TA SAN - Sentencia 680013333011-2022-00301-01 (18-09-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: Iván Fernando Prada Macías

Bucaramanga, dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado 680013333011-2022-00301-01 Medio de control Reparación directa Demandante Sergio Aldair Villamarín Mantilla y Otros. 9yuli4871@gmail.com felipeortizabog@yahoo.es Demandado Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional desan.notificacion@policia.gov.co desan.asjud@policia.gov.co Ministerio Público Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos nmgonzalez@procuraduria.gov.co Tema Responsabilidad extracontractual del Estado por daño ocasionado por la fuerza pública / Lesión causada con arma de fuego de dotación oficial / Hecho exclusivo de la víctima como causal eximente de responsabilidad / Se confirma la sentencia que niega pretensiones.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del veintidós (22) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), proferida por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga.

I. Antecedentes.

1. La demanda.1

En ejercicio del medio de control de reparación directa los señores Sergio Aldair Villamarín Mantilla actuando en nombre propio y en representación de su hija menor de edad Luisa Fernanda Villamarín García , Yuli Andrea García Herrera, Henry Villamarín Muñoz, Leyra Xiomara Mantilla Jacome, Danna Vanessa Villamarín Mantilla, Henry Andrés Villamarín

Mantilla actuando en nombre propio y en representación de su hija menor de edad Luisa Fernanda Villamarín García , Yuli Andrea García Herrera, Henry Villamarín Muñoz, Leyra Xiomara Mantilla Jacome, Danna Vanessa Villamarín Mantilla, Henry Andrés Villamarín Mantilla y Laura Valentina Villamarín Mantilla , solicitann se declare administra y patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, por los perjuicios materiales y morales causados como consecuencia de la lesión sufrida por el señor Sergio Aldair Villamarín Mantilla al ser impactado con una arma de fuego disparada por un agente de la Policía Nacional.

Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad , pretende n se condene a las entidades demandadas a pagar por concepto de reparación integral del perjuicio moral el equivalente a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los demandantes y por daños materiales, directamente al señor Villamarín Mantilla la suma de $15.000.000 de lucro cesante consolidado y $181.800.000 de lucro cesante futuro. Así como también 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de daño a la salud.

Como fundamento de sus pretensiones, los demandantes reseñan los siguientes hechos relevantes:

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1.1. Desde hace más de diez (10) años conviven el señor Sergio Aldair Villamarín Mantilla y la señora Yuli Andrea García Herrera , unión de la cual nació la menor Luisa Fernanda Villamarín García.

1.1. Desde hace más de diez (10) años conviven el señor Sergio Aldair Villamarín Mantilla y la señora Yuli Andrea García Herrera , unión de la cual nació la menor Luisa Fernanda Villamarín García.

1.2. El señor Sergio Aldair Villamarín Mantilla es hijo de los señores Henry Villamarín Muñoz y Leyra Xiomara Mantilla Jácome, quienes a su vez procrearon a Danna Vanessa Villamarín Mantilla, Henry Andrés Villamarín Mantilla y Laura Valentina Villamarín Mantilla.

1.3. El día 6 de diciembre de 2020 , en el marco de un procedimiento policial adelantado por la fuerza pública en la cancha del barrio La Esperanza del municipio de Bucaramanga, el cuadrante del CAI La Esperanza 2 fue informado sobre la presencia de unos hombres sospechosos, quienes, al ser perseguidos por los uniformados, huyeron por los senderos del sector, para evadir la acción policial.

1.4. Uno de los agentes de policía, bajo la suposición de que uno de los sujetos se había refugiado en una vivienda ubicada en el barrio San Cristóbal, efectuó un disparo a través de la reja de la puerta del inmueble, el cual en ese momento era ocupado por el señor Sergio Aldair Villamarín Mantilla y otras personas. Como consecuencia de este accionar, el señor Villamarín Mantilla resultó impactado con arma de fuego en ambos miembros inferiores (muslos), presentando fractura expuesta de diáfisis de fémur izquierdo, lesión que requirió manejo quirúrgico inmediato.

1.5. El lesionado fue atendido inicialmente en el Hospital del Norte de Bucaramanga; sin

inferiores (muslos), presentando fractura expuesta de diáfisis de fémur izquierdo, lesión que requirió manejo quirúrgico inmediato.

1.5. El lesionado fue atendido inicialmente en el Hospital del Norte de Bucaramanga; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas y a las limitaciones de dicha institución, fue remitido a la E.S.E. Hospital Universitario de Santander, donde permaneció hospi talizado entre el 6 y el 16 de diciembre de 2020. Posteriormente, debió continuar con manejo médico mediante analgésicos, uso de muletas, silla de ruedas y terapias físicas, dado que el procedimiento quirúrgico le dejó secuelas permanentes que alterar on de manera significativa su vida cotidiana, generándole además , episodios de depresión al sentirse enfermo, limitado en su movilidad y dependiente de terceros.

1.6. Los demandantes sostienen que los perjuicios sufridos por el señor Sergio Aldair Villamarín Mantilla y su núcleo familiar son de gran magnitud, pues las lesiones y sus secuelas le impiden desempeñar normalmente sus actividades y responder por las obligaciones propias de su entorno familiar. Destacan que, para el año 2020, el señor Villamarín Mantilla se desempeñaba en labores de mensajería, actividad de la cual derivaba ingresos mensuales aproximados de un millón de pesos ($1.000.000), con los que sostenía a su hija menor y a su compañera permanente.

2. Contestaciones de la demanda.

La Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional2 se opone de manera categórica a las pretensiones, manifestando que el daño reclamado no fue causado por acciones u

2. Contestaciones de la demanda.

La Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional2 se opone de manera categórica a las pretensiones, manifestando que el daño reclamado no fue causado por acciones u omisiones endilgables a la entidad. Afirma que el señor Sergio Aldair Villamarín Mantilla ante la presencia de la Policía en el lugar de los hechos, emprendió a la huida, actuando de manera agresiva y descontrolada, en contra de la humanidad de los uniformados, lo que conllevó a que un o de los agentes se viera obligado a hacer uso del arma de fuego de dotación oficial. Por lo tanto, sost iene que el actuar de los de los uniformados estuvo enmarcado dentro de la ausencia de responsabilidad, en tanto que debieron hacer uso de

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las armas como última alternativa que se permite en este tipo de actuaciones para efectos de salvaguardar un derecho propio, mientras se encontraban adelantando un procedimiento de policial, evento en el cual resulto herido un ciudadano.

Enfatiza que el procedimiento policial goza de revestimiento legal y que cada una de las actividades realizadas por los funcionarios de la Policía Nacional, fueron obrando tal y como lo disponen los reglamentos Institucionales, poniendo en marcha la actividad policial en cumplimiento de su deber legal, por lo que no es posible aseverar tal como lo hace la parte demandante que la Policía Nacional incurrió en una falla del servicio

Sostuvo que, el señor patrullero Yeison Arlex Guerra López actuó en defensa propia y ante

cumplimiento de su deber legal, por lo que no es posible aseverar tal como lo hace la parte demandante que la Policía Nacional incurrió en una falla del servicio

Sostuvo que, el señor patrullero Yeison Arlex Guerra López actuó en defensa propia y ante la necesidad de proteger su integridad física derivada del riesgo y peligro inminente generado por el ciudadano Sergio Aldair Villamarín Mantilla, al lanzarse y dirig ir toda su intención y voluntad de agredirlo con un arma de fuego. Agregó que, el propio demandante fue el directo causante del daño alegado.

Por lo anterior, propone como excepciones de fondo las siguientes: (i) Legitima defensa, (ii) Culpa exclusiva de la víctima, y (iii) Genérica.

3. La sentencia apelada.3

El Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, mediante providencia de fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) negó las pretensiones de la demanda; para lo cual, decidió:

«…PRIMERO: DECLÁRESE NO PROBADA la excepción de CADUCIDAD propuesta por la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DEAJy la

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

SEGUNDO: DENIÉGUENSE las pretensiones de la demanda, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

TERCERO. No hay lugar a condenar en costas. […]»

El a quo fundamentó la negativa de las pretensiones en que no se acreditaron los presupuestos necesarios para declarar la responsabilidad administrativa de las entidades

proveído.

TERCERO. No hay lugar a condenar en costas. […]»

El a quo fundamentó la negativa de las pretensiones en que no se acreditaron los presupuestos necesarios para declarar la responsabilidad administrativa de las entidades demandadas, al no existir prueba que demostrara la falla del servicio alegada . Por el contrario, estimó que el material probatorio daba cuenta de que el patrullero Yeison Arlex Guerra López actuó en ejercicio de legítima defensa frente a una agresión actual y grave contra su vida e integridad, razón por la cual hizo uso de su arma de dotación en circunstancias de inminente peligro, cuando el señor Sergio Aldair Villamarín Mantilla se encontraba a escasa distancia.

En particular, el Juez de primera instancia otorgó relevancia a la anotación registrada en el libro de población de la Estación CAI Esperanza , donde se consignaron los hechos ocurridos el 6 de diciembre de 2020, en los que se relató la actitud violenta del señor Villamarín Mantilla contra los uniformados, así como la presunta tenencia de un arma de fuego. Tal versión fue corroborada, en criteri o del a quo, por el testimonio rendido por el patrullero Guerra López , quien señaló que, mientras patrullaba en el sector de Plaza Regaderos, varios ciudadanos le informaron sobre la presencia de tres sujetos en la cancha

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del barrio, uno de ellos , de contextura gruesa, vestido con camiseta roja y pantalón corto

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del barrio, uno de ellos , de contextura gruesa, vestido con camiseta roja y pantalón corto negro que manipulaba un arma de fuego. Ante ello, los patrulleros se dirigieron al lugar y al solicitar un registro personal, los sujetos reaccionaron de manera violenta, abalanzándose contra los uniformados, lo que los llevó a accionar el botón de pánico. Poste riormente, el señor Villamarín Mantilla emprendió la huida, ingresando a un inmueble, y en el momento en que el patrullero intentó seguirlo, este último se gir ó y lo habría apuntado con un arma de fuego, circunstancia en la que el agente disparó en dos ocasiones, impactándolo en la pierna izquierda.

Aunado a lo anterior, el despacho también valoró la anotación realizada en el libro de guardia a las 10:05 a.m. del 6 de diciembre de 2020, en la que se dejó constancia de la solicitud de apoyo realizada por la patrulla Esperanza 7 en el barrio La Juventud – sector de Las Tortugas, durante un procedimiento de registro y control a varios ciudadanos. Igualmente, tuvo en cuenta el informe de captura en flagrancia identificado con el NUNC 6800116000159202006270, elaborado por el patrullero Julio Miguel Peñate Echavarría, en el que se consignó la aprehensión de Sergio Aldair Villamarín Mantilla por el de lito de violencia contra servidor público, en razón a que golpeó al patrullero Guerra López durante los hechos materia del proceso.

el que se consignó la aprehensión de Sergio Aldair Villamarín Mantilla por el de lito de violencia contra servidor público, en razón a que golpeó al patrullero Guerra López durante los hechos materia del proceso.

Finalmente, el Juzgado consideró que los testimonios de los familiares del lesionado no desvirtuaban la agresión atribuida al señor Villamarín Mantilla ni la posesión del arma de fuego, sino que, por el contrario, confirmaban la persecución adelantada por la Policía Nacional. Destacó que dichas declaraciones no ofrecieron detalles concretos acerca del momento exacto del disparo ni sobre los móviles que lo originaron. En ese sentido, concluyó que no existía material probatorio suficiente para contradecir las versiones de la fuerza pública, según las cuales el comportamiento agresivo y violento del demandante generó la situación de riesgo. Por lo tanto, estimó legítimo que el patrullero empleara su arma de dotación para salvaguardar su vida e integridad ante la amenaza de recibir disparos.

4. Recurso de apelación.4

Dentro del término de ejecutoria de la providencia de primera instancia, la parte demandante presentó recurso de apelación en el que solicita se revoque el fallo de primera instancia y se concedan las pretensiones por existir responsabilidad del Estado.

Manifiesta que el a quo otorgó una indebida prevalencia a los registros contenidos en el libro de población del CAI La Esperanza, desconociendo que tales anotaciones carecen de imparcialidad y podían ser manipuladas en beneficio de la propia institución. En esa medida, sostuvo que se trataba de elementos insuficientes para desvirtuar las demás pruebas recaudadas, en especial los testimonios coincidentes y los informes técnico-científicos.

sostuvo que se trataba de elementos insuficientes para desvirtuar las demás pruebas recaudadas, en especial los testimonios coincidentes y los informes técnico-científicos.

Sostiene además que la tacha de los testimonios presentada por la entidad demandada no podía prosperar, puesto que no fue resuelta en la sentencia y, en todo caso, el hecho de que los declarantes fueran familiares o allegados de la víctima no resta per se credibil idad a sus relatos, máxime cuando estos resultan coherentes, espontáneos y convergentes en aspectos esenciales.

Expone que los testimonios son coincidentes en señalar que la agresión se produjo desde el exterior de la vivienda, a través de la ventana, cuando el señor Sergio Aldair Villamarín Mantilla ya se encontraba en su interior. Dicho hecho se corrobora con la recolección de

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vainillas dentro de la casa y con el informe de Medicina Legal, el cual contradice la versión de los patrulleros al establecer que el disparo tuvo orificio de entrada en la parte posterior del cuerpo de la víctima. Ello permite concluir que el agente Yeison Arlex Guerra López no disparó de frente en legítima defensa, como afirmó, sino por la espalda.

Igualmente, destaca el testimonio de Johan Andrés Parra, quien además de presenciar los hechos, relató que fue detenido arbitrariamente y presionado por los uniformados para declarar falsamente que la víctima portaba un arma, lo cual evidencia la intención de la

Igualmente, destaca el testimonio de Johan Andrés Parra, quien además de presenciar los hechos, relató que fue detenido arbitrariamente y presionado por los uniformados para declarar falsamente que la víctima portaba un arma, lo cual evidencia la intención de la Policía de encubrir la conducta irregular de sus agentes y justificar un proceder contrario a derecho. Finalmente, cuestionó el testimonio del propio agente agresor, Yeison Arlex Guerra López, por cuanto este señaló que la víctima lo enfrentó con un arma, disparándole de frente, mientras que los testigos presenciales indicaron que los disparos se efectuaron desde la ventana y dentro de la vivienda. Dicha contradicción se corrobora con el dictamen de Medicina Legal, que ubicó el impacto en la parte posterior del cuerpo de la víctima.

En criterio del apelante, el a quo no realizó un análisis riguroso de los testimonios ni del dictamen pericial bajo las reglas de la sana crítica, lo que llevó a desconocer la verdad real de lo ocurrido. Por ello, solicitó revocar la sentencia y conceder l as pretensiones de la demanda.

5. Alegatos de conclusión en segunda instancia.

La Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional se pronunció respecto de los argumentos del recurso de apelación; En relación con el cuestionamiento sobre la credibilidad de las anotaciones estampadas en el libro de población del CAI La Esperanza, sostiene que dicha prueba, junto con las demás, fue oportunamente puesta en conocimiento de las partes, corriéndose traslado para ejercer oposición. Añadió que tales registros fueron ratificados por otras pruebas, en especial los testimonios de los policías inte rvinientes y lo

de las partes, corriéndose traslado para ejercer oposición. Añadió que tales registros fueron ratificados por otras pruebas, en especial los testimonios de los policías inte rvinientes y lo actuado en la investigación disciplinaria P -MEBUC-2020-237, la cual fue archivada al determinarse que los uniformados actuaron dentro de la ausencia de responsabilidad, empleando sus armas únicamente como última alternativa para salvaguardar sus derechos.

Respecto al señalamiento de que el a quo no valoró de manera minuciosa los testimonios de los demandantes, afirma que lo que hizo la parte apelante fue extraer de manera aislada algunas respuestas, mientras que, al analizarse integralmente las declaraciones, se evidencian inconsistencias sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Por el contrario, considera coherentes y respaldadas las versiones de los uniformados, las cuales fueron corroboradas con pruebas documentales.

Recalca que la decisión de primera instancia no se sustentó únicamente en los libros de población, sino en la valoración conjunta de las pruebas, entre ellas la historia clínica del lesionado, el dictamen de pérdida de capacidad laboral, que arrojó un resultado d el 0 %, los testimonios, las documentales (anotaciones en los libros de Policía y dictamen de Medicina Legal) y el expediente disciplinario P-MEBUC-2020-237, sosteniendo que, a partir de ese acervo probatorio, el juzgado concluye que el patrullero Yeison Arlex Guerra López actuó en legítima defensa, al activar su arma de dotación frente al peligro inminente de ser lesionado por el señor Sergio Aldair Villamarín Mantilla, situación que fue corroborada también por su compañero Julio Miguel Peñate Echavarría.

actuó en legítima defensa, al activar su arma de dotación frente al peligro inminente de ser lesionado por el señor Sergio Aldair Villamarín Mantilla, situación que fue corroborada también por su compañero Julio Miguel Peñate Echavarría.

Resalta que el comportamiento de Sergio Aldair Villamarín Mantilla se apartó de los deberes constitucionales de respetar los derechos ajenos, pues reaccionó violentamente, se resistióTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333011-2022-00301-01

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al procedimiento policial, huyó y atacó a los agentes con un arma de fuego, lo que obligó a la reacción legítima del uniformado. Señal a que el procedimiento se ajustó plenamente al Código Nacional de Seguridad y Convivencia (Ley 1801 de 2016), en especial a los artículos 149 y 166 sobre uso de la fuerza, y a la Resolución 02903 de 2017, que regula el empleo de armas, elementos y dispositi vos menos letales, bajo los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y racionalidad.

Así, concluyó que el patrullero actuó en un estado de necesidad para salvaguardar su vida, la de sus compañeros y la de terceros, frente a una agresión inminente y directa. Por ello, reiteró que no existe responsabilidad administrativa ni extracontractual de la Policía Nacional, al configurarse como causales eximentes el hecho exclusivo y determinante de la víctima y la legítima defensa. En consecuencia, solicitó confirmar en todas sus partes la sentencia de primera instancia.

II. Consideraciones de la Sala.

Nacional, al configurarse como causales eximentes el hecho exclusivo y determinante de la víctima y la legítima defensa. En consecuencia, solicitó confirmar en todas sus partes la sentencia de primera instancia.

II. Consideraciones de la Sala.

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación cumplida, y hallándose estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo de la cuestión, procederá la Corporación a proferir el f allo de segunda instancia.

1. Competencia.

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial; razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2. Problema jurídico a resolver.

De acuerdo con los antecedentes , procede la Sala a formular y resolver el siguiente problema jurídico:

Pj. ¿Es responsable la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional del daño consistente en la lesión del señor Sergio Aldair Villamarín Mantilla producto de un disparo con un arma de fuego de dotación oficial?

Tesis: No.

Fundamento: Si bien está plenamente acreditado que la lesión del señor Sergio Aldair Villamarín Mantilla se produjo por un disparo realizado por un agente de la Policía Nacional con un arma de dotación oficial, ello no basta, por sí solo, para imputar responsabilidad a la entidad demandada. En efecto, del análisis probatorio se desprende que los testimonios allegados por la parte demandante no permiten reconstruir de manera

Nacional con un arma de dotación oficial, ello no basta, por sí solo, para imputar responsabilidad a la entidad demandada. En efecto, del análisis probatorio se desprende que los testimonios allegados por la parte demandante no permiten reconstruir de manera clara y coherente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, pues la mayoría de los declarantes no fueron testigos directos del momento del disparo y sus versiones se concentraron principalmente en los perjuicios derivados de la lesión.

Por el contrario, la prueba documental y testimonial aportada por la entidad demandada ofrece mayor coherencia interna y externa, al coincidir tanto en la existencia de una persecución previa , como en el contexto en que se produjo el disparo, lo que se avieneTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333011-2022-00301-01

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con la versión policial según la cual el uso del arma respondió a una situación de inmediatez y riesgo. Además, no se acreditó que la víctima se encontrara en reposo dentro de la vivienda, como se sostuvo en la demanda, sino que ingresó corriendo perseguid a por un uniformado, circunstancia que desvirtúa la hipótesis de un ataque arbitrario y desproporcionado contra una persona indefensa.

En esas condiciones, la Sala concluye que la lesión fue consecuencia directa de la propia conducta del señor Villamarín Mantilla en el marco de la persecución policial, lo cual constituye una causal eximente de responsabilidad y, en consecuencia, impide at ribuir el daño a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

3. De la resolución del caso concreto a partir de los elementos de la responsabilidad:

constituye una causal eximente de responsabilidad y, en consecuencia, impide at ribuir el daño a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

3. De la resolución del caso concreto a partir de los elementos de la responsabilidad:

3.1 El daño.

La concepción moderna de la responsabilidad exige que el daño se estructure a partir de una valoración objetiva que parta del reconocimiento del interés afectado, el cual debe ser constituido desde del agravio a los derechos personalísimos, en tanto determinan el contenido del daño resarcible como medio para lograr el restablecimiento del equilibrio quebrantado por la lesión; construcción que parte del reconocimiento de la dignidad humana 5 como valor supremo del Estado Constitucional6 y valor inconmensurable que define el aseguramiento de los derechos subjetivos, en cuanto posibilitan el despliegue y realización del desarrollo integral de la personificación del ser individual y, consecuentemente, genera un mandato de no hacer, esto es, de prohibición de alterar las condiciones de vida en proyecto de la persona humana.

Es por ello que , los bienes de especial relevancia que tienen como fin la defensa y exaltación de la persona humana y que por lo mismo se encuentran revestidos de primacía constitucional, conforman un sistema axiológico en donde se integran los más elementales intereses, constituyéndose en aquellos bienes trascendentales o meta -derechos que justifican la función totalizadora de garantía de la dignidad humana y que se convierten en el objeto de tutela del sistema de responsabilidad, a través de la concepción del daño reparable o antijurídico7.

5 A partir de la sentencia T 881 de 2002 la Corte Constitucional precisó la naturaleza, contenido y alcance de

el objeto de tutela del sistema de responsabilidad, a través de la concepción del daño reparable o antijurídico7.

5 A partir de la sentencia T 881 de 2002 la Corte Constitucional precisó la naturaleza, contenido y alcance de la dignidad humana desde su objeto de protección, reconociendo que el ser humano está compuesto de tres dimensiones, a saber: i. La autonomía indi vidual o la facultad de autodeterminar su existencia, como una manifestación de la expresión de construir un proyecto de vida acorde con sus más íntimas convicciones; ii. La garantía de gozar de condiciones materiales de existencia cualificadas5 que le permite cumplir con su propósito vital; y iii. La protección de integridad corporal y el respeto por las convicciones espirituales; y a partir de lo cual señala, que “Al tener como punto de vista el objeto de protección del enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos claros y diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida co mo intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones).” 6 Cfr. Häberle, Peter. “La Dignidad del Hombre como fundamento de la comunidad Estatal” . En: Fernández Segado, Francisco (Coordinador). Dignidad de la persona, derechos fundamentales, justicia constitucional y

6 Cfr. Häberle, Peter. “La Dignidad del Hombre como fundamento de la comunidad Estatal” . En: Fernández Segado, Francisco (Coordinador). Dignidad de la persona, derechos fundamentales, justicia constitucional y otros estudios de derecho público . España, Dykinson, 2008. “La dignidad aparece así como «el valor jurídico más importante» dentro del ordenamiento constitucional, o como el «valor constitucional supremo». Lo que parece indicar el carácter «prepositivo» (präpositive) de la dignidad del hombre. También es caracterí stica la formulación de la dignidad como el «fin supremo de todo el Derecho», o como «mandamiento de inviolabilidad de la dignidad del hombre como base fundamental de todos los derechos fundamentales»”. 7 La Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha 18 de septiembre de 2008 dentro del Expediente No. 2005 -406-01 ha considerado a “La persona, por definición legal, se encuentra investida de una serie de derechos y facultades que le han sido reconocidos por la norma, respecto de los cuales se predica su titularidad. Tales derechos técnicamente se conocen como derechos subjetivos; luego hayTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333011-2022-00301-01

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Bajo estas consideraciones, el contenido de la dignidad humana, determinar que el sistema de responsabilidad administrativa se estructura a partir del principio general de protección del ser humano, protección que se define a su vez en un fin primordial del Estado Constitucional (artículo 2 Superior), con lo cual, el estudio del daño (entendido como a un interés jurídicamente protegido8) adquiere una importancia mayor y no se lo examina como

Constitucional (artículo 2 Superior), con lo cual, el estudio del daño (entendido como a un interés jurídicamente protegido8) adquiere una importancia mayor y no se lo examina como un simple asunto accesorio, incluso al factor de imputación.

Pues bien, en el caso concreto, se advierte que el daño, como lesión cierta a los derechos, que se pretende atribuir a las entidades demandadas, se concretó en la lesión ocasionada al señor Sergio Aldair Villamarín Mantilla producto de un disparo con arma de fuego. Dicho daño se encuentra plenamente probado con la historia clínica de la E.S.E. Hospital Universitario de Santander 9, en la que se consignó que el paciente, de 29 años de edad, ingresó el 6 de diciembre de 2020 por presentar heridas ocasionadas por proyectil de arma de fuego, con orificio de entrada en la cara medial del tercio medio del musl