TA SAN - Sentencia 680013333013-2018-00124-02 (06-03-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: Iván Fernando Prada Macías

Bucaramanga, seis (06) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado 680013333013-2018-00124-02 Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante Nathaly Sofia Flórez Martínez y otros jculman@hotmail.com joculman@gmail.com Demandado Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co Ministerio Público Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos nmgonzalez@procuraduria.gov.co Tema Bonificación judicial Decreto 383 de 2013 / Confirma sentencia

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia proferida el seis (06) de septiembre del dos mil veintiuno (2021) por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga.

I. LA DEMANDA1

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., instauró demanda ante esta jurisdicción por conducto de apoderado debidamente constituido los señores Nathaly Sofía Flórez Martínez, Leonardo Pinto Espinoza, Helga Susana Sandoval Ramírez y César Camil García Vanegas en contra de la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura , con el fin de que se acceda a las siguientes:

1. Pretensiones.

Sandoval Ramírez y César Camil García Vanegas en contra de la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura , con el fin de que se acceda a las siguientes:

1. Pretensiones.

1.1 Declarar la nulidad de la Resolución No. DESAJBUR17-5223 de 2017 y del acto administrativo ficto negativo configurado por el silencio frente al recurso de apelación interpuesto contra dicha resolución.

1.2 A título de restablecimiento del derecho se ordene a la demandada reliquidar las prestaciones sociales devengada s por los demandante s a partir del 1° de enero de 2013 y las que se sigan causando en adelante.

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1.3. Que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada y a que dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 187 y 192 del CPACA.

2. Hechos.

Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante aduce los siguientes hechos relevantes:

2.1. Ostentan la calidad de servidores vinculados a la Rama Judicial y devengan mensualmente la bonificación judicial creada mediante los Decretos 383 y 384 de 2013.

2.2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no les ha reconocido como factor salarial, la bonificación judicial a efectos de incluirla en la liquidación de sus prestaciones sociales como en casos análogos se ha hecho,

2.2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no les ha reconocido como factor salarial, la bonificación judicial a efectos de incluirla en la liquidación de sus prestaciones sociales como en casos análogos se ha hecho, por ejemplo con la prima especial de servicios devengada por Jueces y Magistrados.

3. Normas violadas y concepto de violación.

Se invocan como disposiciones violadas las siguiente s: De orden Constitucional: artículos 2, 13, 25 y 53. De orden Legal: Ley 4 de 1992 y Código Sustantivo del Trabajo.

Expresa que se está frente a un caso análogo en los supuestos de hecho y de derecho al de la prima especial se servicios o prima del 30 % como salario pagado mensualmente a los servidores de la Rama Judicial, a los que el Gobierno Nacional les ha desmejorado las condiciones de su salario, pese a la prohibición expresa del artículo 2° literal a) de la Ley 4° de 1992 y a la descripción de salario que hace el artículo 127 del C.S.T., al quitarle efectos salariales a un emolumento que se paga mensualmente y como contraprestación directa al servicio prestado.

II. LA SENTENCIA APELADA2

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga, mediante sentencia de fecha 06 de septiembre de 2021, resolvió:

“PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucional e ilegal, para el caso en concreto, la expresión “ únicamente” contenida en el art. 1 de los Decretos 383 de 2013 y demás decretos que lo modifican, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

concreto, la expresión “ únicamente” contenida en el art. 1 de los Decretos 383 de 2013 y demás decretos que lo modifican, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de acto administrativo contenido en la Resolución No. DESAJBUR17-5223 de 04 de octubre de 2017 por medio de la cual se negó la reliquidación de las prestaciones so ciales de los

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demandantes con inclusión de la Bonificación Judicial creada con el Decreto 383 de 2013, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: DECLARAR la ocurrencia del silencio administrativo negativo derivado de la falta de respuesta del recurso de apelación, interpuesto contra el acto administrativo contenido en la Resolución No.

DESAJBUR17-5223 de 04 de octubre de 2017 , el cual negó el reconocimiento de las prestaciones sociales a los demandantes.

CUARTO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo ficto producto de la ocurrencia del silencio administrativo negativo derivado de la falta de respuesta del recurso de apelación interpuesto contra el acto administrativo contenido en la Resolución No. DESAJBUR17-5223 de 04 de octubre de 2017, el cual negó el reconocimiento de las prestaciones sociales a los demandantes.

QUINTO: ORDENAR, a la NACIÓN-RAMA JUDICIAL -CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL

2017, el cual negó el reconocimiento de las prestaciones sociales a los demandantes.

QUINTO: ORDENAR, a la NACIÓN-RAMA JUDICIAL -CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, a título de restablecimiento del derecho, si aún no ha hecho, a reconocer a favor de NATHALY SOFIA FLOREZ MARTINEZ, HELGA SUSANA SANDOVAL RAMIREZ y CESAR CAMIL GARCÍA VANEGAS, la bonificación judicial creada por el Decreto 383 de 2013 como factor salarial, desde el 11 de septiembre de 2014 en adelante, y hasta la terminación del vínculo laboral, reliquidando todas las prestaciones sociales devengadas por ellos.

En cuanto a LEONARDO PINTO ESPINOZA el reconocimiento se hará desde el 09 de diciembre de 2015 , fecha de su vinculación a la entidad según la certificación allegada.

SEXTO: CONDENAR a la NACIÓN-RAMA JUDICIAL -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, a pagar la s diferencias resultantes entre las prestaciones sociales devengadas y las que resulten de la reliquidación ordenada.

SÉPTIMO: DECLARAR que en el presente asunto ha operado la prescripción trienal de las diferencias causadas con anterioridad al 11 de septiembre de 2014, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

OCTAVO: Las sumas reconocidas deberán ser debidamente actualizadas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

septiembre de 2014, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

OCTAVO: Las sumas reconocidas deberán ser debidamente actualizadas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

NOVENO: NO CONDENAR en costas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

(…)”.

Como fundamento de la decisión y, tras desarrollar en el marco jurídico y jurisprudencial el concepto de salario, el régimen salaria l y prestaciones dirigido a los empleados que se vincularon a la Rama Judicial con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 057 de 1997 y la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad al contexto particular, determinó que la bonificación judicial prevista en el Decreto 38 3 de 2013 sí constituye salario, contrario a lo dispuesto en dicha norma, toda vez que se trata de una retribución que se percibe habitual y periódicamente por la demandante como contraprestación directa de sus servicios prestados a la Rama Judicial; por lo que la misma implica una violación de los principios y valores establecidos enTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333013-2018-00124-02

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el artículo 1° del Convenio 095 de la OIT, el artículo 53 de la C onstitución Política y el artículo 2° de la Ley 4° de 1992 , lo que conduce a inaplicar la expresión allí contenida y reproducida en los decretos que ajustaron año a año los valores a reconocer por bonificación judicial , “…únicamente” , declarar la nulidad de los actos acusados y ordenar la reliquidación prestacional solicitada con la demandada.

los valores a reconocer por bonificación judicial , “…únicamente” , declarar la nulidad de los actos acusados y ordenar la reliquidación prestacional solicitada con la demandada.

III. EL RECURSO DE APELACIÓN3

El apoderado judicial de la parte demandada formula recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, insistiendo en la prosperidad de las excepciones previas y de mérito de falta de legitimación en la causa por pasiva y no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios.

Al respecto, considera que en atención a que lo que se busca con la demanda es modificar la escala de salarios prevista en el Presupuesto General de la Nación, deben ser el Gobierno Nacional, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Administrativo de la Función Pública los llamados a responder por estas pretensiones, aunado al hecho de que la rama judicial no cuenta con facultad de modificar o adicionar la partida presupuestal asignada y, por tanto, se configuran la falta de legitimación en la caus a por pasiva de su parte y la ineptitud de la demanda.

Reitera que la entidad sólo se ha dedicado a dar cumplimiento a los decretos legales vigentes en los cuales expresamente se señala que la bonificación constituye factor salarial únicamente para efecto s de constituir la base de cotización del Sistema General de Seguridad Social en salud y por tanto, las imputaciones frente a los mismos deben ser asumidas por la autoridad competente y no por la Rama Judicial. Aunado a ello, considera que no es de recibo atacar su contenido a través de una acción de contenido particular y que no le es dable a la administración judicial acceder a la inaplicación por inconstitucionalidad, pues al realizarlo se modificaría el régimen salarial y

recibo atacar su contenido a través de una acción de contenido particular y que no le es dable a la administración judicial acceder a la inaplicación por inconstitucionalidad, pues al realizarlo se modificaría el régimen salarial y prestacional de los servidores beneficiarios del Decreto 0383 de 2013 o del Decreto 0384 de 2013, competencia atribuible única y exclusivamente al Gobierno Nacional.

Sumado a lo anterior, advierte que no se avizora vicio de constitucionalidad alguno en la disposición que regula la Bonificación Judicial, toca vez que, variada y reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional ha admitido que resulta ajustado a la Constitución el que el Gobierno Nacional establezca que ciertos emolumentos salariales no tengan carácter salarial, pues ello es válido dentro de su libertad de configuración, máxime porque las condiciones en que fue creada tal Bonificación surgieron a partir de un acuerdo colectivo que el Gobierno hizo con las organizaciones sindicales de la Rama Judicial.

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Manifiesta que no están incluidos en el presupuesto de la Rama Judicial los dineros que se requerirían para el pago de lo pretendido por la parte actora, lo cual obedece a que el rubro de gastos de personal está planeado y calculado, teniendo en cuenta las regulaciones vigentes que regulan los salarios, prestaciones y acreencias laborales de los empleados de la Rama Judicial, por lo que de ninguna manera pueden incluirse allí mayores costos para reconocer

teniendo en cuenta las regulaciones vigentes que regulan los salarios, prestaciones y acreencias laborales de los empleados de la Rama Judicial, por lo que de ninguna manera pueden incluirse allí mayores costos para reconocer lo pretendido por la parte actora, en tanto, no resulta acorde con las previsiones de los Decretos 383 y 384 de 2013, que establecieron el carácter salarial de la Bonificación Judicial únicamente para efectos de aportes de Seguridad Social en pensiones y salud.

Se refiere a la excepción de caducidad asegurando que la pa rte demandante debió pretender la nulidad de los decretos salariales dentro del término contemplado en el artículo 138 del CPACA, de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 137 ibidem, puesto que la parte accionante lo que pretende es el restablecimiento automático de un derecho (reliquidación de salarios y prestaciones causados desde el 2013) y que no demandó las normas que regulan su remuneración, razón por la cual no encuentra justificable que la parte accionante pueda ser excusada de n o haber atacado la vigencia de aquellas normas que se encuentra vigentes.

Por su parte, señala que en el presente caso ha operado la prescripción trienal de los derechos laborales pretendidos por la parte actora, que no fueron reclamados oportunamente, pa ra tal efecto debe tenerse en cuenta que la demandante radicó la petición ante la Seccional Bucaramanga el 11 de septiembre de 2017 , mediante la cual reclamó el reconocimiento de la bonificación decreto 383 y 384 de 2013, durante el tiempo que se desempeñó como empleada de la rama judicial; razón por la cual, las sumas reclamadas

septiembre de 2017 , mediante la cual reclamó el reconocimiento de la bonificación decreto 383 y 384 de 2013, durante el tiempo que se desempeñó como empleada de la rama judicial; razón por la cual, las sumas reclamadas con anterioridad al 11 de septiembre de 2014, se encuentran prescritas.

IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El proceso es repartido al Despacho el 17 de abril de 2023 formulándose impedimento por parte del ponente para conocer del asunto; no obstante, fue declarado infundado. Posteriormente, con auto del 28 de enero de 2025 se admitió el recurso de apelación. En la misma providencia se advirtió a los sujetos procesales que hasta su ejecutoria podrían pronunciarse en relación con el recurso de apelación admitido.

En esta etapa las partes demandante y demandada guardaron silencio y el Ministerio Público no presentó concepto de fondo.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

1. Aspecto procesal previoTribunal Administrativo de Santander

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Encontrándose el presente proceso para efectuar pronunciamiento de fondo , la H. Magistrada Claudia Ximena Ardila Pérez, integrante de la Sala de decisión, formula impedimento para conocer el fondo del asunto por la causal prevista en el numeral 1° del artículo 141 del C.G.P., aplicable por remisión expresa del artículo 130 de la Ley 1437 de 2011, por existir un interés indirecto en las resultas del proceso, en atención a que radicó demandada de nulidad y

prevista en el numeral 1° del artículo 141 del C.G.P., aplicable por remisión expresa del artículo 130 de la Ley 1437 de 2011, por existir un interés indirecto en las resultas del proceso, en atención a que radicó demandada de nulidad y restablecimiento del derecho bajo el número 680013333-004-2018-00412-00, en la que pretende el reconocimiento de la bonificación judicial y la prima especial como factor salarial.

Así, atendiendo a las manifestaciones efectuadas por la H. Magistrada, considera la Sala que para el caso bajo estudio se configura la causal de impedimento aludida atendiendo a que, tiene una expectativa similar a la de la parte demandante pues su proceso se encuentra en trámite y la reclamación del derecho no ha sido definida por el juez de conocimiento; razón por la cual la Sala estima procedentes los motivos invocados por la doctora Claudia Ximena Ardila Pérez y en ese sentido, se aceptará el impediment o manifestado, al configurarse la causal prevista en el numeral primero del artículo 1 41 del CGP; resolviéndose, tal y como quedará consignado en la parte resolutiva, apartar a la H. Magistrada Ardila Pérez del conocimiento del presente medio de control, en aras de preservar la imparcialidad en la función judicial.

2. Competencia.

Corresponde a esta Corporación resolver los recursos interpuestos, dada la naturaleza de la providencia apelada, de conformidad con lo establecido en los Arts. 243 y 247 de la Ley 1437 de 2011.

3. Problema Jurídico.

De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y

naturaleza de la providencia apelada, de conformidad con lo establecido en los Arts. 243 y 247 de la Ley 1437 de 2011.

3. Problema Jurídico.

De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en el escrito de apelación, le corresponde a la Sala establecer si resulta procedente inaplicar por inconstitucionalidad la palabra “ únicamente” contenida en el artículo 1° del Decreto 383 de 2013 y en aquellos que ajustaron año a año los valores a reconocer por la bonificación judicial creada para los servidores públicos de la rama judicial y de la Justicia Penal Militar.

En caso afirmativo, se debe determinar, si la bonificación judicial creada mediante el Decreto 38 3 de 2013, constituye factor salarial para reliquidar todas las prestaciones sociales de los demandantes desde su vinculación a la entidad y, por tanto, hay lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados.

4. Control de constitucionalidad del Decreto 383 de 2013. De la naturaleza jurídica de la bonificación judicial.Tribunal Administrativo de Santander

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La Constitución de 1991 dejó en manos del legislador la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los funcionarios públicos, correspondiéndole al Ejecutivo, en ejercicio de la potestad reglamentaria prevista en el numeral 11 del artículo 189 de la Carta Fundamental, desarrollar los parámetros fijados en Leyes Marco, como es el caso de la Ley 4ª de 19924, que señala los lineamientos generales que debe seguir el Ejecutivo Nacional

prevista en el numeral 11 del artículo 189 de la Carta Fundamental, desarrollar los parámetros fijados en Leyes Marco, como es el caso de la Ley 4ª de 19924, que señala los lineamientos generales que debe seguir el Ejecutivo Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos.

Ahora bien, conviene destacar, que la Ley 4ª de 1992, entre los objetivos centrales para el sector judicial, se dirige a lograr una nivelación adecuada y más comprensiva de los salarios, es así que en sus artículos 14 y 15, como lo ha considerado el Consejo de Estado 5, da “cuenta de la falta de proporcionalidad salarial en la pirámide salarial ya que los sueldos de los magistrados de las Cortes de cierre estaban muy distantes del segundo nivel salarial conformado por los magistrados de Tribunal y magistrados auxiliares de Altas Cortes) y, con mayor razón , con un extendido tercer nivel salarial conformado por el resto de jueces unipersonales que atienden el grueso de la demanda judicial del país. Por ello, y con el fin de extender el beneficio salarial a todos los funcionarios y empleados de la Rama Judici al, se incluyó un parágrafo en el artículo 14 de la referida Ley 4ª, del siguiente tenor literal: “PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad”.

En todo caso, debe señalar la Sala, que en la expedición de normas de carácter salarial, se debe ser consecuente con el principio de progresividad,

de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad”.

En todo caso, debe señalar la Sala, que en la expedición de normas de carácter salarial, se debe ser consecuente con el principio de progresividad, constitucionalmente plasmado en el artículo 53 de la Carta Política6, y la noción de salario vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, atendiendo la mínima y básica realidad salarial, so pena de violar los criterios y valores establecidos en la Ley 4ª de 1992 , en tanto que, como se indicó, lo pretendido tanto por el Constituyente como por el Legislador fue “nivelar o reclasificar con sentido de equidad el sistema de remuneración de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial”.

4 “ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…)

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno

para los siguientes efectos: (…) e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública...” 5 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA. Bogotá, D. C, seis (6) de abril de dos mil veintidós (2022). Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Radicación: 76001233300020180041401 (0470-2020) 6 El artículo 53 Constitucional, eleva a rango superior una gama de principios (que componen el marco axiológico, ideológico y filosófico de las normas laborales y que permiten por tanto una correcta

6 El artículo 53 Constitucional, eleva a rango superior una gama de principios (que componen el marco axiológico, ideológico y filosófico de las normas laborales y que permiten por tanto una correcta interpretación de las normas sustantivas), entre los que se cuentan el de una remuneración vital y móvil; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicaci ón e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; así mismo, en los incisos cuarto (4º) y quinto (5º) del artículo 53 se precisa que los convenios in ternacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna; y que la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333013-2018-00124-02

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De esta manera, el Gobierno Nacional, en desarrollo de las preceptivas y orden de nivelación salarial dispuesto en la Ley 4ª de 1992, expidió el Decreto 38 3 de 6 de marzo de 2013, el cual creó una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional dispuesto en los Decretos 057 y 110 de 1993, bien porque se hubieran vinculado a partir de su entrada en vigor o, porque se hubieran acogido a él; en todo caso, en garantía del principio

se les aplica el régimen salarial y prestacional dispuesto en los Decretos 057 y 110 de 1993, bien porque se hubieran vinculado a partir de su entrada en vigor o, porque se hubieran acogido a él; en todo caso, en garantía del principio de la igualdad, bajo el principio de “a trabajo igual, salario igual ”, el artículo 2 del Decreto 383 de 2013 determinó, que aquellos funcionarios y empleados que “no optaron por el régimen establecido en el Decreto número 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995 y que vienen regidos por el Decreto 848 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, de percibir en el año 2013 y siguientes, un ingreso total anual inferior al ingreso total anual más la bonificación judicial que se crea en el presente decreto, respecto de quien ejerce el mismo empleo y se encuentra regido por el régimen salarial y prestacional obligatorio señalado en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995, percibirán la diferencia respectiva a título de bonificación judicial, mientras permanezcan vinculados al servicio”.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 1 del Decreto 383 de 2013 , la bonificación judicial se reconoce de forma mensual y, constituye “únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud ”, luego no es constitutiva de factor salarial para efectos de liquidar las prestaciones legales y sociales que perciben los servidores de la Rama Judicial.

En consecuencia, al limitarse el carácter salarial de la bonificación judicial sólo al ingreso base de cotización en pensiones y salud, el Gobierno Nacional se

y sociales que perciben los servidores de la Rama Judicial.

En consecuencia, al limitarse el carácter salarial de la bonificación judicial sólo al ingreso base de cotización en pensiones y salud, el Gobierno Nacional se apartó del marco de la Ley 4 de 1992 al que estaba obligado, en tanto no se dirigió a lograr la nivelación salarial, que sólo puede ser comprendida como un mejoramiento de las condiciones salariales, lo que para la Sala debe conllevar un aumento de la remuneración o retribución económica por la prestación de servicios; frente a lo cual, debe recordarse, que el artículo 127 de Código Sustantivo de Trabajo con la modificación realizada por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990 , determina que “Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras , valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones”.

De ahí que, comprender la bonificación judicial sin carácter salarial, equivale a despojar a los servidores públicos destinatarios de la misma , de una buena parte de los beneficios salariales y prestacionales que el incremento de la remuneración representa, en la medida que al ser un factor salarial debe tenerse en cuenta para liquidar todos sus derechos económicos, como primas, vacaciones, cesantías, etc.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333013-2018-00124-02

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vacaciones, cesantías, etc.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333013-2018-00124-02

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En este sentido, el Consejo de Estado7 indicó, que “al señalar el legislador que esa revisión se realizaría a través de la nivelación o reclasificación de los empleos de la Rama, debió el Gobierno Nacional sujetarse a ese cuadro fijado por el legislador: nive lación o reclasificación, lo que conlleva a incremento salarial y no sólo crear una Bonificación ajena, según el Decreto que la creó, al salario, por cuanto el mismo indica que dicha Bonificación “sólo constituye factor salarial para efectos de las cotizac iones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y en Salud””.

Bajo estas premisas, es claro que el Decreto 38 3 de 2013 al incluir en su artículo 1 que la bonificación judicial “…constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización a l Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud …”, no siguió los condicionamientos dispuestos en la Ley Marco 4 ª de 1992; de ahí que , con fundamento en la excepción de constitucionalidad (artículo 4 superior), dicho aparte debe ser inaplicado al caso concreto por ser contrario al ordenamiento jurídico y, si bien debe admitirse que los reglamentos que desarrollan leyes marco gozan de una mayor amplitud regulatoria en consideración a que la ley marco por su propia estructura normativa no puede contener más que parámetros, criterios y principios generales ; debe recordarse que esa mayor amplitud, en todo caso, no está exenta de la necesaria coincidencia

marco por su propia estructura normativa no puede contener más que parámetros, criterios y principios generales ; debe recordarse que esa mayor amplitud, en todo caso, no está exenta de la necesaria coincidencia axiológica que el reglamento debe guardar con la Ley que define los ámbitos generales que justifican precisamente la expedición del decret o que, para el caso que se analiza en esta sentencia, no es otra la finalidad que lograr una nivelación salarial lo que implica un incremento salarial con sentido de equidad; luego, al ser la bonificación pagadera mensualmente, esto es, de un pago habitual y obligatorio, deviene claro que su finalidad es remuneratoria del servicio o, lo que es lo mismo, en retribución al trabajo, no ha debido sustraerse como factor salarial para liquidar las prestaciones sociales , pues ello no responde al dispositivo contenido en el Parágrafo del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 cuya objetivo, como se ha insistido, es la de nivelar la remuneración de los servidores públicos de la Rama Judicial.

Además de lo expuesto, debe indicar la Sala que, si bien el Decreto 383 de 2013 fue producto de una negociación realizada entre la Rama Judicial con el Gobierno Nacional; no por ese h echo se le debe restringir el carácter de salario; pues no es posible justificar que, a través de un acuerdo entre las partes, se determine un salario apenas formal y nominalmente (como lo sería para efectos de establecer el ingreso de cotización a la segu ridad social integral), pero se le niegue esa condición de manera real y material, al impedir que sirva de base o parámetro para la liquidación de las demás acreencias laborales que tienen como referente ese concepto ; pue