TA SAN - Sentencia 680013333011-2021-00169-01 (30-10-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: Iván Fernando Prada Macías

Bucaramanga, treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia proferida el 8 de noviembre de 2023, por el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga.

I. Antecedentes.

1. La demanda1.

La demanda fue instaurada mediante apoderado judicial por los señores Diego Felipe Botero Rodríguez, Juan Fernando Botero Acevedo, Consuelo Acevedo de Botero, Dora Stella Botero Acevedo y Doralba Rodríguez Jaimes, quien además de actuar en nombre propio concurre en representación d el señor Henry Fernando Botero Rodríguez 2; en

1 Índice 00020 de SAMAI – Gestión en otros despachos, Carpeta «01Demanda», archivo «01Demanda». 2 Se afirma en la demanda, que el señor Henry Fernando Botero Rodríguez, presenta una pérdida de capacidad laboral del 69,2%.

Expediente: 680013333011-2021-00169-01

Medio de control: Reparación Directa

Demandantes: Diego Felipe Botero Rodríguez y Otros

diegofe_09@hotmail.com boterojuanfernando4@gmail.com drodrguez6341@hotmail.com consueloacevedo2@outlook.com doraestela_25@hotmail.com silvanazambrano_@hotmail.com info@amg.consulting

Demandados: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional

dasleg@armada.mil.co

consueloacevedo2@outlook.com doraestela_25@hotmail.com silvanazambrano_@hotmail.com info@amg.consulting

Demandados: Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional

dasleg@armada.mil.co francoabogadousta@hotmail.com Hospital Militar Central judicialeshmc@homil.gov.co Cmunoz@homil.gov.co Total Quality Control Lab Analysis S.A. gerencia@tqclaboratorio.com mariapatriciadiazsanchez@hotmail.com

Llamados en garantía: CHUBB Seguros Colombia S.A.

notificacioneslegales.co@chubb.com malzate@restrepovilla.com correos@restrepovilla.com avilla@restrepovilla.com Aseguradora Solidaria de Colombia E.C. notificaciones@solidaria.com.co noti.asesoriaseficaces@gmail.com Ministerio Público Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos nmgonzalez@procuraduria.gov.co Tema Responsabilidad médica del Estado . Derecho a la salud – diagnóstico oportuno; Lex artis –obligación de medio . VIH– algoritmo GPC 2014 -39. Falsos positivos , reacción cruzada , malaria.Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Reparación directa Exp. 680013333011-2021-00169-01

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ejercicio del medio de control de Reparación Directa, a efectos que se declare administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional, al Hospital Militar Central y a la sociedad Total Quality Control Lab Analysis S.A., por el daño antijurídico que se les causó, como consecuencia de la afectación a la salud

y extracontractualmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional, al Hospital Militar Central y a la sociedad Total Quality Control Lab Analysis S.A., por el daño antijurídico que se les causó, como consecuencia de la afectación a la salud del señor Diego Felipe Botero Rodríguez, producto de la falla en la prestación del servicio de salud consistente en el error de diagnóstico y el manejo inadecuado de la enfermedad (malaria) adquirida durante la prestación del servicio militar.

Como consecuencia de la declaración de responsabilidad, solicita la parte demandante que se condene a la reparación integral de los perjuicios inmateriales y materiales; así:

Demandante Perjuicio Moral Diego Fernando Botero Rodríguez 100 SMLMV Juan Fernando Botero Acevedo 100 SMLMV Doralba Rodríguez Jaimes 100 SMLMV Henry Fernando Botero Rodríguez 50 SMLMV Consuelo Acevedo de Botero 50 SMLMV Dora Stella Botero Acevedo 35 SMLMV

Como hechos relevantes se expuso en la demanda, que el 28 de mayo de 2018 el señor Diego Felipe Botero Rodríguez in ició la prestación del servicio militar obligatorio en la Armada Nacional como «aspirante a infante de marina», al haber sido declarado apto tras la realización de los exámenes médicos. Se indicó, que durante la prestación del servicio fue asignado en la «compañía de seguridad de la base naval #5 ARC ORINOQUIA, ubicada en el Departamento del Vichada en la ciudad de Puerto Carreño» hasta el día 28 de mayo de 2019, fecha en la que culminó la prestación del servicio. Sostuvo, que le realizaron, en distintos momentos, exámenes médicos que dieron resultados satisfactorios, así como

de 2019, fecha en la que culminó la prestación del servicio. Sostuvo, que le realizaron, en distintos momentos, exámenes médicos que dieron resultados satisfactorios, así como aplicación y refuerzo de vacunación.

En los días siguientes a la finalización del servicio militar obligatorio, se sostuvo en la demanda, el señor Diego Felipe Botero Rodríguez presentó «síntomas leves de fiebre y dolor de cabeza», los cuales se agudizaron al punto que su piel manifestó un color rojo, se brotó y presentó vómito ; ante lo cual, el día 30 de mayo de 2019 a las 4:00 pm, fue trasladado al « dispensario militar», lugar donde le toman ex ámenes de laboratorio que fueron remitidos a una entidad externa. Precisó la demanda, que a las 11:00 pm, en revaloración médica el señor Diego Felipe Botero Rodríguez fue diagnosticado «dengue clásico, sugiriendo ser tratado de manera ambulatoria con control de plaquetas »; no obstante, al habérsele agudizado los síntomas, se decide dejar en observación a la espera de resultados de exámenes especializados.

De esta manera, aseveró la parte actora, que desde el ingreso al sistema de salud militar el señor Diego Felipe Botero Rodríguez fue diagnosticado y recibió tratamiento médico, para las patologías de «dengue hemorrágico», «dengue clásico», «bacteria leptospira», «ictericia», «bicitponia», «derrame pleural», «líquido libre en cavidad abdominal»; siendo finalmente diagnosticado, el día 5 de junio de 2019, con « VIH+» según los resultados del laboratorio Total Quality Control Lab Analysis S.A.

finalmente diagnosticado, el día 5 de junio de 2019, con « VIH+» según los resultados del laboratorio Total Quality Control Lab Analysis S.A.

Demandante Perjuicio Moral Perjuicio a la Salud Perjuicios Materiales - Lucro Cesante Diego Fernando Botero Rodríguez 100 SMLMV 100 SMLMV $ 257.541.714,89Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Reparación directa Exp. 680013333011-2021-00169-01

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Teniendo en cuenta que persistía el estado febril en el señor Diego Felipe Botero Rodríguez, se afirmó en la demanda, que el día 10 de junio de 2019 se ordenó la remisión a una IPS de mayor complejidad en la ciudad de Bogotá, siendo recibido el día 12 de junio de 2019 y el día 14 del mismo mes y año, fue diagnosticado con « paludismo debido a plasmodium malarie» e inició el tratamiento de con el medicamento « Artemeter/Lumefantriene 20mg/120mg» hasta el 17 de junio de 2019 ; descartándose, por resultados negativos de laboratorios, los diagnósticos de «dengue» y « VIH». Ante la finalización del tratamiento, adujo la parte actora, la Armada Nacional ni el Hospital Central Militar, le brindaron apoyo económico al señor Diego Felipe Botero Rodríguez y a su familia, para el traslado de Bogotá a Bucaramanga.

Finalmente, manifestó la parte demandante, que el señor Diego Felipe Botero Rodríguez no ha sido «calificado» y, que «le han quedado secuelas tales como: constante e intenso dolor en sus articulaciones, pérdida de memoria, dolor en sus huesos, problemas

Finalmente, manifestó la parte demandante, que el señor Diego Felipe Botero Rodríguez no ha sido «calificado» y, que «le han quedado secuelas tales como: constante e intenso dolor en sus articulaciones, pérdida de memoria, dolor en sus huesos, problemas respiratorios, sudoración excesiva, temblor y trastornos de estrés postraumático, como son pesadillas, angustia grave, así como pensamientos incontrolables sobre esa vivencia, las cuales a la fecha están interfiriendo con sus actividades diarias, a tal punto, que cambia de pensamientos, ya no le gusta estar con sus amigos, mantiene encerrado en su habitación y presenta cons tantes cambios en sus reacciones físicas y emocionales, tales como desmotivación, desgano, apatía en su entorno, los cuales han venido incrementándose con el paso del tiempo».

2. Contestaciones de la demanda.

2.1. De la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional.3

La Armada Nacional, a través de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual manifestó, que « los presuntos síntomas y enfermedades que empezó a padecer Diego Felipe Botero Rodríguez, fueron posteriores a la prestación de su servicio militar, además, el servicio prestado en los hospitales militares a los cuales acudió el demandado fue acorde con lo s protocolos médicos establecidos para el momento de ocurrencia de los hechos, sin que se pueda presumir una falla en el servicio por el “cambio de diagnóstico”, ya que se debe enfatizar que la actividad medica es una actividad de medios y no de resultados, en la cual no existe una precisión como la que podría exigirse de otros profesionales».

2.2. Del Hospital Militar Central.4

de diagnóstico”, ya que se debe enfatizar que la actividad medica es una actividad de medios y no de resultados, en la cual no existe una precisión como la que podría exigirse de otros profesionales».

2.2. Del Hospital Militar Central.4

El Hospital Militar Central se opuso a las pretensiones de la demanda. Frente a los hechos argumentó, que actuó de acuerdo con la lex artis y conforme a los protocolos de la ética hospitalaria, de acuerdo con la patología que presentó el señor Diego Felipe Botero Rodríguez, siendo enfático en advertir, que al ingreso el demandante ya contaba con las patologías, las cuales fueron adquiridas en otros centros hospitalarios . En este sentido, sostuvo, el presente error de diagnóstico sobre el cual la parte actora atribuye la disminución de la expectativa de vida, «se dieron por la negligencia en la prestación del servicio médico oportuno en los dispensarios médicos, especialmente en el Hospital Militar de Bucaramanga, entidad completamente diferente a nuestra entidad».

3 Índice 00020 de SAMAI – Gestión en otros despachos, Carpeta «02ContestacionEjercito», archivo «01Contestación». 4 Índice 00020 de SAMAI – Gestión en otros despachos, Carpeta «05Contestacion», archivo «01Contestación».Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Reparación directa Exp. 680013333011-2021-00169-01

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2.3. De Total Quality Control Lab Analysis S.A.5

En términos generales, la sociedad Total Quality Control Lab Analysis S.A. argumentó, que su intervención, en los hechos de la demanda, consistió en «la toma de las muestras para su análisis en el laboratorio clínico y posterior entrega de resultados», labor que desarrolla

En términos generales, la sociedad Total Quality Control Lab Analysis S.A. argumentó, que su intervención, en los hechos de la demanda, consistió en «la toma de las muestras para su análisis en el laboratorio clínico y posterior entrega de resultados», labor que desarrolla con los estándares de « ICONTEC en ISO 9001:2008 ». De esta manera, indicó, respecto del examen de VHI, que «en un primer reporte de junio 05 de 2019 UN RESULTADO menor de 0.99 es decir no se puede establecer con seguridad que se trata de VIH esto es, que hay duda referente a que puede tratarse de un VIH , y es la razón para que el medico ordenara UN SEGUNDO EXAM EN , el cual se entrega el resultado el día junio 05 -2019, que da positivo en un reactivo de 1.13, posteriormente se ordena un tercer examen con UNA TECNICA DISTINTA a la utilizada en los dos exámenes anteriores, y da un resultado INFERIOR A 1.60 es decir NO hay VIH, con fecha de entrega de resultados el día junio 20 de 2019. La razón de llegar el resultado hasta el día 20 de junio de 2019 es por la complejidad del examen, pues se trata de CARGA VIRAL. Esta situación de dos resultados distintos es lo que se llama en la literatura científica FALSOS POSITIVOS, que se presenta cuando hay información cruzada que ocurre entre otros casos, cuando el paciente al practicársele los exámenes, esta contagiado por PLASMODIUN o Malaria».

3. Contestación de los llamados en garantía.

3.1. Aseguradora Solidaria de Colombia E.C.6

Frente al llamamiento en garantía propuesto por el Hospital Militar Central argumentó, que

3. Contestación de los llamados en garantía.

3.1. Aseguradora Solidaria de Colombia E.C.6

Frente al llamamiento en garantía propuesto por el Hospital Militar Central argumentó, que el contrato de seguro en la fecha en que se configuraría la responsabilidad que se reclama en el presente proceso, no estaba vigente, como quiera que el «Seguro de Responsabilidad Civil Clínicas y Centros Médicos 994000000008 » se suscribió bajo la modalidad claims made; en consecuencia, respecto de los hechos de la demanda, afirmó no saber nada.

3.2. CHUBB Seguros Colombia S.A.7

CHUBB Seguros Colombia S.A., en su calidad de llamada en garantía por el Hospital Militar Central, se opuso a la declaratoria de responsabilidad de la llamante en garantía, por cuanto, argumentó, el Hospital Militar Central garantizó la prestación del serv icio de salud a favor del demandante, «a través de atenciones congruentes con los protocolos aplicables y la lex artis ad hoc ». Finalmente, solicitó, que en caso de que el Hospital Militar Central sea condenado, su obligación se limite estrictamente al valor asegurado en la póliza, considerando los deducibles y las exclusiones pactadas, y siempre a favor del asegurado y no del demandante principal.

4. La sentencia de primera instancia.8

El Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, a través de sentencia del 8 de noviembre de 2023, resolvió negar las pretensiones. Para lo cual, el a quo consideró, bajo la premisa que «la obligación de los médicos es de medios y no de resultados» y de la valoración probatoria en específico de la prueba de dictamen pericial «realizada por la Dra. Giovanna Rincón Cruz », que « es plenamente posible que se

quo consideró, bajo la premisa que «la obligación de los médicos es de medios y no de resultados» y de la valoración probatoria en específico de la prueba de dictamen pericial «realizada por la Dra. Giovanna Rincón Cruz », que « es plenamente posible que se presenten «falsos positivos» en las muestras de laboratorio para las pruebas de VIH, incluso en pruebas de cuarta generación, informando además que, una de las razones para que

5 Índice 00020 de SAMAI – Gestión en otros despachos, Carpeta «03ContestacionQuality», archivo «01Contestación». 6 Índice 00039 de SAMAI – Gestión en otros despachos. 7 Índice 00040 de SAMAI – Gestión en otros despachos. 8 Índice 00132 de SAMAI – Gestión en otros despachos.Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Reparación directa Exp. 680013333011-2021-00169-01

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esto suceda es la presencia de «plasmodium falciparaum» en el paciente, que era precisamente lo que padecía el joven DIEGO FELIPE BOTERO RODRÍGUEZ».

De igual manera, consideró el a quo, que la atención médica suministrada al demandante Diego Felipe Botero Rodríguez estuvo conforme a los estándares . Respecto a las apreciaciones realizadas por la parte demandante, en cuanto a que no se realizó u na prueba de alta especificidad como el Western Blot, indicó, que de acuerdo con la Guía de Práctica Clínica (GPC) 2014-39 vigente en ese momento, una vez que la prueba presuntiva (05 de junio de 2019) y la confirmatoria (07 de junio de 2019) arrojaron resultados reactivos

Práctica Clínica (GPC) 2014-39 vigente en ese momento, una vez que la prueba presuntiva (05 de junio de 2019) y la confirmatoria (07 de junio de 2019) arrojaron resultados reactivos por encima del valor de referencia, no era exigible una tercera prueba de Western Blot.

Frente al argumento de responsabilidad de la parte demandante por e l diagnóstico tardío de malaria, sostuvo la sentencia de primera instancia que la prueba pericial explicó, que si la muestra inicial tiene una baja parasitaria, es necesario esperar su aumento, lo cual puede tomar cerca de 15 días; con ello, el tiempo, entre el ingreso el 30 de mayo y el diagnóstico definitivo el 12 de junio , fue considerado coherente para la determinación del diagnóstico de malaria.

En suma, aunque la sentencia de primera instancia no desconoció que hubo diagnósticos previos equivocados (dengue, VIH+), concluyó que esta situación per se, no se traduce en que los médicos tratantes interpretaran indebidamente los síntomas, ya que no se demostró negligencia y el error pudo deberse a que el caso era científicamente dudoso o por la manifestación de síntomas inespecíficos, a pesar de los esfuerzos y el empleo de los recursos técnicos disponibles.

5. Recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.9

Para desvirtuar decisión y el análisis probatorio realizado por el a quo , el recurso de apelación se fundamentó en los siguientes reparos y argumentos principales que la Sala resume así:

Afirmó la recurrente, que contrario a lo determinado por el a quo, sí se probó la existencia de una falla en el servicio en la atención del señor Diego Fernando Botero Rodríguez por

resume así:

Afirmó la recurrente, que contrario a lo determinado por el a quo, sí se probó la existencia de una falla en el servicio en la atención del señor Diego Fernando Botero Rodríguez por los diagnósticos erróneos de dengue, leptospira y, crucialmente, un falso positivo de VIH que causó graves daños emocionales y psicológicos a los demandantes. De esta manera, se argumentó en el r ecurso de apelación, que no se siguieron los protocolos médicos adecuados para la confirmación de diagnósticos, especialmente la prueba de VIH, lo que llevó a un tratamiento inadecuado para la verdadera afección del paciente, que resultó ser malaria, en la medida que no se realizaron exámenes más completos de alta especificidad.

Se señaló que el error de diagnóstico devino inexcusable debido a que el personal médico omitió utilizar oportunamente todos los recursos técnicos y científicos disponibles para determinar la verdadera patología del paciente, configurando un incumplimiento de las obligaciones de medio inherentes al servicio médico. En este sentido, precisó la recurrente, que el señor Diego Felipe Botero Rodríguez fue tratado y diagnosticado erróneamente con Dengue Clásico, Dengue Hemorrágico y la bacteria Leptospira, pese a que sus cuadros hemáticos presentaban una baja significativa de plaquetas, leucocitos, y signos de lesión hepática (aumento en ALT, AST, Bilirrubina Total y Directa, LDH y GGT), lo cual no correspondía a un cuadro de dengue, e incluso ya presentaba anemia . Se afirmó que los médicos tratantes, incluyendo internistas, siguieron tratamientos apoyados en diagnósticos que no eran los correctos.

correspondía a un cuadro de dengue, e incluso ya presentaba anemia . Se afirmó que los médicos tratantes, incluyendo internistas, siguieron tratamientos apoyados en diagnósticos que no eran los correctos.

9 Índice 00135de SAMAI – Gestión en otros despachos.Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Reparación directa Exp. 680013333011-2021-00169-01

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Respecto al diagnóstico de VIH positivo, se sostuvo que las entidades incurrieron en una grave falta de cuidado y negligencia. Pues en sentir de la recurrente, s e practicaron dos pruebas presuntivas de VIH (ELISA) que arrojaron positivo, pero se omitió la práctica de la prueba confirmatoria de alta especificidad, el Western Blot , la cual era obligatoria para descartar un falso positivo y verificar el resultado inicial. Se insistió en que, conforme a los protocolos, la segunda prueba de tamizaje debía realiz arse con una técnica distinta a la primera, lo cual tampoco se cumplió. De esta manera consideró que la entidad demandada actuó de manera negligente y descuidada al comunicar un diagnóstico tentativo y dar por hecho la existencia de la enfermedad, remitiendo al paciente para dar inicio al tratamiento antirretroviral sin contar con la confirmación obligatoria.

Razón por la cual, concluyó la recurrente, que la información prematura y precipitada, violatoria de los protocolos, causó un daño, demostrado en el dolor, la angustia y la afectación emocional de los demandantes, quienes vivieron en zozobra, depresión, y con ideas de muerte al creer que el joven era portador del VIH.

violatoria de los protocolos, causó un daño, demostrado en el dolor, la angustia y la afectación emocional de los demandantes, quienes vivieron en zozobra, depresión, y con ideas de muerte al creer que el joven era portador del VIH.

Finalmente, se adujo que solo en el Hospital Militar de Bogotá se tomó la precaución de realizar una nueva prueba antes de iniciar el tratamiento antirretroviral, lo que permitió determinar el diagnóstico real de Malaria Plasmodium Falciparum y mejorar el cuadro clínico del paciente, demostrando la ausencia de un diagnóstico oportuno y tratamiento antimalárico atribuible a los demandados.

6. Intervenciones en segunda instancia.

6.1. Del Hospital Militar Central.10

El Hospital Militar Central puso de presente el rechazo total a los argumentos esgrimidos por la parte actora en el recurso de apelación; para lo cual consideró, que el fallo de primera instancia se encontraba por completo acorde con los hechos probados, las normas aplicables y la jurisprudencia del Consejo de Estado. Sostuvo, que el principal reproche del recurso consistió en la insatisfacción del dictamen pericial, lo cual no puede ser admitido, toda vez que el tiempo para controvertir el peritaje decreta do se agotó con el cierre de la etapa probatoria. Adujo, igualmente, que la parte apelante exigió a los médicos y al laboratorio una efectividad del 100% con la que hubieran evitado cualquier falso positivo en la detección de la malaria, argumento que, en su sentir, no puede acogerse en la medida que la obligación médica era de medios, no de resultados, y que la simple circunstancia de

la detección de la malaria, argumento que, en su sentir, no puede acogerse en la medida que la obligación médica era de medios, no de resultados, y que la simple circunstancia de que hubiesen transcurrido más días de lo deseable sin concretar la patología no es suficiente para atribuir la responsabilidad.

6.2. Chubb Seguros Colombia S.A.11

Chubb Seguros Colombia S.A. indicó, que la parte apelante no efectuó un reparo concreto en contra de la sentencia de primera instancia, pues se limitó a reiterar los argumentos ya expuestos en la demanda y los alegatos de conclusión, sin confrontar las consideraciones del a quo, con lo que se desconoce la finalidad de un verdadero recurso de apelación, cuya función es atacar la decisión judicial y desvirtuar sus fundamentos.

Por otra parte, manifestó, que no existieron errores en la atención médica brindada al señor Diego Felipe Botero Rodríguez. De esta manera, insistió, respecto del reproche de omisión de la prueba confirmatoria Western Blot y la repetición de la prueba de VIH con diferente técnica, que el dictamen pericial fue claro en precisar que no existe un criterio único o protocolo que indicara la obligatoriedad de repetir la prueba inmediatamente ante un

10 Índice 00010 de SAMAI. 11 Índice 00009 de SAMAI.Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Reparación directa Exp. 680013333011-2021-00169-01

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resultado positivo de VIH, sino que ello dependía del estado del paciente y la decisión del médico tratante. En este sentido, explicó, que los resultados obtenidos (falsos positivos) obedecieron a una reacción cruzada generada por la presencia de Malaria Plasmodium

resultado positivo de VIH, sino que ello dependía del estado del paciente y la decisión del médico tratante. En este sentido, explicó, que los resultados obtenidos (falsos positivos) obedecieron a una reacción cruzada generada por la presencia de Malaria Plasmodium falciparum (malaria severa), la cual provoca una respuesta inmunológica que puede generar un gran número de anticuerpos, y no se deb ió a negligencia o falta de cuidado del laboratorio. Se concluyó que ninguna prueba existente, ni siquiera las de cuarta generación, arrojan resultados 100% seguros.

Por otra parte, señaló, que a pesar del diagnóstico inicial erróneo de VIH+ (el cual solo se mantuvo durante ocho días), no se llegó a suministrar terapia contra el VIH+ al paciente, pues las pruebas adicionales en el Hospital Militar Central arrojaron el diagnóstico final de malaria, patología que fue tratada exitosamente , sin que quedaran secuelas tras la enfermedad; por lo que, el daño mínimo soportado por el demandante durante su recuperación obedeció a la propia naturaleza de la malaria, no a una vulneración de la lex artis.

II. Consideraciones de la Sala.

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación cumplida, y hallándose estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo de la cuestión, procederá la Corporación a proferir el f allo de segunda instancia.

1. Competencia.

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial; razón por la cual

1. Competencia.

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial; razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2. Asunto objeto de decisión y planteamiento del problema jurídico a resolver.

De acuerdo con el artículo 31 de la Constitución Política, « el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único», previsión constitucional a partir de la cual se desarrolló el principio de la non reformartio in pejus, el cual se ha establecido, junto con el principio de la congruencia (artículo 281 del C.G.P.), en el marco fundamental de competencia para el Juez de Segunda Instancia, al imponerle como límite de la decisión, las referencias conceptuales y argumentativas que s e aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia; así, de manera clara, el artículo 328 del CGP determina que el Juez de segunda instancia deberá pronunciarse «solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante», dicho en otras palabras, son los hechos sustanciales controvertidos por el recurrente, bajo el principio dispositivo 12, los que determinan el thema decidendum al que se debe enfrentar la Sala de Decisión, de donde los demás aspectos se excluyen del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los aspectos que se puede analizar de oficio, como son los que tienen que ver con los presupuestos procesales de la acción (competencia, caducidad o legitimación de las partes)

12 En este sentido, el Consejo de Estado a través de la Sección Cuarta, en sentencia de fecha ocho (08) de

presupuestos procesales de la acción (competencia, caducidad o legitimación de las partes)

12 En este sentido, el Consejo de Estado a través de la Sección Cuarta, en sentencia de fecha ocho (08) de marzo de dos mil diecinueve (2019) radicación número: 76001-23-31-000-2011-01132-01(21295), indicó: “…el principio dispositivo “tiene doble connotación, sustancial y procesal. En lo sustancial, implica que es el propio demandante quien puede disponer de los derechos subjetivos y quien incita la función judicial a través de los actos de postulación, lo cual ha llevado a la doctrina a precisar que «el juez no puede inmiscuirse en aquello que las partes no aduzcan como thema decidendum»; en lo procesal, el principio dispositivo se materializa en el cumplimiento de las cargas procesales. Así, corresponde a las partes conducir el debate judicial a partir de las actuaciones procesales que ellos ejerzan dentro de los lineamientos de la ley, sin perjuicio de la actividad probatoria oficiosa que puede realizar el juez para resolver aspectos oscuros o dudosos que le impidan dirimir la controversia…”Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Reparación directa Exp. 680013333011-2021-00169-01

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o, en aquellos eventos en los cuales se hace exigible del Juez superior evitar la consolidación de situaciones jurídicas en abierta contradicción del ordenamiento jurídico y de los derechos constitucionales fundamentales, exigencia que parte de los principios pro personae13, de prevalencia del derecho sustancial y de las garantías judiciales que se derivan de la tutela judicial efectiva dispuesta en el artículo 8 de la CADH.

Pues bien, en el presente asunto, el a quo negó las pretensiones la demanda por cuanto,

personae13, de prevalencia del derecho sustancial y de las garantías judiciales que se derivan de la tutela judicial efectiva dispuesta en el artículo 8 de la CADH.

Pues bien, en el presente asunto, el a quo negó las pretensiones la demanda por cuanto, en su sentir, no se logró demostrar que el daño sufrido por el señor Diego Felipe Botero Rodríguez, el cual se hizo consistir en el diagnóstico erróneo de VIH+, fuera imputable a las entidades demandadas. Esta conclusión se sustentó en la prueba pericial, que explicó que el diagnóstico equivocado se debió a un fenómeno científico conocido como «falso positivo» en las pruebas de laboratorio de VIH y, que, en el caso concreto, se debió a la presencia de malaria (plasmodium falciparum) que padecía el demandante. Así mismo, la sentencia de primera instancia determinó, que la atención médica se realizó conforme a los protocolos vigentes de la época (Guía de práctica clínica (GPC) 2014-39), y que los demandantes solo adujeron apreciaciones subjetivas sin la idoneidad técnica necesaria para demostrar que la atención fue inadecuada, negligente o