TA SAN - Sentencia 680013333012-2018-00386-01 (12-06-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, doce (12) de junio del dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 680013333012-2018-00386-01

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA LINK DEL EXPEDIENTE https://samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list_proce sos.aspx?guid=680013333012201800386016800123

DEMANDANTE: PEDRO REYNELL BARAJAS BARRIOS, ADRIANA

BARRIOS CASTRO, STEFANY FLÓREZ PIÑA, JOHAN

DANIEL BARAJAS BARRIOS, LUZ MARINA BARRIOS

CASTRO, PEDRO DANIEL BARAJAS MARTÍNEZ,

DAVID RAFAEL ARGUELLO RAMÍREZ, YEFFRY

DANIEL BARAJAS AYALA, BELCY BARRIOS

CASTRO, LIZBETH BARRIOS CASTRO Y YESLY

VALENTINA BARAJA FLÓREZ

DEMANDADO NACION, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

NACION, RAMA JUDICIAL , DIRECCION EJECUTIVA

DE ADMINISTRACION JUDICIAL

MINISTERIO PÚBLICO: JHON CARLOS GARCÍA PEREA

jcgarcia@procuraduria.gov.co

NOTIFICIACIÓN

ELECTRÓNICA: Parte demandante

reynellbarajas@gmail.com adrizbarrios@gmail.com estefy_florez@hotmail.com johandanielbarajas2020@gmail.com luzmabarrios9@gmail.com mhabogados.santander@gmail.com Parte demandada jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co

adrizbarrios@gmail.com estefy_florez@hotmail.com johandanielbarajas2020@gmail.com luzmabarrios9@gmail.com mhabogados.santander@gmail.com Parte demandada jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co clara.cediel@fiscalía.gov.co dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

SENTENCIA No. 069

Tema: Privación injusta de la libertad. Sin condena en Costas.

Confirma decisión de primera instancia.

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, contra la sentencia de primera instancia de fecha 30 deReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Pedro Reynell Barajas Barrios y otros

Demandado: Nación-Rama Judicial y Otro Radicado: 680013333012-2018-00386-01

septiembre de 2024, proferida por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

La Sala es competente para resolver el recurso de conformidad con lo previsto en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante1

La parte actora presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa con el fin de que se declare que la Nación, Rama Judicial y la Nación , Fiscalía General de la Nación son administrativamente responsables por la privación

La parte actora presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa con el fin de que se declare que la Nación, Rama Judicial y la Nación , Fiscalía General de la Nación son administrativamente responsables por la privación injusta de la libertad del señor Pedro Reynell Barajas Barrios , en el periodo comprendido desde el 5 de mayo de 2010 hasta el 15 de junio de 2012

Como consecuencia de los hechos expuestos, solicitan el reconocimiento y pago de los perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, así como de los perjuicios inmateriales a título de daño moral y daño a la salud, en favor de cada uno de los demandantes.

Las anteriores pretensiones se fundamentaron en las siguientes afirmaciones:

El 5 de mayo de 2010, ante el Juzgado Primero Penal Municipal con función de control de garantías de Bucaramanga, se realizaron las audiencias de legalización de captura, formula ción de imputación e imposición de medida de aseguramiento en contra del señor Pedro Reynell Barajas Barrios, por el delito de hurto calificado y agravado. Como resultado, se le impuso la detención domiciliaria.

El demandante solicitó en dos ocasiones permiso para trabajar, mediante escritos radicados el 27 de mayo y el 4 de junio de 2010 ante el Juzgado Tercero y el Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de Control de Garantías, respectivamente. Buscaba autorización para atender un negoci o de comidas rápidas en horario nocturno, pero fue negada.

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Demandante: Pedro Reynell Barajas Barrios y otros

Demandado: Nación-Rama Judicial y Otro

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Posteriormente, la Fiscalía Séptima Local radicó escrito de acusación, asignado por reparto al Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga.

El 1.º de noviembre de 2010 se realizó la audiencia de formulación de acusación, seguida por la preparatoria el 10 de noviembre. El juicio oral comenzó el 20 de diciembre de 2010 y se extendió por más de cinco años, a lo largo de 14 audiencias, durante las cuales se practicaron las pruebas de ambas partes.

El 25 de mayo de 2011 se solicitó la revocatoria de la medida de aseguramiento ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías, pero fue negada.

El 6 de junio de 2011 se pidió permiso para laborar ante el Juzgado Segundo Penal Municipal, el cual fue concedido, autorizando salidas entre las 4:00 p.m. y las 12:00 a.m.

El 15 de junio de 2012 se presentó una nueva solicitud de revocatoria ante el Juzgado Primero Penal Municipal, con respal do de la Fiscalía. Esta vez fue aceptada y se ordenó la libertad inmediata del demandante

El 12 de junio de 2016 culminó el juicio oral. La Fiscalía solicitó la absolución por ausencia de prueba incriminatoria.

El 21 de octubre de 2016, el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de

El 12 de junio de 2016 culminó el juicio oral. La Fiscalía solicitó la absolución por ausencia de prueba incriminatoria.

El 21 de octubre de 2016, el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga profirió sentencia absolutoria a favor de l demandante, ordenó el archivo del proceso y el levantamiento de las medidas preventivas.

B. Posición de las partes demandadas

La Fiscalía General de la Nación2, se opuso a las pretensiones de la demanda, con sustento en que , la medida de aseguramiento se basó en pruebas técnicas y en entrevistas practicadas a los testigos Diana Milena Sánchez Cepeda y Luis Fernando Reyes. Aunque di chos testimonios no se recaudaron en juicio, para el momento de la solicitud existía respaldo probatorio suficiente . Indicó que, si bien, en desarrollo del juicio oral, no fue posible recaudar estos testimonios, para el

2 Expediente digital de One Drive, 13 contestacion fiscalia.pdfReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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momento en que se solicitó la medida de aseguramiento se encontraba debidamente sustentada.

Sostuvo que actuó conforme a sus deberes legales y a la Ley 906 de 2004, por lo que no puede atribuirse falla en el servicio atribuible a la entidad.

En consecuencia, adujo que el material probatorio constituía un indicio serio que permitía inferir razonablemente la posible autoría del demandante . Por lo tanto, se

que no puede atribuirse falla en el servicio atribuible a la entidad.

En consecuencia, adujo que el material probatorio constituía un indicio serio que permitía inferir razonablemente la posible autoría del demandante . Por lo tanto, se hizo necesario solicitar no solo la captura, sino también la imposición de una medida de aseguramiento en su contra.

La Rama Judicial3, se opuso a todas las pretensiones, al considerar que la medida de aseguramiento se fundamentó en la conducta del demandante y en la existencia de inferencia razonable de autoría.

Indicó que la medida tuvo carácter preventivo, no sancionatorio, por lo que la restricción de la libertad fue legítima y jurídicamente permitida, en atención al interés general y al deber estatal de proteger el orden jurídico. Añadió que la privación de la libertad obedeció al actuar legal del juez, conforme a los elementos probatorios allegados por la Fiscalía.

Por esa razón, solicitó que se desestimaran las pretensiones de la demanda, al concluir que no se configuró un daño antijurídico.

C. La sentencia apelada4

El Juez de primera instancia negó las pretensiones de la demanda, al concluir que el daño alegado no tenía el carácter de antijurídico, en el entendido que la medida de aseguramiento impuesta al hoy demandante cumplió con los requisitos que establecía la ley penal vigente al momento de los hechos; por lo que no se encuentra probada la falla del servicio.

Consideró el juez que l a medida de aseguramiento cumplía con los estándares previstos en los artículos 308, numeral 2, y 310, numeral 2, de la Ley 906 de 2004,

probada la falla del servicio.

Consideró el juez que l a medida de aseguramiento cumplía con los estándares previstos en los artículos 308, numeral 2, y 310, numeral 2, de la Ley 906 de 2004, al inferirse de manera razonable la autoría del demandante en el delito imputado.

Refirió que existían elementos suficientes para inferir que el demandante representaba un peligro para la seguridad de la sociedad y que posiblemente

3 Expediente digital de One Drive, 11 contestacion Rama Judicial.pdf 4 Expediente digital de One Drive, 071SentenciadePr_20180038600RDSentenc.pdfReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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integraba una organización criminal. Esta conclusión se basó en indicios de planificación previa del delito, como el conocimiento del momento en que las víctimas no se encontraban en su domicilio, la realización de vigilancias en la zona, la asignación de roles entre los perpetradores, la ejecución del hecho en horas nocturnas y la disposición de un vehículo para la fuga.

Asimismo, el juez tuvo en cuenta la gravedad de la conducta, el valor de los bienes sustraídos y la irrupción violenta en la vivienda de las víctimas, lo que justificaba la imposición de una medida de aseguramiento. No obstante, al valorar que el procesado se presentó voluntariamente ante la justicia, carecía de antecedentes penales y contaba con arraigo familiar y social, el despacho opt ó por imponerle la

imposición de una medida de aseguramiento. No obstante, al valorar que el procesado se presentó voluntariamente ante la justicia, carecía de antecedentes penales y contaba con arraigo familiar y social, el despacho opt ó por imponerle la detención preventiva domiciliaria, conforme al artículo 307, literal a), numeral 2, de la Ley 906 de 2004.

Finalmente, el juez no condenó en costas a la parte demandante.

D. Recurso de apelación

La parte demandante apeló la decisión 5 para solicitar se revoque la sentencia de primera instancia . Alega que dicha decisión se sustentó en la inexistencia de pruebas que vincularan a Pedro Reynell Barajas Barrios con el delito imputado. Resalta que la Fiscalía no apeló la absolución y, por el contrario, la solicitó debido a la falta de elementos probato rios. Así mismo, destaca la conducta intachable del procesado, quien colaboró con la administración de justicia y carecía de antecedentes penales.

La Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 6, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y solicitó que se revoque parcialmente el numeral segundo de la parte resolutiva en la que se niega la condena en costas.

Indicó que no es cierto que no se incurrió en gastos para el ejercicio de su defensa técnica, ya que comportaría afirmar que el perfil del profesional del derecho que ejerce las labores de la defensa del Estado n o se remunera, ni que la demanda de representación judicial que, en ocasiones , desborda las capacidades humanas existentes en la planta de personal de la entidad, no merezca reconocimiento dentro

ejerce las labores de la defensa del Estado n o se remunera, ni que la demanda de representación judicial que, en ocasiones , desborda las capacidades humanas existentes en la planta de personal de la entidad, no merezca reconocimiento dentro

5 Expediente digital de One Drive, 073Recurso-RECURSODEAPELACION.pdf 6 Expediente digital de One Drive, 074Recurso-APELACION201800386.pdfReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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de la liquidación de agencias, debido a que esta demanda de representación judicial implica asumir costos para el Estado.

E. Pronunciamiento en segunda instancia

La parte demandante guardó silencio.

La Fiscalía General de la Nación 7 solicita que se confirme la decisión de primera instancia apelada porque, al momento procesal en que la entidad debió solicitar la imposición de la medida de aseguramiento contra el demandante, contaba con los elementos probatorios suficientes para sustentar la petición, la que fue avalada por el juez natural, configurándose de este modo la inexistencia del daño antijurídico, y ajustándose la medida conforme a los criterios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.

La Rama Judicial 8 solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, con el argumento de que, la absolución del demandante no invalida la legalidad de la medida de aseguramiento impuesta en su momento. Sostuvo que dicha medida fue decretada por el Juez de Control de Garantías con base en los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida p resentados por la

medida de aseguramiento impuesta en su momento. Sostuvo que dicha medida fue decretada por el Juez de Control de Garantías con base en los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida p resentados por la Fiscalía General de la Nación, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal.

Así mismo, enfatizó que la medida de aseguramiento tiene un carácter preventivo y no sancionatorio, y su imp osición responde a la necesidad de garantizar los fines constitucionales del proceso penal, como evitar la obstrucción de la justicia, proteger a la sociedad o asegurar la comparecencia del imputado. Por tanto, la posterior absolución no implica per se la existencia de un daño antijurídico atribuible a la administración de justicia.

F. Problemas jurídicos

Teniendo en cuenta el recurso de apelación que presentó la parte demandante, para establecer si procede revocar o confirmar la sentencia apelada, corresponderá analizar si la medida de aseguramiento se ajustó a los estándares de necesidad, proporcionalidad y legalidad previstos en la Ley 906 de 2004.

7 Expediente digital de One Drive, 003PronunciamientoFiscaliaRecursoApelacion.pdf 8 Expediente digital de One Drive, 009PronunciamientoDdoRecursoApelacion.pdfReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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Demandado: Nación-Rama Judicial y Otro Radicado: 680013333012-2018-00386-01

Con relación al recurso presentado por la Rama Judicial, corresponderá establecer si procede revocar el numeral segundo de la sentencia que dispuso no condenar en

Radicado: 680013333012-2018-00386-01

Con relación al recurso presentado por la Rama Judicial, corresponderá establecer si procede revocar el numeral segundo de la sentencia que dispuso no condenar en costas a la parte demandante.

G. Metodología de la decisión

Para resolver los problemas jurídicos, la Sala estudiará los siguientes temas: i) fundamentos del título de imputación del daño antijurídico por privación injusta de la libertad; y ii) fundamentos de las costas.

Por último, se analizará el caso concreto: hechos relevantes probados y su análisis crítico.

1. De la privación injusta de la libertad

La privación injusta de la libertad como marco de responsabilidad está contemplada en la Ley 270 de 1996 que, en su artículo 68 , señala que quien haya sido privado de la libertad en razón de una decisión proferida por la autoridad judicial competente podrá demandar al Estado reparar los perjuicios.

Con respecto al régimen aplicable pa ra analizar la responsabilidad del Estado, actualmente el Consejo de Estado ha adoptado una posición9 en el sentido de que, incluso en los casos de obtención de la libertad por aplicación al principio de presunción de inocencia, «no basta demostrar que no hubo condena en el proceso penal, sino que es necesario ir más allá, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, para determinar, entre otras cosas, si el daño padecido con la privación de la libertad fue o es antijurídico o no».

En ese orden de ideas, se exige la demostración de que la privación de la libertad cuya reparación se busca sea antijurídica, para lo cual el demandante deberá basar

la libertad fue o es antijurídico o no».

En ese orden de ideas, se exige la demostración de que la privación de la libertad cuya reparación se busca sea antijurídica, para lo cual el demandante deberá basar su análisis en diferentes criterios como estándares convencionales, constitucionales y/o legales que admiten excepcionalmente la restricción a la libertad personal.

Concluyó el Alto Tribunal en dicha providencia que « de acreditarse, se entenderá configurado el primer elemento de la responsabilidad; de lo contrario, esto es, de no lograrse tal demostración, se estará frente a un daño jurídicamente permitido y, por tanto, desprovisto de antijuridicidad, lo cual impide hablar, bajo el

9 Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 15 de agosto de 2018, exp.. 46947Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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artículo 90 constitucional y el artículo 68 de la ley 270 de 1996, de privación injusta de la libertad10».

Con relación al título de imputación en casos de privación injusta de la libertad, en virtud de la autonomía judicial, el funcionario debe determinar, en el caso concreto, cuál es el título de imputación aplicable, manifestando de forma razonada los argumentos que le sirven de sustento. Esta postura se acompasa con la sostenida por la Corte Constitucional11, en la cual textualmente expuso lo siguiente:

«De esta manera, dependiendo de las particularidades del caso, es decir, en el examen individual de cada caso, como lo han sostenido el Consejo de

por la Corte Constitucional11, en la cual textualmente expuso lo siguiente:

«De esta manera, dependiendo de las particularidades del caso, es decir, en el examen individual de cada caso, como lo han sostenido el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, el juez administrativo podrá elegir qué título de imputación resulta más idóneo para establecer que el daño sufrido por el ciudadano devino de una actuación inidónea, irrazonable y desproporcionada y por ese motivo, no tenía que soportarse»

En otras palabras, en cuanto al necesario examen de la antijuridicidad del daño que se discute en el juicio de responsabilidad por una privación de la libertad, se exige constatar si la orden de detención y las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo se apegaron a los cánones legales y constitucionales o no, e igualmente si el término de duración de la medida de restricción fue excesivo, así como si la medida era necesaria, razonable y proporcional12. Si la detención se realizó de conformidad con el ordenamiento jurídico, se entenderá que el daño carece de antijuridicidad y, por lo tanto, quien lo sufrió no tendrá derecho a que se le indemnicen los perjuicios por su padecimiento13. Así, cuando el operador jurídico o el ente acusador levanta la medida restrictiva de la libertad que pesaba sobre una persona, independientemente de la causa de dicha decisión, debe llevarse a cabo el análisis pertinente bajo la óptica del artículo 90 Superior, con el fin de identificar la antijuridicidad del daño que se discute.

1. Las costas en el proceso contencioso administrativo

10 Idem.

pertinente bajo la óptica del artículo 90 Superior, con el fin de identificar la antijuridicidad del daño que se discute.

1. Las costas en el proceso contencioso administrativo

10 Idem. 11 Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 2018 12 Ibidem 13 Sobre el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, la sentencia C-037 de 1996, indica: "Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 60, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término "injustamente" se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales de forma tal que se tome evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estarla permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para e/ patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a pr opósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención. 'Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Pedro Reynell Barajas Barrios y otros

Demandado: Nación-Rama Judicial y Otro

de las circunstancias en que se ha producido la detención. 'Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha explicado que las costas, esto es, «aquella erogación económica que corresponde efectuar a la parte que resulte vencida en un proceso judicial», están conformadas por dos rubros distintos: las expensas y las agencias en derecho. Las primeras corresponden a los gastos surgidos con ocasión del proceso y necesarios para su desarrollo, pero distintos al pago de apoderados.

Por su parte, las agencias en derecho no son otra cosa que la compensación por los gastos de apoderamiento en que incurrió la parte vencedora, aun cuando pueden fijarse sin que necesariamente hubiere mediado la intervención directa de un profesional del derecho.

Lo anterior no significa que en todos los procesos judiciales deban liquidarse costas. Como lo señaló la misma Corporación en la Sentencia C -037 de 1996, “ será responsabilidad del legislador definir, en cada proceso, si se amerita o no el cobro de las expensas judiciales, así como el determinar, según las formas propias de cada juicio, si se incluye o no a las entidades públicas dentro de la liquidación de agencias en derecho, costas y otras expensas judiciales”.

Estas erogaciones se encuentran contempladas en el Código General del Proceso y, según este ordenamiento, la regla general es impartir condena en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelve desfavorablemente un recurso,

Estas erogaciones se encuentran contempladas en el Código General del Proceso y, según este ordenamiento, la regla general es impartir condena en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelve desfavorablemente un recurso, un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza.

No obstante, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 2080 de 2021, tiene norma expresa que regula estas erogaciones así:

«ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirá n por las normas del Código de Procedimiento Civil.

<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la deman da con manifiesta carencia de fundamento legal.»

Al respecto, en sentencia del 24 de agosto de 2023, la subsección A del Consejo de Estado, precisó:Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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«Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo consagrado en el artículo188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual

«Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo consagrado en el artículo188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en e sa valoración fuera relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, no obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en l a cual, en las sentencias proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2° del art.188 de la Ley 1437 de 2011.»

Este criterio ha sido reiterado por el órgano de cierre y también ha sido acogido por esta Sala, en decisiones en las que se ha revocado la condena en costas impuesta en primera instancia, analizando si la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal o absteniéndose de condenar en costas de segunda instancia bajo la misma valoración.14

H. Caso concreto

1. Hechos relevantes probados:

fundamento legal o absteniéndose de condenar en costas de segunda instancia bajo la misma valoración.14

H. Caso concreto

1. Hechos relevantes probados:

1.1. El 8 de diciembre de 2009, Luz Amparo Jaimes Torra denunció un hurto ocurrido la noche anterior en su vivienda, ubicada en el barrio San Francisco de Bucaramanga. Relató que salió de casa con su familia a las 8:30 p.m. y al regresar, sobre la medianoche, encontró la vivienda desordenada y su habitación violentada. Al parecer, los autores ingresaron por el techo y huyeron por el garaje.

Testigos presenciales —entre ellos su vecino Luis Fernando Reyes y dos estudiantes— vieron a varios sujetos salir de la casa con maletines y abordar un vehículo Swift15.

1.2. El 3 de marzo de 2010, se realizaron actas de reconocimientos fotográficos, en las que Diana Milena Sánchez Cepeda y Luis Fernando Reyes Giraldo , reconocen a Héctor Yeison Moreno Giraldo y a Pedro Reynel Barajas Barrio respectivamente, como dos de los coautores del hecho16.

14 Entre otras, sentencia del 27 de junio de 2024, exp. 686793333001-2019-00228-01 15 Expediente digital de One Drive: pág. 342-343, Expediente penal documental.pdf 16 Expediente digital de One Drive: pág. 295321, Expediente penal documental.pdfReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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1.3. El 22 de abril de 2010, el Juez Quinto Municipal con función de control de garantías de Bucaramanga 17 legalizó la orden de captura y, en la misma audiencia, se realiz ó la imputación y la imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario contra Pedro Reynel Barajas Barrios, por el delito de hurto calificado y agravado.

En la audiencia se señaló que los hechos ocurrieron el 7 de diciembre de 2009, cuando presuntamente Héctor Yeison Moreno Giraldo y Pedro Reynel Barajas Barrios habrían ingresado ilícitamente a la vivienda de Luz Amparo Jaimes Torra, aprovechando que no hab ía nadie en el lugar, y sustrajeron objetos valorados en $12.000.000, para luego huir en un vehículo. Según la investigación de la SIJÍN, apoyada en declaraciones de testigos y reconocimientos fotográficos, Héctor habría conducido el vehículo y Pedro habría salido de la vivienda con los elementos hurtados.

Como pruebas, se presentaron la denuncia, acta de inspección, entrevistas, informes de la SIJÍN, tarjetas alfabéticas y reconocimientos fotográficos.

1.4. El 5 de mayo de 2010, el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga, en audiencia le impone al demandante medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en su lugar de residencia18.

de Control de Garantías de Bucaramanga, en audiencia le impone al demandante medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en su lugar de residencia18.

1.5. El 6 de julio de 2011 el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga , en audiencia preliminar concedió al demandante, permiso para trabajar en el horario comprendido de las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche de lunes a viernes19.

1.6. El 15 d