TA SAN - Sentencia 680013333013-2015-00081-01 (24-04-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 680013333013-2015-00081-01

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: DANIEL VILLAMIZAR BASTO

juridica.villamizar508@gmail.com

DEMANDADO: NACION – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN

EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION

JUDICIAL

dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co; nurrear@cendoj.ramajudicial.gov.co; deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR

eavillamizar@procuraduria.gov.co

SENTENCIA No.: 091

TEMA: DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – MORA

JUDICAL – Otros

MAGISTRADA PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante Daniel Villamizar Basto y la parte demanda Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial contra la sentencia de primera instancia proferida el 12 de febrero de 20 16 por el Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, que accedió parcialmente las pretensiones de la demanda, previa la siguiente reseña:

I. ANTECEDENTES

Circuito de Bucaramanga, que accedió parcialmente las pretensiones de la demanda, previa la siguiente reseña:

I. ANTECEDENTES

1. Hechos1

El señor Daniel Villamizar Basto presentó una acción popular contra el Instituto Nacional de Vías y Otros el 06 de junio de 2001, correspondiendo su conocimiento al Tribunal Administrativo de Santander bajo el radicado 2001-01743.

1 Actuación núm. 36 de SAMAI – Archivo núm. 001.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Daniel Villamizar Basto

Demandado: Nación – Rama Judicial –

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

Radicado: 2015-00081-01

2

Posteriormente, con la en trada en funcionamiento de los juzgados administrativos de San Gil, fue remitida por competencia al Juzgado Administrativo Único de San Gil. Luego por medidas de descongestión fue remitida al Juzgado Administrativo de Descongestión de San Gil.

El 28 de octubre de 2011 se profirió sentencia de primera instancia amparando los derechos y negando el incentivo al actor popular.

El 13 de marzo de 2013 el Tribunal Administrativo de Santander dictó sentencia de segunda instancia, notificada el 21 de marzo del mismo año. Finalmente, mediante autos del 13 del 3 de julio de 2013 y 15 de octubre de 2023, se deniega la adición y aclaración de la sentencia, quedando ejecutoriada el 23 de octubre de 2013.

En ese orden de ideas, señor Daniel Villamizar Basto señalo que se incurrió una

aclaración de la sentencia, quedando ejecutoriada el 23 de octubre de 2013.

En ese orden de ideas, señor Daniel Villamizar Basto señalo que se incurrió una mora judicial injustificada de 12 años, contados a partir del vencimiento del término establecido en la Ley 472 de 1998.

2. Las pretensiones2

Con la demanda se pretendió, lo siguiente:

«PRIMERO: Se declaré administrativa y solidariamente responsable a la NACION RAMA JUDICIAL -DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, por los perjuicios ocasionados como consecuencia del defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia por el daño antijurídico que debió soportar DANIEL VILLAMIZAR BASTO, el cual no tenía la obligación jurídica de soportarlo, dentro de la Acción Popular de DANIEL VILLAMIZAR BASTO contra INSTITUTO NACIONAL DE VIAS "INVIAS" Y OTROS, adelantado en el Juzgado Administrativo de San Gil y Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de San Gil y Tribunal Administrativo de Santander, Radicado No. 2001/1743, por no tramitar y fallar el referido proceso de Acción Popular dentro de los términos perentorios e improrrogables establecidos en la Ley 472 de 1998.

SEGUNDO: Condenar a NACION - RAMA JUDICIAL -DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL a pagar a DANIEL VILLAMIZAR BASTO en calidad de afectadovictima directa, a título de perjuicios morales el equivalente en

2 Actuación núm. 36 de SAMAI – Archivo núm. 001.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

calidad de afectadovictima directa, a título de perjuicios morales el equivalente en

2 Actuación núm. 36 de SAMAI – Archivo núm. 001.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Daniel Villamizar Basto

Demandado: Nación – Rama Judicial –

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

Radicado: 2015-00081-01

3

pesos de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la Sentencia, o la máxima aceptado por la jurisprudencia, en su condición de afectado victima - directa, como consecuencia del defectuoso funcionamiento de la Administración de Justic ia a que fue sometido dentro de la Acción Popular de DANIEL VILLAMIZAR BASTO contra INSTITUTO NACIONAL DE VIAS "INVIAS" Y OTROS, adelantado en el Juzgado Administrativo de San Gil y Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de San Gil y Tribunal Administrativo de Santander, Radicado No. 2001/1743.

TERCERO: Condenar a la NACION -RAMA JUDICIAL -DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, a pagar a favor de DANIEL VILLAMIZAR BASTO los perjuicios materiales por perdida de oportunidad y lucro cesante consolidado debido y futuro, causados como consecuencia del defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia a que fue sometido dentro de la Acción Popular de DANIEL VILLAMIZAR BASTO contra INSTITUTO NACIONAL DE VIAS "INVIAS" Y OTROS, adelantado en el Jugado Administrativo de San Gil y Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de San Gil y Tribunal

Acción Popular de DANIEL VILLAMIZAR BASTO contra INSTITUTO NACIONAL DE VIAS "INVIAS" Y OTROS, adelantado en el Jugado Administrativo de San Gil y Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de San Gil y Tribunal Administrativo de Santander, Radicado No. 2001/1743, teniendo en cuenta las siguientes bases de liquidación:

-Ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2001 debidamente indexados y actualizados a la fecha del pago, a razón de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($286.000 M/CTE) que era el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2001 y era lo ord enado en el artículo 39 de la Ley 472 de 1998 y el cual tenía derecho el actor popular en las acciones populares.

-La fórmula de matemáticas financieras, teniendo en cuenta la indemnización debida o consolidada para liquidar estos perjuicios materiales, en su modalidad de lucro cesante debido o futuro.

-Para un total por perjuicios materiales por perdida de oportunidad de Daniel Villamizar Basto de haber obtenido el incentivo económico ordenado en el Artículo 39 de la Ley 472 del 1998 por no tramitar y fa llar la Acción Popular dentro de los términos perentorios e improrrogables establecidos en la Ley 472 de 1998, antes de que entrara en vigencia la Ley 1425 de 2010 que derogo el incentivo reconocido al Actor Popular, y que trajo como consecuencia el lucro cesante debido o consolidado y futuro de SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($76.215.931 M/CTE).Reparación Directa

consolidado y futuro de SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($76.215.931 M/CTE).Reparación Directa

Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Daniel Villamizar Basto

Demandado: Nación – Rama Judicial –

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

Radicado: 2015-00081-01

4

CUARTO: Condenar a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a pagar a Daniel Villamizar Basto en calidad de afectadovictima directa, a título de "daño a la Salud" el equivalente en pesos de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la Sentencia, o la máxima aceptada por la jurisprudencia en su condición de afectado - victima directa, como consecuencia de los daños a la salud que trajo el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia a que fue sometido dentro de la Acción Popular de Daniel Villamizar Basto contra INSTITUTO NACIONAL DE VIAS "INVIAS" Y OTROS, adelantado en el Juzgado Administrativo de San Gil, y Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de San Gil y

Tribunal Administrativo de Santander, Radicado No. 2001/1743.

QUINTO: Condenar a la NACIONRAMA JUDICIAL -DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL a pagar a Daniel Villamizar Basto en calidad de afectado - victima directa, a título de daño por vulneración o afectación relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados (debido

ADMINISTRACION JUDICIAL a pagar a Daniel Villamizar Basto en calidad de afectado - victima directa, a título de daño por vulneración o afectación relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados (debido proceso, acceso a la Administración de Justicia y los demás que se logren probar) el equivalente en pesos de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la Sentencia, o lo máximo aceptado por la jurisprudencia, en su condición de afectado victima - directa, como consecuencia del defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia a que fue sometido dentro de la Acción Popular de DANIEL VILLAMIZAR BASTO contra INSTITUTO NACIONAL DE VIAS "INVIAS" Y OTROS, adelantado en el Juzgado Administrativo de San Gil y Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de San Gil y Tribunal Administrativo de Santander, Radicado No. 2001/1743».

3. Contestación de la demanda

3.1. La parte demandada , Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 3, compareció a través de apoderado judicial, quien se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda . Para el efecto, argumentó que el derecho de acción había caducado, que se había realizado una correcta aplicación del ordenamiento jurídico y que no se había producido ningún daño antijuridico.

3 Actuación núm. 36 de SAMAI– Archivo núm. 007.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Daniel Villamizar Basto

Demandado: Nación – Rama Judicial –

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

Radicado: 2015-00081-01

Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Daniel Villamizar Basto

Demandado: Nación – Rama Judicial –

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

Radicado: 2015-00081-01

5

Además, propuso las excepciones previas que denominó: «caducidad el medio de control», «cosa juzgada», «inexistencia del daño antijuridico» y «la rama judicial actuó adecuadamente».

II. LA SENTENCIA APELADA4

El Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga en la sentencia del 12 de febrero de 20 16, resolvió acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte demandante.

Para fundamentar su decisión, el juez de primera instancia señaló que las acciones populares de carácter preventivo deben tramitarse de manera preferencial por el juez competente, con prelación sobre los demás procesos a su cargo, salvo el hábeas corpus, la acción de tutela o la acción de cumplimiento. Dado que la acción popular tiene como finalidad la prevención del r iesgo o amenaza que efecto un interés o derecho colectivo.

En ese sentido, precisó que dicha característica fue desatendida en el trámite y resolución de la acción popular radicada bajo el número 2001-01743. Ya que, si bien la acción fue admitida en un plazo razonable, la vinculación de un tercero tardó más de dos años, lo que provocó el estancamiento del proceso sin que existiera una justificación válida para dicha demora. Asimismo, señaló que determinar la competencia del proceso tomó más de 5 años trasladando el expediente de un lado a otro.

de dos años, lo que provocó el estancamiento del proceso sin que existiera una justificación válida para dicha demora. Asimismo, señaló que determinar la competencia del proceso tomó más de 5 años trasladando el expediente de un lado a otro.

Precisó además que en la acción popular no se practicaron peritajes ni se practicaron pruebas complejas que justificaran la dilación. En consecuencia, concluyó que la Rama Judicial está en la obligación de reparar el perjuicio causado a quien no tenía el deber jurídico de soportarlo, pues el daño es imputable a los despachos judiciales que adelantaron el proceso.

En conclusión, se determinó que existió una mora injustificada en el trámite del caso, la cual ocasionó un perjuicio al señor Daniel Villamizar Basto, siendo responsable la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva. Esto debido al incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Constitución Política y las leyes, ya que la parte

4 Proceso de Origen - Expediente de origen – Actuación núm. 70 de SAMAI.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Daniel Villamizar Basto

Demandado: Nación – Rama Judicial –

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

Radicado: 2015-00081-01

6

actora demostró diligencia en todo momento, cubrió los gastos procesales requeridos y presentó múltiples memoriales solicitando el avance del proceso.

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

1. La parte demand ada, Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial5, presentó recurso de apelación, en el cual solicitó que se

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

1. La parte demand ada, Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial5, presentó recurso de apelación, en el cual solicitó que se revoque la decisión de primera instancia y se declare que no es responsable de los daños alegados.

En su argumentación, sostuvo que las decisiones judiciales cuestionadas fueron emitidas conforme a la ley, aplicando las normas procesales y sustanciales vigentes tanto en primera como en segunda inst ancia, que llevaron a la solución de la litis con la declaración del derecho a favor de la parte interviniente, sin que ello implique un daño antijurídico.

Asimismo, señaló que el supuesto daño alegado por el actor es consecuencia directa de una causa imputable a este mismo, pues la afectación reclamada se deriva exclusivamente de la pérdida del incentivo contemplado en los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998, los cuales fueron derogados por la Ley 1425 de 2010, y no de la actuación del aparato jurisdiccional en el trámite de la acción popular.

En consecuencia, concluyó que las presuntas afectaciones psíquicas y mentales alegadas por el actor fueron un efecto colateral de la pérdida del incentivo económico pretendido. Aunado a ello, precisó que no se allegó prueba idónea que acreditara las afecciones alegadas , ya que los testimonios recaudados no correspondían a testigos técnicos o peritos con la competencia necesaria para certificar la existencia de tales perjuicios. Por lo tanto, estimó que no se probó la existencia de un daño antijurídico atribuible a la entidad.

correspondían a testigos técnicos o peritos con la competencia necesaria para certificar la existencia de tales perjuicios. Por lo tanto, estimó que no se probó la existencia de un daño antijurídico atribuible a la entidad.

2. La parte dema ndante6, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, proferida el 12 de febrero de 2016, y contra la sentencia complementaria del 19 de mayo de 2016, solicitando que se concedieran la totalidad de las pretensiones de la demanda.

5 Actuación núm. 36 de SAMAI – Archivo núm. 026. 6 Actuación núm. 36 de SAMAI - Archivo núm. 029 y 031.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Daniel Villamizar Basto

Demandado: Nación – Rama Judicial –

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

Radicado: 2015-00081-01

7

Señaló no estar de acuerdo con la cuantía asignada por el juez de primera instancia respecto de los perjuicios materiales, ya que este desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la pérdida de oportunidad relacionada con la demanda.

Al respecto, precisó que el artículo 39 de la Ley 472 de 1998 estuvo vigente hasta el 28 de diciembre de 2010, estableciendo un incentivo obligatorio que debía fijarse en las sentencias de acción popular que concedieran las pretensiones de la demanda.

Sostuvo que perdió este derecho debido al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, que no tramitó ni dictó sentencia dentro de los términos

en las sentencias de acción popular que concedieran las pretensiones de la demanda.

Sostuvo que perdió este derecho debido al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, que no tramitó ni dictó sentencia dentro de los términos perentorios e improrrogables ordenados en la Ley 472 de 1998, antes de la entrada en vigor de la Ley 1425 de 2010 el 29 de diciembre de 2010. Como consecuencia, alegó haber perdido el incentivo en su monto máximo, según lo previsto en la Ley 472 de 1998.

Adicionalmente, sostuvo que el juzg ador no podía partir del monto mínimo al conceder la indemnización, ya que la jurisprudencia vigente sobre la pérdida de oportunidad establece que debe partirse del máximo beneficio o provecho posible, es decir, 150 SMLMV, para luego determinar la probabilidad de obtener dicha utilidad económica.

IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El proceso fue asignado en estricto reparto el 8 de febrero de 2016 al Despacho 05 de esta Corporación. Mediante auto del 12 de septiembre de 2016 admitió el recurso de apelación y se concedió a las partes y al Ministerio Público la oportunidad de pronunciarse al respecto.

Posteriormente, el Magistrado a cargo se declaró impedido, al igual que los demás Magistrados de esta Corporación para la fecha. En consecuencia, el expediente fue remitido al Consejo de Estado para que resolviera el impedimento, el cual fue declarado fundado.

Seguidamente, se fijó fecha y hora para el sorteo de conjueces, resultando designado la Dra. Luz María Bermúdez Lozano. Posteriormente, el proceso fueReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

declarado fundado.

Seguidamente, se fijó fecha y hora para el sorteo de conjueces, resultando designado la Dra. Luz María Bermúdez Lozano. Posteriormente, el proceso fueReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Daniel Villamizar Basto

Demandado: Nación – Rama Judicial –

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

Radicado: 2015-00081-01

8

enviado a la Oficina Judicial para ser sorteado nuevamente entre los Magistrados que no estuvieran impedi dos para asumir su conocimiento dentro de esta Corporación.

Mediante acta de reparto del 28 de marzo de 2025, el proceso fue asignado a este Despacho. De este trámite se destaca:

1. La parte demandada, Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva7, solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2. La parte demandante8, pidió que se confirme la sentencia de primera instancia y que se acceda a lo solicitado en el recurso de apelación . Para ello reforzó lo s argumentos expuestos en el escrito de la demanda y en el recurso de apelación.

3. La Representante del Ministerio Público no emitió concepto.

V. CONSIDERACIONES

1. De la competencia

De conformidad con el artículo 153 del CPACA, los Tribunales Administrativos son competentes para conocer en segunda instancia las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial. En consecuencia, la Sala procede a resolver la presente controversia en segunda instancia.

competentes para conocer en segunda instancia las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial. En consecuencia, la Sala procede a resolver la presente controversia en segunda instancia.

2. De los límites de la apelación

Para responder a los problemas jurídicos que se plantearán a continuación, la Sala, en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, ceñirá su competencia a los argumentos expuestos p or las partes en sus recursos de apelación. Además, se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches formulados.

7 Actuación núm. 36 de SAMAI - Archivo núm. 043. 8Actuación núm. 36 de SAMAI - Archivo núm. 043. .Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Daniel Villamizar Basto

Demandado: Nación – Rama Judicial –

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

Radicado: 2015-00081-01

9

3. Problemas jurídicos

La Sala procede a fijar los siguientes problemas jurídicos teniendo en cuenta el objeto de las apelaciones9, los cuales se circunscriben a determinar si:

PJ 01 ¿Se configuró un daño antijurídico en perjuicio del actor, como consecuencia de la mora judicial atribuible al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, que derivó en la pérdida del incentivo económico previsto en el artículo 39 de la Ley 472 de 1998, derogado por la Ley 1425 de 2010, al no haber sido tramitada dentro de los términos legales la Acción Popular con radicado núm. 2001-01743,

de la Ley 472 de 1998, derogado por la Ley 1425 de 2010, al no haber sido tramitada dentro de los términos legales la Acción Popular con radicado núm. 2001-01743, dentro de la cual fungía aquel como accionante?

De ser positiva la respuesta,

PJ 02 ¿El quantum de los perjuicios reconocidos en primera instancia debió realizarse partiendo del máximo beneficio económico que el actor hubiese podido obtener en virtud de lo previsto en el artículo 39 de la Ley 472 de 1998 o, por el contrario, la suma reconocida se ajusta al precedente del H. Consejo de Estado?

4. Marco normativo y jurisprudencial

4.1. Responsabilidad extracontractual del Estado y sus elementos para su configuración.

El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, establece una cláusula general de responsabilidad en cabeza del Estado, por aquellos daños antijurídicos causados por la acción u omisión imputable a sus agentes.

Dentro de dicha disposición de orden constitucional, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha encasillado, dos elementos de responsabilidad a tener en cuenta, tales como el daño antijurídico y la imputación10.

Por daño antijuridico se ha dicho, que el mismo:

9 Artículo 328 del CGP. 10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sub sección C. Sentencia del 9 de mayo de 2012. Expediente con radicación interna 23300. C. P. Dra. Olga Mélida Valle de la Hoz.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Daniel Villamizar Basto

Demandado: Nación – Rama Judicial –

9 de mayo de 2012. Expediente con radicación interna 23300. C. P. Dra. Olga Mélida Valle de la Hoz.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Daniel Villamizar Basto

Demandado: Nación – Rama Judicial –

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

Radicado: 2015-00081-01

10

«Consistirá siempre en la lesión patrimonial o extra -patrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar. En este sentido, el daño ocasionado a un bien jurídicamente tutelado impone el deber de indemnizar el consecuente detrimento con el objetivo de garantizar el principio de igualdad ante las cargas públicas»11.

En cuanto a la imputación, la misma se instituye como la «atribución de la respectiva lesión»; en consecuencia:

«la denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinad o perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política» 

Por lo tanto, una vez definidos y acreditados los elementos de la responsabilidad, el juzgador procede a la tasación económica del daño, en la materialización de perjuicios, los cuales pueden ser de orden material (Daño e mergente-Lucro cesante) o inmaterial (Daño moral, Daño a la Salud), teniendo en cuenta las particularidades de cada caso.

perjuicios, los cuales pueden ser de orden material (Daño e mergente-Lucro cesante) o inmaterial (Daño moral, Daño a la Salud), teniendo en cuenta las particularidades de cada caso.

4.2. Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia

En materia de hechos acaecidos con ocasión de las funciones desplegadas por la administración de justicia, el ordenamiento jurídico colombiano se ha caracterizado por enervar, de manera específica, tres categorías de imputación, denominadas: error jurisdiccional, privación injusta de la libertad y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia12.

Respecto del régimen de responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, los artículos 65 y 69 de la l ey 270 de 1996 establecen:

11 Ibíd. 12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 3 de octubre de

2007. Expediente con radicación interna 22655. C. P. Dra. Ruth Stella Correa Palacios.Reparación Directa

Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Daniel Villamizar Basto

Demandado: Nación – Rama Judicial –

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

Radicado: 2015-00081-01

11

«ARTÍCULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la

causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.»

«ARTÍCULO 69. DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación».

En relación con el indebido funcionamiento de la Admin istración de Justicia, es necesario señalar que este a diferencia del error judicial, se produce en las actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales. Dentro de este concepto, están comprendidas t odas las acciones u omisiones constitutivas de falla, que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia y puede provenir, no sólo de los funcionarios, sino también de los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, d e los empleados judiciales, de los agentes y de los auxiliares judiciales.

Al respecto, el Consejo de Estado13 fijó lo siguiente requisitos para que se verifique el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia:

1. Se produce frente a actuaciones u omisiones, diferentes a las decisiones judiciales, necesarias para adelantar un proceso o ejecutar una providencia.

1. Puede provenir de los funcionarios judiciales, particulares que ejerzan facultades jurisdiccionales, empleados, agentes o auxiliares de la justicia.

providencia.

1. Puede provenir de los funcionarios judiciales, particulares que ejerzan facultades jurisdiccionales, empleados, agentes o auxiliares de la justicia.

13 Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia del 21 de septiembre de 2017. Radicación No. 25000233600020140109701 (55999), C. P. Ramiro Pazos.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Daniel Villamizar Basto

Demandado: Nación – Rama Judicial –

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

Radicado: 2015-00081-01

12

1. Debe tener un funcionamiento anormal, partiendo de una comparación de lo que debería considerarse como un ejercicio adecuado de la función judicial.

4.3. Plazo razonable en los trámites judiciales, como fundamento de responsabilidad patrimonial del Estado

El debido proceso, como principio y garantía ínsita en los procedimientos judiciales, tiene su arista fundamental en el artículo 29 Constitucional. También tiene arraigo en normas int ernacionales aprobadas por el Estado Colombiano – Tratados, concretamente, en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos – llamado Pacto de San José de Costa Rica -, aprobado en la Ley 16 de 30 de diciembre de 1972, aplicado en el ordenamiento interno en virtud del artículo 93 de la Constitución Política, es decir, conforme al bloque de constitucionalidad, según el cual, los tratados y convenios internacionales aprobados por el Congreso, que reconocen derechos humanos, prevalecen en el orden interno y los derechos (como el debido proceso) y deberes estipulados en la Carta Superio r y tratado s internacionales.

reconocen derechos humanos, prevalecen en el orden interno y los derechos (como el debido proceso) y deberes estipulados en la Carta Superio r y tratado s internacionales.

Siendo así, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, dispone en el artículo 8º numeral 1º, que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial. Lo anterior implica, entre otras cosas, que los procesos o procedimientos que se surtan al interior de cada Estado deben efectuar se sin dilaciones injustificadas.

En concordancia con lo anterior, el artículo 29 Constitucional estipula:

«ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leye s preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley per