TA SAN - Sentencia 680013333011-2021-00196-02 (12-06-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Mag. Ponente IVÁN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA

Bucaramanga, junio doce (12) de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Expediente No. 680013333011-2021-00196-02

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: NANCY MIREYA CARDOZO MENDOZA

multipayador2020@gmail.com

CARMEN ELENA NEIRA RUEDA

carmenelenaneirar@gmail.com

LUIS FERNANDO LOPEZ ULLOA

fernandolopezulloa@hotmail.com

DEMANDADO: MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

notificaciones@floridablanca.gov.co alvitasanchez@hotmail.com

MINISTERIO PUBLICO: JESÚS RODRÍGUEZ OROZCO

PROCURADOR 47 JUDICIAL II

procjudadm47@procuraduria.gov.co

TEMA:

Fallo de primera instancia proferido por la Inspección Primera de Policía de Floridablanca el día 21 de abril de 2020 Auto por medio del cual se resuelve recurso de reposición y en subsidio de apelación de fecha 15 de diciembre de 2020 Resolución No. 1003 del 16 de abril de 2021 proferida por la secretaria del Interior del Municipio de Floridablanca dentro del proceso radicado con el número 700-50-009-0183 Uso de suelo

Se decide el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante contra la

proferida por la secretaria del Interior del Municipio de Floridablanca dentro del proceso radicado con el número 700-50-009-0183 Uso de suelo

Se decide el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Once Administrativo Oral de Bucaramanga, el día 03 de mayo de 2023 , que denegó a las súplicas de la demanda , previo los siguientes antecedentes.

De la Demanda

Pretensiones:

Con la demanda se solicita:

1. Declarar la nulidad del fallo de primera instancia proferido por la Inspección Primera de Policía de Floridablanca el 21 de abril de 2020.

2. Declarar la nulidad del artículo primero del auto del 15 de diciembre de 2020, mediante el cual se resolvió el recurso de reposición y, en subsidio, deSentencia de segunda instancia

Expediente No. 68001333301120210019602

2 apelación, confirmando en su totalidad el fallo anterior.

3. Declarar la nulidad de la Resolución No. 1003 del 16 de abril de 2021, expedida por la Secretaría del Interior del Municipio de Floridablanca, que ordenó la suspensión de actividades comerciales en el inmueble ubicado en

la calle 117 No. 28 -34 de Olmos del Payador y sancionó con multa de 20 SMLMV.

4. Como consecuencia de las anteriores declaraciones , ordenar al Municipio de Floridablanca otorgar el permiso de uso del suelo para el

establecimiento comercial “Sala de Belleza Yeley” ubicado en la calle 117

SMLMV.

4. Como consecuencia de las anteriores declaraciones , ordenar al Municipio de Floridablanca otorgar el permiso de uso del suelo para el

establecimiento comercial “Sala de Belleza Yeley” ubicado en la calle 117 No. 28-34, con base en la Ley 232 de 1995.

5. Condenar al Municipio de Floridablanca al pago a los accionantes de todas las sumas pagadas o que lleguen a pagar por concepto de las multas impuestas mediante los actos administrativos demandados, más intereses máximos legales desde el pago hasta la restitución.

6. Condenar al Municipio de Floridablanca al pago a la señora Nancy Mireya Cardozo Mendoza de los ingresos dejados de percibir desde la suspensión efectiva del establecimiento comercial, calculados en $3.000.000 mensuales hasta la reapertura del mismo.

7. Condenar al Municipio de Floridablanca al pago de perjuicios morales a favor de Nancy Mireya Cardozo Mendoza, equivalentes a veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes (20 SMLMV).

8. Condenar al Municipio de Floridablanca al pago de perjuicios morales a favor de Luis Fernando López Ulloa, en su calidad de copropietario del inmueble afectado, equivalentes a veinte SMLMV.

9. Condenar al Municipio de Floridablanca al pago de perjuicios morales a favor de Carmen Elena Neira Rueda, también como copropietaria del inmueble, equivalentes a veinte SMLMV.

Hechos.

1. El 3 de febrero de 1997, el Municipio de Floridablanca, a través de la

Secretaría de Planeación, otorgó a favor del inmueble ubicado en la Calle

Hechos.

1. El 3 de febrero de 1997, el Municipio de Floridablanca, a través de la

Secretaría de Planeación, otorgó a favor del inmueble ubicado en la Calle 117 No. 28 -34 del barrio Payador, el Permiso de Uso del Suelo y el Certificado No. 11984, con fundamento en la Ley 232 de 1995, permitiendo el desarrollo de actividades comerciales.

2. La Asamblea de Copropietarios del Conjunto Residencial Olmos del Payador autorizó, mediante reforma al reglamento de propiedad horizontal protocolizada en la escritura pública No. 1051 del 23 de marzo de 2005, el uso del inmueble para actividades comercial es compatibles con el uso del suelo.Sentencia de segunda instancia

Expediente No. 68001333301120210019602

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3. En el año 2008, Nancy Mireya Cardozo Mendoza inició la operación de una sala de belleza en dicho inmueble, actividad comercial que se ha desarrollado de forma continua desde entonces.

4. En 2017, la Oficina Asesora de Planeación de Floridablanca certificó que dicha actividad (sala de belleza) era compatible con el uso del suelo y el área de actividad establecida en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente

(Decreto Municipal No. 0068 de 2016).

5. A raíz de un requerimiento de la Secretaría de Hacienda, se inició un proceso policivo contra el establecimiento por parte de la Inspección de Policía, que concluyó con la Resolución No. 246 del 11 de septiembre de 2017, imponiendo una suspensión de actividades por 30 días.

6. La Resolución No. 246 fue revocada mediante la Resolución No. 032 del 7

concluyó con la Resolución No. 246 del 11 de septiembre de 2017, imponiendo una suspensión de actividades por 30 días.

6. La Resolución No. 246 fue revocada mediante la Resolución No. 032 del 7 de marzo de 2018, en la cual se reconoció la aplicación indebida de la Ley 1801 de 2016 y se ordenó remitir el expediente a la Secretaría de Hacienda para que continuara bajo el procedimiento de la Ley 232 de 1995.

7. En 2019, la Oficina de Planeación informó al Juzgado Once Administrativo Oral de Bucaramanga que el establecimiento no invade espacio público ni utiliza antejardines.

8. A pesar de lo anterior, el 21 de abril de 2020, la Inspección Primera de Policía dictó una nueva resolución declarando la violación al régimen de integridad urbanística con base en el artículo 234 del Acuerdo 035 de 2018 y en la Ley 1801 de 2016, imponiendo multa de 20 SMLMV y ordenando la suspensión definitiva del establecimiento.

9. El fallo fue confirmado tanto en reposición como en apelación mediante resoluciones posteriores, en especial la Resolución No. 1003 del 16 de abril de 2021 emitida por la Secretaría del Interior del Municipio.

10. Se alega que la sanción se fundó exclusivamente en la no presentación de licencia de construcción en la modalidad de adecuación, requisito que no exige la Ley 232 de 1995.

11. Se reprocha la aplicación indebida de normas posteriores a hechos consolidados bajo normas anteriores (Ley 232 de 1995), afectando derechos adquiridos, y configurando falsa motivación de los actos administrativos.

Concepto de Violación:

consolidados bajo normas anteriores (Ley 232 de 1995), afectando derechos adquiridos, y configurando falsa motivación de los actos administrativos.

Concepto de Violación:

Los demandantes argumentan que los actos administrativos proferidos por la Inspección Primera de Policía y la Secretaría del Interior del Municipio de Floridablanca vulneran múltiples normas constitucionales y legales, debido a:

1. Desconocimiento del principio de legalidad y reserva de ley : Se impusieron requisitos no establecidos por el legislador, como la exigencia de una licencia de construcción en modalidad de adecuación , para elSentencia de segunda instancia

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4 funcionamiento de un establecimiento de comercio, a pesar de que la Ley 232 de 1995 –norma vigente al inicio de la actividad comercial – no contempla dicha exigencia . Esto contraviene el artículo 84 de la Constitución, que prohíbe imponer requisitos adicionales a los establecidos por la ley.

2. Violación del principio de confianza legítima y de los derechos adquiridos: El establecimiento comercial "Sala de Belleza Yeley" operaba desde 1997 con el permiso de uso del suelo expedido por el municipio, por tanto, la actividad fue iniciada y consolidada con respaldo normativo. La aplicación de nuevas disposiciones contenidas en la Ley 1801 de 2016 y el Acuerdo 035 de 2018 afecta situaciones jurídicas ya consolidadas, infringiendo los artículos 58 (protección a derechos adquiridos) y 29 (debido proceso) de la Constitución.

3. Aplicación retroactiva de normas nuevas: La sanción y cierre definitivo del

infringiendo los artículos 58 (protección a derechos adquiridos) y 29 (debido proceso) de la Constitución.

3. Aplicación retroactiva de normas nuevas: La sanción y cierre definitivo del establecimiento se sustentaron en normas posteriores a la iniciación de la actividad comercial (como el artículo 234 del Acuerdo 035 de 2018), lo que constituye una aplicación retroactiva prohibida por el artículo 58 de la Constitución y contraria al principio de irretroactividad de la ley, salvo en casos excepcionales (como leyes penales más favorables).

4. Falsa motivación: Los actos administrativos se basan en supuestos fácticos erróneos y valoraciones jurídicas incorrectas. En especial, se considera que se dio un uso indebido al artículo 234 del Acuerdo 035 de 2018 –referido al aprovechamiento del espacio público mediante antejardines–, cuando está probado que el establecimiento no invade espacio público , según certificación de la Oficina de Planeación.

5. Desconocimiento del principio de favorabilidad administrativa : La Ley 1801 de 2016, en su artículo 137, consagra el principio de favorabilidad en materia de infracciones urbanísticas, indicando que los procedimientos iniciados bajo normas anteriores deben continuar conforme a estas si resultan más favorables. En este caso, debió aplicarse la Ley 232 de 1995.

6. Transgresión del derecho al debido proceso : La administración reabrió procedimientos y sancionó sin respetar las garantías procesales, incluso después de que una resolución anterior (Resolución 032 de 2018) había dejado sin efectos sanciones previas, ordenando remitir el caso a la Secretaría de Hacienda para su trámite conforme a la Ley 232.

Contestación a la Demanda

dejado sin efectos sanciones previas, ordenando remitir el caso a la Secretaría de Hacienda para su trámite conforme a la Ley 232.

Contestación a la Demanda

El Municipio de Floridablanca solicita que se nieguen todas las pretensiones de la demanda, al considerar que los actos administrativos cuestionados fueronSentencia de segunda instancia Expediente No. 68001333301120210019602

5 expedidos conforme a derecho, en ejercicio legítimo de las competencias de la Inspección de Policía y la Secretaría del Interior.

El Municipio solicita al juez que niegue todas las pretensiones de la demanda, afirmando que los actos administrativos cuestionados fueron expedidos conforme a derecho, ajustándose a la normativa vigente y a las competencias legales de las autoridades que los profirieron.

Se defiende la legalidad del fallo proferido por la Inspección Primera de Policía, así como de la Resolución No. 1003 de 2021, señalando que fueron dictados con base en la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana) y el Acuerdo 035 de 2018, que regula el uso del espacio público y las infracciones urbanísticas.

El Municipio sostiene que el establecimiento “Sala de Belleza Yeley” incurre en una infracción urbanística por el uso indebido del antejardín como zona de atención al público, lo cual constituye una forma de aprovechamiento del espacio público prohibido por la normativa territorial.

Alega que los demandantes no acreditaron contar con la licencia de construcción en modalidad de adecuación , ni con otros requisitos actuales exigidos para ejercer legalmente la actividad comercial. El hecho de haber obtenido

prohibido por la normativa territorial.

Alega que los demandantes no acreditaron contar con la licencia de construcción en modalidad de adecuación , ni con otros requisitos actuales exigidos para ejercer legalmente la actividad comercial. El hecho de haber obtenido un permiso de uso del suelo en 1997 no exonera del cumplimiento de los deberes urbanísticos vigentes.

Se niega la existencia de daño antijurídico o perjuicios indemnizables, ya que el cierre del establecimiento fue consecuencia directa del incumplimiento de la normativa vigente por parte de los propietarios y no de un actuar arbitrario o ilegítimo de la administración.

Se destaca que el procedimiento fue adelantado respetando el debido proceso, permitiendo la defensa y contradicción por parte de los afectados, quienes incluso interpusieron recursos contra las decisiones, los cuales fueron resueltos conforme a derecho.

Excepciones Propuestas:

Inexistencia de nulidad alegada por los demandantes: El Municipio sostiene que no se configura ninguna de las causales de nulidad invocadas en la demanda, por las siguientes razones:Sentencia de segunda instancia Expediente No. 68001333301120210019602

6 • Los actos administrativos fueron expedidos dentro del marco legal, en ejercicio de funciones de policía administrativa, ajustados a las competencias previstas en la Ley 1801 de 2016 y el Acuerdo 035 de 2018. • Las sanciones impuestas se fundamentaron en la verificación de infracciones urbanísticas, particularmente el uso indebido del antejardín como espacio público y la falta de adecuación del inmueble a las exigencias normativas actuales.

• Las sanciones impuestas se fundamentaron en la verificación de infracciones urbanísticas, particularmente el uso indebido del antejardín como espacio público y la falta de adecuación del inmueble a las exigencias normativas actuales. • La imposición de la sanción no fue arbitraria ni careció de motivación, por lo tanto, no se configura falsa motivación, desviación de poder ni violación al debido proceso. • Afirma que la legalidad de los actos administrativos no puede desvirtuarse con meras apreciaciones subjetivas o con interpretaciones normativas divergentes por parte de los actores.

Falta de prueba – Los demandantes no probaron haber tramitado el requisito para el funcionamiento comercial : El Municipio alega que los demandantes no demostraron el cumplimiento de los requisitos legales vigentes para ejercer actividad comercial, destacando: • La falta de presentación de licencia de construcción en la modalidad de adecuación, exigida para la legalización de locales comerciales conforme a la normatividad urbanística vigente. • Aunque los actores alegan haber iniciado la actividad comercial desde 1997, no acreditaron haber tramitado o actualizado los permisos necesarios conforme al nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) ni conforme al Acuerdo 035 de 2018, situación que just ifica el inicio del proceso sancionatorio. • La existencia de un permiso de uso del suelo otorgado en 1997 no exonera del deber de adecuar el inmueble y cumplir con las normas actuales, ya que el desarrollo urbanístico y las regulaciones cambian en función del interés general. • Por lo tanto, la falta de prueba del cumplimiento de requisitos actualizados desvirtúa la legalidad del funcionamiento del establecimiento, justificando la imposición de sanciones.

el desarrollo urbanístico y las regulaciones cambian en función del interés general. • Por lo tanto, la falta de prueba del cumplimiento de requisitos actualizados desvirtúa la legalidad del funcionamiento del establecimiento, justificando la imposición de sanciones.

Sentencia de Primera Instancia

La sentencia proferida el 3 de mayo de 2023 por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, ordenando:Sentencia de segunda instancia Expediente No. 68001333301120210019602

7 “PRIMERO. DECLARAR la NULIDAD de la Resolución No. 246 del 27 de junio de 2017 proferida por la Inspección Primera de Policía de Floridablanca, a través de la cual se impuso medida de suspensión temporal de actividad económica y se ordenó el cierre del establecimiento comercial denominado “Sala de Belleza Yeley”.

SEGUNDO. DECLARAR la NULIDAD de la Resolución No. 1003 del 16 de abril de 2021, proferida por la misma autoridad, mediante la cual se confirmó la sanción de multa y la suspensión definitiva de la actividad comercial ejercida en el inmueble ubicado en la calle 117 No. 28 – 34 del Conjunto Residencial Payador, municipio de Floridablanca.

TERCERO. A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se ordena al Municipio de Floridablanca permitir la continuación de la actividad económica desarrollada por los demandantes en el referido inmueble, sin perjuicio de las competencias de control posteriores, siempr e que se respeten los parámetros legales y reglamentarios vigentes.

desarrollada por los demandantes en el referido inmueble, sin perjuicio de las competencias de control posteriores, siempr e que se respeten los parámetros legales y reglamentarios vigentes.

CUARTO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO. SIN CONDENA EN COSTAS, por no haber sido necesarias."

Se determinó que la Resolución No. 246 del 27 de junio de 2017 y la Resolución No. 1003 del 16 de abril de 2021, proferidas por la Inspección Primera de Policía de Floridablanca, incurrieron en una indebida aplicación del régimen legal al sancionar una actividad económica iniciada bajo el amparo de la Ley 232 de 1995, exigiendo requisitos urbanísticos que no eran exigibles en su momento. En consecuencia, el juzgado de primera instancia declaró la nulidad de los actos administrativos expedidos por la Inspección Primera de Policía de Floridablanca que ordenaban la suspensión definitiva de la actividad comercial de la “Sala de Belleza Yeley”. Para adoptar esta decisión, el despacho tuvo en cuenta tanto argumentos jurídicos como pruebas documentales y testimoniales relevantes, que se resumen a continuación:

El Juzgado partió de considerar que la actividad comercial había sido iniciada en el año 1997, bajo el amparo de la Ley 232 de 1995, la cual regulaba el ejercicio del comercio en inmuebles destinados a vivienda y no exigía como requisito la obtención de li cencia de construcción en modalidad de adecuación. Con base en dicha normativa, los actores iniciaron la operación del establecimiento “Sala de Belleza Yeley”, para lo cual obtuvieron un permiso de uso del suelo en esa época.

obtención de li cencia de construcción en modalidad de adecuación. Con base en dicha normativa, los actores iniciaron la operación del establecimiento “Sala de Belleza Yeley”, para lo cual obtuvieron un permiso de uso del suelo en esa época. Se acreditó mediante documentos aportados con la demanda —entre ellos el certificado de existencia del establecimiento, registros de Cámara de Comercio, declaraciones extrajuicio, fotografías del local, copia del Acuerdo 017 de 1997 y constancias de trámit es ante la Alcaldía — que la actividad comercial venía desarrollándose de forma continua, pacífica y pública desde hace más de dos décadas. El juzgado valoró estas pruebas como indicativas de una situación jurídica consolidada.Sentencia de segunda instancia Expediente No. 68001333301120210019602

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El elemento central que motivó la nulidad fue que las autoridades municipales, al imponer la suspensión definitiva de la actividad en 2020 y 2021, exigieron requisitos nuevos no contemplados en la normativa vigente al momento del inicio de la actividad económica, en especial la licencia de adecuación urbanística, la cual solo comenzó a exigirse con la entrada en vigor del nuevo POT (Acuerdo 035 de 2018) y del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016).

El juzgado concluyó que se configuró una indebida aplicación retroactiva de la norma, contraria al principio de irretroactividad del derecho sancionador (artículo 29 de la Constitución) y a los principios de confianza legítima y seguridad jurídica. Así mismo, resaltó que la administración no desvirtuó el ejercicio previo y continuo de

de la Constitución) y a los principios de confianza legítima y seguridad jurídica. Así mismo, resaltó que la administración no desvirtuó el ejercicio previo y continuo de la actividad comercial, ni probó que la misma generara afectaciones a la comunidad que justificaran su clausura.

La decisión también se apoyó en el hecho de que los actos administrativos carecieron de una motivación suficiente y adecuada que explicara por qué se dejaban de lado los antecedentes de la actividad económica y se imponía el cumplimiento de nuevos requisit os, con base únicamente en el marco normativo posterior.

En consecuencia, el Juzgado consideró que los actos sancionatorios eran nulos por violación del debido proceso, falsa motivación y desconocimiento de derechos adquiridos bajo un régimen anterior, por lo cual accedió parcialmente a las pretensiones, declarando la nulidad de los actos y reconociendo el derecho de los demandantes a continuar con su actividad comercial.

Recurso de Apelación

El recurso de apelación fue interpuesto por el apoderado judicial del Municipio de Floridablanca, proferida por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, declarando la nulidad de los actos administrativos que ordenaron la suspensión de la actividad comercial desarrollada por los actores.

El apelante solicitó la revocatoria total de la sentencia, bajo el argumento principal de que los demandantes no acreditaron la posesión de la licencia urbanística requerida para el desarrollo de la actividad comercial en el inmueble objeto del proceso.Sentencia de segunda instancia Expediente No. 68001333301120210019602

requerida para el desarrollo de la actividad comercial en el inmueble objeto del proceso.Sentencia de segunda instancia Expediente No. 68001333301120210019602

9 Como fundamentos jurídicos de su solicitud, el recurrente indicó que la actuación administrativa se sustentó en normas vigentes y aplicables, particularmente el Acuerdo 035 de 2018 (Plan de Ordenamiento Territorial de segunda generación del Municipio de Floridablanca), así como los Decretos Nacionales 1077 de 2015 y 1203 de 2017, que regulan el ordenamiento territorial y las condiciones de uso del suelo.

Sostuvo que los actos administrativos expedidos por la Inspección Primera de Policía y la Secretaría del Interior fueron legítimos, ya que constataron el incumplimiento por parte del establecimiento “Sala de Belleza Yeley” en cuanto a la homologación del permiso de uso del suelo otorgado en 1997, conforme lo exige el parágrafo 1 del artículo 453 del Acuerdo 035 de 2018. Según el apelante, la sola existencia de un permiso anterior no constituye por sí sola una situación jurídica consolidada o un derecho adquirido.

En esa línea, argumentó que exigir la homologación no implica retroactividad normativa, sino una medida razonable y necesaria para garantizar la correcta aplicación de las disposiciones urbanísticas vigentes, la planificación territorial y el desarrollo sostenible del municipio.

Finalmente, el recurso señala que la falta de dicha homologación y de la correspondiente licencia de adecuación justifica jurídicamente la sanción impuesta y la suspensión de la actividad económica, por lo cual solicita que se revoque la

Finalmente, el recurso señala que la falta de dicha homologación y de la correspondiente licencia de adecuación justifica jurídicamente la sanción impuesta y la suspensión de la actividad económica, por lo cual solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y se nieguen las pretensiones de la demanda en su integridad.

Trámite de Segunda Instancia

Una vez concedido el recurso de apelación, y repartido el expediente, se dispuso su admisión para posteriormente, ordenar correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para emitir concepto de fondo.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con lo establecido en el Art. 153 del CPACA, esta Corporación es competente para decidir el recurso de apelación propuesto.

Problema JurídicoSentencia de segunda instancia Expediente No. 68001333301120210019602

10 ¿Vulnera el principio de legalidad y el derecho al debido proceso la imposición de una sanción por infracción urbanística cuando la administración fundamenta el acto sancionatorio en una norma —el artículo 234 del Acuerdo 035 de 2018 — cuyo supuesto de hech o (uso de antejardines) no se encuentra acreditado, y posteriormente, en sede de apelación, intenta justificar la sanción con base en una disposición distinta —el parágrafo 1 del artículo 453 del mismo Acuerdo — que no fue invocada en el trámite sancionatorio?

Tesis: Si.

Desarrollo del problema jurídico:

Acorde con las pruebas allegadas al plenario se encuentran demostrado que e l 7

fue invocada en el trámite sancionatorio?

Tesis: Si.

Desarrollo del problema jurídico:

Acorde con las pruebas allegadas al plenario se encuentran demostrado que e l 7 de noviembre de 2019, la Inspección Primera de Policía del Municipio de Floridablanca dio inicio al trámite administrativo por presunta infracción urbanística identificado con el número 700-50-009-RAD 183.

Este proceso fue iniciado con base en una querella presentada por la Oficina Asesora de Planeación contra la señora Rosalba García Orozco, a quien se le atribuyó la responsabilidad por presuntas construcciones sin licencia, con fundamento en el artículo 135 de la Ley 1801 de 2016.

La apertura del expediente se sustentó en el informe técnico N.º 2034 de 2019 elaborado por la Oficina de Planeación, el cual indicaba que el conjunto Multifamiliar Payador, según lo dispuesto en el Acuerdo 035 de 2018 (Plan de Ordenamiento Territorial de Floridablanca), se encuentra clasificado dentro del área de actividad Mixta Local M -1. Dicho informe advertía que los parqueaderos transformados en locales comerciales carecían de licencia de construcción en modalidad de adecuación, y sugería remitir el ca so para que, si se estimaba pertinente, fuera incorporado a los trámites en curso.

Mediante citación N.º 07053 del 8 de noviembre de 2019, se convocó a la señora Nancy Cardozo para asistir a una audiencia pública de infracción urbanística programada para el 25 de noviembre del mismo año. A dicha audiencia compareció el abogado Luis Ferna ndo López en calidad de apoderado del parqueadero y

Nancy Cardozo para asistir a una audiencia pública de infracción urbanística programada para el 25 de noviembre del mismo año. A dicha audiencia compareció el abogado Luis Ferna ndo López en calidad de apoderado del parqueadero y representante legal de las señoras Carmen Helena Neira Rueda y Nancy Cardozo Mendoza.

Durante la audiencia celebrada el 29 de abril de 2019, la Inspección Primera de Policía profirió decisión de primera instancia dentro del proceso verbal abreviado por infracción urbanística seguido contra los ahora demandantes (folios 43 a 48), enSentencia de segunda instancia Expediente No. 68001333301120210019602

11 la cual resolvió: declarar responsables a Luis Fernando López, Carmen Helena Neira Rueda y Nancy Cardozo por violación al régimen de integridad urbanística; imponer una multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, distribuida solidariamente en un 50 % para cada uno de los sancionados; ordenar la suspensión definitiva de la actividad comercial desarrollada en el establecimiento denominado “Sala de Belleza Yeley”; advertir que, antes de la ejecutoria, los querellados podrían presentar la respectiva licencia de construcción en modalidad de adecuación conforme al artículo 137 de la Ley 1801 de 2016; y finalmente, oficiar a la Policía Nacional para la ejecución de lo decidido, dejando constancia de la procedencia de los recursos legales contra la providencia.

Como sustento de esa decisión, la Inspección señaló que se tramitó bajo la modalidad de proceso verbal abreviado según lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, que los querellados no acreditaron el cumplimiento de lo exigido

Como sustento de esa decisión, la Inspección señaló que se tramitó bajo la modalidad de proceso verbal abreviado según lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, que los querellados no acreditaron el cumplimiento de lo exigido en el artículo 234 del Acuerdo 035 de 2018 en cuanto a la licencia de adecuación, y que las conductas observadas encajaban en las infracciones tipificadas por el artículo 135 de la misma ley. Contra esta decisión se presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.

Mediante auto del 15 de diciembre de 2020, la Inspección resolvió negar la reposición y conceder la apelación, argumentando que el proceso se desarrolló respetando las garantías procesales, que el trámite se realizó mediante mecanismos tecnológicos adecuados durante la emergencia sanitaria, y que los querellados no aportaron la licencia de construcción en la modalidad de adecuación, la cual fue solicitada reiteradamente durante el curso del proceso. También consideró que la decisión adoptada era coherente con el informe de la Oficina Asesora de Planeación y el criterio expresado por el Juzgado Once Administrativo de Bucaramanga. Por consiguiente, concluyó que los motivos de inconformidad del recurrente no desvirtuaban los fundamentos de fondo que soportaban la sanción impuesta.

Posteriormente, la Secretaría del Interior del Municipio de Floridablanca, mediante Resolución N.º 1003 del 16 de abril de 2021, confirmó el fallo de primera instancia de la Inspección, ajustando la sanción para que cada uno de los sancionados asumiera una tercera parte. Entre las razones que respaldaron esa decisión se

de la Inspección, ajustando la sanción para que cada uno