TA SAN - Sentencia 680013333014-2018-00246-02 (27-02-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, veintisiete (27) de febrero del dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA RADICADO: 680013333014-2018-00246-02

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026800123

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: HUGO ELEAZAR MART ÍNEZ MARIN , JUAN

CARLOS MORALES MELÉNDEZ, LIDA EDME

RODRÍGUEZ RINCÓN E ILEANA DUARTE

PULIDO.

claudioolarte@gmail.com humar62@hotmail.com lidaedmer@gmail.com juancarlosmoralesm_@hotmail.com fabian7borja@hotmail.com fabianborja101@gmail.com fborja@hotmail.com

DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICALCONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURADIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO JHON CARLOS GARCÍA PEREA

jcgarcia@procuraduria.gov.co ASUNTO: Sentencia de segunda instancia - confirma

TEMA: Bonificación Judicial

SENTENCIA No. 015

MINISTERIO PÚBLICO JHON CARLOS GARCÍA PEREA

jcgarcia@procuraduria.gov.co ASUNTO: Sentencia de segunda instancia - confirma

TEMA: Bonificación Judicial

SENTENCIA No. 015

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y demandada contra la sentencia de primera instancia de fecha once (11) deNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Hugo Eleazar Martínez Marín y otros.

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333014-2018-00246-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander diciembre de dos mil veintitrés (2023), proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga.

La Sala es competente para resolver el recurso de conformidad con lo previsto en el artículo 153 del CPACA.

I. ANTECEDENTES.

A. Posición de la parte demandante1

Se promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución DESAJBUR17 -4918 del 6 de septiembre de 2017 , expedido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga y el acto ficto o presunto por la no contestación del recurso de apelación presentado el día 18 de septiembre de 2017

septiembre de 2017 , expedido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga y el acto ficto o presunto por la no contestación del recurso de apelación presentado el día 18 de septiembre de 2017 mediante el cual se negó el reconocimiento, reliquidación y pago de los valores por concepto de prestaciones sociales de los demandantes Hugo Eleazar Martínez Marín, Juan Carlos Morales Meléndez, Lida Edme Rodríguez Rincón e Ileana Duarte Pulido.

En consecuencia, solicitó:

«PRIMERA: Se declare la nulidad de los actos administrativos resolución DESAJBUR17-4918 del 06 de septiembre de 2017 de la directora ejecutiva seccional de administración judicial de Bucaramanga, notificada por correo electrónico el día 14 de septiembre de 2017 v del acto ficto o presunto negativo por la no contestación del recurso de apelación presentado ante esa entidad, mediante los cuales se les negó el reconocimiento, reliquidación y pago de los valores que, por concepto de prestaciones sociales, como primas, vacaciones, bonificaciones, cesantías y demás adeuda a mis poderdantes con base en la bonificación judicial y bonificación por actividad judicial.

SEGUNDA; Se declare como factor salarial para cada uno de mis poderdantes la bonificación por activi dad judicial desde el año 2005 en los periodos en que se desempeñaron como jueces, hasta la fecha en que se produzca efectivamente el pago.

TERCERA; Se declare como factor salarial para cada uno de mis poderdantes la bonificación judicial desde el año 2013 en los periodos en que se desempeñaron como jueces o empleados, hasta la fecha en que se

produzca efectivamente el pago.

TERCERA; Se declare como factor salarial para cada uno de mis poderdantes la bonificación judicial desde el año 2013 en los periodos en que se desempeñaron como jueces o empleados, hasta la fecha en que se produzca efectivamente el pago.

1 Pág. 190209, 001EXPEDIENTE DIGITAL.PDFNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Hugo Eleazar Martínez Marín y otros.

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333014-2018-00246-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander CUARTA: Ordenar la liquidación y pago de las prestaciones con base en la bonificación por actividad judicial del decreto 3131 de 200 5 como factor salarial de los valores dejados de percibir desde el año 2005 y de la bonificación judicial del decreto 383 de 2013 como factor salarial de los valores dejados de percibir desde el año 2013 para cada uno de mis poderdantes de todas las prestaciones sociales legales, devengadas tales como primas, bonificaciones, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías en los periodos en que sean designadas o desempeñen como jueces (...).

QUINTA: Ordenar que luego de la sentencia y en adelante, la Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, siga liquidando y pagando a mis poderdantes, todas sus prestaciones sociales y demás emolumentos y derechos laborales con la inclusión de la bonificación judicial y bonificación por actividad judicial

Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, siga liquidando y pagando a mis poderdantes, todas sus prestaciones sociales y demás emolumentos y derechos laborales con la inclusión de la bonificación judicial y bonificación por actividad judicial como factores salariales en los periodos en que se desempeñen como jueces.

SEXTA: Que la demandada sea condenada ultra y extra petita por cuanto resulte probado en el proceso.

SEPTIMA: Que, como consecuencia de lo anterior, la demandada sea condenada a pagar al demandante los valores y sumas reclamados, ajustados e indexados de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor. De igual manera ordenar que la demandada de cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 176 y 178 del C.C.A. (...)

DECIMA; Se condene en costas y agencias en derecho a la entidad accionada en caso de oposición dilatoria.»

Las anteriores pretensiones se fundamentaron en las siguientes afirmaciones:

Los demandantes son servidores de la Rama Judicial y devengan mensualmente la bonificación judicial creada con el Decreto No. 383 de 2013.

El 1 de septiembre de 2017 se elevó petición ante la entidad demandada solicitando la liquidación y pago de todas las prestaciones sociales con base en la bonificación por actividad judicial y la bonificación judicial como factor salarial de los valores dejados de percibir desde el año 2005 y el 1 de enero de 2013 respectivamente; y las que a futuro se generen.

En respuesta, la demandada emitió la Resolución DESAJBUR17 -4918 del 6 de septiembre de 2017, en la que se negaron las pretensiones.

las que a futuro se generen.

En respuesta, la demandada emitió la Resolución DESAJBUR17 -4918 del 6 de septiembre de 2017, en la que se negaron las pretensiones.

Inconforme con la decisión, se interpuso recurso de apelación el día 18 de septiembre de 2017. Sin embargo, la parte demandada guardó silencio.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Hugo Eleazar Martínez Marín y otros.

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333014-2018-00246-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Como fundamento de derecho invocaron la Ley 4 de 1992 , el artículo 12 del Decreto 717 de 1978, el artículo 53 de la Constitución Política, el artículo 1 del Acto legislativo N° 03 de 2002 y el Decreto 383 de 2013.

B. Posición de la parte demandada.

La Nación – Rama Judicial2 se opuso a la prosperidad de las pretensiones en los siguientes términos:

Adujo que los actos administrativos acusados tienen sustento en las disposiciones legales contenidas en el Decreto 383 de 2013, la Ley 4 de 1992 y en que el único con competencia para establecer el régimen prestacional y salarial de los empleados públicos de la Rama Judicial es el Gobierno Nacional.

Señaló que, por expreso mandato legal, la Bonificación Judicial constituye factor salarial únicamente para efectos de constituir la base de cotización al Sistema

empleados públicos de la Rama Judicial es el Gobierno Nacional.

Señaló que, por expreso mandato legal, la Bonificación Judicial constituye factor salarial únicamente para efectos de constituir la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y que hace parte de la libert ad de configuración del legislador establecer qué parte de la remuneración de los empleados públicos constituye o no factor salarial y para qué fines.

Así mismo, indicó que los decretos por medio de los cuales el Gobierno Nacional reguló los salarios y prestaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial cumplieron con los estándares legales y constitucionales para su expedición y, en consecuencia, la responsabilidad sobre la inaplicabilidad de la norma salarial no puede ser asumida por la Rama Judicial.

Adicionalmente, propuso la excepción de prescripción trienal de los derechos reclamados.

C. Sentencia de primera instancia3.

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del once (11) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), resolvió:

2 004ContestacionDemanda.pdf 3https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800133/6800133330142018002 4601/AF801675C5DD7F9BE4EDA59FAD27FC25DDD79FC14571066C5D96D164762E45E2/2Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Hugo Eleazar Martínez Marín y otros.

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333014-2018-00246-02

Rama Judicial del Poder Publico

Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Hugo Eleazar Martínez Marín y otros.

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333014-2018-00246-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

«PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucional e ilegal, para el caso en concreto, la expresión “únicamente” contenida en el art. 1 de los Decretos 383 de 2013 y demás decretos que lo modifican, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial de la DESAJBUR17-4918 del 6 de septiembre de 2017 y del acto administrativo ficto producto de la falta de decisión del recurso de apelación interpuesto el 18 de septiembre de 2017 en lo que atañe a la reliquidación de prestaciones del demandante teniendo como factor salarial la bonificación judicial de que trata el Decreto 383 de 2013, de conformidad con lo señalado en precedencia.

TERCERO: Como consecuencia de la declaratoria de nulidad, se ordenará la reliquidación de todas las prestaciones sociales de la parte demandante, incluyendo como factor salarial la bonificación judicial de que trata el Decreto 383 de 2013, desde el 1 de septiembre de 2014 y en adelante, por el tiempo efectivamente laborado y hasta la finalización de su vínculo laboral.

Deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario.

Deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario.

La actualización ordenada se hará la aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.

CUARTO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN TRIENAL, frente a las sumas adeudadas, causadas con anterioridad al 1 de septiembre de 2014.

QUINTO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: NO CONDENAR en COSTAS ni en AGENCIAS EN DERECHO.»

Lo anterior, al considerar que la bonificación judicial fue otorgada de manera continua y mensual, lo que la convierte en una remuneración fi ja y directa, cumpliendo características de un salario. Por lo que debe ser incluida en el cálculo de las demás prestaciones sociales.

Manifestó que inaplicará la parte del primer inciso del artículo 1 del Decreto 383 de 2013 que limita el reconocimiento de la bonificación judicial solo para efectos de cotización al sistema de salud y pensiones , en el entendido que sus disposiciones contravienen la Constitución y la ley, al n o reconocer la bonificación como factor salarial para calcular todas las prestaciones sociales y salariales.

Con relación a la bonificación por actividad judicial, precisó que, se aplicará la sentencia del 19 de junio de 2008, con radicado 11001-03-25-000-2006-0004300(0867-06) proferida por el Consejo de Estado dentro del medio de control de

sentencia del 19 de junio de 2008, con radicado 11001-03-25-000-2006-0004300(0867-06) proferida por el Consejo de Estado dentro del medio de control de nulidad simple contra el Decreto 3131 de 2005, en la que se concluyó que dichoNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Hugo Eleazar Martínez Marín y otros.

Demandado: Nación – Rama Judicial

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander emolumento no t iene carácter salarial ni prestacional . Además, que negar tal naturaleza no vulnera derechos adquiridos ni contraviene las disposiciones legales y constitucionales. Por lo tanto, precisó que la parte actora no tiene derecho al reconocimiento de la bonificación por actividad judicial como factor salarial.

Respecto de la prescripción trienal, señaló que los demandantes presentaron la reclamación administrativa el 1 de septiembre de 2017 ; por tanto, las sumas causadas con anterioridad al 1 de septiembre de 2014 se encuentran prescritas.

Adicionalmente, no condenó en costas a la parte demandada.

D. Recurso de apelación.

La Nación-Rama Judicial 4 solicitó revocar la decisión de primera instancia con sustento en los siguientes argumentos:

1. La parte demandante no impugnó oportunamente los Decretos 383 y 384 de 2013 cuando fueron expedidos, y por lo tanto no puede ahora

sustento en los siguientes argumentos:

1. La parte demandante no impugnó oportunamente los Decretos 383 y 384 de 2013 cuando fueron expedidos, y por lo tanto no puede ahora pretender su inaplicabilidad. El plazo para demandar la nulidad de estos decretos ya caducó según el artículo 138 del CPACA, por lo que la demanda debería ser desestimada.

1. La entidad no cuenta con facultades ni atribuciones en materia de fijación de salarios y prestaciones para los servidores de la Rama Judicial, puesto que su competencia recae únicamente en el gobierno nacional, específicamente en la expedición del Decreto 083 de 2013 con el objeto de establecer la bonificación judicial para esos funcionarios.

1. El juez de primera instancia desconoció lo anterior y le impuso una carga excesiva a la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que no está en el deber de soportar y le exigió un imposible jurídico al no tener en cuenta dicha normatividad, comoquiera que es con base en esta que se reconocen y pagan las remuneraciones en la entidad.

4031RecursoApelacionRama.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Hugo Eleazar Martínez Marín y otros.

Demandado: Nación – Rama Judicial

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander iv) Además, considerando que la responsabilidad recae en el Gobierno Nacional y no en la Rama Judicial, la prosperidad de las pretensiones

Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander iv) Además, considerando que la responsabilidad recae en el Gobierno Nacional y no en la Rama Judicial, la prosperidad de las pretensiones requiere necesari amente la inaplicación de los Decretos 383 y 384 de

2013. En consecuencia, para el pago de emolumentos no contemplados en los cálculos de la Rama Judicial, se deberá acudir por mandato legal al Ejecutivo, específicamente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Este organismo deberá asignar recursos adicionales a la entidad, los cuales no están previstos en las finanzas públicas, lo que implicaría una modificación del Presupuesto General de la Nación.

1. La acción de inaplicabilidad de los decretos salari ales por inconstitucionalidad no es válida en este caso, ya que los decretos siguen vigentes hasta que sean declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional. Además, la demanda mezcla solicitudes de inaplicabilidad con peticiones de nulidad, lo que genera confusión.

1. La bonificación judicial reclamada no constituye un derecho adquirido, sino que fue el resultado de una negociación que no afecta derechos prestacionales adicionales. Por lo tanto, los demandantes no tienen derecho a una compensación mayor a la que ya fue reconocida.

1. Los actos administrativos impugnados fueron proferidos en cumplimiento de los decretos salariales vigentes y, por tanto, no corresponden a actos definitivos que puedan ser revisados judicialmente.

La parte demandante5 reiteró que la bonificación por actividad judicial constituye una contraprestación directa y habitual por los servicios prestados por fiscales,

definitivos que puedan ser revisados judicialmente.

La parte demandante5 reiteró que la bonificación por actividad judicial constituye una contraprestación directa y habitual por los servicios prestados por fiscales, jueces y procuradores, lo que le otorga naturaleza salarial conforme a la Ley 4 de

1992. Sostuvo que su pago periódico y condicionado únicamente al cumplimiento de requisitos normativos no la convierte en un beneficio ocasional, sino en una remuneración con efectos en la liquidación de prestaciones sociales.

En cuanto a la condena en costas, refirió que la entidad demandada actuó de mala fe y con ánimo dilatorio al interponer recursos reiterados, pese a que estos ya habían

5https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800133/6800133330142018002 4601/5EB5BC8C063520F8C37F00E5D0E26156B389D9E162D2F5CB7746273C119B6FBC/2Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Hugo Eleazar Martínez Marín y otros.

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander sido resueltos en su contra en otras instancias. Argumentó que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial abusa del derecho procesal al emplear estrategias para dilatar los procesos sin consecuencias disciplinarias, generando un trato desigual frente a los particulares. En este sentido, solicita que se imponga la

Ejecutiva de Administración Judicial abusa del derecho procesal al emplear estrategias para dilatar los procesos sin consecuencias disciplinarias, generando un trato desigual frente a los particulares. En este sentido, solicita que se imponga la condena en costas como medida para garantizar el Estado Social de Derecho y evitar que la entidad continúe utilizando recursos p rocesales con fines meramente dilatorios.

E. Pronunciamiento en segunda instancia.

La Nación-Rama Judicial 6, reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación y sostuvo que la bonificación por actividad judicial es un reconocimiento económico semestral para jueces, fiscales y procuradores, establecido mediante el Decreto 3131 de 2005 y sus modificaciones; por lo que no constituye un factor salarial ni prestacional, y no se tiene en cuenta para la liquidación de prestaciones sociales.

Además, para acceder a esta bonificación, los funcionarios deben cu mplir condiciones como la permanencia en el cargo, la ausencia de sanciones disciplinarias y, en versiones anteriores del decreto, el cumplimiento de metas de calidad y eficiencia. Sin embargo, esta exigencia fue eliminada por el Decreto 2435 de 2006. Indicó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha ratificado que esta bonificación no tiene carácter salarial, ya que fue creada como un incentivo adicional y no como parte de la remuneración base de los funcionarios.

En cuanto a la condena en costas, ref irió que la parte recurrente no acreditó de manera suficiente el cumplimiento de los requisitos para acceder a la bonificación, lo que desvirtúa la pretensión de su reconocimiento , por lo que, se limitó a ejercer el derecho de defensa y contradicción.

manera suficiente el cumplimiento de los requisitos para acceder a la bonificación, lo que desvirtúa la pretensión de su reconocimiento , por lo que, se limitó a ejercer el derecho de defensa y contradicción.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

F. Problemas jurídicos.

6https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800123/6800133330142018002 4602/EBDF006082EC5848320D0AA31E840DCDE5211AFAB288E0AB5AEBD8C9C020B6B8/2Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Hugo Eleazar Martínez Marín y otros.

Demandado: Nación – Rama Judicial

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander Con el fin de establecer si procede confirmar o, por el contrario, revocar la sentencia de primera instancia, se deben resolver los siguientes interrogantes que surgen de los argumentos de impugnación de las partes demandante y demandada:

Con relación a los argumentos de la parte demandada: P.J.1. ¿Hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia por qué ; i) La oportunidad para cuestionar la legalidad de los Decretos 383 y 384 de 2013, caducó, al no haberse impugnado oportunamente cuando fueron expedidos , ii) La Rama Judicial, específicamente la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, no tiene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional establecido por el

al no haberse impugnado oportunamente cuando fueron expedidos , ii) La Rama Judicial, específicamente la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, no tiene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional establecido por el Gobierno Nacional en los Decretos 383 y 384 de 2013 , iii) la inaplicación por inconstitucionalidad de estos decretos no es procedente en el caso particular, por estar vigentes y no ha ber sido declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional?

Con relación a los argumentos expuestos por la parte demandante:

P.J.2 ¿Hay lugar a revocar parcialmente la sentencia de primera instancia, con sustento en que: i) La parte demandante tiene derecho a que se le reconozca la bonificación por actividad judicial de que trata el Decreto 3131 de 2005 como factor salarial para la li quidación de prestaciones sociales que no reconoció el juez de primera instancia, y ii) Se debe condenar en costas de primera instancia a la parte demandada, con sustento en que durante el trámite del proceso actúo con temeridad y mala fe?

G. Tesis de la Sala.

P.J.1 No, el acto acusado al negar prestaciones periódicas puede ser demandado en cualquier tiempo, conforme reza el Art. 164, numeral 1, literal c). Adicionalmente no se pueden entender como demandados los decretos que crean la bonificación judicial habida cuenta que lo único que se pretende frente a aquellos es la inaplicación de la expresión «únicamente» y no su ilegalidad . Igualmente, la jurisprudencia ha establecido que la bonificaci ón judicial cumple con los requisitos de salario al ser un pago habitual en retribución al trabajo, por lo que su exclusión

inaplicación de la expresión «únicamente» y no su ilegalidad . Igualmente, la jurisprudencia ha establecido que la bonificaci ón judicial cumple con los requisitos de salario al ser un pago habitual en retribución al trabajo, por lo que su exclusión como factor salarial desconoce el mandato de nivelación salarial de la Ley 4ª de 1992.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Hugo Eleazar Martínez Marín y otros.

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333014-2018-00246-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

Así mismo, si bien la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no tiene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional fijado por el Gobierno Nacional, sí tiene la facultad de interpretar y aplicar las normas en materia salarial dentro de los límites establecidos. La inaplicación del artículo 1 del Decreto 383 de 2013 no implica una modificación del régimen salarial, sino la correcta aplicación del principio «in dubio pro operario » en favor de los servidores judiciales, garantizando sus derechos constitucionales. La jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional ha reconocido que el concepto de salario no depende de la denominación que le dé el empleador, sino de su naturaleza y periodicidad, lo que confirma que la bonificación judicial debe ser considerada factor salarial.

P.J.2 No, el Decreto 3131 de 2005 establece que la bonificación por actividad judicial carece de naturaleza salarial y ha sido objeto de un pronunciamiento previo

salarial.

P.J.2 No, el Decreto 3131 de 2005 establece que la bonificación por actividad judicial carece de naturaleza salarial y ha sido objeto de un pronunciamiento previo del Consejo de Estado, el cual ratificó su legalidad y su carácter no salarial.

Así mismo, respecto a la condena en costas, dando aplicación al criterio subjetivo, se confirmará la sentencia de primera instancia, al no evidenciar temeridad o mala fe por parte de la entidad demandada, toda vez que su conducta procesal se enmarcó dentro del legítimo ejercicio del derecho de defensa y contradicción, sin incurrir en maniobras dilatorias o en actuaciones manifiestamente infundadas.

H. Metodología de la decisión.

Para resolver los problemas jurídicos, la Sala estudiará los siguientes temas: i) La bonificación judicial creada mediante el Decreto 383 de 2013; ii) Igualdad en la liquidación y pago de la bonificación; iii) Naturaleza salarial de la bonificación judicial; iv) La bonificación por actividad judicial del Decreto 3131 de 2005; v) Naturaleza jurídica de los decretos que reglamentan las leyes marco ; v i) La excepción de inconstitucionalidad ; y v ii) Costas en el proceso contencioso administrativo.

Por último, se analizará el caso concreto: hechos relevantes probados y su análisis crítico. Además, se llevará a cabo el estudio oficioso de la prescripción.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Hugo Eleazar Martínez Marín y otros.

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333014-2018-00246-02

Rama Judicial del Poder Publico

Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Hugo Eleazar Martínez Marín y otros.

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333014-2018-00246-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander i) Bonificación judicial creada mediante el Decreto 383 de 2013

La Ley 4 de 1992 establece el marco normativo para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, incluyendo los de la Rama Judicial, en cumplimiento del mandato constitucional del artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política de 1991.

Por su parte, el Gobierno Nacional, en desarrollo de las preceptivas y orden de nivelación salarial de la Ley 4ª de 1992, expidió el Decreto 383 de 6 de marzo de 2013, el cual creó la bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar.

De acuerdo con el mencionado decreto, dicho emolumento s e reconoce mensualmente y únicamente constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y Salud, y se le excluyó como factor para liquidar otros efectos legales.

Los artículos 1 y 2 son del siguiente tenor literal:

«ARTÍCULO 1. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose

Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el Decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1º de enero de 20