TA SAN - Sentencia 680013333013-2019-00238-01 (17-07-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia anticipada de primera instancia del 18 de diciembre de 2024 proferida por el Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, mediante la cual se declaró probada la excepción de caducidad y se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 15 índice SAMAI, archivo 18 MEDIO DE CONTROL Nulidad y Restablecimiento del Derecho RADICADO 680013333013-2019-00238-01

DEMANDANTE

Departamento de Boyacá doramg22@hotmail.com notificacionessjddpp@boyaca.gov.co

DEMANDADO

Departamento de Santander monica.plata@gmail.com notificaciones@santander.gov.co

MINISTERIO

PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de Segunda Instancia TEMA Las cuotas partes pensionales constituyen prestaciones

MINISTERIO

PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de Segunda Instancia TEMA Las cuotas partes pensionales constituyen prestaciones de tracto sucesivo, razón por la cual no se encuentran sometidas al término de caducidad previsto para los actos administrativos de carácter definitivo.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Departamento de Boyacá

Demandado: Departamento de Santander Radicado: 680013333013-2019-00238-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

1.1.1. Las pretensiones.

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, el departamento de Boyacá formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso — administrativo, en orden a que se declare la nulidad parcial de la Resolución núm. J047 de 1984 «[p]or la cual se reconoce una pensión mensual vitaliza de jubilación » expedida por el departamento de Santander. En consecuencia, solicitó:

«[…] SEGUNDO: a título de restablecimiento del derecho CONDENAR al departamento de Santander a que expida un nuevo acto administrativo, en el que haga una nueva liquidación en la que se tengan en cuenta los 777 días que le corresponden al Departamento de Boyacá a prorrata de lo laborado por el señor José Vicente Hurtado Díaz para el mismo, y de igual manera que se

que haga una nueva liquidación en la que se tengan en cuenta los 777 días que le corresponden al Departamento de Boyacá a prorrata de lo laborado por el señor José Vicente Hurtado Díaz para el mismo, y de igual manera que se tengan en cuenta a la hora de hacer la liquidación los 7448 días y no 7200 días trabajados por el señor José Vicente Hurtado Díaz en su totalidad, por lo que el porcentaje de cuota parte pensional asignado al Departamento de Boyacá quede fijado en el 10.4% y no en el 10.7%.

TERCERO: A Título de Restablecimiento del Derecho, CONDENAR al Departamento de Santander a que haga devolución al Departamento de Boyacá, del dinero que se ha pagado de los últimos tres años, por esa diferencia del 10.4% al 10.7% correspondiente al 0.3%, que según la liquidación hecha por el funcionario a cargo de cuotas partes pensiónales de la oficina de la Dirección Departamental de Pasivos Pensiónales de Boyacá, asciende a la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA CENTAVOS

($3.597.847,70).

CUARTO: Condenar a la demandada al pago de las costas procesales conforme lo señala el artículo 188del CPACA.» (sic en todo el texto)

1.1.2. Hechos.

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

1. El 22 de noviembre de 1984, el departamento de Santander solicitó a la Caja de Previsión Social de Boyacá el reconocimiento de la cuota parte pensional a

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

1. El 22 de noviembre de 1984, el departamento de Santander solicitó a la Caja de Previsión Social de Boyacá el reconocimiento de la cuota parte pensional a favor del señor José Vicente Hurtado Díaz, y le asignó el total de 777 días por un valor de $12.952,07 lo cual fue aceptado por la entidad el 14 de diciembre de 1984. Posteriormente, a través de la Resolución J-047 de 1984, el departamento de Santander reconoció al señor Hurtado Díaz una pensión mensual vitalicia con efectos desde el 24 de agosto de 1984.

1. Entre los años 2013 a 2019 el departamento de Santander remitió al departamento de Boyacá múltiples cuentas de cobro por concepto de cuotaNulidad y restablecimiento del derecho

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Demandante: Departamento de Boyacá

Demandado: Departamento de Santander Radicado: 680013333013-2019-00238-01

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parte pensional del señor José Vicente Hurtado Díaz, correspondientes a distintos períodos.

1. Las cuentas, presentadas el 29 de octubre de 2013, 22 de enero de 2014, 4 de junio, 8 de septiembre y 15 de diciembre de 2015, 30 de marzo de 2017, 27 de febrero de 2018, y 30 de enero y 15 de agosto de 2019, registraron variaciones en los valores facturad os y generaron diversas objeciones por

27 de febrero de 2018, y 30 de enero y 15 de agosto de 2019, registraron variaciones en los valores facturad os y generaron diversas objeciones por parte del departamento de Boyacá.

1. El departamento de Boyacá cuestionó diferencias en la base de días reconocidos (7.200 en lugar de 7.448), el porcentaje de concurrencia aplicado (10.7% en lugar de 10.4%) y la falta de documentación conforme a la Circular 069 de 2008.

1. El departamento de Santander mediante oficio del 30 de enero de 2019 radicado núm. 20190011646 señaló que la liquidación se ajustó a la parte resolutiva de la Resolución J047 DE 1984 la cual goza de presunción de legalidad conforme al artículo 88 del CPACA y no ha sido anulada por la autoridad judicial competente.

1. El 15 de agosto de 2019, el departamento de Santander remitió al departamento de Boyacá el oficio con radicado 20190133526, en el cual respondió de manera individual a las objeciones formuladas sobre la cuenta de cobro núm. 1000821. Respecto al señor José Vicente Hurtado Díaz, indicó que no aceptaba la objeción, toda vez que no se solicitó aclaración formal de la resolución correspondiente y señaló que la diferencia entre el porcentaje aplicado (10.7%) y el propuesto por Boyacá (10.4%) resultaba mínima.

1. Ese mismo día, el departamento de Santander remitió una nueva cuenta de cobro por valor de $8.591.538,34 , en la cual se incluyó al señor Hurtado Díaz con una suma de capital de $4.305.828,24 y $53.311,73 por intereses,

de cobro por valor de $8.591.538,34 , en la cual se incluyó al señor Hurtado Díaz con una suma de capital de $4.305.828,24 y $53.311,73 por intereses, para un total de $4.359.139,97.

1. El 26 de agosto de 2019, el departamento de Boyacá mediante el oficio radicado núm. S-2019-001259-HACDPP objetó las cuentas de cobro y, en relación con el señor Hurtado Díaz, manifestó que existía una diferencia en el valor de la mesada pensional actualizada a los años 2018 y 2019. Además, solicitó una liquidación detallada desde la fecha de efectividad de la pensión (22 de octubre de 1982) hasta la actualidad, con la finalidad de verificar la evolución del monto y determinar si se aplicaron reajustes o normas distintas a las de ley, que no hayan sido informadas oficialmente.Nulidad y restablecimiento del derecho

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Demandante: Departamento de Boyacá

Demandado: Departamento de Santander Radicado: 680013333013-2019-00238-01

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1. El pago de la cuota parte pensional por parte del departamento de Boyacá únicamente es exigible una vez se hayan atendido las objeciones planteadas por la entidad.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación.

En el escrito de la demanda se invocaron como violados los artículos 13, 29,

por la entidad.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación.

En el escrito de la demanda se invocaron como violados los artículos 13, 29, 83 y 209 de la Constitución Política; 2, 3 y 4 del Decreto Nacional 2921 de 1948; 75 del Decreto 1848 de 1969 y 2 de la Ley 33 de 1985.

En desarrollo del concepto de la violación, la parte demandante expuso los siguientes argumentos:

1. El derecho fundamental al debido proceso exige que toda actuación judicial o administrativa respete las garantías y formalidades previstas en la Ley. En este caso, el departamento de Santander incurrió en error al calcular la pensión del señor José Vicente Hurtado Díaz al tomar como base 7.200 días laborales en lugar de los 7.448 que reconoce el acto administrativo correspondiente. Esta diferencia generó un porcentaje de concurrencia erróneo del 10.7% en lugar del

10.4%.

1. El departamento de Santander omitió pronunciarse frente a las reclamaciones presentadas por el departamento de Boyacá respecto de las distintas cuentas de cobro, lo cual constituyó una vulneración del derecho a la defensa, dado que las objeciones presentadas constituían un mecanismo legítimo para corregir los errores administrativos. Además, al modificar sin justificación ni periodo de transición las condiciones aplicadas al cálculo de la cuota parte pensional, también desconoció el principio de confianza legítima.

1. La conducta administrativa del departamento de Santander, desconoció los principios constitucionales a la buena fe, la moralidad, la eficacia, la imparcialidad y la publicidad. Como resultado, el acto administrativo

1. La conducta administrativa del departamento de Santander, desconoció los principios constitucionales a la buena fe, la moralidad, la eficacia, la imparcialidad y la publicidad. Como resultado, el acto administrativo demandado impuso a la parte demandante c argas públicas indebidas, al asignar una cuota parte superior a la que realmente le correspondía, lo cual conlleva detrimento patrimonial.

1. Las normas sobre cuotas partes pensionales exigen un procedimiento administrativo previo al reconocimiento, modificación o reliquidación de una pensión, en el cual deben participar las entidades que concurren en el pago.

Estas reglas establecen que la entidad responsable debe consultar y notificar a las demás antes de expedir el acto administrativo correspondiente para asegurar su validez.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Departamento de Boyacá

Demandado: Departamento de Santander Radicado: 680013333013-2019-00238-01

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1. En el caso del señor José Vicente Hurtado Díaz, el departamento de Santander liquidó la pensión sobre la base de 7.200 días laborados, en lugar de los 7.448 realmente trabajados. En ese sentido, a pesar de que el departamento de Boyacá aceptó la cuota parte con base en esa liquidación, esa aceptación no le da legitimidad al error. En consecuencia, conforme al principio jurídicos según el cual «el error no genera derecho » el departamento de Santander no está facultado para exigir una cuota parte superior a la que legalmente corresponde.

aceptación no le da legitimidad al error. En consecuencia, conforme al principio jurídicos según el cual «el error no genera derecho » el departamento de Santander no está facultado para exigir una cuota parte superior a la que legalmente corresponde.

1.2. Contestación de la demanda.

1.2.1. Departamento de Santander2

El apoderado de la parte demandada allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: excepci ón nominada: «ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales » y «falta de legitimación en la causa por activa »; excepciones innominadas: «el proyecto de Resolución presentada para el reconocimiento de pensión fue aceptado expresamente y no se hizo uso de la posibilidad de objetarlo de conformidad con el artículo 2 del Ley 33 de 1985 »; «una vez aceptado el proyecto de liquidación de cuota parte pensional y expedido el acto administrativo basado en esta, solo el pensionado en calidad de interesado puede cuestionar su legalidad»; «el departamento de Boyacá aceptó expresamente la liquidación propuesta»; «falta de interés en el acto administrativo de reconocimiento de pensión».

Los argumentos para solicitar la denegatoria de las pretensiones de la demanda, se sustentan de la siguiente manera:

1. El departamento de Boyacá aceptó de forma expresa la liquidación de la cuota parte pensional del señor José Vicente Hurtado Díaz, presentada el 22 de noviembre de 1984. Esta aceptación dio lugar a la expedición de la Resolución J-047 de 1984, mediante la cual se reconoció la pensión. En esa medida, conforme al artículo 2 de la Ley 33 de 1985, la entidad disponía de un

de noviembre de 1984. Esta aceptación dio lugar a la expedición de la Resolución J-047 de 1984, mediante la cual se reconoció la pensión. En esa medida, conforme al artículo 2 de la Ley 33 de 1985, la entidad disponía de un plazo de quince días para objetar el proyecto de liquidación , término que transcurrió sin que se ejerciera ese derecho , razón por la cual la aceptación de la cuota parte quedó en firme y no puede ser cuestionada posteriormente, salvo que se acredite una causal legal específica.

1. Una vez el proyecto de liquidación de la cuota parte pensional ha sido aceptado y el acto administrativo que reconoce la pensión ha sido expedido, únicamente el beneficiario cuenta con legitimidad para cuestionar su legalidad.

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 15 índice SAMAI, archivo 8 y 11Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Departamento de Boyacá

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En ese sentido, el departamento de Boyacá no tiene facultad para demandar el acto de reconocimiento ni ostenta interés jurídico, dado que la decisión que incide directamente en su esfera jurídica es el proyecto de liquidación.

1. El departamento de Boyacá no tenía calidad de interesado frente a la Resolución J047 de 1984 razón por la cual no recibió notificación personal del acto administrativo y, en consecuencia, no tuvo la posibilidad de ejercer los

1. El departamento de Boyacá no tenía calidad de interesado frente a la Resolución J047 de 1984 razón por la cual no recibió notificación personal del acto administrativo y, en consecuencia, no tuvo la posibilidad de ejercer los recursos legales previstos por el ordenamiento jurídico. En ese sentido , la entidad carece de legitimación para recurrir el acto administrativo y, por ende, no agotó el requisito de procedibilidad exigido por el artículo 161 del CPACA lo cual impide la procedencia de la demanda de nulidad y restablecimiento interpuesta contra el mencionado acto de reconocimiento pensional.

1.3. La sentencia apelada3

El Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 6 de diciembre de 2024, resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de CADUCIDAD, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, NEGAR las pretensiones de la demanda invocada por el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ en contra del DEPARTAMENTO DE SANTANDER , de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]»

En lo correspondiente al fondo del asunto, el a quo declaró probada la caducidad y negó las preensiones de la demanda con sustento en los siguientes argumentos:

1. El sistema de cuotas partes pensionales en el sector público colombiano fue creado para distribuir entre varias entidades el costo de la pensión de un trabajador, según el tiempo laborado en cada una. Antes de la Ley 100 de

siguientes argumentos:

1. El sistema de cuotas partes pensionales en el sector público colombiano fue creado para distribuir entre varias entidades el costo de la pensión de un trabajador, según el tiempo laborado en cada una. Antes de la Ley 100 de 1993, la legislación ya permitía acumular tiempos de servicio en distintas entidades públicas para acceder a la pensión, previendo que el pago se dividiera proporcionalmente.

1. La Corte Constitucional ha indicado que estas cuotas representan una obligación de contenido crediticio a favor de la entidad pagadora, que nace con el reconocimiento de la pensión , pero solo se vuelve exigible tras el primer pago de la mesada. Estas obligaciones se determinan por ley mediante un procedimiento administrativo en el que participan las entidades responsables.

1. Tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han afirmado que

3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 27 SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Departamento de Boyacá

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estas cuotas tienen naturaleza parafiscal, toda vez que son recursos obligatorios con destinación específica dentro del sistema de seguridad social, sin que impliquen una contraprestación directa al pagador.

1. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia del 2 de febrero de 2023 proferida en el expediente 25784 con ponencia del consejero Milton

sin que impliquen una contraprestación directa al pagador.

1. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia del 2 de febrero de 2023 proferida en el expediente 25784 con ponencia del consejero Milton Chaves García precisó que la cuota parte pensional constituye una obligación unitaria, no periódica, razón por la cual la acción de nulidad contra el acto que la fija se sujeta al término de caducidad de cuatro meses. Esta conclusión se refuerza con pronunciamientos recientes, donde se ha reiterado que el acto de fijación del porcentaje de la cuota parte no tiene carácter periódico, a diferencia de las mesadas pensionales que se causan mensualmente.

1. En el caso concreto, las pretensiones de la demanda se enfoca n en controvertir el porcentaje de la cuota parte fijada al departamento de Boyacá dentro del reconocimiento pensional efectuado al señor José Vicente Hurtado Díaz, es decir, no se dirigen contra la prestación periódica ni se alega un pago excesivo frente a la cuota parte establecida.

1. De acuerdo con lo anterior, el valor discutido corresponde a una obligación única, originada en el momento en que se fijó la pensión, y no a una prestación de carácter mensual o sucesivo, razón por la cual tras haber transcurrido más 20 años desde la expedición del acto administrativo, no resulta procedente reabrir el debate sobre el porcentaje atribuido al departamento de Boyacá.

Aunado a que, se advierte que la entidad recibió de manera oportuna el proyecto de liquidación y expresó su conformidad a través del oficio del 14 de diciembre de 1984.

1. En consecuencia, cualquier objeción sobre ese valor debió formularse

proyecto de liquidación y expresó su conformidad a través del oficio del 14 de diciembre de 1984.

1. En consecuencia, cualquier objeción sobre ese valor debió formularse dentro de los cuatro meses siguientes a la comunicación del acto de reconocimiento pensional, plazo que ya había vencido ampliamente al momento de radicar la demanda.

1. El acto que fijó la cuota parte constituye una obligación de naturaleza fiscal y está sujeto a caducidad, a diferencia de las mesadas pensionales mensuales que no pierden exigibilidad por el paso del tiempo.

1. La demanda no aborda el recobro de cuotas partes ni compromete derechos irrenunciables del pensionado , razón por la cual procede la caducidad del medio de control.

1.4. El recurso de apelaciónNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Departamento de Boyacá

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1.4.1. Departamento de Boyacá4

La apoderada de la parte demandada en el recurso interpuesto solicitó revocar la decisión de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. El a quo incurrió en error al declarar la caducidad conforme al artículo 164 núm. 2 de la Ley 1437 de 2011 y negar las pretensiones, sin valorar los argumentos presentados por la parte demandante, los cuales coinciden con la

1. El a quo incurrió en error al declarar la caducidad conforme al artículo 164 núm. 2 de la Ley 1437 de 2011 y negar las pretensiones, sin valorar los argumentos presentados por la parte demandante, los cuales coinciden con la posición actual del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que han distinguido entre actos de concurrencia y actos de recobro en materia de cuotas partes pensionales, respecto a los cuales se aplican reglas de caducidad distintas, dada su naturaleza y efectos jurídicos diferenciados.

1. El acto parcialmente demandado —Resolución núm. J-047 de 1984— tiene carácter laboral, por cuanto reconoce una pensión de jubilación y asigna una cuota parte al departamento de Boyacá, derivada del tiempo de servicio del pensionado y sus cotizaciones a la entonces Caja de Previsión Social de esa entidad. En esa medida, al ser concomitante con una pensión periódica, la cuota parte conserva esa misma naturaleza y su exigibilidad persiste mientras exista el derecho pensional.

1. Entre los aspectos expuestos en los alegatos de conclusión allegados a la primera instancia se destacan: a) la necesidad de establecer la naturaleza de las cuotas partes pensionales; b) la diferenciación entre actos de concurrencia

(constitución de obligac ión) y actos de recobro y, c) la determinación de la norma de caducidad aplicable según el tipo de acto administrativo cuestionado.

1. Existen dos escenarios jurídicos distintos en relación con las cuotas partes pensionales, esto es, el sistema de concurrencia y de recobro, cada uno con naturaleza jurídica, efectos y normas de caducidad diferentes.

cuestionado.

1. Existen dos escenarios jurídicos distintos en relación con las cuotas partes pensionales, esto es, el sistema de concurrencia y de recobro, cada uno con naturaleza jurídica, efectos y normas de caducidad diferentes.

1. En el sistema de concurrencia, las cuotas partes nacen como una obligación legal impuesta a las entidades que, conforme al tiempo de servicio y a los aportes del trabajador, deben concurrir en el pago de la pensión. Su origen normativo se remonta a la Ley 6ª de 1945, el Decreto 2921 de 1948 y la Ley 33 de 1985. La Corte Constitucional, en la sentencia C-895 de 2009, reconoció estas cuotas como soportes financieros del sistema pensional. Este tipo de obligación es de naturaleza periódica vinculada al dere cho pensional y, por ende, imprescriptible en tanto se mantiene el derecho a la pensión. En

4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 29 SAMAI, archivo 02Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Departamento de Boyacá

Demandado: Departamento de Santander Radicado: 680013333013-2019-00238-01

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consecuencia, la norma de cadu cidad aplicable es el literal c) del numeral 1 del artículo 164 del CPACA, la cual permite demandar en cualquier tiempo los actos que reconozcan prestaciones periódicas.

1. De otra parte, el sistema de recobro se configura cuando la entidad

del artículo 164 del CPACA, la cual permite demandar en cualquier tiempo los actos que reconozcan prestaciones periódicas.

1. De otra parte, el sistema de recobro se configura cuando la entidad pagadora de la pensión reclama el reembolso de las cuotas partes a otras entidades obligadas luego de haber efectuado el pago de la mesada. La obligación nace legalmente, pero solo se vuelve exigible después del desembolso correspondiente, razón por la cual la obligación tiene naturaleza crediticia y se constituye mes a mes. El régimen aplicable se encuentra principalmente en la Ley 1066 de 2006, que otorga jurisdicción coactiva a las entidades públicas para recuperar estas s umas. En esa medida, la Corte Constitucional ha establecido que estas obligaciones, por su carácter periódico son susceptibles de prescripción, sin que ello afecte el derecho pensional, el cual sigue siendo imprescriptible.

1. La entidad demanda parcialmente la Resolución núm. J -047 de 1984 expedida por el departamento de Santander, al considerar que la cuota parte asignada fue incorrecta, comoquiera que la liquidación omitió parte del tiempo laborado y cotizado por el señor José Vicente Hurtado Díaz, lo cual afecta el porcentaje de participación que corresponde al 10.4% y no al 10.7% como fue fijado por la entidad.

1. El juez de primera instancia interpretó erróneamente la naturaleza del acto y no distinguió entre los sistemas de concurrencia y recobro, lo cual le impidió aplicar la norma de caducidad adecuada. Además, incurrió en un error al afirmar que la obligación discutida no corresponde a una prestación periódica,

y no distinguió entre los sistemas de concurrencia y recobro, lo cual le impidió aplicar la norma de caducidad adecuada. Además, incurrió en un error al afirmar que la obligación discutida no corresponde a una prestación periódica, pues la cuota parte se causa mensualmente mientras subsista el derecho pensional.

1. La demanda no discute el reconocimiento de la pensión ni su mesada, sino la proporción de la cuota parte asignada, la cual se configura como una obligación periódica. En este contexto, la caducidad no es aplicable, toda vez que el acto demandado no fue expedido en un proceso de recobro.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto del 2 de mayo de 20255 se admitió el recurso de apelación interpuesto y se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado.

1.6 Alegatos de conclusión 1.6.1.Parte demandante

5 Expediente digital, actuación 7 índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Departamento de Boyacá

Demandado: Departamento de Santander Radicado: 680013333013-2019-00238-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

No presentó alegatos.

1.6.2. Parte demandada

No presentó alegatos

1.6.3. Ministerio Público

No rindió concepto de fondo.

2. Consideraciones

No presentó alegatos.

1.6.2. Parte demandada

No presentó alegatos

1.6.3. Ministerio Público

No rindió concepto de fondo.

2. Consideraciones

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación cumplida, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo de la cuestión, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia

2.1. Competencia.

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial; razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.2. Cuestión previa

En el sub examine se advierte que el 11 de abril de 2024, el Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga resolvió las excepciones propuestas por la parte demandada y decretó pruebas.6 Posteriormente, el 7 de noviembre de 2024, aplicó la figura de la sentencia anticipada conforme a lo dispuesto en el artículo 182A del CPACA adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. En esta providencia, el a quo delimitó el litigio en torno a la acreditación de la caducidad del medio de control, bajo el argumento según el cual cualquier controversia relacionada con cuotas partes pensionales debe presentarse dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación del acto administrativo que reconoce la pensión, en razón a su

el argumento según el cual cualquier controversia relacionada con cuotas partes pensionales debe presentarse dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación del acto administrativo que reconoce la pensión, en razón a su supuesto carácter parafiscal y, corrió traslado para pr esentar alegatos de conclusión con la advertencia de que la sentencia resolvería de fondo la discusión sobre la caducidad.7

6 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 16 índice SAMAI 7 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 22 índice SAMAINulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Departamento de Boyacá

Demandado: Departamento de Sant