TA SAN - Sentencia 680013333014-2017-00513-01 (24-07-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Mag. Ponente IVÁN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA

Bucaramanga, julio veinticuatro (24) de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Exp. No. 680013333014-2017-00513-01

MEDIO DE

CONTROL:

REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: Brian Alexander Pimiento Mora y otros

yipcas@hotmail.com

DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIALDIRECCIÓN EJECUTIVA

DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL-.

dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co

MINISTERIO

PUBLICO:

JESÚS RODRÍGUEZ OROZCO

PROCURADOR 47 JUDICIAL II

procjudadm47@procuraduria.gov.co

Se decide el Recurso de Apelación interpuesto por la Parte Demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga , el día 22 de junio de 2023, en cuanto denegó las súplicas de la demanda.

De la Demanda

Pretensiones:

“PRIMERA: DECLARAR que la NACIÓN -FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – NACIÓN - RAMA JUDICIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL son patrimonial y administrativamente responsables de los perjuicios materiales y morales causados al señor BRIAN ALEXANDER PIMIENTO MORA, a

– NACIÓN - RAMA JUDICIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL son patrimonial y administrativamente responsables de los perjuicios materiales y morales causados al señor BRIAN ALEXANDER PIMIENTO MORA, a su madre GLADYS MARIA MORA CASTRO, a sus hermanos OLGA MARÍA RENGIFO MORA, OSCAR ALEJANDRO RENGIFO MORA, ROSA ZULEY RENGIFO MORA, ALBA LUZ PIMIENTO MORA, ÁLVARO ANDRÉS PIMIENTO MORA, a sus sobrinos, Nathalia Geraldin Reyes Rengifo, Danna Sharit Rengifo Linares, Jomer Adrian Rengifo Linares, Stefani Katherine Camacho Rengifo, Ludy Juliana Hernández Rengifo, Duvan Daniel Jaime Rengifo, Yulian Sneider Ramírez Pimiento, Emily Andrea Pimiento Ortega, Johan Estih Trujillo RengifoExpediente No. 680013333014-2017-00513-01

2 y su tía, SANDRA CASTRO como consecuencia de la PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD desde el día 22 de Diciembre de 2.012 al día 16 de Julio de 2.015 de BRIAN ALEXANDER PIMIENTO MORA, por el delito de TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES DE USO PRIVATIVO DE LASFUERZAS ARMADAS, dentro del PROCESO 68001-60-00-159-2012-087768, que se llevó a cabo desde el día 22 de Diciembre de 2012 al día 30 de septiembre de 2015.

SEGUNDA: CONDENAR a la NACIÓN -FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN –

que se llevó a cabo desde el día 22 de Diciembre de 2012 al día 30 de septiembre de 2015.

SEGUNDA: CONDENAR a la NACIÓN -FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – NACIÓN - RAMA JUDICIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a pagar a BRIAN ALEXANDER PIMIENTO MORA identificado con la

C.C. No. 1.098.750.161, directo afectado de la Privación Injusta de la Libertad ocurrida desde el 22 de Diciembre de 2012hasta el16 de Julio de 2015 y a los demás Actores o a quien represente legalmente los derechos de su señora madre GLADYS MARIA MORA CASTRO C.C. No. 30.207.021 , sus hermanos MARÍA RENGIFO MORA C.C. No.32.143.705 de Medellín, OSCAR ALEJANDRO RENGIFO MORA C.C. No. 91.539.846, ROSA ZULEY RENGIFO MORA C.C. No. 63.527.915, ALBA

LUZ PIMIENTO MORA C.C. No. 1.098.671.036 , ÁLVARO ANDRÉS PIMIENTO

MORA C.C. No. 1.095.928.145 de Bucaramanga, sus sobrinos, Nathalia Geraldin Reyes Rengifo, Danna Sharit Rengifo Linares, Jomer Adrian Rengifo Linares, Stefani Katherine Camacho Rengifo, Ludy Juliana Hernández Rengifo, Duvan Daniel Jaime Rengifo, Yulian Sneider Ramirez Pimiento, Emily Andrea Pimiento Ortega, Johan Estih Trujillo Rengifo, C.C. No. 1.098.780.318 y su tía, SANDRA CASTROC.C. No. 63.511.685; por los daños y perjuicios ocasionados de

Pimiento Ortega, Johan Estih Trujillo Rengifo, C.C. No. 1.098.780.318 y su tía, SANDRA CASTROC.C. No. 63.511.685; por los daños y perjuicios ocasionados de orden material y moral, subjetivos y objetivados, actuales y futuros, los cuales se estiman como mínimo en la suma de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE. ($535.980.000) o la que resulte conforme a lo probado dentro del proceso, perjuicios que se discriminan así: A.- PERJUCIOS MATERIALES A TÍTULO DE LUCRO CESANTE: Se deben pagar a favor del señor BRIAN ALEXANDER PIMIENTO MORA la suma de VEINTE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($20.500.000), para la liquidación debe tenerse en cuenta su capacidad y edad laboral, los ingresos dejados de percibir los cuales corresponden mensualmente a la suma de un salario mínimo vital. B.- PERJUICIOS INMATERIALES POR CONCEPTO DE DAÑOS MORALES: Ocasionados por la PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD treinta meses y veinticuatro días, transcurrida desde el 22 de diciembre de 2012 hasta el 16 de julio de 2015, se reclama el pago a favor de BRIAN ALEXANDER PIMIENTO MORA y para cada uno de los demás Accionantes del presente Medio de Control, un total de OCHOCIENTOS (800) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES que asciende a la suma de QUINIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS

OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($515.480.000). Discriminados

que asciende a la suma de QUINIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS

OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($515.480.000). Discriminados

como sigue: (…)”

Hechos.

En el escrito de demanda se relata que el 22 de diciembre de 2012, integrantes de la Policía Nacional solicitaron apoyo a otras unidades ante la presencia de dos jóvenes que se encontraban sobre los techos de varias viviendas en el barrioExpediente No. 680013333014-2017-00513-01

3 Villarosa, localidad de Kennedy, arrojando tejas de barro contra los patrulleros, lo que ocasionó lesiones a uno de los uniformados. Como resultado de estos hechos, se emprendió una persecución que culminó con la aprehensión del señor BRIAN ALEXANDER PIMIENTO MORA, quien, tras ser sometido a una requisa, entregó de manera voluntaria una granada de fragmentación tipo IM26, la cual fue incautada. Durante el procedimiento fue necesario el uso de la fuerza, debido a que el capturado mostró resistencia. Posterio rmente, se le leyeron los derechos que le asisten en calidad de persona detenida.

Al día siguiente, 23 de diciembre de 2012, la Fiscalía Octava Local URI de Bucaramanga solicitó la realización de audiencias preliminares ante el Juzgado Veintiuno Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de esa ciudad, con el fin de legalizar la captura, formular imputación y solicitar medida de aseguramiento intramural en contra del señor PIMIENTO MORA, por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones de uso privativo de las

con el fin de legalizar la captura, formular imputación y solicitar medida de aseguramiento intramural en contra del señor PIMIENTO MORA, por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. No obstante, el despach o judicial impuso medida de aseguramiento de detención domiciliaria, suscribiéndose el acta de compromiso respectiva. A pesar de ello, se afirma que el accionante fue trasladado al establecimiento penitenciario y carcelario de Bucaramanga.

El 25 de enero de 2013, la Fiscalía Segunda Especializada de Bucaramanga radicó el escrito de acusación, en el que se señaló, entre otros aspectos, que el procesado no se encontraba privado de la libertad en centro carcelario. Luego, el 8 de marzo de 2013 se llevó a cabo la audiencia de formulación de acusación, en la que el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga con Funciones de Conocimiento avaló la acusación presentada por la mencionada fiscalía.

El 3 de julio de 2013 se celebró la audiencia preparatoria, dando paso al inicio del juicio oral el 23 de agosto de 2013, el cual se extendió hasta el 16 de julio de 2015, fecha en la que se escucharon los alegatos de conclusión y se anunció el sentido del fallo, que fue absolutorio, ordenándose la libertad del acusado. La sentencia de primera instancia fue proferida el 30 de septiembre de 2015 por el mismo juzgado, absolviendo al señor BRIAN ALEXANDER PIMIENTO MORA del delito imputado y

primera instancia fue proferida el 30 de septiembre de 2015 por el mismo juzgado, absolviendo al señor BRIAN ALEXANDER PIMIENTO MORA del delito imputado y disponiendo el levantamiento de cualquier medida de aseguramiento vigente. Esta decisión adquirió firmeza al no ser apelada por la Fiscalía.

Contestación de la demanda: Expediente No. 680013333014-2017-00513-01

4

Nación – Fiscalía General de la Nación:

La entidad demandada sostiene que en el proceso penal adelantado contra el señor BRIAN ALEXANDER PIMIENTO MORA actuó en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales vigentes para la época de los hechos, por lo que no se configura la falla en el se rvicio invocada en la demanda. Asegura que la actuación de la Fiscalía General de la Nación se enmarcó dentro de los parámetros de legalidad, razón por la cual no puede atribuírsele responsabilidad al ente acusador cuando su intervención obedece al cumplimiento de un deber jurídico.

Afirma, además, que no se evidencia la existencia de un daño antijurídico, en tanto las decisiones adoptadas se fundamentaron en normas sustantivas y procesales del ordenamiento penal colombiano. A partir del análisis de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información obtenida legalmente, existían motivos razonables para considerar que el investigado podía tener participación en los hechos objeto de indagación.

En cuanto a los perjuicios reclamados por el demandante, la Fiscalía los considera desproporcionados, especialmente ante la ausencia de medios probatorios que

motivos razonables para considerar que el investigado podía tener participación en los hechos objeto de indagación.

En cuanto a los perjuicios reclamados por el demandante, la Fiscalía los considera desproporcionados, especialmente ante la ausencia de medios probatorios que permitan acreditar su ocurrencia. Por tanto, solicita que se deniegue su reconocimiento y pago.

Adicionalmente, señala que de la revisión del expediente penal identificado con el radicado No. 680016000159201208768, allegado con la demanda, se advierte que el señor BRIAN ALEXANDER PIMIENTO MORA ha sido vinculado a otros procesos penales y que, pese a encontrarse cobijado con medida de detención domiciliaria, continuó desarrollando conductas delictivas bajo distintas modalidades, lo cual demuestra un comportamiento reiterativo que sustenta la pertinencia y legalidad de la medida de aseguramiento solicitada y decretada en su contra.

Sostiene que la decisión absolutoria dictada en el proceso penal no genera per se responsabilidad del Estado por la privación de la libertad, dado que esta se produjo en el marco de una actuación legítima. Aunque se resolvió finalmente absolver al demandado, tal circunstancia no implica que se haya ejercido una carga desproporcionada en su contra, pues para ese momento existían suficientes elementos que permitían inferir razonablemente su posible participación en losExpediente No. 680013333014-2017-00513-01

5 hechos, lo cual legitimaba la solicitud e imposición de la medida de aseguramiento conforme a la ley.

Finalmente, formula las siguientes excepciones: i) la falta de legitimación en la

5 hechos, lo cual legitimaba la solicitud e imposición de la medida de aseguramiento conforme a la ley.

Finalmente, formula las siguientes excepciones: i) la falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto la decisión de imponer la medida de aseguramiento fue adoptada por el Juez de Control de Garantías y no por la Fiscalía; y ii) la culpa exclusiva d e la víctima, argumentando que el señor PIMIENTO MORA actuó de forma irregular al momento de su captura en flagrancia, al enfrentarse a los agentes policiales y luego huir del lugar, sumado a la existencia de anotaciones y antecedentes judiciales a su nombre.

Nación – Rama Judicial:

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Rama Judicial, se opone a las pretensiones formuladas en la demanda, señalando que los hechos expuestos en el escrito introductorio no configuran los requisitos necesarios para declarar la responsabilidad de la entidad, toda vez que las actuaciones judiciales desplegadas dentro del proceso penal respectivo se desarrollaron con arreglo a la Constitución y a la ley. Agrega que los hechos materia de la demanda se originaron en diligencias realizadas por la Fi scalía General de la Nación en ejercicio de su función investigativa, lo cual permite la configuración de causales eximentes de responsabilidad, tales como el hecho de un tercero y la culpa exclusiva de la víctima.

Asimismo, invoca la Sentencia de Unificación del 15 de agosto de 2018 del Honorable Consejo de Estado, para reiterar que la privación de la libertad, cuando se impone conforme a las normas constitucionales y convencionales vigentes, no puede considerarse i njusta por sí misma, dado que el derecho a la libertad no es

Honorable Consejo de Estado, para reiterar que la privación de la libertad, cuando se impone conforme a las normas constitucionales y convencionales vigentes, no puede considerarse i njusta por sí misma, dado que el derecho a la libertad no es absoluto. En consecuencia, no toda restricción de dicho derecho genera automáticamente una obligación de indemnizar, especialmente cuando la medida de aseguramiento fue dictada previa verificació n de los requisitos legales que la justificaban.

En cuanto a la culpa exclusiva de la víctima, la entidad manifiesta que existían suficientes elementos de juicio que justificaban la vinculación del señor BRIAN ALEXANDER PIMIENTO MORA con la conducta punible, habida cuenta del contexto en el que ocurrieron los hechos y del material incautado al momento de su captura, lo cual permitía sostener que su conducta se enmarcaba en el tipo penalExpediente No. 680013333014-2017-00513-01

6 de porte de armas o municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares. Señala que el hecho de que, posteriormente, en desarrollo del proceso penal, se haya producido una absolución, se debió a deficiencias en la labor investigativa de la Fiscalía, lo cual no puede trasladarse como reproche a la Rama Judicial. Por otra parte, argumenta que el demandante pretende atribuir la totalidad del periodo de privación de la libertad ocurrido entre el 22 de diciembre de 2012 y el 30 de septiembre de 2015 exclusivamente a la medida de aseguramiento impuesta el 22 de diciembre de 2012.

Sin embargo, hace referencia al oficio expedido el 25 de febrero de 2015 por la Juez

de septiembre de 2015 exclusivamente a la medida de aseguramiento impuesta el 22 de diciembre de 2012.

Sin embargo, hace referencia al oficio expedido el 25 de febrero de 2015 por la Juez Coordinadora del Sistema Penal Acusatorio de Bucaramanga, en el que se advierte que, durante la medida de detención domiciliaria, el señor PIMIENTO MORA cometió un nuevo delito que fue tramitado bajo el radicado 68001-61-06-056-201300078, en virtud del cual fue condenado el 3 de diciembre de 2013 por el Juzgado Quinto Penal Municipal. Añade que, a pesar de haber recuperado la libertad por suspensión condicional de la pena, el actor volvió a vulnerar la medida domiciliaria dentro del proceso 68001 -60-159-2014-02706, razón por la cual se ordenó su reclusión en establecimiento carcelario el 10 de enero de 2015.

Finalmente, la entidad concluye que las falencias probatorias que llevaron a la absolución del procesado no pueden ser imputadas a la Rama Judicial, sino exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación, que no cumplió con el estándar de diligencia exigido constitucional y legalmente, al construir una teoría del caso sin lograr sustentarla adecuadamente con las pruebas requeridas para obtener una sentencia condenatoria. En virtud de lo anterior, solicita que se denieguen las pretensiones de la demanda y se absuelva a la entidad demandada.

Sentencia de primera instancia

En sentencia del 22 de junio de 2023, el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga negó las pretensiones de la demanda presentada por

Sentencia de primera instancia

En sentencia del 22 de junio de 2023, el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga negó las pretensiones de la demanda presentada por Brian Alexander Pimiento Mora y otros contra la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Nación – Rama Judicial, por privación injusta de la libertad, acorde con los siguientes argumentos:

El Juzgado de primera instancia concluyó que la privación de la libertad a la que fue sometido el señor Pimiento Mora no constituía un daño antijurídico, en tanto queExpediente No. 680013333014-2017-00513-01

7 fue impuesta por autoridad competente y con fundamento en las normas legales vigentes. La medida de aseguramiento en detención domiciliaria fue adoptada por el Juez de Control de Garantías de forma legítima, teniendo en cuenta los elementos materiales prob atorios aportados por la Fiscalía, que permitían inferir razonablemente su posible autoría del delito imputado.

Se destacó que la imposición de la medida restrictiva fue adoptada con base en los requisitos de los artículos 307 y 308 del Código de Procedimiento Penal, y se realizó bajo el estándar probatorio flexible exigido en la etapa de imputación. El juez penal valoró que se cumplían los presupuestos de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

El Juzgado consideró acreditada la culpa exclusiva del señor Pimiento Mora , pues fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional cuando lanzaba objetos a funcionarios y portaba una granada de fragmentación, conducta que activó legítimamente el aparato judicial. Además, se evidenció que, durante el tiempo en

pues fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional cuando lanzaba objetos a funcionarios y portaba una granada de fragmentación, conducta que activó legítimamente el aparato judicial. Además, se evidenció que, durante el tiempo en que estuvo con medida de detención domiciliaria, incurrió en otros hechos punibles, entre ellos hurto calificado, fuga de presos y extorsión, lo cual rompe el nexo causal entre la medida inicial y el daño reclamado.

Aunque el proceso penal culminó con sentencia absolutoria, el Juzgado precisó que la aplicación del principio in dubio pro reo no conlleva automáticamente responsabilidad del Estado, si la actuación del aparato judicial fue razonable y ajustada a derecho al momento de la detención. No se demostró que la Fiscalía o la Rama Judicial hubieran incurrido en error grosero, negligencia o abuso en su actuar.

Recurso de apelación

La apoderada judicial de los demandantes interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida el 22 de junio de 2023 por el Juzgado Catorce Administrativo Oral de Bucaramanga, que negó las pretensiones de la demanda de reparación directa por privación injusta de la libertad. La apelante s ostiene que la decisión es errónea al concluir que no existió daño antijurídico, omitiendo el análisis integral del material probatorio allegado, el cual, según la parte actora, demuestra de manera clara y contunden te la responsabilidad de las entidades demandadas: la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial.Expediente No. 680013333014-2017-00513-01

8 Se argumenta que la medida de aseguramiento impuesta a BRIAN ALEXANDER

General de la Nación y la Rama Judicial.Expediente No. 680013333014-2017-00513-01

8 Se argumenta que la medida de aseguramiento impuesta a BRIAN ALEXANDER PIMIENTO MORA fue desproporcionada, irrazonable e injustificada, configurando un daño que el afectado no tenía el deber jurídico de soportar. Aduce que hubo fallas evidentes en la valor ación probatoria, como la omisión de testigos claves, contradicciones en los informes policiales, ausencia de evidencia fotográfica del elemento incautado (granada), así como inconsistencias procesales que debieron conducir a una absolución desde etapas tempranas.

La apelante destaca que en la sentencia absolutoria proferida el 30 de septiembre de 2015 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, se reconoció expresamente que el acusado no cometió el delito imputado. Además, insiste en que las pruebas aportadas —como la certificación del INPEC sobre los 30 meses y 24 días de privación de la libertad — permiten demostrar la existencia de un daño antijurídico imputable a las accionadas.

Finalmente, solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones indemnizatorias, liquidando los perjuicios conforme a los criterios jurisprudenciales vigentes establecidos por el Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación del 15 de agosto de 2018.

Trámite de Segunda instancia Una vez concedido el recurso de apelación, y repartido el expediente, se admitió el recurso de apelación quedando el proceso para fallo en segunda instancia. En esta

Sentencia de Unificación del 15 de agosto de 2018.

Trámite de Segunda instancia Una vez concedido el recurso de apelación, y repartido el expediente, se admitió el recurso de apelación quedando el proceso para fallo en segunda instancia. En esta etapa se contó con la intervención de la Nación – Fiscalía General de la Nación, entidad que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia al considerar que la medida de aseguramiento impuesta al hoy demandante no configuró un daño antijurídico indemnizable al cumplirse los requisitos de ley exigidos para la medida restrictiva de la libertad.

A su turno, la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicia—aduce que la absolución no implica de forma automática la responsabilidad del Estado, ya que la medida de aseguramiento se adoptó con base en los elementos materiales probatorios legalmente obtenidos y dentro de los parámetros de legalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad establecidos por la jurisprudencia, especialmente en la Sentencia SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional.También aclara que la audiencia de legalización de captura e imposición de medida de aseguramiento fue válida y con decisión ejecutoriada, y que el juez penal deExpediente No. 680013333014-2017-00513-01

9 conocimiento absolvió al procesado no por prueba de inocencia, sino porque no se alcanzó el estándar de certeza requerido para condenar , aplicando el principio del in dubio pro reo.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con lo establecido en el Art. 153 del CPACA, esta Corporación es competente para decidir el recurso de apelación propuesto por la parte

del in dubio pro reo.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con lo establecido en el Art. 153 del CPACA, esta Corporación es competente para decidir el recurso de apelación propuesto por la parte demandante.

Problema Jurídico

Vistos los antecedentes fácticos del caso y el objeto del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, el problema jurídico central sobre el que esta Sala debe pronunciarse consiste en determinar si:

¿Existe responsabilidad patrimonial y extracontractual del Estado Colombiano por la privación de la libertad a la que fue sometido el señor

BRIAN ALEXANDER PIMIENTO MORA?

Tesis: No.

Solución al Problema Jurídico Planteado:

• Del análisis de responsabilidad en el Caso en Concreto:

Régimen de Responsabilidad

La Sección Tercera del Honorable Consejo de Estado1, en reciente pronunciamiento analizó la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación de la libertad de una persona partiendo de las consideraciones realizadas frente al tema por parte de la Corte Constitucional en las sentencias C -0372 y SU -0723,

1 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia del 5 de marzo de 2020, C.P. MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO (E), Exp. 50264. 2 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 3 Corte Constitucional, sentencia SU 072 del 5 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.Expediente No. 680013333014-2017-00513-01

10

3 Corte Constitucional, sentencia SU 072 del 5 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.Expediente No. 680013333014-2017-00513-01

10 concluyendo que “…el carácter injusto de la privación de la libertad debe analizarse a la luz de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento, de ahí que se deba determinar en cada caso si existe o no mérito para proferir decisión en tal sentido.” (Se resalta por la Sala)

Agregó la Máxima Corporación de lo Contencioso Administrativo que ni la cláusula de responsabilidad contenida en el art. 90 de la Carta Política ni el establecido en el art. 68 de la Ley 270 de 1996, privilegiaron un régimen de responsabilidad específico que oriente el estudio de responsabilidad aplicable por privación de la libertad, de lo cual, corresponderá al Juez Administrativo realizar un análisis que le permita determinar “ si la privación de la libertad fue apropiada, razonable y/o proporcionada”4.

En concreto la Corte Constitucional precisó en las sentencias C -037 y SU -072, lo siguiente: “Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6º, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término ‘injustamente’ se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni

desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención”. (Sentencia C-037)

“105. Esta Corporación comparte la idea de que en dos de los casos deducidos por el Consejo de Estado –el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípicaes posible predicar que la decisión de privar al investigado de su libertad resulta irrazonable y desproporcionada, luego, para esos eventos es factible aplicar un título de atribución de carácter objetivo en el entendido de que el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos.

“(…)

“106. Así las cosas, los otros dos eventos definidos por el Consejo de Estado como causas de responsabilidad estatal objetiva –el procesado no cometió la conducta y la aplicación del in dubio pro reo - exigen mayores esfuerzos investigativos y probatorios, pues a pesar de su objetividad, requiere del Fiscal

como causas de responsabilidad estatal objetiva –el procesado no cometió la conducta y la aplicación del in dubio pro reo - exigen mayores esfuerzos investigativos y probatorios, pues a pesar de su objetividad, requiere del Fiscal o del juez mayores disquisiciones para definir si existen pruebas que permitan

4 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia del 5 de marzo de 2020, C.P. MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO (E), Exp. 50264.Expediente No. 680013333014-2017-00513-01

11 vincular al investigado con la conducta punible y presentarlo como el probable autor de la misma”.

“(…)

“109. Es necesario reiterar que la única interpretación posible –en perspectiva judicial—del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 es que el mismo no establece un único título de atribución y que, en todo caso, le exige al juez contencioso administrativo definir si la decisión que privó de la libertad a un ciudadano se apartó de los criterios que gobiernan la imposición de medidas preventivas, sin que ello implique la exigencia ineludible y para todos los casos de valoraciones del dolo o la culpa del funcionario que expidió la providencia, pues, será en aplicación del principio iura novit curia, aceptado por la propia jurisprudencia del Consejo de Estado, que se establezca cuál será el régimen que ilumine el proceso y, por ende, el deber demostrativo que le asiste al demandante” (se destaca). –Sentencia SU-072 de 2018.

De esta manera, la responsabilidad del Estado en casos de privación de la libertad no se deriva de forma automática de la existencia de una sentencia absolutoria en

demostrativo que le asiste al demandante” (se destaca). –Sentencia SU-072 de 2018.

De esta manera, la responsabilidad del Estado en casos de privación de la libertad no se deriva de forma automática de la existencia de una sentencia absolutoria en curso del proceso penal, pues el derecho al resarcimiento patrimonial en estos casos amerit a establecer si el daño es antijurídico, conclusión a la cual solo se puede arribar determinando si la medida restrictiva de la libertad resultó injusta, esto es, si no fue apropiada, razonable o proporcionada, lo que lleva al estudio de la legalidad de la medida y su concordancia con lo establecido por la norma procedimental penal que orientó la actuación en esta materia.

Análisis del caso:

Bajo este contexto, la Sala procede a establecer si se encuentra demostrada la responsabilidad patrimonial del Estado en el presente caso por la privación de la libertad a la que fue sometido el señor BRIAN ALEXANDER PIMIENTO MORA.

El daño

Para abordar integralmente la problemática que supone el recurso de apelación propuesto por la parte actora, la Sala analizará la existencia del daño, el cual, además, debe ser antijurídico, dado que constituye un elemento necesario de la responsabilidad, toda vez que como lo ha