TA SAN - Sentencia 680013333014-2018-00402-02 (03-04-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 29 de junio de 2023 , proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante la cual se concedieron las pretensiones de la demanda.

MEDIO DE CONTROL Nulidad y restablecimiento del derecho RADICADO 680013333014-2018-00402-02 DEMANDANTE Henry Jesús Ardila Plata shielomio@hotmail.com

DEMANDADO

Nación, Fiscalía General de la Nación claudia.cely@fiscalia.gov.co jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co ;

MINISTERIO PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de segunda instancia TEMA Bonificación Judicial Decreto 382 de 2013Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Henry Jesús Ardila Plata

Demandado: Fiscalía General de la Nación Radicado: 680013333014-2018-00402-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado

Demandado: Fiscalía General de la Nación Radicado: 680013333014-2018-00402-02

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1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, el señor Henry Jesús Ardila Plata formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso — administrativo, en orden a que se declare la nul idad de los siguientes actos administrativos: i) Oficio 31200-1060 del 5 de junio de 2018 proferido por la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental de la Fiscalía General de la Nación y ii) Acto Administrativo ficto derivada del silencio administrativo producto de la falta de resolución del recurso de apelación interpuesto.

En consecuencia, solicitó:

«PRIMERA De conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política, aplicar la EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD E ILEGALIDAD del artículo primero de los Decretos 382 de 2013, el Decreto 022 del 09 de enero de 2014, Decreto 1270 de 2015, Decreto 0247 de 2016 y l os que en dicha materia ha expedido y profiera el Gobierno Nacional, toda vez que se está sustrayendo la Bonificación Judicial de su naturaleza como factor salarial.

SEGUNDO: Declarar la nulidad total del siguiente Acto Administrativo

expedido y profiera el Gobierno Nacional, toda vez que se está sustrayendo la Bonificación Judicial de su naturaleza como factor salarial.

SEGUNDO: Declarar la nulidad total del siguiente Acto Administrativo contenidos en el oficio No. 31200-1060 de fecha 05 de junio de 2018, notificada a la suscrita el 19 de junio de 2018 por correo electrónico, por medio del cual se resuelve el derecho de petición mediante el cual, la NACIÓN – FISCALÍA

GENERAL DE LA NACIÓN, SUBDIRECCIÓN SECCIO NAL DE APOYO NORORIENTE SEDE BUCARAMANGA o EN SU DEFECTO LA SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO, niega las peticiones solicitadas por mi poderdante, Doctor Henry Jesús Ardila Plata, identificado con la C.C No. 91.433.455, referente a la reliquidación de todas l as prestaciones sociales, auxilio a las cesantías y demás emolumentos a que tienen derecho desde el 01 de enero de 2013 hasta la presente fecha y, las que a futuro se causen, toda vez que no ha sido incluido la bonificación judicial otorgada mediante el Decreto 383 de 2013, el Decreto 022 de 2014, Decreto 1270 de 2015, Decreto

1 Expediente digital, actuación 003 índice SAMAI, archivo 01, folios 1-17.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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0247 de 2016 y demás decretos que se hayan expedido como factor salarial y prestacional.

TERCERO: Declarar la nulidad total del Acto Administrativo ficto presunto negativo, del recurso de apelación interpuesto y sustentado dentro del término legal contra el oficio No. 31200 -1066 de fecha 05 de junio de 2018 notificado por correo electrónico el 19 de junio de 2018.

CUARTO. A titulo de Restablecimiento del Derecho se condene a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN SECCIONAL DE APOYO NORORIENTE SEDE BUCARAMANGA reliquide todas las prestaciones sociales, reiterase a la Prima de servic ios, Prima de productividad, bonificación por servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, cesantías, intereses sobre las cesantías, sueldo por vacaciones, demás prestaciones y emolumentos que se liquiden con base en el salario de HENRY JESUS ARDILA P LATA identificado con la C.C 91.433.455 como servidor público beneficiario del Decreto 382 de 2013 hasta la fecha y las que a futuro se causen, en el sentido de ser incluida la BONIFICACIÓN JUDICIAL, que se viene excluyendo inconstitucionalmente del pago de las prestaciones sociales por parte de la Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión de Santander.

QUINTO: RECONOCER Y PAGAR a favor de Doctor HENRY JESUS ARDILA

sociales por parte de la Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión de Santander.

QUINTO: RECONOCER Y PAGAR a favor de Doctor HENRY JESUS ARDILA PLATA, identificado con la C.C NO. 91.433.455 las diferencias que arroje la reliquidación de las prestaciones y demás emolumentos, debidamente indexadas tal como lo ordena el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011.

SEXTO. RECONOCER Y PAGAR los intereses corrientes y/o moratorios sobre las sumas que resulten a su favor desde que se hizo exigible el derecho, es decir, desde el 01 de enero de 2013 hasta la fecha, por no haberse reconocido el pago de las prestaciones sociales conforme a la Ley.

SEPTIMO. INCLUIR COMO FACTOR SALARIAL la Bonificación Judicial creada con el Decreto 382 de 2013, dent ro de la nómina de Doctor HENRY JESUS ARDILA PLATA identificado con la C.C NO. 91.433.455, para todos los efectos jurídicos, en particular, para la liquidación de todas y cada uno de las prestaciones sociales que tengan como base de liquidación el salario.

OCTAVO. Reconocer a mi poderdante la SANCIÓN MORATORIA conforme el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 referida en la parte motiva. […]».Sic en todo el texto.

1.1.2. Fundamentos fácticosNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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Como hechos relevantes, la apoderada de la parte demandante señaló los siguientes:

1. La parte demandante labora en la Fiscalía General de la Nación y para la fecha de presentación de la demanda se desempeñaba el cargo de Fiscal Delegado ante los jueces del Circuito Especializado.

1. Mediante el Decreto 382 del 6 de marzo de 2013, se creó una bonificación judicial para los servidores de la Fiscalía General de la Nación, modificado por el Decreto 022 del 9 de enero de 2014, la cual a su vez ha sido ajustada por los Decretos 1270 de 2015, 247 de 2016, 1015 de 2017 y 341 de 2018 ; no obstante, se establece en la norma que constituye factor salarial solo para la cotización al Sistema General de Seguridad Social en salud y pensión.

1. El 1 de noviembre de 2017, el demandante presentó petición a nte la Fiscalía General de la Nación, en la que solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y la consecuente reliquidación y pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos a que tiene derecho desde el 1 de enero de 2013.

1. El 5 de junio de 2018 , a través de Oficio 31200-1060, la entidad

de las prestaciones sociales y demás emolumentos a que tiene derecho desde el 1 de enero de 2013.

1. El 5 de junio de 2018 , a través de Oficio 31200-1060, la entidad demandada dio respuesta a la petición de manera negativa.

1. El 20 de junio de 2018 , se interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, el cual no fue resuelto por la entidad.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

En el escrito de la demanda se invocaron como violados los artículos 2, 4, 13, 25, 29, 53 y 150 de la Constitución Política, 2 y 10 de la Ley 270 de 1996, Ley 4 de 1992, artículo 127 del Código Sustantivo del Traba jo y 42 del Decreto Ley 1042 de 1978.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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En desarrollo del concepto de violación, la apoderada de la parte demandante expuso las siguientes razones:

1. Los actos administrativos demandados resultan violatorios a las normas nacionales y más aún a los tratados internacionales, razón por la cual se debe inaplicar la expresión «constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de

normas nacionales y más aún a los tratados internacionales, razón por la cual se debe inaplicar la expresión «constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud», contenida en el artículo 1º del decreto 382 de 2013.

1. Deben darse todos los efectos jurídicos de salario a la bonificación judicial, toda vez que esta se devenga en forma periódica y como contraprestación directa del servicio, tal y como se estableció por el Consejo de Estado frente al asunto relacionado con la prima especial creada por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, antecedente que no solo resulta pertinente y necesario, sino que deja sin argumentos cualquier negativa que en contrario intente erigirse.

1. La bonificación judicial es un incremento salarial con efectos salariales no únicamente para la cotización a seguridad social en salud y pensiones, sino para la liquidación de las prestaciones sociales y demás emolumentos devengados por la demandante.

1. Se debe inaplicar el Decreto 382 de 2013 por ser violatorio de la

Constitución Política y las Leyes.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Nación, Fiscalía General de la Nación2

La apoderada de la parte demandada allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos excepción nominada «prescripción de los derechos laborales » y excepciones innominadas

2 Expediente digital, actuación 003 índice SAMAI, archivo 05.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Henry Jesús Ardila Plata

Demandado: Fiscalía General de la Nación

2 Expediente digital, actuación 003 índice SAMAI, archivo 05.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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«constitucionalidad de la restricción del carácter salarial», , «cumplimiento de un deber legal», «cobro de lo no debido», «buena fe» y «la genérica».

Los medios exceptivos se fundamentaron en los siguientes aspectos:

Nominada:

a) Prescripción de los derechos laborales

1. los derechos laborales prescriben tres años después de haberse causado o adquirido conforme el artículo 488 del CST.

Innominadas:

a) «Constitucionalidad de la restricción del carácter salarial»:

1. El Decreto 382 de 2013 se expidió en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, mediante la cual se señalan las normas y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos. La ley precitada tiene como sustento los literales e y f del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política, esto es, que le corresponde al Congreso hacer las leyes.

1. La Constitución Política habilita a las normas jurídicas con inferior jerarquía a que modulen los factores remuneradores habituales que recibe el empleado sin que prima facie se reputen como salario o incluso cuando se

1. La Constitución Política habilita a las normas jurídicas con inferior jerarquía a que modulen los factores remuneradores habituales que recibe el empleado sin que prima facie se reputen como salario o incluso cuando se imputan como salario se excluyan o no del reconocimiento del pago de prestaciones sociales sobre su base.

b) «Cumplimiento de un deber legal»:

1. La Fiscalía General de la Nación dio estrict o cumplimiento a lo ordenado por el Decreto 382 de 2013, el cual a la fecha goza de presunción de legalidad y se encuentra vigente en el ordenamiento jurídico.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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c) «Cobro de lo no debido»:

1. La entidad demandada dio aplicación a lo que en materia salarial y prestacional debe seguirse para sus servidores, de acuerdo con el régimen vigente, y en consecuencia no le es dable entrar a reconocer lo que la ley no le concede.

d) «Buena fe»:

1. La Fiscalía General de la Nación ha actuado siempre de buena fe, comoquiera que ha tenido en cuenta las normas legales vigentes, los principios aceptados por la Doctrina y la Jurisprudencia, por lo tanto, solicit a se exonere de cualquier condena.

Además, la parte demandada se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda para lo cual expuso lo siguiente:

se exonere de cualquier condena.

Además, la parte demandada se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda para lo cual expuso lo siguiente:

1. La bonificación judicial para los servidores de la Fiscalía General de la Nación «constituye únicamente factor salarial para la base de cotizaci ón al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en

Salud»

1. Adicional a lo anterior, ha liquidado y pagado la asignación salarial y prestacional de sus servidores, con estricta sujeción a lo previsto en los Decretos expedidos po r el Gobierno Nacional para cada vigencia fiscal, puesto que dichos decretos estipulan que ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido en tales normas, en concordancia con la Ley 4 de 1992.

1. Si bien es cierto la entidad opera como ejecutora de los recursos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para efectos del pago de salarios y prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de esta circunscripción territorial, también lo es que para cump lir dicha función la Fiscalía General de la Nación se encuentra atada a los Decretos salariales que anualmente expide el Gobierno Nacional.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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1. Su calificación como factor salarial tiene efectos en la base de

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1. Su calificación como factor salarial tiene efectos en la base de cotización de los sistemas generales de pensiones y de seguridad social en salud, no en otras áreas.

1.3. La sentencia apelada3

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 29 de junio de 2023, resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR PROBADA LA EXCEP CIÓN DE PRESCRIPCIÓN TRIENAL, frente a las sumas adeudadas, causadas con anterioridad al 22 de mayo de 2015.

SEGUNDO: INAPLÍQUESE por inconstitucionalidad la expresión normativa “ y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sis tema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” contenido en el artículo 1° del Decreto No. 382 de 2013, y reproducida en los Decretos No. 1269 de 2015, 246 de 2016,1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021 y 471 de 2022 por las razones expuestas.

TERCERO: DECLARAR la nulidad del Oficio 31200 -1060 del 5 de junio de 2018 proferido por la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental de la

Fiscalía General de la Nación.

CUARTO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo ficto negativo producto de la interposición del recurso de apelación presentado por el

2018 proferido por la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental de la Fiscalía General de la Nación.

CUARTO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo ficto negativo producto de la interposición del recurso de apelación presentado por el demandante el 20 de junio de 2018 en contra del acto administrativo referido en el literal anterior.

QUINTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la NACION – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a reliquidar y pagar a favor de HENRY JESÚS ARDILA PLATA todas las prestaciones sociales y factores salariales reconocidos, pagados y causados desde el 22 de mayo de 2015 incluyendo en la base de liquidación com o factor salarial, la bonificación judicial creada mediante Decreto 382 de 2013. Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario. La suma que resulte a favor del demandante debe ajustarse de conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la

3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 42 índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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sentencia. La actualización ordenada se hará la aplicando la fórmula que ha

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sentencia. La actualización ordenada se hará la aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.

SEXTO: Negar las excepciones propuestas relacionadas con la constitucionalidad de la restricción de carácter salarial, cobro de lo no debido, cumplimiento de un deber legal y buena fé, por las razones expuestas.

SÉPTIMO: NO CONDENAR en COSTAS ni en AGENCIAS EN DERECHO .

[…]».

En lo correspondiente al fondo del asunto, el a quo concedió las pretensiones de la demanda con sustento en los siguientes argumentos:

1. La bonificación judicial le ha sido cancelada en forma continua, mensual y habitual, sin que esta haya sido considerada factor salarial al momento de la liquidación de las demás prestaciones sociales devengadas y reconocidas, situación que es aceptada por la entidad demandada al señalar en la respectiva contestación que el hecho de no computar los valores en la forma en que lo depreca la parte actora, obedece al estricto cumplimiento de lo dispuesto en el decreto cuando indica que este emolumento solo constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y

al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

1. De conformidad con los fundamentos normativos y jurisprudenciales expuestos, resulta claro que al reconocerse en forma mensual y constante la bonificación judicial, es factible concluir que dicho reconocimiento no obedece a la mera liberalidad del empleador, sino que consiste en una remuneración directa del servicio, circunstancia que permite considerarla entonces como

bonificación judicial, es factible concluir que dicho reconocimiento no obedece a la mera liberalidad del empleador, sino que consiste en una remuneración directa del servicio, circunstancia que permite considerarla entonces como elemento constitutivo de salario, máxime cuando la propia norma estableció que tal bonificación constituye un pago mensual y por lo tanto habitual y periódico, de manera que cumple las características de ser una remuneración fija en dinero y establecida como contraprestación directa del servicio.

1. La bonificación judicial tiene naturaleza salarial en tanto fue creada para nivelar los ingresos y reconocida como un incremento del salario de los servidores de la Fiscalía General de la Nación, pero al limitarle los efectos que ella causa en la liquidació n de las demás prestaciones, constituye unaNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Henry Jesús Ardila Plata

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disminución final del monto reconocido, por lo tanto se constituye en una desmejora en las prestaciones sociales, lo cual se vislumbra como una omisión por parte del Gobierno Nacional de cumplir con el deber contemplado en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4a de 1992.

1. El límite advertido en la incidencia de la liquidación de las prestaciones percibidas por los empleados de la Fiscalía General de la Nación, a pesar de tratarse la bonificación otorgada de una remuneración directa percibida como contraprestación a sus servicios, constituye una restricción que va en contra

percibidas por los empleados de la Fiscalía General de la Nación, a pesar de tratarse la bonificación otorgada de una remuneración directa percibida como contraprestación a sus servicios, constituye una restricción que va en contra de su calidad de reconocimiento económico de carácter habitual pagado con ocasión o causa de la labor encomendada, lo que constituye en sí mi smo salario y tiene incidencia para reliquidar las demás prestaciones sociales.

1. La bonificación judicial, reviste un carácter salarial y tiene incidencia prestacional a partir de su reconocimiento y de forma sucesiva a futuro y hace parte de la asignación mensual, motivo por el ostenta el carácter permanente de la remuneración y genera por tanto la obligación de reliquidar las prestaciones sociales y demás factores salariales con base en la totalidad del salario devengado. De allí que en atención al prece dente expuesto se determine que la misma es factor salarial y en este sentido la expresión «no constituye factor salarial» deberá ser inaplicada por desconocer el concepto de salario en los términos señalados.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. Fiscalía General de la Nación4

La apoderada de la parte demandada en el recurso interpuesto solicitó revocar la decisión de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. Las pretensiones carecen de fundamentos facticos y jurídicos, por cuanto los actos demandados se limitaron a señalar el cumplimiento de un deber legal que le impuso el legislador a la Fiscalía General de la Nación a

4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 44 índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

deber legal que le impuso el legislador a la Fiscalía General de la Nación a

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través del Decreto 0382 de 2013, el cual cuenta con plena vigencia y validez jurídica, al ceñirse a la Constitución y la Ley.

1. Las disposiciones contenidas en el Decreto 382 de 2013, son producto de la facultad legal que es otorgada al Gobierno Nacional desde la Constitución Política de Colombia en su artículo 150, regidas a su vez por los criterios señalados por el Congreso de la República en la Ley 4ª de 1992, para la fijación del Régimen Salarial y Prestacional de los servidores públicos, entre ellos, los de la Fiscalía General de la Nación, por lo que de manera formal esta disposición goza de plena validez y eficacia jurídica, la cual se encuentra amparada por el principio de legalidad, más aún bajo el entendido que a la fecha dicha disposición no ha sido objeto de derogación o declaratoria de inconstitucionalidad o ilegalidad, por lo que a la Entidad que representa no le es posible modificar de alguna forma la norma, la interpretación o la aplicación de esta norma.

1. Al realizarse el estudio correspondiente sobre el tema no se encontró

declaratoria de inconstitucionalidad o ilegalidad, por lo que a la Entidad que representa no le es posible modificar de alguna forma la norma, la interpretación o la aplicación de esta norma.

1. Al realizarse el estudio correspondiente sobre el tema no se encontró aparte normativo alguno a nivel nacional en el que se indique que todo lo que devengue un trabajador tenga que hacer parte de la base de liquidación de todos los factores salariales y prestacionales que este reciba. Al contrario, puntualmente frente al alcance de la definición internacional de salario, contenida en el artículo 1 del Convenio 095 de la OIT, se observa que la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 15 de marzo del 2017, identificada con radicación 48001, indicó que dicho concepto de salario debe ser adoptado únicamente para determinar el alcance de las disposiciones de ese convenio, por lo cual no es dable otorgarle un alcance mayor; como se puede observar que el juzgador en este caso lo realizó, puesto que determinó que la definición de salario de dicho Convenio configuraba una razón principal por la cual se debía tener como factor salarial a la bonificación judicial, sin que este consecuencia de ampliar un carácter salarial estuviera prevista en el alcance y contenido literal del convenio.

1. Los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo delimitan el concepto de salario, por lo que en suma se debe analizar que si bien un pago puede ser habitual, ello no implica que a dicho valor se le deba otorgar unNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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reconocimiento automático de ser base de liquidación de prestaciones sociales y demás emo lumentos laborales que percibe un empelado, puesto que tanto en la norma como en la jurisprudencia se observa la facultad del legislador para determinar cuál pago se incluye o no, dentro de las bases de liquidación de otros factores.

1. Contrario a lo analizado por el a quo, la creación de una bonificación sin carácter salarial es compatible con la Constitución Política ; además, l as disposiciones contenidas en el Decreto 382 de 2013 y demás que reglamentan la materia, son producto de la f acultad legal otorgada al Gobierno Nacional para la fijación del Régimen Salarial y Prestacional entre otros de la Fiscalía General de la Nación, razón por la cual dicha disposición goza de plena validez y eficacia jurídica y se encuentra amparada por el principio de legalidad, por lo que no es viable darle otro alcance o interpretación.

1. El Decreto 382 de 2013 , no tuvo su origen en una iniciativa del Gobierno Nacional sino como un acuerdo de voluntades, fruto de las negociaciones con las asociaciones sindi cales de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, las cuales fueron integral y ampliamente debatidas por las distintas partes, como lo demuestran las más de 23 actas

negociaciones con las asociaciones sindi cales de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, las cuales fueron integral y ampliamente debatidas por las distintas partes, como lo demuestran las más de 23 actas de las reuniones de negociación celebradas para el efecto, dando lugar finalmente a la expedición del Decreto debatido.

1. La Fiscalía General de la Nación actúo en cumplimiento de un deber legal, al aplicar estrictamente lo regulado por el Decreto 382 de 2013 y demás normas concordantes, puesto que no podría ser otro el obrar de la entidad que realizar el pago conforme a lo estipulado en el Decreto 382 de 2013, y consecuentemente emitir respuesta a los requerimientos de la parte actora conforme a la normatividad, que como se d