TA SAN - Sentencia 680013333013-2020-00269-01 (27-02-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada Ponente: Claudia Ximena Ardila Pérez SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Bucaramanga, veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE

CONTROL

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO - LABORAL

DEMANDANTE GLADYS PATRICIA MANTILLA RINCÓN , identificada con C.C. 30.209.441

caraque@consultingandlegal.com

DEMANDADO MUNICIPIO DE GIRÓN

notificacionjudicial@giron-santander.gov.co

MINISTERIO

PÚBLICO

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

xmora@procuraduria.gov.co

RADICADO Y LINK

DEL EXPEDIENTE DIGITAL 680013333013-2020-00269-01

TEMA TERMINACIÓN DEL NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD POR CONCURSO DE MÉRITOS. No procede el reintegro ni la reubicación de la demandante. La desvinculación obedeció a una causal objetiva. No se acreditó ante la entidad su condición de madre cabeza de familia antes de la terminación de su nombramiento en provisionalidad.

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto opor tunamente por la parte demandante contra la sentencia proferida el 13 de junio de 2023 1 por el Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, que negó las

procede a resolver el recurso de apelación interpuesto opor tunamente por la parte demandante contra la sentencia proferida el 13 de junio de 2023 1 por el Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, que negó las pretensiones.

I. ANTECEDENTES

A. La demanda2

1. Pretensiones La demandante pretende que se declare la nulidad de las resoluciones No. 001346 del 30 de junio de 2020, mediante la cual se dio por terminada su vinculación en provisionalidad en el cargo de secretaria ejecutiva, código 425, grado 01, en el Municipio de Girón, y No. 001880 del 4 de septiembr e de 2020, que dispuso su nombramiento en cumplimiento de una orden judicial.

A título de restablecimiento del derec ho, solicita que se condene al Municipio de Girón a su reintegro o reubicación en un cargo igual o similar al que desempeñaba en provisionalidad dentro de la entidad, sin solución de continuidad, hasta que la planta de personal sea provista de manera definitiva a través del sistema de carrera administrativa.

Asimismo, pide la reparación integral de los daños ocasionados, distribuidos de la siguiente manera:

• Daño material: solicita el pago del lucro cesante futuro, equivalente a la pérdida de ingresos desde su desvinculación y hasta que se profiera

1 Expediente digital en SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 00019. Documento: 17_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA(.pdf)

pérdida de ingresos desde su desvinculación y hasta que se profiera

1 Expediente digital en SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 00019. Documento: 17_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA(.pdf) 2 Expediente digital en SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 00001. Archivo en OneDrive: 02DemandayAnexos. Folios 1-17Radicado 680013333013-2020-00269-01 Medio De Control Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante Gladys Patricia Mantilla Rincón Demandado Municipio De Girón

2

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

sentencia definitiva, incluyendo salario, primas, bonificaciones, prestaciones, aportes a seguridad social, cesantías, intereses y demás beneficios económicos.

• Daño inmaterial: reclama el reconocimiento de 10 S.M.L.M.V. por los perjuicios morales derivados de su separación del cargo de manera inconstitucional e ilegal, lo que le generó sentimientos de frustración, desolación, impotencia, rabia e injusticia, con afectación a su fuero interno.

• Daño a bienes constitucionales y convencionales: pretende el pago de 10 S.M.L.M.V. por la vulneración de derechos fundamentales como la dignidad humana, la igualdad, el debido proceso, el trabajo, el mínimo vital y la buena fe, a raíz de su desvinculación.

Finalmente, solicita el cumplimiento de la sentencia, de conformidad con el artículo 192 del CPACA, junto con el pago de la indexación, los intereses correspondientes

la buena fe, a raíz de su desvinculación.

Finalmente, solicita el cumplimiento de la sentencia, de conformidad con el artículo 192 del CPACA, junto con el pago de la indexación, los intereses correspondientes y la condena en costas a la entidad demandada.

2. Hechos La señora Gladys Patricia Mantilla Rincón afirma que el 4 de septiembre de 2017 se posesionó en provisionalidad en el cargo de secretario ejecutivo, código 425, grado 01, en el Municipio de Girón, conforme a la Resolución No. 0254 de la misma fecha.

Señala que, mediante la Resolución No. 001346 del 30 de junio de 2020, la entidad demandada finalizó su vinculación y designó en su reemplazo a una persona de la lista de elegibles del sistema de carrera administrativa en período de prueba. Relata que es madre de tres hijos, dos de ellos con discapacidad permanente: Juan Sebastián Sánchez Mantilla, con un 45.7 % de discapacidad por esquizofrenia y retraso mental, e Iván Camilo Sánchez Mantilla, con retraso mental severo. Asegura que ostenta la condición de madre cabeza de familia desde 2017, pues el padre de sus hijos reside en Panamá, no contribuye económicamente para la manutención de estos y tiene otra familia. Sostiene que la entidad tenía conocimiento de esta situación desde su ingreso. Aduce que su desvinculación vulneró sus derechos fundamentales y desconoció la especial protección derivada de su condición de madre cabeza de familia y la discapacidad de sus hijos. Argumenta que la administración omitió aplicar medidas de estabilidad laboral reforzada y no consideró su reubicación en un cargo similar. Manifiesta que, después de su desvinculación, presentó una acción de tutela, y el

discapacidad de sus hijos. Argumenta que la administración omitió aplicar medidas de estabilidad laboral reforzada y no consideró su reubicación en un cargo similar. Manifiesta que, después de su desvinculación, presentó una acción de tutela, y el Juzgado Segundo Promiscuo de Girón, en sentencia del 21 de octubre de 2020 , amparó sus derechos al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada, con la orden de reintegrarla en un cargo de similares características hasta que se resolviera el litigio en sede contenciosa. Menciona que el Municipio de Girón cumplió parcialmente la orden judicial mediante la Resolución No. 001880 del 4 de septiembre de 2020, reincorporándola, pero limitó su permanencia hasta el 31 de diciembre de 2020, pese a que el fallo de tutela disponía su continuidad hasta la decisión de fondo en la jurisdicción ordinaria. Indica que esta desobediencia vulneró sus derechos fundamentales y le generó afectaciones económicas y personales.Radicado 680013333013-2020-00269-01 Medio De Control Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante Gladys Patricia Mantilla Rincón Demandado Municipio De Girón

3

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

3. Normas violadas y concepto de violación

Se citan como normas violadas los artículos 1, 2, 13, 29, 51, 86, 93 y 94 de la Constitución Política; la Ley 909 de 2004; los artículos 44, 137 y 138 del CPACA; y

Se citan como normas violadas los artículos 1, 2, 13, 29, 51, 86, 93 y 94 de la Constitución Política; la Ley 909 de 2004; los artículos 44, 137 y 138 del CPACA; y el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015.

La demandante afirma que los actos administrativos demandados transgreden derechos fundamentales como la dignidad humana, el debido proceso, el derecho al trabajo, el mínimo vital y la protección de las personas con discapacidad como sujetos de especial protección const itucional, así como los principios pro homine y de solidaridad.

Señala que, aunque la vinculación en provisionalidad no otorga estabilidad laboral absoluta, la entidad demandada tenía la obligación de implementar acciones afirmativas en favor de quienes ostentan condiciones de especial protección constitucional, como en su caso, al ser madre cabeza de familia y tener a su cargo dos hijos con discapacidad severa.

En respaldo de su postura, invoca las sentencias SU-446 de 2011 y T-595 de 2016 de la Corte Constitucional, las cuales imponen a las entidades públicas el deber de prever mecanismos para priorizar la permanencia de trabajadores en provisionalidad que enfre ntan condiciones especiales y asegurar que sean los últimos en ser desvinculados, sin perjuicio del derecho de quienes superan concursos de méritos. Asegura que su desvinculación desconoció estos mandatos y se efectuó sin evaluar su situación personal y familiar.

Precisa que la entidad demandada incumplió lo dispuesto en el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015, al omitir la priorización de empleados con condiciones de

y se efectuó sin evaluar su situación personal y familiar.

Precisa que la entidad demandada incumplió lo dispuesto en el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015, al omitir la priorización de empleados con condiciones de especial protección, como discapacidad o la condición de madre cabeza de familia, antes de la desvinculación. Considera que esta omisión desconoció el principio de solidaridad y afectó directamente su mínimo vital y el de sus hijos, al privarla de su sustento económico.

Por otra parte, acusa a la administración de desobedecer la sentencia de tutela del 21 de octubre de 2020, proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo de Girón, que ordenó su reintegro en un cargo similar hasta la resolución definitiva del litigio en sede contenciosa. Advierte que la Resolución No. 001880 del 4 de septiembre de 2020 limitó su vinculación hasta el 31 de diciembre de 2020, en abierta contradicción con la orden judicial.

Concluye que los actos administrativos demandados violan sus derechos fundamentales y desconocen la protección especial derivada de su condición de madre cabeza de familia y la discapacidad de sus hijos, por lo que solicita su nulidad y el restablecimiento de su derecho.

B. Contestación3

El Municipio de Girón se opone a las pretensiones de la demanda al considerar que carecen de sustento legal y fáctico. Afirma que los actos administrativos demandados fueron expedidos conforme a la normativa vigente y gozan de presunción de legalidad.

Explica que la desvinculación de la demandante obedeció al proceso de selección No. 464 de 2017, adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC),

presunción de legalidad.

Explica que la desvinculación de la demandante obedeció al proceso de selección No. 464 de 2017, adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), con el propósito de proveer de manera definitiva los empleos vacantes del sistema

3 Expediente digital en SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 00001. Archivo en OneDrive: 06ContestacionDemanda.Radicado 680013333013-2020-00269-01 Medio De Control Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante Gladys Patricia Mantilla Rincón Demandado Municipio De Girón

4

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

general de carrera administrativa en su planta de personal. Precisa que la demandante ocupaba el cargo de secretario ejecutivo, código 425, grado 01, en provisionalidad desde el 4 de septiembre de 2017, y que, aunque participó en el concurso de méritos, no logró superar las pruebas para quedar en la lista de elegibles.

Sostiene que, conforme a la Ley 909 de 2004 y al Decreto 1083 de 2015, los empleos de carrera deben ser provistos por quienes superan los concursos de méritos, por lo que el derecho de estos prevalece sobre quienes ocupan cargos en provisionalidad. Indica que, una vez conformada la lista de elegibles, nombró a la persona que obtuvo el derecho al cargo, en cumplimiento del principio de mérito.

Aclara que la demandante no acreditó ante la entidad su condición de madre cabeza de familia antes de la desvinculación y que esta información solo fue conocida tras

persona que obtuvo el derecho al cargo, en cumplimiento del principio de mérito.

Aclara que la demandante no acreditó ante la entidad su condición de madre cabeza de familia antes de la desvinculación y que esta información solo fue conocida tras la interposición d e una acción de tu tela. Argumenta que la estabilidad laboral reforzada derivada de dicha condición no impide la desvinculación cuando existe una causa objetiva, como el nombramiento de una persona que superó el concurso de méritos.

Refiere que, en cumplimiento del fallo de tutela proferido el 21 de octubre de 2020 por el Juzgado Segundo Promiscuo de Girón, vinculó nuevamente a la demandante mediante la Resolución No. 001880 del 4 de septiembre de 2020. Menciona, sin embargo, que dicha vinculación fue temporal y se extendió hasta el 31 de diciembre de 2020, fecha en la que finalizó la prórroga concedida a otro concursante para su posesión.

Agrega que actuó conforme al marco normativo y jurisprudencial aplicable y que respetó los derechos fundamentales de la demandante en el proceso de desvinculación. Enfatiza que la provisionalidad no otorga estabilidad absoluta y que la estabilidad relativa reconocida a los servidores en provisionalidad debe ceder frente al derecho de quien superó el concurso público, por lo que la desvinculación se fundamentó en una causa objetiva y legalmente válida.

C. La sentencia recurrida4

El Juez Trece Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, en sentencia del 13 de junio de 2023, n egó las pretensiones al considerar que la demandante no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados.

El Juez Trece Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, en sentencia del 13 de junio de 2023, n egó las pretensiones al considerar que la demandante no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados. Señala que la desvinculación se fundamentó en la necesidad de proveer el cargo con la persona que superó el concurso, en aplicación del principio constitucional de mérito, previsto en el artículo 125 de la Constitución Política y la Ley 909 de 2004. Destaca que el nombramiento en provisionalidad tiene carácter transitorio y cesa cuando el cargo queda ocupado por quien obtuvo el derecho a través de concurso, por lo que la entidad se encontraba facultada para finalizar la relación laboral. Indica que, aunque la demandante alegó su condición de madre cabeza de familia y la discapacidad de dos de sus hijos, esta situación no se acreditó formalmente ante la administración antes de la desvinculación, razón por la cual la entidad no aplicó medidas de protecc ión especiales. Resalta que, incluso si la demandante gozara de estabilidad laboral reforzada, al momento de su desvinculación no existía un cargo vacante en la entidad donde pudiera ser reubicada, ya que la lista de elegibles superaba el número de vacantes disponibles.

4 Expediente digital en SAMAI. Documento: 2SENTENCIADEPR_202200311SENTENCIAPR(.pdf)Radicado 680013333013-2020-00269-01 Medio De Control Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante Gladys Patricia Mantilla Rincón Demandado Municipio De Girón

5

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

Demandante Gladys Patricia Mantilla Rincón Demandado Municipio De Girón

5

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

Afirma que la administración actuó conforme al marco legal vigente y priorizó el principio de mérito sobre situaciones particulares no acreditadas oportunamente. Asimismo, menciona que, aunque el juez constitucional concedió un amparo transitorio mediante tutela, condicionó su vigencia a que la demandante acudiera a la jurisdicción contenciosa dentro del plazo establecido. Precisa que, al no cumplirse este requisito, la protección otorgada quedó sin efecto.

D. La apelación5

La demandante solicita revocar la sentencia de primera instancia y conceder las pretensiones, al considerar que el a quo incurrió en errores sustanciales en la interpretación de los hechos y omitió la valoración de pruebas esenciales que acreditaban su condición de madre cabeza de familia, lo que llevó a desconocer la especial protección constitucional que ampara a su núcleo familiar.

Afirma que se equivocó al indicar que no interpuso la demanda dentro del mes siguiente a la notificación del fallo de tutela del 21 de octubre de 2020, pues el expediente demuestra que inició el trámite con anterioridad, al acudir el 1 ° de octubre de 2020 a la Procuraduría General de la Nación para agotar el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011. Señala que esta omisión refleja una deficiente apreciación del caso.

octubre de 2020 a la Procuraduría General de la Nación para agotar el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011. Señala que esta omisión refleja una deficiente apreciación del caso.

Sostiene que no se valoraron pruebas que acreditaban su condición de madre cabeza de familia y la discapacidad de dos de sus hijos, aspecto reconocido en la sentencia de tutela del 21 de octubre de 2020. Según señala, tampoco se tuvieron en cuenta documentos esenciales, como registros civiles, historias clínicas y certificaciones, los cuales evidenciaban su situación familiar y económica, a pesar de que la entidad demandada tenía conocimiento de estos hechos y omitió adoptar medidas de protección reforzada.

Manifiesta que su condición de madre cabeza de familia no depende de su estado civil ni de lo consignado en su hoja de vida, sino de su rol como única responsable económica del hogar, en especial, al tener a su cargo personas con discapacidad. Cita la sent encia T -084 de 2018 de la Corte Constitucional, que amplía este concepto más allá de lo formal. Asegura que la entidad demandada desconoció el principio de solidaridad y la normativa vigente, lo que impactó gravemente su mínimo vital y el de su familia.

Además, sostiene que no se valoró la declaración de la exsecretaria de Gestión Humana, quien admitió conocer la discapacidad de sus hijos antes de la desvinculación. Considera que esta omisión vicia los actos administrativos demandados, al desconocer derechos fundamentales y la protección especial que le asiste. Finalmente, cuestiona la condena en costas por falta de sustento legal . En su

desvinculación. Considera que esta omisión vicia los actos administrativos demandados, al desconocer derechos fundamentales y la protección especial que le asiste. Finalmente, cuestiona la condena en costas por falta de sustento legal . En su criterio, en este caso no se cumplen los requisitos de existencia y cuantía exigidos en los artículos 361 y 367 del Código General del Proceso.

E. Trámite del recurso de apelación en segunda instancia Mediante auto del 25 de octubre de 20246, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. A continuación, se sintetiza la intervención del demandado. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

5 Expediente digital en SAMAI. Gestión en otros despachos . Índice 00021. Documento 19_RECURSO DE APELACION CONTRA EL FALLO (.pdf) 6 Expediente digital en SAMAI. Índice 00015. Documento: 9AutoAdmiteRec_20200026901NYRDAutoA(.pdf)Radicado 680013333013-2020-00269-01 Medio De Control Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante Gladys Patricia Mantilla Rincón Demandado Municipio De Girón

6

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

El Municipio de Girón7 solicita que se confirme la sentencia de primera instancia al considerar que la desvinculación de la demandante se realizó conforme a la ley y al principio de mérito. Afirma que el nombramiento en provisionalidad no confería estabilidad reforzada y que la administración debía designar al aspirante que superó el concurso público.

considerar que la desvinculación de la demandante se realizó conforme a la ley y al principio de mérito. Afirma que el nombramiento en provisionalidad no confería estabilidad reforzada y que la administración debía designar al aspirante que superó el concurso público. Asegura que la demandante no acreditó su condición de madre cabeza de familia antes de la desvinculación y que los registros de seguridad social indicaban una sociedad conyugal vigente, lo que excluía dicha condición según la jurisprudencia. Indica que la protección laboral reforzada no impide la desvinculación de empleados provisionales cuando existe una causa objetiva y legal, como el nombramiento por mérito. Descarta la vulneración de derechos fundamentales, pues no se acreditaron circunstancias que exigieran un tratamiento especial. Reitera que la supuesta condición de madre cabeza de familia y la discapacidad de sus hijos solo fueron informadas después de la desvinculación, por lo que la administración no tenía conocimiento previo. Respecto a la condena en costas, sostiene que fue impuesta conforme al artículo 365 del Código General del Proceso, el cual dispone su imposición a la parte vencida en juicio.

II. CONSIDERACIONES

A. Competencia Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial.

B. El problema jurídico y su resolución De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plantea y resuelve el siguiente problema jurídico: ¿Es procedente el reintegro de la demandante cuando su desvinculación obedeció a la provisión del cargo mediante concurso de méritos y no acreditó

problema jurídico: ¿Es procedente el reintegro de la demandante cuando su desvinculación obedeció a la provisión del cargo mediante concurso de méritos y no acreditó ante la entidad su condición de madre cabeza de familia antes de la terminación de su nombramiento en provisionalidad?

Tesis: No.

Fundamento jurídico: La desvinculación de la señora Gladys Patricia Mantilla Roncón se ajustó a derecho, pues obedeció a una causal objetiva derivada del concurso de méritos adelantado por la CNSC, en aplicación del principio de mérito consagrado en el artículo 125 de la Constitución Política y desarrollado en la Ley 909 de 2004. La vinculación en provisionalidad no confiere estabilidad laboral y debe ceder ante el derecho de quienes superan el proceso de selección, en virtud de la

prevalencia del acceso a los cargos de carrera administrativa por concurso público.

Si bien la estabilidad laboral reforzada ampara a ciertos sujetos con especial protección, su reconocimiento exige que la condición sea acreditada ante la administración. Aunque la entidad tenía conocimiento de la discapacidad de sus hijos, no se demostró que supiera con anterioridad que la demandante era la única

7 Expediente digital en SAMAI. Índice 00020. Documento: 10_MemorialWeb_Otro-PronunciamientoRecur(.pdf)Radicado 680013333013-2020-00269-01 Medio De Control Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante Gladys Patricia Mantilla Rincón Demandado Municipio De Girón

7

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

Demandado Municipio De Girón

7

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

responsable de su sustento, es decir, que ostentaba la condición de madre cabeza de familia.

Los documentos oficiales en su historia laboral registraban una sociedad conyugal, lo que, si bien no excluye esta figura, permitía inferir una posible corresponsabilidad en el sostenimiento del hogar. Antes de su desvinculación, la demandante no informó que su esposo estuviera ausente de manera permanente o incumpliera sus obligaciones económicas. Solo con la acción de tutela presentada después de su retiro alegó esta condición, lo que impide concluir que la administración desconoció la alegada circunstancia de vulnerabilidad.

Adicionalmente, en cumplimiento del fallo de tutela, la demandante fue vinculada de manera transitoria en la única vacante disponible. No obstante, la convocatoria del concurso de méritos ofertó 55 vacantes y la lista de elegibles estaba conformada por 187 personas con mejor derecho. Otorgarle prioridad sobre estos aspirantes desconocería la estructura del sistema de carrera administrativa y los principios de igualdad y acceso al empleo público.

Para sustentar la tesis planteada, la Sala: (i) analizará el marco normativo aplicable a la carrera administrativa y la provisión de empleos en provisionalidad, con base en la Constitución, la Ley 909 de 2004 y sus disposiciones reglamentarias, con el propósito de determinar si la desvinculación obedeció a una causal objetiva; (ii) examinará los criterios de estabilidad laboral reforzad a y las acciones afirmativas

en la Constitución, la Ley 909 de 2004 y sus disposiciones reglamentarias, con el propósito de determinar si la desvinculación obedeció a una causal objetiva; (ii) examinará los criterios de estabilidad laboral reforzad a y las acciones afirmativas previstas en el Decreto 1083 de 2015 y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional para establecer si la demandante reunía las condiciones para acceder a medidas de protección especial; y (iii) concluirá que el acto de reti ro acusado se ajustó a derecho, pues respondió al concurso de méritos y no se acreditó que la actora cumpliera los requisitos para acceder a las garantías derivadas de la estabilidad laboral reforzada antes de su desvinculación.

C. Marco jurídico

1. La estabilidad relativa del nombramiento en provisionalidad en un cargo de

carrera El artículo 125 de la Constitución Política 8 establece que la carrera administrativa es el mecanismo general para el ingreso y permanencia en los empleos públicos, salvo las excepciones legales. Este sistema garantiza que tanto el acceso como el ascenso en los cargos de carrera se basen en el mérito , mediante procesos objetivos, transparentes y libres de discriminación. En desarrollo de este precepto, la Ley 909 de 20049 define la carrera administrativa como un sistema técnico que busca garantizar la eficiencia en la administración pública, la igualdad de oportunidades y la estabilidad laboral de los servidores públicos, siempre bajo el principio del mérito. No obstante, los artículos 24 y 25 de

8 ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre

públicos, siempre bajo el principio del mérito. No obstante, los artículos 24 y 25 de

8 ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y po r las demás causales previstas en la Constitución o la ley.

En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción. PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 6 del Acto Legislativo 1 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designado s o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta d e su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue elegido. 9 ARTÍCULO 27. CARRERA ADMINISTRATIVA. La carrera administrativa es un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de carrera administrativa se hará e xclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la o bjetividad, sin discriminación alguna.

servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de carrera administrativa se hará e xclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la o bjetividad, sin discriminación alguna. <Inciso adicionado por el artículo 4 de la Ley 2418 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:> En todos los casos será admisible el establecimiento de medidas diferenciales tendientes a garantizar la eliminación de barreras de acceso a la carrera administrativa, así como las garantías óptimas para el ejercicio del empleo en favor de las personas con discapacidad. En ningún caso las medidas podrán afectar el principio de mérito como factor esencial de la carrera administrativa.Radicado 680013333013-2020-00269-01 Medio De Control Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante Gladys Patricia Mantilla Rincón Demandado Municipio De Girón

8

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

dicha ley prevén el nombramiento en provisionalidad como una forma excepcional para ocupar cargos de carrera en los casos en que una vacante definitiva 10 o temporal11 no haya podido proveerse mediante el encargo d