TA SAN - Sentencia 680013333012-2017-00229-01 (19-08-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAGISTRADO PONENTE: Dr. JULIO EDISSON RAMOS SALAZAR

Bucaramanga, diecinueve (19) de agosto de dos mil veinticinco (2025).

MEDIO DE CONTROL REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE EXSON ALIRIO ANAYA ESPINOSA y en

representación de GABRIELA ANAYA AFANADOR,

JOSÉ SANTIAGO ANAYA AFANADOR MARÍA

FERNANDA AFANADOR BENAVIDEZ MARINELLY

ESPINOZA RÍOS ALIRIO ANAYA GALVÁN LEIDY

PAOLA ANAYA ESPINOSA MARÍA ALEJANDRA

ANAYA ESPINOSA

shielomio@hotmail.com

DEMANDADO RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA

SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE

BUCARAMANGA

dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co

TRAMITE PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD RADICADO 680013333012-2017-00229-01

MINISTERIO

PÚBLICO

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

xmora@procuraduria.gov.co;

Se decide el rec urso de APELACIÓN interpuesto c ontra la s entencia del 30 de septiembre de 2024 proferida por el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga.

I. ANTECEDENTES

1. PRETENSIONES.

septiembre de 2024 proferida por el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga.

I. ANTECEDENTES

1. PRETENSIONES.

Primero: Se declare administrativamente responsable a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL por los perjuicios morales, materiales (lucro cesante) y el daño inmaterial sufridos por EXSON ALIRIO ANAYA ESPINOSA y su núcleo familiar. Lo anterior, debido a la privación prolongada e injusta de la libertad del señor Anaya Espinosa, quien estuvo detenido por más de 20 meses (del 1 de agosto de 2013 al 20 de mayo de 2015), hasta que fue absuelto de todo cargo en juicio oral por falta de responsabilidad penal.

SEGUNDO: Se condene a las entidades demandadas al reconocimiento y pago por concepto de perjuicios Morales el equivalente a cien (100 SMMLV) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para el afectado directo, su compañera permanente, sus padres y cada uno de sus hijos y cincuenta (50 SMMLV) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de los demás demandantes (hermanas).

TERCERO: Se condene a las entidades demandadas al reconocimiento y pago por concepto de Perjuicios Materiales – Lucro cesante, por la suma de cuarenta y un millón (sic) quinientos cuarenta y un mil quinientos setenta y ocho pesos m/cte.

($41.571.578).

CUARTO: Se condene a las entidades demandadas al reconocimiento y pago por

millón (sic) quinientos cuarenta y un mil quinientos setenta y ocho pesos m/cte. ($41.571.578).

CUARTO: Se condene a las entidades demandadas al reconocimiento y pago por concepto de Daños inmateriales : el equivalente a sesenta (60 SMMLV) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de los demandantes, a partirMedio de control. Reparación directa.

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del año 2013, cuyo salario mínimo fue de $589.500, para un total de doscientos doce millones doscientos veinte mil pesos m/cte ($212.220.000).

QUINTO: Que las condenas se produzcan más la actualización que deberá realizarse de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del C.C.A.

SEXTO: Que se condene así mismo con la corrección monetaria e indexaciones pertinentes y existentes al momento de producirse la condena” (sic)

2. HECHOS.

La apoderada de la parte accionante señala, que como consecuencia de la denuncia interpuesta por el señor Alfredo Castillo Pinzón el 4 de enero de 2013, se llevó a cabo un informe de investigación el 21 de mayo de 2013, el cual se fundamentó en el reconocimiento fotográfico realizado por las presuntas víctimas, Alfredo Castillo Pinzón y Carmen Delia Supelano Sepúlveda, quienes identificaron a los supuestos

responsables de los hechos ocurridos en su domicilio, ubicado en la carrera 28 #8634 del barrio San Martín. En el referido incidente, los agresores, utilizando un arma de fuego, sustrajeron una billetera con la suma de $2.600.000 en efectivo, además de varios objetos personales, entre ellos lociones, calzado, gorras y un arma de fuego tipo revólver.

En virtud de las diligencias investigativas, el investigador de campo allegó un informe el 1 de agosto de 2013, en el cual se anexaron el registro dactilar y la reseña fotográfica del imputado, Exson Alirio Anaya Espinosa. Con base en estos elementos, se solicitó la legalización de la captura, trámite que fue llevado a cabo por el Juez Once Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bucaramanga.

En consecuencia, se llevó a cabo la respectiva audiencia de imputación de cargos, formulándose en contra del sindicado los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, en la modalidad de porte, conforme al artículo 365 del Código Penal, modificado por el artículo 19 de la Ley 1453 de 2011 , en concurso con el delito de hurto calificado y agravado, conforme a los artículos 239, 240 inciso 2 y 241 numerales 10 y 31 del Código Penal, en calidad de coautor a título de dolo. No obstante, el imputado no aceptó los cargos formulados en su contra.

Seguidamente, el juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro de reclusión en contra del procesado, decisión que fue comunicada mediante el oficio número 16051 -7227, dentro de la investigación

Seguidamente, el juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro de reclusión en contra del procesado, decisión que fue comunicada mediante el oficio número 16051 -7227, dentro de la investigación con radicado 68001-6000-159-2013-00075. Posteriormente, la Fiscalía General de la Nación, en audiencia de formulación de acusación celebrada el 5 de diciembre de 2013, reiteró la imputación de los delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego en concurso con hurto calificado y agravado.

Durante el desarrollo del juicio penal, específicamente en la audiencia de juzgamiento realizada el 20 de mayo de 2015, la Fiscalía solicitó la absolución del acusado, petición que fue acogida por el juez de conocimiento, quien en la misma diligencia orden ó su libertad inmediata, expidiendo para tal efecto la boleta de libertad número 200 del 20 de mayo de 2015.

Posteriormente, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bucaramanga, en audiencia de lectura del fallo llevada a cabo el 5 de agosto de 2015, resolvió absolver a Exson Alirio Anaya Espinosa de los delitos que le fueron imputados, al no haberse acreditado su responsabilidad en los hechos.

El demandante indicó que, previo a su privación de la libertad, derivaba ingresos deMedio de control. Reparación directa. Radicado. 680013333012-2017-00229-01 Sentencia 2da instancia

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su actividad como joyero por un monto de $1.016.000 mensuales, según certificación expedida por la Coordinadora Administrativa de la Cooperativa de

Radicado. 680013333012-2017-00229-01 Sentencia 2da instancia

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su actividad como joyero por un monto de $1.016.000 mensuales, según certificación expedida por la Coordinadora Administrativa de la Cooperativa de Orfebres de Santander, Yeseira Martínez Gómez. Asimismo, manifestó que su encarcelamiento generó graves afectaciones económicas y psicológicas tanto para él como para su núcleo familiar, quienes dependían de sus ingresos para su sostenimiento.

Expuso además que, ante la ausencia del ingreso generado por su actividad laboral, sus familiares debieron acudir a terceros, como sus suegros y padres, para solventar las dificultades económicas derivadas de su reclusión.

Adicionalmente, señaló que su esposa, María Fernanda Afanador, se vio obligada a asumir la carga económica del hogar, lo que la llevó a incorporarse al mercado laboral, afectando la dinámica familiar. Sumado a ello, destacó los costos adicionales asociados a las visitas en el centro carcelario, tales como transporte y otros gastos complementarios.

Finalmente, el demandante informó que, en procura de obtener una reparación por los perjuicios sufridos, el 17 de marzo de 2017 presentó solicitud de audiencia de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, diligencia que fue asignada a la Procuradora Judicial II 102. Sin embargo, el trámite conciliatorio fue declarado fallido el 9 de mayo de 2017, lo que motivó la interposición de la presente demanda.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

1. NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

fallido el 9 de mayo de 2017, lo que motivó la interposición de la presente demanda.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

1. NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda oponiéndose a todas las pretensiones formuladas en su contra.

Argumentó que ni el escrito de demanda ni las pruebas presentadas contienen fundamentos fácticos o jurídicos que respalden su presunta responsabilidad, l a entidad sostuvo que actuó conforme a la Constitución y la ley, cumpliendo su deber de investigar delitos, y que no se configuró una falla del servicio, ya que la medida de aseguramiento se basó en indicios graves de responsabilidad.

Sostuvo que la investigación se realizó conforme a la normativa, presentando al juez natural los elementos probatorios necesarios que justificaban, en ese momento procesal, la imposición de la medida de aseguramiento contra Exson Alirio Anaya Espinosa. Destacó que dicha medida fue ordenada exclusivamente por decisión independiente del juez natural, quien actuó con base en su criterio y convencimiento, y no por imposición de la Fiscalía.

Asimismo, enfatizó que no se demostró la existencia de un daño antijurídico , pues el demandante debía afrontar la investigación penal sin que ello implique responsabilidad del Estado. Puntualizando, que la privación de la libertad solo genera responsabilidad estatal si es injusta, es decir, resultado de decisiones arbitrarias y contrarias a derecho, lo cual no se configura en este caso.

Finalmente, planteó las excepciones falta de legitimación en la causa por pasiva,

genera responsabilidad estatal si es injusta, es decir, resultado de decisiones arbitrarias y contrarias a derecho, lo cual no se configura en este caso.

Finalmente, planteó las excepciones falta de legitimación en la causa por pasiva, actuación legítima y ausencia de falla en el servicio, e inexistencia de daño antijurídico, defendiendo la legalidad de su actuación y la falta de fundamento de las pretensiones en su contra.

2. LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DEMedio de control. Reparación directa.

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ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

En el escrito de contestación presentado a través de apoderado, la entidad se abstuvo de pronunciarse sobre los hechos 1 a 7 de la demanda, por cuanto estos se refieren a la aprehensión, investigación y enjuiciamiento del accionante. Al no haber participado en dicho proceso, la entidad manifestó desconocer lo actuado y se atiene a lo que se acredite con el material probatorio correspondiente. Respecto a los hechos 8 a 11, indicó que no le constan, ya que versan sobre circunstancias personales del demandante. En consecuencia, no se pronunció sobre su veracidad y reiteró su sujeción a lo que resulte probado en el proceso.

En relación con la privación de la libertad del demandante, la entidad negó que esta pueda catalogarse, de manera anticipada, como arbitraria o injusta, ni que su actuación administrativa constituya una falla en el servicio. Asimismo, señaló que las decisiones adoptadas por los jueces que intervinieron en el proceso estuvieron ajustadas a la Constitución y la ley.

actuación administrativa constituya una falla en el servicio. Asimismo, señaló que las decisiones adoptadas por los jueces que intervinieron en el proceso estuvieron ajustadas a la Constitución y la ley.

Por tanto, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, argumentando que los hechos que dieron lugar al medio de control no configuran los presupuestos necesarios para declarar la responsabilidad de la entidad. Indicó que las actuaciones fueron desplegadas por la Fiscalía General de la Nación en ejercicio de su función investigativa, siendo esta la entidad habilitada constitucional y legalmente para responder por las imputaciones de responsabilidad en la administración de justicia. Asimismo, sostuvo que, en este caso, se configura la causal eximente de responsabilidad denominada "Hecho exclusivo y determinante de un tercero", lo que impide atribuir responsabilidad a la entidad.

Finalmente, hizo referencia a la Sentencia SU -072 de 2018 de la Corte Constitucional, en la que se establece la necesidad de realizar un análisis casuístico para determinar si la restricción de la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria.

III. SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia de fecha 30 de septiembre de 2024 , el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga dispuso:

“PRIMERO: Deniéguese las pretensiones de la demanda de la referencia dentro del medio de control de reparación directa, instaurado por Exson Alirio Anaya Espinosa y Otros, en contra de la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga y la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con los

Otros, en contra de la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga y la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas de primera instancia, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: Procede el recurso de apelación contra la presente sentencia en los términos del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo.

CUARTO: Adviértasele a las partes y al Ministerio Público que los memoriales deberán presentarse por escrito a través de la ventanilla virtual de los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Bucaramanga, disponible en el aplicativo SAMAI, para lo cual podrán ingresar a través del siguiente enlace para radicar sus memoriales y solicitudes:

https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co indicando el Juzgado y el expediente de la referencia. No se tendrán por recibidos los memoriales que sean radica dos por canales distintos a los aquí indicados.

QUINTO: Archívese el expediente una vez ejecutoriada esta providencia, de no ser apelada y previas las anotaciones de rigor a que haya lugar en el aplicativo SAMAI.Medio de control. Reparación directa.

Radicado. 680013333012-2017-00229-01 Sentencia 2da instancia

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Como fundamento de su decisión, el a quo expuso:

La Fiscalía General de la Nación justificó la necesidad de la medida de aseguramiento contra Exson Alirio Anaya Espinosa, argumentando que su conducta representaba un peligro para la seguridad de la comunidad, dadas las

La Fiscalía General de la Nación justificó la necesidad de la medida de aseguramiento contra Exson Alirio Anaya Espinosa, argumentando que su conducta representaba un peligro para la seguridad de la comunidad, dadas las circunstancias de los hechos y la afectación de bienes jurídicos protegidos, como la vida, la seguridad pública y el patrimonio de las víctimas.

Se destacó que los delitos imputados superaban ampliamente el umbral de cuatro años de pena privativa de la libertad y eran de investigación oficiosa, lo que hacía procedente la imposición de la medida en establecimiento carcelario.

Además, se indicó que la gravedad de la conducta y la presencia de menores de edad durante los hechos justificaban la restricción de la libertad, considerando que el sindicado podía entorpecer el desarrollo del proceso penal o representar un riesgo para la comunidad.

El Juzgado de Control de Garantías, al valorar la solicitud de la Fiscalía, concluyó que la medida de aseguramiento cumplía con los requisitos legales vigentes, en tanto existían inferencias razonables sobre la posible responsabilidad penal del sindicado. Asimismo, se estableció que la defensa no allegó material probatorio que desvirtuara las imputaciones, ni acreditó circunstancias que permitieran una medida menos restrictiva, como la detención domiciliaria. En este sentido, se determinó que la privación de la libertad era adecuada, necesaria y proporcional para garantizar el cumplimiento de los fines constitucionales de la medida de aseguramiento, particularmente la protección de la comunidad y la integridad del proceso penal.

Por otro lado, se evidenció que la parte demandante no logró demostrar que la

cumplimiento de los fines constitucionales de la medida de aseguramiento, particularmente la protección de la comunidad y la integridad del proceso penal.

Por otro lado, se evidenció que la parte demandante no logró demostrar que la privación de la libertad fue arbitraria, desproporcionada o irrazonable, ni aportó prueba alguna que acreditara la existencia de una privación injusta. Por el contrario, se estab leció que la medida impuesta se ajustó a las disposiciones legales y procedimentales, en concordancia con la normativa penal vigente. Incluso, se resaltó que la defensa se abstuvo de interponer recursos contra la decisión adoptada, lo que refuerza la validez de la medida desde el punto de vista jurídico y procesal.

En conclusión, no se configuró un daño antijurídico que pudiera dar lugar a la responsabilidad del Estado, ya que la medida de detención preventiva cumplió con los requisitos legales y constitucionales para su imposición. Si bien el procesado fue posteriormente absuelto, ello no desvirtúa la legitimidad de la restricción de su libertad, pues en su momento existían suficientes elementos materiales probatorios para justificar la medida. Finalmente, al no acreditarse la responsabilidad patrimonial de las entid ades demandadas, se negó la procedencia de las pretensiones de la demanda.

IV. LA APELACIÓN

La parte demandante solicita que se revoque en todas sus partes la sentencia apelada, argumentando que i) que hubo indebida apreciación probatoria por parte del a quo, considera que la medida de aseguramiento privativa de la libertad no fue razonable, proporcional, ni mucho menos necesari a, toda vez que el accionante

apelada, argumentando que i) que hubo indebida apreciación probatoria por parte del a quo, considera que la medida de aseguramiento privativa de la libertad no fue razonable, proporcional, ni mucho menos necesari a, toda vez que el accionante Exson Alirio Anaya Espinosa, que no tenía antecedentes penales, no existían pruebas suficientes sobre su peligrosidad y no se verificó la posesión del arma de fuego. ii) es responsable la Fiscalía General de la Na ción del daño antijurídico inferido, pues no existió certeza probatoria sobre su participación en los hechos imputados, e incluso se compulsaron copias contra las presuntas víctimas porMedio de control. Reparación directa. Radicado. 680013333012-2017-00229-01 Sentencia 2da instancia

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posible denuncia falsa, evidenciando la inexistencia del delito y la falta de nexo causal.

La parte demandada Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración, solicita que se revoque parcialmente la decisión proferida respecto al numeral segundo, negatoria de la condena en costas y, en su lugar, se condene al pago de Agencias y Costas procesales a los (as) demandantes, con cargo a ellos (as) y en favor de esta entidad, como extremo pasivo de la demanda; argumentando que el desconocimiento de la condena en costas a la parte demandante como vencida implica un detrimento patrimonial para la entidad convidada al proceso.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Correspondió por reparto al H. Magistrado Julio Edisson Ramos Salazar el 26 de noviembre de 2024 en grado de apelación de sentencia, mediante auto de fecha 24

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Correspondió por reparto al H. Magistrado Julio Edisson Ramos Salazar el 26 de noviembre de 2024 en grado de apelación de sentencia, mediante auto de fecha 24 de enero de 2025 se admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia y se corrió traslado para que las partes se pronunciaran sobre el recurso y para que el Ministerio Público emitiera concepto de fondo.

VI. PRONUNCIMIENTO FRENTE AL RECURSO DE APELACIÓN

6.1. Parte demandada - Fiscalía General de la Nación , solicita se confirme la sentencia apelada.

Frente a la condena en costas, solicita no se condene en atendiendo a que la actuación de la Fiscalía General de la Nación, se basó en argumentos serios, y el resultado de esta no demuestra temeridad, ni mala fe, aunado a que no existen pruebas en el proceso sobre la causación de gastos y costas en el curso de lo actuado.

6.2. Parte demandada - Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración, sostiene que se confirme la sentencia apelada, teniendo en cuenta que no se logró probar la antijuridicidad del daño.

Aunado a lo anterior, solicita la condena en costas de primera y segunda instancia a la parte demandante, con cargo a ella y en favor de esta entidad, como extremo pasivo de la demanda, de conformidad con lo normado en los artículos 322 del CGP y en concor dancia con lo regulado en los artículos 361 y 365 del CPG y 188 del CPACA, toda vez que se trata de unas manifestaciones de voluntad que han sido

pasivo de la demanda, de conformidad con lo normado en los artículos 322 del CGP y en concor dancia con lo regulado en los artículos 361 y 365 del CPG y 188 del CPACA, toda vez que se trata de unas manifestaciones de voluntad que han sido elevadas por la parte actora respecto de las cuales resulto vencida, por cuanto no logró acreditar fáctica, jurídica o probatoriamente las pretensiones de su demanda.

6.4. El Ministerio Público guardó silencio.

VII. CONSIDERACIONES

PROBLEMA JURÍDICO. Corresponde a la Sala determinar si las entidades demandadas son patrimonialmente responsables por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de la privación de la libertad de la que fue objeto el señor EXSON ALIRIPO ANAYA ESPINOSA entre el 1 de agosto de 2013 y el 20 de mayo de 2015, lo anterior, a partir de la imposición de medida de aseguramiento en su contra dentro del proceso penal No. 68001-6000-l 59-2013-00075, el cual culminó con absolución en su favor y por tanto, analizar si existe la obligación por parte del Estado de indemnizar los perjuicios causados a los demandantes.Medio de control. Reparación directa. Radicado. 680013333012-2017-00229-01 Sentencia 2da instancia

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Así mismo determinar, si hay lugar a revocar la decisión de primera instancia en cuanto a la denegación de condena en costas y en su lugar, condenar en costas a la parte demandante.

VIII. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

Privación de libertad.

cuanto a la denegación de condena en costas y en su lugar, condenar en costas a la parte demandante.

VIII. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

Privación de libertad.

El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, consagra la cláusula general de responsabilidad, señalando que el Estado responde patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, norma de la que se desprenden los elementos de daño antijurídico e imputación. Así pues, quien pretenda la indemnización de los perjuicios causados por la actividad estatal, debe demostrar la ocurrencia de los siguientes presupuestos: (i) la existencia de un daño antijurídico, y (ii) la imputación del daño al Estado por la acción u omisión de autoridad pública.

Con relación a este requisito indispensable de la responsabilidad patrimonial del estado, el H. Consejo de Estado en sentencia del 18 de agosto de 2020 1, señaló que para que este sea catalogado como antijuridico se requiere que se cumplan de unos presupuestos, entre los cuales se encuentra la legitimidad de la lesión del derecho fundamental tutelado y que este no sea consecuencia del actuar de la víctima, entre otros no menos importantes. A saber:

“Constatada la existencia del daño en el plano material2, se impone analizar si este fue antijurídico3. Para que el daño adquiera una dimensión jurídicamente relevante, es menester que: i) recaiga sobre un derecho subjetivo o sobre un interés tutelado por el derecho; ii) no exista un título legal conforme al ordenamiento

fue antijurídico3. Para que el daño adquiera una dimensión jurídicamente relevante, es menester que: i) recaiga sobre un derecho subjetivo o sobre un interés tutelado por el derecho; ii) no exista un título legal conforme al ordenamiento constitucional que justifique o legitime la lesión al interés jurídicamente tutelado y iii) no haya sido causado o determinado por el hecho de la propia víctima”.

Ahora, tratándose de la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, la Sala Plena de H. Corte Constitucional en sentencia de unificación proferida el 5 de julio de 2018 (SU072/18) sostuvo que, dependiendo de las particularidades de cada caso, el juez administrativo podrá elegir qué título de imputación resulta más idóneo para establecer que el daño sufrido por el ciudadano devino de una actuación inidónea, irrazonable y desproporcionada y por ese motivo, no tenía por qué soportarse.

1 Sala De Lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Consejero Ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas. Rad.: 25000-23-26-000-2012-01032-01(49703). 2 El elemento físico o material, consiste en la destrucción o el deterioro que las fuerzas de la naturaleza, actuadas por el hombre, provocan en un objeto apto para satisfacer una necesidad, tal y como ocurre cuando se lesiona, por ejemplo, la relación del hombre con objetos físicos aptos para satisfacer sus necesidades, cuando se lesionan relaciones que el hombre ha trabado con otros hombres y que le son aptas para satisfacer sus necesidades, cuando se lesiona la propia

relación del hombre con objetos físicos aptos para satisfacer sus necesidades, cuando se lesionan relaciones que el hombre ha trabado con otros hombres y que le son aptas para satisfacer sus necesidades, cuando se lesiona la propia corporeidad o la existencia misma del hombre. En todos, y en cualquiera de estos casos, se habrá causado un daño en el plano fáctico, pero insuficiente per se, para la configuración del daño, en sentido jurídico. 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del 23 de abril de 2018, rad. 43.241; 23 de abril de 2018, rad. 43.085; 23 de abril de 2018, rad. 43.214 y 23 de abril de 2018, rad. 48.364, entre otras.Medio de control. Reparación directa. Radicado. 680013333012-2017-00229-01 Sentencia 2da instancia

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En dicho pronunciamiento arribó, entre otras, a las siguientes conclusiones: ratificó que el artículo 90 de la Constitución Política no establece un régimen de imputación estatal específico; que el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, al igual que la sentencia C-037 de 1996, no definen un régimen de imputación concreto; que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han aceptado que el juez administrativo, en aplicación del principio iura novit curia, deberá establecer el régimen de imputación a partir de las particularidades de cada caso; que definir una fórmula rigurosa e inflexible para el juzgamiento del Estado en los casos de privación injusta de la libertad contraviene el entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y

imputación a partir de las particularidades de cada caso; que definir una fórmula rigurosa e inflexible para el juzgamiento del Estado en los casos de privación injusta de la libertad contraviene el entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y de paso el régim en general de responsabilidad previsto en el artículo 90 de la Constitución Política; que determinar, como fórmula rigurosa e inmutable, que cuando sobrevenga la absolución por no haberse desvirtuado la presunción de inocencia –aplicación del principio in dubio pro reo-, o incluso en otros eventos, por ejemplo, cuando no se acreditó el dolo, es decir, operó una atipicidad subjetiva, el Estado debe ser condenado de manera automática, esto es, a partir de un título de imputación objetivo, sin que medie un análisis previo que determine si la decisión a través de la cual se restringió preventivamente la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria, transgrede un precedente constitucional con efecto erga omnes, concretamente la sentencia C-037 de 1996; que, a pesar del criterio aplicado por el juez penal, el juez administrativo deberá establecer si está frente a un caso de duda acerca del valor demostrativo de la prueba recaudada o de su absoluta inexistencia y, en tal caso, elegir, si a ello hubiere lugar, un título de atribución objetiva.

Esa libertad judicial también se extiende a la nominación de las causales de privación injusta, dado que estas no se agotan en el derogado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en tanto responden a cierto estado de cosas, independientemente de estar o no normados y que con independencia del régimen

privación injusta, dado que estas no se agotan en el derogado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en tanto responden a cierto estado de cosas, independientemente de estar o no normados y que con independencia del régimen de responsabilidad estatal que utilice el juez administrativo, la conducta de la víctima es un aspecto que debe valorarse y que tiene la potencialidad de generar una decisión favorable al Estado, en otras palabras, que puede generar una declaratoria de irresponsabilidad administrativa.

Ahora bien, en reciente sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018 la Sala Plena de la Sección Tercera del H. Consejo de Estado 4 modificó y unificó su jur