TA SAN - Sentencia 680013333011-2025-00219-01 (04-11-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, cuatro (4) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN: Acción de tutela RADICADO: 680013333011-2025-00219-01

ACCIONANTE:

José Luis Peña Villamizar Penavillamizar2023@gmail.com

ACCIONADO:

Comisión Nacional de Servicio Civil, CNSC notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co Universidad Libre de Colombia notificacionesjudiciales@unilibre.edu.co juridicaconvocatorias@unilibre.edu.co diego.fernandez@unilibre.edu.co Carlos Alberto Caballero Osorio carlos.caballero@unilibre.edu.co Procuraduría General de la Nación procesosjudiciales@procuraduria.gov.co

MINISTERIO

PÚBLICO:

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO: Sentencia de segunda instancia TEMA: Improcedencia de la acción de tutela contra actos administrativos al interior de un concurso de méritos. Actos administrativos definitorios y de tramite con incidencia en los resultados del aspirante en el concurso, son susceptibles de control judicial en lo contencioso administrativo. Inexistencia de perjuicio irremediable.

méritos. Actos administrativos definitorios y de tramite con incidencia en los resultados del aspirante en el concurso, son susceptibles de control judicial en lo contencioso administrativo. Inexistencia de perjuicio irremediable.

Decide la Sala la impugnación presentada contra la sentencia del 29 de septiembre de 2025, proferida por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, mediante la cual se declaró improcedente la tutela.

1. AntecedentesAcción de tutela Sentencia de segunda instancia

Accionante: José Luis Peña Villamizar Accionado: Universidad Libre y otros Radicado 680013333011-2025-00219-01

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1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, el señor José Luis Peña Villamizar promovió demanda en procura de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, mérito, acceso a cargos públicos, acceso a la administración de justicia y al trabajo.

En consecuencia, solicitó:

«1. Al señor juez en nombre de la ley, la administración de la justicia, los derechos amablemente solicito conceder la presente acción y hacer valer mis derechos, ordenar a las accionadas valer mi producción intelectual, y demás derechos de igualdad en la pr4s ente acción y en el concurso Nación 6 con fundamento en el

amablemente solicito conceder la presente acción y hacer valer mis derechos, ordenar a las accionadas valer mi producción intelectual, y demás derechos de igualdad en la pr4s ente acción y en el concurso Nación 6 con fundamento en el ´órgano constitucional CNSC y se genere respuesta de fondo en debida forma a lo solicitado y amparado en las medidas provisionales.

2. k) Los demás documentos que permitan la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos del empleo para el cual se inscribe el aspirante y aquéllos que considere deben ser tenidos en cuenta para la Prueba de Valoración de

Antecedentes.

3. Para el caso de producción intelectual, en mí caso patente relacionada con las funciones agropecuarias del empleo no se me fue evaluada, ocasionando así una violación a mis derechos, un detrimento a los mismos, así como también una afectación grave a las normas como por ejemplo todas aquellas relacionadas con propiedad in telectual, decisión andina 486 y todas aquellas normas en común acuerdo con la organización mundial de propiedad intelectual OMPI con la cuál Colombia mantiene convenio en sí, en este caso considero violatorio al no valorar mí mérito en este caso mí produc ción intelectual tal cual se encuentra registrada en mí usuario SIMO. En este sentido en anexo técnico del concurso: POR EL

CUAL SE ESTABLECEN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS

DIFERENTES ETAPAS DEL “PROCESO DE SELECCIÓN NACIÓN 6”, EN LAS

MODALIDADES DE ASCENSO Y ABIERTO, PARA PROVEER LOS EMPLEOS

EN VACANCIA DEFINITIVA PERTENECIENTES AL SISTEMA GENERAL DE

CARRERA ADMINISTRATIVA DE SUS PLANTAS DE PERSONAL, en el punto

MODALIDADES DE ASCENSO Y ABIERTO, PARA PROVEER LOS EMPLEOS

EN VACANCIA DEFINITIVA PERTENECIENTES AL SISTEMA GENERAL DE

CARRERA ADMINISTRATIVA DE SUS PLANTAS DE PERSONAL, en el punto numeral 3.2. Documentación para la VRM y la Prueba de Valoración de Antecedentes, Los documentos que los aspirantes deben adjuntar escaneados en SIMO, cada uno en forma independiente, tanto para la VRM como para la Prueba de Valoración de Antecedentes, son los siguientes: en su letra k hace énfasis en los siguiente: k) Los demás documentos qu e permitan la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos del empleo para el cual se inscribe el aspirante y aquéllos que considere deben ser tenidos en cuenta para la Prueba de Valoración de Antecedentes. De esta manera se evidencia violatorio la no valoración de mí producción intelectual dentro de los derechos invocados.

AFECTANDO MIS DERECHOS DE IGUALDAD, MERITO, AFECTANDO DE

MANERA NEGATIVA MÍ PUNTAJE OCASIONANDO DESVENTAJA, NO

PROPORCIONALIDAD, DESIGUALDAD, NO APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE

PRELACIÓN EN MÍ CONDICIÓN QUE EXCLUSIVAMENTE LA CONOCE LA

CNSC FRENTE A NEGATIVA EN CASO DE DESPLAZAMIENTO VICTIMA DE

CONFLICTO INTERNO Y EN AFECTACIÓN MENTAL PSICOSOCIAL,

EXCLUSIÓN FRENTE A LAS MISMAS PRUEBAS, RESULTADO OBTENIDO Y

FRENTE A MÍ PROCESO DE MER ITOCRACIA, QUE CONSIDERO

VIOLATORIO.

1 Expediente digital, actuación 2 índice SAMAI, archivo 1.Acción de tutela Sentencia de segunda instancia

FRENTE A MÍ PROCESO DE MER ITOCRACIA, QUE CONSIDERO

VIOLATORIO.

1 Expediente digital, actuación 2 índice SAMAI, archivo 1.Acción de tutela Sentencia de segunda instancia

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4. Al Juzgado para que se aplique el PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN LA presente acción según sentencias de la corte ejemplo: Sentencia T -079/18, El principio de congruencia de las providencias, según el cual, la sentenci a debe guardar consonancia con los hechos y las pretensiones esgrimidos en la correspondiente demanda, que se realice un análisis crítico de todos y cada uno de los hechos señalados por el accionante como vulneradores de sus derechos fundamentales, lo cual permitiría al juez llegar objetivamente a una decisión, teniendo en cuenta las razones de justicia y equidad que deben orientar su criterio, impugnado en relación con estos, pues, se reitera, no existe una decisión que deba ser revisada, y, a la que la ju dicatura pueda impartir su aprobación o a contrario sensu revocar por no ajustarse a la realidad fáctica-probatoria, tal como lo requiere el impugnante, El principio de congruencia de las resoluciones judiciales no está referido únicamente a la debida motivación de las mismas, sino a que lo resuelto por el juez debe guardar congruencia con las pretensiones de la

lo requiere el impugnante, El principio de congruencia de las resoluciones judiciales no está referido únicamente a la debida motivación de las mismas, sino a que lo resuelto por el juez debe guardar congruencia con las pretensiones de la demanda. Comúnmente el Principio de Congruencia se ha entendido a través del aforismo ne eat judex ultra petita partium, el cual implica que el Juez no puede dar a las partes más de lo que piden, es decir que en principio se ha restringido este principio a la identidad entre lo resuelto y lo pedido por el actor (en la demanda) y el demandado (en la contestación). Si no se produce esta identidad –entre lo pedido por las partes y lo concedido por el Juezse habla de una decisión judicial incongruente, por lo mismo, resulta vigente el principio de congruencia procesal, por el cual se exige al juez que no omita, altere o exceda las peticiones contenidas en el proceso que resuelve, Auto 028A/00 Honorable Corte Constitucional.

5. A la Procuraduría General de la Nación a que realice las respectivas indagaciones preliminares a que dé lugar y se impongan las sanciones debidas en nombre de la ley, y en procur a de la función de vigilancia preventiva de la función pública que ejecuta la PGN para el caso expuesto contra la CNSC Y UNILIBRE» (Sic en todo el texto)

1.1.2. Fundamentos fácticos

Se exponen como hechos relevantes de la acción de tutela, los siguientes:

1. El señor José Luis Peña Villamizar participó en el proceso de selección «Nación 6» para ocupar el cargo de profesional universitario OPEC 215223 código

Se exponen como hechos relevantes de la acción de tutela, los siguientes:

1. El señor José Luis Peña Villamizar participó en el proceso de selección «Nación 6» para ocupar el cargo de profesional universitario OPEC 215223 código 2044 grado 10 en el Instituto Colombiano Agropecuario. No obstante, la Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC y la Universidad libre omitieron valorar debidamente su formación académica, técnica y complementaria, por cuanto no se le reco nocieron cursos y diplomados del SENA ni de otras instituciones avaladas por el Ministerio de Educación, ni su especialización tecnológica en asistencia técnica agropecuaria, situación que afectó injustamente su puntaje y lo colocó en desventaja frente a otros aspirantes.

1. Aunado a lo anterior, la Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC y la Universidad libre al calificar sus antecedentes desconocieron su producción intelectual, consistente en una patente relacionada con funciones agropecuarias, la cual fue ignorada, a pesar de cumplir con los criterios establecidos en los anexos técnicos del proceso de selección. Asimismo, omitieron tener en cuenta su condición de víctima del conflicto armado y persona con «afectación psicosocial», razón por la cual se vulneraron sus derecho s al principio de igualdad, mérito y debido proceso. iii) Por otro lado, en el proceso se presentaron irregularidades, específicamente en el trámite de la reclamación que elevó el accionante dentro de la plataformaAcción de tutela Sentencia de segunda instancia

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SIMO, dado que su petición fue marcada como «finalizada» sin haberse recibido respuesta de fondo y, posteriormente, cambió de estado a «en trámite», sin explicación alguna. Además, la Universidad Libre le respondió de forma ambigua y no resolvió de fondo sus reclamaciones, situación que conllevó a la dilación injustificada del procedimiento. En consecuencia, sus derechos al debido proceso, a la igualdad, a la transparencia y al acceso a cargos públicos fueron vulnerados. 1.2. Intervenciones

1.2.1. Universidad Libre2

1. La convocatoria es la norma que regula todo el concurso, tanto para los participantes como para la entidad contratada y la Comisión Nacional del Servicio Civil; en ese sentido, en el caso particular, el concurso se rige por los Acuerdos de Convocatoria de los Procesos de Selección números 2510 al 2526 de 2023 y 2617 de 2024, conocidos como «Nación 6», que se fundamentan en la Ley 909 d e 2004, el Decreto 1083 de 2015 y demás normas sobre empleo público. En el sub lite, el señor José Luis Peña Villamizar se inscribió al empleo identificado con el número OPEC 215223, correspondiente al cargo de profesional universitario, código 2044, grado 10 del ICA, dentro de la modalidad abierta, con

identificado con el número OPEC 215223, correspondiente al cargo de profesional universitario, código 2044, grado 10 del ICA, dentro de la modalidad abierta, con número de inscripción 778283607.

1. De acuerdo con el Acuerdo 7 del 26 de enero de 2024, el proceso de selección comprendía varias etapas: la convocatoria y divulgación, las inscripciones, la verificación de requisitos mínimos, la aplicación de pruebas y la conformación y adopción de listas de elegibles. En lo que respecta a las reclamaciones por la prueba de valoración de antecedentes, estas podían presentarse exclusivamente a través del sistema SIMO entre los días hábiles 14, 15, 19, 20 y hasta las 23:59 del 21 de agosto de 2025. Los resultados definitivos, junto con las respuestas a las reclamaciones, fueron publicados el 15 de septiembre de 2025 mediante aviso oficial en la página web del SIMO. En el caso concreto, el accionante presentó su reclamación dentro del plazo establecido y esta fue respondida de fondo el 15 de septiembre de 2025, razón por la cual se cumplió con el debido procedimiento.

1. En cuanto a la valoración de antecedentes, el señ or Jose Luis Peña Villamizar obtuvo cero puntos en el componente de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Tras revisar los documentos aportados, se concluyó que todos los cursos, salvo uno denominado «Herramientas para la gestión de proyectos» del SENA, correspondían a educación informal, dado que no alcanzaban la duración mínima de 160 horas ni cumplían con los requisitos establecidos en el Decreto 4904 de 2009 y el Decreto 1075 de 2015. Por lo tanto,

proyectos» del SENA, correspondían a educación informal, dado que no alcanzaban la duración mínima de 160 horas ni cumplían con los requisitos establecidos en el Decreto 4904 de 2009 y el Decreto 1075 de 2015. Por lo tanto, no se otorgaron puntos.

1. Ahora bien, frente a la especialización tecnológica en Gestión de Asistencia Técnica Agropecuaria del SENA no fue valorada por cuanto no corresponde al nivel profesional exigido para el cargo convocado. En lo relativo

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 8 índice SAMAI, archivo 13.Acción de tutela Sentencia de segunda instancia

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a la producción intelectual, dicho aspecto no hacía parte de los criterios valorables en la convocatoria, de modo que no podía asignarse puntaje por el referido concepto. En conclusión, la valoración se realizó conforme al anexo técnico y a las reglas publ icadas antes de iniciar el concurso y que fueron aceptadas por el accionante.

1. Frente al derecho al debido proceso, no existió vulneración alguna comoquiera que todas las actuaciones se ajustaron a la normativa vigente y a las etapas definidas en el proceso. Los participantes tuvieron la oportunidad de presentar reclamaciones dentro del término establecido y las reglas del concurso fueron publicadas previamente y aceptadas por cada aspirante al momento de

las etapas definidas en el proceso. Los participantes tuvieron la oportunidad de presentar reclamaciones dentro del término establecido y las reglas del concurso fueron publicadas previamente y aceptadas por cada aspirante al momento de la inscripción, tal como lo exige el artículo 7 del Acuerdo del proceso de selección. En ese sentido, el proceso se ajustó a los postulados de la Corte Constitucional, contenidos en las T-061 de 2022 y T-455 de 2005, en las que se establece que el debido proceso implica ajustarse al procedimiento legal y garantizar la igualdad de oportunidades.

1. Por su parte, no hubo vulneración del derecho a la igualdad, en la medida en que todos los concursantes fueron evaluados bajo las iguales condiciones y conforme a las reglas de la convocatoria. En tal sentido, acceder a la pretensión del accionante implicaría otorgarle un trato preferencial y vulnerar los derechos de los demás aspirantes que participaron en igualdad de condiciones.

1. Respecto al derecho al trabajo, al acceso a cargos públicos y al mínimo vital, la simple participación en un concurso no genera derechos laborales ni económicos, toda vez que estos solo nacen con el nombramiento en propiedad.

Por lo tanto, la obtención de un puntaje bajo o la no inclusión en una lista de elegibles no constituye vulneración de dichos derechos , conforme lo señaló el Juzgado Cuarenta y Ocho Penal del Circuito de Bogotá —radicado 11001-3109-048-2023-00021—, decisión en la que se precisó que el acceso a cargos públicos requiere cumplir con los requisitos y etapas del concurso.

1. Finalmente, la acción de tutela es improcedente por cuanto el accionante

09-048-2023-00021—, decisión en la que se precisó que el acceso a cargos públicos requiere cumplir con los requisitos y etapas del concurso.

1. Finalmente, la acción de tutela es improcedente por cuanto el accionante contaba con otros mecanismos judiciales idóneos para acceder al derecho que reclama, esto es, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso—administrativo. Así lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, particularmente en las sentencias T471 de 2017, T -604 de 2013, T -753 de 2006, T-1008 de 2012, T -373 de 2015, T-630 de 2015 y SU -446 de 2011, que reiteran el principio de subsidiariedad , máxime, porque en el caso concreto no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable.

1.2.2. Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC3

1. La acción de tutela presentada es improcedente por cuanto no cumple con el requisito de subsidiariedad previsto en el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991. En el caso concreto, existen mecanismos

3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 9 índice SAMAI.Acción de tutela Sentencia de segunda instancia

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Radicado 680013333011-2025-00219-01

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judiciales ordinarios idóneos y eficaces, como el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso — administrativo, para controvertir decisiones adoptadas dentro del concurso de méritos, así como instancias internas como las reclamaciones dentro del proceso.

1. En ese sentido, de acuerdo con las sentencias T -006 de 2019, T-441 de 2017, SU -917 de 2010, T -087 de 2018 y T -022 de 2017 de la Corte Constitucional, la tutela no puede reemplazar los medios ordinarios ni usarse de forma preventiva cua ndo no existe un perjuicio irremediable actual, grave e inminente y, en el caso en concreto, el accionante no demostró la existencia de tal perjuicio. Aunado a lo anterior el accionante manifiesta una inconformidad con los resultados de la prueba de conduc ción, aspecto que puede debatirse en la etapa de reclamación aún disponible.

1. Ahora bien, suspender el proceso de selección afectaría el derecho de los demás aspirantes a competir en igualdad de condiciones y vulneraría los principios de mérito, transparencia e igualdad consagrados en el artículo 125 de la Constitución Política. Además, las reglas del concurso fueron publicadas en la convocatoria y su anexo técnico y el participante las aceptó al inscribirse, razón por la cual son de obligatorio cumplimiento.

1. Respecto al fondo del asunto, el accionante presentó reclamación contra

convocatoria y su anexo técnico y el participante las aceptó al inscribirse, razón por la cual son de obligatorio cumplimiento.

1. Respecto al fondo del asunto, el accionante presentó reclamación contra su valoración de antecedentes, la cual fue respondida el 15 de septiembre de 2025 a través del sistema SIMO. Sobre los puntos planteados en el escrito de tutela, debe tenerse en cuenta que los cursos de educación informal no pueden ser puntuados como Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano ( ETDH), conforme al Decreto 1075 de 2015 y que la Especialización Tecnológica en Gestión de Asistencia Técnica Agropecuaria ( SENA) no corresponde al nivel profesional exigido por la OPEC y el anexo técnico. Finalmente, el factor de producción intelectual no otorga puntaje en esta convocatoria.

1. En virtud de lo expuesto, la valoración de antecedentes se efectuó conforme al marco normativo y reglamentario aplicable y se garantizó el trato igualitario entre concursantes, de manera que la acción de tutela no puede ser usada para modificar decisiones tomadas con sujeción a dichas reglas.

1.2.3. Procuraduría General de la Nación4

1. Existe una falta de legitimación en la causa por activa comoquiera que en el auto admisorio de la tutela se identifica al accionante como Ronal Alexander Quintero Lizarazo, sin embargo, en el escrito se identifica como José Luis Peña Villamizar, razón por la cual es necesario que se aclare si se trata de un tercero o un error de transcripción.

1.2.4. Carlos Alberto Caballero Osorio

Villamizar, razón por la cual es necesario que se aclare si se trata de un tercero o un error de transcripción.

1.2.4. Carlos Alberto Caballero Osorio

4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 7 índice SAMAI.Acción de tutela Sentencia de segunda instancia

Accionante: José Luis Peña Villamizar Accionado: Universidad Libre y otros Radicado 680013333011-2025-00219-01

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El auto admisorio de la tutela le fue notificado al accionado el 17 de septiembre de 20255; sin embargo, guardo silencio.

1.3. La Sentencia Impugnada6

El Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 29 de septiembre de 2025, resolvió:

«PRIMERO: NEGAR por IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por

JOSE LUIS PEÑA VILLAMIZAR contra la COMISION NACIONAL DEL

SERVICIO CIVIL, la UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA, CARLOS ALBERTO CABALLERO OSORIO, COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO NACIÓN 6 - UNIVERSIDAD LIBRE y la PROCURADURÍA

GENERAL DE LA NACIÓN, vinculados los CONCURSANTES OPEC 215223

CÓDIGO 2044 GRADO 10 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PROCESO DE

SELECCIÓN: “NACIÓN 6” EN LAS MODALIDADES DE ASCENSO Y

ABIERTO, PARA PROVEER LOS EMPLEOS EN VACANCIA DEF INITIVA

CÓDIGO 2044 GRADO 10 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PROCESO DE

SELECCIÓN: “NACIÓN 6” EN LAS MODALIDADES DE ASCENSO Y

ABIERTO, PARA PROVEER LOS EMPLEOS EN VACANCIA DEF INITIVA

PERTENECIENTES AL SISTEMA GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA DE SUS PLANTAS DE PERSONAL, mediante la cual solicita que sean protegidos sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la justicia y al trabajo. Lo anterior, de conform idad con las consideraciones de la parte motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR este fallo a las partes por un medio expedito – cumpliéndose el propósito del artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 […]».

Para tal efecto, expuso los siguientes argumentos: i) La tutela tiene carácter subsidiario y excepcional, conforme al artículo 86 de la Constitución Política y al Decreto 2591 de 1991, razón por la cual procede si no existen otros medios judiciales idóneos o cuando se busca evitar un perjuicio irremediable. La Corte Constitucional ha precisado que los ciudadanos deben acudir primero a los mecanismos ordinarios de defensa y que la tutela no puede utilizarse como instancia adicional ni como medio para corregir inconformidades o errores en procesos administrativos o judiciales, por cuanto su función no es sustituir los procedimientos establecidos por el legislador. ii) En el caso concreto, la acción de tutela interpuesta por el señor José Luis Peña Villamizar es improcedente, por cuanto busca que se ordene a la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la Universidad Libre valorar nuevamente su formación académica adicional, su producción intelectual y su condición de

Peña Villamizar es improcedente, por cuanto busca que se ordene a la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la Universidad Libre valorar nuevamente su formación académica adicional, su producción intelectual y su condición de víctima del conflicto armado dentro del proceso de selección «Nación 6». Estas pretensiones no pueden resolverse mediante la acción de tutela, toda vez que corresponde hacerlo ante el juez natural del proceso a través de los mecanismos ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico. iii) Adicionalmente, el accionante no demostró la existencia de un perj uicio irremediable que justificara la procedencia de la acción. No se acreditó daño cierto, grave o inminente y, además, se comprobó que sus reclamaciones fueron resueltas de fondo por la CNSC el 15 de septiembre de 2025 mediante el aplicativo SIMO. Por tanto, la tutela no puede emplearse para reabrir un debate ya agotado

5 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 4 índice SAMAI, archivo 2, folio 4. 6 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 11 índice SAMAI.Acción de tutela Sentencia de segunda instancia

Accionante: José Luis Peña Villamizar Accionado: Universidad Libre y otros Radicado 680013333011-2025-00219-01

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en sede administrativa. En consecuencia, el accionante deberá acudir a la jurisdicción de lo contencioso —administrativo si considera vulnerados sus derechos, proceso en el cual podrá solicitar las medidas cautelares que estime

en sede administrativa. En consecuencia, el accionante deberá acudir a la jurisdicción de lo contencioso —administrativo si considera vulnerados sus derechos, proceso en el cual podrá solicitar las medidas cautelares que estime necesarias. 1.4. La impugnación

1.4.1. Parte demandante7

La entidad accionante en su escrito de impugnación solicitó revocar la sentencia de primera instancia, para lo cual, refirió los siguientes argumentos en el escrito de impugnación: i) La decisión de primera instancia vulneró el principio de congruencia y omitió el análisis integral de los hechos y pruebas allegadas, comoquiera que la acción de tutela se presentó con la finalidad de obtener la protección de los derechos fundamentales del señor José Luis Peña Villarreal al debido proceso, igualdad, mérito, trabajo y acceso a cargos públicos, los cuales se vieron afectados por irregularidades en la etapa de valoración de antecedentes del concurso. Sin embargo, el fallo impugnado no resolvió las pretensiones planteadas, ni abordó los elementos probatorios aportados, situación que genera una falta de correspondencia entre lo solicitado y lo decidido. ii) En ese sentido, el fallo de primera instancia vulneró el principio de congruencia, el que de acuerdo con la sentencia T-079 de 2018 y el auto 028A de 2000, obliga a que toda providencia judicial deb a guardar consonancia con los hechos y pretensiones de la demanda. Dicho principio impone al juez el deber de resolver de manera íntegra, sin omitir, alterar o exceder los puntos planteados por las partes. En el presente caso, la decisión recurrida desconoce dicho

los hechos y pretensiones de la demanda. Dicho principio impone al juez el deber de resolver de manera íntegra, sin omitir, alterar o exceder los puntos planteados por las partes. En el presente caso, la decisión recurrida desconoce dicho mandato, al no realizar un análisis crítico y detallado de las reclamaciones del accionante frente a la valoración de su producción intelectual y respecto a la aplicación de los criterios de mérito en el proceso de selección. iii) Aunado a lo anterior, resulta necesario reiterar todos y cada unos de los puntos expuestos en el escrito de tutela, mediante los cuales se pone en evidencia las irregularidades en la valoración de los antecedentes por parte de las accionadas en el proceso de selección Nación 6, como se procede a exponer:

1. La Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC y la Universidad libre omitieron valorar debidamente su formación académica, técnica y complementaria, por cuanto no se le reconocieron cursos y diplomados del SENA ni de otras instituciones avaladas por el Ministerio de Educación, ni su especialización tecnológica en asistencia técnica agropecuaria, situación que afectó injustamente su punt aje y lo colocó en desventaja frente a otros aspirantes.

1. Aunado a lo anterior, la Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC y la Universidad libre al calificar sus antecedentes desconocieron su producción

7 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 12 índice SAMAI.Acción de tutela Sentencia de segunda instancia

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intelectual, consistente en una patente relacionada con funciones agropecuarias, esta fue ignorada, a pesar de cumplir con los criterios establecidos en los anexos técnicos del proceso de selección. Asimismo, omitieron tener en cuenta su condición de víctima del conflicto armado y