TA SAN - Sentencia 680013333014-2018-00369-02 (03-04-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 7 de octubre de 2024 , proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante la cual se concedieron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, la señora Viviana Esperanza Uribe Medina formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso — administrativo, en orden a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Oficio 31200-0465 del 2 de noviembre de 2017 proferido por la Fiscalía General de la Nación y ii) la Resolución 20257 del 1 de febrero de 2018 proferida por la Fiscalía General de la Nación.

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 24 índice SAMAI, link one drive, archivo c01. MEDIO DE CONTROL Nulidad y restablecimiento del derecho RADICADO 680013333014-2018-00369-02

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 24 índice SAMAI, link one drive, archivo c01. MEDIO DE CONTROL Nulidad y restablecimiento del derecho RADICADO 680013333014-2018-00369-02 DEMANDANTE Viviana Esperanza Uribe aymabogadosespecializados@hotmail.com DEMANDADO Nación, Fiscalía General de la Nación jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de segunda instancia TEMA Bonificación Judicial Decreto 382 de 2013Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Viviana Esperanza Uribe

Demandado: Fiscalía General de la Nación Radicado: 680013333014-2018-00369-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

En consecuencia, solicitó:

«INAPLICAR POR INCONSTITUCIONAL E ILEGAL la expresión "constituye únicamente factor salarial para la base de cot ización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud" contenida en el artículo primero del Decreto 382 de 2013 modificado por el Decreto 022 de 2014, ajustada a su vez por los Decretos No, 1270 de 2015, 247 de 2016, 1015 de 2017 y 341 de 2018, por vulneración de los artículos 29, 27 y 53 de la Carta Fundamental, y la Ley 4 de 1993 en su parágrafo.

de 2017 y 341 de 2018, por vulneración de los artículos 29, 27 y 53 de la Carta Fundamental, y la Ley 4 de 1993 en su parágrafo.

DECLARAR LA NULIDAD del acto administrativo contenido en el oficio No.31200-0465 del 2 de noviembre de 2017, notificada el 03 de noviembre de 2018, mediante el cual se neg ó el reconocimiento y pago de la bonificación judicial como factor salarial.

3. DECLARAR LA NULIDAD del acto administrativo contenido en la Resolución No. 20257 del 1 de febrero de 2018 mediante la cual se. resolvió el recurso de apelación confirmando en todas sus partes lo decidido en el oficio No. 31200 -0465, la cual fue notif icada mediante correo electrónico el 2 de febrero de 2018.

4.QUE A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DE L DERECHO como consecuencia de la nulidad de los actos administrativos demandados se ordene a la NACIÓN -FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, reconocer como: factor salarial y prestacional la bonificación judicial, creada mediante el Decreto 382 de 2013 modificado por el Decreto No.022 de enero 9 de 2014 y en tal virtud se reliquiden las prestaciones sociales y demás emolumento s devengados por mi representado como servidor y/o empleado. de la Fiscalía General de la Nación, y se proceda al pago de las diferencias causadas como consecuencia de la referida reliquidación a partir del 1 de enero de 2013 hasta la fecha en que se cause y en adelante se reconozca y pague la bonificación como factor salarial.

5. La liquidación de las anteriores condenas deberá efectuarse mediante

la fecha en que se cause y en adelante se reconozca y pague la bonificación como factor salarial.

5. La liquidación de las anteriores condenas deberá efectuarse mediante sumas liquidas de moneda de curso legal en Colombia, y se ajustarán dichas condenas tomando como base el índice de precios al consumidor, conforme a lo dispuesto por el artículo 192 del CPACA.

6.Para el cumplimiento de la sentencia, se ordenará dar aplicación a los artículos 189, 192, 194 y195 del CPACA». (Sic en todo el texto)

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la apoderada de la parte demandante señaló los siguientes:

1. La parte demandante labora en la Fiscalía General de la Nación y para la fecha de presentación de la demanda se desempeñaba e n e l cargo de fiscal delegada ante los jueces municipales.

1. Mediante el Decreto 382 del 6 de marzo de 2013, se creó una bonificación judicial para los servidores de la Fiscalía General de la Nación, modificado por el Decreto 022 del 9 de enero de 2014, la cual a su vez ha sido ajustada por los Decretos 1270 de 2015, 247 de 2016, 1015 de 2017 y 341 de 2018 ; no obstante, se establece en la norma que constituye factor salarial solo para la cotización al Sistema General de Seguridad Social en salud y pensión.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Viviana Esperanza Uribe

Demandado: Fiscalía General de la Nación Radicado: 680013333014-2018-00369-02

Rama Judicial del Poder Publico

Sentencia de segunda instancia

Demandante: Viviana Esperanza Uribe

Demandado: Fiscalía General de la Nación Radicado: 680013333014-2018-00369-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

1. El 9 de octubre de 201 7, la demandante presentó petición ante la Fiscalía General de la Nación, a través de la cual solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y la consecuente reliquidación y pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos a que tiene derecho desde el 1 de enero de 2013.

1. El 2 de noviembre de 2017, a través de Oficio 31200-0465, la entidad demandada dio respuesta a la petición de manera negativa.

1. El 8 de noviembre de 2017, se interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, el cual fue resuelto mediante Resolución 20257 del 1 de febrero de 2018 en el sentido de confirmar el acto administrativo recurrido.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

En el escrito de la demanda se invocaron como violados los artículos 2, 4, 13, 25, 29, 53 y 150 de la Constitución Política, 2 y 10 de la Ley 4 de 1992, Ley 4 de 1992, 127 del Código Sustantivo del Trabajo y 42 del Decreto Ley 1042 de 1978.

En desarrollo del concepto de violación, el apoderado de la parte demandante expuso las siguientes razones:

1. Los actos administrativos demandados resultan violatorios de las

de 1978.

En desarrollo del concepto de violación, el apoderado de la parte demandante expuso las siguientes razones:

1. Los actos administrativos demandados resultan violatorios de las normas nacionales y los tratados internacionales, razón por la cual se debe inaplicar la expresión «constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud », contenida en el artículo 1 del Decreto 382 de

2013.

1. Deben darse todos los efectos jurídicos de salario a la bonificación judicial, toda vez que esta se devenga en forma periódica y como contraprestación directa del servicio, tal y como se estableció por el Consejo de Estado frente al asunto relacionado con la prima especial creada por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, antecedente que no solo resulta pertinente y necesario, sino que deja sin argumentos cualquier negativa que en contrario intente erigirse.

1. La bonificación judicial es un incremento salarial con efectos salariales no únicamente para la cotización a seguridad social en salud y pensiones, sino para la liquidación de las prestaciones sociales y demás emolumentos devengados por la demandante.

1. Se debe inaplicar el Decreto 382 de 2013 por ser violatorio de la

Constitución Política y las Leyes.

1.2. Contestación de la demanda2

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 24 índice SAMAI, link one drive, archivo c01.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Viviana Esperanza Uribe

Demandado: Fiscalía General de la Nación Radicado: 680013333014-2018-00369-02

archivo c01.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Viviana Esperanza Uribe

Demandado: Fiscalía General de la Nación Radicado: 680013333014-2018-00369-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

1.2.1. Nación, Fiscalía General de la Nación

La apoderada de la parte demandada allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos innominados «constitucionalidad de la restricción del carácter salarial », «aplicación del mandato de sostenibilidad fiscal en el Decreto 382 de 2013», «legalidad del fundamento normativo particular», «cumplimiento de un deber legal», «cobro de lo no debido», «prescripción de los derechos laborales», «buena fe» y «la genérica».

Los medios exceptivos se fundamentaron en los siguientes aspectos:

Innominadas:

a) «Constitucionalidad de la restricción del carácter salarial»:

1. El Decreto 382 de 2013 se expidió en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, mediante la cual se señalan las normas y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salari al y prestacional de los servidores públicos. La ley precitada tiene como sustento los literales e y f del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política, esto es, que le corresponde al Congreso hacer las leyes.

1. La Constitución Política habilita a las normas jurídicas con inferior jerarquía a que modulen los factores remuneradores habituales que recibe el

corresponde al Congreso hacer las leyes.

1. La Constitución Política habilita a las normas jurídicas con inferior jerarquía a que modulen los factores remuneradores habituales que recibe el empleado sin que prima facie se reputen como salario o incluso cuando se imputan como salario se excluyan o no del reconocimiento del pago de prestaciones sociales sobre su base.

b) «Aplicación del mandato de sostenibilidad fiscal en el Decreto 382 de 2013»:

1. En la actual Constitución Política , artículo 334 modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 3 de 2011, se contempla el mandato constitucional de la Sostenibilidad Fiscal y advierte que este debe ser atendido por todas las ramas y órganos del poder público . En ese orden de ideas, con la ampliación del carácter salarial claram ente se rompería el equilibrio entre recursos disponibles y gastos de la Nación, lo que produciría una crisis fiscal.

c) «Legalidad del fundamento normativo particular»:

1. De acuerdo con la normativa nacional es el legislador y/o Gobierno Nacional, según sea el caso, quien está facultado para regular el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, siendo así tanto la creación, como la modificación o eliminación de cualquier emolumento laboral debe estar dispuesto en normas, ya sea denominadas Le yes o Decretos, en las cuales se discrimina de forma particular para cada factor salarial o prestacional: i) el periodo de liquidación ; ii) el modo de liquidación ; iii) elNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Viviana Esperanza Uribe

Demandado: Fiscalía General de la Nación Radicado: 680013333014-2018-00369-02

Sentencia de segunda instancia

Demandante: Viviana Esperanza Uribe

Demandado: Fiscalía General de la Nación Radicado: 680013333014-2018-00369-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

momento en que debe realizarse su pago y iv) la base de liquidación de cada rubro.

d) «Cumplimiento de un deber legal»:

1. La Fiscalía General de la Nación dio estricto cumplimiento a lo ordenado por el Decreto 382 de 2013, el cual a la fecha goza de presunción de legalidad y se encuentra vigente en el ordenamiento jurídico.

e) «Cobro de lo no debido»:

1. La entidad demandada dio aplicación a lo que en materia salarial y prestacional debe seguirse para sus servidores, de acuerdo con el régimen vigente, y en consecuencia no le es dable entrar a reconocer lo que la ley no le concede.

f) «Buena fe»:

1. La Fiscalía General de la Nación ha actuado siempre de buena fe, comoquiera que ha tenido en cuenta las normas le gales vigentes, los principios aceptados por la Doctrina y la Jurisprudencia, por lo tanto, solicit a se exonere de cualquier condena.

Además, la parte demandada se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda para lo cual expuso lo siguiente:

1. La bonificación judicial para los servidores de la Fiscalía General de la Nación «constituye únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en

Salud»

1. La bonificación judicial para los servidores de la Fiscalía General de la Nación «constituye únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en

Salud»

1. Adicional a lo anterior, ha liquidado y pagado la asignación salarial y prestacional de sus servidores, con estricta sujeción a lo previsto en los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional para cada vigencia fiscal, puesto que dichos decretos estipulan que ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido en tales normas, en concordancia con la Ley 4 de 1992.

1. Si bien es cierto la entidad opera como ejecutora de los recursos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para efectos del pago de salarios y prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de esta circunscripción territorial, también lo es que para cumplir dicha función la Fiscalía General de la Nación se encuentra atada a los Decretos salariales que anualmente expide el Gobierno Nacional.

1. Su calificación como factor salarial tiene efectos en la base de cotización de los sistemas general es de pensiones y de seguridad social en salud, no en otras áreas.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Viviana Esperanza Uribe

Demandado: Fiscalía General de la Nación Radicado: 680013333014-2018-00369-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

1.3. La sentencia apelada3

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga

Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

1.3. La sentencia apelada3

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 7 de octubre de 2024, resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR la prescripción de derechos laborales para las sumas causadas con anterioridad al 9 de octubre de 2014, por las razones expuestas.

SEGUNDO: INAPLÍQUESE por inconstitucionalidad la expresión normativa “… y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” contenido en el artículo 1° del Decreto No. 382 de 2013, y reproducida en los Decretos No. 1269 de 2015, 246 de 2016,1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 903 de 2023, 1581 de 2023 y 0299 de 2024, por las razones expuestas.

TERCERO: Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos:

-Oficio 31200-0465 del 2 de noviembre de 2017 proferido por la Subdirectora Regional de Apoyo Nororiental de la Fiscalía General de la Nación.

• Resolución 20257 del 1 de febrero de 2018 proferida por la Subdirección de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la NACION – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a reliquidar y pagar a favor de VIVIANA

Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la NACION – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a reliquidar y pagar a favor de VIVIANA ESPERANZA URIBE MEDINA, todas las prestaciones sociales y factores salariales reconocidos, pagados y causados desde el 9 de oct ubre de 2014 incluyendo en la base de liquidación como factor salarial, la bonificación judicial creada mediante Decreto 382 de 2013 hasta que dure su vinculación laboral y continúe percibiendo dicho emolumento.

Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario.

La suma que resulte a favor del demandante debe ajustarse de conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia.

La actualización ordenada se hará la aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.

QUINTO: Negar las excepciones propuestas por el ente demandado relacionadas con la constitucionalidad de la restricción del carácter salarial, aplicación del mandato normativo, legalidad, cumplimiento de un deber legal, cobro de lo no debido y buena fé, por las razones expuestas

SEXTO: NO CONDENAR en COSTAS ni en AGENCIAS EN DERECHO» […]

En lo correspondiente al fondo del asunto, el a quo concedió las pretensiones de la demanda con sustento en los siguientes argumentos:

1. La bonificación judicial le ha sido cancelada en forma continua, mensual y habitual, sin que esta haya sido considerada factor salarial al

En lo correspondiente al fondo del asunto, el a quo concedió las pretensiones de la demanda con sustento en los siguientes argumentos:

1. La bonificación judicial le ha sido cancelada en forma continua, mensual y habitual, sin que esta haya sido considerada factor salarial al momento de la liquidación de las demás prestaciones sociales devengadas y reconocidas, situación que es aceptada por la entidad demandada al señalar

3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 40 índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Viviana Esperanza Uribe

Demandado: Fiscalía General de la Nación Radicado: 680013333014-2018-00369-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

en la respectiva contestación que el hecho de no computar los valores en la forma en que lo depreca la parte actora, obedece al estricto cumplimiento de lo dispuesto en el decreto cuando indica que este emolumento solo constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema Gener al de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

1. De conformidad con los fundamentos normativos y jurisprudenciales expuestos, resulta claro que al reconocerse en forma mensual y constante la bonificación judicial, es factible concluir que dicho reconocimiento no obedece a la mera liberalidad del empleador, sino que consiste en una remuneración directa del servicio, circunstancia que permite considerarla entonces como elemento constitutivo de salario, máxime cuando la propia nor ma estableció que tal bonificación constituye un pago mensual y por lo tanto habitual y periódico, de manera que cumple las características de ser una remuneración

directa del servicio, circunstancia que permite considerarla entonces como elemento constitutivo de salario, máxime cuando la propia nor ma estableció que tal bonificación constituye un pago mensual y por lo tanto habitual y periódico, de manera que cumple las características de ser una remuneración fija en dinero y establecida como contraprestación directa del servicio.

1. La bonificación judicial tiene naturaleza salarial en tanto fue creada para nivelar los ingresos y reconocida como un incremento del salario de los servidores de la Fiscalía General de la Nación, pero al limitarle los efectos que ella causa en la liquidación de las demás prestaciones, constituye una disminución final del monto reconocido, por lo tanto se constituye en una desmejora en las prestaciones sociales, lo cual se vislumbra como una omisión por parte del Gobierno Nacional de cumplir con el deber contemplado en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4a de 1992.

1. El límite advertido en la incidencia de la liquidación de las prestaciones percibidas por los empleados de la Fiscalía General de la Nación, a pesar de tratarse la bonificación otorgada de una remuneración directa percibida como contraprestación a sus servicios, constituye una restricción que va en contra de su calidad de reconocimiento económico de carácter habitual pagado con ocasión o causa de la labor encomendada, lo que constituye en sí mismo salario y tiene incidencia para reliquidar las demás prestaciones sociales.

1. La bonificación judicial, reviste un carácter salarial y tiene incidencia prestacional a partir de su reconocimiento y de forma sucesiva a futuro y hace parte de la asignación mensual, motivo por el ostenta el carácter permanente de la remuneración y genera por tanto la obligación de reliquidar las

prestacional a partir de su reconocimiento y de forma sucesiva a futuro y hace parte de la asignación mensual, motivo por el ostenta el carácter permanente de la remuneración y genera por tanto la obligación de reliquidar las prestaciones sociales y demás factores salariales con base en la totalidad del salario devengado. De allí que en atención al preceden te expuesto se determine que la misma es factor salarial y en este sentido la expresión «no constituye factor salarial» deberá ser inaplicada por desconocer el concepto de salario en los términos señalados.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. Fiscalía General de la Nación4

4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 42 índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Viviana Esperanza Uribe

Demandado: Fiscalía General de la Nación Radicado: 680013333014-2018-00369-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

El apoderado de la parte demandada en el recurso interpuesto solicitó revocar la decisión de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. Las pretensiones carecen de fundamentos f ácticos y jurídicos, por cuanto los actos demandados se limitaron a señalar el cumplimiento de un deber legal que le impuso el legislador a la Fiscalía General de la Nación a través del Decreto 382 de 2013, el cual cuenta con plena vigencia y validez jurídica, al ceñirse a la Constitución y la Ley.

deber legal que le impuso el legislador a la Fiscalía General de la Nación a través del Decreto 382 de 2013, el cual cuenta con plena vigencia y validez jurídica, al ceñirse a la Constitución y la Ley.

1. Las disposiciones contenidas en el Decreto 382 de 2013, son producto de la facultad legal que es otorgada al Gobierno Nacional desde la Constitución Política de Colombia en su artículo 150, regidas a su vez por los criterios señalados por el Congreso de la República en la Ley 4ª de 1992, para la fijación del Régimen Salarial y Prestacional de los servidores públicos, entre ellos, los de la Fiscalía General de la Nación, por lo que de manera formal esta disposición goza de plena validez y eficacia jurídica, la cual se encuentra amparada por el principio de legalidad, más aún bajo el entendido que a la fecha dicha disposición no ha sido objeto de derogación o declaratoria de inconstitucionalidad o ilegalidad, por lo que a la Entidad que representa no le es posible modificar de alguna forma la norma, la interpretación o la aplicación de esta norma.

1. Al realizarse el estudio correspondiente sobre el tema no se encontró aparte normativo alguno a nivel nacional en el que se indique que todo lo que devengue un trabajador tenga que hacer parte de la base de liquidación de todos los factores salariales y prestacionales que este reciba. Al contrario, puntualmente frente al alcance de la definición internacional de salario, contenida en el artículo 1 del Convenio 095 de la OIT, se observa que la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 15 de marzo del 2017, identificada con radicación 48001, indicó que dicho concepto de salario debe ser adoptado

contenida en el artículo 1 del Convenio 095 de la OIT, se observa que la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 15 de marzo del 2017, identificada con radicación 48001, indicó que dicho concepto de salario debe ser adoptado únicamente para determinar el alcance de las disposiciones de ese convenio, por lo cual no es dable otorgarle un alcance mayor; como lo hizo el juzgador en este caso, puesto que determinó que la definición de salario de dicho Convenio configuraba una razón principal por la cual se debía tener como factor salarial a la bonificación judicial, sin que la consecuencia de ampliar el carácter salarial estuviera prevista en el alcance y contenido literal del convenio.

1. Los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo delimitan el concepto de salario, por lo que en suma se debe analizar que si bien un pago puede ser habitual, ello no implica que a dicho valor se le deba otorgar un reconocimiento automático de ser base de liqu idación de prestaciones sociales y demás emolumentos laborales que percibe un empelado, puesto que tanto en la norma como en la jurisprudencia se observa la facultad del legislador para determinar cuál pago se incluye o no, dentro de las bases de liquidación de otros factores.

1. Contrario a lo analizado por el a quo, la creación de una bonificación sin carácter salarial es compatible con la Constitución Política ; además, l asNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Viviana Esperanza Uribe

Demandado: Fiscalía General de la Nación Radicado: 680013333014-2018-00369-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura

Demandante: Viviana Esperanza Uribe

Demandado: Fiscalía General de la Nación Radicado: 680013333014-2018-00369-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

disposiciones contenidas en el Decreto 382 de 2013 y demás que reglamentan la materi a, son producto de la facultad legal otorgada al Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional entre otros de la Fiscalía General de la Nación, razón por la cual dicha disposición goza de plena validez y eficacia jurídica y se encu entra amparada por el principio de legalidad, por lo que no es viable darle otro alcance o interpretación.

1. El Decreto 382 de 2013 , no tuvo su origen en una iniciativa del Gobierno Nacional sino como un acuerdo de voluntades, fruto de las negociaciones con las asociaciones sindicales de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, las cuales fueron integral y ampliamente debatidas por las distintas partes, como lo demuestran las actas de las reuniones de negociación celebradas pa ra el efecto, dando lugar finalmente a la expedición del Decreto debatido.

1. La Fiscalía General de la Nación actúo en cumplimiento de un deber legal, al aplicar estrictamente lo regulado por el Decreto 382 de 2013 y demás normas concordantes, puesto que no podría ser otro el obrar de la entidad que realizar el pago conforme a lo estipulado en el Decreto 382 de 2013, y consecuentemente emitir respuesta a los requerimientos de la parte actora

normas concordantes, puesto que no podría ser otro el obrar de la entidad que realizar el pago conforme a lo estipulado en el Decreto 382 de 2013, y consecuentemente emitir respuesta a los requerimientos de la parte actora conforme a la normatividad, que como se demostró es totalmente legal y constitucional tanto de manera formal como de su contenido.

1. La excepción de inconstitucionalidad solo procede en aquellos casos en los que se presente una evidente y palmaria contradicción entre una disposición legal o reglamentaria y los p receptos constitucionales, por tanto, las autoridades judiciales tienen el deber de argumentar sus decisiones en tal sentido, toda vez que en caso de no hacerlo, la decisión puede constituir vulneración al debido proceso.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto del 28 de febrero de 2025 5 se admitió el recurso de apelación interpuesto y se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado.

1.6. Alegatos de conclusión

1.6.1. Parte demandante

No se presentaron.

1.6.2. Parte demandada

No se presentaron.

1.6.3. Ministerio público.

5 Expediente digital, actuación 16, índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Viviana Esperanza Uribe

Demandado: Fiscalía General de la Nación Radicado: 680013333014-2018-00369-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

No rindió concepto de fondo

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contenci