TA SAN - Sentencia 680013333014-2015-00295-03 (18-09-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 14 de diciembre de 2023 , proferida por el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 105, índice SAMAI, link onedrive, carpeta principal archivo 01 MEDIO DE CONTROL Nulidad y restablecimiento del derecho.

RADICADO 680013333014-2015-00295-03

DEMANDANTE Jenny Moscoso Bravo iab@iabogados.com.co

DEMANDADOS

Contraloría General de Santander juridica@contraloriasantander.gov.co

VINCULADA: Luz Marina Muñoz Cuellar

luzmar462@gmail.com

MINISTERIO

PÚBLICO Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ACTUACIÓN Sentencia de segunda instancia TEMA La validez del acto que declara la insubsistencia laboral de un empleado nombrado en provisionalidad

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ACTUACIÓN Sentencia de segunda instancia TEMA La validez del acto que declara la insubsistencia laboral de un empleado nombrado en provisionalidad en la Contraloría General de Santander, no se invalida por la declaratoria de nulidad de la Ordenanza 123 de 2013, ni por la declaratoria de nulidad que este Tribunal hizo en primera instancia, respecto de las Resoluciones 813 y 814 de 2013, proferidas el 07 de octubre de 2013 por el Contralor General de Santander.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jenny Moscoso Bravo Demandado: Contraloría General de Santander y otro Radicado: 680013333014-2015-00295-03

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En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, la señora Jenny Moscoso Braco formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se declare la nulidad de la Resolución 359 del 12 de mayo de 2015 proferida por el Contralor General de Santander, por medio de la cual se declaró la insubsistencia de su nombramiento para proveer cargo de carrera administrativa.

En consecuencia, solicitó:

«1. Se inaplique por excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad: a. La Resolución 814 de 2013 del Contralor General de Santander

administrativa.

En consecuencia, solicitó:

«1. Se inaplique por excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad: a. La Resolución 814 de 2013 del Contralor General de Santander b. La Resolución 814 del 2013 del Contralor General de Santander c. El Acuerdo 496 de octubre 25 de 2013, que modificó el Acuerdo 458 de octubre 02 de 2013, ambos de la comisión Nacional del Servicio Civil, basado en la Resoluciones 813 y 414/13.

2. Se declare la nulidad de la Resolución 359 de mayo 12 de 2015 del

Contralor General de Santander.

3. En subsidio de lo anterior, se declare la nulidad de la Resolución No. 359 de mayo 12 de 2015 del Contralor General de Santander, solo en cuanto a la declaratoria de insubsistencia del nombramiento de la demandante.

4. Para la adecuada reparación integral y el restablecimiento de los derechos se ordene reintegrar a la demandante al empleo que ocupaba cuando fue desvinculada del servicio de la Contraloría General de Santander o a uno de igual o superior jerarquía.

5. Se declare que, para todos los efectos, no ha existido solución de continuidad en la relación entre las partes, y que dada la antigüedad del vínculo tienen régimen de retroactividad de cesantías.

6. Que la CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER pague a la demandante el valor de todos los sueldos, primeras, bonificaciones, prestaciones sociales y demás emolumentos correspondientes al empleo al que deba ser reintegrada y a las administradoras respectivas los aportes parafiscales y de seguridad social, desde el retiro y hasta el reintegro efectivo.

demás emolumentos correspondientes al empleo al que deba ser reintegrada y a las administradoras respectivas los aportes parafiscales y de seguridad social, desde el retiro y hasta el reintegro efectivo.

7. Que la CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER pague a la demandante indemnización por los perjuicios inmateriales causados con la omisión de ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad, ilegalidad en su obrar que desconoció la pérdida de ejecutoriedad de los actos en que se basó el acusado, por violaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados (Trabajo, igualdad, debido proceso, etc): en el monto que su señoría determine arbitrio iuris.

8. Se impongan los efectos de la ley conforme a los artículos: 188, 189, 192 y demás pertinentes del CPACA.» (Sic en todo el texto)

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

1. La Asamblea Departamental de Santander expidió la Ordenanza núm. 123 del 4 de octubre de 2013, por medio de la cual otorgó facultades temporalesNulidad y restablecimiento del derecho

Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jenny Moscoso Bravo Demandado: Contraloría General de Santander y otro Radicado: 680013333014-2015-00295-03

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al Contralor General de Santander para modificar la estructura organizacional,

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al Contralor General de Santander para modificar la estructura organizacional, los manuales de funciones, operaciones y procedimientos, así como la escala salarial de la Contraloría General de Santander.

1. El Contralor General de Santander expidió las Resoluciones núm. 000813 y 000814 del 7 de octubre de 2013 , mediante las cuales adoptó una nueva estructura orgánica y ajustó el manual de funciones y competencias de la entidad; sin embargo, dicha reforma no se sustentó en necesidades del servicio ni en estudios técnicos que justificaran su adopción. Tampoco se aplicó la metodología exigida por el DAFP para respaldar cambios en la planta de personal, razón por la cual resulta procedente aplicar la excepción de inconstitucionalidad.

1. La CNSC profirió la convocatoria 281 de 2013 para proveer empleos de

carrera en la Contraloría General de Santander, la cual incluyó la OPEC como parte integral del concurso. Posteriormente, la entidad solicitó a la comisión la modificación de la oferta, con fundamento en los cambios introducidos por la Resolución núm. 814 del 7 de octubre de 2013.

1. La Comisión Nacional del Servicio Civil, la Contraloría General de Santander y el departamento de Santander aplicaron la presunción de legalidad a la Ordenanza 123 de 2013, a las Resoluciones 000813 y 000814 del mismo año y a la Comunicación 47181, sin verificar si el Contralor General de Santander tenía competencia constitucional para ejercer las funciones

legalidad a la Ordenanza 123 de 2013, a las Resoluciones 000813 y 000814 del mismo año y a la Comunicación 47181, sin verificar si el Contralor General de Santander tenía competencia constitucional para ejercer las funciones delegadas. Estos actos, junto con los Acuerdos 458 y 496 de la CNSC, son contrarios al ordenamiento jurídico.

1. La señora Jenny Moscoso Bravo fue vinculada a la Contraloría General de Santander en el cargo de profesional especializado, código 222, grado 03, mediante la Resolución núm. 802 del 13 de noviembre de 2009. Su nombramiento fue declarado insubsistente a través de la Resolución núm. 359 del 12 de mayo de 2015; sin embargo, la desvinculación se materializó el 2 de junio del mismo año, fecha en la que se posesionó la señora Luz Marina Muñoz

Cuellar, designada en periodo de prueba dentro de la carrera administrativa.

1. La demandante en calidad de presidente de la junta directiva de SINTRAESTATALES tenía fuero sindical para la fecha en que fue desvinculada del servicio.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

En el escrito de la demanda se invocaron como violados los artículos 4, 6, 29, 53, 122, 268 núm. 10, 272, 300, 305 núm. 7 de la Constitución Política; 3, 46 de Ley 909 de 2004 y 3 de la Ley 330 de 1996.

En desarrollo del concepto de la violación, la parte demandante expuso lo siguiente:Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Jenny Moscoso Bravo

En desarrollo del concepto de la violación, la parte demandante expuso lo siguiente:Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jenny Moscoso Bravo Demandado: Contraloría General de Santander y otro Radicado: 680013333014-2015-00295-03

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1. El acto administrativo acusado fue expedido sin competencia, con infracción de las normas en que debía fundarse, en forma irregular, incurso en falsa motivación y con efectos antijurídicos que comprometen gravemente el orden público. Además, vulneró derechos fundamentales y legales de la demandante, en especial su derecho a la estabilidad laboral, consagrado en el artículo 53 de la Constitución.

1. La Ordenanza núm. 123 de 2013, la cual sirvió como sustento para la Resolución núm. 813 y 814 de la misma anualidad, transgredió los artículos 268, 272 y 300 de la Constitución Política, así como el artículo 3.º de la Ley 330 de 1996. Estas disposiciones reservan a las Asambleas Departamentales la competencia para determinar la estructura, planta de personal, funciones y escalas salariales de las contralorías territoriales y se permite su delegación pro tempore únicamente al gobernador y no al contralor.

1. La CNSC, el departamento de Santander y la Contraloría General de Santander actuaron con base en una presunción de legalidad sin verificar la competencia constitucional del contralor para ejercer las facultades otorgadas.

1. La CNSC, el departamento de Santander y la Contraloría General de Santander actuaron con base en una presunción de legalidad sin verificar la competencia constitucional del contralor para ejercer las facultades otorgadas.

La legalidad de la Ordenanza 123 de 2013 ya se encuentra cuestionada ante el Consejo de Estado, dentro del proceso con radicación 680012333000-201300993-02, por haber excedido los límites de la iniciativa del contralor.

1. El estudio técnico en que se basaron dichos actos fue elaborado por el contratista Douglas Trade S.A.S., cuya contratación presentó irregularidades en el proceso precontractual. El documento careció de análisis individual de los cargos, no demostró razones objetivas para suprimir o reubicar empleos y excluyó sin justificación válida a profesionales de área s distintas a las priorizadas.

1.2. Contestaciones de la demanda

1.2.1. Luz Marina Muñoz Cuellar2

Por conducto de apoderad o la vinculada allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: excepciones innominadas: «culpa exclusiva de la demandante»; «ausencia de causa para demandar»; «presunción de legalidad de las normas demandadas»; «indebida acumulación de pretensiones»; «buena fe» y «genérica».

Los argumentos para solicitar la denegatoria de las pretensiones de la demanda, se sustentan de la siguiente manera:

1. La demandante en condición de empleada provisional, participó en igualdad de condiciones en el concurso adelantado mediante la convocatoria 281 de 2013 por la CNSC y fue excluida por no cumplir con los requisitos mínimos y,

1. La demandante en condición de empleada provisional, participó en igualdad de condiciones en el concurso adelantado mediante la convocatoria 281 de 2013 por la CNSC y fue excluida por no cumplir con los requisitos mínimos y,

2Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 105, índice SAMAI, link onedrive, carpeta principal archivo 01, folios 46 a 62Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jenny Moscoso Bravo Demandado: Contraloría General de Santander y otro Radicado: 680013333014-2015-00295-03

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por ende, no puede alegar ilegalidad ni pretender la nulidad de los actos mencionados en la demanda.

1. La Resolución núm. 359 de 2015 que declaró insubsistente a la señora Moscoso Bravo fu e expedida por la autoridad competente, con fundamento legal y motivación suficiente. Además, los actos expedidos por la Contraloría General de Santander y la CNSC se encuentran amparados por la presunción de legalidad comoquiera que cumplieron los requisitos constitucionales y legales relacionados con la reestructuración de la planta de personal, la OPEC, la convocatoria del concurso y el nombramiento final.

1. Las entidades demandadas actuaron conforme al principio de buena fe durante todo el proceso de oferta pública, selección y posesión del cargo en discusión, en atención a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. En particular,

1. Las entidades demandadas actuaron conforme al principio de buena fe durante todo el proceso de oferta pública, selección y posesión del cargo en discusión, en atención a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. En particular, la persona nombrada confió le gítimamente en la validez del concurso, al no haberse notificado ninguna demanda o irregularidad durante su desarrollo.

Esta circunstancia la llevó a renunciar a un cargo en carrera administrativa en otra entidad de control, para asumir sus nuevas fun ciones en la Contraloría General de Santander.

1. La carrera administrativa, al estar fundada en el mérito, materializa el principio de buena fe en las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, excluye intereses políticos o clientelistas y garantiza transparencia en el acceso a los cargos públicos, conforme al artículo 83 de la Constitución

Política.

1. Aunque la Ordenanza 123 de 2013 fue declarada nula por el Consejo de Estado, sus efectos solo rigen hacia el futuro, desde la firmeza de la sentencia, conforme a la jurisprudencia nacional e internacional. Por tanto, los actos administrativos expedidos durante la vigencia de dicha norma conservan plena validez, al haber generado situaciones jurídicas concretas y derechos individuales.

1.2.2. Contraloría General de Santander3

Por conducto de apoderad a la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: excepciones nominadas: «falta de requisito de procedibilidad»; «ineptitud de la demanda por indebida escogencia del medio de control»; «indebida integración de los demandados» y excepciones innominadas: «cumplimiento de un deber legal»;

nominadas: «falta de requisito de procedibilidad»; «ineptitud de la demanda por indebida escogencia del medio de control»; «indebida integración de los demandados» y excepciones innominadas: «cumplimiento de un deber legal»; «efectos de la nulidad de los actos admini strativos: situaciones jurídicas consolidadas»; «presunción de legalidad de los actos administrativos generales demandados»; «límite del monto de la indemnización» y «genérica»

3Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 105, índice SAMAI, link onedrive, carpeta principal archivo 01, folios 120 a 158Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jenny Moscoso Bravo Demandado: Contraloría General de Santander y otro Radicado: 680013333014-2015-00295-03

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Los argumentos para solicitar la denegatoria de las pretensiones de la demanda, se sustentan de la siguiente manera:

1. La Resolución 000359 de 2015, que generó la insubsistencia de la demandante, forma un acto administrativo complejo junto con la Resolución 1552 de 2015 de la CNSC, la cual definió la lista de elegibles y, por ende, al no demandarse esta última, no puede prosperar la pretensión de nulidad . La jurisprudencia del Consejo de Estado ha indicado que, tratándose de actos complejos, debe impugnarse todo el conjunto de actos interrelacionados, dado que tienen una unidad jurídica.

jurisprudencia del Consejo de Estado ha indicado que, tratándose de actos complejos, debe impugnarse todo el conjunto de actos interrelacionados, dado que tienen una unidad jurídica.

1. La CNSC, tiene a su cargo la administración y vigilancia de la carrera administrativa, salvo las carreras con régimen especial. En ese sentido, aunque la Constitución Política para las contralorías prevé un régimen especial, este no ha sido expedido y, por ende , mientras no exista dicha normativa, la Ley 909 de 2004 es aplicable a esta entidad y la mentada comisión conserva competencia para adelantar los concursos de mérito respectivos. En este marco, expidió actos administrativos válidos y ajustados a derecho, bajo presunción de legalidad.

1. El marco legal y jurisprudencial, especialmente lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia T -294 de 2011, obliga a respetar las listas de elegibles en orden de mérito. Desconocer este deber vulnera derechos fundamentales como la igualdad, el trabajo y el debido proceso. En consecuencia, la Contraloría General de Santander actuó conforme a derecho, en el ejercicio de sus funciones y en garantía d el principio constitucional del mérito, que conlleva el mandato legal de nombrar al aspirante mejor calificado.

1. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido reiterativa sobre la validez y existencia de los actos jurídicos celebrados durante la vigencia de normas de carácter general declaradas nulas con posterioridad, así como frente a la protección de las situacio nes particulares consolidadas que se derivan de dichos actos. En efecto, la derogatoria de los actos generales surte efectos

de carácter general declaradas nulas con posterioridad, así como frente a la protección de las situacio nes particulares consolidadas que se derivan de dichos actos. En efecto, la derogatoria de los actos generales surte efectos hacia el futuro, sin afectar lo ocurrido durante su vigencia.

1. A la fecha de expedición del acto aquí acusado, los demás actos generales que la demandante pretende sean inaplicados por inconstitucionales, se presumían legales.

1.3. La sentencia apelada4

El Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 14 de diciembre de 2023, resolvió:

«PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda interpuesta por la señora JENNY MOSCOSO BRAVO contra la CONTALORÍA GENERAL DE

4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 116, índice SAMAINulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jenny Moscoso Bravo Demandado: Contraloría General de Santander y otro Radicado: 680013333014-2015-00295-03

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SANTANDER y la señora LUZ MARINA MUÑOZ CUELLAR, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia de conformidad con lo expuesto en la parte motiva […]»

En lo correspondiente al fondo del asunto, sustentó la decisión , en los

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia de conformidad con lo expuesto en la parte motiva […]»

En lo correspondiente al fondo del asunto, sustentó la decisión , en los siguientes argumentos.

1. De acuerdo con los documentos que reposan en el plenario, se encuentra probado que la señora Jenny Moscoso Bravo fue nombrada en provisionalidad mediante Resolución 000802 en el cargo de profesional especializado, código 222, grado 03, del cual tomó posesión en la misma fecha. Además, se observa que una vez surtidas las etapas del concurso de méritos para proveer los

empleos vacantes de la carrera administrativa de la Contraloría General de Santander - convocatoria 281 de 2013 - , la CNSC expidió la Resolución núm. 1552 mediante la cual conformó y adoptó la lista de elegibles para proveer la vacante de empleo de carrera denominado profesional especializado, de la Contraloría General de Santander; con ocasión a lo anterior se profirió la Resolución núm. 359 del 12 de mayo de 2015 que nombró a la señora Luz Marina Muñoz Cuellar y declaró insubsistente el nombramiento de la demandante, quien se encontraba ocupando el cargo en provisionalidad.

1. De esta manera, se concluye que, tratándose de un acto administrativo que

desvincula a una persona en provisionalidad en un cargo de carrera, la regla general exige la motivación de la decisión, con el propósito de establecer si las causas que lo originan son de carácter objetivo. En el caso concreto, así ocurrió, toda vez que la desvinculación de la parte actora obedeció al nombramiento en período de prueba de la persona que ocupó el primer lugar

causas que lo originan son de carácter objetivo. En el caso concreto, así ocurrió, toda vez que la desvinculación de la parte actora obedeció al nombramiento en período de prueba de la persona que ocupó el primer lugar en la lista de elegibles del concurso abierto de méritos convocado para proveer de forma definitiva dicha vacante.

1. Dentro del medio de control radicado 68001233300020140100400, el Tribunal Administrativo de Santander decretó mediante providencia del 28 de junio de 2016 la suspensión provisional de los efectos de las Resoluciones 813 y 814 del 7 de octubre de 2013. Posteriormente, declaró su nulidad mediante sentencia del 2 de agosto de 2018, decisión frente a la cual se interpuso recurso de apelación actualmente en trámite ante el Consejo de Estado. En consecuencia, al encontrarse suspendidos los efectos de dichos actos administrativos, estos permanecen excluidos del ordenamiento jurídico de manera transitoria. Por esta razón, no resulta procedente aplicar la excepción de inconstitucionalidad invocada por la parte demandante, máxime cuando los mentados actos no sirvieron de fundamento para la expedición de la Resolución 359 de 2015, cuya nulidad se discute en el presente proceso.

1. Respecto a los Acuerdos 458 del 02 de octubre de 2013 y 496 del 15 de octubre de 2013 emitidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil se advierte que realizada una confrontación directa de los mismos frente a la Constitución Política, particularmente r especto a los artículos que invoca laNulidad y restablecimiento del derecho

Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Jenny Moscoso Bravo

advierte que realizada una confrontación directa de los mismos frente a la Constitución Política, particularmente r especto a los artículos que invoca laNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jenny Moscoso Bravo Demandado: Contraloría General de Santander y otro Radicado: 680013333014-2015-00295-03

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parte actora en la demanda como vulnerados, a juicio del a quo no se observó contradicción flagrante que amerite la aplicación de la excepción por inconstitucionalidad.

1. La declaratoria de nulidad de la Ordenanza 123 de 2013 y la suspensión provisional de las Resoluciones 813 y 814 de 2013 no implican la nulidad de los Acuerdos 458 del 02 de octubre de 2013 y 496 del 25 de octubre de 2013, en atención a los efectos ex nunc contemplados en las sentencias que adoptaron estas decisiones, en el entendido de que el control de legalidad de los actos administrativos, en especial los de carácter general, se asemeja al examen de constitucionalidad que declara la inexequibilidad d e una ley. Lo anterior, implica que la Resolución 359 de 2015 no se encuentra afectada con ocasión a la declaratoria de nulidad de los actos administrativos de carácter general, toda vez que los efectos que producen estas decisiones son hacia el futuro, motivo por el cual aquellas situaciones que se hayan consolidado, como es el nombramiento de la señora Luz Marina Muñoz Cuellar, no se ve afectada,

general, toda vez que los efectos que producen estas decisiones son hacia el futuro, motivo por el cual aquellas situaciones que se hayan consolidado, como es el nombramiento de la señora Luz Marina Muñoz Cuellar, no se ve afectada, dado que ocurrió con ocasión al resultado de concurso de méritos y a la firmeza de la lista de legibles que di o lugar al nombramiento y, e n consecuencia, a la declaratoria de insubsistencia de la demandante.

1. La convocatoria 281 de 2013 adelantada por la CNSC se llevó a cabo en virtud del deber legal y constitucional que le asistía a la comisión de adelantar los respectivos procesos de selección para proveer a través de concurso de

méritos los empleos de carrera administrativa del sector público que no estén sujetos a regímenes especiales de carrera.

1. Además, se observa que los Acuerdos 458 del 02 de octubre de 2013 y 496 del 25 de octubre de 2013 proferidos por la CNSC para adelantar la convocatoria 281 de 2013, son actos administrativos autónomos, que gozan de la presunción de legalidad y, por lo tanto, el concurso de méritos surtido en virtud de tales acuerdos tiene plenos efectos, sin que la jurisdicción de lo contencioso-administrativo haya determinado lo contrario.

1. La Resolución 359 del 12 de mayo de 2015, mediante la cual se declaró la insubsistencia del nombramiento de la accionante supeditada a la posesión de la señora Luz Marina Muñoz Cuellar en el cargo de profesional especializado, código 222, grado 03 de la Contraloría General de Santander se expidió por el contralor General de Santander de acuerdo a la competencia

de la señora Luz Marina Muñoz Cuellar en el cargo de profesional especializado, código 222, grado 03 de la Contraloría General de Santander se expidió por el contralor General de Santander de acuerdo a la competencia para proveer cargos de carrera que se encuentra establecida en el numeral 10 del artículo 268 de la Constitución Política, la cual se ejerció en atención a la lista de elegibles vigente emitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil mediante Resolución 1552 del 14 de abril de 2015, que dio lugar a que se realizara el nombramiento de la persona que ocupó el primer lugar

1. El acto administrativo demandado fue debidamente motivado con ocasión a la necesidad de proveer el cargo con la persona que ocupó el primer lugar de la lista de elegibles expedida por la CNSC, mediante Resolución 1552 de 2015, luego de agotar los requisitos previstos en el concurso de méritos. EnNulidad y restablecimiento del derecho

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consecuencia, se descarta en el presente asunto una intención arbitraria, personal y particular de la administración en contraposición de las normas que debían cumplirse, dado que se itera, no se pudo determinar que la finalidad de la entidad accionada fuera distinta a proveer el empleo como consecuencia de concurso de méritos, o que la desvinculación de la demandante ocurriera por motivos diferentes al mejoramiento del servicio.

la entidad accionada fuera distinta a proveer el empleo como consecuencia de concurso de méritos, o que la desvinculación de la demandante ocurriera por motivos diferentes al mejoramiento del servicio.

1. En el sub examine no se advierte una vulneración a un bien jurídicamente tutelado, en la medida que la señora Jenny Moscoso Bravo no contaba con

ningún derecho de carrera administrativa, toda vez que se encontraba vinculada en provisionalidad, más aún cuando se observa que tuvo la posibilidad de participar en la referida convocatoria, sin que aprobara satisfactoriamente los requisitos previstos para hacer parte de la lista de elegibles.

1. En este caso, se comprobó que la señora Moscoso Bravo contaba con fuero sindical, pero ocupaba un cargo de provisionalidad, razón por la cual su estabilidad era relativa y debía ceder ante los derechos de quien obtuvo el primer lugar en la lista de elegibles producto del concurso de méritos. Sobre el particular, tanto la CNSC como el Ministerio de Trabajo , concluyeron que el nombramiento de esta persona constituía una causa justa para el retiro del personal provisional, incluidos los aforados, conforme al artículo 24 de la Ley 760 de 2005.

1. Adicionalmente, no se acreditó falta de publicidad del acto demandado ni que las Resoluciones 813 y 814 de 2013 hubiera n modificado el empleo ofertado. En efecto, se demostró que el cargo ocupado por la demandante fue ofertado válidamente y adjudicado mediante concurso, conforme a la Resolución 1552 de 2015.

1.4. Recurso de apelación

1.4.1. Parte demandante 5

El apoderado de la demandante en el recurso interpuesto solicitó revocar la

Resolución 1552 de 2015.

1.4. Recurso de apelación

1.4.1. Parte demandante 5

El apoderado de la demandante en el recurso interpuesto solicitó revocar la decisión de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. El a q