TA SAN - Sentencia 680013333014-2017-00419-01 (03-04-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Bucaramanga, tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE

CONTROL

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE

CARÁCTER DISCIPLINARIO

DEMANDANTES

- JORGE HERNÁN GUTIÉRREZ PANQUEBA ,

identificado C.C. No. 1.052.404.476

- JERSSON ALIRIO ARENALES MANTILLA, identificado

con C.C No. 1.096.942.287 arenalesiersson@qmail.com; jorqe0530@hotmail.com ricardoandres.chavatro@qmail.com

DEMANDADO

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER - UTS

jorgecespedesc@hotmail.com notificacionesjudiciales@correo.uts.edu.co

MINISTERIO

PÚBLICO

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

xmora@procuraduria.gov.co;

RADICADO Y LINK

DEL EXPEDIENTE 680013333014-2017-00419-01

TEMA DEBIDO PROCESO EN ACTUACIÓN DISCIPLINARIA ADELANTADA POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA . Se confirma sentencia / El procedimiento disciplinario surtido contra los demandantes respetó las garantías del debido proceso y se ajustó al marco normativo vigente. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede

confirma sentencia / El procedimiento disciplinario surtido contra los demandantes respetó las garantías del debido proceso y se ajustó al marco normativo vigente. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunament e por la parte demandante contra la sentencia proferida el 8 de marzo de 2 019 por el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, mediante la cual se negaron las pretensiones.

I. ANTECEDENTES

A. La demanda1

1. Pretensiones Los demandantes pretenden que se declare la nulidad de los actos administrativos PDE22-09-15 del 19 de noviembre de 2016 y PDE -22-09-15 del 2 de mayo de 2017, proferidos por la institución educativa Unidades Tecnológicas de Santander, mediante los cuales se ordenó su expulsión de la institución.

A título de restablecimiento del derecho, solicitan ser readmitidos en la institución y el pago de las siguientes sumas: Concepto Monto indemnizatorio por cada uno Daños morales 100 SMLMV Daños vida y relación 100 SMLMV Daño emergente 2 SMLMV Lucro cesante 22 SMLMV Por último, piden que se condene en costas a la demandada.

1 Expediente físico. Folios 1-5RADICADO: 680013333014-2017-00419-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEMANDANTES: JORGE HERNÁN GUTIÉRREZ PANQUEBA Y JERSSON ALIRIO ARENALES MANTILLA

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEMANDANTES: JORGE HERNÁN GUTIÉRREZ PANQUEBA Y JERSSON ALIRIO ARENALES MANTILLA

DEMANDADO: UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER – UTS

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

2. Hechos Los demandantes señalan que el ingeniero Álvaro Triana Ramírez presentó una queja disciplinaria en su contra por una presunta suplantación, en la que habrían incurrido en complicidad.

Refieren que, como consecuencia de dicha queja, mediante los actos administrativos PDE-22-09-15 del 19 de noviembre de 2016 y PDE -22-09-15 del 2 de mayo de 2017 ambos fueron sancionados con la expulsión de la institución. Manifiestan que, a raíz del proceso disciplinario, se les impidió presentar los exámenes finales del semestre académico correspondiente, situación que, en uno de los casos, frustró la culminación del proceso de grado, motivo por el cual consideran que la sanción impuesta carece de justificación. Aducen que durante el trámite disciplinario se vulneraron sus derechos fundamentales, dado que las versiones libres rendidas por ambos no fueron valoradas por la universidad, a pesar de que en ellas explicaron que uno de ellos había cedido al otro el derecho a presentar un examen habilitatorio, con el propósito de mejorar el promedio en una asignatura reprobada. Alegan que la entidad demandada omitió considerar que no actuaron con la intención

el derecho a presentar un examen habilitatorio, con el propósito de mejorar el promedio en una asignatura reprobada. Alegan que la entidad demandada omitió considerar que no actuaron con la intención de cometer una falta disciplinaria, ni valoró circunstancias atenuantes o eximentes de responsabilidad, y tampoco realizó un análisis adecuado sobre la gravedad de la conducta atribuida . Sostienen que la demandada vulneró su derecho al debido proceso al imponer una sanción más gravosa que la prevista en el reglamento disciplinario para la falta presuntamente cometida. Enfatizan que ambos contaban con antecedentes académicos y disciplinarios favorables, y que la sanción fue impuesta sin una adecuada graduación de la conducta. Añaden que el Acuerdo No. 01 -010 de marzo de 2012, norma en la cual se fundamentó la decisión, no establece con claridad cuáles conductas ameritan la sanción de expulsi ón ni si la suplantación constituye una de ellas. Finalmente, concluyen que la decisión de la universidad les causó perjuicios materiales y moral es derivados de la pérdida de las matrículas pagadas, la interrupción de su proceso formativo y afectaciones emocionales asociadas a su exclusión del ámbito académico.

3. Normas violadas y concepto de violación Los demandantes consideran que con la expedición de los actos demandados se violaron: los artículos 29 de la Constitución Política, 30 del Acuerdo No. 01-010 del 2012 expedido por la UTS y 137 del CPACA.

Alegan que la sanción impuesta vulnera el principio de legalidad consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, el cual, conforme a la jurisprudencia de la Corte

expedido por la UTS y 137 del CPACA. Alegan que la sanción impuesta vulnera el principio de legalidad consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, el cual, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, resulta imperativo en materia disciplinaria. Citan la Sentencia C -692 de 2008, en la que el Alto Tribunal Constitucional señaló que las autoridades administrativas solo pueden imponer sanciones con fundamento en normas preexistentes, que determinen con claridad tanto las conductas constitutivas de falta disciplinaria como las sanciones que de ellas se derivan. Manifiestan, en ese sentido, que, si bien el artículo 30 del reglamento estudiantil de pregrado contempla la suplantación como una falta disciplinaria, dicha conducta no aparece tipificada como sancionable con la expulsión. Indican que el reglamento no establece una clasificación clar a de las faltas según su gravedad «leve, grave o gravísima» ni precisa los criterios de culpabilidad aplicables, lo cual impide determinarRADICADO: 680013333014-2017-00419-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEMANDANTES: JORGE HERNÁN GUTIÉRREZ PANQUEBA Y JERSSON ALIRIO ARENALES MANTILLA

DEMANDADO: UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER – UTS

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

con certeza cuál es la sanción correspondiente a la conducta imputada. Aseguran que

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

con certeza cuál es la sanción correspondiente a la conducta imputada. Aseguran que no existe una norma previa que autorice la sanción de expulsión por la conducta atribuida y, por tanto, la actuación de la universidad carece de sustento legal. Sostienen que la ausencia de determinación normativa sobre la graduación de la falta disciplinaria otorga a la administración un margen de discrecionalidad excesiva, contrario al principio de legalidad. Reiteran que el Acuerdo No. 01-010 de marzo de 2012, invocado como fundamento de la decisión sancionatoria, no establece con claridad que la suplantación conlleve la expulsión, ni permite inferir que dicha medida sea la única aplicable. Aducen que esta omisión normativa impide a la autoridad disciplinaria imponer válidamente la sanción adoptada, lo cual configura una violación del debido proceso, en particular del principio de legalidad. Refieren, por otra parte, que durante el trámite disciplinario no se respetaron los principios de valoración integral de la prueba ni sana crítica. Señalan que la decisión se sustentó exclusivamente en la declaración de una docente, sin tener en cuenta otras pruebas que, en su criterio, desvirtuaban la comisión de la falta. Argumentan que el principio de la sana crítica exige que las pruebas sean valoradas en su conjunto y de manera íntegra, circunstancia que, a su juicio, no se cumplió en el presente caso, toda vez que la decisión se sustentó exclusivamente en la declaración rendida por la docente, sin otorgar valor probatorio a los demás elementos obrantes en

su conjunto y de manera íntegra, circunstancia que, a su juicio, no se cumplió en el presente caso, toda vez que la decisión se sustentó exclusivamente en la declaración rendida por la docente, sin otorgar valor probatorio a los demás elementos obrantes en el expediente. Afirman que incluso se presentó una distorsión de los hechos al afirmarse que uno de ellos había olvidado su propio nombre, versión que no corresponde co n lo efectivamente declarado durante el trámite disciplinario. Aseguran que la presentación de un examen con un recibo de pago a nombre de otra persona no prueba la existencia del dolo, además, que no se trató de una suplantación, sino de un intento por mejorar el promedio académico de uno de ellos. Concluyen que una sola declaración no puede constituir el único fundamento para imponer una sanción tan severa como la expulsión.

B. Contestación de la demanda 2

Unidades Tecnológicas de Santander UTS se opone a las pretensiones . Sostiene que los actos administrativos impugnados fueron expedidos conforme a las normas vigentes y, en consecuencia, gozan de presunción de legalidad. Argumenta que no se configura ninguno de los presupuestos exigidos para declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, ni para ordenar el consecuente restablecimiento del derecho. Señala que no se acreditó que dichos actos hubiesen sido expedidos con infracción de las normas en las que debían fundarse, ni que se haya incurrido en irregularidades formales, desconocimiento del derecho de defensa, falsa motivación o desviación de poder. Indica que, en su condición de garante de los derechos fundamentales de los estudiantes, entre ellos , la educación, actuó conforme al postulado constitucional que

falsa motivación o desviación de poder. Indica que, en su condición de garante de los derechos fundamentales de los estudiantes, entre ellos , la educación, actuó conforme al postulado constitucional que le atribuye u n doble carácter: derecho-deber. Precisa que, además de conferir prerrogativas, este derecho impone obligaciones cuyo cumplimiento condiciona la permanencia en el sistema educativo, por lo que quien no acata las condiciones establecidas para su ejercicio queda sujeto a las consecuencias previstas . Manifiesta que, conforme a lo anterior, en ejercicio de sus competencias legales, encontró fundamento para iniciar la investigación disciplinaria en contra de los demandantes, quienes ostentaban la calidad de estudiantes. Expone que el procedimiento se adelantó conforme al reglamento interno y con respeto por las

2 Expediente físico. Folios 143-162RADICADO: 680013333014-2017-00419-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEMANDANTES: JORGE HERNÁN GUTIÉRREZ PANQUEBA Y JERSSON ALIRIO ARENALES MANTILLA

DEMANDADO: UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER – UTS

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

garantías procesales en cada una de sus etapas. Añade que el trámite concluyó con la imposición de una sanción por parte del Consejo Directivo, decisión que fue confirmada en segunda instancia , y que ambas actuaciones fueron debidamente notificadas y adquirieron firmeza.

imposición de una sanción por parte del Consejo Directivo, decisión que fue confirmada en segunda instancia , y que ambas actuaciones fueron debidamente notificadas y adquirieron firmeza. Sostiene que, si bien los estudiantes no ostentan la calidad de servidores públicos, los principios constitucionales que rigen el proceso disciplinario resultan aplicables por analogía, toda vez que el régimen universitario también se encuentra sometido al principio de legalidad. Asegura que , en concordancia con lo anterior, toda conducta debe estar prevista en una norma jurídica preexistente y acompañada de la respectiva sanción. Aclara que los demandantes, al estar matriculados en la institución, se encontraban sujetos al reglamento estudiantil vigente y que, al incurrir en la conducta sancionada, incumplieron los deberes derivados de su condición, lo cual se acreditó dentro del proceso disciplinario. Precisa que el principio de tipicidad en el ámbito disciplinario tiene un alcance distinto al previsto en el derecho penal, diferencia que, según afirma, fue ignorada por los demandantes. Indica que el derecho disciplinario admite la figura de la tipicidad abierta, según la cual no es posible prever de manera exhaustiva todas las conductas sancionables. Subraya que e sta característica permite complementar los tipos disciplinarios con disposiciones que contienen deberes, mandatos y prohibiciones aplicables a los sujetos disciplinables. Refiere, en ese sentido, que en el régimen disciplinario no se exige el mismo grado de literalidad ni rigor que en materia penal. Afirma que la conducta fue correctamente subsumida en el reglamento estudiantil, en consonancia con los principios que rigen el derecho sancionador universitario. Resalta

disciplinario no se exige el mismo grado de literalidad ni rigor que en materia penal. Afirma que la conducta fue correctamente subsumida en el reglamento estudiantil, en consonancia con los principios que rigen el derecho sancionador universitario. Resalta que aplicó el principio de la sana crítica al valorar tanto las declaraciones de los investigados como el testimonio de la docente . Explica que las versiones ofrecidas por los estudiantes carecían de coherencia interna, solidez argumentativa y respaldo probatorio. Señala que los indicios advertidos durante la actuación se sustentaron en hechos debidamente acreditados , a partir de los cuales fue posible establecer su responsabilidad. Advierte, además, que la única prueba documental presentada por uno de los demandantes para justificar su inasistencia por motivos médicos no fue debidamente acreditada. A su juicio esta inconsistencia debilitó aún más la credibilidad de su versión y fortaleció las conclusiones que llevaron a adoptar la decisión de expulsión. Finalmente, expone que no se demostró la causación de perjuicios materiales y morales como consecuencia de la sanción impuesta. Con base en todo lo anterior, considera que la demanda carece de fundamento fáctico, jurídico y probatorio .

C. La sentencia apelada3

Mediante sentencia del 8 de marzo de 2019 el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga niega las pretensiones. El a quo expone que, en el presente asunto, las Unidades Tecnológicas de Santander adelantaron un proceso disciplinario contra los estudiantes Jorge Hernán Gutiérrez Panqueba y Jersson Alirio Arenales Mantilla, por la presunta suplantación de persona en la presentación de un examen de habilitación , actuación que culminó con la imposición

adelantaron un proceso disciplinario contra los estudiantes Jorge Hernán Gutiérrez Panqueba y Jersson Alirio Arenales Mantilla, por la presunta suplantación de persona en la presentación de un examen de habilitación , actuación que culminó con la imposición de la sanción de expulsión definitiva de la institución. Señala que el argumento expuesto por la parte actora, según él cual la sanción se fundó exclusivamente en la declaración rendida por la docente, sin considerar las versiones libres de los investigados, y sin que la medida adoptada correspondiera a la falta imputada, no está llamado a prosperar.

3 Expediente físico. Folios 266-270RADICADO: 680013333014-2017-00419-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEMANDANTES: JORGE HERNÁN GUTIÉRREZ PANQUEBA Y JERSSON ALIRIO ARENALES MANTILLA

DEMANDADO: UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER – UTS

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

Afirma que el Acuerdo No. 01-010 del 30 de marzo de 2012, mediante el cual se adoptó el Reglamento Académico Estudiantil, en su artículo 30 establece como conductas que atentan contra el orden académico, entre otras, el fraude o intento de fraude en pruebas o ex ámenes, la suplantación de personas y la falsificación de carné o documentos. Precisa que el artículo 32 del mismo acuerdo contempla seis clases de sanciones, entre ellas la expulsión definitiva de la institución, cuya aplicación corresponde al Conse jo

o ex ámenes, la suplantación de personas y la falsificación de carné o documentos. Precisa que el artículo 32 del mismo acuerdo contempla seis clases de sanciones, entre ellas la expulsión definitiva de la institución, cuya aplicación corresponde al Conse jo Directivo, previa recomendación del Consejo Académico. Sostiene que para determinar la sanción correspondiente el Consejo Directivo acogió la recomendación impartida por el Consejo Académico y ordenó aplicar lo dispuesto en el Acuerdo No. 01-010, esto es, la expulsión definitiva. Considera, en ese sentido, que no le asiste razón a la parte actora al afirmar que la sanción impuesta no corresponde a la falta atribuida, por cuanto esta se encuentra debidamente tipificada en la normativa institucional. Advierte, por otra parte, que del contenido de los actos administrativos demandados se evidencia que el Consejo Directivo valoró las versiones libres rendidas por los estudiantes, realizó un análisis detallado de su contenido y descartó como aceptables las explicaciones ofrecidas. Argumenta que lo anterior desvirtúa la afirmación según la cual la decisión disciplinaria se basó únicamente en el testimonio de la docente Claudia Carolina Poveda Medina. Asegura, respecto de la supuesta ausencia de dolo, que dicha alegación se desvirtúa con el tachón observado en la parte superior del examen de habilitación de cálculo diferencial, en el espacio destinado a consignar el nombre del estudiante, situación que se corroboró con la ratificación y ampliación de la queja presentada po r la docente mencionada.

D. La apelación4

Los demandantes solicitan que se revoque el fallo de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones.

se corroboró con la ratificación y ampliación de la queja presentada po r la docente mencionada.

D. La apelación4

Los demandantes solicitan que se revoque el fallo de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones. Plantean, en primer lugar, que la juez de primera instancia no valoró de manera integral el acervo probatorio, en contravía del principio de sana crítica, al sustentar la sanción exclusivamente en la declaración rendida por la docente, sin otorgar valor probatorio a sus versiones libres. Aseguran que dicha actuación llevó a una conclusión equivocada sobre la existencia de dolo, dado que, según refiere, la conducta no tuvo como propósito una suplantación, sino la presentación del examen habilitatorio por parte de uno de ellos, con conocimiento del otro. Reitera que incluso en las declaraciones se negó de forma expresa la existencia de un acuerdo entre ambos para ejecutar dicha conducta. Manifiestan que el fallo de primera instancia omitió pronunciarse sobre aspectos fundamentales expuestos en la demanda, entre ellos, el análisis del principio de legalidad y el alcance del concepto de tipicidad en materia disciplinaria. Refieren que la decisión judicial se limitó a avalar la facultad del Consejo Directivo para imponer sanciones, sin verificar si la falta atribuida estaba debidamente prevista como causal de expulsión en el reglamento interno, ni si se respetaron criterios de propor cionalidad, valoración de atenuantes o exclusión de responsabilidad. Considera que esta omisión constituye una vía de hecho que vulnera el debido proceso. Aduce que el reglamento académico estudiantil, adoptado mediante el Acuerdo No. 01010 de 2012, si bien contempla la suplantación como falta disciplinaria, no establece de

vía de hecho que vulnera el debido proceso. Aduce que el reglamento académico estudiantil, adoptado mediante el Acuerdo No. 01010 de 2012, si bien contempla la suplantación como falta disciplinaria, no establece de manera clara y previa que esta conducta amerite la sanción de expulsión. Precisa que dicho reglamento no clasifica las faltas según su gravedad ni define criterios para determinar qué conductas deben sancionarse con la máxima medida. A su juicio, este vacío normativo otorga una facultad discrecional excesiva a la administración

4 Expediente físico. Folios 278-281RADICADO: 680013333014-2017-00419-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEMANDANTES: JORGE HERNÁN GUTIÉRREZ PANQUEBA Y JERSSON ALIRIO ARENALES MANTILLA

DEMANDADO: UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER – UTS

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

universitaria, contraria al principio de legalidad previsto en el artículo 29 de la Constitución Política. Citan como sustento la Sentencia C -692 de 2008, en la cual la Corte Constitucional reiteró que el principio de legalidad exige que toda conducta disciplinariamente sancionable esté prevista en una norma preexistente, con una descripción clara de la conducta y su correspondiente consecuencia. Según afirman, en este caso, la sanción impuesta carece de fundamento normativo específico, lo cual impide determinar si la

sancionable esté prevista en una norma preexistente, con una descripción clara de la conducta y su correspondiente consecuencia. Según afirman, en este caso, la sanción impuesta carece de fundamento normativo específico, lo cual impide determinar si la conducta debía ser sancionada con amonestación privada, suspensión o expulsión definitiva, lo cual configura una indeterminación normativa que vulnera el debido proceso. Señalan que la autoridad disciplinaria actuó por fuera de los límites legales, al aplicar una sanción no establecida expresamente como consecuencia de la conducta atribuida. Dicen que el Consejo Directivo no podía imponer la medida más gravosa sin que el reglamento determinara de forma previa y específica que la falta de suplantación conlleva necesariamente a la expulsión del estudiante. Con base en lo expuesto, concluyen que la juez de primera instancia vulneró su derecho de acceso a la administración de justicia, así como el principio de congruencia, dado que no se pronunció sobre varios de los argumentos centrales formulados en la demanda, ni valoró la totalidad de las pruebas.

E. Trámite de segunda instancia Mediante auto del 17 de junio de 20195 se admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia y el 19 de noviembre de 2020 se corrió traslado a las partes para alegar, y al Ministerio Público para que presentara su concepto , de conformidad con el numeral 4º del artículo 247 del CPACA.

El Ministerio Público rinde concepto desfavorable a las pretensiones de los demandantes. Sostiene que la demandada Unidades Tecnológicas de Santander actuó en ejercicio de su autonomía universitaria al adelantar el proceso disciplinario en contra de los

El Ministerio Público rinde concepto desfavorable a las pretensiones de los demandantes. Sostiene que la demandada Unidades Tecnológicas de Santander actuó en ejercicio de su autonomía universitaria al adelantar el proceso disciplinario en contra de los demandantes, y que la sanción de expulsión definitiva está debidamente fundamentada en el Reglamento Académico Estudiantil, norma que tipifica la suplantación como una conducta que atenta contra el orden académico. Precisa que, durante el trámite disciplinario, se garantizó el debido proceso de los estudiantes, ya que se valoraron de manera integral las pruebas recaudadas, incluidas las versiones libres rendidas por los investigados. Considera que los argumentos presentados por los actores carecen de fundamento y que el alegato sobre la intervención médica no está debidamente probado, pues no se aportaron pruebas que acrediten que tal intervención se hubiese programado o realizado en la fecha indicada. Concluye que la sanción impuesta es proporcional a la gravedad de los hechos y se ajusta a los principios de legalidad y razonabilidad.

II. CONSIDERACIONES

A. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial.

B. El problema jurídico y su tesis Teniendo en cuenta los antecedentes, en especial, la sentencia de primera instancia y los argumentos del recurso de apelación, la Sala plantea y resuelve el siguiente problema

jurídico:

5 Expediente físico. Folio 25RADICADO: 680013333014-2017-00419-01

los argumentos del recurso de apelación, la Sala plantea y resuelve el siguiente problema jurídico:

5 Expediente físico. Folio 25RADICADO: 680013333014-2017-00419-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEMANDANTES: JORGE HERNÁN GUTIÉRREZ PANQUEBA Y JERSSON ALIRIO ARENALES MANTILLA

DEMANDADO: UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER – UTS

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

¿La actuación disciplinaria que culminó con la expulsión definitiva de los actores se desarrolló conforme al debido proceso, observó los principios de sana crítica y proporcionalidad, y se fundamentó en un reglamento estudiantil que respeta el principio de legalidad en materia disciplinaria?

Tesis: Sí.

Fundamento: Las autoridades educativas están facultadas para incorporar en sus reglamentos estudiantiles sanciones disciplinarias, incluida la expulsión definitiva, para lo cual, se debe garantizar, como mínimo: (i) la determinación de las faltas disciplinarias y de las sanciones respectivas; y (ii) el procedimiento a seguir previo a la imposición de cualquier sanción, en el cual se debe garantizar el derecho de defensa del estudiante.

En el caso bajo estudio, la conducta imputada «suplantación en examen habilitatorio» está expresamente prevista como falta disciplinaria en el artículo 30 del reglamento estudiantil, mientras que su sanción, la expulsión definitiva, se encuentra contemplad a

En el caso bajo estudio, la conducta imputada «suplantación en examen habilitatorio» está expresamente prevista como falta disciplinaria en el artículo 30 del reglamento estudiantil, mientras que su sanción, la expulsión definitiva, se encuentra contemplad a en el artículo 32 del mismo cuerpo normativo. Dicha sanción fue impuesta por el Consejo Directivo, autoridad competente para ello, previa recomendación del Consejo Académico, en los términos previstos en la normativa institucional. Asimismo, los estudiantes fueron notificados oportunamente de la apertura de la investigación, se les garantizó el derecho de defensa, se les permitió presentar descargos y rendir versión libre. La decisión adoptada también se encuentra debidamente motivada y guarda proporción con la gravedad de los hechos, calificados como dolosos. Así lo demuestra el análisis detallado de los medios de prueba documentales y testimoniales realizado por la autoridad disciplinaria tanto en primera como en segunda instancia, lo que evidencia una valoración integral del acervo probatorio. Conforme a lo expuesto, se concluye que el proceso disciplinario adelantado por las Unidades Tecnológicas de Santander fue desarrollado en ejercicio legítimo de su autonomía universitaria, con sujeción a los límites constitucionales, garantizando el derecho al debido proceso y observando los principios de proporcionalidad y sana crítica. La actuación se fundamentó en el reglamento estudiantil, el cual cumple con las exigencias propias del principio de legalidad en el ámbito disciplinario. Para sustentar su tesis, la Sala procederá a: (i) estudiar el alcance de la autonomía universitaria dentro de los procesos disciplinarios adelantados por las instituciones educativas; (ii) exp oner los presupuestos mínimos que deben cumplir las instituciones

Para sustentar su tesis, la Sala procederá a: (i) estudiar el alcance de la autonomía universitaria dentro de los procesos disciplinarios adelantados por las instituciones educativas; (ii) exp oner los presupuestos mínimos que deben cumplir las instituciones educativas al ejercer su facultad disciplinaria, en concordancia con l os principios de legalidad y proporcionalidad aplicable s a la sanción impuesta; (iii) examinar el régimen disciplinario de la UTS aplicable al caso concreto; y (iv) analizar las pruebas aportadas al proceso, para concluir que la demandada no vulneró el debido proceso de los demandantes y respetó los principios de legalidad y proporcionalidad de las sanciones conforme al reglamento disciplinario estudiantil.

C. Marco jurídico

1. La autonomía universitaria y la potestad disciplinaria de las instituciones educativas En virtud del principio de autonomía universitaria contenido en el artículo 69 de la Constitución Política 6, las universidades son entes autónomos e independientes que pueden darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos.

6 Constitución Política. Artículo 69. «Se garantiza la autonomía univer