TA SAN - Sentencia 680013333013-2016-00166-03 (03-04-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

MEDIO DE CONTROL Nulidad y restablecimiento del derecho RADICADO 680013333013-2016-00166-03

DEMANDANTE

Ana Pastora Prada Ardila María Ludin Rincón Durán Orocia Téllez Ruíz Samuel Enrique Barrera Puerto Gladys Valderrama Pérez Elkin Mora Cardozo Laura Margarita Sánchez Villalobos Jhon Alexander Flórez Forero juridicaespecializada@outlook.com

DEMANDADO

Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co dsajbga@cendoj.ramajudicial.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de segunda instancia TEMA Bonificación Judicial Decreto 0383 de 2013Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Ana Pastora Prada Díaz y otros

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 680013333013-2016-00166-03

Rama Judicial del Poder Publico

Demandante: Ana Pastora Prada Díaz y otros

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 6 de julio de 2021 , proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante la cual se concedieron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, los señores Ana Pastora Prada Ardila; María Ludin Rincón Durán; Orocia Téllez Ruíz; Samuel Enrique Barrera Puerto; Gladys Valderrama Pérez ; Elkin Mora Cardozo ; Laura Margarita Sánchez Villalobos y Jhon Alexander Flórez Forero formularon demanda ante la jurisdicción de lo contencioso — administrativo, en orden a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Resolución 5724 del 22 de diciembre de 2015 proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y ii) acto ficto o presunto que configuró el silencio de la entidad demandada frente a la interposición del recurso de apelación.

En consecuencia, solicitó:

«“PRIMERO: DECLARESE la nulidad del Acto Administrativo contenido en la

demandada frente a la interposición del recurso de apelación.

En consecuencia, solicitó:

«“PRIMERO: DECLARESE la nulidad del Acto Administrativo contenido en la Resolución No. 5724 del veintidós de diciembre de dos mil quince (2015), proferida por la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE

ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA.

SEGUNDO: DECLARESE la nulidad del Acto Administrativo Ficto o Presunto producto del Silencio Administrativo Negativo frente al recurso de apelación interpuesto el dieciocho (18) de diciembre de dos mil quince (2015), contra la Resolución No. 5724 del veintidós de diciembre de dos mil quince (2015) proferida por la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE

ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA

TERCERO: De conformidad con el artículo 4 de la Constitución Nacional,

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 6 índice SAMAI, archivo 1Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Ana Pastora Prada Díaz y otros

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INAPLIQUESE por ser abiertamente contrario a la Constitución y a la Ley el aparte “…y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud…” contenido en el artículo 1 del Decreto 383 de 2013.

aparte “…y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud…” contenido en el artículo 1 del Decreto 383 de 2013.

CUARTO: A título de reparación integral de los derechos conculcados en los términos del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, ORDENASE que para todos los efectos legales, se RECONOZCA a favor de los señores ANA PASTORA

PRADA ARDILA, MARIA LUDIN RINCON DURAN, OROCIA TELLEZ RUIZ,

SAMUEL ENRIQUE BARRERA PUERTO, GLADYS VALDERRAMA PEREZ,

ELKIN MORA CARDOZO, LAURA MARGARITA SANCHEZ VILLALOBOS, JHON ALEXANDER FLO REZ FORERO la BONIFICACION JUDICIAL dispuesta en el Decreto 383 de 2013 como factor salarial y prestacional, esto es, con incidencia salarial en las prestaciones laborales por tratarse de una parte integral de la asignación básica, sobre: a) Prima de servi cios, b) Prima de Productividad, c) Prima de Vacaciones, d) Prima de Navidad, e) Bonificación por Servicios Prestados f) Cesantías e intereses a las cesantías y demás emolumentos que por constitución, la ley y el reglamento le corresponden a los funcionarios y empleados judiciales.

QUINTO: En tal sentido, ORDENASE a la NACION -RAMA JUDICIALCONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL proceda a REAJUSTAR O RELIQUIDAR, a favor de los señores ANA PASTORA PRADA ARDILA, MARIA LUDIN

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL proceda a REAJUSTAR O RELIQUIDAR, a favor de los señores ANA PASTORA PRADA ARDILA, MARIA LUDIN

RINCON DURAN, OROCIA TELLEZ RUIZ, SAMUEL ENRIQUE BARRERA

PUERTO, GLADYS VALDERRAMA PEREZ, ELKIN MORA CARDOZO, LAURA MARGARITA SANCHEZ VILLALOBOS, JHON ALEXANDER FLOREZ FORERO desde el PRIMERO (1) DE ENERO DE DOS MIL TRECE (2013), y por el tiempo que se siga causando a su favor, las prestaciones legales, laborales y sociales como son: a) Prima de servicios, b) Prima de Productividad, c) Prima de Vacaciones, d) Vacaciones e) Prima de Navidad, f) Bonificación por Servicios Prestados g) Cesantías e intereses a las cesantías, h) Demás emolumentos que por constitución, la ley y el reglamento le corresponden a los funcionarios y empleados judiciales; con inclusión de la BONIFICACION JUDICIAL con incidencia de factor salarial y prestacional, y en la misma pro porción de la asignación básica por hacer parte integral del salario. […]» (sic en todo el texto).

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la apoderada de la parte demandante señaló los siguientes:Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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1. Los demandantes Ana Pastora Prada Ardila; María Ludin Rincón Durán; Orocia Téllez Ruíz; Samuel Enrique Barrera Puerto; Gladys Valderrama Pérez; Elkin Mora Cardozo ; Laura Margarita Sánchez Villalobos y Jhon Alexander Flórez Forero se encuentran vinculados a la Rama Judicial en calidad de empleados, razón por la cual son beneficiari os de la bonificación judicial creada mediante el Decreto 383 de 2013.

1. La entidad demandada no ha incluido la bonificación judicial como factor salarial al momento de liquidar las prestaciones sociales.

1. El 16 de diciembre de 2015, los demandantes presentaron petición ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Santander, mediante la cual solicitaron el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y la consecuente re liquidación y pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos a que tienen derecho.

1. El 22 de diciembre de 2015 , mediante Resolución 5724, la entidad demandada dio respuesta a la petición de manera negativ a, la cual fue notificada el 15 de enero de 2016.

1. El 18 de enero de 2016 , se interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, el cual no ha sido resuelto , motivo por el cual la entidad ha

notificada el 15 de enero de 2016.

1. El 18 de enero de 2016 , se interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, el cual no ha sido resuelto , motivo por el cual la entidad ha incurrido en silencio administrativo negativo, circunstancia que genera un acto ficto o presunto a través del cual se confirmó la decisión denegatoria.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

En el escrito de la demanda se invocaron como violados los artículos 4, 9, 25, 53 y 150 numeral 19 literal e) de la Constitución Política ; 14 de la Ley 50 de 1990; 2 de la Ley 4 de 1992 y 127 del Código Sustantivo del Trabajo.

En desarrollo del concepto de violación, la apoderada de la parte demandante expuso las siguientes razones:

1. Los actos administrativos demandados resultan violatorios a las normas nacionales y más aún a los tratados internacionales, razón por la cual se debe inaplicar la expresión «constituirá únicamente factor salarial para la base deNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud», contenida en el artículo 1º del decreto 38 3 de 2013.

Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud», contenida en el artículo 1º del decreto 38 3 de 2013.

1. Al haberse restringido el carácter salarial de la bonificación judicial, únicamente para la base de cotización al sistema general de seguridad social integral, el Decreto 383 de 2013 adolece de un vicio insubsanable, que torna abiertamente inconstitucional e ilegal el aparte «y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud»

1. El objetivo que perseguía la norma era garantizar la nivelación salarial de los funcionarios y empleados de la rama judicial, por razones de equidad, por tanto, dicho emolumento debe ser parte integral del salario y de todas las prestaciones que se generen a favor de los empleados.

1. Deben darse todos los efectos jurídicos de salario a l a bonificación judicial, toda vez que esta se devenga en forma periódica y como contraprestación directa del servicio, tal y como se estableció por el Consejo de Estado frente al asunto relacionado con la prima especial creada por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, antecedente que no solo resulta pertinente y necesario, sino que deja sin argumentos cualquier negativa que en contrario intente erigirse.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial2

El apoderado de la parte demandada allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos excepciones innominadas

1.2.1. Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial2

El apoderado de la parte demandada allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos excepciones innominadas «legalidad de los actos administrativos demandados»; «prescripción trienal de los derechos reclamados» , «no violació n de la ley» , «respeto a la garantía constitucional del debido proceso» y «respecto del principio de legalidad y de

2Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 6 índice SAMAI, archivo 1, folio 151 y ss.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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la función pública». A su turno, manifestó que se opone a las pretensiones de la demanda.

Los argumentos para solicitar la denegatoria de l as pretensiones de la demanda, se sustentan de la siguiente manera:

1. En el presente caso , la entidad ha liquidado y pagado la asignación salarial y prestacional de sus servidores, con estricta sujeción a lo previsto en los decretos expedidos por el Gobierno Nacional para cada vigencia fiscal, puesto que estos estipulan que ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido en tales normas, en concordancia con el artículo 10 de la Ley 4 de 1992.

puesto que estos estipulan que ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido en tales normas, en concordancia con el artículo 10 de la Ley 4 de 1992.

1. Si bien es cierto la entidad opera como ejecutora de los recursos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para efectos de l pago de salarios y prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de esta circunscripción territorial, también lo es, que para cumplir dicha función, la Dirección Ejecutiva se encuentra atada a los Decretos salariales que anualmente expide el Gobierno Nacional.

1. La Seccional de la Rama Judicial se ha limitado a dar cumplimiento a la norma que crea la Bonificación Judicial, en razón a que no tiene facultad para interpretar las leyes e inaplicarlas, puesto que son los jueces en sus respectivos fueros, quienes a través de sentencias ostentan esta competencia.

1.3. La sentencia apelada3

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 6 de julio de 2021, resolvió:

«PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucional e ilegal, para el caso en concreto, la expresión “únicamente” contenida en el art. 1 del Decreto 383 de 2013 y demás decretos que lo modifican, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

3Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 6 índice SAMAI, archivo 7 .Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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Administración Judicial

.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 5724 de 22 de diciembre de 2015 por medio de la cual se negó la reliquidación de las prestaciones sociales de los demandantes con inclusión de la Bonificación Judicial creada con el Decreto 383 de 2013 , de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: DECLARAR la ocurrencia del silencio administrativo negativo derivado de la falta de respuesta del recurso de apelación, interpuesto contra el acto administrativo contenido en la Resolución No. 5724 de 22 de diciembre de 2015 el cual negó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y la reliquidación de las prestaciones sociales a los demandantes.

CUARTO. DECLARAR la nulidad del acto administrativo ficto producto de la ocurrencia del silencio administrativo negativo derivado de la falta de respuesta del recurso de apelación interpuesto contra el acto administrativo contenido en la Resolución No. 5724 de 22 de diciembre de 2015 , el cual negó el reconocimiento de la bonificac ión judicial como factor salarial y la reliquidación de las prestaciones sociales a los demandantes.

QUINTO. ORDENAR, a la NACION - RAMA JUDICIAL -CONSEJO

negó el reconocimiento de la bonificac ión judicial como factor salarial y la reliquidación de las prestaciones sociales a los demandantes.

QUINTO. ORDENAR, a la NACION - RAMA JUDICIAL -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA , a t ítulo de restablecimiento del derecho, a reconocer, desde el 01 de enero de 2013 en adelante, por el tiempo efectivamente laborado en la RAMA JUDICIAL, y hasta la terminación del vínculo laboral, a favor de los señores ANA PASTORA

PRADA ARDILA, OROCIA TELL EZ RUIZ, SAMUEL ENRIQUE BARRERA

PUERTO, GLADYS VALDERRAMA PEREZ, ELKIN MORA CARDOZO, LAURA MARGARITA SANCHEZ VILLALOBOS, JHON ALEXANDER FLOREZ FORERO la bonificación judicial creada por el Decreto 383 de 2013 como factor salarial, reliquidando todas las prestaciones sociales devengadas por ellos.

En el caso de la señora MARIA LUDIN RINCON DURAN, el reconocimiento y reliquidación se hará desde el 4 de febrero de 2013 en adelante y por el tiempo efectivamente laborado y hasta la finalización de su vínculo laboral.

SEXTO. CONDENAR, a la NACION-RAMA JUDICIAL -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, a pagar las diferencias resultantes entre las prestaciones sociales devengadas y las que resulten de la reliquidación ordenada.

SÉPTIMO. DECLARAR que en el presente asunto NO ha operado la

ADMINISTRACION JUDICIAL, a pagar las diferencias resultantes entre las prestaciones sociales devengadas y las que resulten de la reliquidación ordenada.

SÉPTIMO. DECLARAR que en el presente asunto NO ha operado la prescripción, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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OCTAVO. Las sumas reconocidas deberán ser debidamente actualizadas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

NOVENO. La NACION-RAMA JUDICIAL -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA, dará cumplimiento a la sentencia de conformidad con los arts. 192 y 195 del CPACA.

DÉCIMO. CONDENAR en costas, a la NACION-RAMA JUDICIAL-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL de conformidad con lo expuesto en la parte motiva […]» (Sic en todo el texto)

En lo correspondiente al fondo del asunto, el a quo concedió las pretensiones de la demanda con sustento en los siguientes argumentos:

1. Conforme a las pruebas allegadas los demandantes Ana Pastora Prada Ardila; María Ludin Rincón Durán; Orocia Téllez Ruíz; Samuel Enrique Barrera

de la demanda con sustento en los siguientes argumentos:

1. Conforme a las pruebas allegadas los demandantes Ana Pastora Prada Ardila; María Ludin Rincón Durán; Orocia Téllez Ruíz; Samuel Enrique Barrera Puerto; Gladys Valderrama Pérez; Elkin Mora Cardozo; Laura Margarita Sánchez Villalobos y Jhon Alexander Flórez Forero , laboran o han laborado en la Rama Judicial, y pertenecen al régimen acogido toda vez que devengan mensualmente la Bonificación Judicial.

1. La bonificación judicial le s ha sido cancelada en forma continua, mensual y habitual, sin que esta haya sido considerada factor salarial al momento de la liquidación de las demás prestaciones sociales devengadas y reconocidas, situación que es aceptada por la entidad demandada al señalar en la respectiva contestación que el hecho de no computar los valores en la forma en que lo depreca la parte actora, obedece al estricto cumplimiento de lo dispuesto en el decreto cuando indica que este emolumento solo constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al

Sistema General de Seguridad Social en Salud.

1. De conformidad con los fundamentos normativos y jurisprudenciales expuestos en esta providencia, resulta claro que al reconocerse en forma mensual y constante la bonificación judicial, es factible concluir que dicho reconocimiento no obedece a la mera libe ralidad del empleador, sino que consiste en una remuneración directa del servicio, circunstancia que permite considerarla entonces como elemento constitutivo de salario, máxime cuandoNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Ana Pastora Prada Díaz y otros

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial

considerarla entonces como elemento constitutivo de salario, máxime cuandoNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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Administración Judicial Radicado: 680013333013-2016-00166-03

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la propia norma estableció que tal bonificación constituye un pago mensu al y por lo tanto habitual y periódico, de manera que cumple las características de ser una remuneración fija en dinero y establecida como contraprestación directa del servicio.

1. La bonificación judicial tiene naturaleza salarial en tanto fue creada para nivelar los ingresos y reconocida como un incremento del salario de los servidores de la Rama Judicial, pero al limitarle los efectos que ella causa en la liquidación de las demás prestaciones, constituye una disminución final del monto reconocido, por lo t anto se constituye en una desmejora en las prestaciones sociales, lo cual se vislumbra como una omisión por parte del Gobierno Nacional de cumplir con el deber contemplado en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992.

1. El límite advertido en la incidencia de la liquidación de las prestaciones percibidas por los servidores de la Rama Judicial , a pesar de tratarse la bonificación otorgada de una remuneración directa percibida como contraprestación a sus servicios, constituye una restricción que va en contra de su calidad de reconocimiento económico de carácter habitual pagado con ocasión o causa de la labor encomendada, lo que constituye en sí mismo

contraprestación a sus servicios, constituye una restricción que va en contra de su calidad de reconocimiento económico de carácter habitual pagado con ocasión o causa de la labor encomendada, lo que constituye en sí mismo salario y tiene incidencia para reliquidar las demás prestaciones sociales.

1. La bonificación judicial r eviste un carácter salarial y tiene incidencia prestacional a partir de su reconocimiento y de forma sucesiva a futuro y hace parte de la asignación mensual, motivo por el cual ostenta el carácter permanente de la remuneración y genera por tanto la obligac ión de reliquidar las prestaciones sociales y demás factores salariales con base en la totalidad del salario devengado. De allí que en atención al precedente expuesto se determine que la misma es factor salarial y , en este sentido , la expresión «únicamente» contemplada en los incisos 1 de los Decretos 383 de 2013 y 1269 de 2015 deberá ser inaplicada, por que implica una violación de principios, contenidos y valores establecidos en el artículo 1 del Convenio 095 de la OIT, el artículo 53 de la Constitución Po lítica y el artículo 2 de la Ley 4 de 1992, al desconocer el concepto de salario en los términos señalados.

1. Con la expedición del Decreto 383 de 2013, el Ejecutivo desconoció los postulados internacionales y constitucionales respecto a la aplicación de losNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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principios de favorabilidad e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos consagrados en las normas laborale s, así como los objetivos y principios señalados en la Ley 4 de 1992, puesto que, despojó de efectos salariales a la bonificación judicial creada para servidores públicos de la Rama Judicial, vinculados a partir de la expedición o acogidos al Decreto 057 de 1993.

1. Aceptar que la bonificación judicial esté exenta de su carácter salarial, salvo para las cotizaciones al sistema de seguridad social, representa una disminución en el valor de las prestaciones sociales de la demandante, lo que significa, que la expresión «únicamente» contemplada en los incisos 1 de los Decretos 383 de 2003 y 1269 de 2015, implica una violación de principios, contenidos y valores establecidos en el art. 1 del Convenio 095 de la OIT, el artículo 53 de la Constitución Política y el artículo 2 de la Ley 4 de 1992

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial4

El apoderado de la parte demandada en el recurso interpuesto solicitó revocar la decisión de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. La entidad no cuenta con facultades ni atribuciones en materia de

Judicial4

El apoderado de la parte demandada en el recurso interpuesto solicitó revocar la decisión de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. La entidad no cuenta con facultades ni atribuciones en materia de fijación de salarios y prestaciones para los servidores d e la Rama Judicial, puesto que su competencia recae únicamente en el gobierno nacional, específicamente en la expedición del Decreto 083 de 2013 con el objeto de establecer la bonificación judicial para esos funcionarios.

1. El a quo desconoció lo anterior y le impuso una carga excesiva a la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que no está en su deber soportar y le exigió un imposible jurídico al no tener en cuenta dicha normatividad comoquiera que es con base en esta que se reconocen y pagan las remuneraciones en la entidad.

4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 6 índice SAMAI, archivo 10Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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1. Aunado a lo anterior, dado que la responsabilidad no le asiste a la Rama Judicial y si al Gobierno Nacional, la prosperidad de las pretensiones involucra necesariamente la inaplicación de los Decretos 383 de 2013 y 384 de 2013 y, en consecuencia, para el p ago de emolumentos que no se encuentran

Judicial y si al Gobierno Nacional, la prosperidad de las pretensiones involucra necesariamente la inaplicación de los Decretos 383 de 2013 y 384 de 2013 y, en consecuencia, para el p ago de emolumentos que no se encuentran contemplados en los cálculos efectuados por la Rama Judicial se deberá acudir por mandato de Ley al ejecutivo, es decir, al Ministerio de Hacie nda y Crédito Público para que proceda a la asignación de recursos adicionales a la entidad que no están amparados en las finanzas públicas, lo cual implica la alteración del Presupuesto General de la Nación.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto del 16 de enero de 2025 5 se admiti ó el recurso de apelación interpuesto y se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado.

1.6. Alegatos de conclusión

1.6.1. Parte demandante

No se presentaron.

1.6.2. Parte demandada

No se presentaron.

1.6.3. Ministerio público.

No rindió concepto de fondo

2. Consideraciones

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación adelantada, y luego de verificar que se

5 Expediente digital, actuación 27, índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Ana Pastora Prada Díaz y otros

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Rama Judicial del Poder Publico

Demandante: Ana Pastora Prada Díaz y otros

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hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo del asunto, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.

2.1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial, razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en el es