TA SAN - Sentencia 680013333013-2024-00016-01 (28-10-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAGISTRADO PONENTE: DR. JULIO EDISSON RAMOS SALAZAR

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Bucaramanga, veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

MEDIO DE CONTROL PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES

COLECTIVOS

DEMANDANTE LUIS EMILIO COBOS MANTILLA

luisecobosm@yahoo.com.co

DEMANDADO

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

notificacionjudicial@giron-santander.gov.co

CARMEN GIOMAR GORDILLO DÍAZ

cardio.gd@hotgmail.com

ELVA OTERO DE ALARCON

henry_cerrito@hotgmail.com

PABLO EMILIO ALARCON MARTINEZ

henry_cerrito@hotgmail.com

MINISTERIO

PÚBLICO

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

xmora@procuraduria.gov.co

RADICADO Y LINK

DEL EXPEDIENTE 680013333013-2024-00016-01

TEMA

VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES

COLECTIVOS DEL GOCE AL ESPACIO PUBLICO , LA

UTILIZACION Y DEFENSA DE LOS BIENES DE USO PUBLICO

/ LA DEFENSA DEL PATRIMONIO PUBLICO / LA

REALIZACION DE CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y

DESARROLLOS URBANOS

Procede la Sala a decidir el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la parte del Municipio de Bucaramanga, contra la sentencia de Primera Instancia proferida el 21

DESARROLLOS URBANOS

Procede la Sala a decidir el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la parte del Municipio de Bucaramanga, contra la sentencia de Primera Instancia proferida el 21 de octubre de 2024 por el Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga.

I. ANTECEDENTES

1.1. Hechos 1

El actor popular señala que se realizó una construcción de aproximadamente 40 metros cuadrados en el antejardín del inmueble ubicado en la Carrera 28, entre las calles 18 y 19, del barrio San Alonso en Bucaramanga. Esta obra, que ya está completamente terminada desde hace más de cinco años, afectó tanto el frente como el lateral del inmueble en la dirección Carrera 28 No. 18-70. La construcción consistió en endurecer, cercar y techar el área, lo que alteró y perjudicó el espacio público compuesto por el antejardín y el andén de esa zona, todo ello sobre un área que pertenece al espacio público.

1 SAMAI Índice 002 Archivo 05 DemandaAcción Popular Expediente No. 680013333013-2024-00016-01 Sentencia de Segunda Instancia

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Afirma que esta intervención impide que los transeúntes puedan hacer uso adecuado de este bien común, restringiendo el paso y afectando la funcionalidad del espacio público, lo que genera una obstrucción en el libre tránsito de las personas por el lugar.

1.2. Pretensiones:

de este bien común, restringiendo el paso y afectando la funcionalidad del espacio público, lo que genera una obstrucción en el libre tránsito de las personas por el lugar.

1.2. Pretensiones:

El accionante considera vulnerados los derechos colectivos referentes al goce del espacio Público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; la defensa del patrimonio público; y la realización de las construcciones edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, y, en consecuencia:

SEGUNDO: que como consecuencia de la declaración anterior se ordene al alcalde MUNICIPAL DE BUCARAMANGA - SANTANDER, la demolición total de la construcción

hecha frente y lateral al inmueble localizado en la carrera 28 No. 18 -70 del barrio SAN ALONSO del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, y se devuelva o restituya dicho espacio público para uso y goce de la comunidad o las personas que transiten por dicho lugar.

TERCERO: Ordenar el cumplimiento inmediato de las acciones que se consideren necesarias para garantizar la def ensa y protección de los intereses colectivo aquí violados, otorgando un término perentorio para tal caso.

CUARTO: Que se condene en costas a la parte demandada.

1.3. Contestación de la demanda.

• Municipio de Bucaramanga. 2

Manifiesta que a través de la Secretaría de Planeación y mediante el grupo de Control de Norma Urbana, llevó a cabo una inspección ocular y visita técnica al predio ubicado

• Municipio de Bucaramanga. 2

Manifiesta que a través de la Secretaría de Planeación y mediante el grupo de Control de Norma Urbana, llevó a cabo una inspección ocular y visita técnica al predio ubicado en la Carrera 28 No. 18 – 70 del barrio La Aurora, en el municipio de Bucaramanga, el 22 de marzo de 2024. Esta a cción dio lugar al Informe Técnico con el consecutivo No. 2-GDT-202403-00017708, fechado el 22 de marzo de 2024, y se ha determinado que no cumple con los requisitos establecidos en la Norma Urbana aplicable al antejardín, así como tampoco con los requisitos de la Norma Urbana correspondiente a las franjas funcionales de los andenes, según el Artículo 112 del P.O.T., Acuerdo 011 de 2014.

Agrega que con ocasión al informe técnico referido , la Secretaría de Planeación de Bucaramanga remitió el oficio mencionado previamente a la Secretaría del Interior del Municipio de Bucaramanga, con el fin de que iniciara los trámites policivos correspondientes. En consecuencia, se determinó que se llevaran a cabo las acciones de control y recuperación del espacio público e n las inmediaciones del inmueble ubicado en la Carrera 28 No. 18 – 70 del Barrio San Alonso de Bucaramanga, para que se investigara la presunta infracción al uso adecuado del espacio público.

Argumenta que, a partir de los hechos y fundamentos jurídicos expuestos por el actor en el escrito de la demanda, no se puede concluir que el ente territorial haya llevado

2 SAMAI Índice 024 ContestacionMunicipioAcción Popular Expediente No. 680013333013-2024-00016-01 Sentencia de Segunda Instancia

en el escrito de la demanda, no se puede concluir que el ente territorial haya llevado

2 SAMAI Índice 024 ContestacionMunicipioAcción Popular Expediente No. 680013333013-2024-00016-01 Sentencia de Segunda Instancia

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander a cabo una acción u omisión que amenace o vulnere los derechos e intereses colectivos mencionados en la demanda. Esto se debe a que, dentro de sus competencias, no se encuentra la facultad de investigar ni sancionar infracciones urbanísticas, ya que su función se limita a ejercer vigilancia y control sobre las obras.

Por último, señala que en caso de que se compruebe la vulneración de los derechos e intereses colectivos mencionados, la responsabilidad recaería sobre el propietario del inmueble.

• Carmen Giomar Gordillo Díaz 3

Señala que desde hace más de 10 años, el inmueble ubicado en la Carrera 28 No. 18 – 70 ya albergaba un establecimiento comercial, el cual fue adquirido por el demandante, quien realizó adecuaciones internas al local. Agrega que dicho establecimiento cuenta con la li cencia de construcción No. 68001 -2-12-0342, la licencia de modificación No. 68001-2-11-0538 y la licencia de modificación No. 68002-22-0442, emitidas el 30 de mayo de 2023 por la Curaduría Número 2 de Bucaramanga.

Así mismo, se menciona que la Alcaldía de Bucaramanga, a través de la Secretaría de Planeación Municipal, nunca llevó a cabo una visita para verificar lo construido

Bucaramanga.

Así mismo, se menciona que la Alcaldía de Bucaramanga, a través de la Secretaría de Planeación Municipal, nunca llevó a cabo una visita para verificar lo construido hasta el presente año. Además, indica que la Secretaría del Interior de Bucaramanga no ha iniciado ningún proceso policivo relacio nado con infracciones urbanísticas en dicho inmueble.

• Elva Otero de Alarcón y Pablo Emilio Alarcón Martínez 4

Señalan que en el inmueble de referencia no se han realizado obras de construcción, sino únicamente trabajos locativos para el establecimiento comercial. Estas obras consistieron en el cambio de un parasol, el cual, aseguran, cumple con las normas del espacio público, ya que no está anclado al suelo.

Indican que el inmueble cuenta con la licencia de construcción No. 68001-2-12-0342, la licencia en la modalidad de modificación No. 68001 -2-11-0538 y la licencia de modificación No. 6800-2-22-0442, expedidas el 30 de mayo de 2023 por la Curaduría Número 2 de la ciudad de Bucaramanga.

Así mismo, afirman que en el inmueble no se encuentran muros de ladrillo dentro del antejardín y, en relación con el presunto endurecimiento, señalan que dicha condición siempre ha sido así.

II. LA SENTENCIA APELADA 5

3 SAMAI Índice 032 ContestacionCarmen 4 SAMAI Índice 041 ContestacionElvaYPablo 5 SAMAI Índice 069 SentenciaPrimeraInstanciaAcción Popular Expediente No. 680013333013-2024-00016-01 Sentencia de Segunda Instancia

Rama Judicial del Poder Publico

5 SAMAI Índice 069 SentenciaPrimeraInstanciaAcción Popular Expediente No. 680013333013-2024-00016-01 Sentencia de Segunda Instancia

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Mediante providencia del 21 de octubre de 2024, el Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga profirió sentencia de primera instancia , en los siguientes términos:

PRIMERO: DECLÁRASE la vulneración de los derechos colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público y, a la realización de construcciones edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, los cuales fueron vulnerados por el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, conforme las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA que dentro de los seis (06) meses siguientes a la notificación de esta providencia, REALICE las gestiones administrativas, presupuestales, técnicas, contractuales y/o de infraestructura necesarias para la recuperación del espacio público ocupado en el inmueble ubicado

en la carrera 28 No. 18 – 70.

Como fundamento de su decisión, el A quo expuso:

De los elementos de prueba allegados al plenario se desprende que el perfil vial de la carrera 28 es de una calzada de 7.00 metros; un antejardín de 3.00 metros; una zona

Como fundamento de su decisión, el A quo expuso:

De los elementos de prueba allegados al plenario se desprende que el perfil vial de la carrera 28 es de una calzada de 7.00 metros; un antejardín de 3.00 metros; una zona verde de 2.00 metros y un andén d e 2.00 metros y que el inmueble ubicado en la carrera 28 No. 18 – 70 cuenta con un endurecimiento de la zona verde en un 90% del establecido en el perfil vial del sector. Así mismo se encuentra probado que el inmueble ubicado en la carrera 28 No. 18 – 70 se sitúa en un área de actividad residencial tipo 2.

De igual forma se demostró que sobre el antejardín del inmueble ubicado en la carrera 28 No. 18 – 70 se encuentra construido un cerramiento con muro bajo en mampostería y rejas metálicas, además que se e ncuentra cubierto con tejas de policarbonato y endurecido con un acabado en tableta de cerámica y ocupado con sillas y mesas.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 512 del Decreto No. 078 del 01 de junio de 2008 todos los predios ubi cados en Áreas de Actividad Múltiple y Comercial que posean área de antejardín y/o retroceso, esta deba ser tratada como zona dura arborizada, además no deberá tener cerramientos ni obstáculos que impidan el paso peatonal a través de esta.

Finalmente se tiene que conforme a lo dispuesto en el Acuerdo No. 078 de 11 de junio de 2008, norma vigente al momento aprobación de las licencias, no se permite el endurecimiento del antejardín o el retroceso.

Finalmente se tiene que conforme a lo dispuesto en el Acuerdo No. 078 de 11 de junio de 2008, norma vigente al momento aprobación de las licencias, no se permite el endurecimiento del antejardín o el retroceso.

De acuerdo con lo anterior, aunque el inmueble ubicado en la carrera 28 #18 -70 no está ocupando espacio público, ya que cumple con el mínimo requerido en el POT del municipio de Bucaramanga, el andén que es de uso público fue modificado e invadido por el propietario del predio al instalar una escultura de encerr amiento en ladrillo a la vista y cemento (como separador para unos árboles) sobre lo que fue una zona verde.

En otras palabras, la zona verde fue alterada, reducida y endurecida en contravía de lo dispuesto en el Acuerdo N°078 del 11 de junio de 2008 que no permite el endurecimiento del antejardín o el retroceso en las áreas de Actividad Residencial Tipo 2 como lo es el inmueble objeto de la presente demanda.Acción Popular Expediente No. 680013333013-2024-00016-01 Sentencia de Segunda Instancia

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III. LA APELACIÓN 6

Inconforme con la decisión de primera instancia, el ente territorial a través de apoderada judicial interpuso recurso de apelación contra la sentencia, argumentando que no debe declararse al municipio de Bucaramanga responsable por la vulneración de los derechos colectivos relacionados con el disfrute del espaci o público, la utilización y defensa de los bienes de uso público, ni por la ejecución de

que no debe declararse al municipio de Bucaramanga responsable por la vulneración de los derechos colectivos relacionados con el disfrute del espaci o público, la utilización y defensa de los bienes de uso público, ni por la ejecución de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, siempre que se respeten las disposiciones legales de manera ordenada y se priorice el bienestar de los habitantes.

Señala que la exigencia de la acción se dirija contra el particular, esto es contra los vinculados Carmen Giomar Gordillo Díaz como propietaria del establecimiento comercial y contra Elva Otero De Alarcón Y Pablo Emilio Alarcón Martínez como propietarios del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 300 -14207 carrera 28 No. 18 - 70 del barrio San Alonso, Referencia Catastral No. 68001010301420012.

Finalmente, señala que los involucrados en el proceso omitieron gestionar la autorización necesaria para la construcción de las obras requeridas para el desarrollo de la actividad económica o los usos establecidos. Además, se comprobó que la Secretaría de Planeación del Municipio de Bucaramanga proporcionó copias de planos y licenc ias urbanísticas, lo que permite concluir que los propietarios del inmueble no solicitaron ninguna licencia que incluyera las obras que actualmente están invadiendo el espacio público.

IV. DEL TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Por medio de auto del 17 de juni o de 2024 se admitió el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte demandada y se ordenó correr traslado al Ministerio Público para rendir concepto de fondo ; notificándose a los correos electrónicos respectivos el día 18 de junio de 2024.

interpuesto oportunamente por la parte demandada y se ordenó correr traslado al Ministerio Público para rendir concepto de fondo ; notificándose a los correos electrónicos respectivos el día 18 de junio de 2024.

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

Tanto las partes como el Ministerio Publico no se pronunciaron en esta oportunidad.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Problema Jurídico.

Teniendo en cuenta los argumentos del recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar:

¿El municipio de Bucaramanga es responsable por la vulneración de los derechos e intereses colectivos invocados en la demanda, relacionados con el disfrute del espacio público, la utilización y protección de los bienes de uso público, la preservación del patrimonio público, y la realización de construcciones y desarrollos urbanos conforme

6 SAMAI Índice 071ApelacionMunicipioAcción Popular Expediente No. 680013333013-2024-00016-01 Sentencia de Segunda Instancia

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander a las normativas legales, priorizando el bienestar de los habitantes, debido al cerramiento y endurecimiento del antejardín del inmueble ubicado en la carrera 28 No. 18 – 70?

2. Marco normativo y jurisprudencial.

De Las Acciones Populares.

La Constitución Política de 1991, en su artículo 88, desarrollado por la Ley 472 de 1998, en relación a la naturaleza de las acciones populares, establece que es un

2. Marco normativo y jurisprudencial.

De Las Acciones Populares.

La Constitución Política de 1991, en su artículo 88, desarrollado por la Ley 472 de 1998, en relación a la naturaleza de las acciones populares, establece que es un mecanismo instituido para la protección y amparo de los derechos e intereses colectivos, siendo procedente contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, teniendo como fin hacer cesar el peligro, la amenaza, vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos o restituir las cosas al estado anterior cuando fuere posible.

Sobre el particular, el Consejo de Estado ha precisado que las acciones populares tienen como finalid ad la protección de los derechos e intereses colectivos cuando estos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro, agravio o daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o de los particulares que actúen en desarrollo de funciones administrativas.

Se identifican por poseer un carácter altruista pues mediante su ejercicio se busca que la comunidad afectada pueda disponer de un mecanismo jurídico para la protección de los referidos derechos cuya amenaza, vulneración, existenci a del peligro, agravio o daño contingente, deberá probarse necesariamente para la procedencia del amparo. Se tienen entonces, como supuestos sustanciales para la procedencia de las acciones populares los siguientes: i) una acción u omisión de la parte dema ndada, ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos; peligro o amenaza que no es en modo alguno la que proviene de todo riesgo normal de la actividad humana, y iii) la relación de causalidad que debe existir

contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos; peligro o amenaza que no es en modo alguno la que proviene de todo riesgo normal de la actividad humana, y iii) la relación de causalidad que debe existir entre la acción u omisión y la señalada afectación de los derechos e intereses colectivos.

Ahora bien, para su trámite, el artículo 144 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que:

Antes de prese ntar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado . Si la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a ello, podrá acudirse ante el juez.

Se recoge de la norma citada, que existe un requisito previo a satisfacer por el demandante para dar procedencia a la reclamación ante el órgano contencioso administrativo.Acción Popular Expediente No. 680013333013-2024-00016-01 Sentencia de Segunda Instancia

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander De la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada , y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

Frente a este derecho El H. Consejo de Estado ha puntualizado:

respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada , y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

Frente a este derecho El H. Consejo de Estado ha puntualizado:

[...] De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación este derecho implica «[…] la necesidad de proteger la adecuada utilización, transformación y ocupación del suelo, de manera que las autoridades competentes no actúen en forma arbitraria en contravención del respectivo plan de ordenamiento territorial o instrumento que haga sus veces, a través de acciones que estén fuera de su marco normativo […]».

115.De igual forma, esta sección mediante sentencia de 7 de abril de 2011, determinó que el núcleo esencial del derecho colectivo comprendía los siguientes aspectos: i) respeto y acatamiento del principio de función social y ecológica de la propiedad; ii) protección del espacio público procurando adelantar cualquier tipo de construcción o edificación con respeto por el espacio público, el patrimonio público, y la calidad de vida de los demás habitantes; iii) respetar los derechos ajenos y no abusar del derecho propio; y iv) Atender los procesos de cambio en el uso del suelo, en aras del interés común, procurando su utilización racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es inherente una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible.

(…)

Así las cosas, para la Sala es claro que el derecho señalado en el literal m) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998, corresponde a la obligación que le impone el legislador a las autoridades públicas y particulares, en general, de acatar plenamente los preceptos jurídicos que rigen la materia urbanística es decir la forma como progresa y se

4º de la Ley 472 de 1998, corresponde a la obligación que le impone el legislador a las autoridades públicas y particulares, en general, de acatar plenamente los preceptos jurídicos que rigen la materia urbanística es decir la forma como progresa y se desarrolla una determinada población, en términos de progreso físico y material, asentada en una determinada entidad territorial -bien sea en su s zonas urbanas o ruralescon miras a satisfacer plenamente las necesidades de la población.

(…)

En ese orden de ideas, la vulneración al derecho colectivo de la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las dispo siciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de calidad de vida de los habitantes implica que las autoridades públicas y/o los particulares desconozcan la normativa en materia urbanística y usos del suelo . [...]. (negrillas en l a providencia) .

De los andenes, las zonas verdes de los corredores viales y los antejardines como elementos constitutivos del Espacio Público.

El espacio público es definido como «el elemento articulador y estructurante fundamental del espacio en la ciudad así como el regulador de las condiciones ambientales de la misma », en la medida que proporciona áreas de encuentro y circulación que hacen posible la construcción de un tejido social, en el que cada individuo se reconoce como miembro de la comunidad y se relaciona con otros para la satisfacción de sus intereses y necesidades; así mismo, propicia la convivencia pacífica y permite el esparcimiento libre y seguro de todos los habitantes.Acción Popular Expediente No. 680013333013-2024-00016-01 Sentencia de Segunda Instancia

Rama Judicial del Poder Publico

pacífica y permite el esparcimiento libre y seguro de todos los habitantes.Acción Popular Expediente No. 680013333013-2024-00016-01 Sentencia de Segunda Instancia

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Dada su relevancia en el ámbito colectivo y su papel instrumental en la consecución de los fines del nuevo modelo de estado, el Constituyente de 1991 lo elevó a derecho colectivo de rango supralegal. Tal como lo ha reseñado la Corte Constitucional, el acceso al espacio público, bien sean calles, parques, áreas de recrea ción o circulación, "posee un valor social que genera confianza, respeto y tranquilidad en la comunidad, porque contribuye a mejorar las condiciones de vida urbana y a neutralizar, así sea en mínima parte, las agresiones propias de una gran ciudad o de los centros habitacionales modernos".

Entre los componentes del espacio público se encuentran todos aquellos inmuebles públicos o privados destinados a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas, entre estos, los andenes, las zonas verdes y los antejardines.

Los antejardines. Son una especie dentro del género de las zonas verdes, están ubicados entre la línea de demarcación de la vía pública y el paramento de construcción privada. No obstante ser bienes privados, al formar parte del perfil vial, adquieren relevancia colectiva y pasan a integrar el espacio público, respecto del cual el Estado tiene la obligación de resguardar y preservar su uso común en pro de garantizar la libre y segura circulación tanto peatonal por las respectivas zonas

adquieren relevancia colectiva y pasan a integrar el espacio público, respecto del cual el Estado tiene la obligación de resguardar y preservar su uso común en pro de garantizar la libre y segura circulación tanto peatonal por las respectivas zonas habilitadas para ello, de conformidad con su particular reglamentación15. De conformidad con el Art. 5, numeral 1., literal e) del Decreto 1504 de 1998, los antejardines de propiedad privada se constituyen como un elemento artificial o construido del espacio público; por su parte, el Art. 21 de la misma norma señala que éstos no podrán ser compensados en dinero ni canjeados por otros inmuebles.

En el nivel municipal, las normas relativas a los antejardines siempre han prohibido su endurecimiento y cubrimiento. Inicialmente, en el Acuerdo 041 de 1971 expedido por el Concejo de Bucaramanga, estas áreas denominadas para ese entonces 'retrocesos anteriores" no eran construibles; posteriormente con el Acuerdo No. 0003 de julio 30 de 1982 o Código de Urbanismo de Bucaraman ga se permitió su cerramiento con algunas condiciones (sin cubrimiento ni endurecimiento en las áreas de desarrollo intensivo de vivienda). (Subrayas son propias)

Con el Acuerdo 034 del 27 de septiembre de 2000 y el Decreto 089 de 2004 se prohibieron elementos de cubrimiento del espacio de uso público tales como pórticos, pérgolas y toldos que impidan el tráfico peatonal. Finalmente, conforme al Art. 5.2 del Decreto 1504 de 1998 y el 54 del Decreto 078 de 2008, los antejardines pasaron a ser parte integral del perfil vial y por ende del espacio público.

Decreto 1504 de 1998 y el 54 del Decreto 078 de 2008, los antejardines pasaron a ser parte integral del perfil vial y por ende del espacio público.

El carácter programático de los derechos colectivos.

Los derechos colectivos constituyen mandatos de optimización cuyo cumplimiento puede alcanzarse en distintos niveles, dependiendo de las limitaciones fácticas y jurídicas existentes. Estos derechos están vinculados con objetivos sociales y funciones esenciales del Estado, cuya materialización no siempre es absoluta, dado que su plena realización puede verse restringida por la realidad social y la coexistencia de otros principios constitucionales que limitan su alcance. Así, su satisfacción no es un proceso uniforme, sino que puede lograrse a través de diversas estrategias o decisiones, las cuales, en algunos casos, pueden generar tensiones con otrosAcción Popular Expediente No. 680013333013-2024-00016-01 Sentencia de Segunda Instancia

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander derechos constitucionales o incluso con otros derechos colectivos, evidenciando la autonomía de cada uno de ellos.

La determinación de los mecanismos adecuados para garantizar la protección de los derechos colectivos implica un alto grado de discrecionalidad, requiriendo un análisis riguroso de factores como capacidad, necesidad, oportunidad y conveniencia. Es ta evaluación recae en organismos con legitimidad democrática, quienes, con base en dicho análisis, establecen las medidas concretas para asegurar el cumplimiento de los mandatos derivados de estos derechos, procurando un equilibrio entre las distintas exigencias del orden jurídico y social.

dicho análisis, establecen las medidas concretas para asegurar el cumplimiento de los mandatos derivados de estos derechos, procurando un equilibrio entre las distintas exigencias del orden jurídico y social.

Así, los derechos colectivos se caracterizan por ser derechos de solidaridad, participativos y no excluyentes, de alto espectro en cuanto no constituyen un sistema cerrado a la evolución social y política, que perten ecen a todos y cada uno de los individuos y que, como tales, exigen una labor anticipada de protección y una acción pronta de la justicia, inicialmente dirigida a impedir su afectación y, en su defecto a lograr su inmediato restablecimiento.

De este modo, los jueces están excluidos en la planeación de las políticas o decisiones encaminadas para la satisfacción de los derechos colectivos y sólo, de manera excepcional, pueden intervenir cuando; i) se adopten medios inidóneos para su cumplimiento, o iii) se desborden límites jurídicos en este propósito. Esta participación cuando se le exige al juez popular resulta procedente no sólo si se demuestra que la administración pública ilegalmente, se insiste, sino además cuando ello entraña una violación al conten ido normativo de los derechos colectivos. Así, en los que no se demuestra que al menos un derecho colectivo ha sido transgredido, la sentencia popular debe ser desestimatoria de las pretensiones.

Del derecho al goce del espacio público.

En su artículo 82 la Constitución Política, consigna:

Es deber del Estado velar por la protección de la integridad d