TA SAN - Sentencia 680013333014-2016-00210-01 (11-12-2025)

Tribunal Administrativo de Santander

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Detalles

Título
TA SAN - Sentencia 680013333014-2016-00210-01 (11-12-2025)
Autor
Tribunal Administrativo de Santander
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

SIGCMA-SGC

Tribunal Administrativo de Santander Magistrada ponente: Claudia Ximena Ardila Pérez Bucaramanga, once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Sentencia de segunda instancia Radicado: 680013333014-2016-00210-01

Enlace del expediente: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Cas os/list_procesos.aspx?guid=6800133330142016

00210016800123

Medio de control: Reparación Directa

Parte demandante: José David Vera Jerez

abogadosdiazleon@yahoo.com

Parte demandada: E.S.E. Hospital San Jose de San Andrés

grupogrant@hotmail.com sanjosehospital@gmail.com Ministerio Público Xirys María Mora Alvarado Procuradora 160 Judicial II para Asuntos Administrativos xmora@procuraduria.gov.co Tema: Responsabilidad médica del Estado. Ausencia de prueba sobre la falla médica alegada y el nexo causal con el daño, en atención brindada a una paciente de 94 años con diagnóstico de colelitiasis, fallecida 12 horas después del egreso. Se confirma la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 27 de junio de 2019 por el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, que negó las pretensiones, una vez verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación y la competencia1.

1. Antecedentes 1.1. Posición de la parte demandante2

La parte demandante pretende que se declare al Hospital San José del Municipio

la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación y la competencia1.

1. Antecedentes 1.1. Posición de la parte demandante2

La parte demandante pretende que se declare al Hospital San José del Municipio de San Andrés, responsable de manera directa o indirecta, por los daños y perjuicios materiales y extrapatrimoniales ocasionados al señor José David Vera Jerez, como consecuencia de la omisión y negligencia atribuida a los agentes de la entidad hospitalaria demandada, qu ienes tenían la obligación de realizar un seguimiento continuo de atención médica a la señora Josefina Jerez de Vera y de trasladarla oportunamente a un centro hospitalario de mejor nivel para salvar su vida.

Pide que, en consecuencia, se condene a la entidad demandada, al reconocimiento y pago a favor del señor José David Vera Jerez de: $1.000.000 por concepto de daño emergente y 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales, equivalentes a $68.945.400.

Subsidiariamente, solicita que, en caso de no existir bases suficientes para la liquidación matemática del perjuicio patrimonial y extrapatrimonial, el despacho fije su cuantía en 10.000 gramos de oro puro fino, por razones de equidad.

1 Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial . 2 Expediente Físico. Cuaderno Principal. Folio 1-5Radicado: 680013333014-2016-00210-01

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Parte demandante: José David Vera Jerez

Parte demandada: E.S.E. Hospital San José de San Andrés

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Finalmente, requiere que el valor de las condenas señaladas sea actualizados a la fecha en que se profiera la sentencia, mediante la aplicación del IPC , para compensar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, y que se condene a la entidad demandada al pago de las costas y gastos procesales, incluidas las agencias en derecho.

Como fundamento de sus pretensiones, sostiene que la señora Josefina Jerez de Vera, al momento de su fallecimiento, tenía 96 años y gozaba de óptimas condiciones de salud, circunstancia que pretende acreditar con el hecho de que, en su familia, varios de sus tíos han alcanzado incluso los 100 años, entre ellos su tía Noemí Jerez, gemela de su progenitora, quien cumplía 98 años en julio de 2016 y mantiene excelentes condiciones de vida, al igual que su tío Carlos Jerez, quien está próximo a cumplir 90 años.

Indica que el 11 de julio de 2014, en horas de la mañana, la víctima fue trasladada en ambulancia desde la residencia de su nieto José Antonio Vega al servicio de urgencias del hospital, por presentar dolor estomacal, donde fue atendida por un médico internista, el cual no suministró información terapéutica suficiente para la aceptación del tratamiento o del plan médico propuesto.

Señala que a sus familiares no se les brindó la información necesaria sobre los riesgos, beneficios y consecuencias de la actuación médica, tanto quirúrgica como

aceptación del tratamiento o del plan médico propuesto.

Señala que a sus familiares no se les brindó la información necesaria sobre los riesgos, beneficios y consecuencias de la actuación médica, tanto quirúrgica como prequirúrgica, y que, a pesar de la persistencia del dolor, se ordenó el alta aproximadamente entre las 3:00 y 4:00 p.m., sin que su madre hubiera manifestado mejoría alguna.

Refiere que el 12 de julio de 2014, hacia las 8:00 a.m., la víctima falleció. Añade que, según versiones de sus hermanos, el médico manifestó antes de dar de alta a su madre que «fuera lo que Dios quisiera» y que la llevaran a su casa, sin que se le brindara una atención adecuada. Sostiene que el hospital no prestó el tratamiento integral requerido ni remitió a la paciente a una entidad hospitalaria de mayor nivel.

Argumenta que, como consecuencia de la falla en la prestación del servicio médico, se le ocasionaron perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales. Precisa que incurrió en ciertos gastos, tales como pasajes de Bucaramanga a San Andrés para indagar sobre las causas del fallecimiento, los gastos de sepelio, hospedaje en la ciudad y alimentación. También se le generaron perjuicios morales, pues, por la muerte de su madre, experimenta sentimientos de vacío, angustia permanente y aflicción profunda, dado que era el hijo más pendiente de sus cuidados y salud. Señala que la pérdida lo ha marcado para el resto de su vida, con sentimientos de dolor y tristeza compartidos por sus hermanos.

1.2. Posición de la parte demandada3

la pérdida lo ha marcado para el resto de su vida, con sentimientos de dolor y tristeza compartidos por sus hermanos.

1.2. Posición de la parte demandada3 El Hospital San José del Municipio de San Andrés se opone a las pretensiones. Niega que se pueda predicar algún tipo de responsabilidad por su parte, derivado de la muerte de la señora Josefina Jerez de Vera, bajo el argumento de que se le disminuyó en su expectativa de vida pues esto constituye una apreciación subjetiva y no puede considerarse un elemento sustantivo que otorgue base legal a la demanda. Precisa que el hecho de que una persona alcance los 96 años no implica

3 Expediente físico. Cuaderno Principal. Folios 40 – 49.Radicado: 680013333014-2016-00210-01

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que deba vivir hasta los 100, ni que tal hipótesis pueda erigirse como fundamento de una demanda. Advierte que, en todo caso, según datos del DANE, para el año 2014 la expectativa de vida en Colombia para las mujeres era de 76,94 años, por lo que la paciente superó ampliamente la media, lo que demuestra que ese planteamiento no puede considerarse base para imputar responsabilidad a la entidad. Indica que es una institución de primer nivel, cuya atención se limita a servicios básicos, sin que ello signifique que se hayan incumplido los protocolos médicos. Sostiene que todo el actuar del personal se ajustó a la lex artis , conforme lo

Indica que es una institución de primer nivel, cuya atención se limita a servicios básicos, sin que ello signifique que se hayan incumplido los protocolos médicos. Sostiene que todo el actuar del personal se ajustó a la lex artis , conforme lo evidencia la historia clínica, que muestra la secuencia de atención desde el ingreso hasta el alta, las ayudas diagnósticas practicadas y los tratamientos ordenados. Expone que la paciente ingresó con dolor abdominal agudo, vómito recurrente y sin compromiso cardíaco, según el electrocardiograma. Refiere que se ordenaron medicamentos como ranitidina, metoclopramida, hioscina y dipirona, así como exámenes de laboratorio: cuadro hemático, parcial de orina, proteína C reactiva, transaminasas, bilirrubinas y electrocardiograma, todos orientados a determinar l a causa del malestar. Aclara que el resultado del electrocardiograma fue normal, los análisis mostraron parámetros estables , los demás paramédicos, parcial de orina, normal; transaminasas, bilirrubinas normales, proteína C aumentada y el cuadro hemático mostró un conteo de 20-800 de leucocitos y un 96% de neutrófilos, por lo que no se evidenciaron síntomas de infarto. Resalta que se recomendó la práctica de una ecografía abdominal, pero la entidad no cuenta con el equipo necesario, por lo que se ordenó que dicho examen se realizara de manera ambulatoria y también se dispuso una valoración por cirugía general para definir la conducta a seguir. Añade que igualmente se impartieron órdenes de medicamentos como metoclopramida e hioscina mientras se lograba la

realizara de manera ambulatoria y también se dispuso una valoración por cirugía general para definir la conducta a seguir. Añade que igualmente se impartieron órdenes de medicamentos como metoclopramida e hioscina mientras se lograba la toma de la ecografía. Enfatiza que la paciente fue debidamente valorada, se agotaron los procedimientos propios de esta naturaleza, se practicaron los exámenes de laboratorio pertinentes y se realizó el electrocardiograma de rigor, todo en aras de obtener un diagnóstico correcto, confo rme al motivo de consulta y a las patologías con las que ingresó la paciente a la ESE. Argumenta que la paciente presentaba antecedentes de hipertensión arterial, enfermedad ácido-péptica, EPOC y fractura de cadera, patologías que, sumadas a su avanzada edad, incidieron en el desenlace fatal, sin que pueda atribuirse a una negligencia médica. Reitera que se agotaron los procedimientos propios del nivel de atención y que no existió una falla en el servicio. Precisa que la historia clínica evidencia que la paciente estuvo hospitalizada en diferentes oportunidades por patologías relevantes, especialmente por EPOC. Advierte que se constató una mala respuesta al tratamiento de la hipertensión arterial y que existió una remisión a medicina interna que no fue cumplida en debida forma por la paciente. Concluye que la entidad es ajena a cualquier responsabilidad por la muerte de la señora Josefina Jerez de Vera, dado que se actuó conforme aRadicado: 680013333014-2016-00210-01

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los protocolos médicos y se agotaron todas las medidas propias del nivel de atención. Respecto a los perjuicios materiales, señala que no hay prueba documental que soporte las erogaciones reclamadas, pues el daño emergente debe ser cierto, actual y demostrado, lo que no ocurre en este caso. En cuanto a los perjuicios morales, subraya que, aunque pueden alegarse, deben probarse, y la carga de la prueba recae en la parte demandante, quien no acreditó el menoscabo alegado. Finalmente, plantea como excepciones : la inexistencia de nexo causal, la inexistencia de falla en el servicio y la inexistencia de responsabilidad de la ESE. 1.3. La sentencia recurrida4

El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga niega las pretensiones. Como fundamento de su decisión, sostiene que, del material probatorio relacionado, se encuentra acreditado que la señora Josefina Jerez de Vera falleció dos días antes de cumplir 96 años, después de acudir el día anterior al servicio de urgencias por dolor abdominal.

Indica que la responsabilidad atribuida a la IPS guarda relación con la prestación del servicio de salud, pues la demanda afirma que la omisión en la práctica de una ecografía abdominal, sumada al alta otorgada el mismo día de la consulta, ocasionó el fallecimiento de la paciente. Añade que, pese a su avanzada edad, se alegó una expectativa de vida superior en razón de la longevidad de algunos familiares.

ecografía abdominal, sumada al alta otorgada el mismo día de la consulta, ocasionó el fallecimiento de la paciente. Añade que, pese a su avanzada edad, se alegó una expectativa de vida superior en razón de la longevidad de algunos familiares.

Advierte que el proceso se caracterizó por la ausencia de pruebas que corroboraran las afirmaciones de la parte demandante, ya que, dejando de lado la edad de la fallecida, quien superó ampliamente la expectativa de vida promedio de una mujer colombiana, no obra evidencia que permita afirmar con certeza que se incurrió en una falla en el servicio médico ni que dicha falla fuera determinante en la producción del daño alegado.

Precisa que, si bien la consulta por urgencias generó una primera impresión diagnóstica asociada a colelitiasis versus colecistitis, por lo cual se advirtió al familiar acompañante la necesidad de realizar una ecografía abdominal total para valoración por cirugía, no existe prueba o concepto médico que permita concluir que, conforme a la lex artis, dicha condición ameritaba remisión urgente y directa a una institución de segundo o tercer nivel.

Resalta que la parte demandante tuvo un actuar pasivo, pues no allegó pruebas que respaldaran sus afirmaciones ni demostró las causas precisas del fallecimiento. Enfatiza que era su carga procesal acreditar que la atención brindada el 11 de julio de 2014 fue deficiente y que ello desencadenó el deceso, lo cual no ocurrió, dado que el expediente carece de elementos que permitan establecer responsabilidad de la E.S.E. Hospital San José de San Andrés.

4 Expediente Físico. Cuaderno Principal. Folios 320 -324.Radicado: 680013333014-2016-00210-01

que el expediente carece de elementos que permitan establecer responsabilidad de la E.S.E. Hospital San José de San Andrés.

4 Expediente Físico. Cuaderno Principal. Folios 320 -324.Radicado: 680013333014-2016-00210-01

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Bajo este entendido, concluye que no hay lugar a continuar el juicio de responsabilidad contra la entidad, pues no obra prueba fehaciente que evidencie el nexo causal entre la atención médica y la muerte de la paciente, no siendo posible afirmar categóricamente que, de haberse remitido a otra institución o practicado la ecografía, el desenlace hubiera sido distinto.

1.4. La apelación5 El demandante solicita que se revoque la sentencia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones. Cuestiona la valoración probatoria efectuada por el despacho y alega que la juez incurrió en un defecto fáctico al imponer de manera exclusiva la carga de la prueba a la parte actora, sin aplicar la inversión probatoria ni decretar pruebas de oficio para esclarecer los hechos. Advierte que, según la jurisprudencia constitucional, exigir únicamente a la parte actora la demostración de hechos que solo pueden acreditarse con información en poder de la demandada constituye una «prueba diabólica», incompatible con el principio de justicia procesal. Manifiesta que la demandada estaba en mejores condiciones de probar la conducta de los galenos y del personal que atendió a la paciente, así como de acreditar si se

«prueba diabólica», incompatible con el principio de justicia procesal. Manifiesta que la demandada estaba en mejores condiciones de probar la conducta de los galenos y del personal que atendió a la paciente, así como de acreditar si se informó a la usuaria y a sus familiares sobre la urgencia de realizar la ecografía abdominal total para valoración por cirugía. Reitera que el a quo tenía el deber de buscar la verdad material y garantizar la justicia procesal, en virtud del carácter mixto y garantista del sistema, que impide al juez asumir un papel de simple espectador. Señala que la negativa a practicar la prueba de exhumación solicitada por la parte actora y la omisión en decretar pruebas de oficio evidencian una inactividad judicial, lo que vulnera el principio del Estado Social de Derecho. Argumenta que el médico tratante formuló la ecografía para ser practicada posteriormente, pese a que, según la literatura médica, el cuadro clínico y el diagnóstico presuntivo exigían su realización inmediata. Sostiene que los síntomas descritos en la historia clínica evidenciaban signos de intoxicación peritonial, lo que imponía la necesidad de un tratamiento integral urgente. Aduce que la paciente no recibió atención oportuna ni se informó a sus familiares sobre la gravedad de su estado, circunstancia que derivó en la orden de alta y en la desatención de la afección vesicular, omisión que incidió en el resultado adverso para la salud y la vida de su madre. Explica que la historia clínica constituye un elemento probatorio fundamental en los procesos de responsabilidad médica, pues permite evaluar la calidad asistencial y verificar el cumplimiento del deber de información. Resalta que, en este caso, la

vida de su madre. Explica que la historia clínica constituye un elemento probatorio fundamental en los procesos de responsabilidad médica, pues permite evaluar la calidad asistencial y verificar el cumplimiento del deber de información. Resalta que, en este caso, la historia clínic a elaborada por el médico de urgencias es incompleta, ilegible y carente de una descripción clara del cuadro clínico, omite antecedentes personales, revisión de sistemas y signos relevantes como el de Murphy, y no detalla el estado general de la pa ciente. Enfatiza que esta deficiencia condujo a un manejo inadecuado y a la decisión errónea de otorgar el alta, lo que desencadenó la complicación y el fallecimiento posterior. Añade que la impresión diagnóstica de colecistitis o colelitiasis exigía seguir el protocolo correspondiente, el cual se anexa a la apelación. Indica que, aunque se

5 Expediente Físico. Cuaderno Principal. Folios 328 – 330.Radicado: 680013333014-2016-00210-01

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ordenaron exámenes paraclínicos, el médico hizo caso omiso a los resultados alterados, como la leucocitosis de 20.800 con neutrófilos en 96 % y proteína C reactiva elevada, indicadores claros de un proceso infeccioso grave. Subraya que, conforme a la liter atura médica, estos hallazgos imponían la remisión inmediata a una institución de mayor complejidad para valoración quirúrgica, lo que no ocurrió.

reactiva elevada, indicadores claros de un proceso infeccioso grave. Subraya que, conforme a la liter atura médica, estos hallazgos imponían la remisión inmediata a una institución de mayor complejidad para valoración quirúrgica, lo que no ocurrió. Reitera que la historia clínica transcrita por la médico general Denyse Yineth Jaimes Peña es posterior al acto médico y no subsana las deficiencias de la historia original, que carece de firma legible del médico tratante. Contradice la afirmación de la demandada sobre las patologías crónicas de la paciente, pues ninguna de ellas fue la causa del ingreso ni del fallecimiento, dado que la consulta obedeció a un cuadro de dolor abdominal y no a complicaciones cardiovasculares o respiratorias. Cuestiona el argumento relativo a la expectativa de vida, por cuanto el derecho a la salud es irrenunciable y la edad no puede justificar la negación de atención integral, o convertirse en criterio para limitar el acceso a servicios oportunos y de calidad. Afirma que esta postura vulnera el derecho a la igualdad y desconoce la protección reforzada que la Constitución y la Ley 1751 de 2015 otorgan a los adultos mayores, así como las subreglas fijadas por la Corte Constitucional en la sentencia T-686 de 2008. Sostiene que la negligencia médica se acredita con la omisión en remitir a la paciente, la falta de información sobre la gravedad del cuadro clínico y la decisión de dar el alta pese a los signos de infección severa, lo que derivó en su fallecimiento catorce horas después. Indica que la historia clínica y los exámenes practicados el 11 de julio de 2014 evidencian un proceso inflamatorio grave que requería

catorce horas después. Indica que la historia clínica y los exámenes practicados el 11 de julio de 2014 evidencian un proceso inflamatorio grave que requería intervención quirúrgica urgente, conforme a la guía clínica para pacientes adultos con colelitiasis y/o colecistitis, anexada a la apelación. Finalmente, solicita que se decrete un dictamen médico científico elaborado por la Universidad Industrial de Santander para establecer las causas básicas de la muerte, que se vincule a la médico tratante y se oficie al Tribunal de Ética Médica para investigar su conducta, con base en los exámenes y la historia clínica. Reitera que la omisión y negligencia en la atención médica vulneraron los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la igualdad de su madre , lo que configura una falla en el servicio que debe ser declarada en esta instancia. 1.5. Pronunciamientos de segunda instancia6 La parte demandante sostiene que las causas básicas o raíces de la atención médica defectuosa atribuida a la entidad demandada, y que derivaron en la muerte de la señora Josefina Jerez de Vera (Q.E.P.D.), se encuentran plenamente establecidas en el proceso. Según sus afirmaciones, la paciente no recibió atención conforme a la gravedad de su estado de salud ni al peligro inminente de muerte, pese a que los exámenes de laboratorio practicados el 11 de julio de 2014 arrojaron un resultado de 22.800 leucocitos y otros indicadores infecciosos, lo que revelaba un cuadro crítico. Afirma que, a pesar de ello, el médico de urgencias le suministró un analgésico,

leucocitos y otros indicadores infecciosos, lo que revelaba un cuadro crítico. Afirma que, a pesar de ello, el médico de urgencias le suministró un analgésico, enmascarando el grado de infección, y la envió a su residencia sin ordenar remisión

6 Expediente digital en SAMAI. Índice 15. Documento: RECEPCIONDEMEMORIAL_ALEGATOSDAVIDVERA.pdfRadicado: 680013333014-2016-00210-01

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a un centro de atención de segundo nivel de alta complejidad. Aduce que esta omisión explica el fallecimiento ocurrido al día siguiente, como consta en la partida de defunción. Manifiesta que la historia clínica muestra una leucocitosis de manejo delicado y urgente (20.800/mm³), acompañada de un aumento del 96% de neutrófilos y una proteína C reactiva elevada a 48 mg/L, parámetros que evidenciaban la necesidad de un traslado urge nte e inmediato a una institución con capacidad quirúrgica, instrumental médico adecuado y personal especializado para tratar la afección. Señala que, al no trasladarse a la paciente, esta desarrolló complicaciones propias de una colecistitis, consistentes en perforación de la vesícula, peritonitis biliar, fístula biliar y absceso pericolecístico. Alega que la negligencia médica se configuró porque el personal tratante ignoró los resultados, omitió advertir las complicaciones y no remitió oportunamente a la paciente, lo cual desembocó en su muerte catorce horas

biliar y absceso pericolecístico. Alega que la negligencia médica se configuró porque el personal tratante ignoró los resultados, omitió advertir las complicaciones y no remitió oportunamente a la paciente, lo cual desembocó en su muerte catorce horas después de la salida del servicio de urgencias. Afirma que se incurrió en desacato a las normas legales y a los protocolos de salud, pues no se suministró consentimiento informado a los familiares, quienes no fueron advertidos sobre la gravedad del cuadro clínico ni el riesgo de muerte, desconociendo el deber normativo de información. Además, el personal médico aplicó analgésicos, lo que enmascaró la patología o infección e impidió una actuación oportuna. Manifiesta que, dado el diagnóstico de colecistitis, era imperativo remitir de manera urgente e inmediata a la paciente a un centro de mayor nivel y complejidad, como lo exige la jurisprudencia que reconoce el derecho fundamental al diagnóstico, particularmente la sentencia T-882 de 2013, por haberse vulnerado dicho derecho. Sostiene que la historia clínica es ilegible, fue elaborada con posterioridad a la atención médica, no corresponde al médico tratante y fue diligenciada incorrectamente, pues omite la explicación del examen físico y no consigna la gravedad ni la urgencia de la condición abdominal. Aduce que tampoco se registró el proceso inflamatorio que observaba la paciente ni se siguieron los protocolos médicos aplicables, lo que la convierte en un documento incompleto e inexacto. Finalmente, expone que los exámenes de laboratorio practicados por la misma entidad demandada demuestran el grado y nivel de infección que presentaba la

médicos aplicables, lo que la convierte en un documento incompleto e inexacto. Finalmente, expone que los exámenes de laboratorio practicados por la misma entidad demandada demuestran el grado y nivel de infección que presentaba la paciente, resultados que fueron ignorados por el médico tratante y por los responsables administrativos , incluida la gerencia y la junta médico -científica. Concluye que la falla médica es evidente y que procede la responsabilidad administrativa por los daños reclamados.

2. Consideraciones 2.1. Asunto previo: solicitud de práctica de pruebas de segunda instancia De conformidad con el artículo 212 del CPACA7, la solicitud de pruebas en segunda instancia constituye una excepción al principio de preclusión procesal, ya que la

7 ARTÍCULO 212. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este Código.En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconv ención y su contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los i ncidentes y su respuesta, en este último evento circunscritas a la cuestión planteada.Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para probar su derecho, o podrán solicitar la designación de perito, en las oportunidades probatorias anteriormente señaladas. En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de

ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes ca sos: 1. Cuando las partes las pidan de común acue rdo. En caso de que existan terceros diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá suRadicado: 680013333014-2016-00210-01

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etapa probatoria está prevista para ser agotada en la primera instancia, momento en el cual las partes tienen la posibilidad de solicitar, controvertir e intervenir activamente en la formación del acervo probatorio, lo cual garantiza el ejercicio pleno del derecho de contradicción y la valoración oportuna por parte del juez. En cuanto a su decreto en esta instancia, se encuentra sujeto a la satisfacción de alguno de los 4 requisitos de procedibilidad que establece taxativamente el mencionado artículo; a saber: (i) cuando siendo decretadas en primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió o con el fin único de que se agoten los requisitos necesarios para su perfeccionamiento; (ii) busquen demostrar o desvirtuar hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para solicitar pruebas en primera instancia; (iii) cuando se trate de documentos que no pudieron allegarse en primera instancia por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria; y, (iv) cuando se pidan pruebas que busquen desvirtuar aquellas decretadas en los términos de los numerales 1 y 2. Además, debe cumplirse con los requerimientos generales de toda prueba, es decir,

contraria; y, (iv) cuando se pidan pruebas que busquen desvirtuar aquellas decretadas en los términos de los numerales 1 y 2. Además, debe cumplirse con los requerimientos generales de toda prueba, es decir, la pertinencia, conducencia y utilidad8. La parte demandante , en su recurso de apelación, solicita que se dicte auto para mejor proveer, con el propósito de que se valore como prueba documental la «Guía Clínica para Pacientes Adultos con Colelitiasis y/o Colecistitis», que adjunta junto con el escrito de apelación. Igualmente, pide que se decrete un dictamen médico-científico, con el fin de que, a partir de la historia clínica de su madre y los anexos correspondientes, se establezcan las causas de su fallecimiento. A su juicio, ello permitiría demostrar que los antecedentes patológicos no constituyeron la verdadera causa de mu erte, sino el alto nivel de infección que presentaba y la presunta mala praxis de l médico tratante. Asimismo, solicita que se vincule al médico tratante de su progenitora y que se oficie al Tribunal de Ética Médica, a fin de que investigue la conducta del profesional en relación con la atención médica brindada a la señora Josefina Jerez de Vera el 11 de julio de 2014. Respecto de la primera solicitud, la Sala precisa que las guías médicas pertinentes para la resolución del caso se tendrán en cuenta sin necesidad de decretarl

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