TA SAN - Sentencia 680013333013-2018-00097-02 (13-03-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, trece (13) de marzo del dos mil veinticinco (2025).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

RADICADO: 680013333013-2018-00097-02

ENLACE DEL

EXPEDIENTE:

https://samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list _procesos.aspx?guid=680013333013201800097 026800123

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: CARLOS ENRIQUE GALINDO VALDIVIESO

anibalcarvajalvasquez@hotmail.com carvajalvasquezja@gmail.com

DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO JHON CARLOS GARCÍA PEREA

jcgarcia@procuraduria.gov.co ASUNTO: Sentencia de segunda instancia

TEMA: Bonificación judicial

SENTENCIA No. 026

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia de fecha veintitrés (23) de agosto de dos mil veinticuatro

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia de fecha veintitrés (23) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga.

La Sala es competente para resolver el recurso de conformidad con lo previsto en el artículo 153 del CPACA.

I. ANTECEDENTES.Nulidad y Restablecimiento del derecho

Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carlos Enrique Galindo Valdivieso

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333013-2018-00097-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

A. Posición de la parte demandante1

Solicita declarar la nulidad de la Resolución DESAJBUR 17-5240 del 5 de octubre de 2017, expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, y del acto ficto o presunto por la no contestación del recurso de apelación presentado el 9 de octubre de 2017 , mediante el cual se negó el reconocimiento, reliquidación y pago de los valores por concepto de prestaciones sociales del demandante.

En consecuencia, solicitó:

«PRIMERA: INAPLICAR por inconstitucional la expresión "constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud" contenida en el

En consecuencia, solicitó:

«PRIMERA: INAPLICAR por inconstitucional la expresión "constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud" contenida en el artículo 1 del Decreto 0383 de 2013, y demás normas que lo modifiquen año a año.

SEGUNDA: Declarar la nulidad de la Resolución N° DESAJBUR17-5240 de octubre 5 de 2017, "Por medio del cual se resuelve un Derecho de Petición", suscrita por la Dra. Mayra Juliette Gómez Galvis, en su calidad de Directora Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, en virtud de la cual el Consejo Superior de la Judicatura denegó la reliquidación de las prestaciones sociales de m i poderdante, incluyendo como factor salarial la "bonificación judicial". TERCERA: Declarar la nulidad del acto ficto o presunto en virtud del cual se deniega el recurso de apelación interpuesto por mi poderdante contra la Resolución N° DESAJBUR17-5240 de octubre 5 de 2017, "Por medio del cual se resuelve un Derecho de Petición" , suscrita por la Dra. Mayra Juliette Gómez Galvis, en su calidad de Directora Ejecutivo

Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga.

CUARTA: A título de restablecimiento del derecho, se ordene al demandado tener en cuenta la bonificación judicial como factor salarial y prestacional.

QUINTA: A título de restablecimiento del derecho, se ordene RELIQUIDAR las prestaciones sociales de mi poderdante, teniendo en cuenta la "bonificación judicial" que devenga en razón del Decreto 0383 del 2013 y

QUINTA: A título de restablecimiento del derecho, se ordene RELIQUIDAR las prestaciones sociales de mi poderdante, teniendo en cuenta la "bonificación judicial" que devenga en razón del Decreto 0383 del 2013 y demás normas que lo modifican.

SEXTA: Se ordene el pago de las diferencias económicas que se generen con ocasión de la reliquidación deprecada.

SÉPTIMA: Se ordene la liquidación y pago de intereses sobre el valor de los ajustes o reliquidaciones efectuadas, desde la fecha en que debieron pagarse los conceptos señalados hasta el día en que efecti vamente sean cubiertos.

OCTAVO: Se ordene la actualización e indexación de los valores ajustados o reliquidados, con la aplicación del IPC desde la fecha en que se debieron pagar los conceptos señalados hasta el día en que efectivamente sean cancelados.

1 Expediente digital One Drive:01 Demanda 2018-00097-01.pdf.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carlos Enrique Galindo Valdivieso

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333013-2018-00097-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander NOVENO: Se condene en costas y agencias en derecho al demandado».

Las anteriores pretensiones se fundamentaron en las siguientes afirmaciones:

El demandante es servidor de la Rama Judicial vinculado en el cargo de secretario del Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Bucaramanga y devenga

Las anteriores pretensiones se fundamentaron en las siguientes afirmaciones:

El demandante es servidor de la Rama Judicial vinculado en el cargo de secretario del Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Bucaramanga y devenga mensualmente la bonificación judicial creada con el Decreto No. 0383 de 2013.

El 2 de octubre de 2017 , radicó petición ante la entidad demandada , mediante la cual se solicitó la liquidación y pago de todas las prestaciones sociales con base en la bonificación judicial como factor salarial de los valores dejados de percibir desde el 1 de enero de 2013 y las que a futuro se generen.

En respuesta, la demandada emitió la resolución número DESAJBUR17-5240 del 5 de octubre de 2017, en la que negaron las pretensiones.

Inconforme con la decisión, interpuso recurso de apelación el día 9 de octubre de

2017. Sin embargo, la parte demandada guardó silencio.

Como fundamento de derecho invocó el artículo 53 de la Constitución Política, el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el Convenio número 095 de la OIT, el Decreto 0383 de 2013 y demás normas concordantes.

B. Posición de la parte demandada.

La Nación – Rama Judicial2 se opuso a la prosperidad de las pretensiones en los siguientes términos:

Indicó que la parte demandante incurrió en un error al no integrar como parte pasiva al Gobierno nacional, el cual se encuentra conformado por el presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos, de conformidad con el inciso 2 del artículo 115 de la Constitución Política.

al Gobierno nacional, el cual se encuentra conformado por el presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos, de conformidad con el inciso 2 del artículo 115 de la Constitución Política.

2https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800133/6800133330132018000 9701/80E8E4547F3DD931AD0E677BDACE6C3B99A5ACFA40E13CC6F1955A3AEC0A5838/2Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carlos Enrique Galindo Valdivieso

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333013-2018-00097-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Adujo que los actos administrativos acusados tienen sustento en las disposiciones legales contenidas en el Decreto 0383 de 2013, la Ley 4 de 1992 y en que el único con competencia para establecer el régimen prestacional y salarial de los empleados públicos de la Rama Judicial es el Gobierno nacional.

Señaló que, por expreso mandato legal, la Bonificación Judicial constituye factor salarial únicamente para efectos de consti tuir la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y que hace parte de la libertad de configuración del legislador establecer qué parte de la remuneración de los empleados públicos constituye o no factor salarial y para qué fines.

Así mismo, refirió que los decretos por medio de los cuales el Gobierno nacional

hace parte de la libertad de configuración del legislador establecer qué parte de la remuneración de los empleados públicos constituye o no factor salarial y para qué fines.

Así mismo, refirió que los decretos por medio de los cuales el Gobierno nacional reguló los salarios y prestaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial cumplieron con los estándares legales y constitucionales para su expedición y, en consecuencia, la responsabilidad sobre la inaplicabilidad de la norma salarial no puede ser asumida por la Rama Judicial.

Adicionalmente, propuso la excepción de prescripción trienal de los derechos reclamados.

C. Sentencia de primera instancia3.

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga , mediante sentencia del veintitrés (23) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR la prescripción de derechos laborales para las sumas causadas con anterioridad al 2 de octubre de 2014, por las razones expuestas.

SEGUNDO: INAPLÍQUESE por inconstitucionalidad la expresión normativa “… y constituirá únicamente factor sa larial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” contenido en el artículo 1° del Decreto No. 0383 de 2013, y reproducida en los Decretos No. 1269 de 2015, 246 de 2016,1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 903 de 2023, 1581 de 2023 y 0299 de 2024 por las razones expuestas.

340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 903 de 2023, 1581 de 2023 y 0299 de 2024 por las razones expuestas.

TERCERO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos:

3https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800133/6800133330132018000 9701/E21B11A008EF81875F03A8A6D96ADFF4C20836E0062C4CCC7684F72C647DFDCB/2Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carlos Enrique Galindo Valdivieso

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333013-2018-00097-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander - Resolución DESAJBUR 17-5240 del 5 de octubre de 2017 proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. - Del acto administrativo ficto negativo configurado por el silencio guardado por el ente demandado frente a la interposición del recurso de apelación el 9 de octubre de 2017.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la NACIÓN –

RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reliquidar y pagar a favor de CARLOS ENRIQUE GALINDO VALDIVIESO todas las prestaciones sociales y factores salariales reconocidos, pagados y causados

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reliquidar y pagar a favor de CARLOS ENRIQUE GALINDO VALDIVIESO todas las prestaciones sociales y factores salariales reconocidos, pagados y causados desde el 2 de octub re de 2014, incluyendo en la base de liquidación como factor salarial la bonificación judicial creada mediante Decreto 0383 de 2013, hasta que dure su vinculación laboral y continúe percibiendo dicho emolumento.

Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario.

La suma que resulte a favor de los demandantes debe ajustarse de conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia. La actualización ordenada se hará la aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.

QUINTO: Negar las excepciones relacionadas con legalidad del a cto administrativo, inconstitucionalidad y caducidad, por las razones expuestas.

SEXTO: NO CONDENAR en COSTAS ni en AGENCIAS EN DERECHO».

Indicó que el Decreto 0383 de 2013 vulneró los principios constitucionales de favorabilidad e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en la legislación laboral, al tiempo que transgredió los objetivos y principios señalados en la Ley 4 de 1992, en la medida en que desconoció los efectos salariales de la bonificación judicial.

Consideró que la bonificación judicial fue otorgada de manera continua y mensual,

la Ley 4 de 1992, en la medida en que desconoció los efectos salariales de la bonificación judicial.

Consideró que la bonificación judicial fue otorgada de manera continua y mensual, lo que la convierte en una remuneración fija y directa, cumpliendo características de un salario. Por lo que debe ser incluida en el cálculo de las demás prestaciones sociales.

Manifestó que inaplicará la parte del primer inciso del artículo 1 del Decreto 0383 de 2013 que limita el reconocimiento de la bonificación judicial solo para efectos de cotización al sistema de salud y pensiones, en el entendido que sus disposiciones contravienen la Constitución y la ley, al no reconocer la bonificación como factor salarial para calcular todas las prestaciones sociales y salariales.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carlos Enrique Galindo Valdivieso

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333013-2018-00097-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Respecto de la prescripción trienal, señaló que el demandante presentó la reclamación administrativa el 2 de octubre de 2017; por tanto, las sumas causadas con anterioridad al 2 de octubre de 2014 se encuentran prescritas.

D. Recurso de apelación.

La Nación-Rama Judicial 4 solicitó revocar la decisión de primera instancia con sustento en los siguientes argumentos:

1. La parte demandante no impugnó oportunamente los Decretos 0383 y 0384 de 2013 cuando fueron expedidos, y por lo tanto no puede ahora

sustento en los siguientes argumentos:

1. La parte demandante no impugnó oportunamente los Decretos 0383 y 0384 de 2013 cuando fueron expedidos, y por lo tanto no puede ahora pretender su inaplicabilidad. El plazo para demandar la nulidad de estos decretos ya caducó según el artículo 138 del CPACA, por lo que la demanda debería ser desestimada.

1. La entidad no cuenta con facultades ni atribuciones en materia de fijación de salarios y prestaciones para los servidores de la Rama Judicial, puesto que su competencia recae únicamente en el Gobierno nacional, específicamente en la expedición del Decreto 0383 de 2013 con el objeto de establecer la bonificación judicial para esos funcionarios.

1. El juez de primera instancia desconoció lo anterior y le impuso una carga excesiva a la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que no está en el deber de sopor tar y le exigió un imposible jurídico al no tener en cuenta dicha normatividad, comoquiera que es con base en esta que se reconocen y pagan las remuneraciones en la entidad.

1. La responsabilidad recae en el Gobierno nacional y no en la Rama Judicial, por lo que el pago de emolumentos no contemplados en las proyecciones presupuestales de la Rama Judicial debe gestionarse, por mandato legal, ante el Ejecutivo, específicamente ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dicho organismo es el que debe asig nar recursos adicionales a la entidad, los cuales no están previstos en las finanzas públicas.

4https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800133/6800133330132018000

recursos adicionales a la entidad, los cuales no están previstos en las finanzas públicas.

4https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800133/6800133330132018000 9701/F426E0E4009BB5BE8365A80E8151055B8FFDAB5B73DBD3FDD0F0CBC722C2D730/2 , índice 67, SAMAI.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carlos Enrique Galindo Valdivieso

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333013-2018-00097-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

1. La acción de inaplicabilidad de los decretos salariales por inconstitucionalidad no es válida en este caso, ya que los decretos siguen vigentes hasta que sean declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional. Además, la demanda mezcla solicitudes de inaplicabilidad con peticiones de nulidad, lo que genera confusión.

1. La bonificación judicial reclamada no constituye un derecho adquirido, sino que fu e el resultado de una negociación que no afecta derechos prestacionales adicionales. Por lo tanto, el demandante no tiene derecho a una compensación mayor a la que ya fue reconocida.

1. Los actos administrativos impugnados fueron proferidos en cumplimiento de los decretos salariales vigentes y, por tanto, no corresponden a actos definitivos que puedan ser revisados judicialmente.

E. Pronunciamiento en segunda instancia.

1. Los actos administrativos impugnados fueron proferidos en cumplimiento de los decretos salariales vigentes y, por tanto, no corresponden a actos definitivos que puedan ser revisados judicialmente.

E. Pronunciamiento en segunda instancia.

El pronunciamiento presentado por la parte actora el 19 de febrero de 2025 resulta extemporáneo, dado que fue radicado después de la ejecutoria del auto que admitió el recurso, el 19 de noviembre de 20245, notificado el 20 de noviembre de 20246, y su término de ejecutoria vencía el 25 de noviembre de 2024, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Sin pronunciamiento de la parte demandada y del Ministerio Público.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

F. Problema jurídico.

5https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800123/6800133330132018000 9702/052F5BD969EABACC6C748BDAA008C379ECD967A7B204853C95C513C6FDEBDBD3/2 6https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800123/6800133330132018000 9702/99CF3BD5B98957469EC441951C429F4B0DC317731B7795903D52D8734FC21E87/2Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carlos Enrique Galindo Valdivieso

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333013-2018-00097-02

Rama Judicial del Poder Publico

Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carlos Enrique Galindo Valdivieso

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333013-2018-00097-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Con el fin de establecer si procede confirmar o, por el contrario, revocar la sentencia de primera instancia, se debe resolver el siguiente interrogante que surge del argumento de impugnación de la parte demandada:

¿Hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia por qué; i) La oportunidad para cuestionar la legalidad de los Decretos 0383 y 0384 de 2013, caducó, al no haberse impugnado oportunamente cuando fueron expedidos; ii) La Rama Judicial, específicamente la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, no tiene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional establecido por el Gobierno nacional en los Decretos 0383 y 0384 de 2013; iii) La inaplicación por inconstitucionalidad de estos decretos no es procedente en el caso particular, por estar vigentes y no haber sido declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional?

G. Tesis de la Sala.

No, el acto acusado al negar prestaciones periódicas puede s er demandado en cualquier tiempo, conforme lo señala el Art. 164, numeral 1, literal c) de la Ley 1437 de 2011. Adicionalmente, no se pueden entender como demandados los decretos que crean la bonificación judicial, habida cuenta que lo único que se pretende frente a aquellos es la inaplicación de la expresión «únicamente» y no la declaratoria de

de 2011. Adicionalmente, no se pueden entender como demandados los decretos que crean la bonificación judicial, habida cuenta que lo único que se pretende frente a aquellos es la inaplicación de la expresión «únicamente» y no la declaratoria de ilegalidad. Igualmente, la jurisprudencia ha establecido que la bonificación judicial cumple con los requisitos de salario al ser un pago habitual en retribución al trabajo, por lo que su exclusión como factor salarial desconoce el mandato de nivelación salarial de la Ley 4ª de 1992.

Así mismo, si bien la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no tiene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional fijado por el Gobierno nacional, sí tiene la facultad de interpretar y aplicar las normas en materia salarial dentro de los límites establecidos. La inaplicación del artículo 1 del Decreto 0383 de 2013 no imp lica una modificación del régimen salarial, sino la correcta aplicación del principio « in dubio pro operario » en favor de los servidores judiciales, garantizando sus derechos constitucionales. La jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional ha reconocido que el concepto de salario no depende de la denominación que le dé el empleador, sino de su n aturaleza yNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carlos Enrique Galindo Valdivieso

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333013-2018-00097-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander periodicidad, lo que confirma que la bonificación judicial debe ser considerada factor salarial.

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander periodicidad, lo que confirma que la bonificación judicial debe ser considerada factor salarial.

H. Metodología de la decisión.

Para resolver los problemas jurídicos, la Sala estudiará los siguientes temas: i) La bonificación judicial creada mediante el Decreto 0383 de 2013; ii) Igualdad en la liquidación y pago de la bonificación; iii) Naturaleza salarial de la bonificación judicial; iv) Naturaleza jurídica de los decretos que reglamentan las leyes marco; y v) La excepción de inconstitucionalidad.

Por último, se analizará el caso concreto: hechos relevantes probados y su análisis crítico. Además, se llevará a cabo el estudio oficioso de la prescripción.

1. Bonificación judicial creada mediante el Decreto 0383 de 2013

La Ley 4 de 1992 establece el marco normativo para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, incluyendo los de la Rama Judicial, en cumplimiento del mandato constitucional del artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política de 1991.

Por su parte, el Gobierno nacional, en desarrollo de las preceptivas y orden de nivelación salarial de la Ley 4ª de 1992, expidió el Decreto 0383 de 6 de marzo de 2013, el cual creó la bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar.

De acuerdo con el mencionado decreto, dicho emolumento se reconoce mensual y únicamente constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General

Judicial y de la Justicia Penal Militar.

De acuerdo con el mencionado decreto, dicho emolumento se reconoce mensual y únicamente constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y Salud, y se le excluyó como factor para liquidar otros emolumentos.

Los artículos 1 y 2 son del siguiente tenor literal:

«ARTÍCULO 1. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el Decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamenteNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carlos Enrique Galindo Valdivieso

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333013-2018-00097-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1º de enero de 2013, se percibirá mensualmente mi entras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año en las siguientes tablas, así: […]

PARÁGRAFO. La bonificación judicial creada en el presente artículo se ajustará a

mensualmente mi entras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año en las siguientes tablas, así: […]

PARÁGRAFO. La bonificación judicial creada en el presente artículo se ajustará a partir del año 2014 de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor (IPC) del dos por ciento (2%) respecto del valor de la bonificación asignada en el año inmediatamente anterior.

En el evento en que la variación del índice de precios al consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administra tivo Nacional de Estadística (DANE), para las vigencias fiscales de los años 2014 a 2018 inclusive, sea diferente al dos por ciento (2%) proyectado para el valor de la bonificación judicial para los mismos años, el Gobierno nacional ajustará las tablas correspondientes para la respectiva vigencia en la diferencia que presente.

Para el año 2019 y en adelante, el valor mensual de la bonificación judicial será equivalente al valor que se perciba en el año inmediatamente anterior reajustado con la variación del índice de precios al consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.

ARTÍCULO 2. Los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar que no optaron por el régimen establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995 y que viene regidos por el Decreto 848 de 2012 y las disposiciones que lo modifique o sustituyan, de percibir en el año 2013 y siguientes, un ingreso total anual inferior al ingreso total anual más la bonificación judicial que se crea en el presente decreto, respecto de quien ejerce el mismo

y las disposiciones que lo modifique o sustituyan, de percibir en el año 2013 y siguientes, un ingreso total anual inferior al ingreso total anual más la bonificación judicial que se crea en el presente decreto, respecto de quien ejerce el mismo empleo y se encuentra regido por el régimen salarial y prestacional obligatorio señalado en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995, percibirán la diferencia respectiva a título de bonificación judicial, mientras permanezcan vinculados al servicio.

[…]».

Uno de los objetivos centrales de la Ley 4 de 1992 fue abordar la falta de proporcionalidad en la estructura salarial del sector judicial, que se caracterizaba por marcadas disparidades entre los diferentes niveles jerárquicos. Específicamente, los artículos 14 y 15 de esta ley buscaron implementar una nivelación salarial más equitativa y comprensiva.

Así, en el artículo 14, parágrafo, se señaló:

«Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad».Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carlos Enrique Galindo Valdivieso

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333013-2018-00097-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Del análisis de estas normas se llega a las siguientes conclusiones relevantes: ii) Igualdad en la liquidación y pago de la bonificación

Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Del análisis de estas normas se llega a las siguientes conclusiones relevantes: ii) Igualdad en la liquidación y pago de la bonificación

Es imperativo garantizar un trato igualitario en la liquidación y pago de la bonificación judicial. Por tanto, se determina que: a. Para los funcionarios y empleados no acogidos al régimen de los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y normas comple mentarias, el tope de la bonificación judicial será equivalente al 100% del salario mensual devengado por sus homólogos acogidos a dicho régimen. b. La bonificación debe liquidarse y pagarse mensualmente para todos los servidores, independientemente de su rég imen, asegurando así su carácter de factor salarial al ser una remuneración periódica y permanente.

1. Naturaleza salarial de la bonificación judicial Se