TA SAN - Sentencia 680013333012-2016-00283-02 (13-03-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, trece (13) de marzo del dos mil veinticinco (2025).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

RADICADO: 680013333012-2016-00283-02

ENLACE DEL EXPEDIENTE: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/C asos/list_procesos.aspx?guid=680013333012

201600283026800123

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: ESPERANZA PEÑALOZA BUENO, WILSON

ALEJANDRO HERNÁNDEZ GUERRERO,

ZAYRE G ÓMEZ G ÓMEZ, MARIELA

ACEVEDO PLATA Y ESPERANZA PINILLOS

DE SANABRIA.

castrortizabogadas@gmail.com

DEMANDADO: NACIÓN - RAMA JUDICIAL, CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA,

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO JHON CARLOS GARCÍA PEREA

jcgarcia@procuraduria.gov.co ASUNTO: Sentencia de segunda instancia . Revoca la prescripción extintiva y modifica.

TEMA: Bonificación judicial

SENTENCIA No. 028

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE

ASUNTO: Sentencia de segunda instancia . Revoca la prescripción extintiva y modifica.

TEMA: Bonificación judicial

SENTENCIA No. 028

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y demandada contra la sentencia de primera instancia de fecha diecinueve (19) de marzo de dos mil veinti cuatro (2024), proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Esperanza Peñaloza Bueno y otros.

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333012-2016-00283-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander La Sala es competente para resolver el recurso de conformidad con lo previsto en el artículo 153 del CPACA.

I. ANTECEDENTES.

A. Posición de la parte demandante1

Solicita declarar la nulidad de la Resolución No. 2.983 de l 6 de abril de 2016, expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga y el acto ficto o presunto por la no contestación del recurso de apelación presentado el 1 1 de mayo de 2016 , mediante el cual se negó el reconocimiento, reliquidación y pago de los valores por concepto de prestaciones sociales de los demandantes.

En consecuencia, solicitó:

apelación presentado el 1 1 de mayo de 2016 , mediante el cual se negó el reconocimiento, reliquidación y pago de los valores por concepto de prestaciones sociales de los demandantes.

En consecuencia, solicitó:

1. «Que se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN No. 2.983 de Abril 6 de 2.016,

proferida por el DIRECTOR EJECUTIVO SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA y del ACTO ADMINISTRATIVO FICTO NEGATIVO configurado por el silencio guardado frente al recurso de apelación interpuesto contra el primer acto demandado en mayo 11 de 2.016. habiendo transcurrido los dos (2) meses indicados por el artículo 86 del C P.A C A.

2. Que a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se ordene a la NACIÓNRAMA JUDICIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL:

2.1. RELIQUIDAR LAS PRESTACIONES SOCIALES devengadas anualmente por los servidores judiciales demandantes, tomando como FACTOR SALARIAL la BONIFICACIÓN JUDICIAL creada con los Decretos 0383 y 0384 de 2013 del Departamento Administrativo de la Función Pública.

2.2. Que en adelante se reconozca la BONIFICACIÓN JUDICIAL como FACTOR SALARIAL para todos sus efectos legales y no sólo para los descuentos destinados a la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, como actualmente se hace.

3. Que se condene en COSTAS a la parte demandada, reconociendo las Agencias en Derecho en porcentaje del VEINTE PORCIENTO (20%) de las pretensiones

Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, como actualmente se hace.

3. Que se condene en COSTAS a la parte demandada, reconociendo las Agencias en Derecho en porcentaje del VEINTE PORCIENTO (20%) de las pretensiones conforme el numeral 3.1.2. del artículo 6° del Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura No. 1887 de 2.003.

4. Que se ajuste la condena tomando como base el índice de precios al consumidor, de conformidad con el inciso final del artículo 187 del C.P.A.C.A.»

Las anteriores pretensiones se fundamentaron en las siguientes afirmaciones:

1 04 Demanda.pdfNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Esperanza Peñaloza Bueno y otros.

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333012-2016-00283-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Los demandantes son servidores de la Rama Judicial y devengan mensualmente la bonificación judicial creada con los Decretos No. 0383 y 0384 de 2013.

El 6 de abril de 2016 elevaron petición ante la entidad demandada solicitando la liquidación y pago de todas sus prestaciones sociales con base en la bonificación judicial como factor salarial de los valores dejados de percibir desde el 1 de enero de 2013 y las que a futuro se generen.

En respuesta, la demandada emitió la Resolución No. 2983 del 6 de abril de 2016 , en la que se negaron las pretensiones.

de 2013 y las que a futuro se generen.

En respuesta, la demandada emitió la Resolución No. 2983 del 6 de abril de 2016 , en la que se negaron las pretensiones.

Inconforme con la decisión, interpusieron recurso de apelación el día 11 de mayo de 2016. Sin embargo, la parte demandada guardó silencio.

• Como fundamento de derecho invocaron la Ley 4 de 1992 , el artículo 12 del Decreto 717 de 1978, el artículo 53 de la Constitución Política, el artículo 1 del Acto legislativo N° 03 de 2002 y el Decreto 0383 de 2013.

B. Posición de la parte demandada2.

La Nación – Rama Judicial se opuso a la prosperidad de las pretensiones en los siguientes términos:

Adujo que los actos administrativos acusados tienen sustento en las disposiciones legales contenidas en el Decreto 0383 de 2013, la Ley 4 de 1992 y en que el único con competencias para establecer el régimen prestacional y salarial de los empleados públicos de la Rama Judicial es el Gobierno nacional.

Reseñó que, por expreso mandato legal, la Bonificación Judicial constituye factor salarial únicamente para efectos de constituir la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y que hace parte de la libertad de configuración del legisla dor establecer qué parte de la remuneración de los empleados públicos constituye o no factor salarial y para qué fines.

2 09 ContestacionDemanda.pdfNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Esperanza Peñaloza Bueno y otros.

Demandado: Nación – Rama Judicial

fines.

2 09 ContestacionDemanda.pdfNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Esperanza Peñaloza Bueno y otros.

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333012-2016-00283-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

Así mismo, indicó que los decretos por medio de los cuales el Gobierno nacional reguló los salarios y prestaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial cumplieron con los estándares legales y constitucionales para su expedición y, en consecuencia, la responsabilidad sobre la inaplicabilidad de la norma salarial no puede ser asumida por la Rama Judicial.

Adicionalmente, propuso la excepción de prescripción trienal de los derechos reclamados.

C. Sentencia de primera instancia3.

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga, mediante sentencia de fecha diecinueve (19) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de prescripción extintiva del derecho frente a los derechos reclamados por MARIELA ACEVEDO PLATA y ESPERANZA PINILLOS DE SANABRIA, por las razones señaladas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: DECLÁRESE la prescripción de derechos laborales frente a las sumas reclamadas con anterioridad al 6 de abril de 2013 por ESPERANZA

PEÑALOZA BUENO, WILSON ALEJANDRO HERNÁNDEZ GUERRERO Y

SEGUNDO: DECLÁRESE la prescripción de derechos laborales frente a las sumas reclamadas con anterioridad al 6 de abril de 2013 por ESPERANZA PEÑALOZA BUENO, WILSON ALEJANDRO HERNÁNDEZ GUERRERO Y ZAIRE GOMEZ GOMEZ, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: INAPLÍQUESE por inconstitucionalidad la expresión normativa “… y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” contenido en el artículo 1° del Decreto No. 0383 de 2013, y reproducida en los Decretos No. 1269 de 2015, 246 de 2016, 1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 903 de 2023, 1581 de 2023 y 0299 de 2024 por las razones expuestas.

CUARTO: Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos:

• Resolución 2983 del 6 de abril de 2016 expedida por la Dirección

Ejecutiva de Administración Judicial.

• Del acto administrativo ficto negativo configurado por el silencio guardado por el ente demandado frente a la interposición del recurso de apelación instaurado el 11 de mayo de 2016.

QUINTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la NACIÓN –

RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reliquidar y

QUINTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la NACIÓN –

RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reliquidar y pagar a favor de ESPERANZA PEÑALOZA BUENO, WILSON ALEJANDRO

354 SENTENCIADEPR_28SENTENCIABONIFICAC.pdfNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Esperanza Peñaloza Bueno y otros.

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333012-2016-00283-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander HERNANDEZ GUERRERO y ZAYRE GOMEZ GOMEZ, todas las prestaciones sociales y factores salariales reconocidos, pagados y causados desde el 6 de abril de 2013, incluyendo en la base de liquidación como factor salarial la bonificación judicial creada mediante Decreto 0383 de 2013, hasta que dure su vinculación laboral y continúe percibiendo dicho emolumento. Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario. La suma que resulte a favor de los dem andantes debe ajustarse de conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia. La actualización ordenada se hará aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.

conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia. La actualización ordenada se hará aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.

SEXTO: No condenar en costas ni en agencias en derecho».

Señaló que Mariela Acevedo Plata, vinculada entre 1997 y 2009, y Esperanza Pinillos de Sanabria, vinculada entre 1988 y 2007, presentaron su solicitud el 6 de abril de 2016, excediendo el plazo de tres años establecido en e l artículo 41 del Decreto 3135 de 1968. En consecuencia, se declaró la prescripción extintiva de sus derechos.

Respecto de los demandantes Esperanza Peñaloza Bueno, Wilson Alejandro Hernández Guerrero y Zayre Gómez Gómez, señaló que el Decreto 0383 de 2013 vulneró los principios constitucionales de favorabilidad e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en la legislación laboral, al tiempo que transgredió los objetivos y principios señalados en la Ley 4 de 1992, en la medida en que desconoció los efectos salariales de la bonificación judicial.

Refirió que la bonificación judicial se da de manera continua y mensual, lo que la hace una remuneración fija y directa, similar a un salario. Por lo tanto, debe ser incluida en el cálculo de otras prestaciones sociales.

Manifestó que inaplicará la parte del primer inciso del artículo 1 del Decreto 0383 de 2013 que limita el reconocimiento de la bonificación judicial solo para efectos de cotización al sistema de salud y pensiones, en el entendido que sus disposiciones contravienen la Constitución y la ley, al no reconocer la bonificación como factor

2013 que limita el reconocimiento de la bonificación judicial solo para efectos de cotización al sistema de salud y pensiones, en el entendido que sus disposiciones contravienen la Constitución y la ley, al no reconocer la bonificación como factor salarial para calcular todas las prestaciones sociales y salariales.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Esperanza Peñaloza Bueno y otros.

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333012-2016-00283-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Con relación a la prescripción trienal, señaló que los demandantes presentaron la reclamación administrativa el 6 de abril de 2016; por tanto, las sumas causadas con anterioridad al 6 de abril de 2013 se encuentran prescritas.

D. Recurso de apelación.

La Nación-Rama Judicial 4 solicitó revocar la decisión de primera instancia con sustento en los siguientes argumentos:

1. La parte demandante no impugnó oportunamente los Decretos 0383 y 0384 de 2013 cuando fueron expedidos, y por lo tanto no puede ahora pretender su inaplicabilidad. El plazo para demandar la nulidad de estos decretos ya caducó según el artículo 138 del CPACA , por lo que la demanda debería ser desestimada.

1. La entidad no cuenta con facultades ni atribuciones en materia de fijación de salarios y prestaciones para los servidores de la Rama Judicial, puesto que su competencia recae únicamente en el Gobierno nacional, específicamente en la expedición del Decreto 0383 de 2013 con el objeto

de salarios y prestaciones para los servidores de la Rama Judicial, puesto que su competencia recae únicamente en el Gobierno nacional, específicamente en la expedición del Decreto 0383 de 2013 con el objeto de establecer la bonificación judicial para esos funcionarios.

1. El juez de primera instancia desconoció lo anterior y le impuso una carga excesiva a la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que no está en el deber de soportar y le exigió un imposible jurídico al no tener en cuenta dicha normatividad, comoquiera que es con base en esta que se reconocen y pagan las remuneraciones en la entidad.

1. La responsabilidad recae en el Gobierno nacional y no en la Rama Judicial, por lo que el pago de emolumentos no contemplados en las proyecciones presupuestales de la Rama Judicial debe gestionarse, por mandato legal, ante el Ejecutivo, específicamente ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dicho organismo es el que debe asignar recursos adicionales a la entidad, los cuales no están previstos en las finanzas públicas.

458 MemorialWeb_APELACION.pdfNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Esperanza Peñaloza Bueno y otros.

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Radicado No. 680013333012-2016-00283-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

1. La acción de inaplicabilidad de los decretos salariales por inconstitucionalidad no es válida en este caso, ya que los decretos siguen

Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

1. La acción de inaplicabilidad de los decretos salariales por inconstitucionalidad no es válida en este caso, ya que los decretos siguen vigentes hasta que sean declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional. Además, la demanda mezcla solicitudes de inaplicabilidad con peticiones de nulidad, lo que genera confusión.

1. La bonificación judicial reclamada no constituye un derecho adquirido, sino que fue el resultado de una negociación que no afecta derechos prestacionales adicionales. Por lo tanto, los demandantes no tienen derecho a una compensación mayor a la que ya fue reconocida.

1. Los actos administrativos impugnados fueron adoptados en cumplimiento de los decretos salariales vigentes y, por tanto, no corresponden a actos definitivos que puedan ser revisados judicialmente.

La parte demandante5 indicó que la declaración de prescripción de oficio de los derechos reclamados por Mariela Acevedo Plata y Esperanza Pinillos de Sanabria se basa en una valoración errónea de las certificaciones laborales. En el caso de la primera, la sentencia de primera instancia erróneamente consideró su desvinculación en 2009, cuando en realidad permaneció en la entidad hasta agosto de 2021, y en el de la segunda, la decisión del juez indicó que su vinculación finalizó en 2007 , cuando la certificación demuestra que aún continúa trabajando en la entidad.

Respecto a la prescripción trienal, señaló lo siguiente: i) Los demandantes han percibido la bonificación judicial desde el 1 de enero de 2013 y solamente hasta que

entidad.

Respecto a la prescripción trienal, señaló lo siguiente: i) Los demandantes han percibido la bonificación judicial desde el 1 de enero de 2013 y solamente hasta que se resolvió la reclamación administrativa, surgió el conflicto en relación con el carácter salarial de aquella; y ii) al «considerar que la prescripción sólo deberá contarse y operará a partir del momento en que exista certeza del derecho que se pretende reclamar, es decir, desde la ejecutoria de la presente sentencia favorable de reconocimiento del factor salarial de la bonificación judicial, es a partir de ese momento en que habrá seguridad de que la bonificación judicial es salario y que, en

556 MemorialWeb_Recurso.pdfNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander consecuencia, las prestaciones sociales se han cancelado erróneamente desde el 1 de enero de 2013».

E. Pronunciamiento en segunda instancia.

La Nación-Rama Judicial 6 reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación y sostuvo que, en cuanto al recurso de la contraparte , debe aplicarse la prescripción trienal para el reconocimiento de la reliquidación de prestaciones ordenada por la primera instancia. Según su interpretación, la prescripción se interrumpe con la solicitud presentada ante la administración y, en consecuencia, el derecho solo debe ser reconocido por los tres años previos a dicha petición.

ordenada por la primera instancia. Según su interpretación, la prescripción se interrumpe con la solicitud presentada ante la administración y, en consecuencia, el derecho solo debe ser reconocido por los tres años previos a dicha petición.

En ese orden, al haberse radicado la solicitud el 6 de abril de 2016 , se establece que el derecho solo puede ser reconocido a partir de los tres años anteriores. Po consiguiente, las sumas reclamadas que correspondan a un período anterior al 6 de abril de 2013 ya se encuentran prescritas, dado que el plazo de tres años para su reclamación expiró.

La parte actora7 argumentó que el caso es de puro derecho y que la controversia se limita a la nulidad de actos administrativos que negaron el reconocimiento de la bonificación judicial como salario.

Respecto a la excepción de caducidad, señaló que la acción se interpuso dentro del término legal, luego de agotar la vía administrativa y el requisito de conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público. En este sentido, no hay fundamento para considerar que la acción ha caducado, por lo que se solicita al tribunal rechazar esta excepción.

Por último, con relación a la prescripción trienal de los derechos reclamados, reiteró que, conforme a la jurisprudencia, la prescripción solo puede contarse desde el momento en que exista certeza sobre el derecho reclamado , d ado que la bonificación judicial no ha sido reconocida como salario ; no se ha generado la obligación de pago de prestaciones sociales.

6https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800123/6800133330122016002

bonificación judicial no ha sido reconocida como salario ; no se ha generado la obligación de pago de prestaciones sociales.

6https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800123/6800133330122016002 8302/E4C77104A59AF831DF287B854896764E9D2A5720E26759E566C16EA408E1C960/2 7https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800123/6800133330122016002 8302/CB69C7C2233B50139B5736F530F55E434969C038440B68E8326C422523D0D6B80/2Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

F. Problemas jurídicos.

Con el fin de establecer si procede confirmar o, por el contrario, revocar la sentencia de primera instancia, se deben resolver los siguientes interrogantes que surgen del argumento de impugnación de las partes:

Con relación a los argumentos de la parte demandada: P.J.1 ¿Hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia por qué; i) La oportunidad para cuestionar la legalidad de los Decretos 0383 y 0384 de 2013, caducó, al no haberse impugnado oportunamente cuando fueron expedidos, ii) La Rama Judicial, específicamente la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,

oportunidad para cuestionar la legalidad de los Decretos 0383 y 0384 de 2013, caducó, al no haberse impugnado oportunamente cuando fueron expedidos, ii) La Rama Judicial, específicamente la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, no tiene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional establecido por el Gobierno nacional en los Decretos 0383 y 0384 de 2013, iii) La inaplicación por inconstitucionalidad de estos decretos no es procedente en el caso particular, por estar vigentes y no haber sido declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional?

Con relación a los argumentos expuestos por la parte demandante:

P.J.2 ¿Hay lugar a revocar parcialmente la sentencia de primera instancia, con sustento en que: i) No prescribieron los derechos reclamados por las demandantes Mariela Acevedo Plata y Esperanza Pinillos de Sanabria , toda vez que se encontraban vinculadas al momento de la solicitud; y ii) La prescripción trienal no es procedente porque el derecho se hace exigible a través de la sentencia favorable que reconozca el factor salarial de la bonificación judicial?

G. Tesis de la sala

P.J.1 No, el acto acusado al negar prestaciones periódicas puede ser demandado en cualquier tiempo, conforme lo señala el Art. 164, numeral 1, literal c) de la Ley 1437 de 2011. Adicionalmente, no se pueden entender como demandados los decretos que crean la boni ficación judicial, habida cuenta que lo único que se pretende frente a aquellos es la inaplicación de la expresión «únicamente» y no laNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Esperanza Peñaloza Bueno y otros.

pretende frente a aquellos es la inaplicación de la expresión «únicamente» y no laNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander declaratoria de ilegalidad. Igualmente, la jurisprudencia ha establecido que la bonificación judicial cumple con los requisitos de salario al ser un pago habitual en retribución al trabajo, por lo que su exclusión como factor salarial desconoce el mandato de nivelación salarial de la Ley 4ª de 1992.

Así mismo, si bien la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no ti ene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional fijado por el Gobierno nacional, sí tiene la facultad de interpretar y aplicar las normas en materia salarial dentro de los límites establecidos. La inaplicación del artículo 1 del Decreto 0383 de 2013 no implica una modificación del régimen salarial, sino la correcta aplicación del pri ncipio « in dubio pro operario» en favor de los servidores judiciales, garantizando sus derechos constitucionales. La jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional ha reconocido que el concepto de salario no depende de la denominación qu e le dé el empleador, sino de su naturaleza y periodicidad, lo que confirma que la bonificación judicial debe ser considerada factor salarial.

P.J.2 Sí, se revocará parcialmente la sentencia de primera instancia con relación a

depende de la denominación qu e le dé el empleador, sino de su naturaleza y periodicidad, lo que confirma que la bonificación judicial debe ser considerada factor salarial.

P.J.2 Sí, se revocará parcialmente la sentencia de primera instancia con relación a Mariela Acevedo Plata y Esperanza Pinillos de Sanabria, al no estar demostrado que operará la prescripción extintiva del derecho en su caso.

Así mismo, se confirmará la prescripción trienal de los derechos causados con anterioridad al 6 de abril de 201 3, reiterando que la exigibilidad del derecho surgió el 1 de enero de 2013, y no con la sentencia judicial que lo reconoce como factor salarial.

H. Metodología de la decisión.

Para resolver los problemas jurídicos, la Sala estudiará los siguientes temas: i) La bonificación judicial creada mediante el Decreto 0383 de 2013; ii) Igualdad en la liquidación y pago de la bonificación; iii) Naturaleza salarial de la bonificación judicial; iv) Naturaleza jurídica de los decretos que reglamentan las leyes marco; v) La excepción de inconstitucionalidad; y vi) Prescripción trienal.

Por último, se analizará el caso concreto: hechos relevantes probados y su análisis crítico.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Esperanza Peñaloza Bueno y otros.

Demandado: Nación – Rama Judicial

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

Radicado No. 680013333012-2016-00283-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

1. Bonificación judicial creada mediante el Decreto 0383 de 2013

La Ley 4 de 1992 establece las reglas para definir el salario y las prestaciones de los empleados públicos, incluidos los de la Rama Judicial, en cumplimiento del artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política de 1991.

Por su parte, el Gobierno nacional, en desarrollo de las preceptivas y orden de nivelación salarial de la Ley 4ª de 1992, expidió el Decreto 0383 de 6 de marzo de 2013, el cual creó la bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar.

De acuerdo con el mencionado decreto, dicho emolumento se reconoce mensual y únicamente constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y Salud, y se le excluyó como factor para liquidar otros efectos legales.

Los artículos 1 y 2 son del siguiente tenor literal:

«ARTÍCULO 1. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el Decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente

por el Decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1º de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año en las siguientes tablas, así: […]

PARÁGRAFO. La bonificación judicial creada en el presente artículo se ajustará a partir del año 2014 de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor (IPC) del dos por ciento (2%) respecto del valor de la bonificación asignada en el año inmediatamente anterior.

En el evento en que la variación del índice de Precios al consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para las vigencias fiscales de los años 2014 a 2018 inclusive, sea diferente al dos por ciento (2%) proyectado para el valor de la bonificación judicial para los mismos años, el Gob