TA SAN - Sentencia 680013333012-2018-00345-02 (03-04-2025)
Detalles
- Título
- TA SAN - Sentencia 680013333012-2018-00345-02 (03-04-2025)
- Autor
- Tribunal Administrativo de Santander
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2025
SIGCMA-SGC
Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander
REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ
Bucaramanga, tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala los recursos de apelación interpuesto s por la s partes demandante y demandada contra la sentencia del 1 de noviembre de 2024, proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante la cual se concedieron las pretensiones de la demanda y se declaró probada la excepción de prescripción parcial.
MEDIO DE CONTROL Nulidad y restablecimiento del derecho RADICADO 680013333012-2018-00345-02 DEMANDANTES Fabian Andrés Rincón Herreño y otros jculman@hotmail.com
DEMANDADO
Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co dsajbga@cendoj.ramajudicial.gov.co
MINISTERIO PÚBLICO
Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de segunda instancia TEMA Bonificación Judicial Decreto 383 de 2013Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia
Demandante: Fabian Andrés Rincón Herreño y otros
Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
TEMA Bonificación Judicial Decreto 383 de 2013Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia
Demandante: Fabian Andrés Rincón Herreño y otros
Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial Radicado: 680013333012-2018-00345-02
Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, los señores Giovanni Henry Stivenson Aguilar Hernández, Claudia Yanira Ruiz Ordoñez, Leidy Katerine Medina Parada, Diana Cristina Mantilla Cardozo y Fabián Andrés Rincón Herreño formularon demanda ante la jurisdicción de lo contencioso — administrativo, en orden a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Resolución DESAJBUR18-6018 de 2018 proferida por el Director Ejecutivo de Administración Judicial, seccional de Bucaramanga y ii) acto ficto o presunto que configuró el silencio de la entidad demandada frente a la interposición del recurso de apelación.
En consecuencia, solicitó:
«1. Que se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN DESAJBUR18-6018 de 2018 proferida por el DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIALSECCIONAL DE BUCARAMANGA y del ACTO ADMINISTRATIVO FICTO NEGATIVO configurado por el silencio guardado frente al recurso de apelación
proferida por el DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIALSECCIONAL DE BUCARAMANGA y del ACTO ADMINISTRATIVO FICTO NEGATIVO configurado por el silencio guardado frente al recurso de apelación interpuesto contra el primer acto demandado, habiendo transcurrido los dos (2) meses indicados por el Art.86 del CPACA.
2. Que, a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se ordene a la
NACION-RAMA JUDICIAL -DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
JUDICIAL:
2.1 RELIQUIDAR las prestaciones sociales devengadas desde el 1 de enero de 2013 y las que se sigan devengando durante el trámite de este proceso por los servidores judiciales demandantes, como primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, bonificaciones y demás emolumentos recibidos, tomando como FACTOR SALARIAL la BONIFICACION JUDICIAL creada con el Decreto 383 y 384 de 2013 del Departamento Admini strativo de la Función Pública.
1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 21 índice SAMAI, archivo ZIP, archivo 01, folio 60 a 68.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia
Demandante: Fabian Andrés Rincón Herreño y otros
Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial Radicado: 680013333012-2018-00345-02
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2.2 Que en adelante, en forma posterior a la sentencia se reconozca esta
Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander
2.2 Que en adelante, en forma posterior a la sentencia se reconozca esta BONIFICACION JUDICIAL como FACTOR SALARIAL, no solo para los descuentos destinados a la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, como actualmente se hace.
3.Que se condene en COSTAS a la demandada, ordenando el reconocimiento de AGENCIAS EN DERECHO conforme al artículo 188 del CPACA y el Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016 “por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
4.Que se ajuste la condena tomando como base el índice de precios al consumidor de conformidad con el insico final del Art. 187 del CPACA. […]» (sic en todo el texto).
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes, el apoderado de la parte demandante señaló los siguientes:
- Los demandantes Giovanni Henry Stivenson Aguilar Hernández, Claudia Yanira Ruiz Ordoñez, Leidy Katerine Medina Parada, Diana Cristina Mantilla Cardozo y Fabián Andrés Rincón Herreño se encuentran vinculados a la Ra ma Judicial y laboran en la Rama Judicial , razón por la cual son beneficiarios de la bonificación judicial creada mediante el Decreto 383 de
2013.
- La entidad demandada no ha incluido la bonificación judicial como factor salarial al momento de liquidar las prestaciones sociales.
beneficiarios de la bonificación judicial creada mediante el Decreto 383 de 2013.
- La entidad demandada no ha incluido la bonificación judicial como factor salarial al momento de liquidar las prestaciones sociales.
- En virtud de lo anterior, los demandantes presentaron petición ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Santander, mediante la cual solicitaron el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y la consecuente reliquidación y pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos a que tienen derecho.
- El 16 de marzo de 201 8, mediante Resolución DESAJBUR18-6018, la entidad demandada dio respuesta a la petición de manera negativa, la cual fue notificada el 23 de marzo de 2018.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia
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- El 2 de abril de 201 8, se interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión , el cual no ha sido resuelto , motivo por el cual la entidad incurrió en silencio administrativo negativo, circunstancia que genera un acto ficto o presunto a través del cual se confirmó la decisión denegatoria.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
En el escrito de la demanda se invocaron como violados los artículos 2, 13, 25
ficto o presunto a través del cual se confirmó la decisión denegatoria.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
En el escrito de la demanda se invocaron como violados los artículos 2, 13, 25 y 53 de la Constitución Política ; 2 de la Ley 4 de 1992 y 127 del Código Sustantivo del Trabajo.
En desarrollo del concepto de violación, el apoderado de la parte demandante expuso las siguientes razones:
- Los actos administrativos demandados resultan violatorios a las normas nacionales y más aún a los tratados internacionales, razón por la cual se debe inaplicar la expresión «constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud», contenida en el artículo 1º del Decreto 383 de
2013.
- Deben darse todos los efectos jurídicos de salario a la bonificación judicial, toda vez que esta se devenga en forma periódica y como contraprestación directa del servicio, tal y como se estableció por el Consejo de Estado frente al asunto relacionado con la prima especial creada por e l artículo 14 de la Ley 4 de 1992, antecedente que no solo resulta pertinente y necesario, sino que deja sin argumentos cualquier negativa que en contrario intente erigirse.
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial2
2Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 31 índice SAMAI, archivo ZIP, archivo 14 folio 1 a 49.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia
Judicial2
2Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 31 índice SAMAI, archivo ZIP, archivo 14 folio 1 a 49.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia
Demandante: Fabian Andrés Rincón Herreño y otros
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El apoderado de la parte demandada allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos excepciones nominadas «inexistencia del demandado» ; «ineptitud de la demanda» ; «falta de legitimación en la ca usa por pasiva»; «de la prescripción trienal de los derechos reclamados» y «caducidad del medio de control» y excepciones innominadas «cobro de lo no debido ligado a no haberse ordenado la citación de otras personas que la Ley dispone citar»; «de la legali dad de los actos administrativos demandados»; «del efectivo reconocimiento y pago de la bonificación judicial» y «de la violación de normas presupuestales al reconocerse las pretensiones de la parte demandante». A su turno, manifestó que se opone a las pretensiones de la demanda.
Los argumentos para solicitar la denegatoria de las pretensiones de la demanda, se sustentan de la siguiente manera:
- En el presente caso , la entidad ha liquidado y pagado la asignación salarial y prestacional de sus servidores, con estricta sujeción a lo previsto en
demanda, se sustentan de la siguiente manera:
- En el presente caso , la entidad ha liquidado y pagado la asignación salarial y prestacional de sus servidores, con estricta sujeción a lo previsto en los decretos expedidos por el Gobierno Nacional para cada vigencia fiscal, puesto que estos estipulan que ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido en tales normas, en concordancia con el artículo 10 de la Ley 4 de 1992.
- Si bien es cierto la entidad opera como ejecutora de los recursos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para efectos del pago de salarios y prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de esta circunscripción territorial, también lo es, que para cumplir dicha función, la Dirección Ejecutiva se encuentra atada a los Decretos salariales que anualmente expide el Gobierno Nacional.
- La Seccional de la Rama Judicial se ha limitado a dar cumplimiento a la norma que crea la Bonificación Judicial, en razón a que no tiene facultad para interpretar las leyes e inaplicarlas, puesto que son los jueces en sus respectivos fueros, quienes a través de sentencias ostentan esta competencia.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia
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1.3. La sentencia apelada3
El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga
Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander
1.3. La sentencia apelada3
El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 1 de noviembre de 2024, resolvió:
«PRIMERO: DECLÁRESE la prescripción de derechos laborales para las sumas causadas con anterioridad al 5 de marzo de 2015 frente a los derechos reclamados por FABIAN ANDRES RINCÓN HERREÑO, GIOVANNI HENRY STIVENSON AGUILAR HERNÁNDEZ, CLAUDIA YANIRA RUÍZ ORDOÑEZ Y DIANA CRISTINA MANTILLA CARDOZO, por las razones expuestas.
SEGUNDO: INAPLÍQUESE por inconstitucionalidad la expresión normativa “… y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seg uridad social en salud” contenido en el artículo 1° del Decreto No. 383 de 2013, y reproducida en los Decretos No. 1269 de 2015, 246 de 2016,1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 903 de 2023, 1581 de 2023 y 0299 de 2024 por las razones expuestas.
TERCERO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos:
- Resolución DESAJBUR 18 -6018 del 16 de marzo de 2018 proferida por la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
-Del acto administrativo ficto negativo configurado por el silencio guardado por
- Resolución DESAJBUR 18 -6018 del 16 de marzo de 2018 proferida por la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
-Del acto administrativo ficto negativo configurado por el silencio guardado por el ente demandado frente a la interposición del recurso de apelación el 2 de abril de 2018.
CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURADIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reliquidar y pagar a favor de los demandantes todas las prestaciones sociales y factores salariales reconocidos, pagados y causados desde el 5 de marzo de 2015 para
FABIAN ANDRES RINCÓN HERREÑO, GIOVANNI HENRY STIVENSON AGUILAR HERNÁNDEZ, CLAUDIA YANIRA RUÍZ ORDOÑEZ y DIANA CRISTINA MANTILLA CARDOZO; y desde el 1 de enero de 2016 para LEIDY KATERINE MEDINA PARADA incluyendo en la base de liquidación como factor salarial, la bonificación judicial creada mediante Decretos 383 de 2013, hasta que dure su vinculación laboral y continúe percibiendo dicho emolumento.
3Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 52 índice SAMAI. .Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia
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Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario.
La suma que resulte a favor de los demandantes debe ajustarse de conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia.
La actuali zación ordenada se hará la aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.
QUINTO: DENEGAR las excepciones relacionadas con la prescripción de derechos laborales de LEIDY KATERINE MEDINA PARADA, el cobro de lo no debido, legalidad del fundamento normativo, caducidad y excepción de constitucionalidad, por las razones expuestas.
SEXTO: NO CONDENAR en COSTAS ni en AGENCIAS EN DERECHO.
SÉPTIMO: Désele cumplimiento a la presente providencia dentro de los términos establecidos para ello por el artículo 192 y 195 del CPACA. » (Sic en todo el texto)
En lo correspondiente al fondo del asunto, el a quo concedió las pretensiones de la demanda con sustento en los siguientes argumentos:
- Conforme a las pruebas allegadas los demandante s, laboran o han laborado en la Rama Judicial, y pertenecen al régimen acogido toda vez que devengan mensualmente la Bonificación Judicial.
- Conforme a las pruebas allegadas los demandante s, laboran o han laborado en la Rama Judicial, y pertenecen al régimen acogido toda vez que devengan mensualmente la Bonificación Judicial.
- La bonificación judicial le s ha sido cancelada en forma continua, mensual y habitual, sin que esta haya sido considerada factor salarial al momento de la liquidación de las demás prestaciones sociales devengadas y reconocidas, situación que es aceptada por la entidad demandada al señ alar en la respectiva contestación que el hecho de no computar los valores en la forma en que lo depreca la parte actora, obedece al estricto cumplimiento de lo dispuesto en la norma que regula la bonificación judicial cuando indica que este emolumento solo constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia
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- De conformidad con los fundamentos normativos y jurisprudenciales expuestos en esta providencia, resulta claro que al reconocerse en forma mensual y constante la bonificación judicial, es factible concluir que dicho reconocimiento no obedece a la mera liberalidad del empleador, sino que consiste en una remuneración directa del servicio, circunstancia que permite considerarla entonces como elemento constitutivo de salario, máxime cuando la propia norma citada estableció que tal bonificación constituye un pago
consiste en una remuneración directa del servicio, circunstancia que permite considerarla entonces como elemento constitutivo de salario, máxime cuando la propia norma citada estableció que tal bonificación constituye un pago mensual y por lo tanto habitual y periódico, de manera que cumple las características de ser un a remuneración fija en dinero y establecida como contraprestación directa del servicio.
- La bonificación judicial tiene naturaleza salarial en tanto fue creada para nivelar los ingresos y reconocida como un incremento del salario de los servidores de la Rama Judicial, pero al limitarle los efectos que ella causa en la liquidación de las demás prestaciones, ello constituye una disminución final del monto reconocido, por lo tanto se torna en una desmejora en las prestaciones sociales, lo cual se vislumbra com o una omisión por parte del Gobierno Nacional de cumplir con el deber contemplado en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992.
- El límite advertido en la incidencia de la liquidación de las prestaciones percibidas por los servidores de la Rama Jud icial, a pesar de tratarse la bonificación otorgada de una remuneración directa percibida como contraprestación a sus servicios, constituye una restricción que va en contra de la calidad de reconocimiento económico de carácter habitual pagado con ocasión o causa de la labor encomendada, lo que constituye en sí mismo salario y tiene incidencia para reliquidar las demás prestaciones sociales.
- La bonificación judicial reviste un carácter salarial y tiene incidencia prestacional a partir de su reconocimiento y de forma sucesiva a futuro y hace parte de la asignación mensual , motivo por el cual ostenta el carácter permanente de la remuneración y genera por tanto la obligación de reliquidar
prestacional a partir de su reconocimiento y de forma sucesiva a futuro y hace parte de la asignación mensual , motivo por el cual ostenta el carácter permanente de la remuneración y genera por tanto la obligación de reliquidar las prestaciones sociales y demás factores salariales con base en la totalidad del salario devengado. De allí que en atención al precedente expuesto se determine que la misma es factor salarial y , en este sentido , la expresión «únicamente» contemplada en los artículos 1 de los Decretos 383 de 2013 yNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia
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1269 de 2015 deberá ser inaplicada , por que implica una violación de principios, contenidos y valores establecidos en el artículo 1 del Convenio 095 de la OIT, el artículo 53 de la Constitución Política y el artículo 2 de la Ley 4 de 1992, al desconocer el concepto de salario en los términos señalados.
- Con la expedición del Decreto 383 de 2013, el Ejecutivo desconoció los postulados internacionales y constitucionales respecto a la aplicación de los principios de favorabilidad e irrenunciabilidad de los beneficios mínim os consagrados en las normas laborales, así como los objetivos y principios señalados en la Ley 4 de 1992, puesto que, despojó de efectos salariales a la
principios de favorabilidad e irrenunciabilidad de los beneficios mínim os consagrados en las normas laborales, así como los objetivos y principios señalados en la Ley 4 de 1992, puesto que, despojó de efectos salariales a la bonificación judicial creada para servidores públicos de la Rama Judicial, vinculados a partir de la expedición o acogidos al Decreto 057 de 1993.
1.4. Los recursos de apelación
1.4.1. Parte demandante4
El apoderado de la parte demanda nte en el recurso interpuesto solicitó modificar parcialmente la decisión de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:
- En el caso bajo estudio debe modificarse la sentencia de primera instancia, toda vez que la señora Leidy Kateri ne Medina Parada se vinculó desde el 21 de septiembre de 20 12 a la Rama Judicial, época en la cual se desempeñó como escribiente municipal en provisionalidad del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Macarativa y, en consecuencia, procedía ordenar la reli quidación de las prestaciones sociales con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial desde el 1 de enero de 2013.
1.4.2. Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial5
4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 55 índice SAMAI, 5 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 56 índice SAMAI,Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia
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Administración Judicial Radicado: 680013333012-2018-00345-02
Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander
La apoderada de la parte demandada en el recurso interpuesto solicitó revocar la decisión de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:
- La entidad no cuenta con facultades ni atribuciones en materia de fijación de salarios y prestaciones para los servidores de la Rama Judicial, puesto que su competencia recae únicamente en el Gobierno Nacional, específicamente con la expedición del Decreto 383 de 2013 proferido con el objeto de establecer la bonificación judicial para esos funcionarios.
- El a quo le impuso una carga excesiva a la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que no est aba en el deber soportar y le exigió un imposible jurídico al no tener en cuenta dicha normatividad comoquiera que es con base en sus dictados que se reconocen y pagan las remuneraciones en la entidad.
- Aunado a lo anterior, dado que la responsabilidad no le asiste a la Rama Judicial y sí al Gobierno Nacional, la prosperidad de las pretensiones involucra necesariamente la inaplicación de los Decretos 383 de 2013 y 384 de 2013 y, en consecuencia, para el p ago de emolumentos que no se encuentran contemplados en los cálculos efec tuados por la Rama Judicial se deberá
necesariamente la inaplicación de los Decretos 383 de 2013 y 384 de 2013 y, en consecuencia, para el p ago de emolumentos que no se encuentran contemplados en los cálculos efec tuados por la Rama Judicial se deberá acudir por mandato de Ley al ejecutivo, es decir, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que proceda a la asignación de recursos adicionales a la entidad que no están amparados en las finanzas públicas, lo cu al implica la alteración del Presupuesto General de la Nación.
1.5. Trámite de segunda instancia
Por auto del 21 de enero de 202 56 se admiti ó el recurso de apelación interpuesto y se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado.
1.6. Alegatos de conclusión
6 Expediente digital, actuación 7, índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia
Demandante: Fabian Andrés Rincón Herreño y otros
Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
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1.6.1. Parte demandante
No se presentaron.
1.6.2. Nación, Rama Judicial , Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 7
La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda; además, las alegaciones, se resumen de la siguiente manera:
1.6.2. Nación, Rama Judicial , Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 7
La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda; además, las alegaciones, se resumen de la siguiente manera:
- En el presente caso se pudo constatar que la accionante Leidy Katerine Medina Parada presenta vínculos legales y reglamentarios con la Rama Judicial desde el día 21 de septiembre de 2012 conforme a la c ertificación expedida el 14 de diciembre de 2023 e incorporada legalmente como prueba en el proceso de la referencia.
- Para el reconocimiento de la reliquidación de prestaciones ordenada por el a quo se debe aplicar la prescripción trienal, para lo cual debe tenerse como fecha de exigibilidad del derecho la de la vinculación al cargo de los servidores y/o de la creación de la bonificación judicial ; además, dicho fenómeno se interrumpe con la solicitud presentada ante la administración , motivo por el cual hay lugar a reconocer los tres últimos años anteriores a la petición, lo cual en el presente caso ocurrió, como efectivamente lo reconoció el a quo.
1.6.3. Ministerio Público:
No se presentaron.
2. Consideraciones
Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación adelantada, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo del asunto, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.
7 Expediente digital, actuación 12 Índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia
Demandante: Fabian Andrés Rincón Herreño y otros
procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.
7 Expediente digital, actuación 12 Índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia
Demandante: Fabian Andrés Rincón Herreño y otros
Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial Radicado: 680013333012-2018-00345-02
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2.1. Competencia
Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial, razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.
2.2. Problema jurídico
De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en el escrito de apelación, le corresponde a la Sala establecer i) si los demandantes tienen derecho a que se le s reconozca la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales, y, en consecuencia, si hay lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados; ii) si es procedente la inaplicación por inconstitucionalidad de la expresión «y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud», contenida en el artículo 1 del Decreto 38 3 2013, por medio de la cual se creó la bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama
al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud», contenida en el artículo 1 del Decreto 38 3 2013, por medio de la cual se creó la bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y ii) en caso afirmativo , se analizará si hay lugar a modificar la fecha de inicio del reconocimiento efectuado por el juzgado de primera instanci a a favor de la señora Leidy Katerine Medina Parada.
2.3. Marco normativo
2.3.1. De l
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