TA SAN - Sentencia 680013333011-2025-00021-01 (17-03-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, Diecisiete (17) de marzo del dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA RADICADO: 680013333011-2025-00021-01

ENLACE DEL EXPEDIENTE: https://samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list _procesos.aspx?guid=68001333301120250002

1016800123

MEDIO DE CONTROL: Acción de tutela

ACCIONANTE: césar Alberto Gómez Becerra

abcsargmez@gmail.com ACCIONADO: - Comisión Nacional del Servicio civil notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co

• Universidad Libre de Colombia

notificacionesjudiciales@unilibre.edu.co

• Superintendencia Nacional de Salud

snsnotificacionesjudiciales@supersalud.gov.co snstutelas@supersalud.gov.co

SENTENCIA NÚM: 025

TEMA Revoca sentencia de primera instancia y , en su lugar, niega por inexistencia de vulneración de derechos fundamentales. MAGISTRADA PONENTE Claudia Patricia Peñuela Arce

Decide la Sala la impugnación interpuesta por el señor César Alberto Gómez Becerra contra la sentencia de primera instancia del 13 de febrero de 2025, proferida por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, que declaró la improcedencia de la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

proferida por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, que declaró la improcedencia de la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Escrito de tutela1

1.1. Las pretensiones

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 2, índice SAMAI, enlace en la plataforma, archivo denominado 1Demanda, visible en one drive.Acción de Tutela Sentencia de Segunda Instancia

Accionante: César Alberto Gómez Becerra Accionado: Comisión Nacional del Servicio Civil y otros Radicado: 680013333011-2025-00021-01

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El accionante, en nombre propio, promovió la acción de tutela para que le sean protegidos sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso administrativo, trabajo, acceso a cargos públicos de carrera administrativa, la libre elección de profesión u oficio, así como la garantía del principio constitucional de la supremacía de la realidad sobre las formalidades.

En consecuencia, pidió ordenar a la Comisión Nacional del Servicio Civil , en lo que sigue CNSC, a la Universidad Libre de Colombia y a la Superintendencia Nacional de Salud que, dentro del ámbito de sus competencias, reexaminen y resuelvan nuevamente su reclamación, considerando que: (i) el título de « técnico en nómina y prestaciones sociales», obtenido el 11 de junio de 2009 en el Servicio Nacional de Aprendizaje, en adelante SENA, guarda relación con las funciones del cargo y la naturaleza de la entidad, por lo que debe ser valorado en la prueba de antecedentes, (ii) el título de «maestría en paz, desarrollo y ciudadanía», obtenido el

Nacional de Aprendizaje, en adelante SENA, guarda relación con las funciones del cargo y la naturaleza de la entidad, por lo que debe ser valorado en la prueba de antecedentes, (ii) el título de «maestría en paz, desarrollo y ciudadanía», obtenido el 22 de agosto de 2023 en la Corporación Universitarita Minuto de Dios (UNIMINUTO), es pertinente para el empleo a ocupar y debe ser puntuado en la prueba de antecedentes; y (iii) el cargo de profesional especializado, código 2028, grado 19, desempeñado en la Escuela Superior de Administración Pública , en adelante ESAP, debe ser reconocido como su empleo actual, conforme lo declaró en el formulario de inscripción del SIMO de la CNSC.

1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, el accionante manifestó que el 28 de septiembre de 2023 se inscribió, a través de la plataforma SIMO de la CNSC, en el proceso de selección « Superintendencia – Abierto» para optar por el cargo de profesional especializado, grado 19, código 2028, identificado con el número de empleo 191267, y que, en el apartado de « experiencia laboral», registró su vinculación vigente con la ESAP como profesional especializado, con fecha de inicio el 3° de diciembre de 2021 y sin indicar la de terminación, en razón a que su permanencia en el cargo se extendió hasta el 2 ° de septiembre de 2024, circunstancia que, a su juicio, se encuentra acreditada mediante la Resolución núm. 1788 del 30 de agosto de 2024, por la cual se aceptó su renuncia al referido empleo. Afirmó que, en el concurso mencionado, alcanzó un puntaje de 95.25 en la prueba

agosto de 2024, por la cual se aceptó su renuncia al referido empleo. Afirmó que, en el concurso mencionado, alcanzó un puntaje de 95.25 en la prueba comportamental, 83.63 en la específica funcional, 83.23 en la entrevista y 61.65 en la prueba de valoración de antecedentes. Sin embargo, advir tió con preocupación que, en los resultados detallados de esta última prueba, no recibió puntaje en la categoría de « educación para el trabajo y desarrollo humano » por elAcción de Tutela Sentencia de Segunda Instancia

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título de «técnico en nómina y prestaciones sociales», obtenido el 11 de junio de 2009 en el SENA, ni en la de «educación formal (profesional)» por la «maestría en paz, desarrollo y ciudadanía », obtenida el 22 de agosto de 2023 en UNIMINUTO. Asimismo, señaló que, en el apartado de experiencia profesional, le asignaron un puntaje de 6.56 cuando, a su parecer, correspondía a 13.95, dado que el cargo de profesional especializado, código 2028, grado 19, lo desempeñó desde el 3 de diciembre de 2021 y, al momento de su inscripción el 28 de septiembre de 2023, continuaba ejerciéndolo. A renglón seguido, indicó que la Universidad Libre de Colombia, al justificar la negativa de puntaje en los aspectos señalados, sostuvo que: (i) el título de «técnico

continuaba ejerciéndolo. A renglón seguido, indicó que la Universidad Libre de Colombia, al justificar la negativa de puntaje en los aspectos señalados, sostuvo que: (i) el título de «técnico en nómina y prestaciones sociales » no guarda relación con la Oferta Pública de Empleos de Carrera, en adelante OPEC; (ii) la « maestría en paz, desarrollo y ciudadanía» no se vincula con las funciones del cargo en concurso; y (iii) la experiencia como profesional especializado, código 2028, grado 19, solo resulta válida hasta la fecha de expedición de la certificación respectiva, pues no es posible certificar hechos futuros. De conformidad con lo anterior, precisó que presentó la reclamación dentro del término legal, pero sostuvo que la respuesta emitida por la Universidad Libre de Colombia no atendió de manera específica cada uno de los aspectos planteados, pues se limitó a señalar que: (i) El título de « técnico en nómina y prestaciones sociales » no guardaba relación con el propósito general del cargo, sin considerar las distintas funciones asignadas al empleo a proveer. En ese sentido, insistió en que su título debía ser objeto de puntuación adicional, dado que guarda relación con las funciones establecidas en la OPEC y en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales del cargo en concurso. Para sustentar su afirmación, detalló las correspondencias entre las asignaturas cursadas en su formación técnica y las exigencias de la OPEC. Incluso, resaltó que ese programa académico lo capacitó para participar en auditorías, documentar hallazgos y garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos, por lo cual concluyó que los conocimientos adquiridos resultan indispensables para el

de la OPEC. Incluso, resaltó que ese programa académico lo capacitó para participar en auditorías, documentar hallazgos y garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos, por lo cual concluyó que los conocimientos adquiridos resultan indispensables para el desempeño del empleo ofertado.

(ii) La maestría en « paz, desarrollo y ciudadanía » fue desestimada bajo el argumento de que no guarda relación con el propósito general delAcción de Tutela Sentencia de Segunda Instancia

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cargo, sin analizar de manera integral las funciones específicas del empleo a proveer. Frente a ello, presentó un cuadro comparativo en el que estableció la correspondencia entre las funciones de la OPEC y los conocimientos adquiridos en la maestría, en el que destacó, entre otros aspectos, que las asignaturas cursadas le proporcionaron una formación técnica en documentación y análisis de información, competencias que permiten la generación de reportes oportunos y fundamentados. Con fundamento en lo anterior, argumentó la pertinencia de su formación y solicitó la corrección del puntaje asignado, el cual, a su juicio, debía pasar de 10 a 25 puntos.

(iii) En cuanto a su exper iencia profesional en el cargo de profesional especializado, grado 19, código 2029 en la ESAP, se le informó que no sería valorada como su empleo actual al momento de la inscripción, el 28 de septiembre de 2023, sino únicamente hasta el 19 de agosto de 2022, con fundamento en la certificación aportada. No obstante,

sería valorada como su empleo actual al momento de la inscripción, el 28 de septiembre de 2023, sino únicamente hasta el 19 de agosto de 2022, con fundamento en la certificación aportada. No obstante, manifestó su inconformidad con dicho criterio y reiteró la necesidad de recalificar la puntuación asignada de 6.56, al considerar que la evaluación fue errónea, pues no se tuvo en cuenta que, en el formulario de inscripción, no indicó una fecha de terminación, ya que, para ese momento, se trataba de su empleo actual. Por tanto, adujo que la respuesta emitida por la Universidad Libre de Colombia obedeció a una interpretación restrictiva y meramente exegética, lo que configura una vulneración a sus derechos fundamentales, pues la negativa carece de criterios de proporcionalidad y razonabilidad. Finalmente, aclaró que no pretende la declaratoria de nulidad del acto administrativo que reglamentó la con vocatoria del concurso al que se presentó, sino que busca que se reconsidere y resuelva su reclamación.

2. Contestaciones de la demanda

2.1. Comisión Nacional del Servicio Civil2

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 9, índice SAMAI, enlace en la plataforma, archivo denominado 11_MemorialWeb_Respuesta-CESARALBERTOGOMEZ, visible en one drive.Acción de Tutela Sentencia de Segunda Instancia

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El apoderado de la entidad demandada presentó escrito de contestación en el que

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El apoderado de la entidad demandada presentó escrito de contestación en el que solicitó denegar las pretensiones de la acción de tutela, al no evidenciarse vulneración de derechos fundamentales. Precisó que la inconformidad del accionante se enmarca dentro de la normatividad aplicable al concurso de méritos, en particular en lo relat ivo a la etapa de valoración de antecedentes, la cual se encuentra debidamente reglamentada en el Acuerdo rector del proceso de selección, acto administrativo de carácter general. En consecuencia, sostuvo que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para controvertir dichas decisiones, pues el accionante dispone de otros medios judiciales que debe agotar. Por otra parte, sostuvo que el señor César Alberto Gómez Becerra no probó la existencia de un perjuicio irremediable, toda vez que no demostró la inm inencia, urgencia, gravedad ni el carácter impostergable de la medida de amparo que solicita. Asimismo, afirmó que no puede alegar la vulneración de un derecho consolidado, pues, a la fecha, solo ostenta una mera expectativa de ocupar un lugar en la lista de elegibles, sin que ello configure una afectación directa a sus derechos fundamentales. Luego de exponer las actuaciones surtidas al interior del concurso de mérito s, informó que el accionante presentó su reclamación dentro del término establecido. No obstante, indicó que no resulta procedente la valoración de los títulos de «técnico en nómina y prestaciones sociales » y «maestría en paz, desarrollo y

informó que el accionante presentó su reclamación dentro del término establecido. No obstante, indicó que no resulta procedente la valoración de los títulos de «técnico en nómina y prestaciones sociales » y «maestría en paz, desarrollo y ciudadanía», por cuanto no guardan relación con las funci ones del empleo identificado con la OPEC 191267, al cual se inscribió. En concreto, explicó que no evidenció correspondencia entre el pénsum de la maestría y las funciones del empleo objeto del concurso. Respecto al título de técnico en nómina y prestaciones sociales, señaló que su enfoque en gestión de nóminas y prestaciones lo aleja del propósito del cargo, el cual consiste en «desarrollar análisis jurídicos para las actividades de inspección y vigilancia» conforme a la normativa que regula el concurso. Por ello, concluyó que los criterios auxiliares invocados por el accionante no son de recibo. En coherencia con lo narrado, aseveró que la verificación de requisitos mínimos y la prueba de valoración de antecedentes se efectuaron conforme a un criterio unificado aplicable a los aspirantes inscritos en los procesos de selección para la provisión de vacantes definitivas en cargos de carrera administrativa, el cual citó en los siguientes términos:Acción de Tutela Sentencia de Segunda Instancia

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«4.2. Valoración de la experiencia relacionada Cuando exista una sola función relacionada con alguna de las del empleo a proveer, será suficiente para entender cumplido el requisito de experiencia,

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«4.2. Valoración de la experiencia relacionada Cuando exista una sola función relacionada con alguna de las del empleo a proveer, será suficiente para entender cumplido el requisito de experiencia, siempre y cuando, la experiencia adquirida con la función o actividad desempeñada se relacione con alguna de las funciones misionales del empleo, y no con una genérica o transversal, que es común a varios empleos distintos entre sí». [negrillas y subraya del texto original]

En esa línea, agregó que el demandante, al momento de su inscripción, aceptó íntegramente las condiciones y reglas del proceso de selección, lo que implicaba la obligación de revisar previamente los requisitos y funciones del cargo, así como de verificar la pertinencia de los documentos aportados en relación con el empleo al que aspiraba. En cuanto a la certificación de la experiencia profesional, indicó que, en sesión de Sala Plena del 18 de febrero de 2021, se adoptó por unanimidad el siguiente criterio: «5. ¿Cómo se debe contabilizar el tiempo de experiencia cuando la certificación laboral no da cuenta de la fecha final de la respectiva vinculación del empleado?

Respuesta: En estos casos, si la certificación incluye una expresión como, “se encuentra vinculado”, “trabaja”, “labora” (es decir, verbos en tiempo presente) o similares, que dan la certeza que el aspirante para ese momento se encontraba vinculado con la entidad, se debe tomar como fecha de terminación de la vinculación laboral la fecha de expedición de tal certificación.

En todos los demás casos, esa certif icación laboral resultaría inválida para contabilizar experiencia». [negrilla original]

Así las cosas , se pronunció sobre el documento aportado por el accionante y

En todos los demás casos, esa certif icación laboral resultaría inválida para contabilizar experiencia». [negrilla original]

Así las cosas , se pronunció sobre el documento aportado por el accionante y precisó que no se evidenció una fecha exacta de terminación de las actividades desempeñadas, por lo que se tomó como referencia la fecha de expedición del documento, ante la imposibilidad de acreditar que el accionante continuó ejerciendo dichas funciones con posterioridad. Finalmente, reiteró que no procede acceder a lo solicitado, dado que debe prevalecer lo dispuesto en el Acuerdo del Proceso de Selección y su Anexo Técnico, en tanto constituyen las normas rectoras del concurso y son de obligatorio cumplimiento para todos los aspirantes. En virtud de lo anterior, sostuvo que la val oración de antecedentes no se realizó de manera arbitraria ni discrecional, sino conforme a los criterios y parámetros previamente definidos antes de la apertura del proceso de selección. 2.2. Universidad Libre de ColombiaAcción de Tutela Sentencia de Segunda Instancia

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Pese a estar debidamente notificada, no allegó el informe solicitado. 2.3. Superintendencia Nacional de Salud Pese a estar debidamente notificada, no allegó el informe solicitado. 2.4. Concursantes del proceso de selección Superintendencia – Abierto, inscritos para el cargo de profesional especializado grado 19 código 2028 núm. de empleo 191267 No se registró intervención alguna al respecto, a pesar de que la CNSC dio

2.4. Concursantes del proceso de selección Superintendencia – Abierto, inscritos para el cargo de profesional especializado grado 19 código 2028 núm. de empleo 191267 No se registró intervención alguna al respecto, a pesar de que la CNSC dio cumplimiento al requerimiento de publicación 3 para que los terceros interesados pudieran pronunciarse.

3. La sentencia impugnada4

El Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga declaró la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que las pretensiones del accionante deben ser debatidas ante el juez natural del proceso, escenario en el cual le asiste la posibilidad de solicitar las medidas cautelares que estime conducentes para la protección de sus derechos. Fundamentó su decisión en la inobservancia del principio de subsidiariedad, por cuanto no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que hiciera imperativa la intervención del juez constitucional. Adicionalmente, sostuvo que la controversia suscitada en torno a la puntuación obtenida en la prueba de valoración de antecedentes fue objeto de trámite y decisión por parte de la CNSC conforme a la normativa aplicable, razón por la cual la acción de tutela no resulta ser el mecanismo procesal idóneo para reabrir el debate administrativo.

4. La impugnación5

El accionante impugnó la decisión de primera instancia al considerar que esta le irroga un perjuicio irremediable en su condición de participante en la convocatoria objeto de controversia, pues, a su juicio, las entidades demandadas le desconocieron el puntaje que le corresponde conforme al documento técnico que

3 Ibidem, pág. 18.

objeto de controversia, pues, a su juicio, las entidades demandadas le desconocieron el puntaje que le corresponde conforme al documento técnico que

3 Ibidem, pág. 18. 4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 17, índice SAMAI, enlace en la plataforma, archivo denominado 26SentenciadePr_2025021TuFalloNiegaI, visible en one drive. 5 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 17, índice SAMAI, enlace en la plataforma, archivo denominado 27_MemorialWeb_Recurso-RecursodeIMPUGNACI, visible en one drive.Acción de Tutela Sentencia de Segunda Instancia

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rige el proceso de selección. En consecuencia, sostuvo que tal circunstancia configura una vulneración a sus derechos fundamentales. Finalmente, argumentó que dicho perjuicio se materializa en la im posibilidad de acceder a uno de los 16 cargos ofertados en los distintos municipios de la OPEC, toda vez que, de reconocerse la puntuación reclamada, alcanzaría un puntaje de 85.24 y ascendería al puesto 47 en la lista de elegibles.

II. CONSIDERACIONES

A. Competencia

De acuerdo con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Corporación tiene competencia para conocer las impugnaciones de las sentencias de tutela dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos dentro de su jurisdicción territorial.

B. Legitimación en la causa por activa y por pasiva

Corporación tiene competencia para conocer las impugnaciones de las sentencias de tutela dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos dentro de su jurisdicción territorial.

B. Legitimación en la causa por activa y por pasiva En el presente asunto, la acción de tutela fue promovida directamente por el señor César Alberto Gómez Becerra, en su calidad de titular de los derechos fundamentales que estima conculcados, lo que satisface el requisito de legitimación en la causa por activa, toda vez que persigue el amparo de sus propios intereses.

En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, esta se encuentra configurada, en la medida en que la acción se dirige contra la CNSC y la Universidad Libre de Colombia, entidades que tuvieron a su cargo el trámite y resolución del recurso de reclamación elevado por el accionante. Por lo tanto, dichas autoridades están llamadas a responder por la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados en el escrito de tutela, derivada, según lo aduce el demandante, de la supuesta falta de una respuesta de fondo a los reparos por él formulados. No obstante, en lo que concierne a la Superintendencia Nacional de Salud, la Sala advierte que no se le imputa vulneración alguna de derechos fundamentales en el escrito de tutela . Por tanto , resulta procedente su desvinculación del presente trámite constitucional, decisión que será adoptada en la parte resolutiva de esta providencia.

C. InmediatezAcción de Tutela

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La acción de tutela que dio origen al presente trámite fue presentada el 3 de febrero de 2025, es decir, menos de un mes después de que el accionante radicara su reclamación el 8 de enero de 2025, la cual fu e resuelta en sentido negativo en el mismo mes —sin que se precise la fecha exacta—. En este orden, la Sala estima que el tiempo transcurrido entre la presunta vulneración y la interposición del amparo resulta razonable y, en consecuencia, se encuentra acreditado el requisito de inmediatez.

D. Subsidiariedad La jurisprudencia constitucional6 ha sostenido que la limitante de la subsidiariedad se estructura cuando : (i) la existencia de un proceso judicial en curso en el que puedan ventilarse las pretensiones del accionante; (ii) la disponibilidad de medios de defensa judicial que no han sido agotados en el procedimiento correspondiente; y (iii) la utilización de la acción de tutela como mecanismo para sustituir al juez natural del asunto o para reabrir etapas procesales ya precluidas, sin que se hubieren empleado los recursos e impugnaciones previstos en el ordenamiento jurídico.

En concordancia con lo anterior, se ha reiterado que la acción de tutela no es el instrumento adecuado para resolver pr etensiones cuya protección se encuentra garantizada a través de mecanismos judiciales idóneos y eficaces dispuestos en el ordenamiento jurídico, pues su uso en estos casos desconoce la autonomía e

instrumento adecuado para resolver pr etensiones cuya protección se encuentra garantizada a través de mecanismos judiciales idóneos y eficaces dispuestos en el ordenamiento jurídico, pues su uso en estos casos desconoce la autonomía e independencia de las autoridades competentes en el ejercici o de sus funciones, al tiempo que desvirtúa la naturaleza residual y subsidiaria de la acción de amparo.

Esta regla general ha sido igualmente acogida en el ámbito de los concursos de méritos. Al respecto, la H. Corte Constitucional7 ha manifestado que:

«el juez de lo contencioso administrativo es la autoridad llamada a juzgar las violaciones de los derechos fundamentales que ocurran en este tipo de actuaciones administrativas. Al respecto, ha manifestado que «por regla general, […] es improcedente la acción de tutela que pretenda controvertir los actos proferidos por las autoridades administrativas que se expidan con ocasión de un concurso de méritos, pues para ello se han previsto otros instrumentos judiciales como lo dispone el artícu lo 104 de la Ley 1437 de 2011»[54]. La posibilidad de emplear las medidas cautelares, « que pueden ser de naturaleza preventiva, conservativa, anticipativa o de suspensión» [55], demuestra que tales acciones «constituyen verdaderos mecanismos de protección, ante los efectos adversos de los actos administrativos»[56]».

6 Véase a modo de ejemplo las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T -103 de 2014, T-373 de 2015 y T-630 de 2015, entre muchas otras. 7 Corte Constitucional, SU-067 de 2022.Acción de Tutela Sentencia de Segunda Instancia

Accionante: César Alberto Gómez Becerra

T-373 de 2015 y T-630 de 2015, entre muchas otras. 7 Corte Constitucional, SU-067 de 2022.Acción de Tutela Sentencia de Segunda Instancia

Accionante: César Alberto Gómez Becerra Accionado: Comisión Nacional del Servicio Civil y otros Radicado: 680013333011-2025-00021-01

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No obstante, esta regla encuentra una excepción cuando la controversia planteada no recae sobre la decisión definitiva que resuelve el concurso, sino sobre actos administrativos de trámite, frente a los cuales no proceden los mecanismos ordinarios de impugnación ante la jurisdicción contenciosoadministrativa. En este sentido, la Sala destaca que las decisiones adoptadas en el marco de un concurso de méritos para la provisión de empleos públicos suelen revestir la naturaleza de actos de trámite, respecto de los cuales no resultan procedentes los recursos en sede administrativa ni los medios de control regulados en el CPACA. En estos casos, la acción de tutela deviene en procedente, pues « la persona afectada no tiene mecanismo distinto de la acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos porque no está legitimada para impugnar los actos administrativos que los vulneran »8, como qui era que tales decisiones no son susceptibles de discusión jurisdiccional ante lo Contencioso Administrativo9.

Lo anterior obedece a que tales decisiones tienen por finalidad el avance del procedimiento administrativo y, por regla general, no contienen determinaciones de carácter sustancial con capacidad de afectar derechos subjetivos de los administrados, razón por la cual no pueden ser objeto de control judicial a través de los medios ordinarios de impugnación.

procedimiento administrativo y, por regla general, no contienen determinaciones de carácter sustancial con capacidad de afectar derechos subjetivos de los administrados, razón por la cual no pueden ser objeto de control judicial a través de los medios ordinarios de impugnación.

En el presente caso, como lo s ostiene CNSC y lo refirió el a quo , podría argumentarse que el accionante dispone de otro medio de defensa judicial para controvertir la decisión cuestionada, a saber, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, circunstancia que, en principio, tornaría improcedente la acción de tutela, conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991.

Sin embargo, como se expuso previamente, el señor César Alberto Gómez Becerra promueve la presente acción con el fin de cuestionar la respuesta otorgada a su reclamación respecto de los resultados publicados en la prueba de valoración de antecedentes dentro de los procesos de selección números 2502 al 2508 del Sistema Específico de Carrera Administrativa de las Superintendencias de la Administración Pública Nacional . Y aun cuando el acto administrativo mediante el cual se confirman los resultados de la prueba de valoración de antecedentes reviste la naturaleza de un acto de trámite, es innegable que en él se adopta una decisión de significativa trascendencia dentro del desarrollo de la

8 Corte Constitucional, Sentencia T-314 de 1998. 9 Corte Constitucional, Sentencia T-292 de 2017.Acción de Tutela Sentencia de Segunda Instancia

Accionante: César Alberto Gómez Becerra

Accionado: Comisión Nacional del Servicio Civil y otros

9 Corte Constitucional, Sentencia T-292 de 2017.Acción de Tutela Sentencia de Segunda Instancia

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convocatoria, pues, siempre que los aspirantes cumplan con la totalidad de los requisitos exigidos y superen las fase s subsiguientes del concurso, el puntaje obtenido en dicha prueba resulta determinante para la conformación de la lista de elegibles. Finalmente, se considera necesario establecer si, en el caso concreto, ha existido una vulneración de los derechos fundamentales del accionante. No obstante, dado que en la presente instancia únicamente se analiza la procedibilidad del amparo solicitado, no resulta posible concluir, en esta etapa del análisis, que tal vulneración se haya materializado. Esta cuestión se rá objeto de examen en el análisis de fondo que se desarrollará a continuación. En todo caso, para efectos del estudio de procedibilidad adelantado, la Sala encuentra que, cuando menos de manera aparente, se configura un riesgo de afectación de derechos fu ndamentales, circunstancia que