TA SAN - Sentencia 680013333011-2020-00051-01 (27-03-2025)

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SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: Dr. IVÁN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA

Bucaramanga, marzo veintisiete (27) de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 680013333011-2020-00051-01

DEMANDANTE: YOLLY MATEUS RODRÍGUEZ

notificaciones@misderechos.com.co

DEMANDADO: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

mpalomino@sena.edu.co meloco1312@hotmail.com

MINISTERIO

PÚBLICO:

JESÚS RODRÍGUEZ OROZCO

PROCURADOR 47 JUDICIAL II

procjudadm47@procuraduria.gov.co

MECANISMO: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

LINK SAMAI: 68001333301120200005101

Se decide el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, el dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), que denegó las pretensiones de la demanda, previa la siguiente reseña:

ANTECEDENTES

La Demanda.

Pretensiones.

En síntesis, la demanda refiere como tales, las siguientes:

“Que se declare constituido el SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO respecto del escrito de derecho de petición de fecha de radicado 31 de enero de 2019 toda vez que el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA no le dio contestación al mismo.

del escrito de derecho de petición de fecha de radicado 31 de enero de 2019 toda vez que el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA no le dio contestación al mismo.

Que se declare la nulidad del ACTO FICTO producto del SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO constituido en la pretensión anterior.

Que se DECLARE que el (la) accionante YOLLY MATEUS RODRÍGUEZ fungió como EMPLEADO PÚBLICO DE HECHO del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA durante el período comprendido entre el 1º DE MARZO DE

2009 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se CONDENE al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA a pagarle a YOLLY MATEUS RODRÍGUEZ las diferencias salariales entre lo pagado por la entidad a los INSTRUCTORES de planta o CARGOS SIMILARES Y/O E QUIVALENTES EN DENOMINACIÓN Y FUNCIONES a las ejercidas por la parte actora y lo pagado a la demandante bajo contratos de prestación de servicios, en el período comprendido desde el 1º DE MARZO DE 2009 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016., y todas las acreencias laborales a las que la demandante tiene derecho.Sentencia de Segunda Instancia Radicado 680013333011-2020-00051-01

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Hechos.

En síntesis, en la demanda se narran como sustentos fácticos los siguientes:

La parte actora sostuvo que prestó sus servicios de manera personal al servicio del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, durante el período comprendido entre el

Hechos.

En síntesis, en la demanda se narran como sustentos fácticos los siguientes:

La parte actora sostuvo que prestó sus servicios de manera personal al servicio del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, durante el período comprendido entre el 1° de marzo de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2016 , bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios sucesivos, habituales y sin interrupción, los cuales tenían como objeto desempeñar la actividad de instructor.

Así mismo, indicó que , durante la totalidad de los contratos celebrados entre las partes, la señora Yolly Mateus Rodríguez desarrolló sus labores de manera personal y continua, cumpliendo un horario de ocho horas diarias de lunes a viernes en la entidad y con las herramientas suministradas por la misma, en donde recibió felicitaciones, llamados de atención y sanciones.

Mencionó que las funciones desempeñadas tenían vocación de permanencia, y se encaminaron al cumplimiento de la misión de la entidad, ejercida sin autonomía, de acuerdo a las directrices de sus superiores, siguiendo manuales y protocolos de la entidad, que debía solicitar autorización del jefe inmediato para ausentarse.

Finalmente, el 31 de enero de 2019, solicitó el pago de las acreencias laborales y prestaciones sociales por todo el tiempo laborado, y transcurridos tres meses, no obtuvo respuesta de fondo, de manera que se configuró el silencio administrativo negativo.

Normas violadas y Concepto de violación.

Constitucionales:

prestaciones sociales por todo el tiempo laborado, y transcurridos tres meses, no obtuvo respuesta de fondo, de manera que se configuró el silencio administrativo negativo.

Normas violadas y Concepto de violación.

Constitucionales: - Artículos 1º, 2º, 4º, 6º, 13, 14, 25, 29, 48, 53, 58, 121, 122, 123, 125, 126, 209, 277 y 351-1.

Legales: - La Ley 6ª de 1945, el Decreto 2127 de 1945, el Decreto 3135 de 1968, el Decreto 1042 de 1978, el Decreto 1045 de 1978, el Decreto 2400 de 1979, el Decreto 3074 de 1968, el Decreto 3135 de 1968 (artículo 8º), la Ley 4ª de 1992, la Ley 332 de 1996, la Ley 1437 de 2011, la Ley 1564 de 2012, la Ley 1952 de 2019, la Ley 100 de 1993 (artículos 15,17, 18, 20, 22, 23, 128, 157, 161, 195 y 204), la Ley 244 de 1995, la Ley 443 de 1998, la Ley 909 de 2004, la Ley 80 de 1993

(artículo 32), la Ley 4ª de 1990 (artículo 8 º), el Decreto 1250 de 1970 (artículos 5º y 71), el Decreto 2400 de 1968, la Ley 6ª de 1945, el Decreto 2127 de 1945,

el Decreto 1950 de 1973 (artículos 108, 180, 215, 240, 241 y 242), el Decreto 1919 de 2002 (artículo 2º), el Código Sustantivo del Trabajo (artículos 23 y 24), la Ley 1438 de 2008 (artículo 59), el Decreto 2929 de 2016 y el Decreto 3148 de 1968.

Indica la parte demandante que, se incurrió en una infracción al desconocer una relación laboral verdadera, al ocultarla bajo contratos de prestación de servicios que no cumplían los requisitos legales establecidos en la Ley 80 de 1993. La actividad desempeñada como instructor tenía vocació n de permanencia y estaba alineada con los objetivos misionales del SENA, que ya contaba con personal de planta para realizar las mismas funciones bajo relación legal y reglamentaria. Este acto administrativo vulneró el principio de primacía de la realidad sobre las formas, al noSentencia de Segunda Instancia Radicado 680013333011-2020-00051-01

3 reconocer la verdadera relación laboral, y atentó contra el principio de igualdad, al no otorgar a la accionante los derechos laborales y prestaciones que recibieron otros empleados en situación similar. Además, se alteró la naturaleza de la función pública y se citó una sentencia del Consejo de Estado que señala que los elementos clave de una relación laboral son la prestación del servicio, la remuneración y la subordinación, los cuales estaban presentes en este caso.

Contestación a la Demanda.

El demandado -SENAse opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que la vinculación de la actora fue mediante contratos de prestación de servicios, con intervalos de tiempo y objetivos distintos a las funciones de un cargo

Contestación a la Demanda.

El demandado -SENAse opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que la vinculación de la actora fue mediante contratos de prestación de servicios, con intervalos de tiempo y objetivos distintos a las funciones de un cargo institucional. Sostuvo que todo el persona l, independientemente de la modalidad, debe cumplir con la misión de la entidad y que las actividades contractuales debían realizarse según el cronograma, con los contratistas ajustando horarios y tareas, lo que demostraba coordinación. Además, afirmó que la actora tenía discrecionalidad en la ejecución de sus tareas, sin subordinación, y asumía los elementos necesarios para su trabajo, sin recibir recursos de la entidad. Se asignaba un supervisor para verificar el cumplimiento, sin implicar subordinación, y la coordinación de actividades recaía sobre los contratistas.

El SENA destacó que los contratos fueron planeados adecuadamente para satisfacer necesidades específicas, con libertad en el desempeño de las tareas, sujetas a verificación. Argumentó que la falta de personal especializado en la entidad justificó la contra tación y que las cláusulas de exclusión laboral fueron aceptadas por la contratista. También mencionó que los contratos fueron interrumpidos por lapsos, lo que originó el fenómeno de prescripción, y que no se acreditaron los elementos de una relación laboral.

Finalmente, señaló que el Consejo de Estado ha rechazado demandas similares contra el SENA. Presentó excepciones de inexistencia de contrato realidad, prescripción trienal y una genérica o innominada.

Sentencia de Primera Instancia.

Fue proferida por el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de

contra el SENA. Presentó excepciones de inexistencia de contrato realidad, prescripción trienal y una genérica o innominada.

Sentencia de Primera Instancia.

Fue proferida por el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, el trece (13) de marzo de dos mil diecinueve (2019), que denegó las pretensiones de la demanda, previa la siguiente reseña:

“PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda presentada por YOLLY MATEUS RODRÍGUEZ contra el S ERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA–. Lo anterior, de acuerdo con las consideraciones de la parte motiva.

SEGUNDO. No hay lugar a condenar en costas.

TERCERO. Ejecutoriada la presente providencia, por secretaría ARCHIVAR el expediente.

(…)”

El A quo, de conformidad con los documentos que reposan en el plenario, verificó que, durante los años 2009 a 2016 , la demandante prestó su servicio al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, por el cual, recibió una remuneración.Sentencia de Segunda Instancia Radicado 680013333011-2020-00051-01

4 Se acredita que la actora y el SENA firmaron nueve contratos de prestación de servicios entre 2009 y 2016, con el objetivo de impartir formación profesional en diversas áreas. La actora argumenta que existía subordinación debido a la imposición de horarios , sede, materiales y la necesidad de autorización para ausentarse. Sin embargo, los testigos indican que la prestación del servicio se debía hacer en horarios y lugares específicos para cumplir con el objeto del contrato, lo

imposición de horarios , sede, materiales y la necesidad de autorización para ausentarse. Sin embargo, los testigos indican que la prestación del servicio se debía hacer en horarios y lugares específicos para cumplir con el objeto del contrato, lo cual es una coordinación necesa ria para la educación de los estudiantes y no una muestra de subordinación. Además, la actora tenía cierta autonomía, ya que para ausentarse de las clases no necesitaba permiso, lo que refuerza la idea de una relación más flexible que dependiente.

Así mismo, observó que el control y vigilancia sobre la ejecución del contrato estaban a cargo de un supervisor, lo cual es habitual en contratos con entidades estatales y no implica subordinación. La Ley 80 de 1993 establece que las entidades tienen el derecho y el deber de verificar el cumplimiento de los contratos, lo que justifica la existencia de un control en este tipo de relaciones. Finalmente, no se presentó evidencia de que la actora hubiera recibido felicitaciones, sanciones o llamados de atención, y no se e ncontró constancia de ello en el expediente, por lo cual, no se logró desvirtuar la relación contractual, y por ende, la presunción de legalidad del acto acusado.

Respecto a las costas procesales, no se condenó, de conformidad con los artículos 18 del 00 y 365 Del Código General del Proceso.

Recurso de apelación.

La parte demandante, solicita la revocatoria de la sentencia de primera instancia, y en su lugar, que se acceda a las pretensiones de la demanda, manifestando que, para el caso concreto, existe la concurrencia de los elementos propios de la relación laboral. Indica en primer lugar, que la demandante cumple en la entidad con un cargo

en su lugar, que se acceda a las pretensiones de la demanda, manifestando que, para el caso concreto, existe la concurrencia de los elementos propios de la relación laboral. Indica en primer lugar, que la demandante cumple en la entidad con un cargo y funciones acordes con la actividad misional del SENA, la cual es la educación de los colombianos, el aprendizaje y la enseñanza, por lo cual, el cargo de instructor, como persona que imparte conocimiento, no es ajeno a dichas actividades, pues, por el contrario, es vital para la consecución del objetivo principal de la entidad.

En la entidad existe el cargo de instructor en la planta de personal, tal como lo confirmaron los mismos testigos de la demandada, claramente constituye no solo una violación flagrante al derecho al trabajo y a la dignidad , sino también a la igualdad, pues es abiertamente desproporcionado que una entidad de naturaleza pública, se permita contratar personal para un mismo cargo, bajo diferentes formas de vinculación, desconociendo en algunos, garantías laborales mínimas, máxim e cuando no existe diferencia alguna entre las respon sabilidades o funciones asignadas.

Así mismo, señala como injusto e indigno, que se vinculen instructores de planta, admitiendo sobre ellos una relación laboral subordinada y pagándole s todos los derechos sociales, laborales y prestacionales, y la demandada vincule personal para ejercer el mismo cargo y las mismas actividades, negando sobre ellos la subordinación, alegando la existencia de un contrato civil y negándoles la posibilidad de acceder a los derechos laborales mínimos.

Finalmente, indica que , de la imposición de un horario de trabajo, tal como se demostró con los testimonios, acudir al lugar de prestación del servicio, cumplir conSentencia de Segunda Instancia

de acceder a los derechos laborales mínimos.

Finalmente, indica que , de la imposición de un horario de trabajo, tal como se demostró con los testimonios, acudir al lugar de prestación del servicio, cumplir conSentencia de Segunda Instancia Radicado 680013333011-2020-00051-01

5 órdenes directas impartidas por sus superiores, ceñirse al reglamento interno de la entidad, es configurativo al elemento de subordinación.

Trámite en segunda instancia.

Una vez concedido el recurso de apelación, mediante providencia del dieciocho (18) de febrero de dos mil veintidós (2022), se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada. De dicho trámite se destaca lo que sigue:

Las partes demandante y demandada no se pronunciaron en esta etapa procesal.

El Ministerio Público no rindió concepto de fondo.

CONSIDERACIONES

Acerca de la competencia.

De conformidad con lo establecido en el Art. 153 del C.P.A.C.A., esta Corporación es competente para decidir el recurso.

Problema Jurídico.

El análisis de la Sala se orienta a establecer si, con ocasión de la ejecución de los contratos de prestación de servicios suscritos entre la señora YOLLY MATEUS RODRIGUEZ y el SERVICIO NACIONA L DE APRENDIZAJE – SENA, se configuraron los elementos para declarar una relación laboral, y, en consecuencia, procede el reconocimiento y pago de las prestaciones laborales reclamadas.

Solución al Problema Jurídico Planteado

Del contrato de prestación de servicios vs el contrato realidad:

configuraron los elementos para declarar una relación laboral, y, en consecuencia, procede el reconocimiento y pago de las prestaciones laborales reclamadas.

Solución al Problema Jurídico Planteado

Del contrato de prestación de servicios vs el contrato realidad:

Respecto a la contratación a través de la modalidad de prestación de servicios, la Ley de contratación estatal o Ley 80 de 1993, autoriza su celebración para aquellos eventos en que la función de la entidad contratante no puede cumplirse con personal vinculado a su planta de personal -porque el número de empleos con dichas funciones no es suficiente o porque esa actividad no está asignada a empleo algunoo cuando se requiere de conocimientos especializados para desarrollarla.

En todo caso, estos contratos están caracterizados, entre otros aspectos, porque su vigencia es temporal, es decir, su duración debe ser por un tiempo limitado. Según el numeral 3º del artículo 32 de la precitada Ley 80 de 1993, en ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se insiste, deberán celebrarse por el término estrictamente indispensable.

Así mismo, la normatividad que regula la Función Pública, ordena que el desarrollo de la función administrativa del Estado en forma permanente, ha de hacerse sólo a través del ejercicio de funciones adscritas al respectivo empleo al que, por mandato Constitucional, de manera general se accede mediante concurso y con el cumplimiento de los requisitos de nombramiento y posesión, con sujeción a un régimen legal y reglamentario.

El desempeño de un “empleo”, con el lleno de los requisitos para ello, genera una relación laboral entre quien lo desempeña y la entidad a cuya planta está asignadoSentencia de Segunda Instancia

régimen legal y reglamentario.

El desempeño de un “empleo”, con el lleno de los requisitos para ello, genera una relación laboral entre quien lo desempeña y la entidad a cuya planta está asignadoSentencia de Segunda Instancia Radicado 680013333011-2020-00051-01

6 y deberá ser, en todo caso, realizado en forma personal, bajo una continua subordinación y con una contraprestación económica previamente presupuestada.

Dicho lo anterior, si logran desvirtuarse tanto la autonomía e independencia en la prestación del servicio, como la temporalidad propia de un contrato de prestación de servicios, y probarse los elementos de la relación laboral -la prestación personal del servicio de manera permanente, la remuneración, la subordinación y dependencia en el desarrollo de la actividad -, necesariamente deberá declararse que se utilizó equívocamente la figura contractual para encubrir la naturaleza real de la labor desempeñada, c onfigurándose así, el contrato realidad en aplicación de los principios consagrados en el artículo 13 y 53 de la Carta Política.

De la misma forma, en armonía con el Art. 53 superior que consagra la primacía de la realidad sobre la forma, la Corte Constitucional 1 ha sido enfática en afirmar que de configurarse los elementos propios de una relación laboral entre el Estado y el particular, entre ellos el de subordinación (diferente al de coordinación), pese a la suscripción de un contrato de prestación de servicios, primará la realidad sobre la forma, procediendo a declararse la existencia de esta relación con todos los efectos que ello implica, es decir, el reconocimiento de las prestaciones sociales que fueron desconocidas por el empleador y que por decisión judicial le serán pagaderas

la forma, procediendo a declararse la existencia de esta relación con todos los efectos que ello implica, es decir, el reconocimiento de las prestaciones sociales que fueron desconocidas por el empleador y que por decisión judicial le serán pagaderas al servidor a título de indemnización, teniendo como base para liquidar la indemnización el respectivo contrato de prestación de servicios.

Sumado a lo anterior, la jurisprudencia ha establecido que para que pueda accederse al pago de prestaciones sociales en los contratos de prestación de servicios debe darse la acreditación de los tres elementos de la relación laboral, a saber, i) la prestación de servicio es personal; ii) subordinada de manera continuada; y iii) remunerada, con especial atención en la subordinación o dependencia, a la vez que se señaló, que en situaciones específicas de mera coordinación no se configura subordinación, evento en el cual no se encubriría una relación laboral2.

Ciertamente, ha señalado la Máxima Corporación de lo Contencioso Administrativo que dentro de las características principales del contrato de prestación de servicios esta la prohibición del elemento de subordinación continuada del contratista, en tanto que quien se vincula bajo esta calidad –contratistadebe tener la autonomía para actuar con independencia atado solo a los términos del contrato y de la ley contractual3, “los cuales no pueden versar sobre el ejercicio de funciones permanentes”4, entendiéndose que corresponde a una vinculación de carácter excepcional, lo que de suyo implica que no puede ser utilizada para el desempeño funciones públicas de carácter permanente o de aquellas que se encuentren previstas en la ley o el reglamento para un empleo público.

Bajo estos parámetros, la jurisprudencia sostiene que la figura del contrato realidad

funciones públicas de carácter permanente o de aquellas que se encuentren previstas en la ley o el reglamento para un empleo público.

Bajo estos parámetros, la jurisprudencia sostiene que la figura del contrato realidad “se aplica cuando se constata la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de

1 Sentencia C-154 de 2007, entre otras. 2 Consultar entre otras, la sentencia de fecha 26 de julio de 2018, proferida por la Sección Segunda, Subsección “A”, con ponencia del Dr. William Hernández Gómez, Exp. 4534-14. 3 Ver Sentencia de Unificación de Jurisprudencia del 25 de agosto de 2016. Consejo de Estado, Sección Segunda. Consejero Ponente Carmelo Perdomo Cuéter. Radicación 23001233300020130026001(0088 -15) CESUJ2-005-16. Lucinda María Cordero Causil contra el Municipio de Ciénaga de Oro (Córdoba) 4 Ver sentencia C-614 de 2009.Sentencia de Segunda Instancia Radicado 680013333011-2020-00051-01

7 verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación continuada propia de las relaciones laborales5.6

Del caso en concreto.

Con el fin de resolver el primer problema jurídico, se procederá a analizar si en el presente caso se configuran los tres elementos que la jurisprudencia ha señalado

continuada propia de las relaciones laborales5.6

Del caso en concreto.

Con el fin de resolver el primer problema jurídico, se procederá a analizar si en el presente caso se configuran los tres elementos que la jurisprudencia ha señalado para acreditar la existencia de una relación laboral, a saber, i) la prestación de servicio es personal; ii) subordinada de manera continuada; y iii) remunerada, con especial atención en la subordinación o dependencia:

1. De la prestación personal del servicio y las funciones ejecutadas:

La señora YOLLY MATEUS RODRIGUEZ fue vinculada al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA a través de contratos sucesivos de prestación de servicios, dentro del periodo comprendido entre el 1° de marzo de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2016, de acuerdo con las certificaciones allegadas en el expediente físico, con el fin de prestar sus servicios, así:

No. contrato Duración Objeto Valor 112 Ocho (8) meses y veintiocho (28) días. (Del 17/03/2009 al 13/10/2009) Prestar los servicios profesionales de carácter temporal como instructor impartiendo formación profesional integral en los programas de Formación Titulada y Complementaria y actividades relacionadas con el proceso de formación (1000 horas). $19.427.400 Adición 112 Adición de 10 horas y se prorrogó la duración por 10 días $1.935.000 101 Once (11) meses. (Del 26/01/2010 al 25/12/2010) Prestar los servicios profesionales de carácter temporal como instructor en la

duración por 10 días $1.935.000 101 Once (11) meses. (Del 26/01/2010 al 25/12/2010) Prestar los servicios profesionales de carácter temporal como instructor en la orientación de proyectos en formación titulada. $27.610.000

Interrupción: 30 días hábiles

351 Cuatro (4) meses y veinticuatro (24) días. (Del 10/02/2011 al 30/06/2011) Prestar los servicios profesionales de carácter temporal como instructor, para orientar proyectos en áreas específicas en desarrollo del programa “Integración con la educación media en formación titulada”, del centro de servicios Empresariales y Turísticos , según el plan operativo 2011. $12.360.000

1310 Cinco (5) meses. (Del 21/07/2011 al 20/12/2011) Prestar los servicios profesionales de carácter temporal como instructor para impartir formación en desarrollo del programa “Integración con la Educación Media en Formación Titulada y Complementaria” del Centro de Servicios Empresariales y Turísticos en el área de T E COMPRAS Y

SUMINISTROS.

$12.875.000 340 Cinco (5) meses y doce (12) días. (Del 24/01/2012 al 04/07/2012) $14.040.000 1208 Cinco (5) meses. (Del 15/08/2012 al 15/12/2012) $14.960.000

(Del 24/01/2012 al 04/07/2012) $14.040.000 1208 Cinco (5) meses. (Del 15/08/2012 al 15/12/2012) $14.960.000

5 Ver Sentencia de Unificación de Jurisprudencia CE-SUJ2-005-16. 6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de fecha 26 de julio de 2018, C.P. Dr. William Hernández Gómez, Exp. 4534-14.Sentencia de Segunda Instancia Radicado 680013333011-2020-00051-01

8 532 Diez (10) meses y nueve (9) días. (Del 04/02/2013 al 14/12/2013) $31.742.128

Interrupción: 1 año y 37 días hábiles

1370 Nueve (9) meses y veinticinco (25) días. (Del 10/02/2015 al 05/12/2015) Contratar los servicios personales de carácter temporal para impartir formación en las diferentes áreas específicas en desarrollo del programa “Integración con la Educación Media del Centro de Servicios Empresariales y Turísticos vigencia 2015”. $32.149.356

Interrupción: 37 días hábiles

927 Diez (10) meses. (Del 08/02/2016 al 09/12/2016) Prestar los servicios personales de carácter temporal para impartir formación en las diferentes áreas específicas del Centro de Servicios Empresariales y Turísticos, en el programa de articulación con la media.

09/12/2016) Prestar los servicios personales de carácter temporal para impartir formación en las diferentes áreas específicas del Centro de Servicios Empresariales y Turísticos, en el programa de articulación con la media. $33.675.100

Conforme a lo anterior, puede concluirse frente a la relación sostenida por la señora YOLLY MATEUS RODRIGUEZ con la entidad demandada, que la demandante estuvo vinculada con el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, como contratista desde el 17 de marzo de 200 9 hasta el 09 de diciembre de 2016 , prestando de manera personal sus servicios como instructora en la entidad aducida, orientando proyectos en formación titulada y e n diferentes áreas específicas en desarrollo de diversos programas , etc., razón por la cual debía presentarse en la entidad para ejecutar su labor, con lo cual , se acredita la existencia del primer requisito.

2. Contraprestación:

Acorde con las pruebas acopiadas en curso del proceso, queda demostrado que la demandante percibió honorarios por los diversos contratos de prestación de servicios suscritos con la entidad demandada, los cuales fueron pactados en cada uno de los contratos, razón por la cual se logra acreditar el segundo elemento de la relación laboral.

3. Subordinación o dependencia:

Tomando en consideración los argumentos que en la alzada el demandante sostiene, respecto a que : i) los contratos de prestación de servicios fueron con subordinación y continuos ; ii) no se analizaron adecuadamente los testimonios y pruebas documentales presentadas, los cuales prueban la existencia de una

sostiene, respecto a que : i) los contratos de prestación de servicios fueron con subordinación y continuos ; ii) no se analizaron adecuadamente los testimonios y pruebas documentales presentadas, los cuales prueban la existencia de una relación laboral; y, iii ) no existió coordinación, sino una subordinación el cumplimiento de los contratos, esta Sala luego de examinar los elementos de prueba, concluye lo siguiente:

En primer lugar, se observó que el objeto de los contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes, variaba entre la impartición de formación integral, mientras que otros se centraban en la orientación de proyectos específicos o áreas concretas como compras y suministros, dentro de programas como la integración con la educación media. Las diferencias también incluían la referencia a planes operativos de años específicos (como 2011, 2012 y 2015), lo que establecía un marco temporal para algunos roles, mientras que otros se enfocaban en la formación de diferentesSentencia de Segunda Instancia Radicado 680013333011-2020-00051-01

9 áreas dentro de la articulación con la educación media. Sin embargo , logra evidenciarse que, durante el período de prestación de servicios, existieron varias ocasiones en donde se configuró la interrupción del contrato, por constituirse más de 30 días hábiles entre la suscripción de ellos, existiendo entonces solución de continuidad.

En segundo lugar, se menciona en el recurso de apelación que las declaraciones indican la existencia de la relación laboral, las cuales fueron valoradas por el A quo al momento de dictar su resolución, de la siguiente forma:

• Del testimonio de Martha Yolanda Flórez Dulcey, estableció que el servicio de instrucción se prestaba según la programación de ofertas educativas. Del

al momento de dictar su resolución, de la siguiente forma:

• Del testimonio de Martha Yolanda Flórez Dulcey, estableció que el servicio de instrucción se prestaba según la programación de ofertas educativas. Del testimonio de Juan Pablo Villamizar Rivera, estableció que el desarrollo de las actividades tenía lugar en las instalaciones del SENA y colegios. De lo anterior, indica que el servicio debía prestarse en forma obligatoria, en un determinado horario y sede.

• Del testimonio de Martha Yolanda Flórez Dulcey, logró establecer que, para ausentarse de las clases, debía informar previamente o en el momento, pero no solicitar permiso, por lo cual, infirió un margen de autonomía de la actora que desdibuja la subordinación y dependencia.

• Respecto al suministro de instrumentos, la señora Martha Flórez señaló que se entregaban elementos de papelería de acuerdo a su disponibilidad. El señor Juan Pablo Villamizar indicó que , como instructores, tenían un puesto de trabajo, correspondiente a un salón. Sin embargo, infiere el A quo que, no se demostró que debiera acudirse de forma obl