TA SAN - Sentencia 680013333014-2016-00113-01 (26-06-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 3 de diciembre de 2024, proferida por el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de repetición, consagrado en el artículo 142 del CPACA, la E.S.E Instituto de Salud de Bucaramanga 2 formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se declare

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 81, índice SAMAI, archivo 1, folios 9 a 16 2 En adelante ISABU.

MEDIO DE CONTROL Repetición RADICADO 680013333014-2016-00113-01

DEMANDANTE

E.S.E Instituto de Salud de Bucaramanga notificacionesjudiciales@isabu.gov.co

DEMANDADO

Víctor Hugo Salcedo, Juan Carlos Morales Ballesteros, Cesar Augusto Bueno Serrano, Mauricio

DEMANDANTE

E.S.E Instituto de Salud de Bucaramanga notificacionesjudiciales@isabu.gov.co

DEMANDADO

Víctor Hugo Salcedo, Juan Carlos Morales Ballesteros, Cesar Augusto Bueno Serrano, Mauricio Alberto Lizarazo Rosso, Carmen Mireya Rueda Bastidas drorlandoadm@gmail.com fao1957@yahoo.es

MINISTERIO

PÚBLICO Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de segunda instancia TEMA Acción de repetición cupla grave - «omisión de exfuncionarios del ISABU en afiliación y pago de cesantías anualizadas»Repetición Sentencia de segunda instancia

Demandante: ISABU

Demandado: Víctor Hugo Salcedo y otros Radicado: 680013333014-2016-00113-01

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administrativa y patrimonialmente responsables a los señores Víctor Hugo Salcedo, Juan Carlos Morales Ballesteros, Cesar Augusto Bueno Serrano, Mauricio Alberto Lizarazo Rosso y Carmen Mireya Rueda Bastidas, en su calidad de exfuncionarios de la entidad, por haber incurrido en una conducta gravemente culposa con la omisión de afiliación y pago oportuno de las cesantías anualizadas a favor de la señora Gladys Celina Ariza Montañez, que dio lugar a la condena impuesta por el Consejo de Estado , mediante sentencia del 10 de julio de 2014.

En consecuencia, solicitó:

anualizadas a favor de la señora Gladys Celina Ariza Montañez, que dio lugar a la condena impuesta por el Consejo de Estado , mediante sentencia del 10 de julio de 2014.

En consecuencia, solicitó:

«PRIMERA: Que se declare administrativamente responsables a las personas demandadas: VÍCTOR HUGO SALCEDO, identificado con la C.C No. 5.559.437, JUAN CARLOS MORALES BALLESTEROS, identificado con la C.C No. 91.214.509, CESAR AUGUSTO BUENO SERRANO, identificado con la C.C No.

91.218.144, MAURICIO ALBERTO LIZARAZO ROSSO, identificado con la C.C No. 91.226.377 y CARMEN MIREYA RUEDA BASTIDAS, identificada con la C.C No. 63.315.269; al pago total de la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUE VE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($45.959.483.00), que el INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA - ESE ISABU, canceló a la señora GLADYS CELINA ARIZA MONTAÑEZ, como consecuencia del fallo proferido por el Consejo de Estado dentro del proceso con radicado No. 68001233100020010012001 (2334 -2011) pago que debe realizarse a favor de la ESE - ISABU., en la Tesorería de dicho Instituto

TERCERA: Que la sentencia que ponga fin al presente proceso sea de aquellas en donde conste una obligación, clara, expresa y actualmente exigió le a fin de que preste mérito ejecutiva.

CUARTA: Los accionados dieron cumplimiento a la sentencia que se profiera, en los términos del artículo 195 del CPACA.

QUINTA: Que se condene en costas a los demandados» (sic en todo el texto)

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, el apoderado de la parte demandante señaló los siguientes:

1. La señora Gladys Celina Ariza Montañez prestó sus servicios al ISABU durante el período comprendido entre el 22 de enero de 1996 y el 15 de marzo de 2000. En dicho lapso, la entidad omitió cumplir con la obligación legal de

1. La señora Gladys Celina Ariza Montañez prestó sus servicios al ISABU durante el período comprendido entre el 22 de enero de 1996 y el 15 de marzo de 2000. En dicho lapso, la entidad omitió cumplir con la obligación legal de afiliarla a un fondo y efectuar el correspondiente pago de sus cesantías anualizadas, conforme a lo exigido por el régimen prestacional aplicable.Repetición Sentencia de segunda instancia

Demandante: ISABU

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1. Como consecuencia de lo anterior, la señora Gladys Celina Ariza Montañez promovió demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicada bajo el número 68001-23-31-000-2001-00120-00. El proceso fue de conocimiento del Tribunal Administrativo de Santander y mediante sentencia del 30 de junio de 2011 se negaron las pretensiones de la demanda.

Contra dicha decisión se interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Consejo de Estado a través de sentencia del 10 de julio de 2014, en la que se declaró la nulidad parcial de los actos administrativos demandados y se ordenó a la entidad el reconocimiento y pago de las cesantías, los intereses causados y la sanción moratoria por el pago tardío.

1. En virtud de lo expuesto, el ISABU, mediante Resolución 0236 del 28 de

a la entidad el reconocimiento y pago de las cesantías, los intereses causados y la sanción moratoria por el pago tardío.

1. En virtud de lo expuesto, el ISABU, mediante Resolución 0236 del 28 de agosto de 2015, ordenó el pago de $45.959.483 a favor de la señora Gladys Celina Ariza Montañez, el cual se materializó mediante comprobante de egreso 60860 del 8 de septiembre de 2015 y a través de cheque 2961 del Banco AV

VILLAS.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

En el escrito de la demanda se invocaron como violados , los artículos 49 del Decreto 3118 de 1968; 99, 101, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990; 33 de la Ley 60 de 1993; 242 de la Ley 100 de 1993; 2 de la Ley 244 de 1995; 13 de la Ley 344 de 1996; 6 de la Ley 432 de 1998 y 1 del Decreto 182 de 1998.

En desarrollo del concepto de violación, la parte demandante expuso los siguientes argumentos:

1. Al ISABU le asistía la obligación legal, a través de sus directores y/o gerentes en ejercicio de sus cargos de realizar la afiliación y efectuar el pago de las cesantías causadas en forma anualizada a favor de la señora Gladys Celina Ariza Montañez. La omisión en el cumplimiento de dicha obligación constituyó una irregularidad administrativa que trajo como consecuencia directa la condena proferida en su contra mediante sentencia emitida por el Consejo de Estado el 10 de julio de 2014.

Montañez. La omisión en el cumplimiento de dicha obligación constituyó una irregularidad administrativa que trajo como consecuencia directa la condena proferida en su contra mediante sentencia emitida por el Consejo de Estado el 10 de julio de 2014.

1. En armonía con lo anterior, los señores Víctor Hugo Salcedo, Juan Carlos Morales Ballesteros, Cesar Augusto Bueno Serrano, Mauricio Alberto Lizarazo Rosso y Carmen Mireya Rueda Bastidas incurrieron en una conducta gravemente culposa, atribuible a su gestión, que compromete su responsabilidad. Por tal razón, se debe ordenar el reembolso al ISABU de los valores pagados, debidamente indexados.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Juan Carlos Morales Ballesteros, Cesar Augusto Bueno Serrano, Mauricio Alberto Lizarazo Rosso y Carmen Mireya Rueda Bastidas3

3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 81, índice SAMAI, archivo 1, folios 81 a 82Repetición Sentencia de segunda instancia

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El curador ad litem de los demandados allegó memorial de contestación en el cual se opuso a las pretensiones de la demanda, con base en las siguientes

consideraciones:

1. La parte actora no ha demostrado de manera clara y manifiesta un actuar

El curador ad litem de los demandados allegó memorial de contestación en el cual se opuso a las pretensiones de la demanda, con base en las siguientes

consideraciones:

1. La parte actora no ha demostrado de manera clara y manifiesta un actuar contrario a derecho por parte de los demandados, toda vez que, si bien obra en el proceso prueba del elemento objetivo, incluida la sentencia condenatoria contra el ISABU, así como el desembolso y la consignación de los dineros a favor de la exfuncionaria Gladys Celina Ariza Montañez , respecto al elemento subjetivo se evidencia una total ausencia de prueba que permita atribuir responsabilidad a los señores Juan Carlos Morales Ballesteros, César Augusto Bueno Serrano, Mauricio Alberto Lizarazo Rosso y Carmen Mireya Rueda Bastidas dado que no se allegó proceso disciplinario ni fallo penal por prevaricato que respalde la culpabilidad.

1.2.2. Víctor Hugo Salcedo4

El curador ad litem del demandado allegó memorial de contestación en el cual se opuso a las pretensiones de la demanda, con base en las siguientes

consideraciones:

1. En el caso concreto, obran en el expediente pruebas que justifican una acción de control, toda vez que el ISABU fue declarado responsable de pagar a la exfuncionaria Gladys Celina Ariza Montañez la suma de $45 .959.483, por no haber realizado su afiliación ni efectuado el pago oportuno de sus cesantías anualizadas. Sin embargo, no se encuentra acreditado el elemento subjetivo de dolo o culpa grave respecto del señor Víctor Hugo Salcedo, toda vez que la parte actora no cumplió con la carga de probar una conducta gravemente culposa ,

anualizadas. Sin embargo, no se encuentra acreditado el elemento subjetivo de dolo o culpa grave respecto del señor Víctor Hugo Salcedo, toda vez que la parte actora no cumplió con la carga de probar una conducta gravemente culposa , dado que no se allegó evidencia alguna en materia disciplinaria que permita atribuirle responsabilidad.

1.3. La sentencia apelada5

El Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 3 de diciembre de 2024, resolvió:

«PRIMERO: PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda interpuesta

por la E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DE BUCARAMANGA contra

VÍCTOR HUGO SALCEDO, JUAN CARLOS MORALES BALLESTEROS, CÉSAR AUGUSTO BUENO SERRANO, MAURICIO ALBERTO LIZARAZO ROSSO y CARMEN MIREYA RUEDA BASTIDAS, de acuerdo con las consideraciones de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas atendiendo a lo expuesto en la parte motiva»

(Sic en todo el texto)

4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 81, índice SAMAI, archivo 1, folio 180 5 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 93, índice SAMAI.Repetición Sentencia de segunda instancia

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En lo correspondiente al fondo del asunto, la decisión se sustentó en los siguientes argumentos:

1. En virtud de lo dispuesto en la ley y conforme a la jurisprudencia , para declarar la responsabilidad de los señores Víctor Hugo Salcedo, Juan Carlos Morales Ballesteros, Cesar Augusto Bueno Serrano, Mauricio Alberto Lizarazo Rosso y Carmen Mireya Rueda Bastidas, es necesario verificar si se acreditaron los siguientes requisitos : 1) la existencia de condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que impusiera a la entidad demandante el pago de una suma de dinero; 2) el pago de la indemnización o condena por parte de la entidad demandante; 3) la calidad de agentes del Estado de los demandados; y 4) que el daño antijurídico que dio lugar a la condena haya sido consecuencia directa de una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a los demandados en el ejercicio de sus funciones.

1. Frente a los primeros tres presupuestos , se encuentran a creditados con el material probatorio que reposa en el expediente.

1. En relación con el último de los presupuestos, esto es, que el daño antijurídico que dio lugar a la condena fue consecuencia directa de una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a los demandados en el ejercicio de sus funciones, no se demostró que la omisión en el pago de las cesantías y de la sanción moratoria correspondientes al período comprendido entre el 22 de enero

dolosa o gravemente culposa atribuible a los demandados en el ejercicio de sus funciones, no se demostró que la omisión en el pago de las cesantías y de la sanción moratoria correspondientes al período comprendido entre el 22 de enero de 1996 y el 15 de marzo de 2000 haya sido consecuencia de la conducta de los demandados. En consecuencia, no se demostró el elemento subjetivo.

1. Se encuentra acreditado que el pago realizado por la entidad a la señora Gladys Celina Ariza Montañez obedeció a la sentencia proferida el 10 de julio de 2014 por el Consejo de Estado dentro del expediente radicado 68001 23 31 000 2001 00120-01 (2334-11). Dicha providencia tuvo como fundamento el análisis de legalidad del acto sometido a control jurisdiccional, lo que derivó en la nulidad parcial de las Resoluciones 344 y 480 del 2000 , mediante las cuales se reconocieron las cesantías definitivas anualizadas correspondientes a los años 1996, 1997, 1998 y 1999 , sin que en dicho fallo se realizara una valoración subjetiva de la conducta de los funcionarios que permitiera concluir la existencia del dolo.

1. A su turno, no obra en el expediente prueba de la existencia de un proceso disciplinario que haya verificado si la condena impuesta a la entidad fue consecuencia directa de las actuaciones de los señores Víctor Hugo Salcedo, Juan Carlos Morales Ballesteros, César Augusto Bueno Serrano, Mauricio Alberto Lizarazo Rosso y Carmen Mireya Rueda Bastidas en ejercicio de sus cargos como directores o gerentes del ISABU durante el período comprendido

Juan Carlos Morales Ballesteros, César Augusto Bueno Serrano, Mauricio Alberto Lizarazo Rosso y Carmen Mireya Rueda Bastidas en ejercicio de sus cargos como directores o gerentes del ISABU durante el período comprendido entre el 22 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 1999. Por lo tanto, concluyó que no existen elementos suficientes que permitan atribuirles responsabilidad con fundamento en una conducta dolosa.

1. Sumado a lo anterior, al analizar los presupuestos del dolo establecidos en el artículo 5 de la Ley 678 de 2001, se concluye que ninguno de ellos se configura en el presente caso. Tampoco se evidencia una imputación rigurosaRepetición Sentencia de segunda instancia

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que permita inferir la intención de causar daño o la deliberada inaplicación de la ley por parte de los demandados. La entidad se limitó a alegar que existió una omisión en la liquidación de las cesantías definitivas e indicó que los rendimientos financieros fueron reconocidos de manera genérica, que se omitió el reconocimiento de la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías en el fondo privado y que no se indexaron ni act ualizaron las sumas debidas por dicho concepto . En igual sentido , no se configura una conducta constitutiva de culpa grave.

1. En ese orden de ideas, la prosperidad de las pretensiones formuladas en

debidas por dicho concepto . En igual sentido , no se configura una conducta constitutiva de culpa grave.

1. En ese orden de ideas, la prosperidad de las pretensiones formuladas en la demanda de repetición no puede soportarse en una simple exposición argumentativa, puesto que requiere la acreditación de los hechos que la sustentan, a fin de que pueda accederse a lo pretendido.

1. Bajo ese hilo conductor, quien persigue el reembolso de una suma que ha pagado, tiene la carga de probar los elementos de la responsabilidad alegada, entre ellos, la relación de causalidad , la cual no fue demostrada en el presente caso. Conforme al artículo 167 del CGP, la carga de la prueba corresponde a la parte que afirma un hecho o a quien lo excepciona o controvierte ; por tanto, es indispensable demostrar, a través de los medios probatorios legalmente establecidos, los hechos que configuran los elementos de la responsabilidad invocada, sin que la mera afirmación sea suficiente para presumirlos o tenerlos por probados.

1.4. El recurso de apelación6

1.4.1. Parte demandante

El apoderado de la parte demandante en el recurso interpuesto solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. Analizados los elementos de prueba aportados al proceso, así como la contestación de demanda presentada por curador ad litem , es claro que se reúnen todos y cada uno de los requisitos sustanciales y procesales para la procedencia de la acción de repetición en contra de los demandados : Víctor

Hugo Salcedo, Juan Carlos Morales Ballesteros, César Augusto Bueno Serrano

reúnen todos y cada uno de los requisitos sustanciales y procesales para la procedencia de la acción de repetición en contra de los demandados : Víctor Hugo Salcedo, Juan Carlos Morales Ballesteros, César Augusto Bueno Serrano y Mauricio Alberto Lizarazo Rosso . Además, se estableció que la conducta de los mencionados configuró culpa grave y fue la causa directa del fallo proferido por el Consejo de Estado el día 10 de julio de 2014, mediante el cual se revocó la decisión del Tribunal Administrativo de Santander emitida el 30 de junio de 2011, en perjuicio de la Empresa Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga – E.S.E. ISABU.

1. La Resolución 0236 del 28 de agosto de 2015, que documenta el cumplimiento de la sentencia proferida por el Consejo de Estado y detalla la liquidación de las sanciones económicas derivadas de la mora en el pago de las cesantías de la señora Gladys Celina Ariza Montañez, evidencia la obligación de

6 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 95, índice SAMAI.Repetición Sentencia de segunda instancia

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los responsables administrativos de afiliar oportunamente al fondo de cesantías y la omisión en el cumplimiento de sus deberes. La falta de una interpretación integral de este acto administrativo privó a la decisión judicial de valorar

los responsables administrativos de afiliar oportunamente al fondo de cesantías y la omisión en el cumplimiento de sus deberes. La falta de una interpretación integral de este acto administrativo privó a la decisión judicial de valorar adecuadamente el vín culo entre la conducta de los demandados y el daño antijurídico generado.

1. Las actas del Comité de Conciliación de la E.S.E ISABU, especialmente el acta número 02 de enero de 2016, detalla el análisis interno de los hechos y concluyen la existencia de culpa grave en la conducta de los responsables de la afiliación y pago de cesantías.

1. En relación con el dolo, se argumenta que las comunicaciones internas y los actos administrativos evidencian que los demandados tenían pleno conocimiento de la necesidad de cumplir con dichas obligaciones legales y, aun así, omitieron deliberadamente realizar las gestiones necesarias para tal fin. El desconocimiento de esta intención subyacente constituye un error en la interpretación judicial del dolo. Y, en caso de que posteriormente no se considere configurado el dolo, debe resaltarse, por su adecuación, la existencia de la gravedad de la conducta, al evidenciarse una desatención elemental. Esta situación fue minimizada por el fallo, el cual omitió valorar adecuadamente la reiterada omisión de afiliar y pagar las cesantías por parte de los demandados.

Pese a los constantes requerimientos y a la normativa clara que exigía su cumplimiento, la omisión en su cumplimiento configura una negligencia que sobrepasa cualquier margen de error común.

1. En ese orden de ideas, la conducta de los demandados, en su calidad de directores y/o gerentes del ISABU, fue determinante para la imposición de la

sobrepasa cualquier margen de error común.

1. En ese orden de ideas, la conducta de los demandados, en su calidad de directores y/o gerentes del ISABU, fue determinante para la imposición de la condena, en la medida que omitieron realizar la afiliación y pago de las cesantías anualizadas de la exfuncionaria Gladys Celina Ariza Montañez, conforme a lo dispuesto en la Ley 50 de 1990.

1. Por otra parte, los demandados, en ejercicio de sus funciones directivas, tenían bajo su responsabilidad la obligación de realizar las consignaciones de cesantías al respectivo fondo y no lo hicieron.

1. Bajo ese hilo conductor, las conductas en que incurrieron los exdirectores hoy demandados obedecieron a una infracción directa de la Constitución o de la ley, o a una omisión inexcusable, que en el caso de la exfuncionaria Gladys Celina Ariza Montañez se concretó en la falta de afilia ción y pago del régimen anualizado de cesantías al que tenía derecho.

1.5. Trámite de segunda instancia.

Por auto del 2 de abril de 20257 se admitió el recurso de apelación interpuesto y se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado.

1.6. Alegatos de conclusión

7 Expediente digital, actuación 7 índice SAMAI.Repetición Sentencia de segunda instancia

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1.6.1. Parte demandante

No se presentaron.

1.6.2. Parte demandada

No se presentaron.

1.6.3. Concepto del agente del Ministerio Público:

El Procurador 47 Judicial II para Asuntos Administrativos rindió concepto de fondo en los siguientes términos:

1. La repetición, como mecanismo judicial orientado a garantizar los principios de moralidad y eficiencia de la función pública, resulta procedente ante el surgimiento de una obligación indemnizatoria a cargo del Estado, derivada del funcionamiento anormal de la administración como consecuencia del proceder ilegítimo de un agente estatal, siempre que con ello se irrogue un perjuicio a la administración.

1. En consideración a que la sanción moratoria constituye una penalidad impuesta a los empleadores que incumplen sus obligaciones de pago oportuno, resulta claro que no se trata de un reconocimiento indemnizatorio que el Estado efectúe a un tercero, sino de una sanción que opera frente a la infracción de la ley. Es decir, no se configura un rubro indemnizatorio ni resarcitorio de perjuicios que habilite a la entidad para su recobro mediante el medio de control de repetición.

1. En ese orden de ideas, tanto el pago de sanciones como el de indemnizaciones pueden implicar un detrimento patrimonial para la administración, por lo cual no puede perderse de vista que la regulación de la

repetición.

1. En ese orden de ideas, tanto el pago de sanciones como el de indemnizaciones pueden implicar un detrimento patrimonial para la administración, por lo cual no puede perderse de vista que la regulación de la acción de repetición se concreta en las condenas indemnizatorias y en los medios alternativos de resolución de conflictos en los que se haya reconocido expresamente ese concepto —la indemnización— como fuente habilitante del medio de control. En ese sentido, las sanciones no fueron contempladas como una de dichas fuentes. Ello obedece, además, a que la concepción de daño antijurídico se encuentra vinculada exclusivamente a la responsabilidad patrimonial del Estado, mientras que las multas o sanciones derivan del ejercicio del deber legal de velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico. Esta última forma de detrimento patrimonial puede dar lugar a juicios de responsabilidad fiscal y/o disciplinaria, pero no a la procedencia de la acción de repetición.

1. Así las cosas, en el presente caso no se cumple con el requisito de procedencia y prosperidad de la acción de repetición, en tanto que la suma pagada por el Estado —que dio origen a la presente acción— no corresponde a una indemnización, sino a una sanción moratoria.

2. ConsideracionesRepetición Sentencia de segunda instancia

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Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con

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Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación cumplida, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo de la cuestión, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia

2.1. Competencia.

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los juzgados administrativos de su jurisdicción territorial, razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en el recurso de apelación, corresponde a la Sala establecer si en el presente caso, se encuentra configurado el elemento subjetivo del dolo o de la culpa grave para declarar la re sponsabilidad de los señores Víctor Hugo Salcedo, Juan Carlos Morales Ballesteros, César Augusto Bueno Serrano, Mauricio Alberto Lizarazo Rosso y Carmen Mireya Rueda Bastidas, en su calidad de directores y/o gerentes del ISABU, como funcionarios encargados en ejercicio de sus cargos, de realizar la afiliación y efectuar el pago de las cesantías causadas en forma anualizada a favor de la señora Gladys Celina Ariza Montañez, las cuales fueron pagadas de manera tardía.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Naturaleza de la acción de repetición y normatividad aplicable.

anualizada a favor de la señora Gladys Celina Ariza Montañez, las cuales fueron pagadas de manera tardía.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Naturaleza de la acción de repetición y normatividad aplicable.

El artículo 90 de la Constitución Política establece la posibilidad de que la entidad pública condenada acuda por vía judicial a repetir contra el funcionario que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubiere dado lugar a la condena. Esta disposición constitucional fue desarrollada mediante la Ley 678 de 2001, la cual, en su artículo 2, consagró la acción de repetición como el mecanismo judicial de carácter patrimonial que debe promoverse contra el servidor o exservidor público que, como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa , haya dado lugar al pago de una indemnización por parte del Estado, prove niente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La finalidad de esta acción, según el artículo 3 ibidem, es garantizar los principios de moralidad y eficiencia de la función pública, sin perjuicio de los fines retributivo y preventivo que le son inherentes.

Para la procedencia del medio de control de repetición, e l consejo de Estado 8 ha señalado que se deben cumplir los siguientes requisitos: i) la calidad de agente del Estado y su conducta determinante en la condena; ii) la existencia de una condena judicial, conciliación, transacción o de cualquier otra forma de

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, consejero ponente Enrique Gil Botero, sentencia del 9 de septiembre de 2013, radicación. 11001-03-26-000-2003-00037-01(25361)Repetición

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, consejero ponente Enrique Gil Botero, sentencia del 9 de septiembre de 2013, radicación. 11001-03-26-000-2003-00037-01(25361)Repetición Sentencia de segunda instancia

Demandante: ISABU

Demandado: Víctor Hugo Salcedo y otros Radicado: 680013333014-2016-00113-01

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