TA SAN - Sentencia 680013333012-2018-00108-02 (17-07-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

MEDIO DE CONTROL: Reparación directa RADICADO: 680013333012-2018-00108-02

DEMANDANTE:

Orlando Santander León, Laura Marcela Forero Salcedo orsantander@hotmail.com clarmadel@hotmail.com

DEMANDADO:

Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional desan.notificacion@policia.gov.co desan.asjud@policia.gov.co jorge.castillo1001@correo.policia.gov.co Municipio de Bucaramanga notificaciones@bucaramanga.gov.co dariov55@hotmail.com

MINISTERIO PÚBLICO:

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO: Sentencia de segunda instancia TEMA: Límites a la facultad del juez para reabrir el análisis de excepciones ya decididas con incidencia en la seguridad jurídica y la confianza legítima de las partes. No resultaba procedente reabrir el análisis de la caducidad, dado que ya había sido objeto de pronunciamiento definitivo / Inexistencia de derecho indemnizable por el desarrollo de una actividad comercial prohibida conforme al ordenamiento

partes. No resultaba procedente reabrir el análisis de la caducidad, dado que ya había sido objeto de pronunciamiento definitivo / Inexistencia de derecho indemnizable por el desarrollo de una actividad comercial prohibida conforme al ordenamiento territorial. La ausencia de título habilitante y la falta de acreditación de un daño antijurídico atribuible a la administración impide reconocer responsabilidad a las entidades demandadas por restricciones legítimas impuestas en virtud del POT.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 30 de septiembre de 2024 , proferida por el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante la cual seReparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Orlando Santander León y otra

Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y

Municipio de Bucaramanga Radicado: 680013333012-2018-00108-02

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declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa.

1. Antecedentes

La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del CPACA, los señores Orlando Santander León y Laura Marcela Forero Salcedo formularon demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se declare administrativa y patrimonialmente responsable al Ministerio de Defensa, Policía Nacional y al municipio de

Salcedo formularon demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se declare administrativa y patrimonialmente responsable al Ministerio de Defensa, Policía Nacional y al municipio de Bucaramanga por los perjuicios que, según afirman, se originaron con el cierre del establecimiento de comercio denominado « El chorro», como resultado de la restricción del uso del suelo impuesta por las autoridades demandadas.

En consecuencia, las partes demandantes solicitaron:

«PRIMERA: DECLARAR administrativamente responsable a la NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL y al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, representados legalmente por Comandante General de la Policía y el alcalde municipal y/o quien haga sus veces, de los perjuicios de orden moral y material, ocasionados a los señores ORLANDO SANTANDER LEÓN y LAURA MARCELA FORERO SALCEDO como consecuencia del cierre del establecimiento de comercio denominado taberna El Chorro, hechos presentados el 22 de marzo de 2017, ubicada en la Avenida los búcaros oeste No. 3 -175 distinguido como local 5 del Conjunto Residencial Marsella de la ciudadela real de minas.

SEGUNDA. CONDENAR a la NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL y al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, representados legalmente por Comandante General de la Policía y el alcalde municipal y/o quien haga sus veces, a pagar a los señores ORLANDO SANTANDER LEÓN y LAURA MARCELA FORERO SALCEDO, las siguientes sumas de dinero:

Comandante General de la Policía y el alcalde municipal y/o quien haga sus veces, a pagar a los señores ORLANDO SANTANDER LEÓN y LAURA MARCELA FORERO SALCEDO, las siguientes sumas de dinero:

La suma de $15.000.000.00 correspondiente a las reparaciones al local y desmonte del establecimiento de comercio taberna el chorro, más los intereses que debe cancelar mensualmente hasta que logre conseguir una nueva actividad laboral, establecidos al 2.5% o el que establezca el banco de la República al momento de su pago.

Los intereses que genera el valor de $6.000.000,oo que debió prestar para cancelar la obligación hipotecaria, los cuales ascienden a la suma de $150.000 mensuales y el establecido por el banco de la República al momento de su pago.

La suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M /CTE ($252.000.000,oo) correspondientes al lucro que dejó de percibir el establecimiento de comercio, toda vez que en promedio anualmente recibía utilidades de TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000) mensuales y que el mismo se proyectaba a mantenerse por otros 10 años más en funcionamiento, por la edad y expectativa de pensión y al estimativo que una unidad productiva genera dichas utilidades, incluido su Wood Will.

TERCERA: CONDENAR a la NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL y al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, reconozcan y cancelen a cada

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones , actuación 90 índice SAMAI, link one drive, carpeta demanda y anexos, archivo 04.Reparación directa

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones , actuación 90 índice SAMAI, link one drive, carpeta demanda y anexos, archivo 04.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Orlando Santander León y otra

Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y

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uno de los señores ORLANDO SANTANDER LEÓN y LAURA MARCELA FORERO SALCEDO, la suma de setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes por los hechos descritos en la presente demanda al verse cercenado su patrimonio, tener que acudir a un préstamo y encontrarse actualmente sin trabajo alguno, por cuanto su actividad ejercida por más de 18 año, le fue arrebatada, sin que la Alcaldía de Bucaramanga presentara el plan de reubicación que tantas veces le manifestó a los convocantes.

CUARTA: CONDENAR a la NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL y al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, reconozcan y cancelen a cada uno de los señores ORLANDO SANTANDER LEÓN y LAURA MARCELA FORERO SALCEDO, la suma equivalente a setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes, producto del daño causado a la vida en relación, al verse afectado en su entorno social, familiar y laboral, y quedar sin ninguna actividad que le genere ingresos para el sostenimiento de su hogar.

producto del daño causado a la vida en relación, al verse afectado en su entorno social, familiar y laboral, y quedar sin ninguna actividad que le genere ingresos para el sostenimiento de su hogar.

QUINTA: La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA.

SEXTA: Se CONDENE a la NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL y al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a la cancelación de las agencias en derecho y costas procesales». […] (sic en todo el texto)

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

1. El 27 de diciembre de 1996 el señor Orlando Santander León celebró contrato de arrendamiento con HG inmobiliaria sobre el local 5 del conjunto residencial Marsella Real ubicado en la ciudadela Real de Minas del municipio de Bucaramanga, con destinación a la actividad comercial de taberna-pizzería.

1. Desde la anualidad de 1997, el demandante realizó los pagos y trámites exigidos por la ley para el funcionamiento del establecimiento, incluidos los derechos de SAYCO, el impuesto de industria y comercio, la matrícula mercantil y la obtención del uso del suelo. Además, adquirió la autorización para el desarrollo comercial por parte del municipio de Bucaramanga.

1. En el año 1999, formalizó la adquisición del establecimiento como «taberna el chorro» ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga y el 22 de noviembre de 2002, solicitó concepto de uso del suelo, el cual fue absuelto el 13 de diciembre

chorro» ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga y el 22 de noviembre de 2002, solicitó concepto de uso del suelo, el cual fue absuelto el 13 de diciembre de la misma anualidad por parte de la oficina asesora de planeación . En esta oportunidad se aclaró que la zona donde se encontraba el mentado local no constituía espacio público y estaba destinada al uso comercial conforme a los planos aprobados.

1. El 21 de octubre de 2002, el secretario de hacienda municipal informó que la Oficina Asesora de Planeación aprobó favorablemente el concepto de viabilidad del uso del suelo para el funcionamiento del establecimiento de comercio núm. 3175 local 5 . En consecuencia, se exigió el pago de los conceptos correspondientes para el desarrollo de la actividad comercial.

1. En el año 2011 la Secretaría de Gobierno del municipio de Bucaramanga informó al demandante que el establecimiento comercial contaba con viabilidadReparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Orlando Santander León y otra

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para operar como taberna en el horario de lunes a jueves hasta los 2:00 a.m. y fines de semanas hasta las 3:00 a.m., conforme al Decreto 0154 de 2010.

1. El registro de establecimientos comerciales de agosto de 2011 indicó que la actividad de taberna desarrollada por el establecimiento comercial «taberna el

fines de semanas hasta las 3:00 a.m., conforme al Decreto 0154 de 2010.

1. El registro de establecimientos comerciales de agosto de 2011 indicó que la actividad de taberna desarrollada por el establecimiento comercial «taberna el chorro», era compatible con el uso del suelo según el Decreto 078 de 2008. No obstante, la Secretaría de Planeación de Bucaramanga señaló que debía someterse a un plan de reubicación antes del 31 de diciembre de 2011, por considerarla incompatible con el sector conforme al POT; sin embargo, no definió el plan ni notificó al propietario quien continuó con la actividad comercial con autorización municipal hasta la fecha en que se efectuó el cierre del negocio. En igual sentido se reflejó en anotación del 13 de noviembre de 2012.

1. La Secretaría de Planeación de Bucaramanga registró como última actualización el 8 de octubre de 2012; sin embargo, al imprimirse el mismo documento en enero de 2018, su contenido aparece modificado.

1. El 23 de mayo de 2013, el señor Orlando Santander León solicitó a la Secretaría de Planeación de Bucaramanga la certificación del horario aplicable al establecimiento de comercio con registro núm. 37206, la cual fue resuelta por la entidad el 6 de junio de la misma anualidad. En esta oportunidad se informó que el registro no tenía horario asignado comoquiera que desde octubre de 2012 se negó la solicitud por haber vencido el plazo de reubicación el 31 de diciembre de

2011.

1. El 31 de marzo de 2014, el demandante presentó ponencia ante el Concejo Municipal de Bucaramanga en la cual expuso las afectaciones al establecimiento

2011.

1. El 31 de marzo de 2014, el demandante presentó ponencia ante el Concejo Municipal de Bucaramanga en la cual expuso las afectaciones al establecimiento con ocasión del cambio en la destinación del uso del suelo y destacó tener derechos adquiridos protegidos por la ley ; por ende, solicitó la exclusión o reparación de la norma que perjudica el desarrollo de su actividad comercial.

Sobre el particular, la Secretaría de Planeación de Bucaramanga respondió con información contradictoria y ubicó erróneamente la ta berna en diferentes direcciones y con distintos propietarios, lo cual generó irregularidades y retrasos en la respuesta. Finalmente, se concluyó que según el Código de Urbanismo, el local debió tramitar una licencia de adecuación para conservar sus derechos frente a los cambios normativos.

1. El 9 de diciembre de 2014 , se solicitó refrendación de matrícula para el establecimiento de comercio y, en respuesta del 22 de enero de 2015 la Secretaría de Planeación de Bucaramanga indicó que el predio se encontraba en una zona residencial con comercio y servicios locales (R-2) según el Acuerdo 011 de 2014 y, en esa medida, de acuerdo con el cuadro de usos del suelo, la actividad de taberna no era viable. También reiteró que el registro fue negado desde el 13 de noviembre de 2012 con base en el Decreto 078 de 2008.

1. El 23 de abril de 2016, la Secretaría de Planeación de Bucaramanga reafirmó que la actividad no era compatible con el sector, conforme al POT vigente desde el año 2014, y confirmó que la solicitud de viabilidad presentada por el demandante en octubre de 2012 fue negada por esa misma razón.Reparación directa

que la actividad no era compatible con el sector, conforme al POT vigente desde el año 2014, y confirmó que la solicitud de viabilidad presentada por el demandante en octubre de 2012 fue negada por esa misma razón.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Orlando Santander León y otra

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1. De otra parte, aunque no existió notificación formal sobre la presunta incompatibilidad del uso del suelo, el municipio de Bucaramanga mantuvo la recepción de los pagos correspondientes al impuesto de industria y comercio, los derechos SAYCO-ACINPRO y la renovación del registro mercantil entre 2012 y 2017.

En ese periodo, las autoridades competentes realizaron visitas de control, autorizaron renovamientos y aceptaron pagos, incluso después del cierre del establecimiento ordenado por la Policía Nacional en el año 2017.

1. La Policía Nacional cerró el establecimiento de comercio con fundamento en el nuevo Código de Policía sin seguir el debido proceso ni contar con una orden del municipio de Bucaramanga. El procedimiento se sustentó en una supuesta infracción por uso indebido del suelo, sin que existiera un acto administrativo previo ni notificación formal. Además, el administrador del establecimiento, sin facultades de representación, fue presionado a no apelar la medida.

1. Las Inspecciones de Policía donde se adelantaron los procesos con radicado

previo ni notificación formal. Además, el administrador del establecimiento, sin facultades de representación, fue presionado a no apelar la medida.

1. Las Inspecciones de Policía donde se adelantaron los procesos con radicado 22434 y 10170 tenían conocimiento respecto de la falta de aprobación del establecimiento «El chorro » para el uso del suelo y solicitaron repetidamente documentos al demandante, sin embargo, nunca iniciaron ni concluyeron los procesos sanciona torios ni dispusieron su cierre, lo cual generó una omisión administrativa.

1. El 22 de marzo de 2017, la Policía Metropolitana de Bucaramanga impuso un comparendo educativo al establecimiento «El chorro» por operar sin cumplir los requisitos legales, específicamente por la falta de permiso de uso del suelo, conforme al artículo 92 numeral 16 del Código Nacional de Policía, sanción que fue ratificada por la Inspección de Policía. Esta medida se originó debido a la falta de respuesta por parte del municipio de Bucaramanga, lo cual afectó el derecho al trabajo y el sustento del propietario, sin que hasta la fecha se haya resuelto el conflicto legal.

1. El balance general del establecimiento «El chorro», correspondiente a los años 2011 a 2017 y suscrito por la contadora María Luisa Ruiz Pérez, refleja las pérdidas ocasionadas por el cierre del negocio , las cuales tuvieron origen en decisiones contradictorias de la administración municipal, que permitió el funcionamiento del establecimiento desde 1999 a pesar del cambio en el uso del suelo y, al mismo tiempo, mantuvo el cobro de impuestos y derechos comerciales.

Además, la Policía Nacional, sin contar con la competencia directa y antes de la

funcionamiento del establecimiento desde 1999 a pesar del cambio en el uso del suelo y, al mismo tiempo, mantuvo el cobro de impuestos y derechos comerciales. Además, la Policía Nacional, sin contar con la competencia directa y antes de la entrada en vigor del nuevo Código de Policía, ordenó el cierre del local. Esta actuación provocó la cesación de actividades, el desmonte de la infraestructura y la terminación de contrat os, lo cual g eneró pérdidas económicas significativas durante la vigencia de 2017.

1. El cierre arbitrario y la omisión de definir una política clara de reubicación violó el derecho de defensa y el debido proceso de la parte demandante y configuró la responsabilidad por extralimitación y omisión administrativa conforme al artículo 6 de la Constitución Política.

1.1.3. Fundamentos de reparaciónReparación directa Sentencia de segunda instancia

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Como fundamento de sus pretensiones de reparación , la parte demandante expone los siguientes argumentos:

1. La responsabilidad extracontractual del Estado se fundamenta en la existencia de un daño antijurídico y en su atribución a la administración pública, ya sea por acción u omisión. En esa medida, para establecerla se deben analizar dos aspectos, a) el fáctico que evidencia el daño y b) el jurídico, el cual define si existe un deber legal que justifique la imputación.

acción u omisión. En esa medida, para establecerla se deben analizar dos aspectos, a) el fáctico que evidencia el daño y b) el jurídico, el cual define si existe un deber legal que justifique la imputación.

1. El daño indemnizable abarca todo perjuicio económico sufrido por el afectado e incluye tanto la pérdida efectiva del patrimonio (daño emergente) como la ganancia no obtenida (lucro cesante). La indemnización debe tener carácter reparador, no sancionatorio y, por ende, para que proceda se deben cumplir cuatro requisitos: a) la existencia de una obligación cumplida de forma culposa, b) la imposibilidad de obtener su cumplimiento específico, c) la existencia de un daño patrimonial y d) el nexo causal entre la conducta y el perjuicio. En el caso concreto, el demandante no se limitó a efectuar inversiones en infraestructura y mobiliario vinculados al local comercial, sino que también destinó recursos a la promoción de la marca y a la fidelización de su clientela. La afectación patrimonial sufrida no puede considerarse inferior a la que correspondería a un arrendatario ordinario y con mayor razón resulta atribuible al Estado , al haber provocado un perjuicio sin brindar una alternativa efectiva para la reubicación o continuidad del negocio.

1. El ordenamiento jurídico admite el reconocimiento de perjuicios morales a personas jurídicas, siempre que se demuestren dentro del proceso judicial. No obstante, no todo daño a bienes inmateriales se clasifica como perjuicio moral. En esa medida, por ejemplo, el daño al buen nombre o Good Will debe entenderse dentro del concepto de establecimiento de comercio, conforme a los artículos 515

obstante, no todo daño a bienes inmateriales se clasifica como perjuicio moral. En esa medida, por ejemplo, el daño al buen nombre o Good Will debe entenderse dentro del concepto de establecimiento de comercio, conforme a los artículos 515 y 516 del Código de Comercio. Además, se reconoce el daño inmaterial cuando se vulneran derechos constitucionales o conv encionales. Esta figura busca reparar integralmente a la víctima y su núcleo familiar más cercano. En el sub examine la afectación moral corresponde a la vulneración del derecho fundamental al trabajo y a una vida digna, lo cual permite invocar el criterio de excepción.

1. El perjuicio que recae sobre una persona jurídica no se limita a su estructura patrimonial directa, sino que incluye el daño a su reputación, el reconocimiento comercial y la estabilidad operativa, elementos que afectan directamente su derecho a operar en condiciones dignas y competitivas. Respecto de los daños a la salud y perjuicios morales, el juez debe evaluar la afectación a la salud física o psicológica con base en pruebas que permitan determinar el grado o intensidad del daño en los componentes funcionales, biológicos y psíquicos de la persona.

1. En el plano institucional, los conflictos de competencia entre la Policía Nacional y el municipio de Bucaramanga, especialmente desde la entrada en vigor del Código Nacional de Policía en el año 2017, han generado múltiples irregularidades. Las actuaciones de la Policía Nacional al asumir funciones de las Inspecciones Municipales, ha desconocido el debido proceso, el derecho de defensa y demás garantías procesales. Del análisis de los hechos se identifican violaciones al debido proceso establecido en el artículo 29 de la ConstituciónReparación directa Sentencia de segunda instancia

Inspecciones Municipales, ha desconocido el debido proceso, el derecho de defensa y demás garantías procesales. Del análisis de los hechos se identifican violaciones al debido proceso establecido en el artículo 29 de la ConstituciónReparación directa Sentencia de segunda instancia

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Política, el cual impone el deber de respetar normas preexistentes, competencia del juez natural y formas procesales propias. Lo anterior, dado que la actuación de la Policía Nacional se realizó sin competencia legal, sin proceso formal y sin garantizar el derecho a la defensa ni permitir el ejercicio de la contradicción probatoria.

1. El cierre del establecimiento de comercio de propiedad del demandante no obedeció a una sanción pedagógica ni a una medida provisional y, por ende, se constituye en una acción irregular impuesta mediante presión y sin sustento jurídico. La posterior autorización para reabrir el establecimiento, comunicada vía telefónica fue puesta en conocimiento cuando ya el afectado había desinstalado su negocio debido a la imposibilidad económica de continuar con el pago de arrendamiento sin efectuar alguna operación.

1. El municipio de Bucaramanga incurrió en omisión al no haber definido el plan de reubicación tras modificar el POT y al permitir que el establecimiento continuara en actividad con el consecuente pago de tributos, pero sin brindar seguridad jurídica ni adelantar un procedimiento administrativo que garantizara el derecho

de reubicación tras modificar el POT y al permitir que el establecimiento continuara en actividad con el consecuente pago de tributos, pero sin brindar seguridad jurídica ni adelantar un procedimiento administrativo que garantizara el derecho de defensa. En lugar de ejercer sus funciones, dejó en cabeza de la Policía Nacional la ejecución de las medidas que no le correspondían a la entidad.

1. Esta conducta refleja una extralimitación de funciones por parte de la Policía Nacional y una inacción de la administración municipal, lo cual generó un perjuicio económico a la parte demandante , d ebido a la pérdida de su única fuente de ingresos. Además, en el proceso se evidencia el desconocimiento del principio de legalidad y del debido proceso administrativo, así como la falta de responsabilidad frente al daño causado por decisiones arbitrarias o por omisión estatal.

1.1. Contestación de la demanda

1.2.1. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional2

Por conducto de apoderad o la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: excepci ón nominada «falta de legitimación en la causa por pasiva» y excepción innominada «genérica».

A su turno, se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual señaló los siguientes aspectos:

1. El procedimiento de policía efectuado el 19 de marzo de 2017 en el establecimiento de comercio « taberna el chorro» se ajustó a lo dispuesto en la Constitución Política y la ley y se desarrolló con la finalidad de cumplir con la función institucional de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, así como garantizar la convivencia pacífica

Constitución Política y la ley y se desarrolló con la finalidad de cumplir con la función institucional de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, así como garantizar la convivencia pacífica entre los habitantes. Esta acción se fundamentó en la comprobación del incumplimiento de las disposiciones normativas v igentes por parte del local, por

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 90 índice SAMAI, link one drive, archivo 16.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

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lo cual se impuso el comparendo núm. 68 -1-155159, basado en la violación del artículo 92 de la Ley 1801 de 2016.

1. El artículo 333 de la Constitución Política reconoce el derecho de todos los particulares a ejercer actividades económicas y a desarrollar la iniciativa privada, siempre dentro de los límites que imponen el bien común, el orden público y las disposiciones sobre desarrollo urbano, comercial y de planeación, lo cual implica que corresponde al legislador establecer los requisitos para el ejercicio de la libertad económica, facultad que fue desarrollada en la Ley 1801 de 2016.

1. El artículo 87 de la Ley 1801 de 2016 establece los requisitos necesarios para ejercer cualquier actividad comercial y, entre ellos, se incluye la obligación de

libertad económica, facultad que fue desarrollada en la Ley 1801 de 2016.

1. El artículo 87 de la Ley 1801 de 2016 establece los requisitos necesarios para ejercer cualquier actividad comercial y, entre ellos, se incluye la obligación de cumplir, con anterioridad al inicio de la actividad económica, las normas relativas al uso del suelo, la destinación de la edificación y su ubicación. A su vez, el numeral 16 del artículo 92 ibidem prohíbe el ejercicio de actividades económicas cuando no se cumple alguno de los requisitos allí previstos. Finalmente, el artículo 25 de la citada ley define los comportamientos que vulneran la convivencia y dispone las medidas correctivas aplicables ante el incumplimiento de los deberes específicos en esta materia.

1. Las medidas correctivas buscan disuadir, prevenir, superar, resarcir, educar, proteger o restablecer la convivencia. Con base en las disposiciones legales vigentes para la fecha de los hechos, esto es, el 22 de marzo de 2017, los funcionarios de la institución acudieron al establecimiento de comercio «taberna el chorro» para verificar el cumplimiento de los requisitos legales. En esta oportunidad, se comprobó la falta de permiso de uso de suelo, lo cual motivó la suspensión temporal de la actividad económica, de conformidad con el artículo 92 de la Ley 1801 de 2016. Esta medida, aplicada por el comandante del CAI fue consignada en un comparendo pedagógico, el cual quedó en firme.

1. La entidad no ordenó la suspensión definitiva del establecimiento, comoquiera que esa decisión corresponde en primera instancia a los inspectores de policía y, en segunda instancia, a los alcaldes municipales. La decisión del propietario de

1. La entidad no ordenó la suspensión definitiva del establecimiento, comoquiera que esa decisión corresponde en primera instancia a los inspectores de policía y, en segunda instancia, a los alcaldes municipales. La decisión del propietario de cerrar el local fue autónoma, ante la imposibilidad legal de continuar su operación sin el permiso requerido, razón por la cual no puede atribuí rsele responsabilidad a la Policía Nacional, dado que su actuación se ajustó al marco legal y a su deber de preservar la convivencia y la seguridad.

1. Las pretensiones por perjuicios materiales y morales presentadas por la parte demandante desconocen el precedente jurisprudencial fijado por el Consejo de Estado. La Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 (expediente 31172, ponencia de la consejera Olg