TA SAN - Sentencia 680013333013-2015-00225-01 (24-04-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Mag. Ponente IVÁN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA

Bucaramanga, abril veinticuatro (24) de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Exp. No. 680013333013-2015-00225-01

DEMANDANTE: LUCERO ORDOÑEZ CARRANZA Y OTROS

DEMANDADO: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y

CARCELARIO – INPEC.

NACIÓN-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHO

PAR CAPRECOM LIQUIDADO

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

LLAMADOS EN

GARANTÍA:

LIBERTY SEGUROS S.A.

PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

CORREOS

ELECTRINICOS:

anidsas@hotmail.com notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co cquijanor@hotmail.com juridico@cqabogadosconsultores.com dpa.abogados@gmail.com eimar36@gmail.com agonzalez@gonzalezmebarakconsultoresjuridicos.co notificacionesjudiciales@parcaprecom.com.co gertrudisrueda@hotmail.com

MINISTERIO

PÚBLICO:

JESÚS EDUARDO RODRIGUEZ OROZCO

PROCURADOR 47 JUDICIAL II

procjudadm47@procuraduria.gov.co

MEDIO DE

CONTROL:

REPARACIÓN DIRECTA

LINK

EXPEDIENTE:

2015-00225-01

Se decide el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante y la parte demandadaPAR Caprecom Liquidada contra la sentencia proferida por

REPARACIÓN DIRECTA

LINK

EXPEDIENTE:

2015-00225-01

Se decide el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante y la parte demandadaPAR Caprecom Liquidada contra la sentencia proferida por el Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, el día 24 de marzo de 2020, en cuanto accedió parcialmente las súplicas de la demanda.

De la Demanda

En ejercicio del medio de control de Reparación Directa previsto en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, acuden a esta jurisdicción los señores LUCERO ORDROÑEZ CARRANZA, RAUL ALFREDO ORDROÑEZ CARRANZA, en calidad de hijos de la víctima ANGELLY MICHELL ORDOÑEZ CORREA, DIANA YADIRA PEÑA ORDOÑEZ, ELIZABETH PEÑA ORDOÑEZ y CINCY YULIETH PEÑA ORDOÑEZ en calidad de nietas de la víctima, actuando a nombre propio en contra del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC,Sentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333013-2015-00225-01

2 a la NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHO, al PAR CAPRECOM LIQUIDADO y a la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER , a efecto de obtener un pronunciamiento frente a las siguientes

Pretensiones:

Con la demanda se solicita se declare solidariamente responsable al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, a la NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHO , al PAR CAPRECOM

Pretensiones:

Con la demanda se solicita se declare solidariamente responsable al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, a la NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHO , al PAR CAPRECOM LIQUIDADO y a la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER por la muerte de su familiar JAIME ORDOÑEZ GÓMEZ ocasionada, según la demanda, por una falla en la prestación del servicio de salud durante su tiempo de reclusión en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad - Cárcel Modelo de Bucaramanga.

Como consecuencia de la anterior declaración, los demandantes pretenden se pague a cada uno las siguientes sumas por concepto de perjuicios morales: • 100 SMLMV a los señores RAUL ALFREDO ORDOÑEZ CARRANZA y LUCERO ORDOÑEZ CARRANZA en su calidad de hijos de la víctima. • 50 SMLMV a los siguientes ANGELLY MICHEL ORDOÑEZ CORREA,

DIANA YADIRA PEÑA ORDOÑEZ, ELIZABETH PEÑA ORDOÑEZ, CINDY JULIETH PEÑA ORDOÑEZ y HELIANA ALEJANDRA PEÑA ORDOÑEZ en calidad de nietas.

Finalmente, solicitan que los dineros sean pagados y actualizados en la forma prevista en los Arts. 192 a 195 de la Ley 1437 de 2011 y se condene en costas y agencias en derecho a las demandadas.

Hechos.

La demanda refiere como tales, los siguientes:

1. El señor Jaime Ordóñez Gómez, de 72 años, fue detenido en Tame

(Arauca) y recluido inicialmente en la Estación de Policía local.

Hechos.

La demanda refiere como tales, los siguientes:

1. El señor Jaime Ordóñez Gómez, de 72 años, fue detenido en Tame

(Arauca) y recluido inicialmente en la Estación de Policía local.

2. Antes de su captura, presentaba graves problemas de salud, incluyendo enfermedad coronaria e hipertrofia prostática, y fue remitido por su médico al Hospital Universitario de Santander (Bucaramanga) para tratamiento urgente.

3. La EPS COMPARTA programó su cita en urología para el 4 de abril de 2012 en dicho hospital.Sentencia de Segunda Instancia

Expediente No. 680013333013-2015-00225-01

3

4. Tras su captura, la EPS encargada de su atención médica pasó a ser

CAPRECOM.

5. El 26 de marzo de 2012, a través de su apoderada, solicitó al INPEC su traslado para recibir el tratamiento médico en Bucaramanga.

6. Ante la falta de respuesta del INPEC, su hija Lucero Ordóñez interpuso acción de tutela el 29 de marzo de 2012.

7. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Arauca admitió la tutela y ordenó el traslado urgente del señor Ordóñez.

8. El 3 de abril de 2012 fue finalmente trasladado a Bucaramanga, asistió a su cita médica y fue recluido en la Cárcel Modelo de dicha ciudad.

9. En diciembre de 2012 fue remitido a la Clínica Cardiovascular de Santander por enfermedad coronaria avanzada.

10. En febrero de 2013 sufrió un primer infarto y fue trasladado al hospital,

9. En diciembre de 2012 fue remitido a la Clínica Cardiovascular de Santander por enfermedad coronaria avanzada.

10. En febrero de 2013 sufrió un primer infarto y fue trasladado al hospital, aunque el INPEC solo lo hizo efectivo el 28 de febrero, día en que ocurrió el paro cardiorrespiratorio.

11. El 25 de febrero de 2013 se ordenaron exámenes cardíacos especializados, pero CAPRECOM los autorizó hasta el 6 de marzo, sin efectuar el pago correspondiente.

12. El 13 de marzo de 2013 su hija interpuso otra tutela contra CAPRECOM e INPEC por la no realización de dichos exámenes.

13. El Juzgado Séptimo Administrativo de Bucaramanga ordenó como medida provisional la práctica inmediata de los exámenes.

14. CAPRECOM se negó a cumplir, alegando falta de autorización de pago y apeló el fallo judicial.

15. El 25 de marzo de 2013 el señor Ordóñez sufrió un segundo infarto sin que se le hubiesen realizado los exámenes, lo que motivó la solicitud de un incidente de desacato.

16. El 10 de abril de 2013 se notificó a la parte accionante que el fallo de tutela había sido apelado por CAPRECOM e INPEC.

17. A pesar de las recomendaciones médicas de ingreso a UCI coronaria, CAPRECOM no autorizó ni gestionó dicho tratamiento.

18. El señor Jaime Ordóñez Gómez falleció el 17 de abril de 2013, sin haber recibido los exámenes ni el tratamiento adecuado ordenado por los médicos.

Fundamentos de derecho:

Los demandantes señalan que se configuró una falla en el servicio originada en el

recibido los exámenes ni el tratamiento adecuado ordenado por los médicos.

Fundamentos de derecho:

Los demandantes señalan que se configuró una falla en el servicio originada en el la perdida de oportunidad que tuvo el señor Jaime Ordoñez Gómez al no recibidoSentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333013-2015-00225-01

4 los exámenes ni el tratamiento adecuado ordenado por los médicos tratantes, convirtiendo el hecho en la causa eficiente del daño, tanto para la victima directa como para sus familiares.

Contestación a la Demanda

La Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso, entre otras, la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, la cual fue resuelta por este Despacho durante la audiencia inicial celebrada el 5 de julio de 2018, declarándose probada. En consecuencia, dicha entidad fue desvinculada del presente proceso, razón por la cual resulta innecesario pronunciarse sobre los demás argumentos expuestos en su escrito de contestación.

La ESE Hospital Universitario de Santander – HUS se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que no tiene responsabilidad en el hecho dañoso alegado, dado el estado crítico de salud en el que se encontraba el paciente Jaime Ordóñez Gómez al momento de su ingreso.

Indicó que el paciente fue remitido al hospital debido a la severidad de su patología, siendo diagnosticado con enfermedad coronaria multivaso, lo que motivó su presentación ante una junta médico-quirúrgica, la cual, mediante acta

Indicó que el paciente fue remitido al hospital debido a la severidad de su patología, siendo diagnosticado con enfermedad coronaria multivaso, lo que motivó su presentación ante una junta médico-quirúrgica, la cual, mediante acta del 8 de abril de 2013, r ecomendó una revascularización quirúrgica del miocardio. En consecuencia, se solicitaron y realizaron exámenes prequirúrgicos, los cuales fueron remitidos para valoración por la junta médica correspondiente, incluyendo un electroencefalograma con resultado no patológico.

La entidad señaló que, desde el ingreso, el paciente fue catalogado como de alto riesgo vital, por lo que el cuerpo médico insistió en la necesidad de manejo en UCI coronaria, ante el alto riesgo de complicaciones y mortalidad a corto plazo. No obstante, responsabilizó a la EPS CAPRECOM por la omisión en la práctica de exámenes esenciales, particularmente la arteriografía coronaria con cateterismo y angioplastia con implantación de stent intracoronario, procedimiento que, si bien fue autorizado, no fue cubierto económicamente, impidiendo así su realización, pese a existir una orden judicial en sede de tutela y un incidente de desacato.

Además, el HUS sostuvo que la responsabilidad del personal médico no consiste en garantizar resultados, sino en prestar el servicio con diligencia,Sentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333013-2015-00225-01

5 prudencia y conocimiento técnico, conforme a las posibilidades reales del caso y a los principios de la lex artis médica. En ese sentido, afirmó que los profesionales actuaron con idoneidad, atendiendo las necesidades del paciente

5 prudencia y conocimiento técnico, conforme a las posibilidades reales del caso y a los principios de la lex artis médica. En ese sentido, afirmó que los profesionales actuaron con idoneidad, atendiendo las necesidades del paciente y cumpliendo los protocol os médicos establecidos, sin que exista prueba que acredite una falla en la prestación del servicio por parte del Hospital.

La Caja de Previsión Social de las Comunicaciones – CAPRECOM EPS se pronunció frente a la demanda oponiéndose a las pretensiones, al considerar que no le asiste responsabilidad en los hechos que se le imputan.

En su defensa, argumentó que para la época de los hechos la entidad mantenía vigentes contratos con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) que atendieron los procedimientos requeridos por el señor Jaime Ordóñez Gómez. Afirmó que en ningú n momento se negó la prestación del servicio de salud, y que, por el contrario, se expidieron oportunamente las órdenes médicas necesarias, conforme a las indicaciones de los especialistas. En respaldo de lo anterior, señaló que las órdenes y contratos apo rtados al proceso constituyen prueba suficiente de ello.

Sostuvo que la eventual responsabilidad recae sobre las IPS que brindaron directamente la atención médica al paciente, y sobre la institución penitenciaria, la cual tenía el deber de velar por su bienestar conforme a sus funciones administrativas, esto es, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC.

Propuso, además, la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, aduciendo que la custodia, vigilancia y gestión de la atención médica del interno correspondía al Centro Penitenciario y Carcelario – Cárcel Modelo de

Propuso, además, la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, aduciendo que la custodia, vigilancia y gestión de la atención médica del interno correspondía al Centro Penitenciario y Carcelario – Cárcel Modelo de Bucaramanga, en coordinaci ón con la IPS contratada, ESE Hospital Universitario de Santander – HUS.

Fundamentó su posición en el Decreto 1141 del 1 de abril de 2009, que regula la afiliación de la población reclusa al Sistema General de Seguridad Social en Salud, señalando que CAPRECOM cumplió a cabalidad con su función de garantizar la prestación del se rvicio médico, lo cual –afirmó– consta en sus aplicativos internos y en las respectivas autorizaciones emitidas para que el paciente fuese atendido por las IPS correspondientes.

Agregó que la solicitud de citas, programación de controles y autorización de salidas fuera del establecimiento carcelario eran funciones exclusivas del Departamento de Sanidad del Centro Penitenciario. Finalmente, indicó que laSentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333013-2015-00225-01

6 atención médica, incluidas las urgencias, fue brindada directamente por el Hospital Universitario de Santander, por lo que, en su criterio, es esta entidad la que debe responder por el presunto hecho dañoso.

El Patrimonio Autónomo de Remanentes CAPRECOM en Liquidación – PAR CAPRECOM fue vinculado con posterioridad al inicio del trámite procesal, en calidad de sucesor procesal de la extinta CAPRECOM EPS, en virtud del proceso de liquidación de esta última. Al comparecer al proceso, reiteró los argumentos expuestos previamente por dich a entidad en su escrito de contestación.

en calidad de sucesor procesal de la extinta CAPRECOM EPS, en virtud del proceso de liquidación de esta última. Al comparecer al proceso, reiteró los argumentos expuestos previamente por dich a entidad en su escrito de contestación.

El Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario – INPEC-, contestó por fuera del termino

La Previsora S.A. Compañía de Seguros , en atención al llamamiento en garantía formulado por la ESE Hospital Universitario de Santander – HUS, se pronunció en relación con los hechos y pretensiones de la demanda, manifestando su adhesión a las excepciones propuestas por la entidad hospitalaria.

Respecto al llamamiento en garantía, señaló que debía tenerse en cuenta el límite de responsabilidad contractual derivado del coaseguro pactado, y explicó que las Pólizas de Seguro de Responsabilidad Civil Nos. 1007018 y 1008367 fueron expedidas bajo la mo dalidad de coaseguro entre compañías, con la siguiente distribución: Previsora S.A. cubre el 83% y Liberty Seguros S.A. el 17%, estableciéndose además un deducible del 2%. En tal sentido, indicó que, en el eventual e improbable caso de que se profiera condena, su obligación se limitaría exclusivamente al porcentaje de cobertura que le corresponde.

Finalmente, advirtió que la eventual condena debe estar sujeta a las condiciones generales y particulares de la Póliza No. 1008367, las cuales establecen, además del deducible ya mencionado, un sublímite de $400.000.000 anuales para la cobertura de perjuic ios extrapatrimoniales, límites que, en su criterio, deben ser tenidos en cuenta al momento de determinar cualquier responsabilidad indemnizatoria.

cobertura de perjuic ios extrapatrimoniales, límites que, en su criterio, deben ser tenidos en cuenta al momento de determinar cualquier responsabilidad indemnizatoria.

Liberty Seguros S.A., aseguradora igualmente llamada en garantía al proceso por la ESE Hospital Universitario de Santander – HUS, se pronunció reiterando los argumentos expuestos por el llamante. No obstante, en relación con el llamamiento en garantía, alegó que la oportunidad procesal para su vinculación se encontraba precluida, dado que entre la fecha del auto que admitió la vinculaciónSentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333013-2015-00225-01

7 (12 de mayo de 2016) y la fecha en que le fue notificada dicha providencia (5 de junio de 2017), transcurrieron más de seis meses, superando así el término legal.

En cuanto al fondo del asunto, explicó que los contratos de seguro Nos. 1007018 y 1008367 fueron pactados bajo la modalidad “claims made”, es decir, cobertura condicionada a que el reclamo se formule dentro de la vigencia de la póliza. En ese sentido, manifestó que los hechos presuntamente generadores del daño ocurrieron durante la vigencia de la póliza No. 1007018 (17 de abril de 2013), pero la reclamación fue formulada ante la ESE HUS el 23 de abril de 2015, cuando ya había finalizado el período de cobertura, por lo que no se configura obligación indemnizatoria.

Asimismo, indicó que frente a la póliza No. 1008367, la reclamación fue presentada antes del inicio de su vigencia, fijada a partir del 12 de mayo de 2015,

indemnizatoria.

Asimismo, indicó que frente a la póliza No. 1008367, la reclamación fue presentada antes del inicio de su vigencia, fijada a partir del 12 de mayo de 2015, lo que también excluye la cobertura del siniestro.

Finalmente, resaltó que las pólizas en cuestión establecen límites de cobertura que restringen el monto asegurado en caso de una eventual condena. En particular, la póliza No. 1007018 contempla cobertura por daños morales hasta por $500.000.000, mientras q ue la póliza No. 1008367 incluye un sublímite de $400.000.000 por evento, dentro del agregado anual para perjuicios extrapatrimoniales. Aclaró que dicho sublímite no implica un incremento en la suma asegurada global, sino que delimita el monto máximo cubierto para ese tipo específico de perjuicios.

Sentencia de Primera Instancia

Fue proferida por el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Bucaramanga el 24 de marzo de 2020 , a través de la cual se accedieron parcialmente a las pretensiones de la demanda de la siguiente manera:

“PRIMERO: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable al PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES CAPRECOM LIQUIDADOPAR CAPRECOM por la pérdida de oportunidad del señor JAIME ORDOÑEZ GÓMEZ de sobrevivir.

SEGUNDO: Se CONDENA al PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES CAPRECOM LIQUIDADO – PAR CAPRECOM a pagar por concepto de perjuicios morales a favor de las siguientes personas y los siguientes valores:

Nombre Parentesco Folio Smlmv

SEGUNDO: Se CONDENA al PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES CAPRECOM LIQUIDADO – PAR CAPRECOM a pagar por concepto de perjuicios morales a favor de las siguientes personas y los siguientes valores:

Nombre Parentesco Folio Smlmv

RAÚL ALFREDO

ORDOÑEZ CARRANZA Hijo 24 80

LUCERO ORDOÑEZ Hija 23 80Sentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333013-2015-00225-01

8

CARRANZA

ANGELLY MICHEL

ORDOÑEZ CORREA Nieta 25 40

DIANA YADIRA PEÑA ORDOÑEZ Nieta 26 40

ELIZABETH PEÑA ORDOÑEZ Nieta 27 40

CINDY JULIETH PEÑA ORDOÑEZ Nieta 28 40

HELIANA ALEJANDRA

PEÑA ORDOÑEZ Nieta 29 40

TERCERO: ABSTÉNGASE de condenar a la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO

DE SANTANDER, INSTITUTO CARCELARIO Y PENITENCIARIO – INPEC y a las aseguradoras PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS y LIBERTY SEGUROS S.A, por las razones expuestas en la parte motiva.

CUARTO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda

QUINTO: Se condena en costas a la parte demandada, conforme las previsiones de la parte motiva.”

El despacho concluyó que, en el caso del señor Jaime Ordóñez Gómez, se configuró una falla en la prestación del servicio médico por pérdida de

previsiones de la parte motiva.”

El despacho concluyó que, en el caso del señor Jaime Ordóñez Gómez, se configuró una falla en la prestación del servicio médico por pérdida de oportunidad, derivada de dos irregularidades sustanciales: (i) la tardanza injustificada en la realización de pro cedimientos ordenados con carácter urgente, como la arteriografía coronaria, y (ii) la no realización de otros procedimientos vitales, como el traslado a UCI coronaria, la revascularización miocárdica y la implantación del cardiodesfibrilador.

Con fundamento en las declaraciones médicas y la historia clínica, se estableció que estas intervenciones eran determinantes para aumentar las probabilidades de recuperación del paciente, quien fue clasificado como de alto riesgo cardiovascular, pero con posibilidad significativa de supervivencia si se hubiera actuado con oportunidad. Se resaltó que la arteriografía, practicada tardíamente, evidenció una enfermedad coronaria multivaso, que hacía imprescindible una cirugía inmediata de revascularización, la cual nunca se practicó.

El Hospital Universitario de Santander demostró haber actuado conforme a la lex artis, realizando las gestiones necesarias, pero sin contar con los medios técnicos ni contractuales para ejecutar los procedimientos especializados requeridos. A su vez, quedó acreditado que la EPS CAPRECOM fue negligente al no autorizar ni gestionar oportunamente las remisiones, procedimientos y pagos correspondientes, pese a los múltiples requerimientos, incluso judiciales, que hicieron los médicos tratantes y la familia del paciente.

Se descartó la responsabilidad del INPEC, toda vez que el daño se produjoSentencia de Segunda Instancia

pagos correspondientes, pese a los múltiples requerimientos, incluso judiciales, que hicieron los médicos tratantes y la familia del paciente.

Se descartó la responsabilidad del INPEC, toda vez que el daño se produjoSentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333013-2015-00225-01

9 durante la hospitalización y no en la fase de custodia carcelaria. Asimismo, se rechazó la existencia de causales eximentes alegadas por CAPRECOM, como el tabaquismo o un supuesto rechazo previo del paciente a practicarse exámenes, pues no se probó que tal es circunstancias impidieran el acceso al tratamiento oportuno.

En consecuencia, se declaró la responsabilidad de CAPRECOM EPS por la frustración de la expectativa legítima de recuperación, configurándose así la pérdida de oportunidad en grado significativo. La A quo fijó dicha pérdida en un 80%, conforme a la prueba pericial y testimonios de los médicos tratantes, y procedió a indemnizar los perjuicios morales a favor de los demandantes, con base en el grado de parentesco con el fallecido y tomando como referencia la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Por último, respecto del llamamiento en garantía hecho por el HUS a La Previsora S.A. y Liberty Seguros S.A., no se analizó el fondo de dicha relación, al no haberse demostrado responsabilidad atribuible al hospital.

Recurso de Apelación

La Parte Demandada - Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR CAPRECOM Liquidado administrado por LA FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, en calidad de sucesor procesal de la extinta CAPRECOM EPS, impugnó la

La Parte Demandada - Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR CAPRECOM Liquidado administrado por LA FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, en calidad de sucesor procesal de la extinta CAPRECOM EPS, impugnó la sentencia de primera instancia argumentando que el fallo incurrió en error sustantivo y fáctico al atribuirle responsabilidad por la denominada “pérdida de oportunidad” en perjuicio del señor Jaime Ordóñez Gómez.

En primer lugar, sostuvo que la función de las EPS, conforme a la Ley 100 de 1993, es administrativa y no asistencial, por lo que no le corresponde la ejecución directa de procedimientos médicos, sino garantizar su gestión mediante la contratación con las IPS. Alegó que, en este caso, CAPRECOM autorizó de m anera oportuna todos los procedimientos requeridos por los médicos tratantes, tal como consta en el expediente, siendo las IPS las encargadas de su ejecución.

Reiteró que no existe nexo causal entre el daño y la actuación de CAPRECOM, dado que el procedimiento de alta complejidad exigía trámites específicos y fue responsabilidad de la IPS ejecutar las órdenes. A su juicio, la sentencia desbordó los límites norma tivos y no aplicó correctamente los artículos 177 y 178 de la Ley 100 de 1993.Sentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333013-2015-00225-01

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Como segundo cargo, denunció un error fáctico en la valoración probatoria, pues el despacho le restó valor a las pruebas que acreditaban la autorización de servicios y atención continuada al paciente, y no ponderó adecuadamente las

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Como segundo cargo, denunció un error fáctico en la valoración probatoria, pues el despacho le restó valor a las pruebas que acreditaban la autorización de servicios y atención continuada al paciente, y no ponderó adecuadamente las declaraciones de los médicos forenses y tratantes, quienes confirmaron tanto la gravedad del cuadro clínico del paciente como sus antecedentes de tabaquismo severo y enfermedad coronaria crónica.

Además, cuestionó que el fallo atribuyera la pérdida de oportunidad a la EPS, cuando –según afirma – la demora en los procedimientos obedeció a la complejidad del trámite administrativo y no a negligencia de CAPRECOM, resaltando que la atención se prestó de ntro del marco legal y contractual, bajo modalidades permitidas por el sistema (evento y capitación).

Finalmente, solicitó la revocatoria de la sentencia, considerando que CAPRECOM cumplió sus funciones conforme a derecho, autorizó oportunamente los servicios requeridos, y que la imputación de responsabilidad por pérdida de oportunidad carece de sustento probatorio y normativo.

La Parte Demandante por intermedio de su apoderada judicial, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia con el fin de que se modifique el fallo y se declare la responsabilidad solidaria tanto del PAR CAPRECOM como del INPEC, por la falla en la prestación del servicio de salud y/o la pérdida de oportunidad en la protección de los derechos fundamentales a la vida y la salud del señor Jaime Ordóñez Gómez (Q.E.P.D.).

Sostuvo que el INPEC, como ente encargado de la población privada de la libertad, incurrió en falla del servicio, pues tenía el deber legal de garantizar el

la vida y la salud del señor Jaime Ordóñez Gómez (Q.E.P.D.).

Sostuvo que el INPEC, como ente encargado de la población privada de la libertad, incurrió en falla del servicio, pues tenía el deber legal de garantizar el acceso oportuno y de calidad a los servicios de salud, conforme a lo dispuesto en los Decretos 1141 de 2009, 2777 de 2010, 2496 de 2012 y en la Ley 80 de

1993. Afirmó que esta obligación se intensifica debido a la relación de especial sujeción derivada de la privación de la libertad, lo cual implica un régimen objetivo de responsabilidad estatal.

Argumentó que el señor Ordóñez tuvo que acudir a dos acciones de tutela y un incidente de desacato contra el INPEC y CAPRECOM para procurar el acceso a tratamientos médicos vitales, lo cual demuestra una omisión grave en el cumplimiento de las obligaciones estatales. Esta situación, indicó, evidencia la configuración de una falla del servicio por omisión, además de la pérdida de oportunidad ya reconocida parcialmente en la sentencia.Sentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333013-2015-00225-01

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Señaló que el INPEC no contestó la demanda, lo que debía ser valorado como una falta de oposición a las pretensiones, sin que ello implicara su absolución. En consecuencia, pidió que el fallo fuera corregido en ese aspecto y que se declarara su responsabil idad patrimonial solidaria, en concordancia con el artículo 4 del Decreto 2496 de 2012 y el artículo 4 de la Ley 80 de 1993.

declarara su responsabil idad patrimonial solidaria, en concordancia con el artículo 4 del Decreto 2496 de 2012 y el artículo 4 de la Ley 80 de 1993.

Finalmente, reiteró que la condena debe extenderse a ambas entidades (PAR CAPRECOM e INPEC), sin importar el régimen aplicable, dada la gravedad del daño, el incumplimiento de los deberes estatales y la especial vulnerabilidad de la víctima, en su condición de persona privada de la libertad.

Trámite de Segunda instancia

Una vez concedido el recurso de apelación, mediante providencia del 13 de abril de 2021, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y demandada. De dicho trámite se destaca lo que sigue:

Las partes demandante y demandada no se pronunciaron en esta etapa procesal. Y el Ministerio Público no rindió concepto de fondo.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con lo establecido en el Art. 153 del CPACA, esta Corporación es competente para decidir el recurso de apelación propuesto por la parte actora.

Problema Jurídico

Vistos los antecedentes fácticos del caso y el objeto del recurso de apelación interpuesto por las partes demandante y demandadaPatrimonio Autónomo de Remanentes PAR CAPRECOM , el problema jurídico central sobre el que esta Sala debe pronunciarse consiste en determinar si:

1. ¿Se configura la responsabilidad patrimonial del Estado por la muerte del señor Jaime Ordóñez Gómez, cuando el retraso en la realización de procedimientos médicos esenciales —pese a estar ordenados y

1. ¿Se configura la responsabilidad patrimonial del Estado por la muerte del señor Jaime Ordóñez Gómez, cuando el retraso en la realización de procedimientos médicos esenciales —pese a estar ordenados y autorizados— impidió incrementar sus probabilidades de re cuperación,Sentencia de Segunda Instancia

Expediente No. 680013333013-2015-00225-01

12 configurando así una pérdida de oportunidad relevante y jurídicamente indemnizable? En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa

2. ¿Puede atribuirse la responsabilidad derivada de la pérdida de oportunidad a la EPS CAPRECOM, en su calidad de entidad gestora del aseguramiento en salud de la población reclusa? 3. ¿Resulta jurídicamente procedente atribuir en forma exclusiva la responsabilidad por pérdida de oportunidad a la EPS CAPRECOM, o debe también considerarse responsable a la IPS tratante? 4. ¿Debe atribuirse responsabilidad solidaria al INPEC por la muerte del

recluso Jaime Ordóñez Gómez?

Solución a los Problemas Jurídicos Planteados

Régimen De Responsabilidad Aplicable

El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 1 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique, resultand