nulidad de los actos acusados (numeral tercero); condenó a la entidad demandada a reliquidar y pagar a favor del demandante, todas las prestaciones sociales y factores salariales reconocidos, pagados y causados desde el 08 de mayo de 2015 incluyendo en la base de liquidación como factor salarial, la bonificaci ón judicial creada mediante Decreto 383 de 2013, hasta queNULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RAD. 680013333011-2019-00331-02

salarial, la bonificaci ón judicial creada mediante Decreto 383 de 2013, hasta queNULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RAD. 680013333011-2019-00331-02

dure su vinculación laboral y continúe percibiendo dicho emolumento, debiendo revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, paga ndo las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario (numeral cuarto); denegó las excepciones propuestas relacionadas con el cobro de lo no debido, legalidad del fundamento normativo, caducidad y excepción de constitucionalidad (numeral quinto) y se abstuvo de condenar en costas (numeral sexto).

Para el efecto consideró que la parte demandante devengó la bonificación judicial en forma continua, mensual y habitual, siendo factible concluir que dicho reconocimiento no obedece a la mera liberalidad del empleador, sino que consiste en una remuneración directa del servicio, circunstancia que permite considerarla entonces como elemento constitutivo de salario, máxime cuando la propia norma estableció que tal bonificación constituye un pago mensual y por lo tanto habitual y periódico, de manera que cumple las características de ser una remuneración fija en dinero y establecida como contraprestación directa del servicio.

Consideró además que, la bonificación judicial tiene naturaleza salarial en tanto fue creada para nivelar los ingresos y reconocida como un incremento del salario de los servidores de la Rama Judicial, pero al limitarle los efectos que ella causa en la liquidación de las demás prestaciones, constituye una disminución final d el monto reconocido, por lo tanto se constituye en una desmejora en las prestaciones

los servidores de la Rama Judicial, pero al limitarle los efectos que ella causa en la liquidación de las demás prestaciones, constituye una disminución final d el monto reconocido, por lo tanto se constituye en una desmejora en las prestaciones sociales, lo cual se vislumbra como una omisión por parte del Gobierno Nacional de cumplir con el deber contemplado en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4a de 1992.

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN La entidad accionada interpone oportunamente el recurso de apelación reiterando, en extenso, todos los argumentos que fueron resueltos como excepciones previas en la oportunidad procesal pertinente, destacándose que , como razones de inconformidad contra la sentencia de primera instancia se señalan los siguientes: La actuación administrativa fue surtida conforme con la normatividad vigente a la fecha, la cual es constitucional y legal y que no ha sido objeto de suspensión, anulación o modificación alguna conocida, razón por la cual, en lo que respecta a la ejecución presupuestal y a la negación d el carácter salarial adicional al que reconocen los Decretos 383 y 384 de 2013, no resulta posible reconocer carácter salarial a las prestaciones que legalmente no la tienen.

La Ley 4ta de 1992 y el Decreto 383 y 384 de 2013 son claros, por lo que, la entidad a la que representa no puede atribuirles a las disposiciones un alcance que no tienen, toda vez que resultaría contrario al sentido natural y obvio en que deben entenderse e interpretarse las palabras, conforme a lo señalado en artículos 27 y 28 del Código Civil. Por expreso mandato legal la Bonificación Judicial

tienen, toda vez que resultaría contrario al sentido natural y obvio en que deben entenderse e interpretarse las palabras, conforme a lo señalado en artículos 27 y 28 del Código Civil. Por expreso mandato legal la Bonificación Judicial constituye factor salarial únicamente para efectos de constituir la base deNULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RAD. 680013333011-2019-00331-02

cotizaciónal Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguri dad Social en Salud, a lo que se agrega que la modificación, ajuste o variación de las normas que consagran dicho concepto es de la exclusiva competencia de Gobierno Nacional, como lo evidencian los decretos expedidos por el Ejecutivo para ajustar el monto de la referida Bonificación en las vigencias 2015 y 2016, quedando por lo tanto resuelta de plano la pretensión del interesado concerniente a “…ajustes equivalentes al IPC del 02%…”. Así las cosas, no se puede alegar nulidad de los actos enjuiciados, cuando estos se atienen, estrictamente, al ordenamiento jurídico vigente, que es el que se pide inaplicar en este caso a solicitud de parte. Insiste en el carácter no salarial de la bonificación judicial, razón por la cual las pretensiones señaladas con la demanda no están llamadas a prosperar, teniendo en cuenta que la entidad demandada está sometida al imperio de la Ley y obligada a aplicar el derecho vigente al tenor literal de su redacción, dándole estricto cumplimiento. Finalmente, no están incluidos en el presupuesto de la Rama Judicial los dineros que

en cuenta que la entidad demandada está sometida al imperio de la Ley y obligada a aplicar el derecho vigente al tenor literal de su redacción, dándole estricto cumplimiento. Finalmente, no están incluidos en el presupuesto de la Rama Judicial los dineros que se requerirían para el pago de lo pretendido por la parte actora, lo cual obedece a que el rubro de gastos de personal está planeado y calculado, teniendo en cuenta las regulaciones vigentes que regulan los salarios, prestaciones y acreencias laborales de los empleados de la Rama Judicial, por lo que de ninguna manera pueden incluirse allí mayores costos para reconocer lo pretendido por la parte actora, en tanto, no resulta acorde con las previsiones de los Decretos 383 y 384 de 2013, que establecieron el carácter salarial de la Bonificación Judicial únicamente para efectos de aportes de Seguridad Social en pensiones y salud. Frente a la prescripción trien al de los derechos laborales pretendidos por la parte actora, que no fueron reclamados oportunamente, se solicita tenerse en cuenta que la parte demandante radicó la petición ante la Seccional Bucaramanga el 07 de mayo de 2018, mediante la cual reclamó el rec onocimiento de la bonificación judicial contenida en los Decretos 383 y 384 de 2013 como factor salarial, durante el tiempo que se ha desempeñado como funcionario / empleado de la rama judicial, razón por la cual, las sumas reclamadas con anterioridad al 07 de mayo de 201 5, se encuentran prescritas, aspecto frente al que solicita su confirmación. En relación con la excepción de caducidad, la parte demandante debió pretender la nulidad de los decretos salariales dentro del término contemplado en el artículo 138

encuentran prescritas, aspecto frente al que solicita su confirmación. En relación con la excepción de caducidad, la parte demandante debió pretender la nulidad de los decretos salariales dentro del término contemplado en el artículo 138 del CPACA, de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 137 ibidem, puesto que la parte accionante lo que pretende es el restablecimiento automático de un derecho (reliquidación de salarios y prestaciones causados desde el 2013) y que no demandó las normas que regulan su remuneración, razón por la cual no encuentra justificable que la parte accionante pueda ser excusada de no haber atacado la vigencia de aquellas normas que se encuentra vigentes.

IV. PRONUNCIAMIENTOS FRENTE AL RECURSO DE APELACIÓN Dentro de la oportunidad procesal de que trata el numeral 4° del art. 247 de la Ley 1437 de 2011, ninguna de las partes concurrió. La señora Agente del Ministerio Público no rindió concepto de fondo.NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RAD. 680013333011-2019-00331-02

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Cuestión previa

Si bien en anteriores oportunidades la suscrita ponente se manifestaba impedida en asuntos de esta naturaleza, en atención al pronunciamiento de fecha 25 de julio de 20241 en un caso de contornos idénticos a través del cual el H. Consejo de Estado declaró infundado el impedimento manifestado por todos los magistrados de esta Corporación al considerar que «dado que los magistrados no señalaron que han presentado demanda o te ngan pleito pendiente en el cual se debata el asunto del

declaró infundado el impedimento manifestado por todos los magistrados de esta Corporación al considerar que «dado que los magistrados no señalaron que han presentado demanda o te ngan pleito pendiente en el cual se debata el asunto del proceso o hubieran defendido y obtenido dicho beneficio entre otras circunstancias, no se configura la causal de impedimento señalada », se avocará el estudio del asunto en aras de garantizar el principio de celeridad y de acceso a la administración de justicia.

2. Problemas jurídicos

PJ 1 ¿Es procedente la inaplicación por inconstitucionalidad de la expresión normativa «… y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud» contenida en el artículo 1° del Decreto No. 383 de 2013 , por medio de la cual se creó la bonificación judicial para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial? PJ 2. ¿Como consecuencia de lo anterior, hay lugar a declarar la nulidad del acto administrativo demandado y a reconocer al demandante la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales? 3.Tesis de la Sala

PJ 1 y PJ 2: Sí, al tratarse de una remuneración permanente y periódica, recibida como contraprestación por los servicios prestados, y con la finalidad de mejorar o incrementar la remuneración de los servidores de la Rama Judicial, dado que, se configuran los elementos constitutivos de salario, por tanto, debe reconocérsele sus efectos prestacionales, destacándose que la sostenibilidad de la entidad accionada no puede prevalecer sobre los derechos fundamentales de los trabajadores.

4.Marco Jurídico y Jurisprudencial.

sus efectos prestacionales, destacándose que la sostenibilidad de la entidad accionada no puede prevalecer sobre los derechos fundamentales de los trabajadores.

4.Marco Jurídico y Jurisprudencial.

4.1 De la Bonificación judicial dirigida a los servidores de la Rama Judicial.

1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA

• SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES Bogotá, D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Impedimento Radicación: 6800133-33-010-2017-00286-01 (3474 -2024) Deman dante: Alicia Martínez Ulloa y otros1 Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración JudicialNULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RAD. 680013333011-2019-00331-02

La Constitución Política de Colombia, en el artículo 150 numeral 19, literal e y f ordena al Congreso de la República, dictar las normas generales para que el Gobierno Nacional fijara el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública y regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales; dicho mandato constitucional, fue materializado en la ley 4 de 1992, fijándose normas generales, objetivos y criterios. En el artículo 2º numeral a, dispuso como pauta: «El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán

generales, objetivos y criterios. En el artículo 2º numeral a, dispuso como pauta: «El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales».

Más adelante, mediante el Decreto 383 de 2013, el Gobierno en ejercicio de las facultades otorgadas en la ley 4ª de 1992, creó la Bonificación judicial dirigida a los servidores de la Rama Judicial, la cual se reconoció a partir del 1º de enero de 2013, de manera mensual, mientras el servidor público permanezca en el servicio. Al respecto, el artículo 1º estableció:

«Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1° de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año al valor que se fija en las siguientes tablas, así:(…)».

En el artículo citado se precisa que la bonificación judicial será reconocida a partir del 1° de enero de 2013 , se cancelará mensualmente por el servidor en tanto

servicio y corresponde para cada año al valor que se fija en las siguientes tablas, así:(…)».

En el artículo citado se precisa que la bonificación judicial será reconocida a partir del 1° de enero de 2013 , se cancelará mensualmente por el servidor en tanto permanezca en el servicio. Asimismo, advierte que esta solo será tenida en cuenta para la cotización en el sistema general de pensiones y para el sistema de seguridad social en salud.

No obstante, el artículo 14 de la Ley 50 de 1990, estableció que «Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras,NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RAD. 680013333011-2019-00331-02

valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas y comisiones.» Así mismo, el artículo 12 del Decreto No. 717 de 1978, señaló que, además de la asignación básica mensual fijada por la ley para cada empleo, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el funcionario o empleado, estableciendo: «(…) Además de la asignación básica mensual fijada por la ley para cada empleo, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribución por sus servicios (…)» El H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

empleo, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribución por sus servicios (…)» El H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, mediante Sentencia del seis (06) de abril de dos mil veintidós (2022), se refirió al carácter salarial de la bonificación judicial así2: «(…) En este orden de ideas, para la Sala es claro que la bonificación judicial creada mediante Decreto No. 0382 de 2013, al ser un pago que reciben los empleados y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, de forma habitual y periódica en contraprestación a sus servici os, no habría motivo alguno para desconocer su carácter salarial, máxime si se tiene en cuenta que fue creada precisamente para materializar una nivelación salarial dispuesta en una Ley marco, Aceptar lo contrario, implicaría desconocer abiertamente los límites a la facultad otorgada por el Congreso al Gobierno Nacional y desatentar principios de rango constitucional como la progresividad, la primacía de la realidad sobre las formas y los límites protectores señalados por el Constituyente en el artículo 53 de la Carta Política (…)».

4.2 De la excepción de inconstitucionalidad3

De conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política, en su primer inciso: «La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales». Como se aprecia, la «excepción de inconstitucionalidad» es una consecuencia del mandato de superioridad o prevalencia de las normas constitucionales sobre las

Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales». Como se aprecia, la «excepción de inconstitucionalidad» es una consecuencia del mandato de superioridad o prevalencia de las normas constitucionales sobre las demás disposiciones del ordenamiento jurídico, en la medida en que tal ordenamiento se fundamenta y se estructura sobre los preceptos de la Carta Política.

2 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA CONJUEZ PONENTE: CARMEN ANAYA DE CASTELLANOS, seis (6) de abril de dos mil veintidós (2022) Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 6001233300020180041401 (0470-2020) Demandante: María Elide Acosta Henao 3 CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL Consejero ponente (E): Óscar Darío Amaya Navas D.C., 2 de noviembre de 2021 Número único: 11001030600020210009700

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas Partes: Defensoría de Fami lia del

Grupo de Protección del ICBF (Regional Bogotá) y Juzgado Diecinueve de Familia de BogotáNULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RAD. 680013333011-2019-00331-02

Precisamente por razón de la prevalencia constitucional, la jurisprudencia y la doctrina, en el derecho colombiano, han desarrollado la figura de la excepción de inconstitucionalidad que, en sín tesis, consiste en la posibilidad que tienen los operadores jurídicos en un caso concreto, de no aplicar la ley u otra norma cuando

doctrina, en el derecho colombiano, han desarrollado la figura de la excepción de inconstitucionalidad que, en sín tesis, consiste en la posibilidad que tienen los operadores jurídicos en un caso concreto, de no aplicar la ley u otra norma cuando observan que es ostensiblemente opuesta a una norma constitucional. Obsérvese que el artículo 4 de la Carta Política no se r efiere simplemente a una contradicción, oposición o antinomia entre la norma constitucional y la de inferior jerarquía, sino a una incompatibilidad, vocablo que el Diccionario de la Lengua Española define, en su primera acepción, como «Repugnancia que tien e una cosa para unirse con otra, o de dos o más personas entre sí». Por lo tanto, debe entenderse que una norma de inferior jerarquía es incompatible con una disposición constitucional cuando ambos preceptos no pueden subsistir y aplicarse al mismo tiempo , para solucionar determinada situación jurídica. En tal evento, como lo ordena el artículo 4 de la Carta, es indudable que debe aplicarse la norma superior, aunque ello implique dejar de aplicar (total o parcialmente) la norma de inferior jerarquía. A su turno, la sentencia T -681 de 2016 emitida por el máximo órgano de la jurisdicción constitucional, es la que emite un listado taxativo de causales de procedencia en la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, así: «Dicha facultad puede ser eje rcida de manera oficiosa o a solicitud de parte cuando se está frente a alguna de las siguientes circunstancias:

3.1.1.1. La norma es contraria a las cánones superiores y no se ha producido un pronunciamiento sobre su constitucionalidad, toda vez que “de

cuando se está frente a alguna de las siguientes circunstancias:

3.1.1.1. La norma es contraria a las cánones superiores y no se ha producido un pronunciamiento sobre su constitucionalidad, toda vez que “de ya existir un pronunciamiento judicial de carácter abstracto y concreto y con efectos erga omnes, la aplicación de tal excepción de inconstitucionalidad se hace inviable por los efectos que dicha decisión genera, con lo cual cualquier providencia judicial, incluidas las de las acciones de tutela deberán acompasarse a la luz de la sentencia de control abstracto que ya se hubiere dictado;

3.1.1.2. La regla formalmente válida y vigente reproduce en su contenido otra que haya sido objeto de una declaratoria de inexequib ilidad por parte de la Corte Constitucional o de nulidad por parte del Consejo de Estado, en respuesta a una acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad según sea el caso; o,

3.1.1.3. En virtud de la especificidad de las condiciones del caso particular, la aplicación de la norma acarrea consecuencias que no estarían acordes a la luz del ordenamiento iusfundamental. En otras palabras, “puede ocurrir también que se esté en presencia de una norma que, en abstracto, resulte conforme a la Constitución, pero no pueda ser utilizada en un caso concreto sin vulnerar disposiciones constitucionales».NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RAD. 680013333011-2019-00331-02

Finalmente, respecto de la aplicabilidad de la excepción de inconstitucionalidad a los decretos salariales proferidos por el gobierno nacional a partir del año 2008, la

RAD. 680013333011-2019-00331-02

Finalmente, respecto de la aplicabilidad de la excepción de inconstitucionalidad a los decretos salariales proferidos por el gobierno nacional a partir del año 2008, la reciente sentencia de unificación del Consejo de Estado4 reafirmó su procedencia al señalar:

«Frente a los decretos salariales expedidos por el G obierno Nacional que reprodujeron el contenido de aquellos declarados nulos mediante la sentencia de 29 de abril de 2014, la Sala encuentra procedente acoger la excepción de inconstitucionalidad rogada por la parte actora, en cuanto las disposiciones allí contenidas vulneran garantías laborales mínimas de los beneficiarios de la prima especial, en aplicación del artículo 4 de la Constitución Política, relativo a la prevalencia del texto superior frente a las leyes y otras formas jurídicas (…)».

5. Caso Concreto

Pretende la entidad accionada se revoque la decisión de primera instancia por cuanto considera que la bonificación judicial de la que trata el Decreto 383 de 2013 no constituye factor salarial , razón suficiente por la cual no hay lug ar a ordenar la reliquidación de las prestaciones sociales de la parte actora.

En el presente asunto se tiene que el demandante EDWIN JULIAN MORENO VASQUEZ, para el momento de presentación de la demanda, se desempeña como servidor de la Rama Judicial y en tal virtud le ha sido pagada la bonificación judicial en forma continua, mensual y habitual desde el momento de su creación conforme se observa en los comprobantes de pago aportados al plenario, sin que la misma haya sido considerada al momento de la liq uidación de las demás prestaciones

en forma continua, mensual y habitual desde el momento de su creación conforme se observa en los comprobantes de pago aportados al plenario, sin que la misma haya sido considerada al momento de la liq uidación de las demás prestaciones sociales devengada