TA SAN - Sentencia 680013333014-2018-00168-02 (29-05-2025)
Detalles
- Título
- TA SAN - Sentencia 680013333014-2018-00168-02 (29-05-2025)
- Autor
- Tribunal Administrativo de Santander
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2025
SIGCMA-SGC
Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander
REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ
Bucaramanga, veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala los recursos de apelación interpuesto s por la parte demandante, demandada y el litisconsorte contra la sentencia del 16 de diciembre de 2024, proferida por el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante la cual se concedieron parcialmente las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, el señor William Pérez Maldonado formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i)
1Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 44 índice SAMAI, archivo 01. MEDIO DE CONTROL Nulidad y restablecimiento del derecho RADICADO 680013333014-2018-00168-02
DEMANDANTE
William Pérez Maldonado anamilena.abogada@hotmail.com albarracin_m@hotmail.com
DEMANDADO
Municipio de Piedecuesta
RADICADO 680013333014-2018-00168-02
DEMANDANTE
William Pérez Maldonado anamilena.abogada@hotmail.com albarracin_m@hotmail.com
DEMANDADO
Municipio de Piedecuesta contacto@alcaldiadepiedecuesta.gov.co notjudicial@alcaldiadepiedecuesta.gov.co andreadelgador25@gmail.com
LITISCONSORTE
CUASI-NECESARIO
Danny Alexander Ramírez Rojas piedecuestaballesteros@gmail.com
MINISTERIO PÚBLICO
Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de segunda instancia TEMA Reintegro, reestructuración del municipio de PiedecuestaNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: William Pérez Maldonado Demandado: municipio de Piedecuesta Radicado: 680013333014-2018-00168-02
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Decreto 112 del 7 de noviembre de 2017; ii) Resolución 228 del 7 de noviembre de 2017 y iii) Resolución 237 del 7 de noviembre de 2017, emitidos por el alcalde municipal de Piedecuesta
En consecuencia, solicitó:
«PRIMERA: Se declare la inaplicación por ilegal e inconstitucional del Decreto 110 del 02 de noviembre del 2017 “POR EL CUAL SE MODIFICA Y SE DEFINE
LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y FUNCIONAL DEL MUNICIPIO DE
«PRIMERA: Se declare la inaplicación por ilegal e inconstitucional del Decreto 110 del 02 de noviembre del 2017 “POR EL CUAL SE MODIFICA Y SE DEFINE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y FUNCIONAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA", publicado el 02 de noviembre de 2017, y expedido por el Dr.
FREDY ALBERTO ALMEIDA SIERRA.
SEGUNDA: Se declare la inaplicación por ilegal e inconstitucional del Decreto 111 del 03 de noviembre del 2017 “POR EL CUAL SE ESTABLECE LA PLANTA
DE EMPLEOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, publicado el 07 de noviembre de 2017, y expedido por el Dr. DANNY ALEXANDER RAMIREZ ROJAS (alcalde municipal).
TERCERA: Se declare la nulidad del Decreto 112 del 07 de noviembre de 2017
POR EL CUAL SE CREAN UNOS EMPLEOS DE CARÁCTER TRANSITORIO EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA, publicado el 08 de noviembre de 2017, y expedido por el Dr. DANNY ALEXANDER RAMIREZ ROJAS (alcalde municipal).
CUARTA: Se declare la nulidad de la Resolución 228 del 07 de noviembre del 2017 “POR LA CUAL SE HACE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA”, publicado el 08 de noviembre de 2017, y expedido por el Dr. DANNY ALEXANDER RAMIREZ ROJAS (alcalde municipal).
PLANTA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA”, publicado el 08 de noviembre de 2017, y expedido por el Dr. DANNY ALEXANDER RAMIREZ ROJAS (alcalde municipal).
QUINTA: Se declare la nulidad de la Resolución 237 del 07 de noviembre del 2017 “POR MEDIO DE LA CUAL SE INCORPORAN UNOS SERVIDORES PÚBLICOS A LA PLANTA DE EMPLEOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA", publicado el 08 de noviembre de 2017, y expedido por el Dr.
DANNY ALEXANDER RAMIREZ ROJAS (alcalde municipal).
SEXTA: Se declare la nulidad del acto denominado “comunicación de supresión de empleo” con No. Consecutivo 1455 / 17 de fecha noviembre 08 de 2017 expedido por el secretario general por medio del cual se comunica a mi poderdante la supresión del empleo.
SEPTIMA: Como consecuencia de lo anterior se reconozca a favor de mi poderdante a título de restablecimiento del derecho:
a) El reintegro al cargo que venía desempeñando en la planta de empleos permanente al momento de ser retirado del servicio, o a otro de igual o superior categoría.
b) Pagarle el valor de los salarios, prestaciones sociales, cesantías, vacaciones y en general todos los demás haberes laborales legales dejados de percibir desde la fecha de su retiro del empleo público que venía ocupando hasta la fecha de su reintegro efectivo a la entidad demandada.
c) Pagarle el valor de los aportes para seguridad social en salud, pensiones y
desde la fecha de su retiro del empleo público que venía ocupando hasta la fecha de su reintegro efectivo a la entidad demandada.
c) Pagarle el valor de los aportes para seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales dejados de aportar al sistema de seguridad social integral causados desde la fecha de su retiro del empleo público que venía ocupando hasta la fecha de su reintegro efectivo a la entidad demandada.
d) Disponer que para todos los efectos legales se considerará que no hubo solución de continuidad en la prestación de servicio, desde la fecha de su retiroNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: William Pérez Maldonado Demandado: municipio de Piedecuesta Radicado: 680013333014-2018-00168-02
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del empleo público que venía ocupando y hasta cuando fuere reintegrado efectivamente a la entidad demandada.
e) Pagarle el valor correspondiente a daños morales causados con la actuación ilegal y arbitraria de la entidad demandada.
OCTAVA-. REPARACIÓN INTEGRAL DEL PERJUICIO. La entidad demandada pagará al demandante la totalidad de los daños y perjuicios de todo orden cuya existencia emerja de este asunto, sin limitaciones de ninguna índole, tal y como lo estipula el Artículo 16 de la Ley 446 de julio 7 de 1998:
“...Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas atenderá los
“...Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales..."
NOVENA-. Se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término establecido en el Artículo 192 del C.P.A.C.A.
DÉCIMA-. Si no se efectúa el pago en forma oportuna, la entidad liquidará los intereses comerciales y moratorios como lo ordena el título V, capítulo VI Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo.
DÉCIMA PRIMERA-. La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el Artículo 192 y SS del C.P.A.C.A., aplicando los ajustes de valor (indexación) y las fórmulas de matemática financiera establecidas por el
H. Consejo de Estado hasta la fecha en que efectivamente se produzcan los pagos.
DÉCIMA SEGUNDA-. Se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.» (sic en todo el texto)
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes, el apoderado de la parte demandante señaló los siguientes:
- El 4 de junio de 2015, mediante Resolución 170 P fue vinculado el señor William Pérez Maldonado a la planta global del municipio de Piedecuesta de
forma provisional en el cargo de carrera administrativa denominado auxiliar administrativo código 407 grado 04.
- El 5 de diciembre de 2016, mediante Acuerdo municipal 017 el Concejo de Piedecuesta facultó al alcalde para ejercer pro tempore las funciones
forma provisional en el cargo de carrera administrativa denominado auxiliar administrativo código 407 grado 04.
- El 5 de diciembre de 2016, mediante Acuerdo municipal 017 el Concejo de Piedecuesta facultó al alcalde para ejercer pro tempore las funciones asignadas en el numeral 6 del artículo 313 de la Constitución Política, vale decir, las referentes a determinar la estructura de la administración municipal, las funciones de sus dependencias y las escalas de remuneración.
- El 13 de junio de 2017, en desarrollo del proceso de negociación colectiva se suscribió el acta final de acuerdos y desacuerdos entre el municipio de Piedecuesta y las organizaciones sindicales SINTRENAL y SINTRAEMSDES mediante la cual se establecieron acuerdos y obligaciones a cargo del ente territorial en el proceso de restructuración y modernización.
- El 11 de julio de 2017, el alcalde del municipio de Piedecuesta mediante el Decreto 070 aprobó el acta final de acuerdos y desacuerdos de negociación entre el ente territorial y las organizaciones sindicales.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: William Pérez Maldonado Demandado: municipio de Piedecuesta Radicado: 680013333014-2018-00168-02
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- No obstante , la parte demandada no cumplió ninguno de los compromisos y obligaciones adquiridas , razón por la cual se evidenció la transgresión de las garantías y derechos constitucionales de los empleados
- No obstante , la parte demandada no cumplió ninguno de los compromisos y obligaciones adquiridas , razón por la cual se evidenció la transgresión de las garantías y derechos constitucionales de los empleados públicos; además, sin la participación ni socialización necesaria el ente territorial demandado procedió a expedir los siguientes actos administrativos de modernización de la planta de manera irregular:
a) Decreto 110 del 2 de noviembre de 2017 «[p]or el cual se modifica y se define la estructura administrativa y funcional del municipio de Piedecuesta».
b) Decreto 111 del 3 de noviembre de 2017 « [p]or el cual se establece la planta de empleos de la administración central del municipio de Piedecuesta y se dictan otras disposiciones», publicado el 7 de noviembre de 2017.
c) Decreto 112 del 7 de noviembre de 2017 « [p]or el cual se crean unos empleos de carácter transitorio en la alcaldía municipal de Piedecuesta» , publicado el 8 de noviembre de 2017.
d) Resolución 227 del 7 de noviembre de 2017 «[p]or medio de la cual se establece el manual específico de funciones, requisitos y competencias laborales para los empleos de la planta de empleos de la administración central del municipio de Piedecuesta», publicado el 8 de noviembre de 2017.
e) Resolución 228 del 7 de noviembre de 2017 « [p]or la cual se hace la distribución de los empleos de la planta de la alcaldía municipal de Piedecuesta», publicada el día 8 de noviembre de 2017.
f) Resolución 237 del 7 de noviembre de 2017 «[p]or medio de la cual se
distribución de los empleos de la planta de la alcaldía municipal de Piedecuesta», publicada el día 8 de noviembre de 2017.
f) Resolución 237 del 7 de noviembre de 2017 «[p]or medio de la cual se incorporan unos servidores públicos a la planta de empleos de la alcaldía municipal de Piedecuesta», publicado el 8 de noviembre de 2017.
g) Resolución 242 del 9 de noviembre de 2017 « [p]or medio del cual se modifica el manual específico de funciones, requisitos y competencias laborales para los empleos de la administración central del municipio de Piedecuesta -Santander», publicado el 10 de noviembre de 2017.
h) Decreto 120 del 21 de noviembre de 2017 «[p]or el cual se crean unos empleos de carácter transitorio en la alcaldía municipal de Piedecuesta» , publicado el 21 de noviembre de 2017.
- El 1 de noviembre de 2017, mediante Resolución 299 -G se concedió una comisión de servicios al alcalde del municipio de Piedecuesta para adelantar diligencias propias del cargo en la ciudad de Bogotá y , en consecuencia, el titular procedió a delegar las funciones al señor Fredy Alberto Almeida Sierra, secretario general del ente territorial durante el día 2 de noviembre de 2017.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: William Pérez Maldonado Demandado: municipio de Piedecuesta Radicado: 680013333014-2018-00168-02
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Radicado: 680013333014-2018-00168-02
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- El 2 de noviembre de 2017, el secretario general de l municipio de Piedecuesta en calidad de alcalde en encargo — designio que jurídicamente no le era viable ostentar — expidió el Decreto 110 «[p]or el cual se modifica y define la estructura administrativa y funcional del municipio de Piedecuesta».
- El acto expedido sin competencia y motivación eliminó de la planta de personal global del municipio de Piedecuesta el cargo que ostentaba el señor William Pérez Maldonado, decisión que le fue notificada el 10 de noviembre de 2017 a través de un documento denominado «comunicación de supresión de empleo».
- En virtud de la supresión del empleo, el señor William Pérez Maldonado ha sufrido daños y perjuicios morales, toda vez que se ha visto afectad o emocionalmente por el irregular proceso de modernización adelantado por la parte demandada.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
En el escrito de la demanda se invocaron como violados los artículos 4, 6, 29, 39, 121, 313 y 315 de la Constitución Política, 106 de la Ley 136 de 1994; Ley 443 de 1998; 9, 10, y 11 de la Ley 489 de 1998; Decreto 1572 de 1998; Ley 909 de 2004, 138 del CPACA; Decreto Ley 019 de 2012; Ley 1551 de 2012;
443 de 1998; 9, 10, y 11 de la Ley 489 de 1998; Decreto 1572 de 1998; Ley 909 de 2004, 138 del CPACA; Decreto Ley 019 de 2012; Ley 1551 de 2012; Decreto 1083 de 2015; Acuerdo municipal 017 de 2016 y Decreto 070 de 2017.
En desarrollo del concepto de violación, el apoderado de la parte demandante expuso que los actos demandados incurrieron en falta de motivación y falta de competencia; además, aduce que se vulneraron el debido proceso y el derecho a la defensa por las razones que pasan a exponerse:
- El Decreto municipal 110 de 2017, «[p]or el cual se modifica y se define la estructura administrativa y funcional del municipio de Piedecuesta» es nulo por haberse expedido sin competencia, toda vez que en la delegación de funciones realizada por el alcalde del ente territorial demandado a través de la Resolución 0226 del 1 de noviembre de 2017 no se especificó de forma expresa y concreta ni se atribuyó la competencia para restructurar la planta de personal de la administración , en atención a que dicha función a) era de competencia exclusiva del alcalde al haberle sido otorgada a su vez por el concejo de forma pro tempore y b) tiene la naturaleza de indelegable.
- El secretario general del municipio de Piedecuesta no podía fungir como alcalde encargado dado que el alcalde del ente territorial se encontraba en comisión de servicios en el interior del país en ejercicio de las funciones propias del cargo.
- El acto administrativo demandado adolece de motivación y resulta
alcalde encargado dado que el alcalde del ente territorial se encontraba en comisión de servicios en el interior del país en ejercicio de las funciones propias del cargo.
- El acto administrativo demandado adolece de motivación y resulta vulneratorio del derecho al debido proceso , toda vez que la supresión de los cargos y la creación de unos nuevos en virtud de la restructuración de la planta de personal no se argumentó en debida forma ; además, en el proceso de formación de los actos administrativos no existió participación de los empleados públicos ni de las asociaciones sindicales.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: William Pérez Maldonado Demandado: municipio de Piedecuesta Radicado: 680013333014-2018-00168-02
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- El acto administrativo demandado no fue notificado personalmente a ninguno de los empleados públicos afectados en contravía de sus derechos de orden constitucional, legal y laboral; además, el ente territorial demandado no contaba con estudio técnico alguno que justificara los cargos suprimidos ni con la viabilidad presupuestal para la restructuración realizada.
- El Acuerdo 017 de 2016, otorgó facultades limitadas y pro tempore al alcalde municipal de Piedecuesta para modernizar la planta de personal, pero su ejecución estuvo llena de irregularidades legales y presupuestales. En primer lugar, el alcalde desbordó los límites establecidos al afectar los derechos de trabajadores con fuero sindical, catalogados como sujetos de
su ejecución estuvo llena de irregularidades legales y presupuestales. En primer lugar, el alcalde desbordó los límites establecidos al afectar los derechos de trabajadores con fuero sindical, catalogados como sujetos de especial protección constitucional y delegó indebidamente decisiones críticas a un secretario encargado, que carecía de competencia legal. Además, el estudio técnico que funda mentó la reestructuración incumplió con los requisitos legales de análisis y socialización, lo cual vulneró el debido proceso. Finalmente, la creación de cargos y su financiación se realizaron sin viabilidad presupuestal, lo cual forzó al municipio a emitir decretos irregulares para subsanar un déficit de 130 millones de pesos. Estas actuaciones evidencian una desviación de poder y violaciones a la legalidad que invalidan los actos administrativos expedidos.
- De acuerdo con la Ley Ley 443 de 1998 y su normativa reglamentaria, los estudios técnicos que fundamentan la modificación de plantas de personal deben cumplir con requisitos mínimos, como el análisis de funciones, perfiles y cargas de trabajo, con base en metodologías verificab les. Sin embargo, en el caso del municipio de Piedecuesta, los estudios técnicos que respaldaron la supresión del cargo ocupado por el demandante no acreditaron el cumplimiento de dichos estándares ni demostraron un análisis fundamentado y verificable de las necesidades del servicio. Aunque se menciona la recolección de información mediante encuestas y entrevistas, no existe evidencia suficiente en el expediente que valide estas acciones. Además, la falta de socialización de los estudi os técnicos contraviene lo dispuesto en la normativa ibidem, lo que vicia de nulidad los actos administrativos emitidos, al
evidencia suficiente en el expediente que valide estas acciones. Además, la falta de socialización de los estudi os técnicos contraviene lo dispuesto en la normativa ibidem, lo que vicia de nulidad los actos administrativos emitidos, al desconocer los requisitos legales necesarios para afectar la situación laboral del actor.
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. Municipio de Piedecuesta2
El apoderado de la parte demandada allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos nominados: «falta de jurisdicción o competencia»; «caducidad de la acción adecuada para alegar el derecho»; «indebida acumulación de pretensiones por estar demandando actos no susceptibles de control judicial como la comunicación de la desvinculación»; «inepta demanda» y «falta de integración del litisconsorcio necesario con la nueva planta vinculada».
2Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 44 índice SAMAI, archivo 04Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: William Pérez Maldonado Demandado: municipio de Piedecuesta Radicado: 680013333014-2018-00168-02
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Por otra parte, propuso los siguientes medios exceptivos innominados: «cobro de lo no debido por cuanto en caso de restablecimiento del derecho no se tiene derecho a recibir más de 24 meses a título de indemnización»; «imposibilidad de reintegro del demandante por cuanto el cargo ya no existe»; «inexistencia
de lo no debido por cuanto en caso de restablecimiento del derecho no se tiene derecho a recibir más de 24 meses a título de indemnización»; «imposibilidad de reintegro del demandante por cuanto el cargo ya no existe»; «inexistencia de causales de nulidad que enerven la legalidad de los actos administrativos acusados»; «indebida exigencia de la acción incoada en la presente demanda»; «inexistencia de la vulneración de derechos y ga rantías del demandante en el proceso de reestructuración»; «legalización para proveer los empleos generados del proceso de reestructuración»; y «excepción genérica».
Además, la parte demandada se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:
- Las decisiones contenidas en los actos administrativo s demandados fueron expedidas en debida forma, conforme al ordenamiento constitucional, legal y reglamentario vigente; además, el ente territorial dio cumplimiento a los acuerdos sindicales, razón por la cual corresponde a la parte actora probar las aseveraciones efectuadas en el escrito de la demanda.
- El mecanismo legal para declarar la inconstitucionalidad de los actos administrativos demandado s no es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
- En el asunto bajo estudio no se configura la falta de competencia alegada en la expedición de los actos , toda vez que el Decreto 110 del 2 de noviembre de 2017 goza de presunción de legalidad en atención a que a través de la Resolución 226 del 1 de noviembre de 2017 se habían delegado las funciones del alcalde al señor Fredy Alberto Sierra y, en virtud de dicha
noviembre de 2017 goza de presunción de legalidad en atención a que a través de la Resolución 226 del 1 de noviembre de 2017 se habían delegado las funciones del alcalde al señor Fredy Alberto Sierra y, en virtud de dicha delegación se adoptó la decisión contenida en el citado decreto.
- La delegación de funciones realizada al señor Fredy Alberto Sierra por parte del alcalde difiere del revestimiento de facultades extraordinarias dadas por el Concejo Municipal de Piedecuesta al mandatario territorial. Además, no existe restricción expresa o taxativa que determine que los asuntos de las corporaciones públicas sean indelegables , máxime cuando las facultades conferidas en el Acuerdo 017 de 2016 fueron las «de autorizar, más no delegar».
- En el sub-lite no hay prueba alguna que demuestre el daño o perjuicio causado a la parte demandante; además, debe precisarse en el asunto bajo estudio que el señor William Pérez Maldonado se encontraba vinculado a la planta transitoria del municipio.
- Si bien los estudios técnicos son un presupuesto para la adopción de un proceso de reestructuración administrativa, estos constituyen únicamente un documento que sirve de sustento a la reforma de la planta de personal que se pretende implementar, motivo po r el cual el hecho de que en los actosNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: William Pérez Maldonado Demandado: municipio de Piedecuesta Radicado: 680013333014-2018-00168-02
Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander
Radicado: 680013333014-2018-00168-02
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administrativos demandados no se encuentre todo el estudio realizado por el consultor contratado ello no genera la falta de motivación alegada.
- No es atribuible al municipio de Piedecuesta desconocimiento o incumplimiento alguno en la relación laboral que existió entre el ente territorial y la parte demandante , toda vez que la demanda se fundament ó en una indebida interpretación de los actos administrativos demandados, en el desconocimiento de la intención de la administración y del principio de buena fe; por esas circunstancias, las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar.
1.3. La sentencia apelada3
El Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 16 de diciembre de 2024, resolvió:
«PRIMERO: PRIMERO. INAPLICAR el Decreto No. 110 del 02 de noviembre de 2017, “Por el cual se modifica y define la estructura administrativa y funcional del Municipio de Piedecuesta”, así como el Decreto No. 111 del 03 de noviembre de 2017 “Por el cual se establece la planta de empleo s de la administración central del Municipio de Piedecuesta y se dictan otras disposiciones”, en el caso concreto, de acuerdo con las razones expuestas en las consideraciones de esta providencia.
SEGUNDO. DECLARAR LA NULIDAD del Decreto 112 del 7 de noviembre de 2017 “Por el cual se crean unos empleos de carácter transitorio en la alcaldía
providencia.
SEGUNDO. DECLARAR LA NULIDAD del Decreto 112 del 7 de noviembre de 2017 “Por el cual se crean unos empleos de carácter transitorio en la alcaldía municipal de Piedecuesta”, así como de la Resolución 228 del 7 de noviembre del 2017 “Por la cual se hace la distribución de los empleos d e la planta de la alcaldía municipal de Piedecuesta”; y de la Resolución 237 del 7 de noviembre de 2017 “Por medio de la cual se incorporan unos servidores públicos a la planta de empleos de la alcaldía Municipal de Piedecuesta” , respecto del señor WILLIAM PÉREZ MALDONADO, por lo señalado en el fundamento de esta decisión.
TERCERO. A título de restablecimiento del derecho, se ORDENA al MUNICIPIO DE PIEDECUESTA reintegrar al señor WILLIAM PÉREZ MALDONADO al cargo que ejercía o a otro de mejor categoría; orden de reintegro que se hará efectiva, siempre y cuando el cargo que ocupaba e l demandante no haya sido provisto por concurso de méritos. De igual forma, el Municipio de Piedecuesta deberá reconocer y pagar a favor del accionante, la suma que corresponda a seis (6) meses de salarios y prestaciones efectivamente dejadas de per cibir, para lo cual deberá tenerse en cuenta el último salario devengado por el actor. Se deberán descontar las sumas que hubiere percibido el demandante por concepto de salarios y prestaciones sociales producto de otras vinculaciones con el Estado, durant e el tiempo que estuvo retirado del servicio en virtud de la supresión del cargo. Lo anterior, de acuerdo con las consideraciones de esta sentencia.
CUARTO. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.
estuvo retirado del servicio en virtud de la supresión del cargo. Lo anterior, de acuerdo con las consideraciones de esta sentencia.
CUARTO. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO. Se advierte que deberán actualizarse las sumas a pagar conforme lo dispone el inciso final del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011.
SEXTO. Sin condena en costas atendiendo lo expuesto en la parte motiva de esta providencia» (Sic en todo el texto)
3Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 76 índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: William Pérez Maldonado Demandado: municipio de Piedecuesta Radicado: 680013333014-2018-00168-02
Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander
En lo correspondiente al fondo del asunto, el a quo profirió la decisión con sustento en los siguientes argumentos:
- El Municipio de Piedecuesta acreditó el cumplimiento de los requisitos legales para la reestructuración administrativa y la supresión de empleos cuestionados. En consecuencia, no hay lugar a declarar probado el cargo de nulidad de falta de motivación en los términos planteados por la parte actora.
- Las pruebas que reposan en el expediente no demuestran que el proceso de reestructuración adelantado por el municipio de Piedecuesta haya restringido el acceso público a la información, así como tampoco se logró evidenciar que los derechos de audiencia y defensa hayan sido vulnerados, ya
proceso de reestructuración adelantado por el municipio de Piedecuesta haya restringido el acceso público a la información, así como tampoco se logró evidenciar que los derechos de audiencia y defensa hayan sido vulnerados, ya que no se impidió a los interesados solicitar información o ejercer control mediante las autoridades correspondientes
- En ese orden de ideas, el cargo de nulidad no tiene vocación de prosperidad comoquiera que, no obran evidencias de que el municipio de Piedecuesta hubiera vulnerado los derechos de audiencia y defensa de las personas interesadas en el proceso de reestructuración.
- La supresión del cargo del demandante se realizó conforme a los lineamientos legales, sin que se acreditara irregularidad en este aspecto.
Además, no se logró acreditar una infracción a las disposiciones que protegen el fuero sindical.
- El certificado de disponibilidad presupuestal no era un requisito indispensable para la validez de los actos ad
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