TA SAN - Sentencia 680013333012-2021-00052-01 (18-09-2025)

SIGCMA-SGC

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público Tribunal Administrativo de Santander

Bucaramanga, dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Sentencia de segunda instancia

RADICADO 680013333012-2021-00052-01

ENLACE EXPEDIENTE https: //samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos/lis t_procesos.aspx?guid=68001333301220210005

2016800123

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

DEMANDANTE: Nubia Soto Mendoza

nubisomon2565@hotmail.com

APODERADOS Yobany Alberto López Quintero santandernotificacioneslq@gmail.com Silvia Geraldine Balaguera Prada silviasantanderlopezquintero@gmail.com

DEMANDADO:

Nación, Ministerio de Educación, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co notjudicial@fiduprevisora.com.co procesosjudicialesfomag@fiduprevisora.com.co

MINISTERIO PÚBLICO: Jhon Carlos García Perea

jcgarcia@procuraduria.gov.co

SENTENCIA No. 128

TEMA Pensión de jubilación de docentes. Los tiempos que la demandante acreditó mediante contratos como docente deben tenerse en cuenta para efectos pensionales. Se confirma la sentencia porque la demandante cumplió con los requisitos para acceder a la pensión , pero, se precisa que con fundamento en la Ley 33 de 1985. Magistrada Ponente Claudia Patricia Peñuela ArceNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

para acceder a la pensión , pero, se precisa que con fundamento en la Ley 33 de 1985. Magistrada Ponente Claudia Patricia Peñuela ArceNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Nubia Soto Mendoza

Demandado: Fomag

Radicado No. 680013333012-2021-00052-01

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala decide el recurso de apelación que interpuso la parte d emandada contra la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2024, proferida por el Juzgado Décimo Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, por medio de la cual concedió las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. Posición de la parte demandante

La demandante presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitando la nulidad del acto ficto negativo configurado el día 12 de marzo del 2021, mediante el cual se niega el reconocimiento de la pensión de jubilación.

Como fundamento fáctico afirmó que nació el 25 de noviembre de 1965, por lo que tiene más de cincuenta y cinco (55) años . Se vinculó a la docencia oficial , inicialmente mediante contratos de prestación de servicios desde el 11 de febrero de 1999 hasta el 11 de septiembre de 2002 . P osteriormente como docente en provisionalidad entre el 10 de marzo de 2003 y el 12 de julio de 2005. Por último, el 18 de julio de 2005 fue nombrada en propiedad, por lo que acredita más de 20 años de servicios.

provisionalidad entre el 10 de marzo de 2003 y el 12 de julio de 2005. Por último, el 18 de julio de 2005 fue nombrada en propiedad, por lo que acredita más de 20 años de servicios.

Citó como disposiciones violadas: la Ley 33 de 1985, la Ley 91 de 1989, el artículo 15 numerales 1 y 2 de la Ley 60 de 1993; el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 81 de la Ley 812 de 2003.

Como concepto de violación adujo que el acto ficto desconoce la normativa antes relacionada, como quiera que el inciso 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985 permitió a los funcionarios públicos acceder a la pensión vitalicia de jubilación con la acreditación de 20 años de servicios continuos o discontinuos y la edad de 55 años, prestación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para aportes durante el último año de servicio.

1.2 Posición de la parte demandadaNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Nubia Soto Mendoza

Demandado: Fomag

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La demandada se opuso a las pretensiones de la demanda, alegando que la demandante no cumple con los requisitos para acceder a la pensión por el régimen de transición porque fue vinculada al servicio docente oficial con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

1.3 Sentencia apelada

El juez de primera instancia accedió al reconocimiento de la pensión de jubilación, al concluir que la demandante se vinculó al servicio educativo público antes de la

entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

1.3 Sentencia apelada

El juez de primera instancia accedió al reconocimiento de la pensión de jubilación, al concluir que la demandante se vinculó al servicio educativo público antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003 . Primero, por medio de contratos y luego por vinculación en provisionalidad entre el 10 de marzo de 2003 y el 12 de julio de 2005. Además, recalcó que existió nombramiento en carrera desde el 18 de julio de 2005.

En síntesis, el juez concluyó que la demandante acreditó un total de veinte años de servicios y que, en consideración al principio de la primacía de la realidad tendría en cuenta el periodo que laboró por medio de contratos y los periodos posteriores mediante vinculaciones en provisionalidad y carrera administrativa.

Como consecuencia de lo anterior el juez ordenó lo siguiente:

«SEGUNDO: Condénese al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, a reconocer y pagar a favor de la señora Nubia Soto Mendoza, identificada con la cédula de ciudadanía nro. 63.432.758, una pensión de jubilación equivalente al 75% del promedio de la asignación mensual básica sobre la cual aquella cotizó durante el año anterior a la adquisición de su estatus jurídico respectivo (20 de noviembre de 2019 a 19 de noviembre de 2020), ello con efectividad desde el 20 de noviem bre de 2020 y en adelante las mesadas que se causen, sumas que deberán ser actualizadas de conformidad con la fórmula expuesta en la parte motiva de esta providencia.

20 de noviem bre de 2020 y en adelante las mesadas que se causen, sumas que deberán ser actualizadas de conformidad con la fórmula expuesta en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Ordénese a la señora NUBIA SOTO MENDOZA, identificada con la cédula de ciudadanía nro. 63.432.758, que acredite documentalmente y manifieste al momento de solicitar el cumplimiento de la sentencia, a cuál entidad de previsión y por cuáles montos efectuó cotizaciones a pensión por los periodos durante los cuales fungió como docente contratista al servicio del municipio de Floridablanca, en caso de haberlas hecho, o bien, informar si no realizó tales aportes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, conforme se señaló en las consideraciones de esta sentencia.

CUARTO: Ordénese al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a repetir en contra de la entidad de previsión a la cual la demandante acredite que se encontraba afiliada durante el tiempo que subsistió la rela ción contractual con el municipio de Floridablanca, a fin de solicitar el reembolso de las cotizaciones a pensión efectuadas, siempre y cuando así lo demuestre la demandante. En todo caso, se autoriza a la entidad demandada a descontar de los valoresNulidad y Restablecimiento del Derecho

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Demandante: Nubia Soto Mendoza

Demandado: Fomag

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adeudados a la libelista en virtud de la condena, los saldos pendientes parciales

Demandante: Nubia Soto Mendoza

Demandado: Fomag

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adeudados a la libelista en virtud de la condena, los saldos pendientes parciales o totales en su contra si existen después del cumplimiento de lo anterior, por concepto de aportes a pensión que en la proporción como trabajadora le correspondía efectuar en tales periodos.»

1.4 Apelación de la sentencia.

La parte demandada recurrió la decisión de primera instancia, afirmando que la Ley 71 de 1988 es clara al establecer que tienen derecho a la pensión aquellos que fueron vinculados laboralmente al sector oficial y en el caso de la demandante se encuentran acreditados tiempos de servicios bajo la modalidad de contrato s de prestación de servicios, por lo que concluye que no se cumplen los requisitos para acceder a dicha pensión, ya que esta modalidad de contratación se rige bajo las normas civiles.

Insiste en que el tiempo acreditado por la demandante no puede ser tenido en cuenta toda vez que es bajo la orden de prestación de servicios, siendo un vínculo civil y no laboral. Si bien es cierto el juez fundamentó la decisión en la primacía de la realidad, considera que no se puede aplicar dado que no existe proceso en donde se debatan los elementos esenciales para la configuración de un contrato de trabajo, tales como subordinación, remuneración, prestación directa del servicio entre otros.

Indicó que la vinculación legal y reglamentaria se dio con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. Por lo tanto, el régimen pensional aplicable resulta ser el contenido en la Ley 100 de 1993.

1.5 Actuación en segunda instancia.

en vigor de la Ley 812 de 2003. Por lo tanto, el régimen pensional aplicable resulta ser el contenido en la Ley 100 de 1993.

1.5 Actuación en segunda instancia.

Las partes demandante y demandada guardaron silencio y el Procurador Judicial tampoco rindió concepto.

2. Consideraciones de la Sala

2.1 Problema jurídico

La parte demandada recurrió la sentencia de primera instancia, bajo los siguientes fundamentos esenciales: i) considera que el tiempo prestado por contrato de prestaciones de servicios no cuenta para efectos pensionales; ii) como fundamentoNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Demandado: Fomag

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normativo, referencia la Ley 71 de 1988 con el fin de desestimar que la demandante cumplió con los requisitos de tiempo de servicio y edad.

Bajo esos supuestos la Sala estima procedente en esta instancia resolver los siguientes interrogantes:

P.J.1 ¿Establecer si el tiempo laborado por la demandante como docente a través de contratos de prestaciones servicios con entidades territoriales puede ser computado para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación?

En el evento que sea positiva la respuesta al anterior interrogante, corresponderá precisar:

P.J.2 ¿Cuál es el régimen jurídico aplicable a la demandante ; la Ley 33 de 1985 o la Ley 71 de 1988.

Este último planteamiento se hace porque el juez de primera instancia no lo dejó expresamente establecido en el fallo, porque, aunque señaló que se tuvieran en

la Ley 71 de 1988.

Este último planteamiento se hace porque el juez de primera instancia no lo dejó expresamente establecido en el fallo, porque, aunque señaló que se tuvieran en cuenta los factores salariales establecidos en la Ley 62 de 1985, en lo atinente al régimen pensional aplicable, en la parte considerativa del fallo, planteó que el objeto de estudio consistía en «verificar si en el presente caso se configuran los citados presupuestos legales para el reconocimiento pensional deprecado por la señora Soto Mendoza, en los términos establecidos en la Ley 71 de 1988».

Por lo anterior, resulta necesario precisar en esta instancia procesal cuál es el régimen aplicable a la demandante, conforme al tiempo de servicio acreditado.

2.2 Tesis

P.J.1: Los tiempos acreditados como docente a través de contratos de prestaciones de servicios, sí deben tenerse en cuenta para efectos pensionales , conforme lo precisó el Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-005-1624.1

PJ.2: En consecuencia, se precisa que en el caso bajo estudio la demandante acreditó la edad y 20 años de servicio público, por lo que tiene derecho a la pensión

1 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado: 23001-2333-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Nubia Soto Mendoza

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de jubilación fundamento en la Ley 33 de 1985., por acreditar la totalidad del tiempo prestado a instituciones educativas del sector oficial.

2.3 Metodología de la decisión

Para resolver el interrogante planteado, la Sala abordará los siguientes temas: (i) el régimen pensional aplicable a los docentes oficiales afiliados al FOMAG; (ii) el régimen pensional aplicable a los docentes oficiales, de acuerdo con la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019; (iii) contabilización del tiempo laborado por contratos.

2.3.1. Del régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones sociales del Magisterio

El régimen pensional de los docentes oficiales se encontraba exceptuado del Sistema General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que estableció: «[e]l Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».

Esta excepción se debía a la existencia previa de un sistema particular de administración y financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio, establecido por la Ley 91 de 1989, que creó un fondo especial con el objetivo específico de atender las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados.

administración y financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio, establecido por la Ley 91 de 1989, que creó un fondo especial con el objetivo específico de atender las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados.

La Ley 91 de 1989 dispuso un esquema particular de financiamiento que se distinguía del régimen general. En su artículo 8 previó un sistema de aportes donde los docentes contribuyen con el 5% de su sueldo básico mensual, mientras que la Nación aporta el 8% sobre los factores salariales que forman parte del rubro de pago por servicios personales. Este esquema de financiamiento diferenciado constituyó una de las principales razones que justifican la excepción del régimen general.

La naturaleza exceptuada del régimen se reforzaba con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que desarrolló reglas específicas para el reconocimiento de las prestaciones económicas y sociales de los docentes . Diferenció al personalNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Nubia Soto Mendoza

Demandado: Fomag

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nacionalizado vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989 de los docentes que se vincularan a partir del 1 de enero de 1990.

Sin embargo, la Ley 812 de 2003 en el artículo 81 determinó que los docentes vinculados a partir de su vigencia (27 de junio de 2003) se regirían por el régimen de prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, conservando una particularidad important e: la edad de pensión unificada en 57 años para ambos

de prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, conservando una particularidad important e: la edad de pensión unificada en 57 años para ambos géneros. Y posteriormente, el Acto Legislativo 01 de 2005 dispuso en su parágrafo transitorio 1 que: «El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta».

Lo anterior, denota la existencia de dos regímenes, según la fecha de vinculación al servicio docente. El primero, referente a que los docentes vinculados antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, son beneficiarios del mismo régimen pensional de los empleados públicos del orden nacional (Leyes 33 de 1985 o Ley 71 de 1988). El segundo, para quienes se vinculan con posterioridad, les es aplicable el régimen de prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad —57 años, para ambos géneros—.

2.3.2. Del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales según la sentencia de unificación SUJ -014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019

A propósito de este régimen pensional, se debe prestar especial atención a la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de abril de 2019, a través de la cual se precisaron las reglas para determinar el ingreso ba se de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente oficial afiliado al FOMAG.

25 de abril de 2019, a través de la cual se precisaron las reglas para determinar el ingreso ba se de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente oficial afiliado al FOMAG.

En efecto, en la aludida providencia se precisó que de conformidad con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, existen dos regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho a la pensión d e jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio educativo. Tales regímenes son: (i) Los docentes vinculados antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, que con ocasión de la Ley 91 de 1989 gozan del mismoNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Nubia Soto Mendoza

Demandado: Fomag

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régimen pensional de los servidores públicos del orden nacional, establecido en la Ley 33 de 1985 y, (ii) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 afiliados al FOMAG, les aplica el régimen pensional de prima media regulado en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.

En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados, y de los

será de 57 años para hombres y mujeres.

En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados, y de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990 hasta el 27 de junio de 2003 —fecha de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003—, se regula por las siguientes reglas, de conformidad con las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985:

✓ Edad: 55 años para hombres y mujeres. ✓ Tiempo de servicio: 20 años. ✓ Tasa de reemplazo: 75%. ✓ IBL que comprende: (i) el periodo del último año de servicio docente; y (ii) los factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son la asignación básica, los gastos de representación, las primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación, los dominicales y feriados, las horas extras, la bonificación por servicios prestados y el trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

2.3.3. Los docentes vinculados a través de órdenes o contratos de prestación de servicios. Tiempo de servicio útil para efectos del reconocimiento pensional

La jurisprudencia ha aceptado que cuando se trata de la labor docente la contratación por prestación de servicios se desnaturaliza y deja de tener el carácter de excepcional para suplir actividades de la entidad que no puede realizar con su personal de planta, tal como lo define el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y que, por lo tanto, a la luz del principio de «primacía de la realidad sobre las formalidades»

de excepcional para suplir actividades de la entidad que no puede realizar con su personal de planta, tal como lo define el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y que, por lo tanto, a la luz del principio de «primacía de la realidad sobre las formalidades» establecido en el artículo 53 Constitucional y por configurarse los elementos propios de esta vinculación da lugar al reconocimiento de una relación laboral.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Nubia Soto Mendoza

Demandado: Fomag

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En efecto, en sentencia de unificación CE -SUJ2-005-1624 el Consejo de Estado 2, luego de examinar la labor de la docencia a partir de su definición contenida en los artículos 2 del Decreto Ley 2277 de 1979 y 104 de la Ley 115 de 1994, que la prestación del servicio por parte del docente contratista no es independiente y, por el contrario, que es personal y subordinada a las instrucciones de las autoridades educativas y a los reglamentos del servicio público de educación. En tal virtud, se indicó que al existir una relación laboral le asistía el derecho al reconocimiento de sus derechos como trabajador, incluido el pago de las prestaciones sociales

Bajo estos parámetros el ejercicio de la función docente a través de la vinculación por contratos de prestación de servicios, por virtud de los principios de la primacía de la realidad sobre las formalidades, de favorabilidad y pro homine y por las características de la labor desempeñada en estos casos, permite su cómputo para efectos pensionales. Lo anterior porque la falta de vinculación como empleados públicos obedeció a un incumplimiento de un deber legal por parte del Estado que

características de la labor desempeñada en estos casos, permite su cómputo para efectos pensionales. Lo anterior porque la falta de vinculación como empleados públicos obedeció a un incumplimiento de un deber legal por parte del Estado que no puede afectar sus derechos laborales.

Valga precisar que esta interpretación no desconoce la necesidad de contar con los recursos necesarios para la financiación de la prestación, una vez esta sea reconocida; pues lo cierto es que, tal y como lo ha señalado esta corporación 3, en caso de que la administradora de pensiones observe que los valores no se ajustan a la ley, bien sea porque se omite el pago oportuno o el monto consignado es inferior, el ordenamiento jurídico colombiano prevé los mecanismos para asegurar su cumplimiento.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo señalado en el artículo 2 del Decreto 3752 de 2003 las prestaciones sociales de los docentes que se causen con anterioridad a la afiliación al Fomag, así como sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones están a cargo de la respectiva entidad territorial o de la entidad de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes . Por ello, la omisión en el pago de los aportes por los lapsos en los que los docentes estuvieron vinculados mediante relaciones contractuales es responsabilidad de la entidad que se benefició de los servicios del docente o de la administradora a la cual se efectuaron las cotizaciones. No obstante, tal situación impone al fondo la obligación de hacer uso

2 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado: 23001-2333-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16

2 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado: 23001-2333-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16 3 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de julio de 2022, radicado 25000-23-42000-201302380-01(2656-2014)Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Nubia Soto Mendoza

Demandado: Fomag

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de los mecanismos establecidos en la norma para adelantar los procesos de cobro coactivo o requerir el bono pensional.

3. Caso concreto

3.1 Hechos probados.

3.1.1 La demandante Nubia Soto Mendoza nació el 25 de noviembre de 1965, según se desprende de su registro civil de nacimiento, de manera que a la fecha de presentación de la demanda contaba con 55 años4.

3.1.2 De los contratos de prestación de servicios aportados y la certificación emanada de la Secretaría de Educación del municipio de Floridablanca, se concluye que la demandante se desempeñó como docente de este municipio desde el 21 de mayo de 1996 hasta el 11 de septiembre de 20025.

3.1.3 El certificado laboral indica que la demandante laboró como docente al servicio del municipio de Floridablanca a través de una relación legal y reglamentaria en provisionalidad en el periodo comprendido entre el 10 de marzo de 2003 y el 12 de

3.1.3 El certificado laboral indica que la demandante laboró como docente al servicio del municipio de Floridablanca a través de una relación legal y reglamentaria en provisionalidad en el periodo comprendido entre el 10 de marzo de 2003 y el 12 de julio de 2005 – 2 años, 4 meses, 2 días -. Posteriormente, mediante nombramiento en propiedad desde el 18 de julio de 2005 hasta la fecha.6

3.2 Análisis crítico.

4 Folio 35 del archivo 03 del expediente digital. 5 Folios 37 a 50 del archivo 03 del expediente digital. 6 Folios 51 a 55 del archivo 03 del expediente digital.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Nubia Soto Mendoza

Demandado: Fomag

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Antes de dar respuesta de fondo al recurso de apelación formulado, se precisa que en esta instancia procesal no se cuestiona el cumplimiento de la edad, sino únicamente el tiempo de servicios y la vinculación de la demandante con anterioridad a la Ley 812 de 2003.

Teniendo en cuenta lo pregonado por la entidad demandada en concordancia con las pruebas y fundamentos jurídicos y jurisprudenciales expuestos, la Sala confirmará la sentencia apelada al concluir que la demandante sí cumplió el tiempo de servicios para acceder a la pensión de jubilación.

Puntualmente, con relación al tiempo laborado por la demandante se evidencia que su vinculación como docente oficial se produjo con anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003 7, toda vez que el 10 de marzo de 2003 estaba vinculada en

Puntualmente, con relación al tiempo laborado por la demandante se evidencia que su vinculación como docente oficial se produjo con anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003 7, toda vez que el 10 de marzo de 2003 estaba vinculada en provisionalidad. Además, debe tenerse en cuenta el periodo en que prestó servicios como docente a través de contratos de prestación de servicios.

En efecto, los 20 años de servicios exigidos por la Ley 33 de 1985 se encuentran acreditados de la siguiente manera:

Tipo vinculación Periodo Contrato del 4 de febrero de 1999 3 meses Contrato del 12 de julio de 2000 10 meses Contrato del 17 de octubre de 2000 10 meses y 21 días Contrato 15 de febrero de 2001 3 meses Contrato de 17 de mayo de 2001 3 meses Contrato de 1 de octubre de 2001 2 meses Contrato de 31 de enero de 2001 2 meses Contrato 31 de enero de 2002 3 meses Contrato 2 de mayo de 2002 3 mese1 Contrato 2 de agosto de 2002 1 mes Contrato 11 de septiembre de 2002 3 meses Total 43 meses: equivalentes a 3.58 años

Tipo vinculación Periodo Total tiempo

7 26 de junio de 2003.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Nubia Soto Mendoza

Demandado: Fomag

Radicado No. 680013333012-2021-00052-01

Nombramiento en provisionalidad 10 de marzo de 2003 al 12 de julio de 2005

Demandado: Fomag

Radicado No. 680013333012-2021-00052-01

Nombramiento en provisionalidad 10 de marzo de 2003 al 12 de julio de 2005 2 años, 4 meses y 2 días Nombramiento en carrera 18 de julio de 2005 en adelante8 15 años, 4 meses y 23 días Total 17 años, 8 meses y 25 días

Lo anterior permite afirmar tal como lo constató el juez de primera instancia que la demandante al momento de solicitar el reconocimiento de la pensión ante la demandada ya cumplía con los requisitos de tiempo de servicio y edad, siendo este último presupuesto acreditado el 25 de noviembre de 2020, momento en el cual cumplió 55 años.

Se precisa que es irrelevante que el periodo anterior a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 hubiera sido en virtud de contratos y órdenes de prestación de servicios, y no a través de una vinculación legal y reglamentaria, por cuanto el beneficio del régimen de transición de la norma antes mencionada no establece condición alguna adicional al de haber tenido un vínculo al servicio público educativo oficial, bien sea como docente nacional, nacionalizado o territorial.

Por lo tanto , como respuesta al interrogante formulado, se considera que los tiempos de servicio bajo la modalidad contractual son válidos para el reconocimiento de la pensión solicitada, aunque no se haya discutido el reconocimiento de una posible relación laboral encubierta. Esto se debe a que los derechos la borales del docente contratista existen independientemente del tipo de vínculo mediante el cual se prestó el servicio, ya que al realizar el trabajo con la autorización del Estado existe una relación laboral efectiva que permite el reconocimiento de los derechos

docente contratista existen independientemente del tipo de vínculo mediante el cual se prestó el servicio, ya que al realizar el trabajo con la autorización del Estado existe una relación laboral efectiva que permite el reconocimiento de los derechos del trabajador, incluyendo el pago de prestaciones sociales.

Con relación a las cotizaciones que se realizaron o debieron realizarse en los periodos en que estuvo vinculada a través de contratos, le corresponderá al Fomag adelantar las actuaciones administrativas necesarias para recibir las cotizaciones en favor de la demandante, por los períodos en los que estuvo contratada a través de órdenes de prestación de servicios, en tanto, es un deber de la entidad acudir a los mecanismos legales para recaudar esas sumas de dinero necesarias para financiar la pensión. Así se desprende de la lectura de los artículos 2 de la Ley 33

8 La petición fue presentada el 11 de dic