TA SAN - Sentencia 680013333014-2018-00201-02 (14-03-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

SALA CONJUECES

Bucaramanga, catorce (14) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

RADICADO: 680013333014-2018-00201-02

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: Claudia Patricia Quintero Ardila

abogados@rinconperez.com

DEMANDADO: Nación – Rama Judicial – Consejo Superior De La

Judicatura – Dirección Ejecutiva De Administración Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO: mbuendia@procuraduria.gov.co

TEMA: Bonificación Judicial Decreto 383 De 2013.

PROVIDENCIA: Sentencia De Segunda Instancia

SALA No. 05

CONJUEZ PONENTE: JOSE LUIS GARCIA MONSALVE

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia, proferida el 1 de diciembre de 2021 por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramang a 1 , previa la siguiente reseña:

I – ANTECEDENTES:

1.1. PRETENSIONES2.

La demandante solicita la nulidad de los actos administrativos contenidos en la Resolución No. 02435 de 2016, notificada el 19 de mayo de 2016, mediante la cual la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial negó la solicitud de

La demandante solicita la nulidad de los actos administrativos contenidos en la Resolución No. 02435 de 2016, notificada el 19 de mayo de 2016, mediante la cual la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial negó la solicitud de reliquidación de prestaciones sociales con inclusión de la Bonificación Judicial como factor salarial. También solicita la nulidad del acto administrativo ficto

1Expediente Digital Samai- Índice 03-primera instancia, Archivo 21 2Expediente Digital Samai- Índice 03-primera instancia, Archivo 01Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia 680013333014-2018-00201-02 2 derivado del silencio administrativo negativo tras la interposición del re curso de apelación el 27 de mayo de 2016.

A título de restablecimiento del derecho, solicita se ordene a la Nación – Rama JudicialConsejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, reconozca la Bonificación Judicial como factor salarial y prestacional, se ordene la reliquidación de sus prestaciones sociales y se paguen las diferencias desde el 1 de enero de 2013, con los intereses correspondientes.

Además, solicita la inaplicación de la expresión “únicamente” contenida en el artículo 1 del Decreto 383 de 2013 y su modificación en el Decreto 022 de 2014 por ser contraria a la Constitución y a la Ley 4 de 1992.

Por último, solicita se condene a pagar costas procesales a la Nación –Rama judicial-Consejo Superior de la Judicat ura-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

1.2. HECHOS3.

Por último, solicita se condene a pagar costas procesales a la Nación –Rama judicial-Consejo Superior de la Judicat ura-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

1.2. HECHOS3.

La demandante , Claudia Patricia Quintero Ardila se ha desempeñado como empleada judicial.

El 07 de marzo de 2016 , solicitó mediante derecho de petición a la Dirección Ejecutiva de Adminis tración Judicial, el reconocimiento y pago de la bonificación judicial creada mediante el Decreto 38 3 de 2013 como factor salarial, y la consecuente reliquidación de las prestaciones sociales y demás emolumentos.

El 07 de marzo de 2016, mediante Resolución No. 02435 la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial negó la solicitud. Sin embargo, contra el acto en comento, el demandante interpuso recurso de apelación, el cual no fue resuelto, operando el silencio administrativo negativo.

1.3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN.

Constitución Política arts. 25, 58, 53 y 150 en su numeral 19 literal e y f; artículo 127 del código sustantivo del trabajo; Ley 4 de 1992.

Aduce que, al pagarse la bonificación judicial mensualmente, de forma habitual y obligatoria, se configuran los elementos que le dan la característica de pago de naturaleza salarial, y al ser la finalidad del parágrafo del artículo 14° de la Ley 4 de 1992 nivelar la remuneración de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, debe ten erse como factor salarial para todos los efectos, y no únicamente para cotización a salud y pensión. De lo contrario, su no reconocimiento despoja a los

1992 nivelar la remuneración de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, debe ten erse como factor salarial para todos los efectos, y no únicamente para cotización a salud y pensión. De lo contrario, su no reconocimiento despoja a los destinatarios de los beneficios salariales y prestacionales, vulnerando los artículos 2°, 27° y 53° de la Constitución Nacional.

1.4. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA4

3Expediente Digital Samai- Índice 03-primera instancia, Archivo 01 4 Expediente Digital Samai- Índice 03-primera instancia, Archivo 09Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia 680013333014-2018-00201-02 3

El apoderado de la Rama Judicial, se opone a las pretensiones de la demanda, manifestando que ha liquidado y pagado la asignación salarial y prestacional de sus servidores, con estricta sujeción a lo previsto en los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional para cada vigencia fiscal, pues dichos decretos, estipulan que ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido en tales normas, en concordancia con la Ley 4 de 1992 en su artículo 10º.

Señala que, es cierto la entidad opera como ejecutora de los recursos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para efectos del pago de salarios y prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de es ta circunscripción territorial, también lo es, que, para cumplir dicha función, la Dirección Ejecutiva se encuentra atada a los Decretos salariales que anualmente expide el Gobierno Nacional.

territorial, también lo es, que, para cumplir dicha función, la Dirección Ejecutiva se encuentra atada a los Decretos salariales que anualmente expide el Gobierno Nacional.

Afirma, que la Seccional se ha limitado a dar cumplimiento a l a norma que crea la Bonificación Judicial, en razón a que no tiene facultad para interpretar las leyes e inaplicaras, pues son los jueces en sus respectivos fueros, quienes a través de sentencias tienen tal facultad.

II – LA SENTENCIA OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN5.

La Juez de primera instancia mediante sentencia de fecha 01 de diciembre de 2021, indicó que la bonificación judicial creada por el Decreto 38 3 de 2013, constituye salario, por cuanto se reviste de sus mismas características, al ser una remuneración ordinaria y fija, que se percibe mensualmente desde su creación, y como contraprestación o retribución directa por el servicio prestado a la entidad.

Así mismo manifestó que, la limitación contenida en el decreto, en el sentido que “constituirá ú nicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, va en contra de los elementos del concepto de salario establecido en el ordenamiento jurídico, y a lo estipulado en el artículo 53 de la Constitución Política , así como de principios, contenidos y valores establecidos en el art. 1 del Convenio 095 de la OIT y el artículo 2 de la Ley 4 de 1992. En consecuencia, resolvió:

PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucional e ilegal, pa ra el caso en concreto, la expresión “únicamente” contenida en el art. 1 de los Decretos

PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucional e ilegal, pa ra el caso en concreto, la expresión “únicamente” contenida en el art. 1 de los Decretos 383 de 2013 y demás decretos que lo modifican, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 02435 de 7 de marzo de 2016 por medio de la cual se negó la reliquidación de las prestaciones sociales de la demandante con inclusión de la Bonificación Judicial creada con el Decreto 383 de 2013, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

5 Expediente Digital Samai- Índice 03-primera instancia, Archivo 21Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia 680013333014-2018-00201-02 4

TERCERO: DECLARAR la ocurrencia del silencio administrativo negativo derivado de la falta de respuesta del recurso de apelación, interpuesto contra el acto administrativo contenido en la Resolución No. 02435 de 7 de marzo de 2016, el cual negó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y la reliquidación de las prestaciones sociales a la demandante.

CUARTO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo ficto producto de la ocurrencia del silencio administrativo negativo der ivado de la falta de respuesta del recurso de apelación interpuesto contra el acto administrativo contenido en la Resolución No. 02435 de 7 de marzo de 2016, el cual negó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y la reliquidación de las prestaciones sociales a la demandante.

contenido en la Resolución No. 02435 de 7 de marzo de 2016, el cual negó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y la reliquidación de las prestaciones sociales a la demandante.

QUINTO: ORDENAR , a la NACION - RAMA JUDICIAL -CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA, a título de restablecimiento del derecho, si aún no lo h a hecho, a reconocer a favor de CLAUDIA PATRICIA QUINTERO ARDILA, la bonificación judicial creada por el Decreto 383 de 2013 como factor salarial, desde el 07 de marzo de 2013 en adelante, por el tiempo efectivamente laborado en la RAMA JUDICIAL, y hasta l a terminación del vínculo laboral, reliquidando todas las prestaciones sociales devengadas por ellos.

SEXTO: CONDENAR , a la NACION -RAMA JUDICIAL -CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA, a pagar las diferencias resultantes entre las prestaciones sociales devengadas y las que resulten de la reliquidación ordenada.

SEPTIMO: DECLARAR que en el presente asunto ha operado la prescripción trienal de las diferencias causadas con anterioridad al 7 de marzo de 2013, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

OCTAVO: Las sumas reconocidas deberán ser debidamente actualizadas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

NOVENO: La NACION -RAMA JUDICIAL -CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA-DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE

de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

NOVENO: La NACION -RAMA JUDICIAL -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA, dará cumplimiento a la sentencia de conformidad con los arts. 192 y 195 del CPACA.

DECIMO: NO CONDENAR en costas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. (…)Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Sentencia de Segunda Instancia 680013333014-2018-00201-02 5

III – FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE LA APELACIÓN6.

El apoderado de la demandada reitera la legalidad de los actos acusados, argumentando que la actuación administrativa fue surtida conforme con la normatividad vigente a la fecha, la cual es constitucional y legal y que no ha sido objeto de suspensión, anulación o modificación alguna conocida, razón por la cual, en lo que respecta a la ejecución presupuestal y a la negación del carácter salarial adicional al que reconocen los Decretos 383 y 384 de 2013, no resulta pos ible reconocer carácter salarial a las prestaciones que legalmente no la tienen.

Indica que la Ley 4ta de 1992 y el Decreto 383 y 384 de 2013 son claros, por lo que, la entidad a la que representa, no puede atribuirles a las disposiciones un alcance que no tienen, toda vez que resultaría contrario al sentido natural y obvio en que deben entenderse e interpretarse las palabras, conforme a lo señalado en artículos 27 y 28 del Código Civil.

Insiste en el carácter no salarial de la bonificación judicial de empleados, razón por

en que deben entenderse e interpretarse las palabras, conforme a lo señalado en artículos 27 y 28 del Código Civil.

Insiste en el carácter no salarial de la bonificación judicial de empleados, razón por la cual las pretensiones señaladas con la demanda no están llamadas a prosperar, teniendo en cuenta que la entidad demandada está sometida al imperio de la Ley y obligada a aplicar el derecho vigente al tenor literal de su redacción, dá ndole estricto cumplimiento.

Finalmente, manifiesta que no están incluidos en el presupuesto de la Rama Judicial los dineros que se requerirían para el pago de lo pretendido por la parte actora, lo cual obedece a que el rubro de gastos de personal está pl aneado y calculado, teniendo en cuenta las regulaciones vigentes que regulan los salarios, prestaciones y acreencias laborales de los empleados de la Rama Judicial, por lo que de ninguna manera pueden incluirse allí mayores costos para reconocer lo pretendido por la parte actora, en tanto, no resulta acorde con las previsiones de los Decretos 383 y 384 de 2013, que establecieron el carácter salarial de la Bonificación Judicial únicamente para efectos de aportes de Seguridad Social en pensiones y salud.

IV - TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.

Correspondió por reparto al H. Magistrado Ivan Mauricio Mendoza Saavedra el 29 de noviembre de 2022 en grado de apelación de sentencia 7. El 01 de septiembre de 2023 el ponente manifestó su impedimento y el de los demás Magi strados que conforman la Sala, por lo que, ordenó la remisión del asunto a la Sección Segunda del H. Consejo de Estado para que decidiera sobre el mismo.8

de 2023 el ponente manifestó su impedimento y el de los demás Magi strados que conforman la Sala, por lo que, ordenó la remisión del asunto a la Sección Segunda del H. Consejo de Estado para que decidiera sobre el mismo.8

Mediante auto de fecha 02 de noviembre de 2023 el H. Consejo de Estado dispuso aceptar el impediment o manifestado por los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander ordenando realizar sorteo de conjueces.9

6 Expediente Digital Samai- Índice 03-primera instancia, Archivo 25 7 Expediente Digital Samai- Índice 03 archivo 39 8 Expediente Digital Samai- Índice 04 9 Expediente Digital Samai Consejo de Estado- Índice 04.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia 680013333014-2018-00201-02 6 El 20 de enero de 2025 la presidente de esta Corporación ordenó, fijar fecha y hora para la realización del respectivo sorteo 10; el 21 de en ero de 2025 se llevó a cabo la diligencia de sorteo, correspondiéndole conocer al Conjuez José Luis García Monsalve, quien posteriormente el 03 de febrero de 2025 dispuso avocar conocimiento, admitir recurso de apelación y se corrió traslado para que las p artes se pronunciaran sobre el recurso y para que el Ministerio Público emitiera concepto de fondo.11

4.1. PARTE DEMANDANTE.

El apoderado de la parte demandante guardó silencio.

4.2. PARTE DEMANDADA.

El apoderado de la rama judicial guardo silencio.

4.3. MINISTERIO PÚBLICO.

El apoderado de la parte demandante guardó silencio.

4.2. PARTE DEMANDADA.

El apoderado de la rama judicial guardo silencio.

4.3. MINISTERIO PÚBLICO.

El Agente del Ministerio Público no emitió concepto de fondo.

4.4. CONTROL DE LEGALIDAD.

Revisado el expediente, se observa que de conformidad con lo previsto en el artículo 207 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el desarrollo de las etapas procesales de primera instancia se ejerció el control de legalidad. Por ello, y como en esta instancia no se observan vicios procesales que acarreen la nulidad del proceso o impidan proferir decisión de fondo, se procede a resolver la alzada.

V - CONSIDERACIONES DE LA SALA DE CONJUECES:

5.1. COMPETENCIA.

Conforme a la norma de competencia establecida por el artículo 153 del Código Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo; y una vez llevada a cabo la aud iencia pública de sorteo de conjueces recae en el Tribunal Administrativo de Santander Sala de Conjueces, el conocimiento del presente asunto.

5.2. PROBLEMA JURÍDICO.

En el presente asunto, se circunscribe a determinar si,

P. J.1 : En el presente asunto, se circunscribe a determinar si el demandante, ¿Tiene derecho a que se le reconozca la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales, y, en consecuencia, si hay lugar a declarar la nulidad del acto administrativo demandado?

10 Archivo Digital Samai- Índice 09.

para la liquidación de prestaciones sociales, y, en consecuencia, si hay lugar a declarar la nulidad del acto administrativo demandado?

10 Archivo Digital Samai- Índice 09. 11 Archivo Digital Samai- Índice 13.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia 680013333014-2018-00201-02 7

En caso afirmativo, deberá establecerse ¿si con el reconocimiento se afectaría la sostenibilidad fiscal de la entidad demandada?

P. J. 2: ¿Es procedente la inaplicación por inconstitucionalidad de la palabra “únicamente”, contenida en el artículo 1 del Decreto 383 2013, por medio de la cual se creó la bonificación judicial para los funcionarios y empleados de la Rama

Judicial?

Tesis 1: Sí, al tratarse de una remuneración permanente y periódica, recibida como contraprestación por los servicios pres tados, y con la finalidad de mejorar o incrementar la remuneración de los servidores de la Rama Judicial, se configuran los elementos constitutivos de salario, por tanto, debe reconocérsele sus efectos prestacionales, y en consecuencia, declarar la nulidad del acto administrativo demandado, por cuanto, además de generar graves repercusiones y desmedro de carácter económico al régimen prestacional del demandante, contradice principios y postulados de rango constitucional, como los contenidos en el artículo 5 3°; además de los incorporados en la Ley 4ª de 1992 - ley marco sobre el sistema y criterio de la estructura salarial de la función pública.

Ahora, con el anterior reconocimiento no se afecta la sostenibilidad fiscal de la entidad demandada, puesto que, s i bien es deber del Juez procurar para que el

criterio de la estructura salarial de la función pública.

Ahora, con el anterior reconocimiento no se afecta la sostenibilidad fiscal de la entidad demandada, puesto que, s i bien es deber del Juez procurar para que el monto de las condenas impuestas no sobrepase los límites y afecte la sostenibilidad, lo cierto es que este criterio no puede prevalecer sobre los derechos fundamentales de los trabajadores.

Tesis 2: No. Toda v ez que constituye obligación del juez inaplicar los actos administrativos que vulneren la Constitución Política o la Ley, y para el efecto, se configura vulneración del artículo 53° superior, por cuanto el decreto 38 3 de 2013 desconoce la situación más favorable para el trabajador

5.3. MARCO JURÍDICO Y JURISPRUDENCIAL.

5.3.1. De la Bonificación judicial dirigida a los servidores de la Rama Judicial.

La Constitución Política de Colombia, en el artículo 150 numeral 19, literal e y f ordena al Congreso de la República, dictar las normas generales para que el Gobierno Nacional fijara el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública y regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajado res oficiales; dicho mandato constitucional, fue materializado en la ley 4 de 1992, fijándose normas generales, objetivos y criterios. En el artículo 2º numeral a, dispuso como pauta: “El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales”.

“El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales”.

Más adelante, mediante el Decreto 38 3 de 2013, el Gobierno en ejercicio de las facultades otorgadas en la ley 4ª de 1992, cr eó la Bonificación judicial dirigida a los servidores de la Rama Judicial, la cual se reconoció a partir del 1º de enero deNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia 680013333014-2018-00201-02 8 2013, de manera mensual, mientras el servidor público permanezca en el servicio . Al respecto, el artículo 1º estableció: “Créase par a los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el decreto 874 de 2012 y las di sposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1° de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año al valor que se fija en las siguientes tablas, así:(…)” En el artículo citado se precisa que la bonificación judicial será reconocida a partir del 1 de enero de 2013 , se cancelará mensualmente por el servidor en tanto

servicio y corresponde para cada año al valor que se fija en las siguientes tablas, así:(…)” En el artículo citado se precisa que la bonificación judicial será reconocida a partir del 1 de enero de 2013 , se cancelará mensualmente por el servidor en tanto permanezca en el servicio. Asimismo, advierte que esta solo será tenida en cuenta para la cotización en el si stema general de pensiones y para el sistema de seguridad social en salud.

No obstante, el artículo 14 de la Ley 50 de 1990, estableció que “ Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en di nero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de de scanso obligatorio, porcentaje sobre ventas y comisiones.”

Así mismo, el artículo 12 del Decreto No. 717 de 1978, señaló que, además de la asignación básica mensual fijada por la ley para cada empleo, constituyen factores de salario todas las sumas que ha bitual y periódicamente recibe el funcionario o empleado, estableciendo:

“(…) Además de la asignación básica mensual fijada por la ley para cada empleo, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribución por sus servicios (…)”

El H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección segunda, mediante Sentencia del seis (06) de abril de dos mil veintidós (2022), se refirió al carácter salarial de la bonificación judicial así12:

El H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección segunda, mediante Sentencia del seis (06) de abril de dos mil veintidós (2022), se refirió al carácter salarial de la bonificación judicial así12:

“(…) En este orden de ideas, para la Sala es claro que la bonificación judicial creada mediante Decreto No. 0382 de 2013, al ser un pago que reciben los empleados y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, de forma habitual y periódic a en contraprestación a sus servicios, no habría

12 En igual sentido la Sentencia de Unificación de la Sala Plena de Conjueces – SUJ-023-CE-S2-2020 de fecha 15 de diciembre del 2020. Conjuez Ponente: Jorge Iván Rincón Córdoba.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia 680013333014-2018-00201-02 9 motivo alguno para desconocer su carácter salarial, máxime si se tiene en cuenta que fue creada precisamente para materializar una nivelación salarial dispuesta en una Ley marco, Aceptar lo contrario, implic aría desconocer abiertamente los límites a la facultad otorgada por el Congreso al Gobierno Nacional y desatentar principios de rango constitucional como la progresividad, la primacía de la realidad sobre las formas y los límites protectores señalados por el Constituyente en el artículo 53 de la Carta Política (…)”.

5.3.2. De la excepción de inconstitucionalidad.

En el ordenamiento jurídico colombiano se ha establecido la figura del control constitucional que de forma concentrada ejerce en abstracto la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en lo de sus respectivas competencias, así

En el ordenamiento jurídico colombiano se ha establecido la figura del control constitucional que de forma concentrada ejerce en abstracto la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en lo de sus respectivas competencias, así como el control constitucional difuso a cargo de cada uno de los jueces en los procesos sometidos a su consideración y en aplicación directa del artículo 4 de la carta política.

Ha sido definida por la Corte Constitucional en la Sentencia SU -132 de 2013 de la siguiente forma:

“Es una facultad o posibilidad (o si se quiere, una herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se configura igualmente como un deber en tanto las autoridades no puede dejar de hacer uso de ella en los eventos en que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a un caso concreto y las normas constitucionales”. En consecuencia, esta herramienta se usa con el fin de proteger, en un caso concreto y con efecto inter partes, los derechos fundamentales que se vean en riesgo por la aplicación de una norma de inferior jerarquía y que, de forma clara y evidente, contraría las normas contenidas dentro de la constitución política”

Ahora bien, la facultad del Juez ordinario para efectuar un control de constitucionalidad difuso no es irrestricta o ilimitada conforme su particular entender de los principios y valores constitucionale s; en palabras del intérprete legítimo de la constitución:

Dentro de la supremacía que tiene y debe tener la Constitución, esta se impone como el grado más alto dentro de la jerarquía de las normas, de manera que el contenido de las leyes y de las normas jurídicas generales

Dentro de la supremacía que tiene y debe tener la Constitución, esta se impone como el grado más alto dentro de la jerarquía de las normas, de manera que el contenido de las leyes y de las normas jurídicas generales está limitado por el de la Constitución. Así pues, debe existir siempre armonía entre los preceptos constitucionales y las normas jurídicas de inferior rango, y si no la hay, la Constitución Política de 1991 ordena de manera categórica que se apliquen las disposiciones constitucionales en aquellos casos en que sea manifiesta y no caprichosa, la incompatibilidad entre las mismas, por parte de las autoridades con plena competencia para ello. (…)Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia 680013333014-2018-00201-02 10 Si bien es cierto que por regla general las decisiones estatales son de obligatorio cumplimiento tanto para los servidores públicos como para los particulares "salvo norma expresa en contrario" como lo señala la primera parte del artículo 66 del decreto 01 de 1984, también lo es que, cuando de manera palmaria, ellas quebrantan los ordenamientos constitucionales, con fundamento en la supremacía constitucional, debe acatarse el mandato contenido en el artículo 4° de la Carta ya citado, que ordena que "en todo caso de incompatibilidad entre la Constituc ión y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales", sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente de que trata el artículo 6° de la misma, por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación, po r parte de los servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones. Lo anterior no

responsabilidad correspondiente de que trata el artículo 6° de la misma, por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación, po r parte de los servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones. Lo anterior no se predica de la norma jurídica de contenido particular, individual y concreto, que crea derechos en favor de un particular, la cual no puede dejar de aplicarse a través d e la excepción de inconstitucionalidad, en presencia de la garantía de que gozan los derechos adquiridos con justo título y con arreglo a las leyes civiles, hasta tanto no sean anulados o suspendidos por la jurisdicción competente, o revocados por la misma administración con el consentimiento expreso y escrito de su titular.13

Se deduce, a forma de principio, que la excepción de inconstitucionalidad no puede ser aplicada si no media una contradicción evidente entre el texto de la regla que se va a dejar de aplicar y la disposición constitucional que se entiende vulnerada, pues, el sistema jurídico en pos de la seguridad jurídica y el profundo compromiso democrático prefiere, como regla general, los juicios en abstracto que hace el Juez Constitucional respecto a las normas que son de su competencia.

La Corte Constitucional señala en la Sentencia C -600 de 1998 y Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, a tenor literal lo siguiente:

La Corte Constitucional, en lo que hace a las normas sometidas a su examen, define, con la fuerza de la cosa juzgada constitucional, su exequibilidad o inexequibilidad, total o parcial, con efectos erga omnes y con carácter obligatorio general, oponible a todas las personas y a las autoridades públicas,

define, con la fuerza de la cosa juzgada constitucional, su exequibilidad o inexequibilidad, total o parcial, con efectos erga omnes y con carácter obligatorio general, oponible a todas las personas y a las autoridades públicas, sin excepción alguna. (…) El