TA SAN - Sentencia 680013333013-2022-00158-01 (25-06-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: FRANCY DEL PILAR PINILLA PEDRAZA

Bucaramanga, veinticinco (25) de junio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte accionada , contra la sentencia del 26 de febrero de 2025, proferida por el Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes: MEDIO DE CONTROL Nulidad y restablecimiento del derecho RADICADO 680013333013-2022-00158-01 DEMANDANTE Concepción Galván De Arenas dulcelina.rodriguez@hotmail.com DEMANDADO Nación - Contraloría General de la República notificacionesjudiciales@contraloria.gov.co

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https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Cas os/list_procesos.aspx?guid=6800133330132022 00158016800123 MINISTERIO PÚBLICO Procuraduría 159 Judicial II para asuntos administrativos nmgonzalez@procuraduría.gov.co TEMA Aportes a pensión durante suspensión en ejercicio de cargo / Aplicación principio in dubio pro

operarioNULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 680013333013-2022-00158-01

TEMA Aportes a pensión durante suspensión en ejercicio de cargo / Aplicación principio in dubio pro

operarioNULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 680013333013-2022-00158-01

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1.1. El 18 de enero de 1977 mediante Resolución 00127 proferida por la Contraloría General de la República , la demandante fue nombrada como Revisora de Documentos III de la Auditor ía Fiscal ante la Administración de Impuestos Nacionales de Bucaramanga, cargo en el que tomó posesión el 9 de febrero de 1977.

1.2. A través de oficio No. 126 de octubre de 1982, el Juez 19 de Instrucción Criminal de Bucaramanga solicitó la suspensión en el ejercicio del cargo, orden que fue acatada por la Contraloría General de la República a través de la Resolución No. 07753 del 25 de octubre de 1982.

1.3. El 25 de febrero de 1991, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga, solicitó el levantamiento de la suspensión en el ejercicio del cargo de la demandante, en atención a que a través de providencia del 23 de febrero de 1988 declaró la cesación de todo el procedimiento penal que se adelantaba en su contra. Dicha orden fue cumplida a través de la Resolución 002719 del 19 de marzo del año 1991.

1.4. Desde el 25 de octubre de 1982 hasta el 19 de marzo de 1991, término

penal que se adelantaba en su contra. Dicha orden fue cumplida a través de la Resolución 002719 del 19 de marzo del año 1991.

1.4. Desde el 25 de octubre de 1982 hasta el 19 de marzo de 1991, término durante el cual fue suspendida del ejercicio del cargo, no le fueron realizados aportes al sistema de seguridad social en pensiones por parte de la Contraloría General de la República.

1.5. El 16 de marzo de 2022, solicitó a la entidad demandada el reconocimiento y pago de los aportes al sistema de seguridad social en pensión durante el lapso señalado, solicitud que fue resuelta de manera negativa a través del oficio 800118 del 23 de marzo de 2022.

2. Las pretensiones

Se sintetizan de la siguiente manera:

2.1. Que se declare nulo el acto administrativo contenido en el oficio No. 800118 de fecha 23 de marzo de 2022, por medio del cual, la Contraloría General de la República negó el reconocimiento y pago de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, dejados de realizar dentro del extremo temporal comprendido entre el 25 de octubre de 1982 al 19 de marzo de 1991, lapso en el cual se encontraba suspendida de su car go por una orden judicial que posteriormente fue levantada y declarada su cesación para todos sus efectos.

2.2. A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación – Contraloría General de la República a reconocer a favor de ConcepciónNULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 680013333013-2022-00158-01 3 3

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Contraloría General de la República a reconocer a favor de ConcepciónNULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 680013333013-2022-00158-01 3 3

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Galvan de Ar enas, los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, dentro del extremo temporal comprendido entre 25 de octubre de 1982 al 19 de marzo de 1991

2.3. Ordenar a la Nación – Contraloría General de la República, que proceda con el pago de los aportes dejados de realizar al sistema de seguridad social en pensiones, en el lapso comprendido entre el (25 de octubre de 1982 al 19 de marzo de 1991, ante la Administradora Colombiana De Pensiones – Colpensiones.

2.4. Condenar en costas a la entidad demandada

2.5. Que l a parte demandada de cumplimiento de la Sentencia, en los términos de los artículos 192, 194 y 195 del CPACA.

3. Normas violadas y concepto de violación

Se alegan como vulneradas las siguientes: - Artículos 1, 2, 13, 25, 46, 48 y 53 de la Constitución Política de Colombia. - Artículo 2.2.5.5.47 del Decreto 1083 de 2015. - Artículo 218 de la Ley 1952 de 2019.

Como concepto de violación se aduce que la Contraloría General de la República incurrió en una falta de motivación por la no aplicación de la normativa existente, al indicar que para la fecha de suspensión del cargo de la

Como concepto de violación se aduce que la Contraloría General de la República incurrió en una falta de motivación por la no aplicación de la normativa existente, al indicar que para la fecha de suspensión del cargo de la demandante no existía norma jurídica que obligara a los empleadores a seguir realizando los aportes a la Seguridad Social por el periodo que durara la suspensión y que para la época de la suspensión no existía el Sistema General de Seguridad Social que entró en vigor mediante la Ley 100 de 1993, omitiendo con ello dar aplicación al principio fundamental consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, el cual consigna que en caso de duda respecto de la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho debe prevalecer aquella que resulte más favorable al trabajador.

Argumenta que la entidad demandada omitió analizar que el Decreto 1083 de 2015 y la Ley de 1952 de 2019, establecen la obligación del empleador de seguir realizando los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en el lapso que dure la suspensión y más aún cuando la investigación penal termina con un fallo absolutorio o decisión de archivo del proceso.

4. Contestación de la demandaNULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 680013333013-2022-00158-01

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Por intermedio de apoderada judicial, la entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual señaló los siguientes aspectos:

1. Conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado con el fin de

Por intermedio de apoderada judicial, la entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual señaló los siguientes aspectos:

1. Conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional, ningún pago puede efectuarse sin que este asegurado su financiamiento con los aportes realizados por el trabajador y el empleador.

1. Las cotizaciones de los afiliados al Sistema de Seguridad Social constituyen una obligación de carácter parafiscal y por tanto al tenor de lo dispuesto en el artículo 817 del E.T, la acción de cobro prescribe en el término de 5 años.

5. La sentencia apelada

El Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 26 de febrero de 2025, resolvió:

«PRIMERO: DECLÁRASE LA NULIDAD del Oficio No. 800118 del 23 de marzo de 2022 expedido por la NACION – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA mediante el cual negó el reconocimiento y pago de los aportes al sistema de seguridad social en pensión, en el lapso comprendido entre el 25 de octubre de 1982 al 19 de marzo de 1991, de conformidad con las razones expuestas en las consideraciones.

SEGUNDO: ORDÉNASE a título de restablecimiento del derecho a la NACION – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA reconocer y pagar a favo r de la señora CONCEPCIÓN GALVÁN DE ARENAS los aportes al Sistema General de Seguridad Social, en la proporción que por ley le corresponde, durante el periodo comprendido entre el 25 de octubre de 1982 al 19 de marzo

de la señora CONCEPCIÓN GALVÁN DE ARENAS los aportes al Sistema General de Seguridad Social, en la proporción que por ley le corresponde, durante el periodo comprendido entre el 25 de octubre de 1982 al 19 de marzo de 1991, de conformidad con las razones expuestas en las consideraciones.

TERCERO: ACTUALÍZANSE en su valor las sumas no pagadas que resulten del reconocimiento pensional aquí ordenado, conforme a la fórmula expuesta en las consideraciones de esta sentencia, y devengarán intereses en cuanto se den los supuestos de hecho previstos en el artículo 192 de la Ley 1437 de

2011.

CUARTO: SIN CONDENA en costas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.»

Como sustento de su decisión, consideró que si bien para la fecha en la que la demandante fue suspendida en el ejercicio del cargo no existía una norma que expresamente ordena ra el pago de salario y prestaciones dejadas de percibir con ocasión de la suspensión del cargo por virtud de una orden judicial,NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 680013333013-2022-00158-01 5 5

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tampoco existía una que lo eximiera o que considerara esa situación como causa legítima para dejar de hacerlo.

Por tanto, al quedar en indeterminación la historia laboral de la demandante frente al pago de aportes comprendidos en dicho lapso, ni haberse consolidado su derecho pensional, aplicó con retrospectividad el artículo

causa legítima para dejar de hacerlo.

Por tanto, al quedar en indeterminación la historia laboral de la demandante frente al pago de aportes comprendidos en dicho lapso, ni haberse consolidado su derecho pensional, aplicó con retrospectividad el artículo 2.2.5.5.47 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, dado que este fenómeno afecta situaciones jurídicas no consolidadas que se h an originado en el pasado, es decir, situaciones jurídicas en curso al momento de entrada en vigencia de la norma.

Dicha norma, señala la obligación del empleador de efectuar los aportes al Sistema de Seguridad social en la proporción que por Ley le corr esponde cuando un empleado haya sido suspendido como consecuencia de una orden de autoridad judicial, fiscal o disciplinaria.

Sumado a lo anterior, consideró que conforme a lo señalado por el Consejo de Estado, en los eventos en los cuales en el trámite de una investigación disciplinaria se haya ordenado la suspensión provisional del cargo del investigado y la misma concluya con fallo absolutorio, decisión de archivo o de terminación del proceso, o cuando expire el término de suspensión sin que se hubiere proferido fallo de primera o única instancia, el implicado tiene derecho al reintegro y al pago de los salarios y prestaciones dejados de devengar por dicho lapso, interpretación que la Corporación hizo extensiva aun cuando un funcionario es suspendido con ocasión a una orden judicial.

En conclusión, aunque para el momento en que la demandante fue suspendida del cargo que ejercía en la Contraloría General de la República no había una norma que expresamente señalara el deber del empleador de realizar los aportes al Sistema General de Seguridad Social, en virtud del artículo 53 de la

del cargo que ejercía en la Contraloría General de la República no había una norma que expresamente señalara el deber del empleador de realizar los aportes al Sistema General de Seguridad Social, en virtud del artículo 53 de la Constitución Política el cual dispone que en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, debe prevalecer aquella que result e más favorable al trabajador, acoge la tesis planteada por el Consejo de Estado y dará aplicación retrospectiva a lo dispuesto en el artículo 2.2.5.5.47 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015 que sí dispone dicha obligación.

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

La parte demandada interpone oportunamente el recurso de apelación para destacar los siguientes aspectos:

Si bien se advierte que para la época de los hechos no existía norma que contemple la obligación del empleador de reconocer aportes pensi onales,NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 680013333013-2022-00158-01 6 6

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cuando un servidor público fuere suspendido provisionalmente por orden judicial, no resulta acertado afirmar que tampoco había una norma que lo prohibiera, por cuanto para el ejercicio de funciones públicas constitucionalmente solo está permitido hacer lo que disponga la Ley conforme lo establece el artículo 6 de la Constitución Política.

Por tanto, el empleador no tenía obligación legal de realizar los aportes pensionales, porque no podía extralimitarse en sus funciones y otorgar un

lo establece el artículo 6 de la Constitución Política.

Por tanto, el empleador no tenía obligación legal de realizar los aportes pensionales, porque no podía extralimitarse en sus funciones y otorgar un reconocimiento que para esa fecha no era legal, destacando que la disposición constitucional también estaba prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de 1886.

Destacó que conforme la sentencia C -337 de 1993 “(…) « [e]s a todas luces contrario al principio señalado, suponer que al no estar algo expresamente prohibido, bien sea para el legislativo, o para cualquier otra rama del poder público, sus integrantes pueden hacerlo, porque esta prerrogativa es exclusiva de los particulares. Los servidores públicos tan solo pueden realizar los actos previstos por la Constitución, las leyes o los reglamentos, y no pueden, bajo ningún pretexto, improvisar funciones ajenas a su competencia».

La suspensión del cargo se dio con ocasión de una orden judicial de origen penal y no disciplinaria, por lo que la jurisprudencia traída a colación por el A quo no contempla la misma situación fáctica y jurídica habida cuenta que contempla aquellos casos d e fallo absolutorio, archivo o terminación del proceso disciplinario y tiene soporte en una norma de la Ley 734 de 2002 derogada por la Ley 1952 de 2019 – Código General Disciplinario – que no estaba vigente para la época de los hechos, siendo posterior a la consolidación de la situación jurídica, si se tiene en cuenta que la servidora fue suspendida en el periodo comprendido entre el 25 de octubre de 1982 y el 19 de marzo de 1991 en cumplimiento de orden judicial.

de la situación jurídica, si se tiene en cuenta que la servidora fue suspendida en el periodo comprendido entre el 25 de octubre de 1982 y el 19 de marzo de 1991 en cumplimiento de orden judicial. Para la época no estaba vigente el artículo 2.2.5.5.47 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, por lo que la situación debía definirse conforme lo previsto en el numeral 6 del artículo 51 en concordancia con el artículo 53 del Decreto 2663 de 1950 – Código Sustantivo del Trabajo – el cual reza:

«Artículo 53. Efectos de la suspensión. Durante el período de las suspensiones contempladas en el artículo 51 se interrumpe para el trabajador la obligación de prestar el servicio prometido, y para el empleador la de pagar los salarios de esos lapsos, pero durante la suspensión corren a cargo del empleador, además de las obligaciones ya surgidas con anterioridad, las queNULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 680013333013-2022-00158-01 7 7

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le correspondan por muerte o por enfermedad de los trabajadores. Estos períodos de suspens ión pueden descontarse por el empleador al liquidar vacaciones, cesantías y jubilaciones»

De lo que se deriva que no existía obligación de reconocer salarios y prestaciones sociales al trabajador, al estar a cargo del empleador solo las obligaciones surgidas con anterioridad a la suspensión y las que correspondan por muerte o por enfermedad.

De lo que se deriva que no existía obligación de reconocer salarios y prestaciones sociales al trabajador, al estar a cargo del empleador solo las obligaciones surgidas con anterioridad a la suspensión y las que correspondan por muerte o por enfermedad.

De ahí que a la entrada en vigencia de la norma que se pretende aplicar ya se habían consolidado los efectos jurídicos, por cuanto desde 1991 fue reintegrada e incluso se terminó la relación laboral el 15 de noviembre de 1993, por lo que no resulta razonable que se pretenda aplicar una norma que entró en vigencia muchos años después, frente a una situación que ya había sido definida bajo un régimen jurídico diferente, lo que corresponde a una errónea aplicación de la retrospectividad que debe ser una excepción en cuanto a la vigencia de las normas y que debe cumplir con las reglas jurisprudenciales para su aplicación.

La figura de la retrospectividad, según la Corte Constitucional puede ser aplicada a situaciones fácticas y jurídicas que se han originado con anterioridad a su vigencia, pero no han finalizado al momento de entrar a regir la nueva norma; sin embargo, en el presente asunto, lo que originó el no pago de aportes, culminó cuando se levanta la suspensión, y al no existir una norma que en ese momento permitiera el pago de los aportes pensionales en casos de suspensión provisional, por lo que el no pag o estuvo justificado, consolidándose y resolviéndose la sit uación conforme a la normatividad vigente para dicho momento, que solo obligaba a realizar el pago de lo no debido con anterioridad a la suspensión – artículo 53 CST –

Finalmente, señala que existe incongruencia en el numeral segundo de la

vigente para dicho momento, que solo obligaba a realizar el pago de lo no debido con anterioridad a la suspensión – artículo 53 CST –

Finalmente, señala que existe incongruencia en el numeral segundo de la sentencia apelada, habida cuenta que las pretensiones versaron sobre los aportes pensionales y no frente a todos los aportes al sistema de seguridad social conforme se reconoció por el juez de primera instancia.

IV. PRONUNCIAMIENTOS FRENTE AL RECURSO DE APELACIÓN

Dentro de la oportunidad procesal de que trata el numeral 4 del art. 247 de la Ley 1437 de 2011, las partes guardaron silencio.NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 680013333013-2022-00158-01 8 8

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V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Problema jurídico

¿Procede declarar la nulidad del oficio 800118 de fecha 23 de marzo de 2022 por medio del cual se negó el reconocimiento de los aportes a pensión durante el periodo comprendido entre 25 de octubre de 1982 y el 19 de marzo de 1991 en virtud de la suspensión en el ejercicio del cargo de la demandante?

2. Tesis de la Sala

Si, pero por razones diferentes conforme pasa a explicarse.

3. Argumentos de la decisión.

3.1. Efectos que puede tener el ordenamiento jurídico en el tiempo

La Corte Constitucional en sentencia T-564 de 2015 señaló que, en principio,

3. Argumentos de la decisión.

3.1. Efectos que puede tener el ordenamiento jurídico en el tiempo

La Corte Constitucional en sentencia T-564 de 2015 señaló que, en principio, las leyes y, en general, las normas que componen el ordenamiento jurídico solo rigen para los actos, hechos o situaciones de derecho que se constituyen con posterioridad a su entrada en vigencia y, por ello, solo por excepción pueden ser aplicadas en el tiempo de manera diferente, a través de las siguientes figuras:

• Retro-actividad: en principio, se configura cuando una norma expresamente contempla la posibilidad de ser aplicada a si tuaciones de hecho que se consolidaron con anterioridad a su entrada en vigencia1, un ejemplo claro de este instituto jurídico es el establecido en el artículo 29 constitucional, conforme al cual “ en materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva y desfavorable”.

• Ultra-actividad: consiste en la aplicación de una norma que ha sido expresa o tácitamente derogada, a situaciones de hecho que si bien tuvieron lugar durante su vigencia, en la actualidad se encuentran regidas por una nueva disposición jurídica; de forma que, si bien la nueva ley es de aplicación inmediata y, por tanto, debería regular las situaciones que se consoliden en su vigencia, resulta admisible el uso de la normatividad anterior con el objetivo de preservar los derechos adquiridos y las legítimas expectativas de quienes se rigieron por la normativa derogada.2

1 Ver Sentencias C-181 de 2002, T-060 de 2003, T-389 de 2009, T-110 de 2011 y C-258 de 2013, entre otras.

normativa derogada.2

1 Ver Sentencias C-181 de 2002, T-060 de 2003, T-389 de 2009, T-110 de 2011 y C-258 de 2013, entre otras. 2 Ver Sentencias C-763 de 2002, C-377 de 2004 y T-110 de 2011, entre otras.NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 680013333013-2022-00158-01 9 9

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Adicionalmente, se ha aceptado la posibilidad de una tercera modalidad de aplicación temporal de las normas, la cual, si bien no encuentra desarrollo ni consagración normativa expresa, ha sido empleada especialmente por la jurisprudencia del Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, esta es, la retrospectividad3. En relación con esta figura, se ha indicado que ella consiste en la posibilidad de aplicar una determinada norma a situaciones de hecho que, si bien tuvieron lugar con anterioridad a su entrada en vigencia, nunca vieron definitivamente consolidada la situación jurídica que de ellas se deriva, pues sus efectos siguieron vigentes o no encontraron mecanismo alguno que permita su resolución en forma definitiva.

En este sentido, ha sido unánimemente aceptado por la jurisprudencia de todas las Altas Cortes que si bien en principio las normas jurídicas solo tienen aplicabilidad a situaciones que tuvieron lugar con posterioridad a su vigencia, ello no presenta impedimento alguno para que, en los casos en los que la situación jurídica no se ha consolidado o, sus efectos siguen surtiéndose, una

aplicabilidad a situaciones que tuvieron lugar con posterioridad a su vigencia, ello no presenta impedimento alguno para que, en los casos en los que la situación jurídica no se ha consolidado o, sus efectos siguen surtiéndose, una nueva norma pueda entrar a regular y a modificar situaciones surtidas con anterioridad a su vigencia.

3.2. Aplicación retrospectiva de la ley4

Al respecto, mediante sentencia SU -309 de 2019 5, la Corte Constitucional precisó:

El fenómeno de la retrospectividad, por su parte, es consecuencia normal del efecto general e inmediato de la ley, y se presenta cuando las normas se aplican a situaciones que si bien surgieron con anterioridad a su entrada en vigencia, sus efectos jurídicos no se han consolidado al momento en que cobra vigor la nueva ley. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha puntualizado que “el efecto en el tiempo de las normas jurídicas es por regla general, su aplicación in mediata y hacia el futuro, ‘pero con retrospectividad, […] siempre que la misma norma no disponga otro efecto temporal…’. De este modo, ‘aquello que dispone una norma jurídica debe cumplirse de inmediato, hacia el futuro y con la posibilidad de afectar sit uaciones que se han originado en el pasado (retrospectividad), es decir, situaciones jurídicas en curso al momento de entrada en vigencia de la norma’”6.

3 Ver Sentencias T-110 de 2011, C-258 de 2013, entre otras. 4 CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN,

3 Ver Sentencias T-110 de 2011, C-258 de 2013, entre otras. 4 CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN, veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 05001 -23-31-000-2008-0125301(51605) Actor: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Demandado: MUNICIPIO DE APARTADÓ 5 M.P. Alberto Rojas Ríos. 6 Sentencias T-389 de 2009 y T-110 de 2011.NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 680013333013-2022-00158-01 10 10

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Este fenómeno ha sido abordado por este Tribunal como un “límite a la retroactividad, asociando su propósito a la satisfacción de los principios de equidad e igualdad en las relaciones jurídicas de los asociados, y a la superación de aquellas situaciones marcadamente discriminatorias y lesivas del valor de la justicia que consagra el ordena miento jurídico colombiano, de conformidad con los cambios sociales, políticos y culturales que se suscitan en nuestra sociedad.”7

En desarrollo de esta postura jurisprudencial, la Corte Constitucional ha precisado los contornos que separan la retroactiv idad de la retrospectividad, teniendo en cuenta la necesidad de armonizar el principio de respeto por los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas con el imperativo constitucional de allanar situaciones de

retrospectividad, teniendo en cuenta la necesidad de armonizar el principio de respeto por los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas con el imperativo constitucional de allanar situaciones de desigualdad incompatibles con los postulados del Estado social de derecho:

“Esta restricción general a que las normas sean aplicadas de manera retroactiva evita que se entrometa en la producción de efectos frente a hechos consumados, es decir, aquellas situaciones que se produjeron, cumplieron y quedaron terminados en vigencia de una norma anterior, por lo que al tratarse de hechos que fueron ya resueltos conforme a la regla antigua deberán ser acatados por la nueva, a pesar de tener consecuencias diferentes; sin embargo e sta Corte ha sido clara en señalar que ‘cuando se trata de situaciones jurídicas en curso, que no han generado situaciones consolidadas ni derechos adquiridos en el momento de entrar en vigencia la nueva ley, ésta entra a regular dicha situación en el esta do en que esté, sin perjuicio de que se respete lo ya surtido bajo la ley antigua’8.”9

De acuerdo con lo expuesto, y conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, se puede concluir que las reglas de derecho sobre aplicación de la ley en el tiempo so n las siguientes: “ (i) por regla general las normas jurídicas se aplican de forma inmediata y hacia el futuro, pero con retrospectividad; (ii) el postulado de irretroactividad de la ley implica que una norma jurídica no tiene prima facie la virtud de regul ar situaciones jurídicas que se han consumado con arreglo a normas anteriores; (iii) la aplicación retrospectiva de una norma jurídica comporta la

irretroactividad de la ley implica que una norma jurídica no tiene prima facie la virtud de regul ar situaciones jurídicas que se han consumado con arreglo a normas anteriores; (iii) la aplicación retrospectiva de una norma jurídica comporta la posibilidad de afectar situaciones fácticas y jurídicas que se han originado con anterioridad a su vigencia, pero que aun no han finalizado al momento de entrar a regir la nueva norma, por encontrarse en curso la aludida situación jurídica y; (iv) tratándose de leyes que se introducen en el ordenamiento jurídico con el objeto de superar situaciones de marcada inequidad y discriminación (tuitivas), el juzgador debe tener en cuenta, al momento de establecer su aplicación en el tiempo, la posibilidad de afectar retrospectivamente situaciones jurídicas en curso, en cuanto el propósito

7 Sentencia T-110 de 2011. 8 Sentencia C-619/01. 9 Sentencia T-415 de 2017NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 680013333013-2022-00158-01 11 11

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de estas disposiciones es brindar una pronta y cumplida protección a grupos sociales marginados.”10. 3.3. Efectos patrimoniales del reintegro al cargo del empleado público afectado con la medida de suspensión provisional en el ejercicio de funciones

En lo concerniente a los efectos patrimoniales del levantamiento de la medida de suspensión, esto es, si procede o no el reconocimiento y pago de las acreencias laborales dejadas de devengar durante el periodo de la suspensión

funciones

En lo concerniente a los efectos patrimoniales del levantamiento de la medida de suspensión, esto es, si procede o no el reconocimiento y pago de las acreencias laborales dejadas de devengar durante el periodo de la suspensión del cargo, la Sección S egunda del Consejo de Estado 11 ha trazado las siguientes posturas jurisprudenciales:

En sentencia de 6 de marzo de 1997, la Sección Segunda 12, sostuvo que así como la orden judicial de suspensión conlleva la suspensión del derecho a percibir los emolumentos de carácter laboral, la de reint