TA SAN - Sentencia 680013333014-2013-00283-01 (18-09-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Mag. Ponente IVÁN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA

Bucaramanga, septiembre dieciocho (18) de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 680013333014-2013-00283-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE(S): SANDRA JULIANA SANABRIA SARMIENTO

juanguirincon@hotmail.com vanesa.ruiz@rsabogados.com nicolas.gomez@rsabogados.com

DEMANDADO(S): E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE

SANTANDER

defensajudicial@hus.gov.co notificacionesjudiciales@hus.gov.co

LLAMADOS EN GARANTÍA: ECOSERVICIOS CURADOR AD-LITEM

maribelbonilla1119@gmail.com ecoservicioscta@hotmail.com

Cooperativa de Trabajo Asociado del Sector Salud -CTA Coopfonce-Salud lilianapintoliz10@gmail.com lu83_al@hotmail.com

MINISTERIO PÚBLICO: JESÚS RODRÍGUEZ OROZCO

PROCURADOR 47 JUDICIAL II

procjudadm47@procuraduria.gov.co

TEMA: Contrato realidad – Fisioterapeuta

Cooperativas

Se decide el Recurso de Apelación interpuesto por la E.S.E. Hospital Universitario de Santander y la Cooperativa de Trabajo Asociado del Sector Salud CTA Coopfonce – Salud contra la sentencia proferida por el Juzgado Catorce Administrativo Oral de Bucaramanga, el día 30 de junio de 2022 , que

Universitario de Santander y la Cooperativa de Trabajo Asociado del Sector Salud CTA Coopfonce – Salud contra la sentencia proferida por el Juzgado Catorce Administrativo Oral de Bucaramanga, el día 30 de junio de 2022 , que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda , previo los siguientes antecedentes.

De la Demanda

Pretensiones:

Con la demanda la parte actora solicita: “PRIMERO. Que es nulo el acto administrativo de fecha 04 de MARZO de 2013, firmado por el Gerente de la ESE Hospital UNIVERSITARIO DE SANTANDER, mediante el cual negó la existencia de una relación laboral y por ende el pago deSentencia de segunda instancia Exp. No. 680013333014-2013-00283-01

2 prestaciones sociales, despido sin justa causa, sanción moratorios o salarios caídos, retención en la fuente y demás derechos laborales reclamados.

SEGUNDO: Que a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la entidad demandada a reconocer todas las sumas correspondientes a primas, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, retención en la fuente, indemnización por falta de pago o salarios caídos, despido sin justa causa y pagos de seguridad social por el tiempo trabajado.

TERCERO: Que se reconozca la indexación de los valores causados (artículo 187 del Código Contencioso Administrativo), conllevando a actualizarse desde que se originó la obligación hasta la fecha de ejecutoria de la respectiva sentencia.

CUARTO: Se ordene dar cumplimiento a la sentencia conforme lo señala el artículo

195 del Código Contencioso Administrativo.”

originó la obligación hasta la fecha de ejecutoria de la respectiva sentencia.

CUARTO: Se ordene dar cumplimiento a la sentencia conforme lo señala el artículo

195 del Código Contencioso Administrativo.”

Hechos.

En la demanda se expone que la señora Sandra Juliana Sanabria Sarmiento prestó sus servicios al Hospital Universitario de Santander –E.S.E.–, desempeñándose personalmente en el cargo de Fisioterapeuta, mediante la celebración de contratos de prestación de servicios en distintos periodos comprendidos entre el 5 de junio de 2005 y el 31 de julio de 2012.

Se afirma que, durante la vinculación con la entidad demandada, la verdadera relación laboral fue ocultada a través de la utilización de contratos celebrados con cooperativas y uniones temporales.

De igual manera, se sostiene que en el tiempo de ejecución de sus funciones le fue impuesto un horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. y los días sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Finalmente, se indica que el 13 de febrero de 2013 la actora solicitó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y demás derechos laborales que le correspondían, por no haber sido cancelados; sin embargo, su requerimiento fue negado mediante Oficio del 4 de marzo de 2013.

Normas violadas y concepto de la violación:

Señala como vulneradas las siguientes disposiciones:Sentencia de segunda instancia Exp. No. 680013333014-2013-00283-01

3 • Constitución Política: artículos 2, 13, 25, 53, 122, 16, 127, 128 y 129.

Exp. No. 680013333014-2013-00283-01

3 • Constitución Política: artículos 2, 13, 25, 53, 122, 16, 127, 128 y 129. • Decreto Ley 2400 de 1968: inciso 4, artículo 2. • Decreto 3074 de 1968: artículos 1 y 2. • Código Sustantivo del Trabajo: artículo 6 y 24. • Ley 79 de 1988: artículo 70. • Ley 80 de 1993: numeral 3, artículo 32. • Ley 790 de 2002: artículo 17. • Ley 1438 de 2011: artículo 59.

Concepto de la violación

Como fundamento del concepto de violación, se plantea que la decisión demandada contraría el ordenamiento jurídico, en particular las disposiciones previamente señaladas, en la medida en que desconoce las garantías constitucionales y legales que protegen e l derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. Igualmente, vulnera el principio de supremacía de la realidad sobre las formas en las relaciones laborales y las normas que regulan la contratación por prestación de servicios, cuyo propósito es evitar q ue la administración abuse de esta modalidad contractual, especialmente cuando se trata de labores misionales y permanentes que corresponden a funciones propias del personal de planta.

Se aduce que la entidad accionada, al proferir el acto acusado, desconoció los principios esenciales del Estado social y democrático de derecho, entre ellos el derecho al trabajo (art. 25 C.P.), la primacía de la realidad sobre las formalidades (art. 53 C.P.) y el derecho a la igualdad (art. 13 C.P.). Ello, en tanto encubrió una

derecho al trabajo (art. 25 C.P.), la primacía de la realidad sobre las formalidades (art. 53 C.P.) y el derecho a la igualdad (art. 13 C.P.). Ello, en tanto encubrió una verdadera relación laboral mediante la utilización de órdenes de prestación de servicios suscritas a través de cooperativas y uniones temporales, contrariando las normas legales y la jurisprudencia que prohíben vincular bajo esta figura a personas que ejecutan funciones permanentes o misionales en entidades públicas.

Asimismo, se sostiene que la demandante prestó personalmente los servicios contratados, recibió una contraprestación económica, desempeñó sus labores de manera continua y estuvo sometida a subordinación y dependencia, toda vez que debía acatar las instrucc iones impartidas por el Hospital en lo referente al modo, tiempo y cantidad de trabajo, además de ajustarse a reglamentos internos.

En consecuencia, se concluye que el acto acusado es nulo, pues desconoce la realidad material de la relación contractual y el marco constitucional que salvaguarda los derechos mínimos e irrenunciables del trabajador. De esta manera, se desnaturaliza el con trato de prestación de servicios, se lesiona la noción delSentencia de segunda instancia Exp. No. 680013333014-2013-00283-01

4 contrato de trabajo como forma esencial de vinculación laboral reconocida en la ley y se desconoce el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, rector de todas las relaciones laborales.

Contestación a la Demanda

La E.S.E. Hospital Universitario de Santander señala que se opone a todas y cada una de las pretensiones formuladas en la demanda, argumentando que se trata de

de todas las relaciones laborales.

Contestación a la Demanda

La E.S.E. Hospital Universitario de Santander señala que se opone a todas y cada una de las pretensiones formuladas en la demanda, argumentando que se trata de una institución prestadora de servicios de salud de carácter departamental, la cual en materia c ontractual se rige por las normas del derecho privado, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio público de salud. Explica que, conforme a su objeto social y a la estructura de su planta de personal, resulta necesario contratar la ejecución de determinados procesos cuando no cuenta con recurso humano suficiente para desarrollarlos internamente.

Sostiene que la entidad no contrata personas naturales sino la ejecución de procesos mediante personas jurídicas, lo cual excluye la configuración de un vínculo laboral directo. Precisa que la finalidad de dicha contratación es atender las necesidades del servicio, y que por ello se acudió a la modalidad de prestación de servicios en distintas áreas como fisiatría y fisioterapia, adelantando procesos contractuales ajustados a la normativa, con criterios de transparencia y profesionalismo en la selección de la persona jurídica encargada de desarrollar las actividades en las instalaciones del hospital.

En esa línea, puntualiza que entre los años 2005 y 2012 suscribió contratos con personas jurídicas tales como las cooperativas COOPFONCE SALUD, COASESORES, COTRADECOL, ECOSERVICIOS y la Unión Temporal FL Profesionales de la Salud, para la prestación de servicios de fisioterapia, entre otros. En cada uno de esos contratos se estipuló expresamente la inexistencia de vínculo

COASESORES, COTRADECOL, ECOSERVICIOS y la Unión Temporal FL Profesionales de la Salud, para la prestación de servicios de fisioterapia, entre otros. En cada uno de esos contratos se estipuló expresamente la inexistencia de vínculo laboral entre el hospital y los prestadores, aclarando que eran dichas cooperativas las responsables de pagar a sus asociados los salarios, aportes a seguridad social, parafiscales, contribución especial y demás obligaciones legales, lo que demuestra que la relación de trabajo se configuraba entre las cooperativas y sus integrantes, y no con la entidad hospitalaria.

Con base en lo anterior, afirma que la demandante no tuvo relación directa de trabajo con el hospital, pues su vínculo se produjo con las cooperativas contratistas, quienes fungían como verdaderos empleadores en virtud de los contratos celebrados. En conse cuencia, considera improcedente reconocer una relaciónSentencia de segunda instancia Exp. No. 680013333014-2013-00283-01

5 laboral subordinada con la entidad y, por ende, el pago de salarios y prestaciones reclamadas.

Finalmente, propone como excepciones: i) inexistencia de relación laboral, ii) imposibilidad fáctica y jurídica/ausencia de normatividad, iii) prescripción, iv) compensación y v) genérica.

Llamamiento en garantía – Ecoservicios: Por intermedio de curador ad litem manifiesta que no presenta oposición frente a la prosperidad de la solicitud formulada por la parte demandante. Fundamenta su postura en que se encuentran configurados los elementos propios de un contrato de trabajo, lo que permite afirmar la existencia de una relación laboral entre la actora y la E.S.E. Hospital Universitario

formulada por la parte demandante. Fundamenta su postura en que se encuentran configurados los elementos propios de un contrato de trabajo, lo que permite afirmar la existencia de una relación laboral entre la actora y la E.S.E. Hospital Universitario de Santander, dado que se demostró tanto el cumplimiento de un horario establecido como la sujeción a las ór denes impartidas para el desarrollo de sus funciones.

Llamamiento en garantía – Cta. Coopfonce Salud: La cooperativa manifiesta su oposición a las pretensiones de la demanda, señalando que siempre ha dado cumplimiento a las disposiciones legales que regulan su actividad, en particular lo previsto en las Leyes 79 de 1988, 454 de 1998 y 828 de 2003, así como en el Decreto 4588 de 2006 y demás normas aplicables, tanto en el ámbito contractual como frente a sus asociados, entre los cuales se encontraba la demandante. Afirma, además, que la realización de los proce sos contratados se encuentra autorizada para las cooperativas, razón por la cual no hay lugar a la prosperidad de las pretensiones formuladas.

Sostiene que la actora no reúne los requisitos propios de un contrato laboral, pues lo que se acreditó fue el cumplimiento de obligaciones derivadas de los Acuerdos para el Desarrollo del Trabajo Asociado suscritos entre ella y la representante legal de la cooperativa, durante la vigencia de los contratos celebrados con la E.S.E. HUS entre el 28 de febrero de 2007 y el 28 de febrero de 2009. Resalta que en dichos acuerdos se establecieron actividades relac ionadas con su profesión, así como la responsabilidad por los elementos de trabajo, la prestación de servicios con

HUS entre el 28 de febrero de 2007 y el 28 de febrero de 2009. Resalta que en dichos acuerdos se establecieron actividades relac ionadas con su profesión, así como la responsabilidad por los elementos de trabajo, la prestación de servicios con ética profesional, compromiso social y humano, sin que tales condiciones impliquen la existencia de un vínculo laboral.

Agrega que Coopfonce no se rige por la normativa laboral, dado que la relación entre sus asociados y la cooperativa no es de naturaleza empleador-trabajador, sino un vínculo cooperativo basado en la solidaridad. Destaca que la finalidad de estas organizaciones es que los socios se integren voluntaria y autónomamente paraSentencia de segunda instancia Exp. No. 680013333014-2013-00283-01

6 desarrollar actividades físicas, materiales, intelectuales o científicas con el propósito de producir bienes, ejecutar obras o prestar servicios que satisfagan las necesidades de los asociados y de la comunidad. En este marco, son los propios trabajadores quienes organizan las actividades con autonomía administrativa y asumen los riesgos de su ejecución.

Asimismo, subraya que en los contratos celebrados entre la cooperativa y la demandante, además de la regulación sobre la prestación del servicio, se estableció que la asociada recibiría una compensación ordinaria y otra extraordinaria, en los términos prev istos en el Decreto 4588 de 2006. Dichas sumas no tienen la connotación de salario, lo que excluye la configuración de una relación laboral y, al mismo tiempo, desvirtúa el elemento de subordinación, aspecto que era plenamente conocido por la actora.

connotación de salario, lo que excluye la configuración de una relación laboral y, al mismo tiempo, desvirtúa el elemento de subordinación, aspecto que era plenamente conocido por la actora.

Finalmente, propone como excepciones: i) inexistencia de relación laboral y ii) prescripción extintiva de los derechos laborales reclamados.

Sentencia de Primera Instancia

La sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Catorce Administrativo Oral de Bucaramanga resolvió acceder a las pretensiones de la demandante, ordenado:

“PRIMERO: DECLARAR la nulidad del oficio fecha 04 de marzo de 2013 suscrito por la ESE Hospital Universitario de Santander, a través del cual le negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a la demandante, de acuerdo a lo motivado en esta sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR la existencia de la relación laboral entre la demandante SANDRA JULIANA SANABRIA SARMIENTO y la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, por los periodos comprendidos entre el 01 de junio de 2005 y el 28 de febrero de 2006, y del 01 de junio de 2006 al 31 de julio de 2012, salvo sus interrupciones, de conformidad con lo expuesto en esta providencia.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la E.S.E.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER y a las cooperativas de trabajo asociado CTA COOPFONCE SALUD y ECOSALUD pagar de forma solidaria a favor de la demandante SANDRA JULIANA SANABRIA SARMIENTO, las prestaciones sociales derivadas de su relación laboral con la entidad por los

asociado CTA COOPFONCE SALUD y ECOSALUD pagar de forma solidaria a favor de la demandante SANDRA JULIANA SANABRIA SARMIENTO, las prestaciones sociales derivadas de su relación laboral con la entidad por los periodos contratados a partir del 01 de junio de 2006 al 31 de julio de 2012 , de acuerdo a los contratos de prestación de servicios enunciados en la parte motiva de esta sentencia, tomando como base para su liquidación las sumas a que haya lugar por concepto de prestaciones sociales devengadas por los empleados vinculados a dicha entidad. Los valores que resulten serán liquidados y actualizados conforme aSentencia de segunda instancia Exp. No. 680013333014-2013-00283-01

7 las pautas dadas en esta providencia. Las cooperativas condenadas concurrirán al pago solidario atendiendo los periodos en los que tuvieron el respectivo contrato vigente con la E.S.E. HUS.

CUARTO: DECLARAR probada la excepción de PRESCRIPCIÓN, de los derechos derivados de la relación laboral, solo respecto de los periodos contractuales comprendidos entre el 01 de junio de 2005 y el 28 de febrero de 2006, excepto en lo relacionado con los aportes al sistema general de seguridad social en pensiones de conformidad con lo expuesto en esta providencia.

QUINTO: ORDENAR a la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER y a las cooperativas de trabajo asociado CTA COOPFONCE SALUD y ECOSALUD efectuar los aportes correspondientes a seguridad social durante el término de la relación laboral y el reintegro por concepto de cuota parte en salud, conforme a las pautas dadas en la parte motiva de la sentencia.

efectuar los aportes correspondientes a seguridad social durante el término de la relación laboral y el reintegro por concepto de cuota parte en salud, conforme a las pautas dadas en la parte motiva de la sentencia.

SEXTO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda, de acuerdo con las razones señaladas en esta sentencia.

SÉPTIMO: DECLARAR no probadas las excepciones de fondo propuestas por la entidad accionada E.S.E. HUS y la llamada en garantía CTA COOPFONCE SALUD.

OCTAVO: Sin condena en costas en esta instancia, de conformidad con lo expuesto en esta providencia.

NOVENO: La entidad demandada y las llamadas en garantía deberán dar cumplimiento a la sentencia conforme a lo establecido en los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.

DÉCIMO: Ejecutoriada la presente providencia, y remitidos los oficios pertinentes para su cumplimiento, por Secretaría ARCHÍVENSE las diligencias previas las constancias de rigor en el sistema.”

Para la adopción de la decisión el A-quo valoró los siguientes elementos de juicio:

• Contratos de prestación de servicios celebrados entre el Hospital Universitario de Santander y varias cooperativas (Cootradecol, Coopfonce, Ecoservicios, Coasesores y la Unión Temporal FL Profesionales de la Salud), que evidenciaban la forma de vinculación de la demandante entre 2005 y 2012. • Certificaciones, cuentas de cobro y colillas de pago, que mostraban que la actora recibía remuneración periódica y estaba vinculada de manera continua a través de dichas cooperativas. • Interrogatorio de parte rendido por la señora Sandra Juliana Sanabria, quien

• Certificaciones, cuentas de cobro y colillas de pago, que mostraban que la actora recibía remuneración periódica y estaba vinculada de manera continua a través de dichas cooperativas. • Interrogatorio de parte rendido por la señora Sandra Juliana Sanabria, quien declaró que cumplía un horario fijado por el hospital, recibía instrucciones de los subgerentes de la entidad y utilizaba equipos e insumos suministrados por el HUS. • Testimonios de excompañeras de trabajo (Paola Andrea León y Luz Amparo Ayala), quienes confirmaron que la demandante estaba sujeta a horariosSentencia de segunda instancia

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8 establecidos (7:00 a.m. a 4:00 p.m.), recibía órdenes directas de funcionarios de planta y que los elementos de trabajo eran proporcionados por el hospital. • Documentos internos de la ESE, que demostraban la necesidad permanente del servicio de fisioterapia dentro de la estructura del hospital.

El Juzgado de primera instancia concluyó que se acreditaron los tres elementos esenciales: (i) prestación personal del servicio, (ii) remuneración periódica y (iii) subordinación y dependencia respecto de la entidad. La demandante no actuaba con autonomía propia de un contratista independiente, sino bajo órdenes continuas del personal del hospital.

Se determinó que la ESE encubrió una verdadera relación laboral mediante contratos con cooperativas y uniones temporales, lo cual contraviene las normas constitucionales y legales que prohíben tercerizar actividades misionales permanentes en entidades públicas.

Se aplicó el artículo 53 de la Constitución y la jurisprudencia del Consejo de Estado

constitucionales y legales que prohíben tercerizar actividades misionales permanentes en entidades públicas.

Se aplicó el artículo 53 de la Constitución y la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, resaltando que, pese a la apariencia contractual, la realidad demostraba una relación laboral.

Se reconoció que la negativa del hospital desconocía derechos fundamentales como el trabajo digno, la igualdad y la protección mínima del trabajador.

Recurso de Apelación

La E.S.E. Hospital Universitario de Santander presenta como argumentos principales de inconformidad contra la sentencia de primera instancia, los siguiente:

1. La defensa sostiene que el juzgado aplicó normas y jurisprudencia sobre prohibición de tercerización laboral sin que estuvieran acreditados los elementos esenciales del contrato de trabajo (prestación personal, subordinación y remuneración).

2. Señala que entre 2005 y 2012 el hospital contrató procesos y no personas, a través de cooperativas legalmente constituidas. Resalta que en los contratos se incluyeron cláusulas expresas de ausencia de relación laboral e indemnidad, conforme al artículo 1602 del Código Civil.

3. Prestación personal del servicio: Acepta que la demandante prestó servicios de fisioterapia, pero lo hizo como asociada de las cooperativas, no como trabajadora del hospital.Sentencia de segunda instancia

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4. Subordinación inexistente: Afirma que lo que la actora llamó subordinación eran simples actos de supervisión contractual , una función legalmente obligatoria (art. 83 Ley 1474 de 2011) para vigilar la correcta ejecución de

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4. Subordinación inexistente: Afirma que lo que la actora llamó subordinación eran simples actos de supervisión contractual , una función legalmente obligatoria (art. 83 Ley 1474 de 2011) para vigilar la correcta ejecución de contratos estatales, no instrucciones propias de un vínculo laboral.

5. Critica que el juzgado no valoró adecuadamente la tacha de testigo presentada contra Ruth Milena Chacón, quien también tenía proceso contra el hospital, lo que a juicio de la apelante afectaba su imparcialidad.

6. Remuneración: Sostiene que la demandante nunca recibió pago directo del hospital, sino compensaciones ordinarias y extraordinarias entregadas por las cooperativas, en calidad de asociada, lo que excluye el elemento salarial de la relación laboral.

7. Argumenta que la prohibición de contratar actividades misionales mediante cooperativas de trabajo asociado entró en vigor a partir de julio de 2013 , por lo que durante el tiempo en que la actora estuvo vinculada (2005 -2012) esta práctica era legal y estaba respaldada por programas de reorganización del sector salud avalados por el Gobierno Nacional.

La apelante solicita Revocar los numerales de la sentencia que declararon la nulidad del acto, la existencia de la relación laboral y el pago de prestaciones sociales. En su lugar, negar la totalidad de las pretensiones de la demanda, por ausencia de elementos probatorios que configuren contrato realidad.

COOPFONCE Salud expuso como argumentos de apelación, los siguientes:

Improcedencia de la solidaridad en el pago de prestaciones: La relación laboral fue reconocida entre la demandante y el Hospital Universitario de Santander, por lo cual

COOPFONCE Salud expuso como argumentos de apelación, los siguientes:

Improcedencia de la solidaridad en el pago de prestaciones: La relación laboral fue reconocida entre la demandante y el Hospital Universitario de Santander, por lo cual —según la apelante — la condena debe recaer exclusivamente sobre el hospital. Sostiene que con COOPFONCE solo existió un acuerdo de trabajo asociado de naturaleza civil, regulado por la Ley 79 de 1988, Decreto 4588 de 2006 y Ley 1233 de 2008, que no genera vínculo laboral.

Indebida valoración probatoria sobre aportes a seguridad social: Señala que el juzgado ordenó a COOPFONCE pagar aportes en seguridad social, pese a que en el expediente obran pruebas documentales (certificaciones, comprobantes y planillas) que acreditan que la cooperativa realizó dichos pagos cuando la demandante estuvo vinculada como asociada (2007-2009).

El apelante solicita revocar los numerales Tercero, Quinto y Noveno de la sentencia de primera instancia (relacionados con la condena solidaria y la obligación deSentencia de segunda instancia Exp. No. 680013333014-2013-00283-01

10 efectuar aportes a seguridad social) y d esvincular a COOPFONCE del proceso, eliminando cualquier condena en su contra.

Trámite de Segunda Instancia

Una vez concedido el recurso de apelación, y repartido el expediente, se dispuso su admisión.

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en curso de esta etapa.

CONSIDERACIONES

Competencia

Una vez concedido el recurso de apelación, y repartido el expediente, se dispuso su admisión.

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en curso de esta etapa.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con lo establecido en el Art. 153 del CPACA, esta Corporación es competente para decidir el recurso de apelación propuesto.

Problemas Jurídicos

La Sala se ocupará de establecer si en el presente caso se encuentran acreditados los elementos esenciales de una relación laboral —prestación personal del servicio, remuneración y subordinación— en la ejecución de los contratos de prestación de servicios en virtud de los cuales la señora Sandra Juliana Sanabria Sarmiento prestó sus servicios a la E.S.E. Hospital Universitario de Santander, pese a que formalmente se instrumentó a través de contratos de prestación de servicios suscritos mediante cooperativas de trabajo asociado y uniones temporales, lo cual determinaría la configuración de un contrato realidad.

Igualmente esta Corporación deberá analizar si d ebe mantenerse la condena solidaria impuesta a la Cooperativa de Trabajo Asociado COOPFONCE Salud junto con la E.S.E. Hospital Universitario de Santander por concepto del reconocimiento y pago de prestaciones sociales y aportes a la seguridad social deriva dos de la relación laboral declarada entre la demandante y el hospital, cuando la cooperativa alega que su vínculo con la actora se dio únicamente bajo la figura de un acuerdo de trabajo asociado de naturaleza civil y afirma haber cumplido con los aportes a la seguridad social correspondientes al tiempo en que la demandante fue su asociada.

Desarrollo de los problemas jurídicos:

de trabajo asociado de naturaleza civil y afirma haber cumplido con los aportes a la seguridad social correspondientes al tiempo en que la demandante fue su asociada.

Desarrollo de los problemas jurídicos:

Del contrato de prestación de servicios vs el contrato realidad:Sentencia de segunda instancia Exp. No. 680013333014-2013-00283-01

11 Respecto a la contratación a través de la modalidad de prestación de servicios, la Ley de contratación estatal o Ley 80 de 1993, autoriza su celebración para aquellos eventos en que la función de la entidad contratante no puede cumplirse con personal vinculado a su planta de personal -porque el número de empleos con dichas funciones no es suficiente o porque esa actividad no está asignada a empleo algunoo cuando se requiere de conocimientos especializados para desarrollarla.

En todo caso, estos contratos están caracterizados, entre otros aspectos, porque su vigencia es temporal, es decir, su duración debe ser por un tiempo limitado. Según el numeral 3º del artículo 32 de la precitada Ley 80 de 1993, en ningún caso estos contra tos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se insiste, deberán celebrarse por el término estrictamente indispensable.

Así mismo, la normatividad que regula la Función Pública, ordena que el desarrollo de la función administrativa del Estado en forma permanente, ha de hacerse sólo a través del ejercicio de funciones adscritas al respectivo empleo al que, por mandato Constitucional, de manera general se accede mediante concurso y con el cumplimiento de los requisitos de nombramiento y posesión, con sujeción a un régimen legal y reglamentario.

El desempeño de un “empleo”, con el lleno de los requisitos para ello, genera una

cumplimiento de los requisitos de nombramiento y posesión, con sujeción a un régimen legal y reglamentario.

El desempeño de un “empleo”, con el lleno de los requisitos para ello, genera una relación laboral entre quien lo desempeña y la entidad a cuya planta está asignado y deberá ser, en todo caso, realizado en forma personal, bajo una continua subordinación y con una contraprestación económica previamente presupuestada. Dicho lo anterior, si logran desvirtuarse tanto la autonomía e independencia en la prestación del servicio, como la temporalidad propia de un contrato de prestación de servicios, y probarse los elementos de la relación laboral -la prestación personal del s ervicio de manera permanente, la remuneración, la subordinación y dependencia en el desarrollo de la actividad -, necesariamente deberá declararse que se utilizó equívocamente la figura contractual para encubrir la naturaleza real de la labor desempeñada, configurándose así, el contrato realidad en aplicación de los principios consagrados en el artículo 13 y 53 de la Carta Política.

De la misma forma, en armonía con el Art. 53 superior que consagra la primacía de la realidad sobre la forma, la Corte Constitucional 1 ha sido enfática en afirmar que de configurarse los elementos propios de una relación laboral entre el Estado y el particular, entre ellos el de subordinación (diferente al de coordinación), pese a la suscripción de un contrato de prestación de servicios, primará la realidad sobre la form