TA SAN - Sentencia 680013333011-2022-00302-02 (06-03-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: Iván Fernando Prada Macías

Bucaramanga, seis (06) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado 680013333011-2022-00302-02 Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante Silvia Juliana Muñoz Muñoz silviajmm21@hotmail.com shielomio@hotmail.com Demandado Nación – Fiscalía General de la Nación jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co erick.bluum@fiscalia.gov.co Ministerio Público Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos nmgonzalez@procuraduria.gov.co Tema Bonificación judicial Decreto 382 de 2013 / Confirma sentencia

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia proferida el veinte (20) de septiembre del dos mil veinti cuatro (2024) por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga.

I. LA DEMANDA1

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., instauró demanda ante esta jurisdicción por conducto de apoderado debidamente constituido la señora Silvia Juliana Muñoz Muñoz en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se acceda a las siguientes:

1. Pretensiones.

1.1 Inaplicar por inconstitucionalidad e ilegalidad, el artículo primero de los Decretos No. 382 de 2013, No. 022 del 09 de 2014, No. 1270 de 2015,

1. Pretensiones.

1.1 Inaplicar por inconstitucionalidad e ilegalidad, el artículo primero de los Decretos No. 382 de 2013, No. 022 del 09 de 2014, No. 1270 de 2015, No. 0247 de 2016 y los que en dicha materia profiera el Gobierno Nacional en cuanto sustraen la bonificación judicial de su naturaleza como factor salarial.

1.2 Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio de fecha 29 de noviembre de 2022 mediante el cual , la entidad demandada negó la petición de inclusión como factor salarial para todos los efectos legales de la bonificación judicial creada en el Decreto 382 de 2013 y, la consecuente reliquidación de los emolumentos y prestaciones sociales.

1 Samai primera instancia, índice 00001, archivo 01Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333011-2022-00302-02

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1.3. A título de restablecimiento del Derecho, solicita se condene a la entidad demandada a reliquidar las prestaciones sociales percibidas por la demandante, con base en el salario devengado en su calidad de servidor público y beneficiario del Decreto 382 de 2013 y sus modificaciones ; a partir del 01 de enero de 2013 y hasta cuando que se causen.

1.4. Ordenar que, el cumplimiento de la condena que se imponga en esta sentencia, se de en los términos de los artículos 187 y 192 del CPACA.

1.5. Que se reconozcan y paguen perjuicios morales por valor de 100 salarios

sentencia, se de en los términos de los artículos 187 y 192 del CPACA.

1.5. Que se reconozcan y paguen perjuicios morales por valor de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes y se reconozca la sanción moratoria con base en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

1.6 Finalmente, solicita condene en costas a la demandada.

2. Hechos.

Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante aduce los siguientes hechos relevantes:

2.1. Se encuentra vinculada a la Fiscalía General de la Nación, desde el 15 de mayo de 2017.

2.2. Mediante petición radicada el día 10 de noviembre de 2022 solicitó a la entidad demandada la reliquidación de todas las prestaciones sociales con inclusión de la bonificación judicial como factor salarial, ante lo cual, recibió respuesta negativa mediante el acto administrativo acusado.

3. Normas violadas y concepto de violación.

Se invocan como disposiciones violadas las siguientes: De orden Constitucional: artículos 2, 4, 13, 25, 29, 53, 150 numeral 19 literal e) y 215 inciso 9°. De orden Legal: Ley 4 de 1992 artículos 2 y 10; Ley 270 de 1996 artículo 152.7; Ley 482 de 1998; Código Sustantivo del Trabajo artículos 4 y 127; Decreto 1042 de 1978 artículo 42; Decreto 1045 de 1978 artículo 5; Leyes 244 de 1995 y 344 de 1996 y Ley 50 de 1990 artículo 99.

Expresa que en concordancia con las normas y principios laborales

244 de 1995 y 344 de 1996 y Ley 50 de 1990 artículo 99.

Expresa que en concordancia con las normas y principios laborales referenciados, la bonificación judicial creada mediante el Decreto 383 de 2013 se paga de manera habitual, como consecuencia y contraprestación de la labor desempeñada periódicamente, por lo que constituye salario y de be tener las mismas consecuencias jurídicas de éste, no sólo para los descuentos de seguridad social, sino también para la inclusión de la base de liquidación de las prestaciones sociales devengadas por el servidor judicial.

En ese orden, resulta procedente inaplicar la expresión “constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud ”, contenida en la norma deTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333011-2022-00302-02

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creación y proceder a reliquidar y pagar todas y cada una de las prestaciones sociales con ocasión a la bonificación judicial.

II. LA SENTENCIA APELADA2

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga, mediante sentencia de fecha 20 de septiembre de 2024, resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR la prescripción de derechos laborales para las sumas causadas con anterioridad al 21 de noviembre de 201 9, por las razones expuestas.

SEGUNDO: INAPLÍQUESE por inconstitucionalidad la expresión normativa “… y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en

razones expuestas.

SEGUNDO: INAPLÍQUESE por inconstitucionalidad la expresión normativa “… y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” contenido en el artículo 1° del Decreto No. 382 de 2013, y reproducida en los Decretos No. 1269 de 2015, 246 de 2016,1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 903 de 2023, 1581 de 2023 y 0299 de 2024, por las razones expuestas.

TERCERO: Declarar la nulidad del Declarar la nulidad del Oficio de fecha 29 de noviembre de 2022 proferido por la Subdirectora Regiona l de Apoyo Nororiental de la Fiscalía General de la Nación. (sic)

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la NACION – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a reliquidar y pagar a favor de SILVIA JULIANA MUÑOZ MUÑOZ , todas las prestaciones sociales y factores salariales reconocidos, pagados y causados desde el 21 de noviembre de 2019 incluyendo en la base de liquidación como factor salarial, la bonificación judicial creada mediante Decreto 382 de 2013 hasta que dure su vinculación laboral y continúe percibiendo dicho emolumento.

Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario.

Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario.

La suma que resulte a favor del demandante debe ajustarse de conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia.

La actualización ordenada se hará la aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.

QUINTO: Negar las excepciones propuestas por el ente demandado relacionadas con la constitucionalidad de la restricción del carácter salarial, aplicación del mandato normativo, legalidad, cumplimiento de un deber legal, cobro de lo no debido y buena fe, por las razones expuestas.

SEXTO: NO CONDENAR en COSTAS ni en AGENCIAS EN DERECHO.

SÉPTIMO: Désele cumplimiento a la presente providencia dentro de los términos establecidos para ello por el artículo 192 y 195 del CPACA.

(…)”.

Como fundamento de la decisión y, tras desarrollar el marco jurídico y jurisprudencial del concepto de salario, determinó que la bonificación judicial

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prevista en el Decreto 382 de 2013 restringe dicho concepto al aplicarlo para las cotizaciones que se hac en al Sistema General de Pensiones y Sistema General de Seguridad Social en Salud, pero no, para el pago y liquidación de las demás prestaciones; por lo que la misma incurre en un vicio de ilegalidad

las cotizaciones que se hac en al Sistema General de Pensiones y Sistema General de Seguridad Social en Salud, pero no, para el pago y liquidación de las demás prestaciones; por lo que la misma incurre en un vicio de ilegalidad y contraría los postulados constitucionales sobre derech os laborales, lo que conduce a inaplicar la expresión allí contenida y reproducida en los decreto s que ajustaron año a año los valores a reconocer por bonificación judicial, “… y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” por resultar restrictiva y desfavorable.

III. EL RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado judicial de la parte demandada formula recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, solicitando se revoque en su integridad y en su lugar se denieguen las pretensiones del demandante.

Sostiene que con la expedición de la sentencia de primera instancia se vulneró el debido proceso al desconocer la obligación de argumentar la vulneración del Decreto 382 de 2013 a las disposiciones constitucionales para aplicar la excepción de inconstitucionalidad. Por su parte, la Fiscalía actuó en cumplimiento de un deber legar, al aplicar estrictamente lo regulado por el Decreto en mención y demás normas concordantes.

Señala que no existe aparte normativo alguno en el ámbito nacional o internacional que indique que todo lo que devengue un trabajador tenga que hacer parte de la b ase de liquidación de todos los factores salariales y prestacionales que reciba y por tanto, la interpretación dada por el Juez de primera instancia a dicha definición contenida en el Convenio 095 de la OIT desborda su alcance.

prestacionales que reciba y por tanto, la interpretación dada por el Juez de primera instancia a dicha definición contenida en el Convenio 095 de la OIT desborda su alcance.

Refiere que la Corte Constitucional a través de la sentencia C -279 de 1996 determinó la exequibilidad de los artículos 14 y 15 de la Ley 4° de 1992 - Ley marco que autorizó al ejecutivo a disponer sobre el tema del salario del trabajador judicial - haciendo grandes precisiones en torno a la legalidad de la consagración de primas técnicas o de servicios sin carácter salarial, lo que lleva a concluir que, contrario a lo expuesto por el Juez de primera instancia, la creación de la bonificación judicial es compatible con la Constitución Política y no se presentó extralimitación alguna de parte del Gobierno Nacional.

Afirma entonces, que las disposiciones contenidas en el Decreto 0382 de 2013 y demás que reglamentan la materia, son producto de la facultad lega l otorgada al Gobierno Nacional para la fijación del Régimen Salarial y Prestacional entre otros, de la Fiscalía General de la Nación, así como de las negociaciones con las asociaciones sindicales de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, por lo que responde a un proceso de negociación laboral que desarrolla los convenios de la OIT, en el que se acordó su naturaleza de factor salarial únicamente para la base de la cotización al sistema general deTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333011-2022-00302-02

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pensiones y al sistema general de seguridad en salud; razón por la cual dicha

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pensiones y al sistema general de seguridad en salud; razón por la cual dicha disposición goza de plena validez y eficacia jurídica y se encuentra amparada por el principio de legalidad, por lo que no es viable darle otro alcance o interpretación.

Finalmente, señala que se desconoció el mandato constitucional de sostenibilidad fiscal por lo que afectar los efectos salariales que desde su creación se le otorgó a esta retribución provocaría que se ordenará la disposición de recursos públicos adicionales para sufragar necesi dades no proyectadas con anterioridad, desbordando el presupuesto destinado para solventar este emolumento adicional, lo que podría conllevar una crisis fiscal del Estado Colombiano.

IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El proceso es repartido al Despacho el 26 de noviembre de 202 4 y con providencia del 17 de enero de 2025 se admitió el recurso de apelación. En la misma providencia se advirtió a los sujetos procesales que hasta su ejecutoria podrían pronunciarse en relación con el recurso de apelación admitido.

En esta etapa las partes demandante y demandada guardaron silencio y el Ministerio Público no presentó concepto de fondo.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

1. Aspecto procesal previo

Encontrándose el presente proceso para efectuar pronunciamiento de fondo, la H. Magistrada Claudia Ximena Ardila Pérez, integrante de la Sala de decisión, formula impedimento para conocer el fondo del asunto por la causal

1. Aspecto procesal previo

Encontrándose el presente proceso para efectuar pronunciamiento de fondo, la H. Magistrada Claudia Ximena Ardila Pérez, integrante de la Sala de decisión, formula impedimento para conocer el fondo del asunto por la causal prevista en el numeral 1° del artículo 141 del C.G.P., aplicable por remisión expresa del artículo 130 de la Ley 1437 de 2011, por existir un interés indirecto en las resultas del proceso, en atención a que radicó demandada de nulidad y restablecimiento del derecho bajo el número 680013333-004-2018-00412-00, en la que pretende el reconocimiento de la bonificación judicial y la prima especial como factor salarial.

Así, atendiendo a las manifestaciones efectuadas por la H. Magistrada, considera la Sala que para el caso bajo estudio se configura la causal de impedimento aludida atendiendo a que, tiene una expectativa similar a la de la parte demandante pues su proceso se encuentra en trámite y la reclamación del derecho no ha sido definida por el juez de conocimiento; razón por la cual l a Sala estima procedentes los motivos invocados por la doctora Claudia Ximena Ardila Pérez y en ese sentido, se aceptará el impedimento manifestado, al configurarse la causal prevista en el numeral primero del artículo 141 del CGP; resolviéndose, tal y com o quedará consignado en la parte resolutiva, apartar a la H. Magistrada Ardila Pérez delTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333011-2022-00302-02

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conocimiento del presente medio de control, en aras de preservar la imparcialidad en la función judicial.

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conocimiento del presente medio de control, en aras de preservar la imparcialidad en la función judicial.

2. Competencia.

Corresponde a esta Corporación resolver los re cursos interpuestos, dada la naturaleza de la providencia apelada, de conformidad con lo establecido en los Arts. 243 y 247 de la Ley 1437 de 2011.

3. Problema Jurídico.

De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en el escrito de apelación, le corresponde a la Sala establecer si resulta procedente inaplicar por inconstitucionalidad la palabra “ únicamente” contenida en el artículo 1° del Decreto 382 de 2013 y en aquellos que ajustaron año a año los valores a reconocer por la bonificación judicial creada para los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación.

En caso afirmativo, se debe determinar, si la bonificación judicial creada mediante el Decreto 38 2 de 2013, constituye factor salarial para reliquidar todas las prestaciones sociales de la demandante desde que se vinculó a la entidad, hasta cuando se causen y, por tanto, hay lugar a declarar la nulidad del acto administrativo demandado.

4. Control de constitucionalidad del Decreto 382 de 2013. De la naturaleza jurídica de la bonificación judicial.

La Constitución de 1991 dejó en manos del legislador la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los funcionarios públicos, correspondiéndole al Ejecutivo, en ejercicio de la potestad re glamentaria

La Constitución de 1991 dejó en manos del legislador la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los funcionarios públicos, correspondiéndole al Ejecutivo, en ejercicio de la potestad re glamentaria prevista en el numeral 11 del artículo 189 de la Carta Fundamental, desarrollar los parámetros fijados en Leyes Marco, como es el caso de la Ley 4ª de 19923, que señala los lineamientos generales que debe seguir el Ejecutivo Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos.

Ahora bien, conviene destacar, que la Ley 4ª de 1992, entre los objetivos centrales para el sector judicial, se dirige a lograr una nivelación adecuada y más comprensiva de los salarios, es así que en sus artículos 14 y 15, como lo ha considerado el Consejo de Estado 4, da “cuenta de la falta de proporcionalidad salarial en la pirámide salarial ya que los sueldos de los

3 “ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…)

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el

Gobierno para los siguientes efectos: (…) e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública...” 4 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA. Bogotá, D. C, seis (6) de abril de dos mil veintidós (2022). Referencia: Nulidad y Restablecimiento del

4 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA.

Bogotá, D. C, seis (6) de abril de dos mil veintidós (2022). Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Radicación: 76001233300020180041401 (0470-2020)Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333011-2022-00302-02

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magistrados de las Cortes de cierre estaban muy distantes del segundo nivel salarial conformado por los magistrados de Tribunal y magistrados auxiliares de Altas Cortes) y, con mayor razón, con un extendido tercer nivel salarial conformado por el resto de jueces unipersonales que atienden el grueso de la demanda judicial del país. Por ello, y con el fin de extender el beneficio salarial a todos los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, se incluyó un parágrafo en el artículo 14 de la referida Ley 4ª, del siguiente tenor literal: “PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad”.

En todo caso, debe señalar la Sala, que en la expedición de normas de carácter salarial, se debe ser consecuente con el principio de progresividad, constitucionalmente plasmado en el artículo 53 de la Carta Política5, y la noción de salario vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, atendiendo la mínima y básica realidad salarial, so pena de violar los criterios

constitucionalmente plasmado en el artículo 53 de la Carta Política5, y la noción de salario vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, atendiendo la mínima y básica realidad salarial, so pena de violar los criterios y valores establecidos en la Ley 4ª de 1992 , en tanto que, como se indicó, lo pretendido tanto por el Constituyente como por el Legislador fue “nivelar o reclasificar con sentido de equidad el sistema de re muneración de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial”.

De esta manera, el Gobierno Nacional, en desarrollo de las preceptivas y orden de nivelación salarial dispuesto en la Ley 4ª de 1992, expidió el Decreto 382 de 6 de marzo de 2013, el cual creó una bonificación judicial para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional dispuesto en el Decreto 053 de 1993, bien porque se hubieran vinculado a partir de su entrada en vigor o, porque se hubieran acogido a él; en todo caso, en garantía del principio de la igualdad, bajo el principio de “a trabajo igual, salario igual”, el artículo 2 del Decreto 382 de 2013 determinó, que aquellos funcionarios y empleados que “no optaron por el régimen establecido en el Decreto número 53 de 1993 y que continúan con el régimen del Decreto número 839 de 2012 y las disposiciones que lo modifican o sustituyan, de percibir en el año 2013 y siguientes un ingreso total anual inferior al ingreso total anual más la bonificación judicial que se crea en el presente decreto, respecto de quien ejerce el mismo empleo y se encuentra regido por el régimen salarial y prestacional obligatorio señalado en el Decreto

anual inferior al ingreso total anual más la bonificación judicial que se crea en el presente decreto, respecto de quien ejerce el mismo empleo y se encuentra regido por el régimen salarial y prestacional obligatorio señalado en el Decreto número 53 de 1993, percibirán la diferencia respectiva a título de bonificación judicial, mientras permanezcan vinculados al servicio”.

5 El artículo 53 Constitucional, eleva a rango superior una gama de principios (que componen el marco axiológico, ideológico y filosófico de las normas laborales y que permiten por tanto una correcta interpretación de las normas sustantivas), entre los que se cuentan el de una remuneración vital y móvil; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpreta ción de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; así mismo, en los incisos cuarto (4º) y quinto (5º) del artículo 53 se precisa que los convenios internacionales d el trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna; y que la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333011-2022-00302-02

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Ahora bien, de acuerdo con el artículo 1 del Decreto 382 de 2013 , la bonificación judicial se reconoce de forma mensual y, constituye “únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones

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Ahora bien, de acuerdo con el artículo 1 del Decreto 382 de 2013 , la bonificación judicial se reconoce de forma mensual y, constituye “únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud ”, luego no es constitutiva de factor salarial para efectos de liquidar las prestaciones legales y sociales que perciben los servidores de la Fiscalía General de la Nación.

En consecuencia, al limitarse el carácter salarial de la bonificación judicial sólo al ingreso base de cotización en pensiones y salud, el Gobierno Nacional se apartó del marco de la Ley 4 de 1992 al que estaba obligado, en tanto no se dirigió a lograr la nivelación salarial, que sólo puede ser comprendida como un mejoramiento de las condiciones salariales, lo que para la Sala debe conllevar un aumento de la remuneración o retribución económica por la prestación de servicios; frente a lo cual, debe recordarse, que el artículo 127 de Código Sustantivo de Trabajo con la modificación realizada por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990 , de termina que “Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones”.

De ahí que, comprender la bonificación judicial sin carácter salarial, equivale a despojar a los serviciares públicos destinatarios de la misma , de una buena

trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones”.

De ahí que, comprender la bonificación judicial sin carácter salarial, equivale a despojar a los serviciares públicos destinatarios de la misma , de una buena parte de los beneficios salariales y prestacionales que el incremento de la remuneración representa, en la medida que al ser un factor salarial debe tenerse en cuenta para liquidar todos sus derechos económicos, como primas, vacaciones, cesantías, etc.

En este sentido, el Consejo de Estado6 indicó, que “al señalar el legislador que esa revisión se realizaría a través de la nivelación o reclasificación de los empleos de la Rama, debió el Gobierno Nacional sujetarse a ese cuadro fijado por el legislador: nivelación o reclasificación, lo que conlleva a incremento salarial y no sólo crear una Bonificación ajena, según el Decreto que la creó, al salario, por cuanto el mism o indica que dicha Bonificación “sólo constituye factor salarial para efectos de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y en Salud””.

Bajo estas premisas, es claro que el Decreto 38 2 de 2013 al incluir en su artículo 1 que la bonificación judicial “…constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud …”, no siguió los condicionamientos dispuestos en la Ley Marco 4 ª de 1992; de ahí que, con fundamento en la excepción de constitucionalidad (artículo 4 superior), dicho

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fundamento en la excepción de constitucionalidad (artículo 4 superior), dicho

6 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA.

Bogotá, D. C, seis (6) de abril de dos mil veintidós (2022). Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Radicación: 76001233300020180041401 (0470-2020)Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333011-2022-00302-02

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aparte debe ser inaplicado al caso concreto por ser contrario al ordenamiento jurídico y, si bien debe admitirse que los reglamentos que desarrollan leyes marco gozan de una mayor amplitud regulatoria en consideración a que la ley marco por su propia estructura normativa no puede contener más que parámetros, criterios y principios generales ; debe recordarse que esa mayor amplitud, en todo caso, no está exenta de la necesa ria coincidencia axiológica que el reglamento debe guardar con la Ley que define los ámbitos generales que justifican precisamente la expedición del decret o que, para el caso que se analiza en esta sentencia, no es otra la finalidad que lograr una nivelación salarial lo que implica un incremento salarial con sentido de equidad; luego, al ser la bonificación pagadera mensualmente, esto es, de un pago habitual y obligatorio, deviene claro que su finalidad es remuneratoria del servicio o, lo que es lo mismo, en retribución al trabajo, no ha debido sustraerse como factor salarial para liquidar las prestaciones sociales , pues ello no responde al dispositivo contenido en el Parágrafo del artículo 14 de la Ley 4ª

servicio o, lo que es lo mismo, en retribución al trabajo, no ha debido sustraerse como factor salarial para liquidar las prestaciones sociales , pues ello no responde al dispositivo contenido en el Parágrafo del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 cuya objetivo, como se ha insistido, es la de nivelar la remuneración de los servidores públicos de la Rama Judicial.

Además de lo expuesto , debe indicar la Sala que, si bien el Decreto 382 de 2013 fue producto de una negociación realizada entre la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación con el Gobierno Nacional; no por ese hecho se le debe restringir el carácter de salario; pues no es posible justificar que, a través de un acuerdo entre las partes, se determine un salario apenas formal y nominalmente (como lo sería para efectos de estable cer el ingreso de cotización a la seguridad social integral) , pero se le niegue esa condición de manera real y material, al impedir que sirva de base o parámetro para la liquidación de las demás acreencias laborales que tienen como referente ese concepto; pues al margen que ello comportaría una trasgresión al principio de la lógica de la no contradicción, debe insistirse que si una determinada suma es salario, lo debe ser para todos sus efectos , pues no es posible que sea y no sea al mismo tiempo.

En este sentido, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha precisado que cualquier pacto de exclusión salarial que se realice respecto de un concepto que retribuya directamente el servicio, es ineficaz7; así mismo, en la sentencia CSJ SL5146-2020 se concluyó al respecto que:

“[…] las consideraciones jurídicas del Tribunal no fueron claras, pues, a la vez que determinó que las sumas que retribuyen directamente el

en la sentencia CSJ SL5146-2020 se concluyó al respecto que:

“[…] las consideraciones jurídicas del Tribunal no fueron claras, pu