TA SAN - Sentencia 680013333013-2019-00094-01 (18-09-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAGISTRADO PONENTE: Dr. JULIO EDISSON RAMOS SALAZAR

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Bucaramanga, dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

MEDIO DE CONTROL REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE LEDIS MARÍA LARA PALLARES

KEVIN JOSÉ PLATA LARA

KELLY YULITZA PLATA LARA

LILIBETH KATLEIDY PLATA LARA

LEIDY KARINA PLATA LARA

JOSÉ GABRIEL LUNA LARA

ZULLY QUINTERO PORTILLO

Aristigol1023@gmail.com

DEMANDADO NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co

NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co RADICADO 680013333013-2019-00094-01

MINISTERIO

PÚBLICO

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

xmora@procuraduria.gov.co;

TEMA PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD

Se decide los recursos de APELACIÓN interpuestos por las partes demandadas contra la s entencia del 09 de diciembre de 2024 proferida por el Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga.

I. ANTECEDENTES

1. HECHOS1.

contra la s entencia del 09 de diciembre de 2024 proferida por el Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga.

I. ANTECEDENTES

1. HECHOS1.

1.1 El día 22 de enero de 2016, la señora Ledis María Lara Pallares fue capturada en su lugar de trabajo, el Hotel Guatapurí en Valledupar, por miembros del CTI de Barbosa (Santander), en virtud de orden judicial expedida en su contra por los presuntos delitos de hurto por medios informáticos y enriquecimiento ilícito en favor de terceros.

1.2 El 23 de enero de 2016, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con funciones de control de garantías de Barbosa (Santander) legalizó la captura, formuló imputación e impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento de reclusión, en aplicación del artículo 307 literal A numeral 1° de la Ley 906 de 2004.

1.3 La señora Lara Pallares permaneció privada de la libertad desde el 22 de enero hasta el 7 de marzo de 2016, en el Establecimiento de Reclusión para Mujeres de Bucaramanga (Cárcel de Chimitá).

1 Expediente digital Samai – Indice 00015 Archivo DEMANDAMedio de control. Reparación directa. Radicado. 680013333013-2019-00094-01 Sentencia 2da instancia

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2. PRETENSIONES.

PRIMERA: Declarar administrativa y patrimonialmente responsable a LA NACIÓN

COLOMBIANA - RAMA JUDICIAL, - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Sentencia 2da instancia

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2. PRETENSIONES.

PRIMERA: Declarar administrativa y patrimonialmente responsable a LA NACIÓN COLOMBIANA - RAMA JUDICIAL, - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SOLIDARIAMENTE, por la privación injusta de la libertad de LEDIS MARÍA LARA PALLARES, ocurrida el día 22 de Enero de 2016 hasta el día 07 de marzo de 2016, con base en el sumario No. 685723104001-2016-00024, que cursó en el JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE PUENTE NACIONAL SANTANDER y que terminó con sentencia de fecha 23 de mayo de 2017 donde se precluyó la investigación penal a favor de LEDIS MARÍA LARA PALLARES; fallo que cobro ejecutoria el mismo día 23 de mayo de 2017 y en consecuencia, responsables de la totalidad de los daños materiales, morales y a la vida en relación de LEDIS MARÍA LA RA PALLARES,

(quien actúa en nombre propio y de su menor hijos KEVIN JOSÉ PLATA LARA (MENOR), KELLY YULITZA PLATA LARA LILIBETH KATLEIDY PLATA LARA, LEIDY KARINA PLATA LARA, JOSÉ GABRIEL LUNA LARA, ZULLY QUINTERO PORTILLO CC No 37.314.948 de Ocaña (PATRONA), como victimas indirectas.

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración que se condene a la NACIÓN COLOMBIANA - RAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, solidariamente, a reconocer y pagar por los daños y perjuicios causados,

así:

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración que se condene a la NACIÓN COLOMBIANA - RAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, solidariamente, a reconocer y pagar por los daños y perjuicios causados,

así:

a. Perjuicios materiales. En la modalidad de lucro cesante, como indemnización, se reconozca y pague las sumas de dinero que dejó de percibir LEDIS MARÍA LARA PALLARES , como trabajadora del HOSTAL GUATAPURI en Valledupar, el tiempo que permaneció injustamente privada de la libertad, esto es, desde el día 22 de enero de dos mil Dieciséis (2016) hasta el día tres (07) de marzo de dos mil dieciséis (2016). En consecuencia, para el reconocimiento y pago de dichos perjuicios deberá tomarse los 45 días que estuvo detenida LEDIS MARÍA LARA PALLARES teniendo como base para su liquidación el SALARIO MÍNIMO MENSUAL VIGENTE , para la época de la preclusión de la investigación, que hace referencia a SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/C ($737.717) mensuales que aplicados al tiempo que estuvo privada de la libertad, nos arroja la suma de UN MILLÓN CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/C ($1.106.575) (SUMA INDEXADA HASTA LA PRESENTE); deberá reconocerse un periodo de tiempo adicional por el término en que el actor debió quedar cesante una vez le fue revocada la medida de aseguramiento . el cual equivale de 35 semanas (8,75 meses) , que corresponde al tiempo que, en

reconocerse un periodo de tiempo adicional por el término en que el actor debió quedar cesante una vez le fue revocada la medida de aseguramiento . el cual equivale de 35 semanas (8,75 meses) , que corresponde al tiempo que, en promedio, puede tardar una persona en edad económicamente activa para encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, como lo ha considerado la Sala en oportunidades anteriores, con fundamento en la información ofrecid a por el observatorio laboral y ocupacional colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) . suma que debe ser actualizada según la fórmula utilizada Consejo de Estado.

VP=VH Ind. final Ind. Inicial

Tomamos como índice inicial el del mes de ENERO de 2016 fecha en la cual fue capturada mi representada y como índice final el del mes de marzo de 2016, así: IPC de enero de 2016 = 134,76594 y el IPC de marzo de 2016 = 136,75543%, por lo que al realizar la respectiva operación aritmética nos arroja la suma de $700.186 pesos que deberán cancelar las convocadas por concepto de perjuicios materiales lucro cesante.

POR EL PERIODO ADICIONAL SEGÚN EL observatorio laboral y ocupacional colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje

(SENA)

Se tiene que es equivalente a un periodo de 8,75 meses, lo que al aplicar la fórmula utilizada por el Honorable Concejo de EstadoMedio de control. Reparación directa. Radicado. 680013333013-2019-00094-01 Sentencia 2da instancia

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VP=VH Ind. final a. Ind. Inicial

Radicado. 680013333013-2019-00094-01 Sentencia 2da instancia

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VP=VH Ind. final a. Ind. Inicial

Tomamos como índice inicial el del mes de ENERO de 2016 fecha en la cual fue capturada mi representada y como índice final el del mes de marzo de 2016, así: IPC de enero de 2016 = 134,76594 y el IPC de marzo de 2016 = 136,75543%, por lo que al realizar la respectiva operación aritmética nos arroja la suma de $700.186 pesos por cada mes y esto multiplicado por 8, 75 meses da como lucro cesante $ 6.126.628 pesos que deberán cancelar las convocadas por concepto de perjuicios materiales (lucro cesante).

TOTAL LUCRO CESANTE CONSOLIDADO

$1.106.575 pesos MAS $ 6.126.628 ES IGUAL A $ 7.233.303 p esos M/C

En la modalidad de DAÑO EMERGENTE: Para que sean tenidos en cuenta por su Honorable Despacho, como indemnización se le reconozca al injustamente privado de la libertad la suma de dinero cancelada al togado de la defensa penal por valor de DIEZ MILLONES DE PESOS M/C ($10.000.000). En consecuencia, para el reconocimiento y pago de dichos perjuicios se tomará como sustento probatorio la respectiva certificación de pago de honorarios emanada del representante judicial en conjunto con el contrato de prestación de servicios suscrito con la sufragante ZULLY QUINTERO PORTILLO.

Se tendrá como Daño emergente el valor de los viáticos sufragados al togado de la defensa para las asistencias a las diligencias programadas en el municipio

suscrito con la sufragante ZULLY QUINTERO PORTILLO.

Se tendrá como Daño emergente el valor de los viáticos sufragados al togado de la defensa para las asistencias a las diligencias programadas en el municipio de Vélez Santander por valor de $ TRES MILLONES DE M/C (3.000.000)

b. Perjuicios morales:

1. A favor de LEDIS MARÍA LARA PALLARES , en su condición de víctima directa la suma equivalente a Treinta y Cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2. A favor de LILIBETH KATLEIDY PLATA LARA , la suma equivalente a Treinta y Cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes en su condición de HIJA de LEDIS MARÍA LARA PALLARES , en consecuencia,

VICTIMA INDIRECTA

3. A favor de LEIDY KARINA PLATA LARA , la suma equivalente a Treinta y cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes en su condición de

HIJA de LEDIS MARÍA LARA PALLARES , en consecuencia, VICTIMA

INDIRECTA

4. A favor de KELLY YULITZA PLATA LARA (MENOR), la suma equivalente a Treinta y cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes en su condición de HIJA de LEDIS MARÍA LARA PALLARES , en consecuencia,

VICTIMA INDIRECTA

5. A favor de JOSÉ GABRIEL LUNA LARA , la suma equivalente a Treinta y cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes en su condición de

HIJO de LEDIS MARÍA LARA PALLARES , en consecuencia, VICTIMA

INDIRECTA

cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes en su condición de HIJO de LEDIS MARÍA LARA PALLARES , en consecuencia, VICTIMA

INDIRECTA

6. A favor de KEVIN JOSÉ PLATA LARA (MENOR) , la suma equivalente a Treinta y cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes en su condición de HIJO de LEDIS MARÍA LARA PALLARES , en consecuencia,

VICTIMA INDIRECTA

7. A favor de ZULLY QUINTERO PORTILLO 37.314.948 de Ocaña

(PATRONA), la suma equivalente a CINCO PUNTO VEINTICINCO (5.25)Medio de control. Reparación directa. Radicado. 680013333013-2019-00094-01 Sentencia 2da instancia

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salarios mínimos legales mensuales vigentes en su condición de EMPLEADORA de LEDIS MARÍA LARA PALLARES , en consecuencia,

VICTIMA INDIRECTA.

Según lo establecido por el Honorable Consejo de Estado en la sentencia de unificación 28 de agosto de 2014, Exp. 36149, M.P. Hernán Andrade Rincón (E). Actor: José Delgado Sanguino y otros. Demandada: La Nación - Rama Judicial. CONCEJO DE ESTADO - sentencia de 28 de agosto de 2013, proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo - Rad. No. 25.022.

C. Daño a la vida en relación:

A favor de LEDIS MARÍA LARA PALLARES , en su condición de víctima directa, la suma de Cien (100) Salarios Mínimos Legales Mensuales vigentes,

C. Daño a la vida en relación:

A favor de LEDIS MARÍA LARA PALLARES , en su condición de víctima directa, la suma de Cien (100) Salarios Mínimos Legales Mensuales vigentes, por el escarnio público, la estigmatización y la apatía que generó en el medio de la hotelería donde desarrollaba sus actividades la señora LARA PALLARES, al momento de su aprensión.

SEGUNDA: La liquidación de las anteriores sumas deberá efectuarse me sumas liquidas de monedas de curso legal en Colombia y se ajustaran sumas tomando como base el índice de Precios al Consumidor IPC, o al mayor, conforme a lo establecido por el Artículo 195 Numeral 4 del C.P.A.C.A.

TERCERA: Para el cumplimiento de la sentencia, se deberá remitir a lo ordenado en los artículos 192, 193 y 195 del C.P.A.C.A Todas las sumas se reajustarán a la fecha de ejecutoria de la sentencia, una vez ejecutoriada, la suma a pagar generará intereses. La tasa de mora aplicable será igual a la tasa de interés de los certificados de depósito a término 90 días (DTF), certificada por el Banco de la República. Cuando el periodo de mora supere los 10 meses contados desde la ejecutoria, se aplicará desde el mes 10, l a tasa comercial moratoria hasta la fecha del pago. Así mismo, se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 1653 del Código Civil que establece que "todo pago se imputará primero a intereses".

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

3.1 Nación – Fiscalía General de la Nación2

establecido en el artículo 1653 del Código Civil que establece que "todo pago se imputará primero a intereses".

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

3.1 Nación – Fiscalía General de la Nación2

La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda oponiéndose a todas las pretensiones formuladas en su contra.

Argumenta que no le asiste responsabilidad patrimonial ni administrativa en el caso de Ledis María Lara Pallares, toda vez que su actuación se enmarcó en los límites constitucionales y legales. Señala que la privación de la libertad no fue injusta ni ilegal, ya que la medida de aseguramiento fue impuesta por un juez de control de garantías, quien valoró el material probatorio aportado por la Fiscalía y tom ó la decisión autónoma de ordenar la detención preventiva. De este modo, recalca que no es la Fiscalía quien dec ide sobre la restricción de la libertad, sino el juez competente.

En segundo lugar, enfatiza que su intervención correspondió al ejercicio legítimo del deber constitucional de investigar delitos (art. 250 C.P.) y que la solicitud de medida de aseguramiento estuvo debidamente sustentada con indicios graves de responsabilidad penal.

2 Expediente digital Samai – Indice 00015 contestaciónFGNMedio de control. Reparación directa. Radicado. 680013333013-2019-00094-01 Sentencia 2da instancia

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Aduce que no se configuró ninguna falla en el servicio ni se violaron derechos fundamentales, por lo que no puede hablarse de un daño antijurídico. En su criterio, la preclusión del proceso penal no conlleva automáticamente responsabilidad

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Aduce que no se configuró ninguna falla en el servicio ni se violaron derechos fundamentales, por lo que no puede hablarse de un daño antijurídico. En su criterio, la preclusión del proceso penal no conlleva automáticamente responsabilidad estatal, ya que el proceso penal cumplió su función dentro de los parámetros legales.

Finalmente, la entidad sostiene que el daño alegado por los demandantes carece de antijuridicidad, dado que la carga de la detención preventiva debía ser soportada como consecuencia del funcionamiento normal del sistema judicial. Añade que la privación de la libertad no fue arbitraria ni desproporcionada, y que el simple hecho de que el proceso no concluyera en condena no significa que el Estado deba indemnizar. Por lo tanto, solicita se rechacen las pretensiones, al no haberse demostrado actuación dolosa, culposa o irregular por parte de sus agentes.

3.2 Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial3

La Rama Judicial se opone a las pretensiones de la demanda alegando que las decisiones judiciales que originaron la privación de la libertad de la señora Ledis María Lara Pallares fueron adoptadas por jueces competentes, dentro del marco legal y constituci onal. Asegura que su actuar se ajustó a la normatividad vigente, por lo que no puede configurarse una falla en el servicio. Además, recalca que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no participó directamente en el proceso penal ni tuvo injerenc ia alguna en la orden de captura ni en la imposición de medida de aseguramiento.

Sostiene, además, que la imposición de la medida de aseguramiento no debe ser

proceso penal ni tuvo injerenc ia alguna en la orden de captura ni en la imposición de medida de aseguramiento.

Sostiene, además, que la imposición de la medida de aseguramiento no debe ser considerada automáticamente como generadora de un daño antijurídico, ya que se trata de una medida legítima dentro del ejercicio del ius puniendi del Estado. Destaca que el régimen de responsabilidad aplicable no es estrictamente objetivo, sino que debe analizarse caso a caso, considerando si la actuación judicial fue desproporcionada, irrazonable o arbitraria. Se ampara en la jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional, particularmente en la sentencia SU-072 de 2018, la cual establece que no toda absolución implica automáticamente una privación injusta de la libertad.

Finalmente, enfatiza que para que proceda la indemnización es necesario demostrar la existencia de un daño antijurídico atribuible a una actuación estatal contraria a derecho, lo cual no se configura cuando el juez de control de garantías actúa bajo los pa rámetros legales. Argumenta que las medidas de aseguramiento son preventivas y no sancionatorias, y que el Estado no puede ser condenado únicamente por el resultado final del proceso penal (absolución o preclusión), sin que se analice el cumplimiento de lo s presupuestos legales en la etapa inicial. Por ello, solicita que se deniegue cualquier declaratoria de responsabilidad.

III. SENTENCIA APELADA4

3 Expediente digital Samai – índice 00015 contestación-Rama Judicial 4 Expediente digital Samai – índice 00052 Sentencia Primera InstanciaMedio de control. Reparación directa. Radicado. 680013333013-2019-00094-01 Sentencia 2da instancia

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4 Expediente digital Samai – índice 00052 Sentencia Primera InstanciaMedio de control. Reparación directa. Radicado. 680013333013-2019-00094-01 Sentencia 2da instancia

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Mediante sentencia de fecha 09 de diciembre de 2024 , el Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga dispuso:

PRIMERO: DECLÁRESE administrativa y patrimonialmente responsable a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL por los perjuicios causados a la parte demandante, con ocasión a la privación injusta de la libertad de la que fue víctima la señora LEDIS MARÍA LARA PALLARES, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: CONDÉNESE a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a indemnizar y pagar por concepto de perjuicios morales causados a los señores LEDIS MARÍA LARA PALLARES, LILIBETH KATLEIDY PLATA LARA; LEIDY KARINA PLATA LARA; KELLY YULITZA PLATA LARA; JOSÉ GABRIEL LUNA LARA Y KEVIN JOSÉ PLATA LARA, la suma equivalente a 35 SMMLV para cada uno.

TERCERO: CONDÉNASE a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a pagar por concepto de perjuicios materiales,

TERCERO: CONDÉNASE a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a pagar por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de DOCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($12.554.272), a favor de la señora LEDIS MARÍA LARA PALLARES.

CUARTO: DISPONER que la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN pague el 40% de la condena y la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL pague el 60% de la condena, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

QUINTO: DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: SIN CONDENA en costas de primera instancia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

(…)

El juez consideró que la medida de aseguramiento privativa de la libertad fue injusta, ya que no existía una base probatoria suficiente ni idónea que permitiera inferir razonablemente la participación de la señora Lara Pallares en los delitos imputados. El único elemento aportado fue un informe que vinculaba una dirección IP, registrada a su nombre, con una red de internet usada en un hostal de acceso público, lo cual fue considerado circunstancial y no concluyente.

Además, se determinó que tanto la Fiscalía como el juez de control de garantías actuaron sin cumplir los requisitos exigidos por la Ley 906 de 2004, especialmente

público, lo cual fue considerado circunstancial y no concluyente.

Además, se determinó que tanto la Fiscalía como el juez de control de garantías actuaron sin cumplir los requisitos exigidos por la Ley 906 de 2004, especialmente los artículos 308, 310, 311 y 313, ya que no se acreditó el peligro para la comunidad ni la o bstrucción de la justicia. Incluso, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Vélez anuló la decisión inicial por falta de motivación, ordenando la libertad inmediata de la demandante.

Para el a quo, la Fiscalía incurrió en una falla del servicio al solicitar la medida con base en un elemento probatorio débil y sin adelantar una investigación diligente. Por su parte, la Rama Judicial omitió verificar la eficacia de las pruebas presentada s yMedio de control. Reparación directa. Radicado. 680013333013-2019-00094-01 Sentencia 2da instancia

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accedió a la medida de aseguramiento sin justificación legal suficiente, configurando así una actuación desproporcionada y carente de razonabilidad.

En consecuencia, el juez concluyó que el daño padecido por la señora Lara Pallares fue antijurídico, ya que no estaba en el deber jurídico de soportarlo, y declaró patrimonial y administrativamente responsable a la Nación (Fiscalía y Rama Judicial) por los perjuicios ocasionados.

IV. LA APELACIÓN

4.1 Nación – Fiscalía General de la Nación5

La Fiscalía General de la Nación impugnó la sentencia de primera instancia argumentando que el juez aplicó de forma incorrecta el régimen de responsabilidad

IV. LA APELACIÓN

4.1 Nación – Fiscalía General de la Nación5

La Fiscalía General de la Nación impugnó la sentencia de primera instancia argumentando que el juez aplicó de forma incorrecta el régimen de responsabilidad estatal. Aunque sostuvo que se trataba de una falla en el servicio, en realidad resolvió bajo un ré gimen objetivo, sin analizar debidamente si la medida de aseguramiento impuesta fue razonable, proporcional y legal, como lo exige la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado. En criterio de la apelante, no basta con que se haya decretado la p reclusión en el proceso penal para concluir que hubo un daño antijurídico imputable al Estado.

Sostiene que, al momento de solicitar la medida de aseguramiento, existían elementos materiales probatorios suficientes que permitían inferir razonablemente la posible participación de la señora Lara Pallares en los hechos investigados, como el uso de una IP a su nombre desde donde se habrían cometido los delitos. Así, la Fiscalía actuó conforme a sus deberes legales y constitucionales, y por tanto no puede atribuírsele una falla en el servicio ni puede afirmarse que la privación de la libertad haya sido injusta en los términos del artículo 90 de la Constitución Política. Por ello, solicita revocar la sentencia impugnada.

4.2 Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial6

La Rama Judicial solicitó la revocatoria de la sentencia alegando que el juez de primera instancia incurrió en errores sustantivos, al interpretar erróneamente la sentencia SU-072 de 2018 y al omitir el análisis de eximentes de responsabilidad

La Rama Judicial solicitó la revocatoria de la sentencia alegando que el juez de primera instancia incurrió en errores sustantivos, al interpretar erróneamente la sentencia SU-072 de 2018 y al omitir el análisis de eximentes de responsabilidad como el hecho de un tercero (Fiscalía), que rompen el nexo causal entre la medida judicial y el daño. Afirmó que la privación de la libertad de la señora Lara Pallares fue producto de una decisión judicial ajustada a derecho, proferida con base en los elementos materi ales probatorios aportados por la Fiscalía, que permitían una inferencia razonable de autoría, conforme al artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. Por tanto, sostuvo que no se configuró un daño antijurídico imputable a la Rama Judicial.

Adicionalmente, alegó que el juez de primera instancia aplicó jurisprudencia desactualizada al tasar los perjuicios, ignorando las reglas fijadas en las sentencias de unificación del Consejo de Estado de 2021 (perjuicios morales) y de 2019 (lucro cesante). También señaló que no se probó que la demandante hubiera tardado en

5 Expediente digital Samai – índice 00054 Recurso apelación FGN 6 Expediente digital Samai – índice 00055 Recurso apelación Rama JudicialMedio de control. Reparación directa. Radicado. 680013333013-2019-00094-01 Sentencia 2da instancia

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encontrar nuevo empleo ni que hubiera sido rechazada en su trabajo anterior, lo cual desvirtúa el cálculo extendido del lucro cesante. Subsidiariamente, en caso de mantenerse la condena, solicitó ajustar los montos indemnizatorios y repartir la

cual desvirtúa el cálculo extendido del lucro cesante. Subsidiariamente, en caso de mantenerse la condena, solicitó ajustar los montos indemnizatorios y repartir la condena en partes iguales entre la Fiscalía y la Rama Judicial, ya que la decisión del juez de garantías dependía de la solicitud fiscal y del material probatorio allegado por esta última.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Correspondió por reparto al H. Magistrado Julio Edisson Ramos Salazar el 06 de febrero de 2025 en grado de apelación de sentencia, mediante auto de fecha 24 de febrero de 2025 se admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia y se corrió traslado para que las partes se pronunciaran sobre el recurso y para que el Ministerio Público emitiera concepto de fondo.

VI. PRONUNCIMIENTO FRENTE AL RECURSO DE APELACIÓN

Tanto las partes como el ministerio publico guardaron silencio en esta instancia del proceso.

VII. CONSIDERACIONES

PROBLEMA JURÍDICO. Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia de fecha 09 de diciembre de 2024 mediante la cual se declaró a las entidades demandadas patrimonialmente responsables por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de la privación de la libertad de la que fue objeto la señora Ledis María Lara Pallares entre el 22 de enero y el 7 de marzo de 2016, lo anterior, a partir de la imposición de medida de aseguramiento en su contra dentro del proceso penal radicado No. 680776000134-2015-80002, el cual culminó con decisión de preclusión a su favor.

marzo de 2016, lo anterior, a partir de la imposición de medida de aseguramiento en su contra dentro del proceso penal radicado No. 680776000134-2015-80002, el cual culminó con decisión de preclusión a su favor.

VIII. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

PRIVACIÓN DE LIBERTAD

El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, consagra la cláusula general de responsabilidad, señalando que el Estado responde patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, norma de la que se desprenden los elementos de daño antijurídico e imputación. Así pues, quien pretenda la indemnización de los perjuicios causados por la actividad estatal, debe demostrar la ocurrencia de los siguientes presupuestos: (i) la existencia de un daño antijurídico, y (ii) la imputación del daño al Estado por la acción u omisión de autoridad pública.Medio de control. Reparación directa. Radicado. 680013333013-2019-00094-01 Sentencia 2da instancia

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Con relación a este requisito indispensable de la responsabilidad patrimonial del estado, el H. Consejo de Estado en sentencia del 18 de agosto de 2020 7, señaló que para que este sea catalogado como antijuridico se requiere que se cumplan de unos presupuestos, entre los cuales se encuentra la legitimidad de la lesión del derecho fundamental tutelado y que este no sea consecuencia del actuar de la víctima, entre otros no menos importantes. A saber:

«Constatada la existencia del daño en el plano material8, se impone analizar si este

derecho fundamental tutelado y que este no sea consecuencia del actuar de la víctima, entre otros no menos importantes. A saber:

«Constatada la existencia del daño en el plano material8, se impone analizar si este fue antijurídico9. Para que el daño adquiera una dimensión jurídicamente relevante, es menester que: i) recaiga sobre un derecho subjetivo o sobre un interés tutelado por el derecho; ii) no exista un título legal conforme al ordenamiento constitucional que justifique o legitime la lesión al interés jurídicamente tutelado y iii) no haya sido causado o determinado por el hecho de la propia víctima».

Ahora, tratándose de la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, la Sala Plena de H. Corte Constitucional en sentencia de unificación proferida el 5 de julio de 2018 (SU072/18) sostuvo que, dependiendo de las particularidades de cada caso, el juez administrativo podrá elegir qué título de imputación resulta más idóneo para establecer que el daño sufrido por el ciudadano devino de una actuación inidónea, irrazonable y desproporcionada y por ese motivo, no tenía por qué soportarse.

En dicho pronunciamiento arribó, entre otras, a las siguientes conclusiones: ratificó que el artículo 90 de la Constitución Política no establece un régimen de imputación estatal específico; que el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, al igual que la sentencia C-037 de 1996, no definen un régimen de imputación concreto; que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han aceptado que el juez administrativo,

C-037 de 1996, no definen un régimen de imputación concreto; que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han aceptado que el juez administrativo, en aplicación del principio iura novit curia, deberá establecer el régimen de imputación a partir de las particularidades de cada caso; que definir una fórmula rigurosa e inflexible para el juzgamiento del Estado en los casos de privación injusta de la libertad contraviene el entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y de paso el régim en general de responsabilidad previsto en el artículo 90 de la Constitución Política; que determinar, como fór