TA SAN - Sentencia 680013333014-2017-00067-01 (25-09-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

SIGCMA-SGC

Tribunal Administrativo De Santander Magistrada: Claudia Ximena Ardila Pérez Sentencia de segunda instancia Bucaramanga, veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante Luis Hernando Hernández , identificad o con c édula de ciudadanía No. 5.756.298 millanymejiaabogados@gmail.com Demandada Administradora Colombiana de Pensiones –

COLPENSIONES

linamaria.agabogados@gmail.com Ministerio Público Xirys María Mora Alvarado procuradora 160 judicial II para asuntos administrativos xmora@procuraduria.gov.co Radicado y link del expediente digital 680013333014-2017-00067-01 Tema Reliquidación de pensión en el régimen pensional de servidores de la Rama Judicial y el Ministerio Púb lico. Decreto 546 de 1971.

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación 1, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 22 de marzo de 2024 por el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, que concedió las pretensiones.

1. Antecedentes

1.1. Posición de la parte demandante2

El demandante pretende que se declare la nulidad de las Resoluciones GNR

Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, que concedió las pretensiones.

1. Antecedentes

1.1. Posición de la parte demandante2

El demandante pretende que se declare la nulidad de las Resoluciones GNR 366341 del 23 de diciembre de 2013, GNR 448832 del 29 de diciembre de 2014 y VPB 70723 del 17 de noviembre de 2015, expedidas por Colpensiones, por haber reconocido y reliquidado su pensión de vejez bajo el régimen general de la Ley 797 de 2003 y el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, con desconocimiento de su condición de beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en el Decreto 546 de 1971.

Solicita que, a título de restablecimiento del derecho, se reliquide su pensión de jubilación de conformidad con el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, en un monto equivalente al 75 % de la asignación mensual más elevada percibida en el último año de servicios, incluyendo todas las sumas que habitual y periódicamente recibió como retribución de sus funciones, de acuerdo con la jurisprudencia aplicable. Pide, además, el pago de los intereses sobre las sumas adeudadas, ajustados conforme al artículo 178 del CPACA y pagados en los términos de los artículos 176 y 177 ibidem, así como la condena en costas a la entidad demandada.

1 Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial. El recurso fue admitido mediante auto del 12 de julio de 2024 (Índice

1 Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial. El recurso fue admitido mediante auto del 12 de julio de 2024 (Índice 00005 ). Durante el trámite de ejecutoria, las partes demandante y demanda allegaron pronunciamiento de segunda instancia. 2 Expediente digital en SAMAI. Índice 00053. OneDrive 01CuadernoPrincipal.PDF folios 2 y ss.Radicado: 680013333014-2017-00067-01

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Demandante: Luis Hernando Hernández

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Relata que nació el 22 de mayo de 1953 y laboró en la Rama Judicial desde el 1 ° de abril de 1981 hasta el 30 de junio de 2014, para un total de 33 años y 3 meses de servicio exclusivo en dicha entidad. Indica que el 1 de marzo de 1999 se trasladó al Fondo Privado de Pensiones Porvenir S.A. y regresó al Régimen de Prima Media administrado por el ISS el 10 de junio de 2009.

Afirma que al 1º de abril de 1994 ya contaba con más de 15 años de cotización, por lo que considera que tiene derecho al régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Señala que cumplió los requisitos de edad y

lo que considera que tiene derecho al régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Señala que cumplió los requisitos de edad y tiempo para acceder a la pensión e l 22 de mayo de 2008 y que el 20 de abril de 2012 radicó la solicitud de reconocimiento.

Indica que mediante Resolución GNR 366341 del 23 de diciembre de 2013 Colpensiones le reconoció la pensión de vejez a partir de marzo de 2014, calculada con un IBL del 74,89 % y una mesada de $2.301.069. Esta decisión, añade, no tuvo en cuenta el régimen de transición del que gozaba por su traslado previo al régimen de ahorro individual.

Expone que el 1 ° de octubre de 2014 solicitó la reliquidación de la pensión con fundamento en el Decreto 546 de 1971, petición que fue negada mediante Resolución GNR 448832 del 29 de diciembre de 2014, en la que se confirmó el régimen general al considerar que no contaba con 15 años cotizados en 1994. Luego, interpuso recurso de apelación el 14 de enero de 2015, resuelto por la Resolución VPB 70723 del 17 de noviembre de 2015, que si bien reconoció su condición de beneficiario del régimen de transición, vo lvió a negar la reliquidación solicitada con base en la Sentencia SU -230 de 2015 de la Corte Constitucional. Añade que de las pruebas aportadas se desprende que la asignación básica mensual más alta percibida en el último año de servicios fue de $1.320.819 , por lo que el cálculo correcto de su pensión con inclusión de todos los factores salariales

Añade que de las pruebas aportadas se desprende que la asignación básica mensual más alta percibida en el último año de servicios fue de $1.320.819 , por lo que el cálculo correcto de su pensión con inclusión de todos los factores salariales asciende a $3.445.019 para el año 2014.

Argumenta que los actos acusados vulneran los artículos 29 de la Constitución, 36 de la Ley 100 de 1993, 6 del Decreto 546 de 1971, 12 del Decreto 717 de 1978 y 1 del Decreto 3900 de 2008, al desconocer el régimen especial aplicable a los funcionarios de la Rama Judicial y del Ministerio Público beneficiarios del régimen de transición. Expone que Colpensiones erró al liquidar su pensión con base en el promedio de los últimos diez años de servicio , porque la norma aplicable dispone calcularla sobre el 75 % d e la asignación mensual más elevada del último año, incluyendo todos los factores salariales percibidos de manera habitual y periódica.

Sostiene que se incurrió en infracción de las normas en que debía fundarse el acto administrativo y en indebida aplicación de las Sentencias C -258 de 2013 y SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional, las cuales se refieren exclusivamente a pensiones reconocidas con fundamento en la Ley 4 de 1992 y no resultan aplicables a regímenes especiales como el de la Rama Judicial. Señala que, en consecuencia, las resoluciones demandadas desconocen el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, que ha sostenido de manera reiterada que el monto pensional en estos casos comprende tanto el porcentaje como el ingreso base de liquidación

las resoluciones demandadas desconocen el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, que ha sostenido de manera reiterada que el monto pensional en estos casos comprende tanto el porcentaje como el ingreso base de liquidación definido por la normativa especial, y que extender los efectos de dichas sentencias afecta el principio de igualdad y el carácter progresivo de los derechos pensionales. 1.2. Posición de la parte demandada3 Colpensiones se opone a las pretensiones y afirma que reconoció la pensión de vejez del demandante mediante la Resolución GNR 366341 del 23 de diciembre de

3 Expediente digital en SAMAI. Índice 00053. OneDrive 01CuadernoPrincipal.PDF folio 138 y ss.Radicado: 680013333014-2017-00067-01

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2013 y resolvió sus solicitudes de reliquidación a través de las Resoluciones GNR 448832 del 29 de diciembre de 2014 y VPB 70723 del 17 de noviembre de 2015. Expone que en este último acto reconoció que el actor es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pero negó la aplicación del Decreto 546 de 1971, dado que el ingreso base de liquidación no constituye un elemento protegido por dicho régimen, conforme a lo establecido en las Sentencias

de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pero negó la aplicación del Decreto 546 de 1971, dado que el ingreso base de liquidación no constituye un elemento protegido por dicho régimen, conforme a lo establecido en las Sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional. Señala que esta última sentencia modificó la interpretación jurisprudencial previa sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al unificar el criterio según el cual el régimen de transición conserva únicamente edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo, mientras que el cálculo del IBL debe realizarse según el artículo 36, inciso 3°, o el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, de acuerdo con el tiempo faltante para cumplir los requisitos pensionales. Añade que esta subregla, con efectos hacia el futuro, fue incorporada por Colpensiones en la Circular 06 de 2013 por lo que no es procedente aplicar el método de liquidación con el salario del último año de servicios, por cuanto ello vulnera el principio de igualdad y los fines del sistema de seguridad social. Considera que únicamente se deben incluir como factores salariales los previstos en el Decreto 1158 de 1994 y sobre los cuales se hayan efectuado aportes al sistema, dado que no todo lo devengado tiene carácter salarial. Refiere que los actos acusados se ajustaron a la normatividad vigente y a la jurisprudencia en vigor, por lo que la reliquidación solicitada no es procedente. Finalmente, propone la excepción de prescripción de los derechos causados con más de tres años de anterioridad a la demanda. 1.3. La sentencia recurrida4

por lo que la reliquidación solicitada no es procedente. Finalmente, propone la excepción de prescripción de los derechos causados con más de tres años de anterioridad a la demanda. 1.3. La sentencia recurrida4

El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, mediante sentencia del 22 de marzo de 2024, resuelve lo siguiente:

PRIMERO. DECLARAR la nulidad parcial de los actos administrativos Resoluciones GNR 366341 de 23 de diciembre de 2013; GNR 448832 de 29 de diciembre de 2014 y VPB 70723 de fecha 17 de noviembre de 2015 proferidas por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, por medio de las cuales le reconoce y reliquida pensión de vejez al señor LUIS HERNANDO HERNÁNDEZ de acuerdo con la Ley 797 de 2003 sin aplicación del Decreto 546 de 1971, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho ORDENAR a la DMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES reajustar la pensión de vejez del señor LUIS HERNANDO HERNÁNDEZ reajustar la pensión de vejez del demandante tomando como parámetros para hallar el ingreso base de liquidación: i) el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión actualizados anualmente con base en la IPC certificado por el DANE; y ii) incluyendo como factores salariales la asignación básica, prima de antigüedad y bonificación por servicios

durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión actualizados anualmente con base en la IPC certificado por el DANE; y ii) incluyendo como factores salariales la asignación básica, prima de antigüedad y bonificación por servicios prestados contemplados en el Decreto 1158 de 1994; así como la prima de productividad prevista en el Decreto 2460 de 2006.

El reajuste ordenado en esta providencia solo será aplicable en caso de que la mesada pensional que resulte de la liquidación con la aplicación de la norma especial – Decreto 546 de 1971 resulte más favorable para el actor que el monto que se está cancelando actualmente de acuerdo con la Ley 797 de 2003, de lo contrario, se seguirá aplicando esta última para evitar un detrimento al demandante.

TERCERO: En caso de no haberse pagado la totalidad de los aportes de ley sobre los factores que se ordenan incluir en la reliquidación de la pensión de la accionante, la

4 Expediente digital en SAMAI, Gestión en otros despachos, Índice 00065.Radicado: 680013333014-2017-00067-01

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UGPP deberá realizar las compensaciones a que haya lugar al momento de pagar las mesadas correspondientes, teniendo en cuenta los descuentos a que haya lugar por aportes no realizados al sistema.

CUARTO: Los valores que resulten serán liquidados y actualizados conforme a las

UGPP deberá realizar las compensaciones a que haya lugar al momento de pagar las mesadas correspondientes, teniendo en cuenta los descuentos a que haya lugar por aportes no realizados al sistema.

CUARTO: Los valores que resulten serán liquidados y actualizados conforme a las pautas dadas en esta providencia.

QUINTO: La entidad demandada deberá dar cumplimiento a la sentencia conforme a lo establecido en los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.

SEXTO: DECLARAR no probada la excepción de PRESCRIPCIÓN propuesta por la parte demandada conforme a lo expuesto en la parte motiva.

Como fundamento de su decisión, el a quo considera que el demandante reunía los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para ser beneficiario del régimen de transición, toda vez que al 1.º de abril de 1994 contaba con 40 años de edad.

Destaca que prestó más de treinta años de servicio en la Rama Judicial y en la Fiscalía General de la Nación, de los cuales más de diez correspondieron de manera exclusiva a la Rama Judicial, además de acreditar 2.066 semanas de cotización, razón por la cual cumplió también con las exigencias del artículo 6 del Decreto 546 de 1971.

Precisa que Colpensiones incurrió en un error al reconocer y reliquidar la pensión con fundamento en la Ley 797 de 2003, sin aplicar el régimen especial de la Rama Judicial, pese a que se probó que el actor ostentaba el derecho a pensionarse bajo dicho régimen. Añade que la entidad desconoció los factores salariales que debían computarse para el ingreso base de liquidación, a saber: la asignación básica, la

Judicial, pese a que se probó que el actor ostentaba el derecho a pensionarse bajo dicho régimen. Añade que la entidad desconoció los factores salariales que debían computarse para el ingreso base de liquidación, a saber: la asignación básica, la prima de antigüedad, la bonificación por servicios prestados y la prima de productividad, respecto de los cuales existieron pruebas de que fueron devengados y cotizados.

Concluye que las resoluciones acusadas desconocieron el régimen de transición aplicable y, en consecuencia, accede a las pretensiones para ordenar la reliquidación de la pensión del actor bajo los parámetros del artículo 6 del Decreto 546 de 1971 en cuanto a edad, tiempo y porcentaje, y con aplicación de la Ley 100 de 1993 respecto del ingreso base de liquidación y de los factores salariales legalmente reconocidos.

1.4. La apelación5

Colpensiones solicita que se revoque la sentencia y se nieguen las pretensiones al considerar que el a quo desconoció la n ormativa y la jurisprudencia aplicable al caso.

Señala que mediante Resolución VPB 70723 del 17 de noviembre de 2015 se efectuó el estudio de la pensión del demandante conforme al Decreto 546 de 1971, al artículo 1° de la Ley 33 de 1985 y al artículo 9 de la Ley 797 de 2003. Destaca que, de acuerdo con este último precepto, la tasa de reemplazo fijada fue del 78 %, lo que resulta más favorable que la tasa única del 75 % prevista en el Decreto 546 de 1971.

Aduce que el principio de favorabilidad previsto en el artículo 53 de la Constitución

lo que resulta más favorable que la tasa única del 75 % prevista en el Decreto 546 de 1971.

Aduce que el principio de favorabilidad previsto en el artículo 53 de la Constitución impone acoger la norma más ventajosa para el trabajador, por lo que no se ajusta a derecho aplicar un método de liquidación que genere un monto inferior. En relación con la pretensión del demandante de calcular la pensión con base en la

5 Expediente digital en SAMAI, Gestión en otros despachos, Índice 00067.Radicado: 680013333014-2017-00067-01

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asignación más alta del último año de servicios, precisa que la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-230 de 2015, estableció que el ingreso base de liquidación no constituye un aspecto sujeto al régimen de transición y que, en consecuencia, debe determinarse de acuerdo con el artículo 36, inciso 3°, o el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

Resalta que, aunque el Consejo de Estado en providencia del 25 de febrero de 2016 sostuvo que el régimen de transición abarca también la forma de liquidación de la pensión, Colpensiones acogió el precedente vinculante de la Corte Constitucional, en virtud de su carácter de intérprete supremo de la Constitución y de la

sostuvo que el régimen de transición abarca también la forma de liquidación de la pensión, Colpensiones acogió el precedente vinculante de la Corte Constitucional, en virtud de su carácter de intérprete supremo de la Constitución y de la obligatoriedad erga omnes de sus decisiones. Añade que tanto la Procuraduría General de la Nación como la Defensoría del Pueblo han reconocido la obligatoriedad de dicho precedente, y que los Ministerios de Trabajo y Hacienda lo han respaldado de manera expresa.

1.5. Pronunciamientos en segunda instancia

Colpensiones6 reitera que la norma más favorable al pensionado es la Ley 797 de 2003, cuyo artículo 9 fija una tasa de reemplazo del 78 %, superior al 75 % previsto en el Decreto 546 de 1971. Indica que, conforme al precedente de la Corte Constitucional, en especial la Sentencia SU -230 de 2015, el ingreso base de liquidación no hace parte del régimen de transición y debe calcularse con base en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Sostiene que el precedente constitucional resulta vinculante y prevalece so bre pronunciamientos en contrario del Consejo de Estado, por lo cual insiste en que la reliquidación ordenada en primera instancia carece de fundamento y solicita revocar la sentencia apelada.

El demandante7 reitera que cumple los requisitos del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y acredita más de treinta años de servicios en la Rama Judicial, circunstancia que hace aplicable el Decreto 546 de 1971. Indica que

artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y acredita más de treinta años de servicios en la Rama Judicial, circunstancia que hace aplicable el Decreto 546 de 1971. Indica que la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado del 11 de junio de 2020 (rad. 4083-2017) establece que el ingreso base de liquidación debe calcularse con las reglas de la Ley 100 de 1993, las cuales comprenden los factores salariales previstos en el Decreto 1158 de 1994 y en los decretos especiales aplicables. Sostiene que el fallo de primera instancia aplica de manera correcta dicha jurisprudencia al ordenar la inclusión de factores como la asignación básica, la prima de antigüedad, la bonificación por servicios prestados y la prima de productividad, por lo que solicita confirmar en su integridad la decisión apelada.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico y su resolución

Con base en la reseña que antecede, la Sala lo plantea y resuelve así: ¿Se debe confirmar la sentencia de primera instancia que ordenó reliquidar la pensión de vejez del demandante , teniendo en cuenta el promedio de los salarios sobre los que cotizó durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión e incluyendo como factores salariales la asignación básica, la prima de antigüedad, la bonificación por servicios prestados y la prima de productividad?

Tesis: Si

6 Expediente digital en SAMAI. Índice 00011 7 Expediente digital en SAMAI. Índice 00012Radicado: 680013333014-2017-00067-01

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Demandante: Luis Hernando Hernández

7 Expediente digital en SAMAI. Índice 00012Radicado: 680013333014-2017-00067-01

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Fundamento jurídico: El demandante acreditó el requisito de edad previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y causó el derecho antes del 31 de julio de 2010, lo que lo hace beneficiario del régimen de transición. En consecuencia, le resulta aplicable el Decreto 546 de 1971 en lo relativo a edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo. Conforme a la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado del 11 de junio de 2020 (rad. 4083-2017), el ingreso base de liquidación debe fijarse con las reglas de la Ley 100 de 1993, incluyendo los factores salariales habituales sobre los cuales se efectuaron aportes.

La aplicación de l principio de favorabilidad alegado por Colpensiones no puede determinarse a partir de la mera comparación de porcentajes, sino que exige una valoración integral de los posibles montos pensionales a los que tendría derecho el demandante según las diferentes fórmulas de liquidación. Por ello, el argumento de la entidad no es razón para revocar la sentencia apelada sino para confirmarla. Si la liquidación realizada con la Ley 797 de 2003 resulta más beneficiosa para el pensionado, debe mantenerse, tal como lo dispuso el juez de primera instancia.

la entidad no es razón para revocar la sentencia apelada sino para confirmarla. Si la liquidación realizada con la Ley 797 de 2003 resulta más beneficiosa para el pensionado, debe mantenerse, tal como lo dispuso el juez de primera instancia. 2.2. Marco jurídico

Según lo prescrito en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, las mujeres que tengan treinta y cinco (35) o más años de edad, y los hombres de cuarenta (40) o más años de edad, o quince (15) o más años de servicios cotizados, al momento de entrar en vigencia el Sistema, tienen derecho a que la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez, sea la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados.

El régimen de seguridad y protección social de los servidores de la Rama Judicial estaba consagrado en el derogado Decreto 546 de 1971, que en materia pensional establece un régimen especial, en su artículo 6, reglamentado por el Decreto 1660 de 1978. El tenor de ambas normas es el siguiente:

Decreto 546 de 1971. Artículo 6°. Los funcionarios y empleados a que se refiere este decreto, tendrán derecho, al llegar a los 55 años de edad si son hombres, y de 50 si son mujeres, y cumplir veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este decreto, de los cuales por lo menos diez lo hayan sido exclusivamente en la rama jurisdiccional o al ministerio público, o a ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al

anteriores o posteriores a la vigencia de este decreto, de los cuales por lo menos diez lo hayan sido exclusivamente en la rama jurisdiccional o al ministerio público, o a ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco (75%) de la asignación más elevada que hubiere devengado en el último año de servicios en las actividades citadas.

Decreto 1660 de 1978. Artículo 132. Los funcionarios y empleados tendrán derecho, al llegar a los cincuenta y cinco (55) años de edad, si son hombres y de cincuenta (50) si son mujeres, y cumplir veinte (20) años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto, de los cuales por lo menos diez (10) lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional, al Ministerio Público o a las Direcciones de Instrucción Criminal, o a las tres (3) actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubieren devengado en el último año de servicio en las actividades citadas.

Frente al alcance y elementos del régimen especial de jubilación de la Rama Judicial y del Ministerio Público aplicable a los beneficiarios de la transición prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la Sección Segunda del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia en la sentencia CE-SUJ-S2-021-20 de fecha 11 de junio de 20208,

8 "PRIMERO: Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de precisar lo siguiente: El servidor o ex servidor de la Rama Judicial o del Ministerio Público beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley

8 "PRIMERO: Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de precisar lo siguiente: El servidor o ex servidor de la Rama Judicial o del Ministerio Público beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 adquiere el derecho a la pensión, siempre que:Radicado: 680013333014-2017-00067-01

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Demandante: Luis Hernando Hernández

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en la que trazó los lineamientos en cuanto a (i) los requisitos para acceder al régimen de transición; (ii) los requisitos para adquirir el estatus pensional; y (iii) los elementos para el reconocimiento de la pensión, es decir, los lineamientos referentes a la edad, el tiempo de servicios, la tasa de reemplazo, el ingreso base de liquidación y los factores de liquidación . Las subreglas jurisprudenciales de la mencionada sentencia se sintetizan así:

(i) Requisitos para acceder al régimen de transición. El servidor o ex servidor de la Rama Judicial o del Ministerio Público beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 adquiere el derecho a la pensión, siempre que para el 1º de abril de 1994, cuando cobró vigencia la Ley 100 de 1993 en el ámbito nacional o para el 30 de junio de 1995 cuando empezó a regir en el ámbito territorial, cumpla con una de las siguientes condiciones: a) haber cumplido 40

ámbito nacional o para el 30 de junio de 1995 cuando empezó a regir en el ámbito territorial, cumpla con una de las siguientes condiciones: a) haber cumplido 40 años de edad, para los hombres, o 35 años de edad, para las mujeres; b) contar con 15 años o más de servicios efectivamente cotizados.

La sentencia de unificación no exige como requisito para ser beneficiario del régimen especial que la persona se encontrara vinculada a dicho régimen a la entrada en vigencia de la Ley 100. Esto, porque según el precedente fijado por la Corte Constitucional en sentencia SU-317 de 2021, «el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que consagra el régimen de transición, exige el condicionamiento de estar afiliado a algún régimen pensional para efectos de ser acreedor al beneficio derivado del régimen de transición, sin especificar el régimen al cual deban estar afiliados». Para la Corte, «los requisitos para acceder a los beneficios del Sistema General de Pensiones se acreditan ante el sistema y no ante las entidades que lo conforman».

(ii) Requisitos para adquirir el estatus pensional. El servidor debe, además, reunir los requerimientos propios del régimen de la Rama Judicial estipulados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 para consolidar el estatus pensional, es decir: a) el cumplimiento de la edad de 50 años si es mujer o 55 años si es hombre; b) el tiempo de 20 años de servicios, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto, que tuvo lugar el 16 de julio de 1971; c) que de esos 20 años de ser vicio, por lo menos 10 años se hayan

o posteriores a la vigencia de dicho decreto, que tuvo lugar el 16 de julio de 1971; c) que de esos 20 años de ser vicio, por lo menos 10 años se hayan prestado exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o el Ministerio Público, o a ambas actividades.

(iii) Elementos de reconocimiento de la pensión. De cumplirse los anteriores requisitos, el reconocimiento de la pensión se efectuará con los elementos del régimen anterior consagrados en el artículo 6º del Decreto 546 de 1971, el IBL establecido en la Ley 100 de 1993 y los factores salariales correspondientes, así:

1. Para el 1º de abril de 1994, cuando cobró vigencia la Ley 100 de 1993 en el ámbito