TA SAN - Sentencia 680013333013-2022-00053-01 (27-02-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala los recursos de apelación interpuesto s por la parte s demandante y demandada contra la sentencia del 2 de diciembre de 2024 , proferida por el Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del CPACA, el señor Carlos Andrés Hernández Páez formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 2 índice SAMAI, archivo 3. MEDIO DE CONTROL Reparación directa RADICADO 680013333013-2022-00053-01

DEMANDANTE

Carlos Andrés Hernández Páez maye_8930@hotmail.com jetneromar5@hotmail.com

DEMANDADO

Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co nurrear@cendoj.ramajudicial.gov.co

jetneromar5@hotmail.com

DEMANDADO

Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co nurrear@cendoj.ramajudicial.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de segunda instancia TEMA Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial. Extinción de la acción penal por prescripción. Ausencia de p érdida de oportunidad definitiva y cierta.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Carlos Andrés Hernández Páez

Demandado: Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 680013333013-2022-0053-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

que se declare administrativa y patri monialmente responsable a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

En consecuencia, solicitó:

«PRIMERO: que se declare administrativamente responsable a la demandada por los daños causados al señor CARLOS ANDRÉS HERNÁNDE Z PÁEZ, debidamente individualizado en el acápite de partes, por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por el retardo injustificado en la adopción de la decisión judicial.

SEGUNDO: que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a la demandada pagar los siguientes perjuicios debidamente individualizados y tasados en sumas de dinero liquidas y salarios mínimos legales mensuales

adopción de la decisión judicial.

SEGUNDO: que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a la demandada pagar los siguientes perjuicios debidamente individualizados y tasados en sumas de dinero liquidas y salarios mínimos legales mensuales vigentes, de la siguiente manera: 2.1 Para CA RLOS ANDRÉS HERNÁNDEZ PÁEZ. Por concepto de afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados: el equivalente en dinero a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha en que efectivamente se realice el pago condenado, atendiendo la situación de ausencia de tutela judicial efectiva.

TERCERO: en caso de oposición se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada» (sic en todo el texto)

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, el apoderado de la parte demandante señaló los siguientes:

1. El 31 de diciembre de 2008 , el señor Javier Antonio Jaimes Ferreira presentó denuncia en contra del señor Carlos Andrés Hernández Páez por la comisión del delito de hurto calificado y agravado en concurso con porte ilegal de armas de fuego, proceso al cual le correspondió el radicado 6800160001592008-04093-00 N.I.13.910.

1. El 28 de julio de 2009, el señor Hernández Páez fue aprehendido y llevado ante el Juzgado Once Penal Municipal con Función de Control de Garantías, diligencia en la que se decretó la imposición de medida de aseguramiento preventiva en establecimiento carcelario.

1. El 28 de agosto de 2009, el Juzgado Segundo Penal Municipal con

Garantías, diligencia en la que se decretó la imposición de medida de aseguramiento preventiva en establecimiento carcelario.

1. El 28 de agosto de 2009, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías revocó la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario impuesta al señor

Hernández Páez.

1. El 12 de octubre de 2010, el Juzgado Sexto Penal del Circuito Judicial de Bucaramanga declaró la preclusión de la acción penal por atipicidad de la conducta en virtud de la solicitud presentada por la Fiscalía General de la

Nación.

1. El 10 de marzo de 2014, el señor Hernández Páez formuló denuncia en contra del señor Javier Antonio Jaimes Ferreira por el delito de falsa denuncia, proceso radicado 68001600882820110100000 N.I. 70256.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

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1. El 27 de noviembre de 2015, se llevó a cabo la audiencia de formulación de acusación ante el J uzgado Séptimo Penal del Circuito Judicial de

Bucaramanga.

1. El 12 de agosto de 2019, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Judicial de Bucaramanga realizó la siguiente anotación en el sistema siglo XXI:

Bucaramanga.

1. El 12 de agosto de 2019, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Judicial de Bucaramanga realizó la siguiente anotación en el sistema siglo XXI:

«VIENE DEL JUZGADO 7 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BUCARAMANGA, UNA CARPETA CON 41 FOLIOS Y 4 CDS. EL DESPACHO CON OF. 00830, ENVÍA LAS DILIGENCIAS MANIFIESTAN QUE POR ERROR DE LA SECRETARIA LA CARPETA FUE ENCONTRADA EN UNA CAJA DONDE SE GUARDAN LOS ARCHIVOS DE EJECUCIÓN DE PENAS, EN ESTE PROCESO EL 18 DE MAYO DE 2017, LA JUEZ SE DECLARÓ IMPEDIDA PARA CONOCER DEL CASO , POR ESTE MOTIVO LAS DILIGENCIAS DEBERÁN REPARTIRSE A OTRO JUEZ, LA CARPETA PASA A REPARTO»

1. El 20 de noviembre de 2019 , el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bucaramanga, celebró audiencia preparatoria y fijó como fecha para la diligencia de juicio oral el 16 de marzo de 2020.

1. Con ocasión a la declaración del estado de emergencia generada por el Covid-19 no se pudo realizar la audiencia programada y, por tanto, se fijó reprogramó para el 29 de abril de 2020; no obstante, para esa fecha tampoco fue posible celebrar la diligencia debido a la suspensión de términos y se aplazó nuevamente para el 27 de julio de esa anualidad.

1. El 27 de julio de 2020 , en el desarrollo del juicio oral, juez declaró la

fue posible celebrar la diligencia debido a la suspensión de términos y se aplazó nuevamente para el 27 de julio de esa anualidad.

1. El 27 de julio de 2020 , en el desarrollo del juicio oral, juez declaró la preclusión de la acción por el fenómeno de la prescripción, en razón a que había transcurrido la mitad del término inicialmente señalado, esto es, 6 años, los cuales se cumplieron el 10 de marzo de 2020.

1. La anterior circunstancia ocasionó una limitación al derecho a la tutela judicial efectiva en la investigación penal, en razón a la falsa denuncia que presentó el señor Javier Antonio Jaimes Ferreira contra el señor Hernández Páez, motivo por el cual se ocasionó un perjuicio de carácter extrapatrimonial.

1.1.3. Fundamentos de derecho

En el escrito de la demanda se invocaron como violados los artículos 29 y 90 de la Constitución Política.

En los fundamentos jurídicos , el apoderado de la parte demandante expuso los siguientes argumentos:

1. El artículo 29 ut supra, establece el derecho a una pronta justicia, como una garantía propia del debido proceso que debe irradiar los trámites judiciales para que se desarrollen sin dilaciones injustificadas.

1. En el presente caso, existió una mora injustificada entre el 18 de mayo de 2017 y el 12 de agosto de 2019 , por parte del Juzgado Séptimo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bucaramanga, comoquiera queReparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Carlos Andrés Hernández Páez

Demandado: Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial

Circuito con Función de Conocimiento de Bucaramanga, comoquiera queReparación directa Sentencia de segunda instancia

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omitió dar trámite a la manifestación de impedimento de la juez titular y, en consecuencia, se comprobó que, durante el periodo mencionado, el expediente se encontraba en una caja de archivo, lo que incidió en la consumación del término para la preclusión de la acción penal.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial2

La apoderada de la parte demandada allegó memorial de contestación a través de la cual se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. Los despachos judiciales actuaron de conformidad con los términos señalados en el ordenamiento jurídico y , por tanto, el resultado del proceso penal, vale decir, la declaratoria de prescripción, no obedeció a un actuar caprichoso por parte de las autoridades jurisdiccionales, sino al curso natural de las actuaciones surtidas.

1. El Consejo de Estado ha señalado que no debe demostrars e únicamente la ocurrencia del daño alegado, sino que también debe probarse su relación directa e inmediata con la conducta de los agentes del Estado.

1. El Consejo de Estado ha señalado que no debe demostrars e únicamente la ocurrencia del daño alegado, sino que también debe probarse su relación directa e inmediata con la conducta de los agentes del Estado.

1. En el presente medio de control , el demandante pretende el resarcimiento de un daño incierto y no probado, vale decir, una mera expectativa que no puede ser considerada como una pérdida de oportunidad, puesto que no se tiene certeza del resultado que hubiese tenido el proceso penal adelantado en contra del señor Javier Antonio Jaimes Ferreira.

1. La parte demandante no agotó todas las vías judiciales en a ras de proteger sus intereses, pues si bien es cierto que se decretó la prescripción de la acción penal, aún cuenta con la posibilidad de acudir ante la justicia ordinaria civil a través del proceso de responsabilidad civil extracontractual para requerir al responsable del daño ocasionado y así lograr la pretendida indemnización por los perjuicios a ellos causados.

1. En el presente caso, no se interpusieron los recursos de ley contra la decisión de decretó la prescripción de la acción penal, motivo por e l cual se encuentra configurado la eximente de responsabilidad «culpa exclusiva de la víctima».

1.3. La sentencia apelada3

El Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 28 de agosto de 2023, resolvió:

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 6 índice SAMAI. 3Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 16 índice SAMAI.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Carlos Andrés Hernández Páez

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 6 índice SAMAI. 3Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 16 índice SAMAI.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Carlos Andrés Hernández Páez

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«PRIMERO: DENIEGANSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: SIN CONDENA EN COSTAS , conforme lo indicado en la parte considerativa del presente proveído».

En lo correspondiente al fondo del asunto, el a quo profirió la decisión con sustento en los siguientes argumentos:

1. En el sub-lite, se encuentra acreditado el daño constituido en la declaración de preclusión de la acción penal adelantada en contra del señor Javier Antonio Jaimes Ferreira por el delito de falsa denuncia en el proceso bajo radicado 68001600882820110100000 N.I. 70256 por parte del Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bucaramanga, con ocasión a la negligencia de dar trámite oportuno a la manifestación de impedimento formulada por la juez séptima penal del circuito de Bucaramanga, comoquiera que mediante constancia secretarial del 12 de agosto de 2019, se señaló que el expediente se archivó en una caja de los procesos que se envían a los Juzgados de

séptima penal del circuito de Bucaramanga, comoquiera que mediante constancia secretarial del 12 de agosto de 2019, se señaló que el expediente se archivó en una caja de los procesos que se envían a los Juzgados de Ejecución de penas, lo que ocasionó que el proceso no se tramitara durante más de dos años.

1. Sin perjuicio de lo anterior, si bien sería del caso proceder con el estudio de la imputación fáctica y jurídica del daño ocasionado al señor Carlos Andrés Hernández, se advierte que en el asunto de la referencia se configura un a eximente de responsabilidad que impide cualqui er posibilidad de realizar el juicio de imputación, toda vez que se comprobó que el demandante no cumplió con la carga procesal requerida al no interponer los recursos ley en contra de la decisión proferida el 15 de abril de 2021 por parte del Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bucaramanga , a través de la cual decretó la preclusión de la acción penal adelantada en contra del señor Javier Antonio Jaimes Ferreira por el delito de falsa denuncia.

1. En los términos del artículo 70 de la Ley 270 de 1998 , se encuentra constatada la existencia de la causal de eximente de responsabilidad «culpa exclusiva de la víctima » motivo por el cual hay lugar a denegar las pretensiones de la demanda.

1. En lo atinente a la condena en costas, no existen elementos para su imposición toda vez que la demanda no se presentó con manifiesta carencia de fundamento legal y tampoco se observa en su conducta temeridad o mala fe.

1.4. Los recursos de apelación

imposición toda vez que la demanda no se presentó con manifiesta carencia de fundamento legal y tampoco se observa en su conducta temeridad o mala fe.

1.4. Los recursos de apelación

1.4.1. Parte demandante4

La apoderada de la parte demanda nte en el recurso interpuesto solicitó revocar la decisión de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 18 índice SAMAI.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Carlos Andrés Hernández Páez

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1. Si bien el a-quo advierte que, en el presente caso, se debió interponer el recurso de ley contra la decisión a través de la cual se declaró la prescripción de la acción penal, no resulta claro bajo qu é fundamento debería haberse interpuesto el mencionado recurso, dado que la decisión a través de la cual se declaró la preclusión fue proferida de conformidad a la normatividad penal correspondiente.

1. En consecuencia, no existe fundamento para denegar las pretensiones por la ausencia de interposición de recurso, toda vez que esa premisa resulta ser una carga que la parte demandante no tiene la obligación de asumir.

1.4.2. Parte demandada5

La apoderada de la parte demandada en el recurso interpuesto solicitó revocar

ser una carga que la parte demandante no tiene la obligación de asumir.

1.4.2. Parte demandada5

La apoderada de la parte demandada en el recurso interpuesto solicitó revocar el numeral segundo de la sentencia de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. Con la finalidad de garantizar su intervención en los procesos judiciales, la DEAJ dispone de maner a permanente del pago de salarios y prestaciones sociales de profesionales del derecho especializado s en la defensa de los intereses del Estado , motivo por el cual resulta necesaria la imposición de condena en costas a la parte vencida en el proceso.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto del 11 de febrero de 202 56 se admiti ó el recurso de apelación interpuesto y se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado, quienes no rindieron concepto ni allegaron pronunciamiento alguno.

1.6. Alegatos de conclusión

1.6.1. Parte demandante:

No se presentaron

1.6.2. Parte demandada7

Los argumentos de las alegaciones, se resumen de la siguiente manera:

1. El análisis efectuado por el a-quo es acertado, en razón a que ni el señor Hernández Páez ni su abogado Wilson Mena Moreno , quien ejerció como apoderado de víctimas dentro del proceso penal 68001600882820110100000, interpusieron recurso de apelación frente a la decisión proferida el 15 de abril

5 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 19 índice SAMAI. 6 Expediente digital, actuación 8, índice SAMAI.

interpusieron recurso de apelación frente a la decisión proferida el 15 de abril

5 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 19 índice SAMAI. 6 Expediente digital, actuación 8, índice SAMAI. 7 Expediente digital, actuación 13, índice SAMAI.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

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Demandado: Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 680013333013-2022-0053-01

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de 2021 por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bucaramanga, a través de la cual se declaró la preclusión por prescripción de la acción penal.

1. Se encuentra configura da la eximente de responsabilidad «culpa exclusiva de la víctima » en virtud del artículo 70 de la Ley 270 de 1996, que prevé que «el daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado».

1. Es procedente se imponga la condena en costas en primera y segunda instancia a la parte demandante, de conformidad a lo establecido en los artículos 322, 365 del CGP y 188 del CPACA, por cuanto no logró acreditar fáctica ni jurídicamente las pretensiones de su demanda.

1.6.3. Ministerio Público

No presentó.

2. Consideraciones

ni jurídicamente las pretensiones de su demanda.

1.6.3. Ministerio Público

No presentó.

2. Consideraciones

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación adelantada, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo del asunto, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.

2.1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial, razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en los escritos de apelación, le corresponde a la Sala establecer i) si la Nación -Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es responsable por los daños irrogados como consecuencia del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia derivado de la presc ripción de la acción penal y, en caso de que así se concluya, se verificará si se configuró la causal eximente de responsabilidad «culpa exclusiva de la víctima» y ii) si hay lugar a revocar el numeral 2° de la sentencia de primera instancia a través del cual no se impuso la condena en costas.

2.3. Marco normativo

2.3.1. De los elementos de la responsabilidad del Estado.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Carlos Andrés Hernández Páez

Demandado: Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial

2.3. Marco normativo

2.3.1. De los elementos de la responsabilidad del Estado.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Carlos Andrés Hernández Páez

Demandado: Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 680013333013-2022-0053-01

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El artículo 90 de la Constitución Política contiene la cláusula general de responsabilidad del Estado. El avance significativo del sistema implementado basado en la noción de daño antijurídico, fue haber reivindicado el daño –y por consiguiente a la víctim a– y su función en la institución de la responsabilidad.8

De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el daño antijurídico tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable, anormal y que se trate de una situación jurídicamente protegida.

Sobre el particular, señaló esa Corporación:9

«Se precisa advertir que en la sociedad moderna el instituto de la responsabilidad extracontractual está llamada a adaptarse, de tal manera que se comprenda el alcance del riesgo de una manera evolutiva, y no sujetada o anclada al modelo tradicional. Esto implica, para el propósito de definir el daño antijurídico, que la premisa que opera en la sociedad moderna es aquella según la cual a toda actividad le son inherentes o intrínsecos peligros de todo orden, cuyo desencadenamiento no llevará siempre a establecer o demostrar la producción de un daño antijurídico. Si esto es así, sólo aquellos eventos en

según la cual a toda actividad le son inherentes o intrínsecos peligros de todo orden, cuyo desencadenamiento no llevará siempre a establecer o demostrar la producción de un daño antijurídico. Si esto es así, sólo aquellos eventos en los que se encuentre una amenaza inminente, irreversible e irremediable permitirían, con la prueba correspondiente, afirmar la producción de un daño cierto, que afecta, vulnera, aminora, o genera un detrimento en derechos, bienes o interese jurídicos, y que esperar a su concreción material podría implicar la asunción de una sit uación más gravosa para la persona que la padece». […]

Igualmente, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha advertido que, el daño entendido como la afectación, vulneración o lesión a un interés legítimo y lícito, se convirtió en el eje central de la obligación resarcitoria y, por ende, tanto la atribución como la fundamentación normativa o jurídica del debe r de reparar quedaron concentrados en el elemento imputación.10

Se ha determinado además que, la n aturaleza antijurídica del daño depende de su carácter particular y anormal, así como de la inexistencia de un título jurídico válido que imponga al afectado el deber de soportarlo. Por tanto, la ocurrencia de un daño antijurídico no está atada a la ilegalidad de la acción u omisión origen de su caus ación, ni el derecho a su reparación depende simplemente de la demostración de una actuación irregular o defectuosa del Estado o por la generación de un perjuicio por la acción u omisión de sus agentes.11

En otros términos, el análisis de la responsabilid ad no inicia con el título o

simplemente de la demostración de una actuación irregular o defectuosa del Estado o por la generación de un perjuicio por la acción u omisión de sus agentes.11

En otros términos, el análisis de la responsabilid ad no inicia con el título o régimen jurídico aplicable, sino con la verificación de la existencia del daño

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, consejera ponente: Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia del 30 de agosto de 2017, radicado 05001233100020010230001. 9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia del 16 de febrero de 2017, radicado 52001 -23-31-000-200100960-01. 10 Subsección A, consejera ponente: María Adriana Marín, sentencia del 9 de abril de 2021, radicado 68001-23-33-000-2013-0011201 11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, consejero ponente: Martín Bermúdez Muñoz, sentencia del 26 de enero de 2022, radicado 25-000-23-26-000-2011-01023-01.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

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Demandado: Dirección Ejecutiva de

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comprendido como la alteración negativa a un interés lícito o situación

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comprendido como la alteración negativa a un interés lícito o situación jurídicamente protegida.12

El primer elemento que se debe observar en el análisis de responsabilidad es el daño entendido como la afectación, vulneración o lesión a un interés legítimo y lícito el cual, además, debe ser antijurídico, comoquiera que se constituye en un elemento necesario para declarar la responsabilidad del Estado conforme a la máxima «sin daño no hay responsabilidad y sólo ante su acreditación hay lugar a estudiar la imputación».13

De otra parte, para la configuración del elemento imputación, deben tenerse en cuenta las situaciones fácticas y jurídicas con el fin de determinar la causa eficiente del daño y el fundamento o régimen de responsabilidad aplicable.

La Sección Tercera del Consejo de Estado ha establecido que la imputación es la atribución que del daño antijurídico se hace al Es tado que lo obliga a repararlo. En esta noción se comprenden los causados en ejercicio de la función pública y con ocasión de aquella, siempre en consonancia con los criterios o causales de imputación desarrollados. Es decir que, verificada la ocurrencia de un daño antijuridico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente con la finalidad de hacer efectivo el principio neminen laedere.14

En consecuencia, la configuración de los anteriores elementos permite declarar la responsabilida d extracontractual del Estado, la cual origina perjuicios que corresponden ser indemnizados a favor de quien sufrió el daño

neminen laedere.14

En consecuencia, la configuración de los anteriores elementos permite declarar la responsabilida d extracontractual del Estado, la cual origina perjuicios que corresponden ser indemnizados a favor de quien sufrió el daño siempre que no se encuentre en el deber de soportar lo. Para el efecto, debe partirse de diferentes títulos de imputación establecido s en los precedentes jurisprudenciales y doctrinales los cuales se clasifican en la falla o falta en la prestación del servicio, el daño especial y el riesgo excepcional.15

2.3.2. Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por dilación en la adopción de decisiones judiciales. Prescripción de la acción penal

El artículo 228 de la Constitución Política dispone que «los términos procesales se observarán con diligencia » y que «su incumplimiento será sancionado» con lo cual eleva a rango constitucional los principios de celeridad y eficacia en la actuación judicial. A su turno , el artículo 7 de la Ley 270 de 1996 estableció que la administración de justicia debe ser eficiente, lo cual implica que los funcionarios y empleados judiciales deben ser diligentes en la

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, consejera ponente: María Adriana Marín, sentencia del 24 de septiembre de 2021, radicado 85001-23-31-000-2011-00214-01 13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, consejera ponente: María Adriana Marín, sentencia del 30 de agosto de 2022, radicado 76001-23-31-000-2010-01727-02

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, consejera ponente: María Adriana Marín, sentencia del 30 de agosto de 2022, radicado 76001-23-31-000-2010-01727-02 14 Subsección C, consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales, sentencia del 19 de febrero de 2024, radicado 25000-23-26-000-2011-00220-01 15 HENAO. J. (2015). Las formas de reparación en la responsabilidad del Estado: hacia su unificación sustancial en todas las acciones contra el Estado. Bogotá, Colombia. Universidad Externado de Colombia. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/rdp/n28/n28a10.pdfReparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Carlos Andrés Hernández Páez

Demandado: Dirección Ejecutiva de

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sustanciación de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir conforme a la competencia que les fije la ley.

El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada