TA SAN - Sentencia 680013333012-2015-00176-01 (25-09-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente: Claudia Ximena Ardila Pérez SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Bucaramanga, veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Medio de control Controversias contractuales Demandante Marco Antonio Barrera Navarro, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.184.458 de Sogamoso luisalfredoramirezc@hotmail.com. Demandado Municipio de Macaravita, con NIT 890.210.947-1 alcaldia@macaravita-santander.gov.co; contactenos@macaravita-santander.gov.co. Ministerio Público

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

Procuradora 160 Judicial II Para Asuntos Administrativos xmora@procuraduria.gov.co. Radicado y enlace del expediente 680013333012-2015-00176-01 Temas Incumplimiento contractual . No hay lugar a la condena total contra el municipio , porque : (i) el contratista no acreditó el cumplimiento de las salvedades técnicas acordadas como condición para la liquidación y pago final del contrato . L a obra no fue entregada en condiciones de calidad, estabilidad y aptitud funcional; (ii) el «recibo a satisfacción» carece de efecto liberatorio por integrar unidad negocial con su anexo que daba cuenta de las salvedades; y (iii) la falta de corrección oportuna de las no conformidades impidió la puesta en servicio de la obra. Por tanto, no procedía el pago total del contrato. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala

y (iii) la falta de corrección oportuna de las no conformidades impidió la puesta en servicio de la obra. Por tanto, no procedía el pago total del contrato. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver los recursos de apelación interpuestos oportunamente1 por las partes contra la sentencia proferida el 24 de junio de 2020 por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones y se condenó en costas a la parte demandada.

1. Antecedentes

1.1. Posición de la parte demandante2 El demandante formula las siguientes pretensiones: PRIMERO.- Que proceda a la liquidación judicial del contrato de obra pública No. 2312-2011-2. SEGUNDA.- Que se declare el incumplimiento contractual de parte del MUNICIPIO DE MACARAVITA y en consecuencia se ordene al MUNICIPIO DE MACARAVITA el pago inmediato de la suma de CIENTO OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($108.325.145,00), tal como lo ordeno el acta de entrega y recibido final suscrita el día 14 de diciembre del año 2012. TERCERA.- Que se condene al MUNICIPIO DE MACARAVITA como consecuencia de su incumplimiento derivada de la mora en el pago, a pagar a mi poderdante a una tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado permitida por la Ley desde que se hicieron exigibles dichos intereses. CUARTA.- Que se llame en garantía al representante legal del MUNICIPIO DE

equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado permitida por la Ley desde que se hicieron exigibles dichos intereses. CUARTA.- Que se llame en garantía al representante legal del MUNICIPIO DE MACARAVITA al señor alcalde Dr. HUMBERTO MANRRIQUE GODOY, a fin de ejercer acción de repetición en caso de condena en contra del municipio.

Como fundamento de sus pretensiones, e l señor Marco Antonio Barrera Navarro sostiene que el 23 de diciembre de 2011 celebró con el Municipio de Macaravita el contrato de obra pública No. 23-12-2011-2, cuyo objeto fue la

«CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SEDE K ESCUELA RURAL EL

1 La sentencia de primera instancia fue notificada el 24 de junio de 2020 en estados. El recurso de la parte demandada fue interpuesto el 8 de julio del mismo año; por su parte, el recurso de la parte demanda nte fue interpuesto el 9 de julio de 2020 , es decir, ambos dentro de los 10 días siguientes conforme el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. 2 Expediente digital SAMAI. Índice 00011. Documento 1ED_LINKEXPEDIENTEDIGITA(.pdf). Link OneDrive. Doc. 03. DEMANDARADICADO: 680013333012-2015-00176-01

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DEMANDANTE: MARCO ANTONIO BARRERA NAVARRO

DEMANDADO: MUNICIPIO DE MACARAVITA

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JUNCAL DEL COLEGIO JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE MACARAVITA DEPARTAMENTO DE SANTANDER» . El valor inicial del contrato fue de

DEMANDADO: MUNICIPIO DE MACARAVITA

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JUNCAL DEL COLEGIO JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE MACARAVITA DEPARTAMENTO DE SANTANDER» . El valor inicial del contrato fue de $203.912.200 bajo el sistema de precios unitarios, sin IVA, y su plazo de ejecución se pactó en 3 meses a partir del 2 de enero de 2012, fecha en la cual se firmó el acta de inicio.

Refiere que, mediante otrosí del 12 de marzo de 2012, se modificó la cláusula de «forma de pago». Se estipuló que lo pactado se le pagaría previa presentación de las respectivas actas de avance de obra, aprobadas por la interventoría y acompañadas de la respectiva factura de venta o documento equivalente. Asimismo, que el pago de las actas debidamente aprobadas se haría dentro de los 5 días siguientes a la fecha de su radicación en la Secretaría de Hacienda previa acreditación del pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral y parafiscales. Manifiesta que el 14 de diciembre de 2012 se suscribió el acta de entrega y recibo final de la obra firmada por la sociedad interventora, la supervisora, el alcalde municipal de Macaravita y él. Señala que en el acta se consign ó el cumplimiento del objeto del contrato, el recibo de la obra a satisfacción del Municipio de Macaravita y la autorización del pago de $108.325.145. Afirma que, no obstante lo anterior, en el anexo 2 del acta de recibo del contrato se dejó constancia de que debían aclararse los diseños en lo relativo a las normas

Macaravita y la autorización del pago de $108.325.145. Afirma que, no obstante lo anterior, en el anexo 2 del acta de recibo del contrato se dejó constancia de que debían aclararse los diseños en lo relativo a las normas de las cubiertas; que, en caso de ser necesarias actividades de obra, no se generaría gasto alguno a cargo del municipio; y que las partes acordaron no liquidar el contrato hasta tanto se resolvieran dichos inconvenientes, los cuales no estaban contemplados en el presupuesto, circunstancia que fue aceptada por los suscribientes.

Expone que, con posterioridad, el 29 de abril de 2013, junto a la ingeniera Olides Lisseth Herrera Quiroz, suscribieron un acta de visita de obra en la cual dejaron constancia que hizo entrega de los respectivos arreglos a que se comprometió como contratista.

Luego, el 28 de febrero de 2014, elevó una solicitud ante el Municipio de Macaravita, en la cual solicitó el pago de la obligación pendiente, más los intereses moratorios y perjuicios. Aduce que anexó al memorial la cuenta de cobro respectiva, así como los comprobantes de aportes al sistema general de seguridad social integral y parafiscales, de modo que cumpl ió con los requisitos de pago acordados en el contrato.

Finalmente a grega que, a la fecha de presentación de la demand a, la entidad pública no había liquidado el contrato ni cancelado la suma de dinero reconocida mediante el acta de entrega y recibo final, a pesar de que se cumplieron todas las obligaciones.

A partir de lo anterior, el demandante argumenta que la entidad accionada incumplió su deber legal de liquidar el contrato, contemplado en los artículos 60 y

obligaciones.

A partir de lo anterior, el demandante argumenta que la entidad accionada incumplió su deber legal de liquidar el contrato, contemplado en los artículos 60 y 61 y en el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, así como en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, por incurrir en mora en el pago de la obligación pactada. Insiste en que, pese a cumplir con los presupuestos y condiciones del contrato y haberse suscrito el acta de recibo final, la entidad no pagó su valor total.

1.2. Contestación3 La entidad demandada se opone a las pretensiones y solicita que se declare el incumplimiento del contratista.

Manifiesta que, sólo hasta el 13 de marzo de 2014, el demandante allegó la cuenta de cobro, junto con una solicitud del 28 de febrero de 2014 con la que solicitaba el pago del acta de recibo final. Afirma al respecto, que se le dio respuesta en el plazo

3 Expediente digital SAMAI. Índice 00011. Documento 1ED_LINKEXPEDIENTEDIGITA(.pdf). Link OneDrive. Doc. 05. CONTESTACIONRADICADO: 680013333012-2015-00176-01

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correspondiente y se le indicaron las razones de no pago relacionadas con el anexo 2 del acta de recibo final del 14 de diciembre de 2012.

Agrega que el contratista no allegó factura cambiaria o documento equivalente, ni el pago de valores correspondientes al Fondo Nacional de Formación Profesional

anexo 2 del acta de recibo final del 14 de diciembre de 2012.

Agrega que el contratista no allegó factura cambiaria o documento equivalente, ni el pago de valores correspondientes al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC).

Reconoce que el contrato No. 23-12-2011-2 no fue liquidado de mutuo acuerdo, ni de forma unilateral, por cuanto en el anexo 2 del acta de recibo del 14 de diciembre de 2012, se acordó lo siguiente:

Se acuerda no liquidar el contrato hasta tanto no se hayan resuelto estos inconvenientes que no se encuentran presentes en el presupuesto, más el contratista, interventoría, y municipio aceptan no liquidar hasta que se resuelvan o se aclaren las salvedades expuestas anteriormente. (sic)

Asegura que el alcalde, como su representante legal, no delegó a ningún funcionario para que en su lugar suscribiera acta de conformidad, frente al anexo 2 del acta de recibo final de la obra.

Sostiene que no se han pagado los valores establecidos en el acta de recibo final del 12 de diciembre, por causas imputables al contratista, quien , en su consideración, incumplió con las obligaciones del anexo 2 del acta antes mencionada. Dice que el acta de entrega no constituye la finalización del contrato, pues cumplido el término de ejecución, continúan las obligaciones y sólo cesan una vez liquidado, habiéndose finalizado el término de ejecución y suscrita el acta de recibo de la obra.

Refiere que fruto del incumplimiento, al contratista se le adelantó un proceso

una vez liquidado, habiéndose finalizado el término de ejecución y suscrita el acta de recibo de la obra.

Refiere que fruto del incumplimiento, al contratista se le adelantó un proceso sancionatorio de la Ley 1474 de 2011, y se le hizo efectiva la garantía constituida por la aseguradora. Destaca que mediante la Resolución No. 217 del 23 de octubre de 2015, fue sancionado a compensar el valor de $40.000.000 por la declaración de incumplimiento, y solicita, por tanto, se tenga en cuenta dicho valor al momento de la liquidación.

Finalmente pretende que se libere del pago de intereses moratorios, indexaciones o perjuicios.

1.3. La sentencia recurrida4 Mediante sentencia del 24 de junio de 2020 , el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga resuelve: PRIMERO.- DECLARAR liquidado el CONTRATO DE OBRA N° 23 -12-2011-2 del 23 de diciembre de 2011, entre MARCO ANTONIO BARRERA NAVARRO y el MUNICIPIO DE MACARAVITA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.- CONDENAR al MUNICIPIO DE MACARAVITA a pagar a favor de MARCO ANTONIO NAVARRO BARRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía

N° 74’184.458, la suma de SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS

VENTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS ($68’325.145,oo) M/cte.

Más lo correspondiente a los INTERESES MORATORIOS liquidados desde el 3 de

VENTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS ($68’325.145,oo) M/cte.

Más lo correspondiente a los INTERESES MORATORIOS liquidados desde el 3 de marzo de 2014 al 12% anual, conforme a lo señalado en la motivación de la presente decisión. TERCERO.- CONDENAR al MUNICIPIO DE MACARAVITA, al pago de COSTAS, las que serán liquidadas por la Secretaría de esta dependencia judicial teniendo en cuenta como AGENCIAS EN DERECHO el equivalente al diez por ciento (10%) de las pretensiones declaradas prósperas. (…) Para llegar a la anterior decisión, el juzgado considera que el contratista cumplió con las obligaciones contractuales , y que también cumplió con las «salvedades»

4 Expediente digital SAMAI. Índice 00011. Documento 1ED_LINKEXPEDIENTEDIGITA(.pdf). Link OneDrive. Doc. 22. SENTENCIA

PRIMERA INSTANCIARADICADO: 680013333012-2015-00176-01

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establecidas en el Anexo No. 2 del Acta de Recibo y Entrega Final de la Obra del 14 de diciembre de 2012. Sin embargo, aclara que estas salvedades no hacían parte de las obligaciones contractuales originales ni de los documentos integrales del contrato. Señala que posteriormente se evidenciaron fallas en la calidad y estabilidad de la obra, las cuales llevaron a que se declarara el incumplimiento y el siniestro

parte de las obligaciones contractuales originales ni de los documentos integrales del contrato. Señala que posteriormente se evidenciaron fallas en la calidad y estabilidad de la obra, las cuales llevaron a que se declarara el incumplimiento y el siniestro mediante resolución d el 23 de octubre de 2015, perjuicios que la demandada cuantificó en $40.000.000, y cuya decisión quedó en firme , sin ser objeto de pretensión de nulidad en el presente proceso. Con base en lo expuesto, concluye que, como se declaró el siniestro derivado del incumplimiento en la calidad y estabilidad de la obra imputable al contratista, la suma tasada debe descontarse del valor pendiente de pago. 1.4. La apelación

1.4.1. El Municipio de Macaravita5 solicita que se revoque la sentencia de primera instancia que declaró liquidado el contrato de obra pública N o. 23-12-2011-2 y lo condenó al pago de $68.325.145 más intereses y costas, y en su lugar, se nieguen las pretensiones del demandante.

El apelante sostiene que el juez valoró indebidamente las pruebas, pues omitió aplicar las reglas de la sana crítica y no apreció en conjunto la prueba documental y testimonial. Afirma que el a quo desconoció que las salvedades del anexo 2 del acta de entrega y recibo final sí hacían parte de las obligaciones contractuales, dado que fueron aceptadas por el contratista, el interventor y el supervisor, y que el Estatuto de Contratación permite modificar obligaciones por acuerdo escrito.

Argumenta que el contratista incumplió con dichas salvedades, especialmente las

dado que fueron aceptadas por el contratista, el interventor y el supervisor, y que el Estatuto de Contratación permite modificar obligaciones por acuerdo escrito.

Argumenta que el contratista incumplió con dichas salvedades, especialmente las relacionadas con la cubierta de la obra, lo que impidió la puesta en funcionamiento de la sede educativa. Señala que existen múltiples actas, visitas y compromisos posteriores a la entrega que evidencian pandeos en las cerchas, tejas rotas y deficiencias estructurales, sin que el contratista ejecutara las correcciones ofrecidas. Añade que el interventor nunca presentó informe final que acreditara el cumplimiento.

El municipio considera improcedente la condena al pago del saldo contractual, intereses y costas, por cuanto el incumplimiento es atribuible al contratista, quien entregó una obra defectuosa que no podía ser utilizada, afectando a la población escolar beneficiaria.

1.4.2. La parte demandante 6 solicita que se revoque la sentencia y, en consecuencia, se acceda a la totalidad de las pretensiones de la demanda. El apelante sostiene que el juez erró al reducir el valor adeudado de $108.325.145 a $68.325.145, descontando $40.000.000 por un siniestro declarado mediante Resolución 217 de 2015, aspecto que no fue objeto del litigio ni del problema jurídico fijado. Afirma que la obra fue ejecutada y recibida a satisfacción el 14 de diciembre de 2012, conforme al acta final, y que incluso se atendieron salvedades posteriores, por lo que no puede imputarse incumplimiento al contratista. Argumenta que la declaratoria del siniestro obedeció a una actuación unilateral del

diciembre de 2012, conforme al acta final, y que incluso se atendieron salvedades posteriores, por lo que no puede imputarse incumplimiento al contratista. Argumenta que la declaratoria del siniestro obedeció a una actuación unilateral del municipio, posterior a la demanda, y que la entidad puede reclamar la póliza sin afectar el derecho del contratista al pago del saldo contractual. Señala que la deducción aplicada carece de sustento legal y vulnera el principio de congruencia.

1.5. Trámite de segunda instancia

5 Expediente digital SAMAI. Índice 00011. Documento 1ED_LINKEXPEDIENTEDIGITA(.pdf). Link OneDrive. Doc. 24. RECURSO APELACIÓN DEMANDADA 6 Expediente digital SAMAI. Índice 00011. Documento 1ED_LINKEXPEDIENTEDIGITA(.pdf). Link OneDrive. Doc. 26. RECURSO

APELACIÓN DEMANDANTERADICADO: 680013333012-2015-00176-01

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Mediante auto del 26 de noviembre de 2020 7 se admitieron los recursos de apelación interpuestos por el demandante y la demandada. El Municipio de Macaravita, mediante memorial 8, se pronunci a en los siguientes términos. Reitera que el contratista incumplió con las obligaciones derivadas del anexo 2 del acta de entrega y recibo final, especialmente en lo relacionado con la cubierta de la obra, lo que impidió la puesta en funcionamiento de la sede educativa. Señala que existen múltiples actas de visitas de los años 2013 y 2014

cubierta de la obra, lo que impidió la puesta en funcionamiento de la sede educativa. Señala que existen múltiples actas de visitas de los años 2013 y 2014 que evidencian problemas estructurales, sin que el contratista ejecutara las correcciones. Argumenta que el pago del saldo quedó condicionado a la solución de dichas salvedades, por lo que no puede exigirse el desembolso mientras persistan incumplimientos. Afirma que el acta de recibo final no equivale a una liquidación y que la administración actuó de buena fe, otorgando plazos y concertando ajustes, sin obtener resultados. Sostiene que no hay prueba de l incumplimiento por parte del municipio, mientras que el contratista sí omitió reparar fallas que comprometían la seguridad y habitabilidad de la obra. Cuestiona la condena al pago de intereses y costas, por considerar que agrava la situación financiera de un municipio de sexta categoría y premia la mala fe del contratista, quien entregó una obra defectuosa que nunca pudo ser utilizada por la población escolar. El demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

2. Consideraciones

2.1. Acerca de la competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial.

2.2. Los problemas jurídicos y su resolución Con base en los anteriores antecedentes y la fijación del litigio realizada en la audiencia inicial, la Sala plantea y resuelve los siguientes problemas jurídicos: ¿Cumplió el contratista Marco Antonio Barrera Navarro con el objeto del

Con base en los anteriores antecedentes y la fijación del litigio realizada en la audiencia inicial, la Sala plantea y resuelve los siguientes problemas jurídicos: ¿Cumplió el contratista Marco Antonio Barrera Navarro con el objeto del Contrato de Obra No. 23 -12-2011-2 y, por tanto, el municipio demandado debió pagar la totalidad del valor pactado?

Tesis: No.

Fundamento: el pago final permanecía condicionado y su exigibilidad dependía de la superación de las salvedades pactadas , lo que no ocurrió. Si bien el contratista ejecutó una parte sustancial de la obra, no cumplió con el objeto contractual en los términos de estabilidad técnico -funcional y calidad exigidos, lo que impidió la puesta en servicio del plantel educativo y, por ende, la exigibilida d del pago total pactado.

La Sala advierte que el Acta de Recibo Final del 14 de diciembre de 2012, lejos de constituir una cláusula liberatoria, se encuentra condicionada por su Anexo No. 02, en el cual las partes difirieron expresamente la liquidación del contrato hasta tanto se resolvieran las salvedades técnicas allí consignadas: (i) operación y mantenimiento del sistema séptico, (ii) acometida eléctrica con cambio de proveedor a la Electrificadora de Santander, y (iii) adecuación de la cubierta conforme a los diseños normativos.

7 Expediente digital SAMAI. Índice 00011. Documento 1ED_LINKEXPEDIENTEDIGITA(.pdf). Link OneDrive. Doc. 36. AUTO ADMITE RECURSOS 8 Expediente digital SAMAI. Índice 00011. Documento 1ED_LINKEXPEDIENTEDIGITA(.pdf). Link OneDrive. Doc. 27. ALEGATOS DE

RECURSOS 8 Expediente digital SAMAI. Índice 00011. Documento 1ED_LINKEXPEDIENTEDIGITA(.pdf). Link OneDrive. Doc. 27. ALEGATOS DE

CONCLUSIÓN DEMANDADARADICADO: 680013333012-2015-00176-01

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Además, según visitas técnicas posteriores realizadas los días 18 y 29 de abril de 2013; 13 y 24 de enero y 26 de febrero de 2014; 10 de abril y 23 de mayo de 2014; el informe del Departamento Nacional de Planeación elaborado el 19 de noviembre de 2013, el informe de incumplimiento de la Secretaría de Planeación Municipal del 16 de octubre de 2015) y la Resolución No. 217 del 23 de octubre de 2015, las fallas estructurales y funcionales de la obra persistieron: permeabilización y humedades en muros , deficiencias eléctricas , pandeo de cerchas, tejas rotas, claros y goteras en la cubierta, fisuras en la placa de piso s y enchapes despegados. Estas afectaciones comprometieron la estabilidad estructural y la aptitud para el uso de la infraestructura. A pesar de los compromisos asumidos por el contratista para corregir dichas falencias -incluidos rediseños estructurales, reforzamiento de cerchas, resanes en placa, confinamiento de muros y mejoras en acabados-, las intervenciones fueron parciales, inconclusas y ejecutadas sin acompañamiento técnico idóneo, lo que impidió alcanzar el estándar de calidad requerido para su uso.

placa, confinamiento de muros y mejoras en acabados-, las intervenciones fueron parciales, inconclusas y ejecutadas sin acompañamiento técnico idóneo, lo que impidió alcanzar el estándar de calidad requerido para su uso. Por tanto, la expresión «recibo a satisfacción» debe interpretarse en conjunto con el contenido condicionante del Anexo No. 02 y la conducta posterior del contratista, quien reconoció las falencias, asumió compromisos de corrección y ejecutó trabajos que no resolvieron las deficiencias técnicas. En consecuencia, la negativa de pago por parte del municipio se encuentra debidamente sustentada en la persistencia de los vicios constructivos y en la imposibilidad de poner en funcionamiento la obra, situación a la que estaba sujeto el pago de conformidad con la cláusula quinta del contrato y su modificación. Finalmente, dado que el valor insoluto del contrato era de $108.325.145,00 y el demandante no probó el porcentaje de cumplimiento, pero la administración delimitó el incumplimiento en $40.000.000, corresponde el pago parcial del saldo restante, tal como lo ordenó el a quo.

2.3. Marco jurídico

2.3.1. El incumplimiento contractual El incumplimiento contractual se configura cuando una de las partes no ejecuta -o lo hace de forma tardía o defectuosalas obligaciones asumidas o pactadas en el contrato o en los documentos que lo conforman, como los pliegos de condiciones, las matrices de riesgos y los acuerdos adoptados en la etapa precontractual 9. El incumplimiento da lugar a la responsabilidad contractual, siempre que se demuestre la existencia de un perjuicio imputable a la conducta del deudor10. Conforme a la jurisprudencia 11, el incumplimiento por sí solo no genera

incumplimiento da lugar a la responsabilidad contractual, siempre que se demuestre la existencia de un perjuicio imputable a la conducta del deudor10. Conforme a la jurisprudencia 11, el incumplimiento por sí solo no genera automáticamente el derecho a una indemnización. Esta solo procede cuando se demuestra el perjuicio cuya compensación se pretende12. Su análisis debe efectuarse conforme al principio de buena fe 13 y al deber de planeación14. En particular, cuando las partes dejan vacíos en el contenido del

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de marzo de 2017, CP. Ramiro Pazos Guerrero, rad. 13001 -23-31000-2005-01380-01 (37500); Subsección C, CP. Guillermo Sánchez Luque, rad. 25000 -23-26-000-2002-02440-01 (39845). 10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 21 de octubre de 2021, CP. Nicolás Yepes Corrales, rad. 52001 -2333-000-2016-00340-01 (63490) que a su vez cita: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de septiembre de 2011. rad. 15476; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 21 de febrero de 2012, rad. 11001 -31-03-040-2006-00537-01. 11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 12 de abril de 2024, CP. Martín Bermúdez Muñoz, rad. 25000 -23-36000-2016-01908-02 (68440); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de noviembre de 2024, CP. Jaime Enrique Rodríguez Navas, rad. 15001 -23-31-000-2012-00068-01 (64057). En uno de los casos analizados en dichas providencias, la Sala concluyo que, si bien la UT contratista enfrentó dificultades como condiciones climáticas adversas y mal estado de las vías de acceso, no se acreditó una paralización total del contrato ni el s tand by de maquinaria. Por el contrario, los informes y comunicaciones evidenciaron continuidad en la ejecución del proyecto, a través de esfuerzos conjuntos, ajustes en la programación y prórrogas. En ese contexto, no se probó la inactividad absoluta de l a maquinaria durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2006 y 2007, motivo por el cual no prosperaron las reclamaciones económicas formuladas por ese concepto. 12 Ospina Fernández, Guillermo; Ospina Acosta, Eduardo; Teoría General del contrato y del negocio jurídico, Temis, 7ª Ed., Bogot á, 2005, p.539 13 Sobre el particular consultar sentencia proferida por Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de a gosto de 2013, CP. Mauricio Fajardo Gómez, rad. 68001-23-15-000-1998-01122-01 (22947)

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 19 de noviembre de 2021, CP. Martín Bermúdez Muñoz, rad. 7300 123-31-000-2011-00785-02 (57537); Subsección A, sentencia del 25 de julio de 2019, CP. Marta Nubia Velásquez Rico, rad. 88001 -23-31000-2012-00017-01 (51772). La jurisprudencia ha señado que la falta de planeación no puede atribuirse exclusivamente al contratante si elRADICADO: 680013333012-2015-00176-01

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contrato, se debe utilizar el principio de buena fe, en primer lugar, como criterio de integración, para llenar las «lagunas» o aspectos no previstos expresamente por los contratantes, incorporando obligaciones que, aunque no pactadas, son necesarias para el cumplimiento leal del acuerdo ; y en segundo lugar, como un parámetro correctivo, que le permite al juez suprimir cláusulas que desborden los límites que impone el ordenamiento, como aquellas estipulaciones que incurran en violación de los límites de la autonomía privada15. 2.3.2. La buena fe y la autonomía de la voluntad El principio de buena fe, consagrado en los artículos 871 del Código de Comercio16 y 1603 del Código Civil 17, exige que las partes actúen con lealtad, corrección y diligencia en la realización y ejecución del contrato, y aún con posterioridad a su terminación, sin anteponer su interés en detrimento del otro contratante18.

y 1603 del Código Civil 17, exige que las partes actúen con lealtad, corrección y diligencia en la realización y ejecución del contrato, y aún con posterioridad a su terminación, sin anteponer su interés en detrimento del otro contratante18. Este deber comprende el cumplimiento íntegro de las obligaciones asumidas, la comunicación oportuna de la información relevante, y la adopción de conductas que favorezcan la satisfacción del interés legítimo de la otra parte. Como principio rector de las r elaciones contractuales, busca preservar la confianza entre los contratantes, impedir que sean sorprendidos en su buena fe y evitar que actúen en contra de sus propios actos (venire contra factum proprium non valet)19. Igualmente, los contratos se rigen por el postulado de la autonomía de la voluntad de las partes. Este principio supone reconocer la prevalencia de la voluntad real y de todas sus consecuencias jurídicas, así como la regla opuesta: la ineficacia o invalidez de los acuerdos cuando la manifestación externa del consentimiento no corresponda a esa voluntad o esta se encuentre viciada. En consecuencia, si no se demuestra un vicio del consentimiento, los acuerdos de voluntades plasmados en los contratos o en sus modificaciones deben cumplirse por las partes de buena fe. 2.3.3. La compensación de los saldos a favor del contratista con los perjuicios alegados por la entidad estatal La compensación es un mecanismo para extinguir obligaciones cuando dos personas son recíprocamente deudoras y acreedoras20. Para que proceda, deben cumplirse los requisitos del artículo 1715 21: que ambas deudas sean de dinero o cosas fungibles del mismo género y calidad, líquidas (determinadas o fácilmente

personas son recíprocamente deudoras y acreedoras20. Para que