TA SAN - Sentencia 680013333011-2023-00312-00 (27-03-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Bucaramanga, veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE

CARACTER LABORAL DEMANDANTE MARÍA EUGENIA TORRES SIERRA con cédula de ciudadanía No. 28.168.202 Lcdd2304@hotmail.com

DEMANDADOS

NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALFONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL

MAGISTERIO (FOMAG)

notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co procesosjudicialesfomag@fiduprevisora.com.co notjudicial@fiduprevisora.com.co t_capineda@fiduprevisora.com.co

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

notificaciones@santander.gov.co ln.vcalderon@santander.gov.co

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

notificaciones@bucaramanga.gov.co knrodriguez@bucaramanga.gov.co karenrodriguez903@gmail.com aclararsas@gmail.com

MINISTERIO PÚBLICO

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

Procuradora 160 Judicial II para Asuntos Administrativos xmora@procuraduria.gov.co;

RADICADO Y LINK DEL EXPEDIENTE 680013333011-2023-00312-00

TEMA

RECONOCIMIENTO PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR

Procuradora 160 Judicial II para Asuntos Administrativos xmora@procuraduria.gov.co;

RADICADO Y LINK DEL EXPEDIENTE 680013333011-2023-00312-00

TEMA RECONOCIMIENTO PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR VEJEZ / Régimen de transición de la Ley 812 del 2003 previsto en favor de los docentes oficiales vinculados antes de su vigencia / Para efectos pensionales, se deben tener en cuenta los servicios docentes prestados mediante CPS. /Pensión de jubilación docente reconocida con base en la Ley 33 de 1985 / Aplicación del principio in dubio pro operario ante posturas jurisprudenciales diversas. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunamente1 por la parte demandante contra la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2024 por el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, mediante la cual se negaron las pretensiones, sin condena en costas.

I. ANTECEDENTES

A. La demanda2

1. Pretensiones La demandante solicita que se declare la Nulidad de (i) la Resolución No. 0366 del 2 de febrero de 2022 proferida por la Secretaría de Educación de Bucaramanga por medio de la cual se le negó la pensión de jubilación y (ii) la Resolución No. 2450 del 12 de julio de 2022 que confirmó la anterior decisión.

En consecuencia, pide que se condene a la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo De Prestaciones Sociales Del Magisterio – (FOMAG), al Departamento de Santander – Secretaría de Educación Departamental y al

En consecuencia, pide que se condene a la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo De Prestaciones Sociales Del Magisterio – (FOMAG), al Departamento de Santander – Secretaría de Educación Departamental y al Municipio de Bucaramanga – Secretaría de Educación Municipal a título de restablecimiento del derecho, al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por vejez equivalente al 75% de los salarios y primas recibidas a partir del 6 de junio

1 La sentencia de primera instancia fue notificada el 20 de noviembre de 2024 en estados y el recurso fue interpuesto el 3 de diciembre del mismo año, esto es, dentro de los 10 días siguientes conforme el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 2 Expediente digital SAMAI. Gestión en Otros Despachos. Índice 00001. 1_Demanda(.pdf)RADICADO: 680013333011-2023-00312-01

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de 2015 , puesto que a partir de ese tiempo adquirió el estatus jurídico de pensionada, por haber completado 20 años de servicio y tener 55 años de edad, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 y la Ley 91 de 1989.

Además, solicita el pago de reajustes y demás beneficios consagrados por la ley en

conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 y la Ley 91 de 1989.

Además, solicita el pago de reajustes y demás beneficios consagrados por la ley en favor de los pensionados y la actualización de las sumas reconocidas a valor presente.

Manifiesta que la demandada debe dar cumplimiento al fallo dentro de los 30 días siguientes a su notificación. P ide que se cumpla el artículo 192 , 194 y 195 del CPACA.

2. Hechos

La señora María Eugenia Torres Sierra indica que, desde su vinculación al ramo docente, ostentaba la calidad de docente nacionalizado. Manifiesta que se vinculó a la docencia en el Municipio de Floridablanca mediante orden de prestación de servicios desde el 24 de enero de 1994 de forma ininterrumpida hasta el 21 de agosto de 2001. Luego laboró en el Municipio de Rionegro, Santander, bajo contratos de prestación de servicios docentes del 30 de abril de 2002, julio de 2002, octubre de 2002, agosto y octubre de 2003, todos celebrados con el Departamento de Santander. Asegura que se vinculó con el Municipio de Bucaramanga como docente a tiempo completo el 12 de abril de 2004 hasta la fecha de la presentación de la demanda. Expone que , mediante sentencia del 5 de diciembre de 200 8, el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Bucaramanga condenó al Municipio de Floridablanca a cancelar todas las prestaciones que constituyen salario por existir una relación laboral desde el 24 de enero de 1994 hasta el 30 de diciembre de 1999 en virtud de los OPS suscritos.

a cancelar todas las prestaciones que constituyen salario por existir una relación laboral desde el 24 de enero de 1994 hasta el 30 de diciembre de 1999 en virtud de los OPS suscritos. La demandante menciona que una vez acreditó el tiempo de servicio como personal docente nacionalizado y 55 años de edad, presentó la documentación ante la entidad demandada el 27 de mayo de 2021 con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión a que tenía derecho. Agrega que la Secretaría de Educación Municipal de Bucaramanga, mediante Resolución No. 0366 de 2 de febrero de 2022, negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de vejez, y que contra dicha decisión interpuso el recurso de reposición el 22 de febrero de 2022, ante lo cual, mediante Resolución No. 2450 del 12 de julio de 2022, la entidad confirmó la primera decisión.

3. Normas violadas y concepto de violación Se enlistan en la demanda como normas violadas los artículos: 81 de la Ley 812 de 2003; 279 de la Ley 100 de 1993; 1 y 15 de la Ley 91 de 1989; 1 y 25 de la Ley 33 de 1985 y 27 del Decreto 3135 de 1968.

La demandante advierte que los docentes vinculados con anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003, como ocurre en su caso, se rigen por la normativa anterior, es decir, la Ley 33 de 1985 . Sostiene que cumple los requisitos previstos en esta normativa para acceder a la pensión, pues tiene más de 55 años y ha prestado servicios a la docencia oficial durante más de 20 años.

B. Contestación

es decir, la Ley 33 de 1985 . Sostiene que cumple los requisitos previstos en esta normativa para acceder a la pensión, pues tiene más de 55 años y ha prestado servicios a la docencia oficial durante más de 20 años.

B. Contestación La NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG)3 se opone a las pretensiones de la demanda.

3 Expediente digital SAMAI. Gestión en Otros Despachos. Índice 00014. 22_ContestacionFOMAG(.pdf)RADICADO: 680013333011-2023-00312-01

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Manifiesta que la demandante pretende la inclusión de varios factores salariales que no están contemplados en la normativa vigente aplicable al caso concreto. Argumenta que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, y en consonancia con la Ley 33 de 1.985 y los Decretos 2341 de 2003 y 3752 de 2003 , la liquidación de las pensiones únicamente se debe basar en los factores sobre los cuales se hayan realizado las cotizaciones, puesto que, de lo contrario, se estarían reconociendo factores que no han sido cotizados al sistema de seguridad social en pensión, vulnerando el principio de sostenibilidad financiera establecido

cuales se hayan realizado las cotizaciones, puesto que, de lo contrario, se estarían reconociendo factores que no han sido cotizados al sistema de seguridad social en pensión, vulnerando el principio de sostenibilidad financiera establecido constitucionalmente y ratificado a través del acto legislativo 001 de 2005. Propone las siguientes excepciones: (i) Inexistencia de la obligación o cobro de lo no debido, (ii) Legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad, (iii) Buena Fe e improcedencia de costas procesales, (iv) Prescripción, (v) Caducidad y (vi) Genérica. El DEPARTAMENTO DE SANTANDER – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 4 se opone a las pretensiones de la demanda. Manifiesta que no exist e vínculo causal en relación con la solicitud de reconocimiento de pensión. Argumenta que, conforme a la Ley 91 de 1989, la competencia para reconocer y pagar las pensiones de los docentes es del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), y no suya. Aclara que, en el trámite administrativo de reconocimiento d e pensiones docentes, su competencia se limita a la proyección de la resolución y el envío de esta al FOMAG para su validación y pago. Aclara que la actora no cumplió con el procedimiento establecido para tal efecto, específicamente no radicó su solicitud en el aplicativo «HUMANO EN LÍNEA» dispuesto para ello. Por último, sostiene que la demanda con la cual pretende el reconocimiento de la pensión no cumplió con los requisitos procesales establecidos en la Ley 1437 de 2011 y el Decreto 1716 de 2009, puesto que no agotó la conciliación extrajudicial.

pensión no cumplió con los requisitos procesales establecidos en la Ley 1437 de 2011 y el Decreto 1716 de 2009, puesto que no agotó la conciliación extrajudicial. Propone las siguientes excepciones: (i) Falta manifiesta de legitimación en la causa por pasiva, (ii) Incumplimiento de requisitos de procedibilidad, (iii) Inexistencia de la obligación, (iv) cobro de lo no debido, y (iv) Genérica. El MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL5 se opone a las pretensiones de la demanda. Manifiesta que la señora María Eugenia Torres Sierra no cumplió con los requisitos para acceder a la pensión de vejez solicitada. En primer lugar, señala que la actora no probó su afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio antes de la Ley 812 de 2003. Indica que la vinculación de la demandante no fue bajo un nombramiento oficial, sino como contratista, lo que impide que se reconozca el tiempo de servicio prestado antes de la Ley 812 para efectos pensionales. Refiere que, aunque la demandante alcanzó la edad de 57 años el 6 de junio de 2017, solo cotizó 794 semanas, lo cual no es suficiente para cumplir con el mínimo de semanas exigido para obtener la pensión, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Propone las siguientes excepciones: (i) Caducidad, (ii) Falta de legitimación en la causa por pasiva, (iii) Inexistencia de la obligación, y (iv) Buena Fe.

C. La sentencia recurrida6

Mediante sentencia del 20 de noviembre de 2024, el Juzgado Once Administrativo

causa por pasiva, (iii) Inexistencia de la obligación, y (iv) Buena Fe.

C. La sentencia recurrida6

Mediante sentencia del 20 de noviembre de 2024, el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga niega las pretensiones de la demanda sin condena en costas.

4 Expediente digital SAMAI. Gestión en Otros Despachos. Índice 00017. 26_ContestacionDepartamento(.pdf) 5 Expediente digital SAMAI. Gestión en Otros Despachos. Índice 00015. 24_ContestacionBucaramanga(.pdf) 6 Expediente digital SAMAI. Gestión en Otros Despachos. Índice 00031. Documento 46SentenciadePrimeraInstancia(.pdf)RADICADO: 680013333011-2023-00312-01

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El a quo considera que la demanda interpuesta por María Eugenia Torres Sierra fue presentada dentro del término establecido en el artículo 164.5 de la Ley 1437 de 2011, ya que el acto administrativo que negó el reconocimiento de la pensión de jubilación constituye una prestación periódica, lo que permite su impugnación en cualquier momento. De otra parte, declara probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva planteada por el Departamento de Santander y el Municipio de

jubilación constituye una prestación periódica, lo que permite su impugnación en cualquier momento. De otra parte, declara probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva planteada por el Departamento de Santander y el Municipio de Bucaramanga, puesto que, en este caso, la entidad responsable del reconocimiento y pago de la pensión era la Nación, a través del Ministerio de Educación NacionalFondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), y no las entidades territoriales. En cuanto al fondo del asunto, el juzgado sostiene que, aunque la demandante cumplió con el requisito de edad, no había acreditado los 20 años de servicio oficial requeridos cuando presentó la demanda . Reconoce que la demandante aportó pruebas de haber trabajado en calidad de contratista, pero considera que estos contratos de prestación de servicios no sirven para el cómputo del tiempo requerido para efectos pensionales , teniendo en cuenta que no se hicieron l os correspondientes aportes al sistema de seguridad social en pensiones. Por tanto, concluye que la demandante no cumplió con los requisitos establecidos en la ley para acceder a la pensión de jubilación bajo la Ley 33 de 1985. El despacho se abstiene de imponer costas procesales, dado que, en su criterio, no se presentó evidencia suficiente para justificar su imposición.

D. La apelación La parte demanda nte7 solicita que se revoque la sentencia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.

Argumenta que su vinculación al servicio docente fue continua desde sus inicios en 1994 bajo contrato de prestación de servicios , con lo cual ha consolidado más de 26 años de servicio, superando el tiempo requerido por la Ley 33 de 1985, y que ,

Argumenta que su vinculación al servicio docente fue continua desde sus inicios en 1994 bajo contrato de prestación de servicios , con lo cual ha consolidado más de 26 años de servicio, superando el tiempo requerido por la Ley 33 de 1985, y que , para el momento de su solicitud, cumplía con la edad exigida de 55 años. Además, la demandante señala que el juez no tuvo en cuenta las sentencias previas, como la del Tribunal Administrativo de Santander en 2007, que reconocen la existencia de una relación laboral formal bajo órdenes de prestación de servicios, aplicando el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades. Aduce que, de conformidad con estas, la relación laboral de los docentes debía ser reconocida independientemente de la modalidad del contrato, ya que la prestación de servicios fue continua y con una clara intención de vinculación permanente por parte de la administración.

E. Trámite de segunda instancia

Mediante auto del 18 de marzo de 2025 8 se admitió el recurso de apelación interpuesto por la demandante. Durante su ejecutoria, el FOMAG y el Ministerio guardaron silencio.

1. La demandante se pronunció en escrito del 20 de marzo de 2025 y en este reiteró los argumentos expuestos en el escrito de demanda . A dujo que, independientemente de la modalidad del contrato, cuando el servicio es continuo, se debe reconocer la relación laboral y, por ende, los derechos pensionales, por lo cual argumenta que las resoluciones que niegan el reconocimiento de sus derechos pensionales son contrarias a derecho.

2. El Municipio de Bucaramanga – Secretaría de Educación Municipal señala que la señora María Eugenia Torres Sierra se vinculó al servicio público docente

pensionales son contrarias a derecho.

2. El Municipio de Bucaramanga – Secretaría de Educación Municipal señala que la señora María Eugenia Torres Sierra se vinculó al servicio público docente después de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por ende, le aplica el

7 Expediente digital SAMAI. Gestión en Otros Despachos. Índice 00033. Documento 47_RecursoApelacionDemandante(.pdf) 8 Expediente digital SAMAI. Índice 00005. Documento 3Autoadmiterec_AUTO_20230031201AUTOADMIT(.pdf)RADICADO: 680013333011-2023-00312-01

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régimen pensional de la Ley 100 de 1993. Refiere que la actora no cumple con los requisitos de ley para acceder a la pensión bajo este régimen. Considera que no le asiste responsabilidad en el reconocimiento y pago de la pensión, dado que ello es competencia del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). Sostiene, finalmente, que los períodos cuya vinculación fue por OPS, no deben ser tenidos en cuenta para acreditar el cumplimiento del tiempo de servicio, puesto que no se probó que la actora haya realizado aportes al sistema pensional durante dichos períodos.

II. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la competencia

tenidos en cuenta para acreditar el cumplimiento del tiempo de servicio, puesto que no se probó que la actora haya realizado aportes al sistema pensional durante dichos períodos.

II. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la competencia Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial.

B. El problema jurídico y su resolución De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plantea y resuelve el siguiente problema jurídico: ¿La demandante se vinculó a la docencia oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y, por tanto, tiene derecho a la pensión de jubilación consagrada en la Ley 33 de 1985?

Tesis: Sí.

Fundamento: El régimen jurídico aplicable a los docentes oficiales vinculados antes del 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, es el establecido en la Ley 91 de 1989, normativa especial de los docentes, que remite a la Ley 33 de 1985. Esta normativa consagra una pensión de jubilación para aquellas personas que acrediten 20 años de servicios públicos y 55 años de edad en el caso de las mujeres.

En el presente caso, la demandante prestó servicios a la docencia oficial desde el 24 de enero de 199 4, por lo que, d e acuerdo con lo expuesto, su vinculación al magisterio fue anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812. A demás, la demandante tiene 64 años y cuenta con 22 años, 4 meses y 21 días de servicios

magisterio fue anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812. A demás, la demandante tiene 64 años y cuenta con 22 años, 4 meses y 21 días de servicios prestados al magisterio, es decir, reúne los requisitos para acceder a la pensión de jubilación de la Ley 33 de 1985.

Existen casos análogos en los que la jurisprudencia ha reconocido el derecho pensional sumando los tiempos en los que el docente laboró como contratista sin que se acredite que durante esos períodos realizó aportes a pensión. Esta postura no es pacífica, s in embargo, ante la existencia de diferentes pronunciamientos, el Tribunal debe acoger la tesis más favorable al trabajador, en virtud de los principios constitucionales de primacía de la realidad sobre las formalidades e in dubio pro operario.

D. Marco jurídico

1. El régimen aplicable a los docentes afiliados al FOMAG para adquirir una pensión de jubilación por aportes

El Consejo de Estado , en sentencia de unificación SUJ -014-CE-S2-20199, determinó que existen dos regímenes prestacionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (F OMAG), aplicables a cada docente según su fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial.

9 Consejo de Estado. Sentencia de unificación del 25 de abril de 2019. Sección Segunda, C. P: César Palomino Cortés. Rad.: 680012333000201500569-01, N.I: 0935-2017.RADICADO: 680013333011-2023-00312-01

680012333000201500569-01, N.I: 0935-2017.RADICADO: 680013333011-2023-00312-01

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Para los docentes afiliados al FOMAG con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, les es aplicable lo dispuesto en las Leyes 91 de 1989, 33 de 1985 o 71 de 1988, y 62 de 1985.

A este grupo de docentes no le es aplicable la Ley 100 de 1993 ni su régimen de transición previsto en el art 36, comoquiera que el art. 279 ibidem 10 dispuso que el Sistema Integral de Seguridad Social contenido en esa norma, no era aplicable a las personas afiliadas al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio11. En cambio, aquellos docentes vinculados a partir del 27 de junio de 2003, cuando entró en vigencia la mencionada Ley 812, están sujetos a las disposiciones contenidas en las Leyes 812 de 2003, 100 de 1993, 797 de 2003 y el Decreto 1158 de 1994.

El Consejo de Estado, en sentencia del 18 de marzo de 2021 12, aclaró que los docentes a quienes les aplica el régimen anterior al 27 de junio de 2003, están

de 1994.

El Consejo de Estado, en sentencia del 18 de marzo de 2021 12, aclaró que los docentes a quienes les aplica el régimen anterior al 27 de junio de 2003, están «exceptuados del Sistema Integral de Seguridad Social por mandato del artículo 279 de la Ley 100 de 1993».

La misma Corporación 13, en sentencia de tutela del 6 de septiembre de 2021, amparó los derechos fundamentales de una docente a quien se le había negado en segunda instancia el reconocimiento de la pensión por aportes prevista en la Ley 71 de 1985, bajo el argumento de que no cumplía con el régimen de transición de la Ley 100.

El alto tribunal reiteró que los docentes vinculados con anterioridad a la Ley 812 de 2003 tienen derecho a que se les aplique la Ley 91 de 1989 que remite a la Ley 33 de 1.985. Recordó que no puede aplicarse la Ley 100 ni su régimen de transición a los docentes oficiales, porque estos fueron exceptuados en el artículo 279 de ese estatuto. Con base en lo anterior, concluyó que la interpretación que hizo el Tribunal accionado derivó en la vulneración de los derechos fundamentales de la docente accionante.

En línea con lo anterior, el Consejo de Estado, en sentencia del 25 de agosto de 202214, reconoció la pensión de que trata la Ley 71 de 1988 a una docente oficial vinculada antes de la Ley 812 de 2003. Consideró que aquel caso no era posible exigir al personal docente los requisitos de la transición de la Ley 100, por ser una norma inaplicable al caso. Al respecto, dijo:

Los docentes, como ya lo precisó la Sala, están exceptuados del Sistema General de

exigir al personal docente los requisitos de la transición de la Ley 100, por ser una norma inaplicable al caso. Al respecto, dijo:

Los docentes, como ya lo precisó la Sala, están exceptuados del Sistema General de Pensiones, por lo que no les aplica el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que establece un régimen de transición. (…) el a quo determinó que el actor tenía derecho a una pensión de jubilación de conformidad con las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, porque, aunque acreditó haberse vinculado al servicio docente oficial el 16 de julio de 2001 hasta el 30 de noviembre de 2011, en calidad de interina, tuvo una interrupción en el servicio superior a 15 días hábiles . En consecuencia, cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, no estaba vinculada al servicio pues esto ocurrió nuevamente solo hasta el 18 de febrero de 2004. Pues bien, para la Sala el a quo incurre en un yerro comoquiera que está acreditado en el plenario que la señora Veloza ingresó al servicio de la docencia oficial el 16 de

10 ARTÍCULO 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros d e las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas. Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas

de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas. Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la exp edición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de co nformidad con la reglamentación que para el efecto se expida. 11 Consejo de Estado. Sentencia de unificación del 25 de abril de 2019. Sección Segunda, C. P: César Palomino Cortés. Rad.: 680012333000201500569-01, N.I: 0935-2017. 12 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A, Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ, Bogotá, D. C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 63001 -23-33-0002014-00249-01(0249-16) 13 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,

Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA, Bogotá D. C., seis (6) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03766-00(AC) 14 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A CONSEJERO

11001-03-15-000-2021-03766-00(AC) 14 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A CONSEJERO

PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS Bogotá, D. C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 25000-2342-000-2019-00507-01 (4275-2021)RADICADO: 680013333011-2023-00312-01

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

julio de 2001, esto es, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

De acuerdo con la jurisprudencia citada15, el régimen jurídico aplicable a los docentes oficiales vinculados antes del 27 de junio de 2003, fecha de expedición de la Ley 812 de 2003, para el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación, es el dispuesto en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 16. Esto, siempre y cuando se acrediten 20 años de servicio en el sector público y 55 años de edad. El artículo antes referido fija el monto de la pensión de jubilación

Esto, siempre y cuando se acrediten 20 años de servicio en el sector público y 55 años de edad. El artículo antes referido fija el monto de la pensión de jubilación en el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

Y cuando el docente haya laborado para entidades públicas y privadas, y cotizada pensión en el extinto Instituto de Seguros Sociales -ISS17, hoy administrado por Colpensiones, durante el período de vinculación en el sector privado, podrá obtener una pensión por aportes, tal como lo prescribe el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 18. Para ello, debe: (i) acreditar 20 años de aportes en cualquier tiempo, indistintamente del empleador, y (ii) cumplir con la edad requerida, esto es, 55 años para las mujeres y 60 para los hombres.

Entonces, l a posibilidad de adquirir la pensión prevista en la Ley 33 de 198 5 reclamada por la demandante constituye una de las expectativas prestacionales que tenían los docentes oficiales antes de que su régimen especial desapareciera en virtud del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 19. Tal expectativa fue salvaguardada por el legislador al señalar, en el inciso primero de la citada norma, que los docentes oficiales vinculados para la fecha de entrada en vigencia de la ley seguirían cobijados por las disposiciones anteriores, entre ellas, la Ley 91 de 1989.

Ahora, respecto de los factores que se deben tener en cuenta para liquidar la pensión de jubilación consagrada en la Ley 33 de 1985, el artículo 1 de la Ley 62 de 198520 establece que estos serán aquellos sobre los cuales se hubiesen realizado

Ahora, respecto de los factores que se deben tener en cuenta para liquidar la pensión de jubilación consagrada en la Ley 33 de 1985, el artículo 1 de la Ley 62 de 198520