TA SAN - Sentencia 680013333012-2019-00156-02 (12-06-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, doce (12) de junio del dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

RADICADO: 680013333012-2019-00156-02

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MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: LUIS ALFREDO OSORIO COLMENARES

aymabogadosespecializados@hotmail.com

DEMANDADO: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co erick.bluhum@fiscalia.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO JHON CARLOS GARCÍA PEREA

jcgarcia@procuraduria.gov.co ASUNTO: Sentencia de segunda instancia . La bonificación judicial debe ser reconocida como factor salarial para todos los efectos legales. Sin condena en costas en segunda instancia.

TEMA: Bonificación judicial.

SENTENCIA No. 071

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia de fecha 8 de noviembre de 2021, proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga.

La Sala es competente para resolver el recurso de conformidad con lo previsto en el artículo 153 del CPACA.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante1

1 Expediente digital de OneDrive: pág. 2-13 del archivo 01.Exp68001333301220190015601.PDFNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Luis Alfredo Osorio Colmenares

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Radicado No. 680013333012-2019-00156-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Solicita declarar la nulidad del oficio 31200-0741 del 20 de diciembre de 2017 proferido por la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental de la Fiscalía General de la Nación, la Resolución número 0319 del 16 de marzo de 2018 y la Resolución número 21023 del 10 de abril de 2018 , mediante los cuales se negó el reconocimiento, reliquidación y pago de los valores por concepto de prestaciones sociales de la demandante.

En consecuencia, solicitó:

«1. INAPLICAR POR INCONSTITUCIONAL E ILEGAL la expresión

reconocimiento, reliquidación y pago de los valores por concepto de prestaciones sociales de la demandante.

En consecuencia, solicitó:

«1. INAPLICAR POR INCONSTITUCIONAL E ILEGAL la expresión "constituye únicamente factor salarial para 47 base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud" contenida en el artículo primero del Decreto 382 de 2013, modificado por el Decreto 022 de 2014, ajustada a su vez por los Decretos No. 1270 de 2015, 247 de 2016, 1015 de 2017 y 341 de 2018, por vulneración de los artículos 20, 27 y 53 de la Carta Fundamental, y la ley 4 de 1993 en su parágrafo.

2. DECLARAR LA NULIDAD del acto administrativo contenido en el oficio No. 31200-0741 del 20 de diciembre de 2017, notificada el 20 de diciembre de 2017, mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de la bonificación judicial como factor salarial.

3. DECLARAR LA NULIDAD del acto administrativo contenido en la Resolución No. 0319 del 16 de marzo de 2018, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición y se decidió no reponer lo resuelto en el acto administrativo contenido en el oficio No. 31200-0741, el cual fue notificado vía correo electrónico el 20 de marzo de 2018.

4. DECLARAR LA NULIDAD del acto administrativo contenido en la Resolución No. 21023 del 10 de abril de 2018, mediante el cual se resolvió el recurso de apelación confirmando en todos sus apart es lo decidido en el

4. DECLARAR LA NULIDAD del acto administrativo contenido en la Resolución No. 21023 del 10 de abril de 2018, mediante el cual se resolvió el recurso de apelación confirmando en todos sus apart es lo decidido en el oficio No.31200-0741, el cual fue notificado mediante correo electrónico el 12 de abril de 2018.

5. QUE A TITULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO como consecuencia de la nulidad de los actos administrativos demandados se ordene a la NACIÓN -FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, reconoce como factor salarial y prestacional la bonificación judicial, creada medi ante el Decreto 382 de 2013 modificado por el Decreto No.022 de enero 9 de 2014 y demás modificaciones y en tal virtud se reliquiden de las prestaciones sociales y demás emolumentos devengados por mi representado como servidor de la Fiscalía General de la Nación, y se proceda al pago de las diferencias causadas como consecuencia de la referida reliquidación a partir del 1 de enero de 2013 hasta la fecha en que se cause y en adelante se reconozca y pague la bonificación como factor salarial. (…)».

Las anteriores pretensiones se fundamentaron en las siguientes afirmaciones:

El demandante es servidor a de la Fiscalía General de la Nación en el cargo de Asistente de Fiscal I, y devenga mensualmente la bonificación judicial creada mediante el Decreto 0382 de 2013.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Luis Alfredo Osorio Colmenares

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Radicado No. 680013333012-2019-00156-02

Rama Judicial del Poder Publico

Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Luis Alfredo Osorio Colmenares

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Radicado No. 680013333012-2019-00156-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander El demandante radicó petición el 14 de diciembre de 2017 ante la entidad demandada, solicitando la liquidación y pago de todas las prestaciones sociales con base en la bonificación judicial como factor salarial de los valores dejados de percibir desde el 1 de enero de 2013 y las que a futuro se generen.

En respuesta, la demandada profir ió el oficio 31200-0741 del 20 de diciembre de 2017, en el que negó las pretensiones.

Inconforme con la decisión, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación el 29 de diciembre de 2017.

En respuesta, la demandada profirió la Resolución número 0319 del 16 de marzo de 2018 , mediante el cual se resuelve el recurso de reposición y se concede el recurso de apelación.

Mediante resolución número 21023 del 10 de abril de 2018, se confirma la decisión contenida en el oficio número 31200-0741.

Como fundamento de derecho invocó los artículos 4, 53, 58 y 150 de la Constitución Nacional, la Ley 4 de 1992 , el Decreto 1042 de 1978, el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, el Decreto 038 2 de 2013 y demás normas concordantes.

B. Posición de la parte demandada

del Código Sustantivo del Trabajo, el Decreto 038 2 de 2013 y demás normas concordantes.

B. Posición de la parte demandada

La Nación – Fiscalía General de la Nación guardó silencio, conforme se desprende del auto que corre traslado para dictar sentencia anticipada2.

C. Sentencia de primera instancia3

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga, mediante sentencia de fecha 8 de noviembre de 2021, resolvió:

«PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucional e ilegal, para el caso en concreto, la expresión “únicamente” contenida en el art. 1 de los Decretos 382 de 2013 y demás decretos que lo modifican, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No. 31200-0741 de 20 de diciembre de 2017, y las Resoluciones No. 0319 de 16 de marzo de 2018 y 21023 de 10 de abril de 2018, que resolvieron

2 Expediente digital de OneDrive, 06AutoSentenciaAnticipada.pdf 3Expediente digital de OneDrive, 10SentenciaPrimeraInstancia.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Luis Alfredo Osorio Colmenares

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Radicado No. 680013333012-2019-00156-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander recurso de reposición y apelación respectivamente, co ntra la primera,

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander recurso de reposición y apelación respectivamente, co ntra la primera, confirmándola, por medio de los cuales se negó la reliquidación de las prestaciones sociales del demandante con inclusión de la Bonificación Judicial creada con el Decreto 382 de 2013, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: ORDENAR, a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a título de restablecimiento del derecho, a reconocer a favor de LUIS ALFREDO OSORIO COLMENARES la bonificación judicial creada por el Decreto 382 de 2013 como factor salarial, para que incida e n las primas de servicio, productividad, vacaciones, bonificación por servicios prestados, cesantías e intereses a la cesantía y demás emolumentos, adeudados desde el 14 de diciembre de 2014 en adelante, por el tiempo efectivamente laborado en la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, y hasta la terminación del vínculo laboral, reliquidando todas las prestaciones sociales devengadas por él.

CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar las diferencias resultantes entre las prestaciones sociales devengadas y las que resulten de la reliquidación ordenada.

QUINTO: DECLARAR probada la prescripción de las diferencias causadas con anterioridad al 14 de diciembre de 2014, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEXTO: Las sumas reconocidas deberán ser debidamente actualizadas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

con anterioridad al 14 de diciembre de 2014, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEXTO: Las sumas reconocidas deberán ser debidamente actualizadas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEPTIMO: LA NACIÓN -FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN dará cumplimiento a la sentencia de conformidad con los arts. 192 y 195 del

CPACA.

OCTAVO: NO CONDENAR en costas a la NACION -FISCALIA GENERAL DE LA NACION, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.».

Indicó que el Decreto 0382 de 2013 vulneró los principios constitucionales de favorabilidad e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en la legislación laboral, al tiempo que transgredió los objetivos y principios consagrados en la Ley 4 de 1992, en la medida en qu e desconoció los efectos salariales de la bonificación judicial.

Consideró que la bonificación judicial fue otorgada de manera continua y mensual, lo que la convierte en una remuneración fija y directa, cumpliendo características de un salario, por lo que debe ser incluida en el cálculo de las demás prestaciones sociales.

Precisó que inaplicará la expresión normativa «únicamente» contenida en el artículo 1° del Decreto No. 382 de 2013 y demás decretos que lo modifican ; que limita el reconocimiento de la bonificación judicial solo para efectos de cotización al sistema de salud y pensiones, en el entendido que sus disposiciones contravienen laNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Luis Alfredo Osorio Colmenares

Demandado: Fiscalía General de la Nación

de salud y pensiones, en el entendido que sus disposiciones contravienen laNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Luis Alfredo Osorio Colmenares

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Radicado No. 680013333012-2019-00156-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Constitución y la ley, al no reconocer la bonificación como factor salarial para calcular todas las prestaciones sociales y salariales.

Respecto de la prescripción trienal, señaló que la demandante presentó la reclamación administrativa el 14 de diciembre de 2017 ; por tanto, las sumas causadas con anterioridad al 14 de diciembre de 2014 se encuentran prescritas.

D. Recurso de apelación

La Nación – Fiscalía General de la Nación 4 solicitó revocar la decisión de primera instancia con sustento en los siguientes argumentos:

1. La entidad no cuenta con facultades ni atribuciones en materia de fijación de salarios y prestaciones para los servidores de la Fiscalía General de la Nación, puesto que su competencia recae únicamente en el Gobierno nacional, específicamente en la expedición del Decreto 0382 de 2013, con el objeto de establecer la bonificación judicial para esos funcionarios.

1. El decreto que se pretende inaplicar se encuentra amparado por el principio de legalidad, al no haber sido derogado ni declarado inconstitucional. Además, no existe disposición normativa a nivel nacional en la que se indique que todo lo que devengue un trabajador tenga que hacer parte de la base de liquidación de todos los factores salariales y prestacionales.

inconstitucional. Además, no existe disposición normativa a nivel nacional en la que se indique que todo lo que devengue un trabajador tenga que hacer parte de la base de liquidación de todos los factores salariales y prestacionales.

1. La bonificación judicial surgió de un acuerdo negociado entre el Gobierno nacional y los representantes sindicales de los funcionarios judiciales, dentro de un marco de recursos previamente delimitado. En dicho acuerdo, se estableció que la bonificación tendría carácter salarial únicamente para efectos de cotización a los sistemas gener ales de pensiones y salud, sin afectar otros factores salariales. Por lo tanto, ampliar su alcance contravendría los términos negociados.

1. La decisión vulneró el mandato de sostenibilidad fiscal, toda vez que la sentencia objeto de controversia ordena oto rgarle a dicha bonificación plena naturaleza salarial, lo que impactaría directamente la liquidación de

4Expediente digital de OneDrive, 13RecursoFiscalía25Noviembre2021.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Demandado: Fiscalía General de la Nación

Radicado No. 680013333012-2019-00156-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander prestaciones sociales y otros pagos laborales, generando un gasto adicional no contemplado en el presupuesto del Estado.

E. Pronunciamiento en segunda instancia

El Ministerio Público 5 sostuvo que debe confirmarse la sentencia de primera instancia, al considerar que la bonificación judicial establecida en el Decreto 0382

adicional no contemplado en el presupuesto del Estado.

E. Pronunciamiento en segunda instancia

El Ministerio Público 5 sostuvo que debe confirmarse la sentencia de primera instancia, al considerar que la bonificación judicial establecida en el Decreto 0382 de 2013 constituye salario, al ser percibida de manera habitual y periódica por la demandante, como contraprestación directa por los servicios prestados a la Fiscalía General de la Nación.

Así mismo, señaló que, aunque el artículo 1° del Decreto 0382 de 2013 no ha sido derogado, existe jurisprudencia del Consejo de Estado que ha condenado a la demandada al reconocimiento y pago de dicha bonificación como factor salarial.

Sin pronunciamiento de las partes.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

F. Problema jurídico

Para decidir si se debe confirmar o revocar la sentencia de primera instancia, se resolverán los siguientes interrogantes que surge n de los argumentos de impugnación de la parte demandada:

P.J.1. Competencia para modificar el régimen salarial y prestacional. ¿La Fiscalía General de la Nación, no tiene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional establecido por el Gobierno nacional en el Decreto 0382 de 2013?

P.J.2. De la excepción de inconstitucionalidad. ¿La inaplicación por inconstitucionalidad del decreto 0382 de 2013 no resulta procedente en este caso particular, dado que no se estableció una contradicción directa con la Constitución, la norma sigue vigente y no ha sido declar ada inconstitucional por la Corte Constitucional?

5 Expediente electrónico de SAMAI, índice24:

particular, dado que no se estableció una contradicción directa con la Constitución, la norma sigue vigente y no ha sido declar ada inconstitucional por la Corte Constitucional?

5 Expediente electrónico de SAMAI, índice24: https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800123/6800133330122019001 5602/AE3D8BD782A0E274919468486E7F371C38E17533F88D57FF52BD9842D7AACA21/2Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander P.J.3. De la bonificación judicial y acuerdo sindical: ¿La ampliación del carácter salarial de la bonificación judicial contraviene los términos del acuerdo de negociado entre el Gobierno nacional y los representantes sindicales?

G. Tesis de la Sala

P.J.1. No, si bien la Fiscalía General de la Nación no tiene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional fijado por el Gobierno nacional, sí tiene la facultad de interpretar y aplicar las normas en materia salarial dentro de los límites establecidos.

P.J.2. No, la inaplicación del artículo 1 del Decreto 0382 de 2013 no implica una modificación del régimen salarial, sino la correcta aplicación del principio « in dubio pro operario» en favor de los servidores judiciales, garantizando sus derechos

P.J.2. No, la inaplicación del artículo 1 del Decreto 0382 de 2013 no implica una modificación del régimen salarial, sino la correcta aplicación del principio « in dubio pro operario» en favor de los servidores judiciales, garantizando sus derechos constitucionales. La jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional ha reconocido que el concepto de salario no depende de la denominación que le dé el empleador, sino de s u naturaleza y periodicidad, lo que confirma que la bonificación judicial debe ser considerada factor salarial. Igualmente, la jurisprudencia ha establecido que la bonificación judicial cumple con los requisitos de salario al ser un pago habitual en retribución al trabajo, por lo que su exclusión como factor salarial desconoce el mandato de nivelación salarial de la Ley 4ª de 1992.

P.J.3. No, porque los derechos laborales son irrenunciables.

H. Metodología de la decisión

Para resolver los problemas jurídicos, la Sala estudiará los siguientes temas: i) La bonificación judicial creada mediante el Decreto 038 2 de 2013; ii) Igualdad en la liquidación y pago de la bonificación; iii) Naturaleza salarial de la bonificación judicial; iv) Naturaleza jurídica de los decretos que reglamentan las leyes marco; y v) La excepción de inconstitucionalidad.

Por último, se analizará el caso concreto: hechos relevantes probados y su análisis crítico.

1. Bonificación judicial creada mediante el Decreto 0382 de 2013

La Ley 4ª de 1992 establece el marco normativo para la fijación del régimen salarial

crítico.

1. Bonificación judicial creada mediante el Decreto 0382 de 2013

La Ley 4ª de 1992 establece el marco normativo para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, incluyendo los de la Fiscalía General deNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander la Nación, en cumplimiento del mandato constitucional del artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política de 1991.

Por su parte, el Gobierno nacional , en desarrollo de las preceptivas y orden de nivelación salarial de la Ley 4ª de 1992, expidió el Decreto 0382 de 6 de marzo de 2013, el cual creó la bonificación judicial para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el mencionado decreto, dicho emolumento se reconoce mensual y únicamente constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y Salud, y se le excluyó como factor para liquidar otros efectos legales.

Los artículos 1 y 2 son del siguiente tenor literal:

«ARTÍCULO 1. Créase (sic) para los servidores de la Fiscalía General de la Nación a quienes se aplica el régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 53 de 1993, y que vienen rigiéndose por el decreto 875 de 2012 y por las

Nación a quienes se aplica el régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 53 de 1993, y que vienen rigiéndose por el decreto 875 de 2012 y por las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1º de enero de 2013, se percibirá mensualmente mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año, al valor que se fija en la siguiente tabla:

[…]

PARÁGRAFO. La bonificación judicial creada en el presente artículo se ajustará a partir del año 2014 de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC); en consecuencia, no le aplica el incremento que fije el Gobierno nacional para las asignaciones básicas en el año 2013 y siguientes.

A partir del año 2014 y hasta el año 2018, los valores señalados en las tablas del presente artículo contienen un ajuste equivalente a una variación proyectada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del dos por ci ento (2%) respecto del valor de la bonificación judicial asignada en el año inmediatamente anterior.

En el evento en que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para las vigencias fiscales de los años 2014 a 2018 inclusive, sea diferente al dos por ciento (2%) proyectado para el valor de la bonificación judicial para los mismos años, el Gobierno nacional ajustará las tablas correspondientes para la respectiva

para las vigencias fiscales de los años 2014 a 2018 inclusive, sea diferente al dos por ciento (2%) proyectado para el valor de la bonificación judicial para los mismos años, el Gobierno nacional ajustará las tablas correspondientes para la respectiva vigencia en la diferencia que se presente.

Para el año 2019 y en adelante, el valor mensual de la bonificación judicial será equivalente al valor que se perciba en el año inmediatamente anterior, reajustado con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander ARTÍCULO 2. Los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación que no optaron por el régimen establecido en el Decreto 53 de 1993 y que continúan con el régimen del Decreto 839 de 2012 y las disposiciones que lo modifican o sus tituyan, de percibir en el año 2013 y siguientes un ingreso total anual inferior al ingreso total anual más la bonificación judicial que se crea en el presente decreto, respecto de quien ejerce el mismo empleo y se encuentra regido por el régimen salarial y prestacional obligatorio señalado en el decreto 53 de 1993, percibirán la diferencia respectiva a título de bonificación judicial, mientras permanezcan vinculados al servicio.

[…]».

por el régimen salarial y prestacional obligatorio señalado en el decreto 53 de 1993, percibirán la diferencia respectiva a título de bonificación judicial, mientras permanezcan vinculados al servicio.

[…]».

Uno de los objetivos centrales de la Ley 4 de 1992 fue abordar la falta de proporcionalidad en la estructura salarial del sector judicial, que se caracterizaba por marcadas disparidades entre los diferentes niveles jerárquicos. Específicamente, los artícul os 14 y 15 de esta ley buscaron implementar una nivelación salarial más equitativa y comprensiva.

Así, en el artículo 14, parágrafo, se señaló:

"Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación, atendiendo criterios de equidad."

Del análisis de estas normas se llega a las siguientes conclusiones relevantes:

1. Igualdad en la liquidación y pago de la bonificación

Es imperativo garantizar un trato igualitario en la liquidación y pago de la bonificación judicial. Por tanto, se determina que:

1. Para los funcionarios y empleados no acogidos al régimen del Decreto 53 de 1993, Decreto 839 de 2012 y normas complementarias, el tope de la bonificación judicial será equivalente al 100% del salario mensual devengado por sus homólogos acogidos a dicho régimen. ii. La bonificación debe liquidarse y pagarse mensualmente para todos los servidores, independientemente de su régimen, asegurando así su carácter de factor salarial al ser una remuneración periódica y permanente.

1. Naturaleza salarial de la bonificación judicial

servidores, independientemente de su régimen, asegurando así su carácter de factor salarial al ser una remuneración periódica y permanente.

1. Naturaleza salarial de la bonificación judicial

Se enfatiza que la bonificación judicial, al ser pagada de forma periódica y permanente, constituye factor salarial para todos los efectos legales. Esta interpretación se alinea con el propósito del Constituyente y del Legislad or deNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Luis Alfredo Osorio Colmenares

Demandado: Fiscalía General de la Nación

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander "nivelar o reclasificar con sentido de equidad el sistema de remuneración de los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial".

1. Extralimitación del Gobierno nacional

El Gobierno nacional, al crear mediante el Decreto 0382 de 2013 una bonificación sin carácter salarial (excepto para cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud y en Pensiones), se apartó del marco establecido por la Ley 4 de

1992. Esta ley no realizó discrim inación alguna y dispuso la nivelación o reclasificación de la remuneración de funcionarios y empleados, lo cual implica necesariamente un incremento salarial en ambos casos.

1. Conclusión

En consecuencia, se determina que la bonificación judicial debe:

1. Aplicarse a todos los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación, sin distinción de régimen.

2. Liquidarse y pagarse mensualmente.

En consecuencia, se determina que la bonificación judicial debe:

1. Aplicarse a todos los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación, sin distinción de régimen.

2. Liquidarse y pagarse mensualmente.

3. Considerarse factor salarial para todos los efectos legales, incluyendo la liquidación de prestaciones sociales.

4. Tener como tope, para los no acogidos al régimen de l decreto mencionado, el 100% del salario mensual de los acogidos en cargos equivalentes.

1. Naturaleza jurídica de los decretos que reglamentan las leyes marco

La Corte Constitucional 6 concibe que es el Congreso de la República, en ejercicio de su competencia principal de hacer las leyes, el que tiene el deber constitucional de estatuir el marco general, los objetivos y directrices que orientarán al presidente de la República para establecer el régimen salarial y prestacional de los distintos servidores públicos del Estado, y dentro de estos, los adscritos a la Fuerza Pública. A fin de proferir el mencionado régimen salarial y prestacional, tanto el órgano legislativo como el ejecutivo nacional desarrollan una competencia concurrente, la cual permite que el Congreso actúe, en primer término, trazando una línea general, para que luego el presidente, dentro del marco por este diseñado, lo proceda a dotar de contenido. De esta forma, a través de una «ley marco o cuadro», el Congreso fija las pautas y criterios generales que guían la forma en que habrá de regularse la materia, correspondiéndole al presidente de la República el desarrollo de tales

6 Corte Constitucional, sentencia C-101-2003, M.P., Jaime Córdoba TriviñoNulidad y Restablecimiento del derecho

materia, correspondiéndole al presidente de la República el desarrollo de tales

6 Corte Constitucional, sentencia C-101-2003, M.P., Jaime Córdoba TriviñoNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Luis Alfredo Osorio Colmenares

Demandado: Fiscalía General de la Nación

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