TA SAN - Sentencia 680013333013-2024-00030-01 (29-08-2025)

Página 1 de 20

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: Iván Fernando Prada Macías

Bucaramanga, veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Procede la Sala a dictar sentencia de segunda instancia dentr o del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos promovido por el señor Jaime Orlando Martínez García contra el Municipio de Bucaramanga, y el Conjunto Palmeras del Cacique I P.H.

I. Antecedentes.

1. La demanda.

El ciudadano Jaime Orlando Martínez García presentó demanda en ejercicio del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos contra el Municipio de Bucaramanga y el Conjunto Palmeras del Cacique I P.H para que se acceda a las siguientes:

1.1. Pretensiones.

Se solicita en la demanda:

«1-Se decrete mediante sentencia que tanto el ente territorial, los propietarios de la piscina o el que corresponda, tiene de forma individual o en conjunto responsabilidad en los hechos de la demanda, se encuentran vulnerando l os derechos colectivos de las personas en situación de discapacidad motriz, física (Con sillas de rueda y otros accesorios, aparatos, sistemas ortopédicos) al estar probado que al interior de la piscina (Técnicamente llamado “VASO”), inmersas en las leyes y normas a las personas adultas, la piscina -vaso no permite que sea disfrutada por estas personas, no posee rampa peatonal con pasamanos para su acceso y para su salida, no posee algún sistema moderno eléctrico-mecánico, no posee ningún sistema idóneo

disfrutada por estas personas, no posee rampa peatonal con pasamanos para su acceso y para su salida, no posee algún sistema moderno eléctrico-mecánico, no posee ningún sistema idóneo o similar para permitir su acceso como para su salida de manera digna cumpliendo los principios Constitucionales a la IGUALDAD y AUTONOMÍA.

2-Se ordene mediante sentencia tanto al ente territorial o los propietarios de la piscina -vaso o al que corresponda, que en término no mayor a un (01) meses, se realicen todas las obras civiles idóneas para la restitución de los derechos colectivos vulnera dos de las personas en situación de discapacidad motriz, física (Con sillas de rueda y otros accesorios, aparatos, sistemas Expediente: 680013333013-2024-00030-01

Medio de control: Protección de los Derechos e Intereses Colectivos

Demandantes: Jaime Orlando Martínez García

derechoshumanosycolectivos@gmail.com

Demandado: Municipio de Bucaramanga

notificaciones@bucaramanga.gov.co avalarcon@bucaramanga.gov.co Edificio Palmeras del Cacique I P.H palmerasdelcacique1@hotmail.com

Ministerio Público: Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos

nmgonzalez@procuraduria.gov.co Tema Zona común - piscinas en propiedades horizontales no existe norma legal que disponga la instalación de rampas de acceso o algún sistema eléctrico -mecánico o similar al interior de las mismas.Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 680013333013-2024-00030-01

Página 2 de 20

interior de las mismas.Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 680013333013-2024-00030-01

Página 2 de 20

ortopédicos), inmersas en las leyes y normas a las personas adultas, adecuando, instalando, construyendo los mecanismos técnicos, arquitectónicos para permitir el acceso y salida de estas personas en condiciones dignas para restituirles y facilitarles el uso y disfrute de la piscina-vaso, restituyéndoles sus derechos a la RECREACIÓN, al ESPARCIMIENTO de forma individual autónoma o en familia, cumpliendo la Ley No.361 de 1997, el Decreto Nacional No.1538 de 2005, Ley No.1209 de julio 14 de 2008, Ley No.1346 de 2009, las Normas Técnicas Colombianas, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, adoptada en Washington el 15 de junio de 2015 y demás normas concordantes.

3-Que mediante sentencia al accederse a las pretensiones de la demanda, el operador judicial dé un término prudencial no mayor a dos (02) mes al que corresponda, para que rinda informe escrito al despacho judicial manifestando el cumplimiento de la sentencia al terminar las obras, de no haberse presentado al final de este término el informe dando cumplimiento de la sentencia, tomar la presente pretensión como el trámite de incumplimiento previo a la posible apertura del incidente de desacato, vencido el termino de tiempo dado sin cumplir las órdenes de hacer iniciar de oficio como juez Constitucional el incidente de desacato, también expedir y trasladar con

incidente de desacato, vencido el termino de tiempo dado sin cumplir las órdenes de hacer iniciar de oficio como juez Constitucional el incidente de desacato, también expedir y trasladar con destino a la Fisc alía General de la Nación las piezas procesales idóneas para que se inicie el trámite por un posible FRAUDE A RESOLUCIÓN JUDICIAL.

4-Que mediante sentencia al accederse a las pretensiones de la demanda total o parcialmente, el operador judicial de un térm ino prudencial no mayor a quince (15) días calendarios al que corresponda, para que constituya una POLIZA DE CUMPLIMIENTO por el valor de $15.000.000,oo (Quince millones de pesos), suma de dinero concordante y proporcional de acuerdo al valor de las obras a realizarcen por concepto de posible demolición, construcción, adecuación, de la piscina-vaso, póliza para garantizar la efectiva realización de las obras dentro del término de tiempo dado y evitando un eventual INCIDENTE DE DESACATO, petición anterior al observarse que en centenares sentencias de acciones populares que el accionado o responsable de las obras civiles no cumplen por lo general dentro del término dado y pasan años y años sin que cumplan, esperando el inicio y tramite de un posible incidente de desacato que dura en promedio uno (01) a (02) dos años o más años después del Fallo, donde finalmente el despacho judicial desestima el desacato y no plica ninguna sanción por el incumplimiento. (Artículo 42 de la Ley No.472 de 1998 y demás normas concordantes al ser la demanda de índole Constitucional)

5-Que el operador judicial al expedir la correspondiente sentencia de respuesta de forma

(Artículo 42 de la Ley No.472 de 1998 y demás normas concordantes al ser la demanda de índole Constitucional)

5-Que el operador judicial al expedir la correspondiente sentencia de respuesta de forma individual a cada una de los numerales de las pretensiones y no en bloque.»

1.2. Hechos.

El actor popular manifiesta los siguientes hechos:

1. Los propietarios de la piscina -vaso perteneciente al conjunto residencial

Palmeras del Cacique I P.H. ubicado en la carrera 49 No. 74 -01, no han realizado obras arquitectónicas, mecánicas, eléctricas, de infraestructura, para que las personas en situación de discapacidad motriz, física puedan disfrutar el interior de la piscina de referencia.

2. Precisa que incluso desde la fecha de la radicación de la petición mediante la el cual se solicitó la adecuación del vaso al interior de la piscina, a la fecha de radicación de la demanda, han transcurrido 13 meses sin que la piscina cuente con acceso diferente a las escaleras de acero inoxidable verticales 100% adherida a la pared, que garantice el acceso de las personas , familiares y amigos de los residentes sin mayor esfuerzo. Situación que en su sentir vulnera los derechos como la dignidad, integración familiar, integración social, igualdad y la salud.Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 680013333013-2024-00030-01

Página 3 de 20

2. Trámite procesal de primera instancia.

Realizado el reparto del medio de control el día 21 de febrero de 20241 correspondió

Radicado 680013333013-2024-00030-01

Página 3 de 20

2. Trámite procesal de primera instancia.

Realizado el reparto del medio de control el día 21 de febrero de 20241 correspondió al Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga quien mediante auto de fecha 14 de marzo de 20242 admitió la demanda y se concede el amparo de pobreza y se dispone la publicación del aviso a través de la emisora del Ejercito Nacional.

Efectuada la publicación del aviso según certificación expedida por la Emisora del Ejercito Nacional3 y surtido el traslado de la demanda, mediante providencia se dispuso la realización de la audiencia de pacto de cumplimiento , declarándose fallida al no formularse proyecto de pacto de cumplimiento por las partes4.

Con auto de fecha 27 de junio de 20245 se decretaron pruebas dentro del proceso de la referencia. Y mediante providencia de fecha 21 de agosto de 2024 se ordena correr traslado de la prueba documental6.

El 29 de agosto de 20247 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y rendir concepto de fondo respectivamente.

De este trámite se destaca:

2.1. Contestación a la demanda.

2.1.1. Municipio de Bucaramanga8.

Acude al proceso para oponerse a las pretensiones del actor tras señalar que los hechos que se ponen de presente en la demanda como vulneradores de derechos e intereses colectivos aluden a actividades no regladas y por ende sin sustento jurídico.

Afirma que el actor popular mediante una interpretación extensiva de la normatividad

hechos que se ponen de presente en la demanda como vulneradores de derechos e intereses colectivos aluden a actividades no regladas y por ende sin sustento jurídico.

Afirma que el actor popular mediante una interpretación extensiva de la normatividad toma apartes de estas, pero omite su interpretación sistemática. Precisa que, el conjunto residencial Palmeras del Cacique I P.H. es un conjunto cerrado sometido al régimen de propiedad horizontal, el cual no es una edificación de naturaleza pública o que cumpla un fin público o que este abierta al público en general. Lo que sostiene, se corrobora a partir de las definiciones contenidas en el Decreto 1538 de 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997”.

Que conforme a lo señalado en el artículo 2 del Decreto 1538 de 2005 el ámbito de aplicación de la norma no es el que pretende el actor sino, el uso institucional, comercial o de servicios donde se brinda atención al público.

1 Samai índice 0001Primera Instancia 2 Samai índice 0009 Primera Instancia 3 Samai índice 0014 Primera Instancia 4 Samai índice 0026 Primera Instancia 5 Samai índice 0026 Primera Instancia 6 Samai índice 0033 Primera Instancia 7 Samai índice 0037 Primera Instancia 8 Samai índice 0015 Primera InstanciaTribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 680013333013-2024-00030-01

Página 4 de 20

Además, refiere que las edificaciones sometidas a propiedad horizontal prevista en la

Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 680013333013-2024-00030-01

Página 4 de 20

Además, refiere que las edificaciones sometidas a propiedad horizontal prevista en la Ley 675 de 2001 regula la forma especial de dominio de propiedad horizontal en la que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados.

Reprocha las imágenes presentadas por el actor sobre las cuales manifiesta no puede otorgarse valor probatorio.

Argumenta que las deducciones del actor popular hacen una errada interpretación del artículo 52 de la Ley 361 de 1997, dicha ley es la g estora de los mecanismos de integración social de las personas en situación de discapacidad, en la que no se establece de manera taxativa norma alguna en el tema de las piscinas. Resaltando que a la fecha no hay promulgación que conmine a las personas jurídicas de derecho privado instalar mecanismos para acceso de personas en situación de discapacidad por movilidad reducida a las piscinas de los conjuntos cerrados sometidos a la propiedad horizontal.

Por lo tanto, de acuerdo al alcance del decreto 1538 de 2005 y el decreto 2181 de 2009 se presenta una omisión legislativa al no existir una obligación normativa que establezca esta clase de construcciones.

Insiste en que la carga de requerir a la copropiedad, para que remodele la piscina instalando los mecanismos al interior o algún otro sistema electromecánico o similar para el ingreso de una comunidad especifica como lo es la población en situación de discapacidad, no recae en el Municipio de Bucaramanga, toda vez que no se trata de un derecho colectivo sino de derechos subjetivos que son del propio resorte de la

para el ingreso de una comunidad especifica como lo es la población en situación de discapacidad, no recae en el Municipio de Bucaramanga, toda vez que no se trata de un derecho colectivo sino de derechos subjetivos que son del propio resorte de la copropiedad edificación de carácter privado.

Como mecanismos de defensa propuso las excepciones que denominó:

Falta de legitimación en la causa por pasiva. Señala que el ente territorial no puede desplegar actividad administrativa y financiera para adelantar la obras en propiedad privada que no están reglamentadas, tampoco puede realizar vistas técnicas sin orden judicial al interior de una propiedad horizontal. Explica que se trata de inmuebles en los que no hay obra activa, completamente concluidos basados en una licencia legalmente expedida, la cual goza de legalidad por lo que su desconocimiento quebrantaría el principio de confianza legítima de propietarios y residentes del conjunto a quienes se les pretende imponer una actuación no reglada.

Improcedencia de la acción popular. Al respecto se indica que la igualdad no es un derecho colectivo plausible de amparo a través de la acción popular. Sostiene que cuando se reclama la adecuación de una p iscina con la construcción de obras arquitectónicas, mecánicas, eléctricas, de infraestructura, para que las personas en situación de discapacidad motriz y física de forma temporal o permanente, puedan disfrutar del interior de la piscina, no estamos habla ndo de proteger los derechos colectivos de una comunidad ni favoreciendo el principio a la igualdad y autonomía, de las personas con esa condiciones especiales pues; en estos casos se debate intereses subjetivos como quiera que las obras a realizar puede d esfavorecer a otra clase de

colectivos de una comunidad ni favoreciendo el principio a la igualdad y autonomía, de las personas con esa condiciones especiales pues; en estos casos se debate intereses subjetivos como quiera que las obras a realizar puede d esfavorecer a otra clase de personas en condiciones diferentes que también hace uso de la piscina.Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 680013333013-2024-00030-01

Página 5 de 20

Concluye señalando que para la protección de intereses subjetivos existen otros mecanismos diferentes a los previstos en la Ley 472 de 1998, destacando que la demanda fundamenta la vulneración de los derechos invocados en el derecho fundamental a la igualdad, por lo que solicita se nieguen las pretensiones de la demanda y se condene en costas al actor popular.

2.1.2. Palmeras del Cacique I P.H.

No contestó la demanda

2.2. Ministerio Público.

No presentó concepto

3. Providencia apelada.

El Juzgado 13 Administrativo Oral de Bucaramanga negó las pretensiones de la acción popular relativas a la accesibilidad a la piscina de la copropiedad . Lo anterior t ras considerar el asunto de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa por alegarse omisión municipal en vigilancia y control.

Se precisa en la sentencia de primera instancia que varios derechos invocados como la igualdad, autonomía, recreación y esparcimiento son fundamentales y no colectivos, por lo que no son tutelables vía acción popular.

Frente a los derechos colectivos sí alegados como ambiente sano; seguridad y

la igualdad, autonomía, recreación y esparcimiento son fundamentales y no colectivos, por lo que no son tutelables vía acción popular.

Frente a los derechos colectivos sí alegados como ambiente sano; seguridad y salubridad públicas; acceso a infraestructura que garantice salubridad; ac ceso a servicios públicos eficientes y oportunos; seguridad y prevención de desastres; derechos de consumidores; urbanismo ordenado, concluyó que no hubo prueba idónea de amenaza o vulneración ni nexo causal con conducta estatal u omisión, y que la piscina cumple requisitos mínimos de seguridad; por ello desestimó órdenes de obras, póliza de cumplimiento y demás medidas solicitadas.

La decisión se sustentó en el informe técnico No. 2 -GDT-202407-00055413 del 01 de agosto de 2024 donde se expuso que la pis cina del conjunto Palmeras del Cacique I ubicado en la carrera 49 No. 74 -01 cumple con las normas mínimas de seguridad dispuestas en la Ley 1208 de 2009 y el Decreto Único Reglamentario 780 de 2016.

Realiza un análisis del decreto 1538 de 2005, el cual re glamenta parcialmente la ley 361 de 1997, explicando que de acuerdo con los artículos 7 y 11 del mencionado decreto las disposiciones que deben cumplir los conjuntos residenciales en materia de accesibilidad son: i) vías de circulación peatonal, ii) mobili ario urbano, iii) cruces a desniveles: puentes y túneles peatonales, iv) parques, plazas plazoletas; y v) estacionamientos.

accesibilidad son: i) vías de circulación peatonal, ii) mobili ario urbano, iii) cruces a desniveles: puentes y túneles peatonales, iv) parques, plazas plazoletas; y v) estacionamientos.

Así mismo, alude a la Ley 1209 de 2008, por medio de la cual se establece normas de seguridad en las piscinas, el decreto 554 de 2015, por cual se reglamenta la Ley 1209 de 2008el cual fue compilado en el decreto único Reglamentario 780 de 2016, que en el que el artículo 2.8.7.2.1, dispone las normas mínimas de seguridad en las piscinasTribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 680013333013-2024-00030-01

Página 6 de 20

ubicadas en condominios o conjuntos residenci ales, normatividad que cumple la piscina de la propiedad horizontal accionada.

4. Recurso de apelación.

El apelante sostiene que el a quo erró al centrar el análisis en si la piscina cumplía “normas de piscinas”, cuando el tema es la protección de derechos colectivos como acceso, igualdad, autonomía de personas con discapacidad motriz y otras y adultos mayores.

Por ello solicita se acceda a las pretensiones de la demanda y se ordene la realización de las obras y ajustes razonables como mecanismos técnicos y arquitectónicos que permitan ingreso y salida digna al “vaso” de la piscina y se restablezcan derecho s de recreación y esparcimiento, con sustento en Ley 361 de 1997, Dec. 1538 de 2005, Ley

permitan ingreso y salida digna al “vaso” de la piscina y se restablezcan derecho s de recreación y esparcimiento, con sustento en Ley 361 de 1997, Dec. 1538 de 2005, Ley 1209 de 2008, Ley 1346 de 2009 y la Convención Interamericana sobre Personas Mayores.

En respaldo trae en cita el contenido de la providencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil – en el expediente de tutela 11001020300020100048800, lo señalado en la sentencia de Unificación del Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo dentro del proceso de revisión de la acción popu lar No.08001-33-31003-2007-00073-01 (AP), Consejero Ponente: Enrique Gil Botero, el contenido de la sentencia T -3.458.629 y lo expuesto por el Tribunal Administrativo de Santander – Sala de Descongestión Rad No.2012-0014902. Así mismo el contenido de la sentencia T-3.458.629.

Refiere que el informe técnico muestra que la infraestructura de la piscina excluye a personas con discapacidad, talla pequeña, obesidad y adultos mayores; no hay elementos idóneos para ingresar/salir del agua. Que además persisten escalinatas de acceso al área húmeda que impiden accesibilidad; por lo que solicita que el juez use su poder constitucional para ordenar medidas ultra extra petita conforme a lo cual reclama la instalación de losetas táctiles guías y alerta en rutas peatonales internas del conjunto conforme al Dec. 1538/2005 art. 10 y a la lógica de inclusión.

Refiere que corresponde a los demandados demostrar que han implementado

reclama la instalación de losetas táctiles guías y alerta en rutas peatonales internas del conjunto conforme al Dec. 1538/2005 art. 10 y a la lógica de inclusión.

Refiere que corresponde a los demandados demostrar que han implementado adecuadamente las medidas necesarias para garantizar el acceso y disfrute de la piscina; que al no acreditarse tales acciones se omite el cumplimiento de principios constitucionales de igualdad y autonomía de las personas con discapacidad lo q ue implica una discriminación estructural.

Además, sostiene que el juzgado ignoró normas como el Decreto 1538 de 2005 que exige las adecuaciones inclusivas en las edificaciones de vivienda colectiva señalando que las rutas y los servicios comunales deben ser accesible sin excepciones. El decreto 2171 de 2019 que en su artículo 5 obliga a incluir las escaleras como parte de los criterios técnicos para piscinas y que estas incluyan escaleras de acceso universal, no solo las metálicas verticales.

Finalmente indica que la responsabilidad del Municipio de Bucaramanga se estructura al omitir su función de vigilancia y control durante la construcción de la piscina sin el cumplimiento de lo dispuestos en el artículo 109 de la Ley 388 de 1997 y que eraTribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 680013333013-2024-00030-01

Página 7 de 20

procedente acceder a la solicitud de aclaración, complementación y adición del informe técnico presentado o en su defecto se solicite informe al Departamento de Santander.

5. Trámite en segunda instancia.

Página 7 de 20

procedente acceder a la solicitud de aclaración, complementación y adición del informe técnico presentado o en su defecto se solicite informe al Departamento de Santander.

5. Trámite en segunda instancia.

Por auto de fecha 07 de noviembre de 20249 fue admitido el recurso de apelación interpuesto por el actor popular, posteriormente mediante proveído de fecha 19 de febrero de 202510 se negó la práctica de pruebas en segunda instancia y se corrió traslado para que las partes alegaran de conclusión y p ara que el Ministerio Público emitiera concepto de fondo.

Con auto de fecha 03 de marzo de 2025 11 se resuelve no repone el auto de fecha 19 de febrero de 2015 , negar la solicitud probatoria elevada por el actor popular y abstenerse de dar trámite al recurso de súplica.

Destacándose lo siguiente:

5.1. Actor Popular.

No presenta alegatos de conclusión.

5.2. Municipio de Bucaramanga12.

Reitera los argumentos expuestos en la contestación de la demanda en especial las excepciones presentadas, a partir de las cuales insiste en que no se ha incurrido en una acción y omisión que pueda ser atribuible de responsabilidad, no siendo el sujeto pasivo para responder por los hechos de la demanda.

Destaca que conforme a los artículos 15, 16 y 17 del Dec reto 554 de 2015, la piscina del conjunto residencial no se considera como abierta al público, y por lo tanto no se puede interpretar bajo las estipulaciones contenidas en el artículo 52 de la ley 361 de

1997. Además, refiere que la ley 675 de 2001 regula espacios comunes que son de

del conjunto residencial no se considera como abierta al público, y por lo tanto no se puede interpretar bajo las estipulaciones contenidas en el artículo 52 de la ley 361 de

1997. Además, refiere que la ley 675 de 2001 regula espacios comunes que son de uso exclusivo de los copropietarios y residentes de la propiedad horizontal, diferenciándose de los espacios abierto al público general. Por lo que critica la interpretación extensiva de la NTC 6047 que realiza el acto, pues se trata de una norma técnica diseñada para espacios públicos recreativos de libre acceso al público.

Insiste en que, si bien existen normas generales de seguridad para piscinas Ley 1209 de 2008, estas no abordan de manera espec ífica las personas con discapacidad , ni impone la instalación de dispositivos mecanismos o electrónicos u obras civiles para el acceso a piscinas por parte de personas en condición de discapacidad.

De acuerdo con lo anterior solicita se declare improcede nte la acción popular y se condene en costas al actor popular.

9 Índice 00004 de Samai 10 Índice 00013 de Samai 11 Índice 00021 de Samai 12 Índice 00019 de SamaiTribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 680013333013-2024-00030-01

Página 8 de 20

5.3. Palmeras del Cacique I P.H.

No presentó alegatos de conclusión.

5.4. Ministerio Público

No presentó concepto.

II. Consideraciones de la Sala.

5.3. Palmeras del Cacique I P.H.

No presentó alegatos de conclusión.

5.4. Ministerio Público

No presentó concepto.

II. Consideraciones de la Sala.

Surtidas a cabalidad las etapas legales sin que se evidencie causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado y como quiera que los presupuestos procesales se encuentren satisfechos, procede la Sala a dictar la sentencia de segunda instancia.

1. Competencia.

Esta Corporación es competente para co nocer de los recursos interpuestos, dada la naturaleza de la providencia impugnada, conforme lo dispone el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en concordancia con el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011.

2. Problema jurídico.

De conformidad con el recurso de apelación interpuesto por el actor popular y lo expuesto en la sentencia de primera instancia, considera la Sala que el problema jurídico a resolver consiste en establecer lo siguiente:

¿Debe revocarse la sentencia de primera instancia y en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda al encontrarse acreditado que la piscina del conjunto residencial Palmeras del Cacique I P.H. ubicado en la carrera 49 No. 74-01 del Municipio de Bucaramanga no cuenta con un elemento arquitectónico o mecánico que permita el acceso seguro de la población en situación de discapacidad motriz?

Tesis. No. Revisado el marco normativo que regula los derechos de las personas con discapacidad encuentra la Sala que, si bien la Ley 361 de 1997 , el Decreto 1538 de 2005 y la Ley 1618 de 2013 establecen la necesidad de suprimir barreras físicas y

discapacidad encuentra la Sala que, si bien la Ley 361 de 1997 , el Decreto 1538 de 2005 y la Ley 1618 de 2013 establecen la necesidad de suprimir barreras físicas y garantizar condiciones de accesibilidad incluso en los inmuebles constituidos como propiedad horizontal; en relación al acceso al interior de las piscinas de uso restringido, el D ecreto Reglamentario 1538 de 2005 , determina que, en el caso de conjuntos residenciales de una o varias edificaciones, la accesibilidad exigida se refiere exclusivamente a las rutas peatonales internas , esto es las zonas adyacentes a las piscinas o perimet ral las cuales deben permitir la conexión entre unidades habitacionales, espacios y servicios comunales, y la vía pública.

Es decir, se trata de un estándar de desplazamiento general dentro del conjunto , sin que dicha obligación implique, la construcción de elementos arquitectónicos o eléctricos dentro de la piscina, respecto de las cuales las normas vigentes solo impone el cumplimiento de medidas mínimas de seguridad contenidas en la Ley 1209 de 2008 y su decreto reglamentario 554 de 2015, sin que allí se establezca la construcción o instalación de elementos mecánicos para el acceso a la población con movilidadTribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 680013333013-2024-00030-01

Página 9 de 20

reducida ni las condiciones técnicas de dichos elementos, a fin de acceder al agua de la piscina en los términos que plantea el actor popular.

3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable.

3.1. De las acciones populares.

reducida ni las condiciones técnicas de dichos elementos, a fin de acceder al agua de la piscina en los términos que plantea el actor popular.

3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable.

3.1. De las acciones populares.

La Constitución Política de 1991, en su artículo 88, desarrollado por la Ley 472 de 1998, en relación a la naturaleza de las acciones populares, establece que es un mecanismo instituido para la protección y amparo de los derechos e intereses colectivos, siendo procedente contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, teniendo como fin hacer cesar el peligro, la amenaza, vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos o restituir las cosas al estado anterior cuando fuere posible.

Sobre el particular, el Consejo de Estado ha precisado que las acciones populares tienen como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos cuando estos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro, agravio o daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o de los particulares que actúen en desarrollo de funciones administrativas.

Se identifican por poseer un carácter altruista pues mediante su ejercicio se busca que la comunidad afectada pueda disponer de un mecanismo jurídico para la protección de los referidos derechos cuya amenaza, vulneración, existenci a del peligro, agravio o daño contingente, deberá probarse necesariamente para la procedencia del amparo. Se tienen entonces, como supuestos sustanciales para la procedencia de las acciones populares los siguientes: i) una acción u omisión de la parte dema ndada, ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses

Se tienen entonces, como supuestos sustanciales para la procedencia de las acciones populares los siguientes: i) una acción u omisión de la parte dema ndada, ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o in