TA SAN - Sentencia 680013333013-2022-00080-01 (20-06-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, veinte (20) de junio del dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

RADICADO: 680013333013-2022-00080-01

ENLACE DEL EXPEDIENTE: https://samai.azurewebsites.net/vistas/casos/list_pro cesos.aspx?guid=680013333013202200080016800

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MEDIO DE CONTROL: PROTECCIÓN DE DERECHO S E INTERESES

COLECTIVOS

ACTOR POPULAR: JAIME ORLANDO MARTÍNEZ GARCÍA

derechoshumanosycolectivos@gmail.com derechoshumanosycolectivos@hotmail.com

ACCIONADO: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

notijudicial@alcaldiadepiedecuesta.gov.co

VINCULADO: CONJUNTO RESIDENCIAL NAVARRA REAL

navarrareal@gmail.com

MINISTERIO PÚBLICO: JHON CARLOS GARCIA PEREA

jcgarcia@procuraduria.gov.co

SENTENCIA NÚM: 053

TEMA: SE CONFIRMA LA SENTENCIA DE PRIMERA

INSTANCIA, AL ESTABLECERSE QUE EL

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, EN SU CALIDAD

DE ENTE TERRITORIAL Y PRIMERA AUTORIDAD

POLICIVA Y URBANÍSTICA, INCURRIÓ EN UNA

OMISIÓN, AL NO EJERCER LA DEBIDA

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, EN SU CALIDAD

DE ENTE TERRITORIAL Y PRIMERA AUTORIDAD

POLICIVA Y URBANÍSTICA, INCURRIÓ EN UNA

OMISIÓN, AL NO EJERCER LA DEBIDA

VIGILANCIA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE L

ANDÉN UBICADO EN LA CARRERA 7.ª NÚM. 1D35, EL CUAL SE EJECUTÓ SIN CUMPLIR LOS

ESTÁNDARES DE ACCESIBILIDAD EXIGIDOS

POR LA NORMATIVA VIGENTE, EN PERJUICIO,

ESPECIALMENTE, DE LAS PERSONAS EN

CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el Municipio de Piedecuesta contra la sentencia de primera instancia del 20 de junio de 2024, proferida por el Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, mediante la cual se ampararon los derechos colectivos (i) al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público y (ii) a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS

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ACTOR POPULAR: JAIME ORLANDO MARTÍNEZ GARCÍA

ACCIONADO: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA RADICADO: 680013333013-2022-00080-01

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I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte accionante

ACCIONADO: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA RADICADO: 680013333013-2022-00080-01

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I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte accionante

En ejercicio del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos, el señor Jaime Orlando Martínez García presentó demanda1 ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo en orden a que se declare la vulneración de los derechos colectivos «al goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público, la libertad de la locomoción y el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, la seguridad y salubridad públicas, y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes».

En consecuencia, solicitó:

«1-Se decrete mediante sentencia que el municipio de Piedecuesta o al que corresponda, se encuentra vulnerando los derechos colectivos de la población en situación de discapacidad visual tanto temporal como permanente, ordenándole al municipio de Piedecuesta en cabeza del señor alcalde o quien haga sus veces al momento en que se emita el FALLO de la presente acción pública, o al que corresponda, realizar las obras civiles necesarias las obras civiles para la construcción del POMPEYANO y/o PORCION ANDEN FALTANTE , realizar también todas las obras civiles inmersas a la construcción solicitada, la instalación de las LOSETAS TEXTURIZADAS GUÍAS DE ALERTA, frente y en la parte exterior (Espacio

PORCION ANDEN FALTANTE , realizar también todas las obras civiles inmersas a la construcción solicitada, la instalación de las LOSETAS TEXTURIZADAS GUÍAS DE ALERTA, frente y en la parte exterior (Espacio Público), en todo su mismo ancho, obras que son de vital importancia para conectar los dos (02) extremos de acceso a los parqueaderos con el andén colindante al mismo nivel y altura del existente frente y en la parte exterior (Espacio Público) al acceso a los parqueaderos privados internos de la edificación para uso de sus resident es, visitantes y/o usuarios, en todo su mismo ancho. 2-Se decrete mediante sentencia que el municipio de Piedecuesta o al que corresponda, se encuentra vulnerando los derechos colectivos de la población en situación de discapacidad visual tanto temporal co mo permanente al no construir el POMPEYANO y/o PORCION ANDEN FALTANTE, todo lo inmerso a ello, realizar también todas las obras civiles inmersas a la construcción solicitada, la instalación de las LOSETAS TEXTURIZADAS GUÍAS DE ALERTA frente y en la parte exterior (Espacio Público), en todo su mismo ancho; no ha cumplido con el Decreto No.1538 de 2005, los artículos 3 y 7, del último artículo, el literal A, numeral 4 […] 3-Que mediante sentencia al accederse a las pretensiones de la demanda, el operador judicial de un término prudencial de no mayor a un (01) mes , al que corresponda, para que se construya el POMPEYANO y/o PORCION ANDEN FALTANTE, realizar también todas las obras civiles inmersas a la construcción solicitada, la instalació n de las LOSETAS TEXTURIZADAS

que corresponda, para que se construya el POMPEYANO y/o PORCION ANDEN FALTANTE, realizar también todas las obras civiles inmersas a la construcción solicitada, la instalació n de las LOSETAS TEXTURIZADAS GUÍAS DE ALERTA frente y en la parte exterior (Espacio Público), en todo su mismo ancho y al mismo tiempo que el accionado rinda informe escrito al despacho judicial manifestando el cumplimiento de la sentencia al terminar las obras, de no hacerse dentro de este término, tomar esta pretensión como

1 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación, índice 00 1 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo 2_REPARTOYRADICACION_REPARTOACCIONPOPUL.PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS

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el trámite incumplido y tramite de control previo a la posible apertura del incidente de desacato. 4-Que el operador judicial al expedir la correspondiente sentencia de respuesta de f orma individual a cada uno de los numerales de las pretensiones y no en bloque. 5-Se condene en costas y agencias en derecho al demandado y demás gastos económicos que se deriven en el transcurso del proceso por remisión expresa del artículo 38 de la Ley 4 72 de 1998, al Código General Del Proceso, al C.P.A.D.A., al acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura artículos 2 y 3, y al numeral 5 del Acuerdo PSAA16 -10554 de

Proceso, al C.P.A.D.A., al acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura artículos 2 y 3, y al numeral 5 del Acuerdo PSAA16 -10554 de agosto 5 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura y demás normas concordantes». [sic en todo el texto], [negrilla y subraya del texto original]

Las anteriores pretensiones se fundamentan en las siguientes afirmaciones:

El accionante señaló que, en el sector donde se ubica el Conjunto Residencial Navarra Real P.H., localizado en la carrera 7.ª núm. 1D – 35 del municipio de Piedecuesta, no se ha construido el tramo faltante de andén –o pompeyano– en la parte frontal del edificio ni en el área de acceso a los parqueaderos internos. A su juicio, esta omisión vulnera derechos colectivos de la población en general, afectando de manera especial a las personas con discapacidad visual.

Adujo que la situa ción denunciada transgrede el marco normativo que consagra el principio de accesibilidad universal, como la Ley 361 de 1997, el Decreto 1538 de 2005 y la Norma Técnica ICONTEC NTC 5610, los cuales establecen estándares mínimos que deben observarse en materia de infraestructura urbana a efectos de garantizar condiciones dignas y seguras para la movilidad de las personas en situación de discapacidad.

Manifestó, además, que presentó solicitud ante la Oficina de Planeación del Municipio de Piedecuesta, en la qu e puso de presente la afectación de los derechos colectivos derivada de la carencia de infraestructura peatonal en el sitio, y requirió la realización de una visita técnica para constatar la situación.

Municipio de Piedecuesta, en la qu e puso de presente la afectación de los derechos colectivos derivada de la carencia de infraestructura peatonal en el sitio, y requirió la realización de una visita técnica para constatar la situación.

No obstante, según lo manifestó, la administración municipal respondió de forma escueta indicando que «no se puede dar continuidad al andén », explicación que calificó como inocua y contraria a los deberes constitucionales y legales que rigen la función administrativa, en particular a lo disp uesto en el artículo 82 de la Constitución Política y el Decreto 564 de 2006, que consagra lineamientos sobre el diseño y construcción de espacio público en condiciones de accesibilidad.

B. Posición del accionado y vinculado

El Municipio de Piedecuesta, por conducto de apoderada judicial, el ente territorial solicitó que se denieguen las pretensiones del actor, al considerar quePROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS

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los hechos descritos no configuran una vulneración de derechos o intereses colectivos2.

Expuso que, si bien en el tramo adyacente al Conjunto Residencial Navarra Real no se han construido pompeyanos, tal circunstancia no representa por sí sola una afectación al espacio público ni a los derechos de accesibilidad de la población, incluida aquella en condición de discapacidad.

Como sustento fáctico y técnico de su posición, señaló: (i) la inexistencia de

afectación al espacio público ni a los derechos de accesibilidad de la población, incluida aquella en condición de discapacidad.

Como sustento fáctico y técnico de su posición, señaló: (i) la inexistencia de viabilidad técnica para la ejecución de las obras solicitadas; (ii) la ausencia de riesgo para los peatones, dado que los vehículos que circula n por la zona no desarrollan velocidades superiores a 0 km/h; y (iii) la existencia de condiciones mínimas de accesibilidad en el área, que incluyen cebras debidamente demarcadas, rampas para personas con movilidad reducida y andenes continuos, con nivel u niforme, ancho suficiente y losetas podotáctiles, todo lo cual garantizaría un tránsito seguro y adecuado para los peatones.

En desarrollo de su argumento, indicó que la implementación de medidas orientadas a la accesibilidad debe obedecer a criterios de p laneación, disponibilidad presupuestal y progresividad, conforme a lo previsto en el marco normativo vigente, en particular, en la Ley 361 de 1997. Desde esa óptica, consideró improcedente pretender la ejecución inmediata de obras de infraestructura que no han sido priorizadas en los instrumentos de planificación territorial ni en los planes de desarrollo municipal.

Enfatizó que la imposición judicial de cargas financieras a las entidades territoriales, sin que exista un estudio técnico que justifique la ne cesidad, pertinencia y viabilidad de las intervenciones solicitadas, contraviene el principio constitucional de planeación y compromete el manejo racional de los recursos públicos.

En este sentido, comentó que el juez de lo contencioso administrativo care ce de competencia para ordenar, sin respaldo probatorio suficiente, la ejecución de

constitucional de planeación y compromete el manejo racional de los recursos públicos.

En este sentido, comentó que el juez de lo contencioso administrativo care ce de competencia para ordenar, sin respaldo probatorio suficiente, la ejecución de obras que impliquen inversiones públicas relevantes, más aún cuando estas no han sido incorporadas en los presupuestos oficiales ni en el marco fiscal de mediano plazo.

Agregó que las restricciones fiscales propias de la entidad territorial, cuyos ingresos son limitados en comparación con otros entes del orden nacional o

2 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación, índice 008 SAMAI,  enlace en la plataforma, archivo 2_REPARTOYRADICACION_REPARTOACCIONPOPUL.PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS

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departamental, obligan a priorizar la atención de necesidades más urgentes, conforme a criterios de eficiencia y racionalidad del gasto público.

Aun así, aclaró que ha formulado un proyecto macro destinado a la adecuación, mejoramiento y mantenimiento de andenes y demás componentes del espacio público, en el marco de una política orientada a garantizar condiciones de accesibilidad progresiva en todo el territorio municipal. En consecuencia, sostuvo que no puede atribuírsele un comportamiento negligente u omisivo.

No obstante, dejó constancia de que la ejecución de las obras reclamadas podría ser considerada en el futuro, siempre que existan estudios técnicos que respalden

que no puede atribuírsele un comportamiento negligente u omisivo.

No obstante, dejó constancia de que la ejecución de las obras reclamadas podría ser considerada en el futuro, siempre que existan estudios técnicos que respalden su viabilidad y se cuente con los recursos necesarios para su materialización.

Finalmente, solicitó la vinculación al proceso de la Unidad Residencial Navarra Real, en tanto posible corresponsable de las condiciones urbanísticas existentes, y advirtió que no hay lugar a condena en costas, por cuanto no se configura temeridad ni mala fe en su actuación procesal, y al actor le fue reconocido el beneficio del amparo de pobreza, lo que excluye la generación de expensas procesales a su cargo.

El Conjunto Residencial Navarra Real , pese a encontrarse debidamente notificado3, guardó silencio.

C. El fallo apelado

Mediante sentencia del 20 de junio de 20244, el Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al encontrar probada la vulneración de los derechos colectivos (i) al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, y (ii) a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos conforme a las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y priorizando la calidad de vida de los habitantes.

En cuanto al derecho a la seguridad y salubridad pública, la primera instancia consideró que no se allegaron elementos probatorios que permitieran acreditar su afectación, ya que la omisión en la instalación de losetas texturizadas y en la construcción del pompeyano no implica per se una conducta contraria a dich o

consideró que no se allegaron elementos probatorios que permitieran acreditar su afectación, ya que la omisión en la instalación de losetas texturizadas y en la construcción del pompeyano no implica per se una conducta contraria a dich o interés colectivo. Del mismo modo, descartó la amenaza al derecho de acceso a servicios públicos con criterios de eficiencia y oportunidad.

3 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación, índice 001 8 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo Soporte notificación Auto niega medidas c. 4 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación, índice 0070 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo 98Sentencia de Pr_202208000APSENTENCIA.PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS

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Por otra parte , constató que el pompeyano ubicado en la carrera 7 núm. 1D -35 carece de una textura diferenciada que delimite sensorialmente la circulación peatonal de la vehicular, lo que dificulta su identificación por parte de personas con discapacidad visual. Asimismo, verificó que las losetas podotáctiles instaladas en el andén presentan discontinuidades originadas por elementos de amoblamiento urbano –como postes de alumbrado y árboles– que interrumpen la ruta accesible.

Si bien el despacho reconoció que la ejecución de obras públicas puede estar sujeta a criterios de planeación y disponibilidad presupuestal, advirtió que dicha

ruta accesible.

Si bien el despacho reconoció que la ejecución de obras públicas puede estar sujeta a criterios de planeación y disponibilidad presupuestal, advirtió que dicha circunstancia no exime a la administración municipal de su deber de actuar con diligencia en la eliminación progresiva de barreras ur banísticas, particularmente cuando estas afectan de forma directa la movilidad y la integridad física de los ciudadanos.

Con base en lo expuesto, determinó que el Municipio de Piedecuesta incurrió en una omisión al no adoptar medidas tendientes a garantiza r condiciones mínimas de accesibilidad en el espacio público colindante con el conjunto residencial referido.

Al respecto, recordó que el artículo 34 de la Ley 361 de 1997 impone a las autoridades administrativas el deber de eliminar las barreras físicas y urbanísticas que impidan el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.

Igualmente, reiteró que el literal a) del artículo 7.º del Decreto 1538 de 2005 establece que el diseño, la construcción y la conservación del espacio público deben realizarse bajo parámetros de accesibilidad universal, mandato que resulta imperativo para las entidades territoriales en su calidad de garantes del cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia urbanística y de inclusión.

En consecuencia, ordenó al Municipio de Piedecuesta que:

«SEGUNDO: ORDÉNASE al MUNICIPIO DE PIEDECUESTA para que dentro de los seis (06) meses siguientes a la notificación de esta providencia, REALICE las gestiones administrativas, presupuestales, técnicas, contractuales y/o de infraestructura necesarias para que el pompeyano ubicado en la carrera 7 No.1D35 cuente con una textura diferente que permita

REALICE las gestiones administrativas, presupuestales, técnicas, contractuales y/o de infraestructura necesarias para que el pompeyano ubicado en la carrera 7 No.1D35 cuente con una textura diferente que permita delimitar la circulación peatonal de la vehicular, así como la adecuación de las losetas texturizadas instaladas sobre las franjas de andén ubicadas sobre la carrera 7 No.1D -35 (C. R. NAVARRA REAL - P. H.), que permitan la continuidad de las franjas peatonales, a efectos de garantizar la accesibilidad del espacio público a los peatones y en especial, a la población en situación de discapacidad, atendiendo los parámetros establecidos por la normatividad

aplicable.PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS

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TERCERO: CONFÓRMESE el COMITÉ DE VERIFICACIÓN por la parte demandante, el MUNICIPIO DE PIEDECUESTA y su Personero Municipal, el cual deberá rendir cada dos (02) meses un informe pormenorizado a este Despacho, informando las acciones tendientes a lograr el efectivo cumplimiento de la presente sentencia. El MUNICIPIO DE PIEDECUESTA deberá remitir a este Despacho prueba del cumplimiento de la orden impartida, en los términos previamente concedidos, so pena de incurrir en desacato de una orden judicial con las sanciones que ella acarrea».

Finalmente, impuso condena en costas al ente accionado, por haber re sultado

impartida, en los términos previamente concedidos, so pena de incurrir en desacato de una orden judicial con las sanciones que ella acarrea».

Finalmente, impuso condena en costas al ente accionado, por haber re sultado vencido en el proceso.

D. El recurso de apelación de la parte demandada

La entidad territorial apeló5 la sentencia de primera instancia y, como argumentos de su inconformidad, expuso que, aunque se evidenció una omisión relacionada con la adecuación del tramo del andén ubicado sobre la carrera 7.ª núm. 1D -35, frente al Conjunto Residencial Navarra Real, l a obligación de ejecutar dichas obras conforme a la normatividad urbanística y a lo dispuesto en la respectiva licencia de construcción recae directamente en el constructor y/o en la propiedad horizontal vinculada al presente trámite.

Sostuvo que, si bien el municipio puede adelantar gestiones técnicas orientadas a la modificación del pompeyano y de las losetas podotáctiles, corresponde al Conjunto Residencial llevar a cabo la intervención física, ajustándose a los lineamientos técnicos que, en su caso, sea n suministrados por la administración municipal. En su criterio, la responsabilidad de la adecuación recae sobre el titular de la edificación, quien debió atender las exigencias normativas desde la etapa de ejecución de la obra.

En esa medida, solicitó que se vincule al Conjunto Residencial Navarra Real para que « de manera conjunta con el Municipio de Piedecuesta, se realice la construcción y/o modificación del pompeyano y la instalación de losetas texturizadas guías de alerta en los andenes anexos a la pro piedad horizontal de

que « de manera conjunta con el Municipio de Piedecuesta, se realice la construcción y/o modificación del pompeyano y la instalación de losetas texturizadas guías de alerta en los andenes anexos a la pro piedad horizontal de acuerdo con las gestiones técnicas que el Municipio de Piedecuesta pudiera asesorar, apoyar y advertir ». Asimismo, pidió que se reconsidere la condena en costas en su contra y se incluya de manera solidaria al mencionado conjunto, toda vez que fue vinculado al proceso y guardó silencio en todas las etapas procesales.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

5 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación, índice 00 70 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo 98Sentencia de Pr_202208000APSENTENCIA.PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS

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Por auto del 5 de agosto de 2024 6 el juzgado de primera instancia admitió el recurso de apelación presentado por el Municipio de Piedecuesta, en contra de la sentencia de primera instancia del 20 de junio de 2024, dictada por el Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga. En la misma providencia se concedió a las partes un término de diez (10) días para presentar alegatos de conclusión, y se puso en conocimiento del Ministerio Público que podía emitir concepto antes del ingreso del expediente al despacho para decisión.

providencia se concedió a las partes un término de diez (10) días para presentar alegatos de conclusión, y se puso en conocimiento del Ministerio Público que podía emitir concepto antes del ingreso del expediente al despacho para decisión.

E. Alegatos de conclusión

El ciudadano Jaime Orlando Martínez García7 solicitó confirmar la sentencia de primera instancia y que se imponga la condena en costas y agencias en derecho en esta segunda instancia a favor suyo y en contra del apelante, conforme al Código General del Proceso (CGP).

Indicó que el Municipio de Piedecuesta no presentó ninguna propuesta técnica ni plan concreto de intervención para los andenes del municipio. Señaló que la entidad se limitó a afirmar que la responsabilidad corresponde a la propiedad horizontal, sin asumir su deber de intervención en el espacio público.

Resaltó que, de acuerdo con el informe emitido por la Oficina de Planeación Municipal el 4 de abril de 2024, antes de la radicación de la demanda no existía ninguna programación de obras civiles para el lugar de los hechos. Añadió que, no obstante, el informe técnico del 27 de mayo de 2024 evidenció la vulneración de los derechos colectivos, en tanto las losetas podotáctiles fueron instaladas en zonas donde se encuentran interrumpidas por postes, árboles y estructuras metálicas.

Afirmó que el Municipio no aportó actas de visita de obra ni documentos que acreditaran el ejercicio de vigilancia y control sobre la ejecución de las obras, a pesar de que esa obligación está prevista en el artículo 109 de la Ley 361 de 1997. Precisó que la licencia urbanística del Conjunto Residencial Navarra Real fue

acreditaran el ejercicio de vigilancia y control sobre la ejecución de las obras, a pesar de que esa obligación está prevista en el artículo 109 de la Ley 361 de 1997. Precisó que la licencia urbanística del Conjunto Residencial Navarra Real fue expedida el 25 de marzo de 2011, fecha en la que ya regía dicha norma, por lo que el Municipio debía verificar el cumplimiento de las condicio nes de accesibilidad previstas en los planos aprobados.

Finalmente, recordó que, conforme al artículo 52 de la Ley 361 de 1997, todas las edificaciones deben eliminar barreras físicas en el diseño y ejecución de las vías

6 Expediente digital, actuación, índice 00 5 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo 3Auto Admite Rec_20220008001POPAdmite. 7 Expediente digital, actuación, índice 0010 SAMAI,  enlace en la plataforma, archivo 4_MemorialWeb_Alegatos-0TASALEGATOSCONCL.PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS

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y del espacio público, lo cual com promete tanto al constructor como al ente territorial encargado de su control.

El Municipio de Piedecuesta no presentó alegatos en esta etapa procesal.

El Ministerio Público no rindió concepto.

III. CONSIDERACIONES

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con

El Municipio de Piedecuesta no presentó alegatos en esta etapa procesal.

El Ministerio Público no rindió concepto.

III. CONSIDERACIONES

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación adelantada, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo del asunto, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.

F. Competencia

En atención a lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, esta Corporación es competente para conocer la apelación de las sentencias que en primera instancia dicten los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial.

G. Problemas jurídicos

Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos del recurso de apelación, resolver los siguientes problemas jurídicos:

P.J.1. ¿Debe modificarse la sentencia de primera instancia en razón a que la obligación de adelantar las gestiones necesarias p ara superar la presunta vulneración de los derechos colectivos derivada de la falta de adecuación de las losetas podotáctiles tipo pompeyano instaladas en las franjas de andén ubicadas sobre la carrera 7 núm. 1D-35, frente al Conjunto Residencial Navarra Real, no recaía en cabeza del Municipio de Piedecuesta, sino en la constructora y/o en la propiedad horizontal, conforme a la normatividad urbanística aplicable y a lo dispuesto en la respectiva licencia de construcción?

P.J.2. ¿Hay lugar a modificar la condena en costas impuesta exclusivamente al Municipio de Piedecuesta, en atención a la presunta configuración de una responsabilidad compartida en el caso concreto?

construcción?

P.J.2. ¿Hay lugar a modificar la condena en costas impuesta exclusivamente al Municipio de Piedecuesta, en atención a la presunta configuración de una responsabilidad compartida en el caso concreto?

H. Tesis

P.J.1: No, por cuanto la Sala encuentra acreditado que la obligación de adecuar las franjas de andén, incluida la construcción de pompeyanos y la instalación dePROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS

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losetas podotáctiles tipo pompeyano, corresponde al Municipio de Piedecuesta en su calidad de autoridad responsable del espacio público dentro de su jurisdicción. En efecto, conforme al marco constitucional y legal que rige la función urbanística, y en particular a lo previsto en el artículo 5° del Decreto 1504 de 1998, los andenes y demás elementos destinados a la circulación peatonal hacen parte del espacio público y, por tanto, su construcción, mantenimiento y adecuación se encuentra a cargo del ente territorial respectivo. En consecuencia, no hay lugar a dudas de que, en el presente caso, los espacios sobre los cuales deben realizarse las obras de accesibilidad peatonal forman parte del espacio público municipal, razón por la cual el Municipio de Piedecuesta no puede sustraerse de su obligación de ejecutar y conservar tales obras, máxime cuando le correspondía ejercer las funciones de vigilancia y control urbanístico sobre la obra adelantada, lo cual, evidentemente,

cual el Municipio de Piedecuesta no puede sustraerse de su obligación de ejecutar y conservar tales obras, máxime cuando le correspondía ejercer las funciones de vigilancia y control urbanístico sobre la obra adelantada, lo cual, evidentemente, no ocurrió, permitiendo que esta se culminara sin el cumplimiento de los requisitos técnicos exigibles respecto del espacio público.

P.J.2. No, porque como se esta bleció al resolver el primer problema jurídico, la obligación de garantizar las condiciones de accesibilidad y seguridad en el espacio público corresponde al ente territorial, en virtud de las c