TA SAN - Sentencia 680013333013-2015-00243-02 (09-10-2025)

.

SIGCMA-SGC

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público Tribunal Administrativo de Santander Magistrada ponente: Claudia Ximena Ardila Pérez Bucaramanga, nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025) Sentencia de segunda instancia Radicado: 680013333013-2015-00243-02

Enlace del expediente: https://samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list_proces os.aspx?guid=680013333013201500243026800123

Medio de control: Reparación directa Parte demandante: - Insuminer S.A., identificado con NIT N°.811025082-4

alneira@hotmail.com insuminer@une.net.co

• Copetran LTDA., identificado con NIT N°.890200928-7

gerenciageneral@copetran.com.co ruiz.f.luis@gmail.com aura.velasquez@copetran.com.co Parte demandada: - Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB notificaciones.judiciales@cdmb.gov.co info@cdmb.gov.co

• Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

Desan.asjud@policia.gov.co Desan.notificacion@policia.gov.co

Llamada en garantía: Descont S.A.

info@descont.com.co asjuram@gmail.com Ministerio Público Xirys María Mora Alvarado Procuradora 160 Judicial II para asuntos administrativos. xmora@procuraduria.gov.co Tema: Responsabilidad del Estado por falla del servicio . Reclamación de perjuicios materiales por la pérdida de 20 pipetas de mercurio en un proceso de incautación

xmora@procuraduria.gov.co Tema: Responsabilidad del Estado por falla del servicio . Reclamación de perjuicios materiales por la pérdida de 20 pipetas de mercurio en un proceso de incautación adelantado por la CDMB . Se confirma la sentencia de primera instancia que declaró la responsabilidad solidaria entre la demandada y la llamada en garantía. No se configura la caducidad. Una vez verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación y la competencia1, l a Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (en adelante CDMB) y Descont S.A. (en adelante Descont) contra la sentencia proferida el 16 de marzo de 2018 por el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Bucaramanga, que concedió parcialmente las pretensiones.

1. Antecedentes 1.1. Posición de la parte demandante2

Insuminer S.A. y Copetran Ltda. solicitan que se declare a las demandadas administrativa y patrimonialmente responsables por la pérdida de 20 pipetas de mercurio retenidas en un proceso de incautación.

1 Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial . 2 Expediente físico fls 1 al 10Radicado: 680013333013-2015-00243-02

Medio de control: Reparación directa

Parte demandante: Insuminer y Copetran

Parte demandada CDMB y Policía Nacional

Llamado en garantía: Descont S.A.

2

Medio de control: Reparación directa

Parte demandante: Insuminer y Copetran

Parte demandada CDMB y Policía Nacional

Llamado en garantía: Descont S.A.

2

Como consecuencia de lo anterior, pide que se condene a las entidades demandadas al pago de $188.488.140 pesos por concepto de perjuicios materiales y morales. Las actoras narran que el 29 de marzo de 2012 un patrullero de la policía decomisó 20 pipetas de mercurio metálico de 37kg cada una, de propiedad de Insuminer, que eran transportadas en un camión de Copetran , supuestamente no apto para ello. Informan que la CDMB contrató con la empresa Descont S.A. para transportar y almacenar el material incautado. Refieren que, con fundamento en lo anterior, el 23 de abril de 2012 la CDMB les inició una investigación sancionatoria , y posteriormente, ordenó la custodia provisional del material en una bodega de Descont. Manifiestan que el 30 de mayo de 2012 Descont advirtió que el material estaba siendo sustraído, por lo que Insuminer solicitó el cierre del proceso y la devolución del material. Señalan que, debido a lo anterior, el 1 de agosto de 2012 la CDMB ordenó la entrega del material, la cual se realizó el 14 de septiembre del mismo año. Para ese momento, solo se encontraron 18 pipetas, de las cuales 16 estaban casi vacías. Finalmente, exponen que el 15 de julio de 2013 fueron exoneradas de los cargos formulados. A partir de lo anterior, consideran que las demandadas incurrieron en una falla del servicio, puesto que no les entregaron las 20 pipetas de mercurio en el

Finalmente, exponen que el 15 de julio de 2013 fueron exoneradas de los cargos formulados. A partir de lo anterior, consideran que las demandadas incurrieron en una falla del servicio, puesto que no les entregaron las 20 pipetas de mercurio en el mismo estado en el que fueron incautadas. 1.2. Posición de la parte demandada 1.2.1. La CDMB3 se opone a las pretensiones de la demanda. Afirma que la Policía Nacional incautó las 20 pipetas de mercurio debido a la falta de documentación. Dice que custodió el material a través de D escont, sin vínculo contractual, dada la necesidad de que se le diera un manejo. Señala que debido a la denuncia por sustracción decidió entregar e l material , encontrando que efectivamente hacía falta el contenido. Atribuye la responsabilidad de la pérdida a Descont y plantea que, en todo caso, operó la caducidad del medio de control, porque se debió presentar antes de 2014. 1.2.2. El Ministerio de Defensa - Policía Nacional 4 también s e opone a las pretensiones. Explica que su intervención fue solo para incautar preventivamente las pipetas de mercurio por falta de documentación adecuada en el transporte. Menciona que no tiene responsabilidad sobre la custodia del material, puesto que esta fue asumida por la CDMB . Rechaza cualquier vínculo con la empresa encargada de la custodia, y argumenta que la eventual responsabilidad recae exclusivamente en la CDMB y Descont. 1.3. La sentencia recurrida5 El Juzgado Trece Administrativo de Bucaramanga resuelve lo siguiente:

3 Expediente Físico Fls.172 a 190 4 Expediente Físico Fls.193 a 209

1.3. La sentencia recurrida5 El Juzgado Trece Administrativo de Bucaramanga resuelve lo siguiente:

3 Expediente Físico Fls.172 a 190 4 Expediente Físico Fls.193 a 209

5 Expediente físico fls 340 al 349Radicado: 680013333013-2015-00243-02

Medio de control: Reparación directa

Parte demandante: Insuminer y Copetran

Parte demandada CDMB y Policía Nacional

Llamado en garantía: Descont S.A.

3

PRIMERO: SE DECLARA administrativa y patrimonialmente responsable a la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA -CDMBpor el daño irrogado a la empresa INSUMINER S.A, responsabilidad en la que concurre la empresa DESCONT S.A. E.S.P, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, SE CONDENA a la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGACDMB-, a reconocer y pagar a la empresa INSUMINER S.A, por concepto de perjuicios materiales, la suma de $188'488.140, suma que deberá actualizarse conforme la formula señalada en l a parte motiva de esta providencia; pago frente al cual debe concurrir la empresa DESCONT S.A. E.S.P en un 50%, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: SE DENIEGAN las demás pretensiones de la demanda, conforme las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.

CUARTO: SIN CONDENA EN COSTAS, de conformidad con las razones expuestas en

TERCERO: SE DENIEGAN las demás pretensiones de la demanda, conforme las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.

CUARTO: SIN CONDENA EN COSTAS, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Como fundamento de su decisión, el juzgado sostiene que Insuminer S.A. sufrió un daño antijurídico por la pérdida de 20 pipetas de mercuri o, el cual es atribuible a la CDMB por una falla en el servicio al custodiar el material sin verificar la idoneidad de Descont para manejar residuos peligrosos. Considera que Descont es parcialmente responsable del daño, por el hurto ocurrido en sus instalaciones . Insiste en que la CDMB tenía la obligación de garantizar la seguridad y custodia del mercurio, aun cuando delegó el almacenamiento en otra empresa. En cuanto a la Policía Nacional , advierte que su actuación se limitó a la función preventiva de control de tránsito y a la entrega del material a la CDMB, por ende, no era responsable del daño causado. Respecto a COPETRAN, argumenta que el daño alegado, frustración de la entrega, no es imputable a las entidades demandadas, ya que el decomiso fue una diligencia legal y preventiva. Finalmente, el a quo reconoce únicamente el perjuicio material por la pérdida total del mercurio incautado y niega los perjuicios morales, por falta de prueba. 1.4. Las apelaciones 1.4.1. La CDMB6 solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se nieguen las pretensiones. Afirma que no tenía la responsabilidad de custodiar las 20 pipetas incautadas por la Policía Nacional, dado que dicha función

lugar, se nieguen las pretensiones. Afirma que no tenía la responsabilidad de custodiar las 20 pipetas incautadas por la Policía Nacional, dado que dicha función correspondía a DESCONT S.A., conforme a la relación contractual establecida para el transporte y almacenamiento del mercurio durante la i nvestigación. Invoca, además, el artículo 2242 del Código Civil relativo a los contratos no escritos y cuasicontratos. Señala que DESCONT, empresa legalmente constituida y con licencia ambiental, debía responder por el deterioro, pérdida o hurto del material confiado a su guarda, y que no puede eximirse de responsabilidad alegando que su objeto no incluía dicha función, pues aceptó la custodia sin manifestar incapacidad para cumplirla. Subraya

6 Expediente Físico Fls. 367 a 369Radicado: 680013333013-2015-00243-02

Medio de control: Reparación directa

Parte demandante: Insuminer y Copetran

Parte demandada CDMB y Policía Nacional

Llamado en garantía: Descont S.A.

4

que, si la empresa no contaba con las condiciones técnicas o de seguridad necesarias, debió informar y devolver el material, lo que no hizo. 1.4.2. DESCONT7 también solicita que se revoque la sentencia de primera instancia. Expone que se configuró la caducidad del medio de control, ya que los demandantes conocieron que las pipetas estaban incompletas el 15 de septiembre de 2012, pero interpusieron la demanda en 2015, cuando ya se había superado el término de dos años establecido para ello. Invoca el artículo 225 de la Ley 1437 de 2011 y enfatiza

interpusieron la demanda en 2015, cuando ya se había superado el término de dos años establecido para ello. Invoca el artículo 225 de la Ley 1437 de 2011 y enfatiza que no suscribió ningún contrato con la CDMB para la custodia del material, y que lo recibido fue solo un favor solicitado por la autoridad ambiental, sin precio ni póliza, lo que impide trasladarle la responsabilidad por vía de garantía. Añade que no tiene responsabilidad debido a la ausencia de un vínculo legal, ya que sus funciones están limitadas a la recolección, transporte, manipulación, aprovechamiento, recuperación, reciclaje, revalorización, reutilización, inactivación, inertización, confinamiento y disposición final de residuos o desechos peligrosos, y no incluyen el bodegaje o custodia de mercancía comercial. Aduce que en la comunicación del 14 de mayo de 2012 la CDMB le impuso algunas cargas a los investigados, entre ellas, el transporte, almacenamiento y adquisición de seguros, pero nunca exigió su cumplimiento. Alega que nunca se verificó técnicamente el contenido de las pipetas y que, por lo tanto, no puede ser condenado por un material cuya existencia o cantidad no se probó de manera suficiente. Asegura que no se perdieron 20 pipetas, sino solo 2, y que 18 estaban incompletas, lo que desvirtúa la base fáctica de las pretensiones. Por último, señala que la Policía Nacional y, principalmente, la CDMB son las responsables: la primera, por la incautación, y la segunda, por recibir el material y entregarlo a una empresa cuyo objeto no es el bodegaje, sin contrato, sin pago y sin verificación del contenido, además de omitir la exigencia de pólizas.

2. Consideraciones

entregarlo a una empresa cuyo objeto no es el bodegaje, sin contrato, sin pago y sin verificación del contenido, además de omitir la exigencia de pólizas.

2. Consideraciones 2.1. Asunto previo: No se configura la caducidad La caducidad constituye una restricción del derecho de acceso a la administración de justicia prevista por el legislador para salvaguardar los principios de seguridad jurídica, certeza procesal y confianza legítima, los cuales se verían afectados ante la incertidumbre que generaría la posibilidad de promover una demanda en cualquier tiempo8.

7 Expediente Físico Fls. 356 a 366 8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 2 de mayo de 2016, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Rad. 19001-23-31-0002005-01594-01 (40061). Sobre las implicaciones de este fenómeno, el alto tribunal ha sostenido: «Entonces, el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportu na y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador, pues la indeterminación y la incertidumbre chocan con los fines del derecho como herramienta para lograr la seguridad jurídica y la estabilidad de las relaciones sociales. El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria

para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situacion es adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos. Por lo mismo, se extingue la jurisdicción del Estado, si es que el interesado ha caído en la desidia al no defender su derecho en la ocasión debida y con la presteza que e xige la ley». Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 7 de octubre de 2010, C.P . VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA, Rad. 25000-2325-000-2004-05678-02(2137-09)Radicado: 680013333013-2015-00243-02

Medio de control: Reparación directa

Parte demandante: Insuminer y Copetran

Parte demandada CDMB y Policía Nacional

Llamado en garantía: Descont S.A.

5

Según lo dispuesto en el artículo 164.2, literal i) 9, del CPACA, para el ejercicio del medio de control de reparación directa el término de caducidad es de 2 años . Por regla general, la contabilización de dicho plazo se efectúa desde «el día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño». Sin embargo, ante la existencia de eventos en los cuales se dificulta el conocimiento del daño, el legislador, orientado por la jurisprudencia de la época, consagró algunas excepciones a la regla, entre ellas la que permite el cómputo de la caducidad desde «cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del [daño] si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia».

«cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del [daño] si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia». La mencionada excepción aplica frente a circunstancias especiales en las cuales resulta difícil identificar el daño, porque no es posible que su conocimiento suceda en el mismo instante del hecho dañoso , debido a que (i) no es de aquellos que se producen de manera instantánea 10; (ii) ocurre en circunstancias oscuras, cuyas características se develan con el tiempo 11, o (iii) se configura o depende del resultado de un proceso en curso y sea imposible identificar la existencia real de un daño antijurídico. La flexibilización del cómputo de la caducidad evidencia que la intención del legislador es evitar que este fenómeno procesal se convierta en una restricción arbitraria del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, pues, como se dijo al inicio, su propósito es establecer un límite temporal para ejercer el derecho de acción, con la finalidad de preservar la seguridad jurídica, mas no crear cargas irrazonables sobre los ciudadanos. Por ende, el juez debe realizar un análisis cuidadoso en cada caso para determinar la aplicabilidad de la regla de caducidad y la forma de computarla, en sintonía con lo establecido por el legislador, de manera que asegure la posibilidad que tienen todos los ciudadanos de demandar la reparación de los daños que sufren, incluso la de aquellos que no pudieron conocer en el momento de su ocurrencia. En los procesos orientados a obtener la reparación de daños derivados de la pérdida, deterioro o inadecuado almacenamiento de mercancías incautadas por

la de aquellos que no pudieron conocer en el momento de su ocurrencia. En los procesos orientados a obtener la reparación de daños derivados de la pérdida, deterioro o inadecuado almacenamiento de mercancías incautadas por entidades estatales, el legislador no estableció un término especial de caducidad. Por su parte, el Consejo de Estado 12, en algunas oportunidades, ha considerado que, en estos casos, el cómputo debe iniciar desde la devolución del bien , puesto que desde ese momento es posible tener conocimiento del daño causado. En otras ocasiones13 ha estimado que, si se busca declarar la responsabilidad del Estado por la pérdida o deterioro de un bien i ncautado en un proceso administrativo, la caducidad debe comenzar a contarse desde que se decid e de fondo el asunto en

9 «Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a parti r del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener cono cimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia» 10 La jurisprudencia ha precisado que existen dos clases de daños: el daño instantáneo o inmediato y el daño continuado o de tra cto sucesivo. El primero se caracteriza por ser identificable en un momento específico en el tiempo; si bien puede generar perjuici os que se proyecten hacia el futuro, su existencia se limita al momento en que ocurre el hecho. En contraste, el daño continuado o de tracto sucesivo s e manifiesta de

manera sucesiva y constante a lo largo del tiempo, sin que exista solución de continuidad . Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 8 de abril de 2024. Radicado: 41001-23-33-000-2018-00081-01 (68.067) 11 Consejo de Estado, Sección Tercera, CP. María Adriana Marín, sentencia del 10 de septiembre de 2021, radicado: 08001 -23-31-000-200800492-01 12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 10 de septiembre de 2021 (51010), 28 de abril de 2021 (42685) y 10 de diciembre de 2018 (46590) 13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A , sentencia del 7 de mayo de 2021, C.P: María Adriana Marín, rad: 76001-23-31-0002010-01802-01(52671). También: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de abril de 2021, C.P: Martín Bermúdez Muñoz, rad: 13001-23-31-000-2001-02051-02(42685)Radicado: 680013333013-2015-00243-02

Medio de control: Reparación directa

Parte demandante: Insuminer y Copetran

Parte demandada CDMB y Policía Nacional

Llamado en garantía: Descont S.A.

6

favor del propietario del bien . Antes de ese momento, no se puede considerar que la parte interesada tenía conocimiento de la antijuridicidad del daño. Para la Sala, en el presente caso no se configura la caducidad del medio de control.

6

favor del propietario del bien . Antes de ese momento, no se puede considerar que la parte interesada tenía conocimiento de la antijuridicidad del daño. Para la Sala, en el presente caso no se configura la caducidad del medio de control. La CDMB incautó las pipetas de mercurio supuestamente porque estaban siendo transportadas de forma inadecuada, lo que podría dar lugar a una posible sanción por infracción a las normas ambientales. Así, Insuminer solo p odía conocer de manera cierta el daño antijurídico cuando la autoridad ambiental descartara que había incurrido en el transporte indebido de las pipetas y debía ser sancionada. Este conocimiento solo ocurrió el 5 de julio de 2013, cuando la CDMB se abstuvo de sancionarla. No era posible que se considerara que la parte demandante había sufrido un daño cuando la entidad dispuso la entrega provisional de la mercancía el 14 de septiembre de 2012. Si el resultado del proceso sanciona torio hubiese sido contrario a la sociedad demandante , conforme a lo dispuesto por la Ley 1333 de 2009, la CDMB podría haber adoptado medidas sobre la mercancía que podrían incidir en la posibilidad de reclamarla. Por lo tanto, era necesario esperar la decisión de dicho proceso para determinar si existía o no un daño que pudiera calificarse antijurídico para l as demandantes . Solo a partir de ese momento era posible interponer la demanda. Precisado el hito inicial para calcular la caducidad, se concluye que este fenómeno no se configuró en el presente caso. El proceso sancionatorio finalizó el 5 de julio de 2013, fecha desde la cual empezó a correr el término de caducidad de dos años

no se configuró en el presente caso. El proceso sancionatorio finalizó el 5 de julio de 2013, fecha desde la cual empezó a correr el término de caducidad de dos años (art. 164 CPACA). El 27 de mayo de 2015 se radicó la solicitud de conciliación extrajudicial. Hasta ese momento había transcurrido 1 año y 326 días, de modo que restaban 39 días para agotar e l plazo . La expedición y entrega del acta de no conciliación se hizo el 14 de julio de 2015, momento a partir del cual el conteo se reanudó al día hábil siguiente. Entre el 15 de julio de 2015 y la presentación de la demanda, el 4 de agosto de 2015, pasaron 20 días, por lo que la acción se ejerció dentro del plazo. 2.2. El problema jurídico y sus tesis De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plantea y resuelve el siguiente problema jurídico: ¿Son administrativamente responsables la CDMB y DESCONT S.A. por los daños y perjuicios ocasionados a las demandantes por la pérdida de las 20 pipetas de mercurio incautadas?

Tesis: Sí.

Fundamento: Las pruebas aportadas al expediente permiten acreditar que existió un daño cierto, determinado y cuantificable.

Por un lado, se acreditó la existencia de las 20 pipetas con mercurio metálico , mediante el informe de inmovilización y retén elaborado por la Policía antes de entregar el material a la CDMB. En este documento se hace expresa mención tanto del número de pipetas como de su contenido. La autoridad ambiental es garante porque fue la entidad que adelantó el

entregar el material a la CDMB. En este documento se hace expresa mención tanto del número de pipetas como de su contenido. La autoridad ambiental es garante porque fue la entidad que adelantó el procedimiento, y asimismo D escont porque accedió a la tenencia de la mercancía comercial la cual se encontraba en las condiciones descritas en el informe policial.Radicado: 680013333013-2015-00243-02

Medio de control: Reparación directa

Parte demandante: Insuminer y Copetran

Parte demandada CDMB y Policía Nacional

Llamado en garantía: Descont S.A.

7

Por otro lado, se verific ó la existencia de acuerdos verbales entre la CDMB y Descont respecto al transporte y almacenamiento de las pipetas en las instalaciones de esta última. La CDMB fue la encargada del proceso de incautación una vez la policía entregó la mercancía a la entidad privada. Además, se encuentra prueba documental que respalda el acuerdo entre D escont y la CDMB sobre la tenencia de las pipetas de mercurio en las instalaciones de la primera, así como el acta de disposición provisional que la CDMB le expidió para la tenencia temporal de las pipetas mientras se culminaba el procedimiento sancionatorio contra las demandantes. Las denuncias presentadas por la misma empresa por el robo de la mercancía también permiten acreditar que D escont tuvo en su poder las pipetas. Para sustentar las tesis planteadas, se analizarán los siguientes puntos: (i) los elementos del daño antijurídico y los medios de prueba necesarios para su demostración (ii) la responsabilidad del Estado por falla del servicio (iii) finalmente,

Para sustentar las tesis planteadas, se analizarán los siguientes puntos: (i) los elementos del daño antijurídico y los medios de prueba necesarios para su demostración (ii) la responsabilidad del Estado por falla del servicio (iii) finalmente, se abordará el caso concreto a la luz del marco jurídico y las pruebas recaudadas, para concluir que, con los medios probatorios presentados y practicados durante el proceso, se demostró la existencia de un daño antijurídico imputable a las entidades demandadas. 2.2.2.1 Marco jurídico El artículo 90 de la Constitución Política consagra la cláusula general de responsabilidad estatal según la cual «El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas». De la norma constitucional se desprende, como primer elemento de la responsabilidad del Estado, el daño antijurídico, que se define como toda lesión a un derecho o interés jurídicamente protegido que la víctima no tiene la obligación jurídica de soportar. La jurisprudencia14 ha identificado los siguientes elementos del daño antijurídico: (i) Certeza, esto es, que la lesión «se pueda apreciar material y jurídicamente», de manera que no se trate de una «mera conjetura, hipótesis o eventualidad»15; (ii) Subjetividad, es decir, que el daño recaiga sobre un derecho o interés subjetivo de quien lo alega, dado que hace parte de su patrimonio material o inmaterial, por vía directa o hereditaria; (iii) Licitud, en tanto que se lesiona un bien jurídicamente protegido, o, en términos

de quien lo alega, dado que hace parte de su patrimonio material o inmaterial, por vía directa o hereditaria; (iii) Licitud, en tanto que se lesiona un bien jurídicamente protegido, o, en términos negativos, que no recaiga sobre un bien o cosa no amparada por el ordenamiento jurídico; y (iv) Persistencia, en cuanto no ha sido previamente reparado por otras vías (v.gr. el seguro de daños)16.

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de agosto de 2017, radicación número: 25000232600020050037 0 01 (37304). 15 Original de la cita: “Lo que el juez no puede hacer, en ausencia de la determinación del perjuicio, es otorgar una indemnizac ión que repare, y ello por la fuerza misma de las cosas, porque la realidad y dimensión del perjuicio son la medida de su indemniz ación…’ CHAPUS, René ‘Responsabilité publique et responsabilité privée. Les influences réciproques des jurisprudences administrative et judicial’, LDGJ, 2ª edición, Paris, 1957, pág. 403”. 16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de julio de 2021, C.P . María Adriana Marín, rad. 44001-23-33-000-2012-0004201(50146)Radicado: 680013333013-2015-00243-02

Medio de control: Reparación directa

Parte demandante: Insuminer y Copetran

Parte demandada CDMB y Policía Nacional

Llamado en garantía: Descont S.A.

8

En cuanto a la imputación, segundo elemento de la responsabilidad estatal, esta

Parte demandante: Insuminer y Copetran

Parte demandada CDMB y Policía Nacional

Llamado en garantía: Descont S.A.

8

En cuanto a la imputación, segundo elemento de la responsabilidad estatal, esta corresponde a la atribución fáctica y jurídica de la lesión a la entidad demandada, a partir de alguno de los títulos de imputación que se derivan del citado artículo 90, valga decir, la falla en el servicio, el riesgo excepcional o el daño especial17. Para el estudio de este caso se analizará el régimen de imputación de la falla en el servicio18, dado que a las demandadas se les atribuye el incumplimiento de sus contenidos obligacionales.

La falla del servicio es el título de imputación subjetiva a partir del cual se atribuye responsabilidad al Estado19 por los daños antijurídicos derivados de una inadecuada prestación de la función o el servicio público. Para la imputación de responsabilidad20 bajo este régimen, es esencial definir el contenido y alcance de las obligaciones que se dicen incumplidas o cumplidas de manera deficiente, a fin de establecer si la conducta de la autoridad efectivamente fue inadecuada y, por tanto, constitutiva de una falla de donde surge la antijuridicidad del daño21.

Determinar el contenido obligacional a cargo del Estad o exige que se identifiquen las leyes o reglamentos que gobiernan la actividad pública que se alega como causa del daño. La falla del servicio surge, entonces, a partir de la comparación entre los deberes del Estado frente a una función determinada: marco normativo y la conducta omisiva asumida por la Administración 22. La pérdida de mercancía

del daño. La falla del servicio surge, entonces, a partir de la comparación entre los deberes del Estado frente a una función determinada: marco normativo y la conducta omisiva asumida por la Administración 22. La pérdida de mercancía incautada por las autoridades, debido a robos o saqueos, configura una típica falla del servicio por desconocimiento del deber de diligencia en la custodia de los bienes.

Determinada la falla del servicio debe probarse su nexo causal con el daño, para que este le sea imputable al Estado.

2.3 Hechos probados A partir de las pruebas que obran en el expediente, la Sala encuentra acreditado lo siguiente: 2.3.1. El daño 2.3.1.1. El 28 de marzo de 2012 Copetran e Insuminer suscribieron las facturas de venta No. 2348967 y N o. 234898323 por un valor de 200.000.000 de pesos para trasladar una mercancía desde Medellín a Bucaramanga.

17Con